Scielo RSS <![CDATA[Vniversitas]]> http://www.scielo.org.co/rss.php?pid=0041-906020160002&lang=en vol. num. 133 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.co/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.co <link>http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200001&lng=en&nrm=iso&tlng=en</link> <description/> </item> <item> <title><![CDATA[<b>EFFECTS OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN COLOMBIA - UNITED STATES IN THE INTERNATIONAL FRANCHISE CONTRACT</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en El contrato de franquicia internacional es quizás el contrato de colaboración empresarial más importante en el desarrollo actual de los negocios, pues les permite al franquiciante llevar su modelo de negocio a otros países sin una alta inversión y al franquiciado, realizar una inversión en un negocio, cuya probabilidad de éxito tiene respaldo en la propiedad intelectual licenciada por el franquiciante. Sin embargo, su regulación tanto en el derecho interno como en el derecho del comercio internacional ha sido escasa. Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, el 15 de mayo de 2012, se espera un aumento en las oportunidades de negocios y que, en este contexto, el contrato de franquicia se convierta en uno de los instrumentos jurídicos más usuales en las relaciones comerciales internacionales para materializar estas oportunidades. Así, ante la falta de regulación vinculante del contrato de franquicia se hace imprescindible analizar las implicaciones jurídicas que tendrán las reglas fijadas por el TLC entre Colombia y Estados Unidos en este tipo de contrato.<hr/>The international franchise contract is maybe the most important contract of entrepreneurial collaboration in the development of the present business world, because it allows franchisors to bring their models of business to other countries without a high investment, and on the other hand, it allows franchisees to invest in a business, whose probability of success finds support in the intellectual property licensed by the franchisor. However, its regulation in the domestic legislations, as well as, in the international commercial law has been limited. With the entry in force of the Free Trade Agreement (FTC) between Colombia and the United States, raising business opportunities are expected. Within this context, the franchise contract will become one of the most usual legal instruments in the international commercial relations, in order to materialize those business opportunities. Due to the lack of mandatory regulation of the franchise contract, it is then necessary to analyze the legal implications of this contract against the rules established by the FTC between Colombia and the United States. <![CDATA[<b>THE ALLIED CONTRACTING AND THE RELATIVITY EFFECTS ON CONTRACTS APPLIED TO THE TOURIST PACKAGE CONTRACTS IN COLOMBIA</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo tiene como propósito evidenciar la configuración de una nueva excepción al efecto relativo de los negocios jurídicos, mediante el análisis de la figura de la contratación conexa aplicada a los contratos de paquetes turísticos celebrados en Colombia. Para ello se realiza, en primer lugar, un acercamiento a las relaciones que se establecen en la conexidad contractual, entre empresarios y con los usuarios. En segundo lugar, se presenta una caracterización del contrato de paquete turístico en Colombia. Para concluir, en tercer lugar, con un análisis de la relatividad de los efectos de los negocios en los contratos conexos de servicios turísticos. Se trata de una investigación cualitativa documental que privilegia el uso de fuentes primarias de información, mediante las cuales se presentan las complejidades de este fenómeno de la contratación privada contemporánea, las discusiones sobre los alcances de los efectos del negocio jurídico de servicios turísticos y la tendencia hacia una mayor protección de los usuarios y consumidores, que podría estar originando una nueva excepción a la relatividad negocial.<hr/>This paper has as purpose to establish the rise of a new exception to the relativity effect on contracts by the analysis of the allied contracting figure applied to package tourist contracts held in Colombia. For it, it will be firstly done an approach to the relations established in the allied contracts conclude between entrepreneurs and users. Secondly, a characterization of the tourist package contract in Colombia will be presented. To conclude thirdly with an analysis of the relativity effects arisen on allied contracts for tourist services. This article contains a qualitative documental research that favors the use of primary sources of information, whereby is presented the complexities of this phenomenon on contemporary private contracting, the discussions about the reach of effects on tourist services contract and the tendency that exist towards a major protection of the users and consumers that could be creating a new exception to relativity effects on contracts. <![CDATA[<b>THE BREACH OF THE INVENTOR'S RIGHTS</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en El artículo clarifica una duda interpretativa sobre la norma penal que, en una ley especial, castiga la violación de los derechos de los titulares de patentes en Argentina. Para hacerlo, recurre a su fuente en la legislación española y a los derechos establecidos en la Constitución argentina.<hr/>The article addresses an interpretative doubt about the criminal norm that, separate from the Criminal Code, penalizes the violation of the rights of patent holders in Argentina. To do so, it refers to the source of the law in Spanish legislation, and to the rights established in the Argentine Constitution. <![CDATA[<b>SOME PROBLEMS IN RELATION THE EXHAUSTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REGARDING SOFTWARE LICENSES</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=en La figura del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en relación con los contratos de licencia de software genera los mismos problemas que se pueden presentar en otros negocios jurídicos que tienen por objeto otras obras protegidas por el derecho de autor. Hoy, por ejemplo, se discute sobre cuál es el acto jurídico que puede habilitar el agotamiento de los derechos, cuáles son los derechos que se agotan mediante esta figura; incluso, respecto de la forma en que los contratos de licencia deben ser interpretados cuando hay diferencias sobre las disposiciones que pueden o no dar origen al agotamiento. Todos estos cuestionamientos son igualmente aplicables a los programas de computador y a las obras musicales o literarias. Sin embargo, el presente artículo, fruto de una ponencia del autor en la Universidad de Chile, trata en concreto dos problemas relevantes para la industria del software y los contratos de licencia allí utilizados; estos son la interpretación de los contratos y la calificación de la naturaleza de las copias objeto de descargas digitales. Los dos problemas identificados son enfrentados a la figura del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual para concluir la necesidad de revisar los criterios de interpretación utilizados en estos contratos, y para evidenciar la necesidad de volver a categorizar las denominadas copias digitales como "bienes digitales tangibles".<hr/>The first sale doctrine in relation to software license agreements generates the same problems that may arise in other contracts that deals other copyrighted works; today, the doctrine discusses which dispositions enable the exhaustion of rights, what rights are exhausted by this figure, or even how to interpreted licenses agreements. All these questions are equally applicable to software, as they are to musical or literary works. However, this paper, which is the result of a presentation made by the author at the University of Chile, discuss in particular two issues relevant to the software license agreements; these are the interpretation of these contracts and the nature of the digital downloads. The two problems identified here confronted with the first sale doctrine to conclude the must needed review to the interpretation criteria used in these contracts, as well as to demonstrate the need to re-categorize the so-called digital copies, now as "tangible digital goods". <![CDATA[<b>COLLUSION AS A RESTRICTIVE PRACTICE THAT SERIOUSLY AFFECTS COMPETITION SELECTION PROCESS OF CONTRACTORS</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200006&lng=en&nrm=iso&tlng=en El presente artículo constituye un acercamiento al tema de los acuerdos colusorios desde la perspectiva del derecho de la competencia, da una mirada a la interrelación entre la libre competencia y la contratación estatal, y destaca precisamente cómo el terreno público es el escenario en el que los acuerdos colusorios exhiben sus efectos más nocivos y por ende, cómo las normas de competencia pueden constituir una herramienta eficaz para la lucha contra este flagelo, todo ello en el marco de un adecuado equilibrio entre los principios de libre concurrencia y selección objetiva. La metodología empleada en esta investigación ha partido de un exhaustivo análisis de las principales resoluciones sobre la violación del artículo 9 del Decreto 2153 de 1992 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de algunos pronunciamientos sobre colusión, contratación estatal, acuerdos restrictivos de la competencia, libre competencia y derecho administrativo sancionador expedidos tanto por la jurisprudencia constitucional como por la administrativa, con especial mención de las normas legales aplicables a estas materias. Así mismo, se ha realizado un barrido general respecto de la doctrina nacional e internacional sobre estas materias, y de algunos de los estudios de organismos nacionales e internacionales sobre colusión, manipulación de licitaciones, transparencia y corrupción.<hr/>This study is an approach to bid-rigging agreements from the perspective of competition law, analyzing the interrelation between free competition and public procurement considering that the public sector is the place in which bid-rigging agreements show its harmful effects and how competition rules can be an effective tool in the fight against this scourge, all in the context of finding a proper balance between the principles of free competition and objective selection. The methodology used in this research consists in an exhaustive analysis of the main resolutions issued by the Superintendency of Industry and Trade regarding the violation of Article 9 of Decree 2153 of 1992; the study of some constitutional and administrative court decisions in collusion, state procurement agreements, and restricted competition issues, and the study of the rules of law applicable to the aforementioned matters. Likewise, this research gives a general overview of domestic and international doctrine regarding the mentioned issues and of some studies conducted by national and international organizations regarding collusion, bid rigging, transparency and corruption. <![CDATA[<b>COLOMBIAN MODERATE MONISM</b>: <b>EXAMINING THE CONSTITUTIONAL COURT OFFICIAL THEORY BASED ON ALFRED VERDROSS' WORK</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=en A partir de su sentencia C-400-98, la Corte Constitucional acogió el monismo moderado como teoría orientadora para entender las relaciones entre el derecho internacional y el derecho colombiano. La sentencia sustentó esta teoría en la doctrina de Alfred Verdross, quien según la Corte es un expositor de esta postura. El presente artículo de investigación se encarga de analizar de manera crítica el monismo moderado defendido por la Corte, a partir de la teoría original de Verdross. Para ello, se examinarán en primer lugar los elementos constitutivos del monismo moderado planteado por la Corte; posteriormente, se analizarán las teorías clásicas que han intentado explicar las relaciones entre el derecho internacional y el nacional, en especial el monismo moderado auténtico. A continuación, mediante una comparación entre el discurso de la Corte Constitucional y el texto de Verdross citado en la C-400-98, se demostrará que el tribunal colombiano tergiversó las tesis de Verdross, lo cual arroja un manto de duda sobre la solidez del fundamento teórico asumido por la Corte. Lo anterior permitirá concluir que Colombia nunca ha acogido la teoría del monismo moderado y por tanto, resulta necesario abandonar este referente y modificar el precedente jurisprudencial vigente.<hr/>Since the C-400-98 decision, the Colombian Constitutional Court adopted for the first time the thesis of moderate monism, as a theory to orientate the relationship between international law and domestic law. This judicial decision supported its theory on Alfred Verdross' doctrine, who according to the Court is the leading author of moderate monism. This article will analyze the theoretical and doctrinal support of the theory advocated by the Court, based on the original theory of Verdross. To do this, the article will analyze the proposal of the Constitutional Court; then, it will present a summary of the theories that explain the relationship between International and domestic law, chiefly the genuine moderate monism. Next, after comparing the Constitutional Court's and the original theory of Verdross, it will be demonstrated that the Colombian Tribunal distorted moderate monism, which casts a shadow of doubt on the soundness of the theoretical foundation assumed by the Court. This will lead to conclude that Colombia has never accepted the moderate monism theory and therefore it is necessary to abandon such doctrinal reference and modify the existing precedent. <![CDATA[<b>THE UNJUST OF THE JUSTICE</b>: <b>A STUDY OF STARE DECISIS ABOUT PROTECTION OF THE JAIL POPULATION IN COLOMBIA SINCE HUMAN DIGNITY</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en El presente artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue determinar y analizar los casos de tutelas presentadas por la población carcelaria sobre las transgresiones de sus derechos, en el marco del Estado Constitucional, a partir del desconocimiento de la dignidad humana. En una primera parte, realizamos un breve estudio sobre el concepto de dignidad, para pasar a describir la situación del sistema penitenciario en Colombia, ante el cual se presentan las solicitudes de protección que analizamos desde las decisiones judiciales adoptadas por la Corte Constitucional colombiana (1992-2012). Luego de este análisis, nuestras conclusiones dan cuenta de que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado un proceso argumentativo sólido, sobre la necesidad de protección a esta población vulnerable, pero hasta la fecha no ha sido posible la materialización de estos mandatos judiciales.<hr/>This paper presents the results of an investigation which objective was to determinate and analyze the cases of the legal action taken for protecting the rights of the prison population, about transgressions of their rights, based on the ignorance of the human dignity. At first, we expose a short research about the concept of dignity. Straightaway we are going to describe the present situation of the Colombian penitentiary system, present situation that implies the presentation ofprotection solicitudes that we analyze from the judicial decisions adopted by the Constitutional Court of Colombia (1992-2012). After the analysis, we present our conclusions that show that the constitutional jurisprudence has developed a solid argumentative process, but until the date, it has not been possible to materialize the judicial mandates. <![CDATA[<b>THE PUBLIC ENFORCEMENT IN THE ANDEAN COMMUNITY COMPETITION LAWS AND THEIR MEMBERS SYSTEMS</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=en La introducción de la aplicación privada o private enforcement en los diferentes sistemas jurídicos de derecho de la competencia presentes en el mundo, se ha dado tras un largo y consolidado desarrollo de la aplicación pública o public enforcement, que ve las acciones de daños como su complemento, más allá de considerarlas como su detractor. En este sentido, el presente documento pretende analizar el sistema público de cumplimiento de las normas del derecho de la competencia preponderante tanto en la Comunidad Andina, como en sus países integrantes y, de esta manera, identificar sus elementos característicos y evaluar las ventajas que ha traído a estos países el mantenimiento de este sistema.<hr/>The introduction of private enforcement in the different Competition Law legal systems, has been after a long and consolidated development of public enforcement, which see damages actions as a complement, rather than considering it as its detractor. In this sense, this article pretends to analyze the public enforcement in the Andean Community and their members, in order to identify their main characteristics, and to evaluate the advantages to keeping the application of this model. <![CDATA[<b>NEW LATIN AMERICAN CONSTITUTIONALISM AND PARTICIPATORY DEMOCRACY</b>: <b>PROGRESS OR DEMOCRATIC REGRESSION?</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=en El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) es uno de los fenómenos más interesantes del Derecho constitucional comparado actual. Uno de sus rasgos es la incorporación a las Constituciones de una amplia carta de instrumentos participativos que contiene las novedades de la democracia participativa, lo que convierte estos textos en algunos de los más desarrollados del mundo en esta materia. La pregunta es si esta incorporación de instrumentos participativos mejora la democracia o la empeora, si logra sus objetivos participativos o si la democracia participativa acaba diluida en el modelo representativo, o convertida en herramienta en manos de gobernantes que desean fortalecer su poder al debilitar los otros poderes del Estado. ¿Produce la democracia participativa del NCL una mejora o un empeoramiento democrático? Este artículo, mediante el método analítico-sintético y mediante el estudio comparado de la doctrina y la legislación más relevante, trata de aportar una respuesta para concluir que, si bien los instrumentos participativos son en sí neutros y dependerá de la voluntad del actor que los active que sean positivos o negativos, la democracia participativa supone la introducción de una cuña de participación directa en un modelo esencialmente representativo, lo que puede ser fuente de desequilibrios.<hr/>The New Latin American Constitutionalism (NLAC) is one of the most interesting phenomena of the present compared constitutional Law. One of its features is the incorporation to the Constitutions of a wide carte of participatory tools that contain the last news of participatory democracy converting those texts in some of the most developed ones in this area. The question is if this incorporation of participatory tools improves democracy or worsens it, if achieves its participatory objectives or if participatory democracy ends or diluted in the representative model or becoming a tool in the hands of rulers that want to strengthen their power weakening the other powers of the State. Does the participatory democracy of the NLAC make a democratic improvement or worsening? This paper, by the analytic-synthetic method and through the compared study of the most relevant doctrine and legislation, tries to give an answer concluding that, although the participatory tools themselves are neutral and it will depend of the will of the actor that active them that they will be positive or negative, participatory democracy means the introduction of a direct participation wedge in a essentially representative model and can be source of imbalances. <![CDATA[<b>ANTICIPATORY</b> <b>PRECAUTIONARY MEASURES AND INNOMINATE IN THE ARBITRATION PROCESS IN COLOMBIA</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=en Con la adopción del Estatuto Nacional de Arbitraje Nacional e Internacional, Colombia dio un gran paso en materia de arbitraje. Los aportes de la Ley 1563 de 2012 son novedosos frente a lo que había antes en el país, en especial en materia de medidas cautelares de diferentes tipos, es decir, nominadas e innominadas. Sin embargo, es necesario hacer referencia a que la solicitud, el decreto y la práctica de estas medidas se pueden dar en dos momentos: antes y después de ser notificado el demandado en un proceso arbitral. Sin embargo, la Ley 1563 de 2012 presenta un vacío en cuanto a la adopción de las denominadas medidas cautelares anticipadas, por lo que, de acuerdo a lo que se puede conocer como las implicaciones del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia, esta investigación se desarrolla con base en el arbitraje internacional, para que en el país, se regule esta figura y así garantizar que en el proceso arbitral se tutelen de forma efectiva los derechos reconocidos por la ley sustancial, tal como se concibe en el Código General del Proceso y en la Constitución Política de Colombia. Esta investigación hace referencia a figuras como los árbitros de urgencia, el proceso prearbitral y la teoría del apoyo judicial a los árbitros como un catálogo abierto de posibilidades que se presentarán frente a expertos en el tema que adopten la mejor opción para que el arbitraje nacional se adecúe a la implementación de las medidas cautelares anticipatorias (nominadas e innominadas) en el proceso arbitral en Colombia.<hr/>With the adoption of the national status of domestic and international arbitration, Colombia took a big step in arbitration, the contributions of the Law 1563 of 2012 are novel for arbitration, especially regarding precautionary measures of different types, i.e., nominated and nameless. However, it is necessary to refer to the application, recital and practice of these measures can be taken in two periods: before and after being notified by the defendant in an arbitration process. However, the 1563 Act of 2012 presents a gap in the adoption of precautionary measures called early, so the Hotbed of Litigation in this paper makes a proposal based on international arbitration, to be regulated in Colombia this figure and so ensure that the arbitration process will safeguard effectively the rights recognized by substantive law, as envisaged in the General Code of Procedure and the Constitution of Colombia. This research figures such as the arbiters of urgency, the pre-arbitration and judicial support the theory of the referees as an open catalog of possibilities will be presented in front of experts in the field to take the best option refers to domestic arbitration is appropriate to the implementation of precautionary measures and anticipatory unnamed in the arbitration process in Colombia. <![CDATA[EDITORIAL]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=en Con la adopción del Estatuto Nacional de Arbitraje Nacional e Internacional, Colombia dio un gran paso en materia de arbitraje. Los aportes de la Ley 1563 de 2012 son novedosos frente a lo que había antes en el país, en especial en materia de medidas cautelares de diferentes tipos, es decir, nominadas e innominadas. Sin embargo, es necesario hacer referencia a que la solicitud, el decreto y la práctica de estas medidas se pueden dar en dos momentos: antes y después de ser notificado el demandado en un proceso arbitral. Sin embargo, la Ley 1563 de 2012 presenta un vacío en cuanto a la adopción de las denominadas medidas cautelares anticipadas, por lo que, de acuerdo a lo que se puede conocer como las implicaciones del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia, esta investigación se desarrolla con base en el arbitraje internacional, para que en el país, se regule esta figura y así garantizar que en el proceso arbitral se tutelen de forma efectiva los derechos reconocidos por la ley sustancial, tal como se concibe en el Código General del Proceso y en la Constitución Política de Colombia. Esta investigación hace referencia a figuras como los árbitros de urgencia, el proceso prearbitral y la teoría del apoyo judicial a los árbitros como un catálogo abierto de posibilidades que se presentarán frente a expertos en el tema que adopten la mejor opción para que el arbitraje nacional se adecúe a la implementación de las medidas cautelares anticipatorias (nominadas e innominadas) en el proceso arbitral en Colombia.<hr/>With the adoption of the national status of domestic and international arbitration, Colombia took a big step in arbitration, the contributions of the Law 1563 of 2012 are novel for arbitration, especially regarding precautionary measures of different types, i.e., nominated and nameless. However, it is necessary to refer to the application, recital and practice of these measures can be taken in two periods: before and after being notified by the defendant in an arbitration process. However, the 1563 Act of 2012 presents a gap in the adoption of precautionary measures called early, so the Hotbed of Litigation in this paper makes a proposal based on international arbitration, to be regulated in Colombia this figure and so ensure that the arbitration process will safeguard effectively the rights recognized by substantive law, as envisaged in the General Code of Procedure and the Constitution of Colombia. This research figures such as the arbiters of urgency, the pre-arbitration and judicial support the theory of the referees as an open catalog of possibilities will be presented in front of experts in the field to take the best option refers to domestic arbitration is appropriate to the implementation of precautionary measures and anticipatory unnamed in the arbitration process in Colombia. <![CDATA[<b>COMPETING AGENDAS TO ADDRESS DOMESTIC VIOLENCE</b>: <b>RESTORATIVE JUSTICE V. PUNITIVE APPROACHES</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este estudio examina cómo los actores que promueven agendas de justicia restaurativa y agendas punitivas han competido en la definición de medidas para enfrentar la violencia intrafamiliar en el contexto del Código de Procedimiento Penal de 2004. En los últimos años, las agendas punitivas han ganado en el contexto de las reformas legales. Medidas enfocadas en el control de criminalidad y la sanción penal se han ofrecido como respuesta a la subordinación de la mujer y la violencia contra las mujeres dentro de la familia. Este artículo evalúa algunas de las consecuencias de la expedición de las medidas de control de la criminalidad para enfrentar la violencia intrafamiliar. Presentando datos cuantitativos y cualitativos, concluyo que la eficacia del enfoque punitivo frente a este tipo de violencia es discutible. A pesar de que el encarcelamiento por violencia intrafamiliar ha aumentado, sigue siendo bastante bajo en relación con otros delitos. El enfoque punitivo también puede haber tenido el resultado no deseado de alienar a algunas víctimas del proceso penal y desanimar a otras de cooperar con los fiscales. Estos resultados mixtos indican que los defensores de las mujeres deben tener cuidado con la promoción de estrategias punitivas para hacer frente a la violencia intrafamiliar.<hr/>This study examines how actors promoting restorative justice agendas and punitive agendas have competed for defining measures to deal with domestic violence in the context of the 2004 Criminal Procedure Code. In recent years, punitive agendas have won in the competition to affect legal reform. Criminal sanction and crime control measures have been offered in response to the subordination of women and to violence against women within the family. This article assesses some of the consequences of the enactment of crime control measures to face domestic violence. Providing quantitative and qualitative data, I conclude that the effectiveness of the punitive approach to this form of violence is debatable. Although imprisonment for domestic violence has increased, it remains quite low in relation to other offenses. The punitive approach may have also had the unintended result of alienating some victims from the criminal process and discouraging others from cooperating with prosecutors. These mixed results indicate that women's advocates should be cautious about promoting punitive strategies to deal with domestic violence. <![CDATA[<b>ENVIRONMENTAL LICENSING</b>: <b>AN INSTRUMENT OF COMMAND AND CONTROL BY EXCEPTION?</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200013&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo analiza la realidad del principal instrumento de comando y control existente en la legislación ambiental colombiana: la licencia ambiental. Desde su primera reglamentación, por cuenta del Decreto 1753 de 1994, ha recibido varias modificaciones que al parecer, a pesar de su importancia, la han convertido en instrumento de utilización excepcional. El artículo profundiza en el alcance de cada una de las modificaciones realizadas, y las justificaciones dadas por el gobierno de turno para establecer si estuvieron fundadas en estrictos avances frente al control de los impactos ambientales o si, por el contrario, hay otros motivos e intereses ajenos a los estrictamente ambientales.<hr/>This article analyzes the situation of the most important instrument of command and control existing in the Colombian environmental legislation: the environmental license. Since its first formal regulation, on behalf of Decree 1753 of August 3, 1994, has received several modifications which, apparently, have made, in spite of its importance, in an instrument of command and control by exception. The article revises on the scope of each of the modifications and the justifications put forward by the government of the day, to establish if indeed they were founded on strict gains against the control of environmental impacts from projects, works or activities, or if, on the contrary, the changes correspond to other outside interests to strict environmental control. <![CDATA[<b>EL CIBERILíCITO EN COLOMBIA</b>: <b>¿ANTE CUáL JUEZ ACUDIR?</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en Determinar en dónde sucedió el ciberilícito transjurisdiccional y, en consecuencia, el juez llamado a conocer la causa es una de las dificultades que encuentra la responsabilidad civil. En este artículo de investigación se indaga cómo debe ser interpretado en Colombia el criterio tradicional del "lugar en donde sucedió el hecho" cuando se está frente a un ciberilícito. Para resolver la cuestión, se aplica el método dogmático acudiendo a las soluciones dadas en el derecho extranjero que pueden servir de inspiración a la colombiana y para los regímenes que aplican el criterio loci delicti commissi. Así, en el escrito se propone que para los casos de ciberilícitos en Colombia, el "lugar en donde sucedió el hecho" se entienda como el "domicilio de la víctima". Con esta interpretación, que los autores del escrito denominan pro victima;, se busca llenar el vacío que encuentra el demandante que no quiere o no puede interponer su acción de reparación en el domicilio del demandado. En la investigación se examina cómo el criterio propuesto es análogo a las interpretaciones dadas en Estados Unidos, Australia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es armónico con el ordenamiento jurídico nacional.<hr/>One of the difficulties that tort law encounters is determining the place where a cross-jurisdictional cybertort occurs, as well as determining the judge who will hear the case. This research article explores how the traditional criterion of "place where the harmful event occurred" must be interpreted when a cybertort occurs in Colombia. To address the issue, the dogmatic method following the solutions that foreign law offer is applied. These solutions could inspire both Colombian law and the laws of regimes that apply the criterion of loci delicti commissi. Thus, in this article, we propose that, in cases of cybertorts in Colombia, the "place where the harmful event occurred" should be understand as the "domicile of the victim". Based on this interpretation, the authors of this article use the term pro victims, aiming to close the gap that the plaintiff finds when he or she does not or cannot appeal damage actions in the defendant's domicile. This research examines how the criterion proposed is similar to the interpretations offered by the United States, Australia and the Court of Justice of the European Union. It also examines the affinity that this criterion has with the national legal system. <![CDATA[<b>THE RIGHT TO EVIDENCE IN COLOMBIA</b>: <b>FAVORABLE ASPECTS AND CRITICS OF THE REFORM OF THE GENERAL PROCEDURAL CODE IN THE SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LAW</b>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200015&lng=en&nrm=iso&tlng=en Actualmente, uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso, sino por casos concretos que han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, el ciudadano que acudía a la administración de justicia veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción por medio de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) la habilidad o dirigida intención de su contraparte de aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) la búsqueda de la verdad por parte del juez, mediante sus poderes oficiosos; y iii) la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión. En la actualidad, con el CGP y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, se le aumentan los poderes de instrucción al juez, al permitírsele i) asignar la carga de probar a la parte de la relación procesal que se encuentra en mejor posición de hacerlo y ii) decretar medidas cautelares probatorias; esta nueva realidad implica redefinir y examinar lo que denominaremos los "insumos" a los cuales puede acudir el juez que pretenda hacer una protección efectiva del derecho a la prueba, en la etapa de proposición y requerimiento de la prueba. Como consecuencia, se plantea la disertación frente a la afectación del derecho sustancial de este derecho fundamental, de una parte, y en torno a los serios desafíos frente a la estructura y el trámite creado para la carga dinámica desde el CGP, abordados desde sus aspectos críticos en lo que se considera eminentemente procesal.<hr/>Currently one of the structural mandates for the effective protection of rights is the fundamental right to the evidence, not only because of the new phenomenon of constitutionalization process but by the experience of individual cases, which have driven it serious reforms. Before the General Code of Procedure its reality reveals a citizen who comes to the administration of justice and sees defined the validity and effectiveness of its claim or exception through three systems: i) the ability or directed intention of his or her counterpart in providing or no evidence of the fact, which is another way to understand the classical notion of who has to show the evidence; ii) in the search for truth by the judge, through his functions; and iii) the surprise of looking for evidence, which the person is assigned to take the evidence get know in the judgment that he had to do it. Nowadays with the GCP and the Status of National and International Arbitration, the functions of the judge will increase, to be allowed to assign the burden of proving on the part of the procedural relationship which is in a better position to do so and enact measures evidentiary precautionary, which means to define and to study what we call the "input" or "bags" to which the judge can go intending to make an effective protection of the right to evidence the proposition stage and requirement of the test, which under this new legislation actually affects the substantive law of this fundamental right, on one hand, and the structure of this new institution towards some aspects that defined the GCP, which can be approached from its critical aspects in what is considered eminently procedural. <![CDATA[UN GRITO QUE ESCAPA AL TIEMPO: LA VÍCTIMA Y SU ERRANCIA]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200017&lng=en&nrm=iso&tlng=en Actualmente, uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba, no solo por el novedoso fenómeno de constitucionalización del proceso, sino por casos concretos que han impulsado serias reformas. Con anterioridad al Código General del Proceso, el ciudadano que acudía a la administración de justicia veía definida la vigencia y eficacia de su pretensión o excepción por medio de tres hipótesis de la actividad probatoria: i) la habilidad o dirigida intención de su contraparte de aportar o no la prueba del hecho, que es otra manera de entender la noción clásica de carga de la prueba; ii) la búsqueda de la verdad por parte del juez, mediante sus poderes oficiosos; y iii) la sorpresa de una inversión de la carga de la prueba por el juez, de la cual la persona a quien se le asignaba la carga de probar se enteraba en la sentencia de segunda instancia, o en sede de casación o en la eventual revisión. En la actualidad, con el CGP y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, se le aumentan los poderes de instrucción al juez, al permitírsele i) asignar la carga de probar a la parte de la relación procesal que se encuentra en mejor posición de hacerlo y ii) decretar medidas cautelares probatorias; esta nueva realidad implica redefinir y examinar lo que denominaremos los "insumos" a los cuales puede acudir el juez que pretenda hacer una protección efectiva del derecho a la prueba, en la etapa de proposición y requerimiento de la prueba. Como consecuencia, se plantea la disertación frente a la afectación del derecho sustancial de este derecho fundamental, de una parte, y en torno a los serios desafíos frente a la estructura y el trámite creado para la carga dinámica desde el CGP, abordados desde sus aspectos críticos en lo que se considera eminentemente procesal.<hr/>Currently one of the structural mandates for the effective protection of rights is the fundamental right to the evidence, not only because of the new phenomenon of constitutionalization process but by the experience of individual cases, which have driven it serious reforms. Before the General Code of Procedure its reality reveals a citizen who comes to the administration of justice and sees defined the validity and effectiveness of its claim or exception through three systems: i) the ability or directed intention of his or her counterpart in providing or no evidence of the fact, which is another way to understand the classical notion of who has to show the evidence; ii) in the search for truth by the judge, through his functions; and iii) the surprise of looking for evidence, which the person is assigned to take the evidence get know in the judgment that he had to do it. Nowadays with the GCP and the Status of National and International Arbitration, the functions of the judge will increase, to be allowed to assign the burden of proving on the part of the procedural relationship which is in a better position to do so and enact measures evidentiary precautionary, which means to define and to study what we call the "input" or "bags" to which the judge can go intending to make an effective protection of the right to evidence the proposition stage and requirement of the test, which under this new legislation actually affects the substantive law of this fundamental right, on one hand, and the structure of this new institution towards some aspects that defined the GCP, which can be approached from its critical aspects in what is considered eminently procedural. <![CDATA[HABERMAS AND THE ROLE OF RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE: THE CASE OF CITIZEN INTERVENTIONS IN SENTENCE C-355-06]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200023&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN La distinción entre esfera pública informal y esfera institucional es clave en la propuesta de Jürgen Habermas acerca del rol de la religión en la esfera pública. Este texto se pregunta por el carácter informal o institucional de las intervenciones ciudadanas y conceptos técnicos que se presentan en las acciones públicas de inconstitucionalidad. Para ello, se analiza la sentencia C-355-06, centrándose en aquellas intervenciones y conceptos con contenido religioso. El análisis permite concluir que es necesario que el ámbito de las intervenciones se considere como un espacio mixto, pues la teoría democrática de Habermas requiere que la deliberación sea amplia e incluyente.<hr/> ABSTRACT The distinction between the informal public sphere and the institutional sphere is vital for Jürgen Habermas' proposal related to the role of religion in the public sphere. This text questions the informal or institutional character of citizen interventions and technical concepts presented in public unconstitutionality actions. For this purpose, we analyze sentence C-355-06, focusing on those interventions and concepts with a religious content. This analysis allows us to conclude that it is necessary for the intervention space to be considered as a mixed space, since Habermas' democratic theory requires the discussion to be comprehensive and inclusive. <![CDATA[CONSTITUTIONAL REPLACEMENT THEORY: FROM KEEPING THE SUPREMACY AND INTEGRITY OF THE CONSTITUTION, TO THE ANNIHILATION OF THE LEGISLATIVE POWER TO AMEND THE CONSTITUTION]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200059&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El presente artículo no pretende poner en duda el control de constitucionalidad, radicado en la rama judicial, que desde 1910 se erige como principio del modelo de Estado de Derecho colombiano, sino que busca formular una crítica al control de constitucionalidad, realizado por un órgano judicial, a las reformas constitucionales, en especial a las adelantadas por la rama legislativa como uno de los titulares del poder de reforma constitucional. Para ello se parte de un análisis histórico que permitirá demostrar que la tesis de la sustitución no tiene su origen en la Sentencia C-551-03, sino que está antecedida de la revisión de reformas constitucionales a la Constitución de 1886. Además, esto pondrá en evidencia que esta teoría ha sido utilizada más en contextos históricos y políticos que han llevado a la rama judicial a aplicar el control constitucional de las reformas como herramienta política. Por otro lado, un análisis desde la Constitución de 1991 hará palmario que la teoría de la sustitución, aun cuando puede tener una fundamentación política, carece de sustento jurídico en ese texto constitucional, pues ante la ausencia de cláusulas pétreas, aquella confía a la Corte Constitucional el control estrictamente formal de las reformas constitucionales y el control material de estas se radica en el pueblo cuando las adelante el Congreso de la República.<hr/> ABSTRACT This paper shall not discuss the power of judicial review, principle of the Colombian rule of law and carried out by the judiciary branch since 1910. In fact, the main purpose of this paper will be to carry out a critical analysis of the judicial review of unconstitutional constitutional amendments when these amendments are made by the legislative when exercising its power to amend the constitution. First of all, a short historical analysis will be made in order to demonstrate that the constitutional replacement theory was not created by the Constitutional Court in the decision C-551-03, but it was already discussed within the framework of the amendments to the 1886 Constitution. Such analysis shall evidence that this theory has been used as a political tool in complex and convulsed political moments of the Colombian history. On the other hand, this paper shall evidence that the Colombian Constitution of 1991 does not contain immutable clauses, nor does the Constitution concede to the Constitutional Court the power to undertake the judicial review of the content of the constitutional amendments -the Constitution grants the Court the power to review constitutional amendments exclusively on procedural grounds-, since such power is vested in the people when the constitution is amended by Congress. <![CDATA[THE COLOMBIAN LEFT AND THE ORIGINS OF HUMAN RIGHTS (1974-1978): REREADING "EL LIBRO NEGRO DE LA REPRESIÓN"]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200105&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Este artículo de investigación forma parte de un proyecto más amplio sobre la historia intelectual de los derechos humanos en Colombia entre 1974 y 1998. Este texto es una interpretación preliminar sobre la relación entre la izquierda colombiana y las ideas de los derechos humanos entre 1974 y 1978. Las preguntas que estructuran este escrito son: ¿cómo se relacionó la izquierda colombiana con las ideas de derechos humanos en el período señalado, teniendo en cuenta su desconfianza arraigada con la legalidad liberal? ¿Por qué fue posible que algunos grupos desde este lugar del espectro político acogieran el lenguaje de los derechos humanos? La hipótesis es que la izquierda entendió la defensa de los derechos humanos como una actividad de denuncia de la violencia de un estado burgués. Al denunciar la violencia sistemática y generalizada, tenía la intención de crear una conciencia de "clase popular" víctima de la violencia estatal. Para sustentar esta hipótesis, me centro fundamentalmente en el contexto que rodeó la publicación y la recepción de uno de los primeros informes de derechos humanos: El libro negro de la represión, escrito por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP. En suma, este artículo es una interpretación de ese informe a partir de la tensión entre legalidad burguesa y proyecto revolucionario propio del pensamiento de izquierda.<hr/> ABSTRACT This research article is part of a broader project about the intellectual history of human rights in Colombia between 1974 and 1998. This piece is a preliminary interpretation of the relationship between the Colombian left wing and the ideas of human rights that emerged between 1974 and 1978. The questions that structure this essay are: bearing in mind the classical distrust in liberal legality, what type of relationship did the left build with the rising ideas of human rights? Why was it possible for some leftist groups to embrace the human rights language? The hypothesis is that the left understood the defense of human rights as a project of naming and shaming the bourgeois state for unleashing violence and repression. Showing systematic violence intended to raise consciousness of a "popular social class" that was being targeted by state violence. To defend this thesis I focus on the context surrounding the publication of one of the first reports that tried to make sense of human rights ideas: El libro negro de la represión, written by the Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP. In sum, this article is an interpretation of this report from the perspective of the tension between bourgeois legality (embodied in human rights) and the revolutionary project of the left. <![CDATA[THE INDIRECT VIOLATION OF THE SUBSTANTIAL LAW BY FACTUAL ERRORS IN CRIMINAL CASSATION]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200139&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El artículo revisa las causales de casación penal relacionadas con los errores de hecho en la apreciación probatoria. Específicamente, analiza las metodologías descritas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es realizar una crítica de ellas y contextualizar su estructura y objetivos con la concepción de la verdad en el proceso penal, propia del modelo cognoscitivista de jurisdicción penal. De la revisión de este punto se deduce que el demandante debe proceder al análisis de la prueba afectada por el error in indicando. Para ello, debe reconocer si hay una prueba ignorada, en lo que se conoce como falso juicio de existencia. Alternativamente, debe reconocerse su verdadera esencia, en el caso del falso juicio de identidad. Este análisis debe basarse en la sana crítica, integrar el acervo probatorio estudiado por los sentenciadores y considerar la trascendencia de los errores de hecho.<hr/> ABSTRACT The paper reviews the causals of criminal cassation related with the factual errors in evidence examination. Specifically, it analyses the methodologies used by the Criminal Appeal of the Supreme Court of Justice. The objective is to make an analysis of them and contextualize their structures and objectives related with their concept of truth from the cognitive model in the criminal process. From the review it is pointed out that the applicant should analyse the test affected by the error in iu- dicando. In order to do this, it must be recognized if there is an ignored test, in what is known as false judgment of existence. Alternatively, it must be acknowledged their true essence in the case offalse judgment of identity. It is expected that this analysis must be based on the "common knowledge", it must integrate the evidence collection studied by the judges and must consider the transcendence of the factual errors. <![CDATA[COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRIVATE AND PUBLIC APPLICATION SYSTEMS FOR THE FREE MARKET COMPETITION LAWS IN THE MEMBER STATES OF THE ANDEAN COMMUNITY]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200191&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El modelo de aplicación privada de las normas del derecho de la competencia se ha impuesto recientemente en el derecho continental como un mecanismo adicional e idóneo al tradicional sistema público, que ha logrado reforzar el cabal cumplimiento de las normas protectoras de la competencia. Sin embargo, la introducción de este sistema en el derecho europeo se ha dado tras un largo y consolidado desarrollo del public enforcement, que ve las acciones de daños como su complemento, más allá de considerarlo como su detractor. En este sentido, el presente documento pretende analizar las características de cada uno de los modelos de aplicación y llegar a unas conclusiones que permitan consolidar un sistema eficiente contra las conductas anticompetitivas.<hr/> ABSTRACT The private application model for the application of the regulations of the competition law recently became in continental law as an additional and more suitable mechanism than the traditional public system, having achieved reinforced the full compliance of the laws protecting competence. However, the introduction of this system in European law happened after a long and established development ofpublic enforcement, which sees damage claims as its complement, instead of seeing it as its detractor. To this effect, this document aims to analyze the characteristics of each one of the application models in order to reach conclusions that allow for the consolidation of an efficient system against anticompetitive behaviors. <![CDATA[COLOMBIAN DOMESTIC ARBITRATION IN THE SHADOW OF "AMIGABLE COMPOSICIÓN", AN ADR THAT FAVORS PARTY AUTONOMY]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200227&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El presente artículo es una reflexión derivada de una investigación y aborda la problemática de las restricciones impuestas a la autonomía privada para configurar el procedimiento arbitral, derivadas de la fórmula de constitucionalización de esta figura. Para ello, realiza un ejercicio comparativo sobre la amigable composición como un ejemplo de mecanismo de solución de controversias cuyo carácter contractual, reconocido únicamente en el plano legal, privilegia en mayor medida la autonomía de la voluntad en la determinación de su trámite. Así, para demostrar que el constituyente y el legislador colombiano habrían podido privilegiar en mayor medida la autonomía de la voluntad en el arbitraje, se analizan las similitudes de este mecanismo con la amigable composición. De esta manera, mediante una investigación sobre las raíces, la evolución normativa y jurisprudencial de la amigable composición en Colombia y en el derecho comparado, se identifica el porqué de las grandes diferencias prácticas en la forma de llevar a cabo estos dos trámites.<hr/> ABSTRACT In this paper, the author analyzes the restrictions imposed on party autonomy to set the arbitration procedure, derived from Constitutional Law inter alia. He does so, through a comparative exercise that deals with the case of amigable composición as an example of ADR whose contractual nature favors party autonomy. In order to demonstrate that the constituent and the Colombian legislator could have further favor party autonomy in arbitration, the author analyses the similarities between these two mechanisms. Thus, through an investigation on the roots, regulation and jurisprudential evolution of amigable composición in Colombia and in comparative law, he identifies why there are so many differences in the practice of these proceedings. <![CDATA[THE RESPONSIBILITY OF THE LESSOR DERIVED FROM INDIRECT ENVIRONMENTAL DAMAGES CAUSED BY THE LESSEE IN ARGENTINA]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200271&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Las transformaciones productivas ocurridas en las últimas décadas en el sector agropecuario argentino han impulsado una división entre la titularidad de la tierra y su explotación. Este desdoblamiento se instrumenta habitualmente mediante contratos de arrendamiento en los que los dueños transfieren el uso y goce del recurso a nuevas formas de organizaciones empresariales (pools de siembra). En un contexto en el que comienzan a multiplicarse los conflictos ambientales asociados a explotaciones rurales insustentables, el presente trabajo lleva adelante una investigación que tiene por objetivo reinterpretar los derechos y obligaciones de las partes del contrato de arrendamiento, con un enfoque particular en los deberes ambientales del arrendador. Con base en el bloque normativo integrado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Código Civil y Comercial, concluimos que el arrendador está sometido a un verdadero deber de control sobre las actividades que se desarrollan sobre su propiedad, y que en caso de incumplimiento de este deber y frente a daños ambientales indirectos, podrá ser tenido por responsable y obligado a costear las reparaciones correspondientes.<hr/> ABSTRACT During the last decades there were huge changes in the Argentinean farming sector, among which stands out the fact that the new business model (known as sowing pools) do not rely on buying the land, but on leasing it. As a consequence farmland leases spread all over the country while environmental conflicts related to unsustainable farming practices escalates. In this context we review the lessor environmental duties under the National Constitution, the Environment General Act, the new Civil and Commercial Code and the Farm Lease Act. We conclude that the lessor is obliged to supervise that the lessee won't undertake unsustainable activities, and therefore can be held responsible if he fails to perform his duties and third parties are damaged. <![CDATA[THE BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ AS A MECHANISM FOR CONSTITUTIONAL INTERPRETATION. AN APPROACH TO THE CONTENTS OF THE CORPUS OF RIGHTS IN COLOMBIA]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200301&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN En este artículo me propongo exponer cómo el concepto de bloque de constitucionalidad en Colombia, al igual que todas las instituciones jurídicas occidentales obedece a circunstancias de tiempo y lugar determinadas. Asimismo, realizar una aproximación de los contenidos en derechos del Bloque de acuerdo a pronunciamientos de la Corte Constitucional. Para lograr estos dos cometidos describo el concepto de bloque ideado en Francia y España demostrando las diferencias de los conceptos ligadas a las circunstancias de contexto en el que esta figura se idea y el contraste con el caso colombiano. Este estudio permite señalar que se ha ampliado la constitución colombiana en materia de derechos humanos de acuerdo con la teoría del pluralismo constitucional y la interpretación multinivel. Esto ha implicado cambios en la interpretación constitucional para la aplicación de derechos humanos, debido a las nuevas relaciones entre las fuentes del derecho constitucional y las del internacional.<hr/> ABSTRACT The aim of the following article is to explain how the concept of Bloc de constitutionnalité in Colombia, as is the case with all other occidental juridical institutions, is partially determined by spatial and temporal circumstances. Another objective is to approach the contents of the Bloc form the standpoint of recent rulings from the Constitutional court. In order to achieve these two objectives I describe the concept of Bloc as introduced in France and Spain showing their differences and their relation to their circumstances and context, and how this contrasts to the Colombian case. This study allows me to affirm that the Colombian constitution has been expanded in relation to human rights in agreement with the principle of constitutional pluralism and multilevel interpretation. This has brought a change in the constitutional interpretation of how to apply human rights due to the new relations between the sources of constitutional law and those of international law. <![CDATA[APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE FOR UNLISTED COMPANIES IN CHILE . AN APPROACH FROM EUROPEAN AND COMPARATIVE CORPORATIVE LAW]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602016000200383&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Dada la importancia que han adquirido los principios de buen gobierno corporativo (en adelante, PBGC), que rigen las sociedades que cotizan en bolsa y que operan como regla de conducta comercial y punto de referencia para el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión de la administración de este tipo societario, este trabajo plantea la posibilidad de extensión de los PBGC a las sociedades que no cotizan en los mercados de valores, juntos a sus respectivos fundamentos.<hr/> ABSTRACT Given the importance acquired the Principles of Good Corporate Governance (PGCG) that governing of listed companies and operate as a rule of business conduct and reference point for the strengthening of the mechanisms of control and supervision of the administration of this type of company partnerships this work raises the possibility of extending the PGCG to unlisted markets, together with their respective justification.