Scielo RSS <![CDATA[Revista Derecho del Estado]]> http://www.scielo.org.co/rss.php?pid=0122-989320240002&lang=en vol. num. 59 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.co/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.co <![CDATA[Are All of Us Vulnerable when Ageing? Legal Theory' Contributions for the Judicial Decision-Making]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200001&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN En este trabajo se abordan algunas preguntas que le plantea al derecho el actual escenario del envejecimiento global: ¿somos todos vulnerables cuando envejecemos? ¿La vejez sigue siendo una contingencia? ¿Qué criterios utilizan los jueces para tomar decisiones que afectan los derechos de las personas mayores? ¿Estos enfoques cumplen con la perspectiva gerontológica actual y con los estándares vigentes de derechos humanos para este colectivo? Para responder a estos interrogantes, la investigación se organizó en cinco ejes: (1) se estudian los significados del término vulnerabilidad, sus orígenes y su alcance jurídico; (2) se consideran los conceptos de vejez y vulnerabilidad que los jueces han ido utilizando al tomar decisiones referidas a los derechos de las personas mayores, desde el inicio del Estado argentino -1853- hasta la actualidad; (3) se analiza el enfoque complejo de la vejez de la gerontología actual y la de los estándares de derechos humanos sobre esta etapa de la vida; también se distinguen los alcances que ellos tienen para el desarrollo de políticas de acción afirmativa respecto de las del marco judicial; finalmente (4), se postulan criterios interseccionales que pueden ser de utilidad para interpretar y establecer decisiones judiciales en torno a la posición de vulnerabilidad de las personas mayores en cuestión; para ello se toma en consideración el enfoque diferencial e interseccional del derecho de la vejez.<hr/>ABSTRACT This paper addresses some questions posed to the Law by the current scenario of global aging: are we all vulnerable when we age? Old age is still a contingency? What criteria do judges use to make decisions that affect the rights of older people? Do these approaches comply with the current gerontological perspective and with current human rights standards for this group? To answer these questions, the research was organized into five axes. (1) The meanings of the term vulnerability, its origins and its legal scope are studied. (2) The concepts of old age and vulnerability that judges have been using when making decisions regarding the rights of the elderly are considered, from the beginning of the Argentine State -1853- to the present. (3) The complex approach to old age of current gerontology and that of human rights standards on this stage of life is analyzed; they also distinguish the scope that they have for the development of affirmative action policies with respect to those of the judicial framework. (4) Finally, intersectional criteria are postulated that can be useful to interpret and establish judicial decisions regarding the position of vulnerability of the elderly in question. For this, the differential and inter-sectional approach of the right of old age is taken into consideration. <![CDATA[Fundamental Right to Dignified Death in Colombia. A Jurisprudential Correction to A Legislative Omission]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200035&lng=en&nrm=iso&tlng=en resumen La no consagración explícita del derecho a una muerte digna en la Constitución y su falta de desarrollo legislativo no han sido un impedimento para que la Corte Constitucional reconozca la existencia de este derecho y determine su naturaleza jurídica como derecho fundamental. Inicialmente esta concesión normativa fue reconocida como un derecho fundamental por conexidad con los derechos a la dignidad humana, la vida y el libre desarrollo de la personalidad. El desarrollo progresivo de la jurisprudencia ha permitido entender que el derecho a una muerte digna es un derecho fundamental complejo y autónomo que se puede traducir en un derecho subjetivo. Es un derecho complejo porque depende de circunstancias muy particulares para su configuración e involucra elementos penales que distorsionan o refuerzan su garantía. Es un derecho autónomo en tanto su vulneración no está condicionada a la transgresión de otros derechos constitucionales y si bien se relaciona con el derecho a la vida, la dignidad, la autonomía, la salud y otros derechos, conserva su independencia como garantía constitucional fundamental.<hr/>abstract The failure to explicitly enshrine the right to a dignified death in the Constitution and its lack of legislative development have not been an impediment for the Constitutional Court to recognize the existence of this right and determine its legal nature as a fundamental right. Initially this normative concession was recognized as a fundamental right due to its connection with the rights to human dignity, life and the free development of personality. The progressive development of jurisprudence has made it possible to understand that the right to a dignified death is a complex and autonomous fundamental right that can be translated into a subjective right. It is a complex right because it depends on very particular circumstances for its configuration and involves criminal elements that distort or reinforce its guarantee. It is an autonomous right insofar as its violation is not conditioned to the transgression of other constitutional rights and although it is related to the right to life, dignity, autonomy, health and other rights, it retains its independence as a fundamental constitutional guarantee. <![CDATA[An Interpretative Model for the Progressive Enforcement of Social Constitutional Rights]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200065&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El presente artículo aborda, desde una perspectiva teórica, la problemática de la efectivización de los derechos sociales de prestación. La tesis central del artículo sostiene que esta efectivización puede darse mediante un modelo progresivo de tres niveles, a saber: el nivel de la funcionalidad básica, el nivel de la optimización del bienestar y el nivel de la complementación del bienestar. El artículo inicia con la fundamentación de la equiparabilidad de los derechos sociales de prestación con los derechos fundamentales "tradicionales o clásicos", por ser dicha equiparabilidad el requisito teórico para justificar la justiciabilidad y efectivización de los derechos fundamentales prestacionales; a continuación, pasa a desarrollar la idea de obligación mínima esencial para luego incorporarla como primer nivel dentro de la estructura progresiva de efectivización. Finalmente, se pondrá a prueba este modelo teórico al reconstruir con base en el mismo el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala resuelto por la Corte IDH.<hr/>ABSTRACT This article addresses, from a theoretical perspective, the problem of the enforcement of fundamental social rights. The central thesis of the article claims that this enforcement can take place by means of a progressive three-level model, namely: the level of basic functionality, the level of welfare optimisation and the level of welfare supplementation. The article begins with the justification of the equiparability of fundamental social rights with the "traditional or classic" fundamental rights, this being the theoretical requirement to justify the justiciability and enforceability of fundamental rights; it then goes on to develop the idea of the minimum core obligation to incorporate it as the first level within the progressive structure of enforcement. Finally, this theoretical model will be tested by reconstructing the Cuscul Pivaral et al. v. Guatemala case, ruled by the Inter-American Court of Human Rights. <![CDATA[The Principle of Non-Discrimination in the Legal Systems of Spain and Ecuador]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200091&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Como es sabido, desde algunos años, el derecho viene gestando una de las regulaciones jurídicas más importantes de nuestros tiempos, cuya trascenden cia resulta cada vez más indudable; y es precisamente el llamado "derecho antidiscriminatorio", compuesto por todas las directivas comunitarias anti discriminatorias, así como la incorporación de éstas al derecho interno de los Estados. De allí el tópico fundamental de este artículo, que como objetivo se ha propuesto revisar la regulación normativa de la prohibición de discriminación en los ordenamientos jurídicos de España y Ecuador, con el fin de conocer los principales postulados normativos que reconocen los derechos de las perso nas ante los distintos supuestos de discriminación. Para el cumplimiento de este fin se emplearon métodos y técnicas propios de una investigación social de corte jurídico, dentro de los que se encuentran: el análisis histórico-lógico; el método exegético-analítico; el método de derecho comparado y, cómo no, el análisis bibliográfico. A través de la consulta de fuentes doctrinales, legales y jurisprudenciales se realizó un análisis exhaustivo del objeto de la investigación que permitió lograr el objetivo propuesto.<hr/>ABSTRACT As it is known, for some years now, the law has been developing one of the most important legal regulations of our times, the significance of which is becoming increasingly undeniable. This is precisely the so-called "Non-Discrimination law", composed of all non-discrimination community direc tives, as well as their incorporation into the domestic law of states. Hence, the fundamental topic of this article, which aims to review the regulatory framework of the prohibition of discrimination in the legal systems of Spain and Ecuador. The goal is to understand the main normative principles that recognize the rights of individuals in various cases of discrimination. To achieve this objective, methods and techniques typical of a socio-legal research were employed, including historical-logical analysis, exegetical-analytical method, comparative law method, and, of course, bibliographical analysis. Through the examination of doctrinal, legal, and jurisprudential sources, a comprehensive analysis of the research object was carried out, allowing for the achievement of the proposed objective. <![CDATA[The Communication of Constitutional Cases and it's Diffusion in Judicial Hierarchies: An Analysis of the Mexican Case]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200125&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Los estudios sobre transmisión de precedentes judiciales desarrollados en los Estados Unidos de América proponen que la estrategia de comunicación empleada por las cortes emisoras tiene un impacto en su aplicación en los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. Este artículo retoma las aportaciones de la literatura estadounidense y presenta los hallazgos de una investigación empírica conducida en sistema jurídico mexicano, con el propósito de analizar los mecanismos formales e informales empleados por la Suprema Corte para comunicar sus precedentes entre las instancias inferiores del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales estatales.<hr/>ABSTRACT The literature specialized in the transmission of judicial precedents in the United States of America identifies that the communication strategies developed by the sender court has impacts its application in the judicial hierarchy. This article follows the United States' literature and presents the findings of an empirical research conducted in Mexico's judicial system, with the purpose of analyzing the formal and informal mechanisms developed by the National Supreme Court of Justice to communicate its precedents among federal and state courts. <![CDATA[Legal Foundations of the Pluri-National State: Reconfiguring Constitutionalism's Central Categories]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200159&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Este artículo explora los fundamentos normativos sobre los que se construye el Estado plurinacional en el Norte global y en Latinoamérica. Mientras que la justificación normativa del primero descansa en los principios fundantes de la tradición liberal, la del segundo descansa en los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, en particular del derecho internacional de los pueblos indígenas. A pesar de todas las diferencias que separan a ambos proyectos, algunas de las cuales son muy significativas, el artículo propone que ambos forman parte de una aproximación crítica que busca reformular algunas de las categorías centrales del constitucionalismo. El trabajo cierra proyectando estos conceptos en el actual proceso constituyente chileno.<hr/>ABSTRACT This paper explores the normative foundations of the plurinational State in the global North and in Latin America. While the legal/juridical justification of the first rests on the basic principles of liberalism, the second rests on the tenets of international human rights law, specifically on the international law of indigenous peoples. Regardless of all their differences, some of which are significant, the paper claims that both are part of a critical approach that aims at reformulating some of the central categories of constitutionalism. Finally, the paper describes the impact of plurinationalism in the current Chilean constituent debate. <![CDATA[Parliamentary Control in Mexico]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200205&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El control parlamentario puede ser entendido en dos sentidos: estricto y amplio, siendo la diferencia entre uno y otro las consecuencias jurídicas directas. Y es a través del sentido amplio, por medio del cual se considera que el Congreso o Parlamento lleva a cabo actividades de control sin importar que éstas causen un efecto jurídico concreto o inmediato, como se puede considerar que países con régimen presidencial -tal es el caso de México- tienen controles parlamentarios. Así, en la historia constitucional de México se ha dotado al Poder Legislativo de herramientas para controlar a los otros poderes, en particular al Poder Ejecutivo. El presente trabajo se centra en revisar el control parlamentario en la historia de México, sobre todo a partir de la Constitución Política de 1917 y sus diversas reformas, además de reflexionar acerca de la perspectiva del control parlamentario en México.<hr/>ABSTRACT Parliamentary control can be understood in two senses: strict and broad, the difference between one and the other being the direct legal consequences. And it is through the broad sense, through which it is considered that the Congress or Parliament carries out control activities regardless of whether they cause a concrete or immediate legal effect, that it can be considered that countries with a presidential regime - such as the case of Mexico - it has parliamentary controls. Thus, in the constitutional history of Mexico, the Legislative Power has been endowed with tools to control the other powers, in particular the Executive Power. This work focuses on reviewing parliamentary control in the history of Mexico, especially from the Political Constitution of 1917 and its various reforms, in addition to reflecting on the perspective of parliamentary control in Mexico. <![CDATA[Constitutional Justice and Subnational Constitutionalism in Mexico]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200235&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN ¿En qué medida los conflictos por el contenido de las constituciones locales alcanzan a los órganos de justicia constitucional? Tomando a México como caso de estudio, este trabajo ofrece una respuesta a esta pregunta mediante el análisis del litigio alrededor del contenido de las constituciones locales que se ha presentado en el sistema federal mexicano a través de las dos figuras de control de constitucionalidad de la jurisdicción exclusiva de la Suprema Corte. Con base en una sistematización de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas en el periodo 1995-2015, se presenta como hallazgo principal una diferencia significativa en el uso del litigio. En el caso de las acciones, el litigio provino de actores federales y se concentró en disposiciones electorales; en tanto que en el de las controversias surgió de actores locales y municipales y se enfocó en normas que regulan el acceso y ejercicio de recursos públicos, así como la forma en que deben los funcionarios públicos desempeñar sus funciones.<hr/> ABSTRACT To what extent do conflicts over the content of local constitutions affect constitutional justice bodies? Taking Mexico as a case study, this works provides an answer to this question through the analysis of litigation regarding the content of subnational constitutions presented in the Mexican federal system through the two figures of constitutional control exclusive to the jurisdiction of the Supreme Court. Based on a systematization of records of actions of unconstitutionality and constitutional controversies filed in the period 1995-2015, a significant difference in the use of litigation is highlighted as the main finding. In the case of actions, litigation originated from federal actors and focused on electoral provisions, while in the case of disputes, it arose from local and municipal actors and focused on rules regulating access and the exercise of public resources, as well as how public officials should perform their functions. <![CDATA[Fighting Corruption in Latin America and the Caribbean at a Supranational Level: Balances and Challenges of the Inter-American Convention Against Corruption]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200261&lng=en&nrm=iso&tlng=en ABSTRACT The 1996 Inter-American Convention Against Corruption was the first treaty signed to tackle corruption at a transnational level. The Convention was adopted due to the increasing interest of the Organization of American States to protect democracy in the region, particularly against corruption and other vices of elected Governments. In that sense, the Convention promotes the convergence of national anti-corruption frameworks and international cooperation in transnational corruption cases. To improve its effectiveness, in 2001, the Organization created a Follow-up Mechanism based on consensual and technical cooperation. In 2016, a further step was adopted with the creation of the Mission to Support the Fight Against Corruption and Impunity in Honduras, which was terminated in 2020 by the Honduran Government to protect national sovereignty. The Convention demonstrates that the greatest weakness of supranational responses to corruption is the lack of international enforcement mechanisms. To address this situation, the Organization of American States has created flexible instruments to supervise the fulfillment of the Convention based on the cooperation and collaboration of the states. However, the defenseof national sovereignty (due to the non-intervention principle) and the State's fragility to implement anti-corruption policies have created further challenges.<hr/>RESUMEN La Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996 fue el primer tratado firmado para combatir la corrupción en el ámbito transnacional. La Convención fue adoptada debido al creciente interés de la Organización de los Estados Americanos en proteger la democracia en la región, particularmente en relación con la corrupción y otros vicios de los gobiernos electos. En ese sentido, la Convención promueve la convergencia de los marcos nacionales anticorrupción y la cooperación internacional en casos de corrupción transnacional. Para mejorar su eficacia, en 2001, la Organización creó un Mecanismo de Seguimiento basado en la cooperación técnica y consensuada. En 2016 se dio un paso más con la creación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la cual fue terminada en 2020 por el Gobierno de Honduras para proteger la soberanía nacional. La Convención demuestra que la mayor debilidad de las respuestas supranacionales a la corrupción es la falta de mecanismos internacionales de aplicación. Para hacer frente a esa situación, la Organización de los Estados Americanos ha creado instrumentos flexibles para supervisar el cumplimiento de la Convención basados en la cooperación y colaboración de los Estados. Sin embargo, la defensa de la soberanía nacional (debido al principio de no intervención) y la fragilidad del Estado para implementar políticas anticorrupción han creado nuevos desafíos. <![CDATA[Legal Globalization Facing Free Trade and Rural Development in Colombia]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200291&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN La globalización jurídica es un fenómeno que da respuesta a la pluralidad de los acontecimientos que se dan en la globalización en sus ámbitos culturales, económicos y sociales, en el que se identifican múltiples vertientes como lo es la protección universal de los derechos humanos, la unificación de las fuentes del derecho y la teoría jurídica y las nuevas formas de negociación económica corporativas. En el presente artículo se analiza el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, como una manifestación de esta globalización, no sólo por sus aspectos económicos, sino por los costos no económicos que conlleva a la realización de políticas estatales orientadas a la protección jurídica de los derechos humanos o su desconocimiento en sus aspectos sociales, de manera particular, las medidas políticas y jurídicas implementadas frente al desarrollo rural en el sector arrocero.<hr/>ABSTRACT Legal globalization is a phenomenon that responds to the plurality of events that occur in the cultural, economic and social spheres of globalization. In this, it is possible to identify multiple aspects such as the universal protection of human rights, the unification of the sources of law and legal theory and new forms of corporate economic negotiation. In this article, free trade agreements are analyzed as manifestation of this globalization, not only because of its economic aspects, but also because of the non-economic costs involved in the implementation of state policies aimed at the legal protection of human rights. Furthermore, in some cases those treaties do not consider specific social aspects from the countries involved in the agreement. Particularly in the Colombian case, it is worth to analyze the existent tensions between fta signed with the United States and the political and legal measures implemented against rural development in the rice sector. <![CDATA[Constitutionalizing Legal Transnational Actors: A Theoretical Legal Model to Counter the Wild Powers of Deregulated Globalization]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200325&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN El texto pretende presentar un modelo teórico del derecho capaz de interpretar las necesidades apremiantes de responsabilidad endilgadas a los actores trasnacionales frente a obligaciones de respeto de los derechos humanos y el papel del Estado en su garantía. El documento interpreta el fenómeno de la constitucionalización del derecho en clave trasnacional y, con él, partiendo de una condición antitética entre constitucionalización y anarcocapitalismo, se plantea, desde lo óntico, una crítica fuerte a la tendencia mundial a la desregulación haciendo hincapié en la paradoja deóntica de un derecho internacional comercial desregulado y un derecho internacional y constitucional regulado mediante derechos fundamentales. Una vez efectuada esta crítica (anarcocapitalismo vs. constitucionalización), el autor encuentra en el constitucionalismo pospositivista un paradigma capaz de abrir un programa de investigación ordenado (un método de análisis) que permita plantear seriamente las cuestiones de una constitucionalización del derecho internacional. A partir de los postulados básicos del paradigma teórico escogido, el autor propone varios problemas o "nichos" de investigación que pretenden servir de "punto de partida" o complemento para investigaciones futuras en torno al fenómeno de la constitucionalización de las relaciones de actores trasnacionales.<hr/>ABSTRACT The paper presents a theoretical model of law capable of interpreting the pressing needs for responsibility imposed on transnational actors in the face of obligations to respect human rights and the role of the State in guaranteeing them. The document interprets the phenomenon of the constitutionalization of law in a transnational key starting from an antithetical condition between constitutionalization and anarcho-capitalism. This study proposes a strong criticism of the global trend for deregulation, emphasizing in the deontic paradox of a deregulated international commercial law and an international and constitutional law regulated by fundamental rights. Once this criticism has been made (anarcho-capitalism vs. constitutionalization), the author finds in post-positivist constitutionalism a paradigm capable of opening an orderly research program (a method of analysis) that allows raising the questions of a constitutionalization of International law. Finally, based on the basic postulates of the chosen theoretical paradigm the author proposes several research problems or "niches" that aim to serve as a "starting point" or complement for future research around the phenomenon of the constitutionalization of transnational actors. <![CDATA[The Duties of Solidarity do not Judicially Justify the Civil Liability of the State in Colombia]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200365&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Existe una práctica jurisprudencial de acudir al principio de solidaridad como argumento para sustentar una condena por responsabilidad civil del Estado. Este trabajo pretende mostrar que esta postura no es adecuada; si bien la solidaridad es un valor fundante del Estado social y de derecho plasmado en la Constitución Política de 1991, ninguno de los deberes constitucionales genéricos que emanan de este principio apunta a generar una obligación de reparar a cargo de un particular o del Estado a título de responsabilidad civil. El principio de solidaridad constituye un fundamento filosófico de los mecanismos de compensación de daños, pero deben reconocerse las diferencias que existen entre los mecanismos unilaterales que buscan hacer una socialización de los daños producto de riesgos sociales, frente a los bilaterales como la responsabilidad civil, encargada de generar la obligación de reparar en cabeza de quién ha causado un daño. En estas condiciones, no resulta correcto imponer en sede judicial la obligación de reparar a título de responsabilidad civil a un particular o al Estado con base en el principio de solidaridad; tal práctica implica una clara transgresión de las reglas del sistema bilateral de compensación de daños, una extralimitación de las funciones por parte del juez y una mutación indebida de la función de la responsabilidad civil.<hr/>ABSTRACT There is a jurisprudential practice of resorting to the principle of solidarity as an argument to support a sentence for civil responsibility of the State. This paper aims to show that this position is not adequate; Although solidarity is a founding value of the Social and Law State embodied in the Political Constitution of 1991, none of the generic constitutional duties that emanate from this principle aim to generate an obligation to make reparation by an individual or by the State under its title of civil liability. The principle of solidarity constitutes a philosophical foundation of damage compensation mechanisms, but the differences that exist between unilateral mechanisms that seek to socialize damages resulting from social risks must be recognized, compared to bilateral ones such as civil liability, in charge to generate the obligation to make reparation in the head of who has caused damage. Under these conditions, it is not correct to impose in court the obligation to make reparation by way of civil liability to an individual or to the State based on the principle of solidarity; such a practice implies a clear transgression of the rules of the bilateral system of compensation for damages, an excess of the functions by the judge and an undue mutation of the function of civil liability. <![CDATA[<strong>Cuando despertó, la representación política todavía estaba allí. A propósito de <em>El sistema representativo. Las representaciones políticas y la transformación de la democracia parlamentaria,</em> por Felipe Rey, Barcelona: Gedisa, 2023</strong>]]> http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932024000200395&lng=en&nrm=iso&tlng=en RESUMEN Existe una práctica jurisprudencial de acudir al principio de solidaridad como argumento para sustentar una condena por responsabilidad civil del Estado. Este trabajo pretende mostrar que esta postura no es adecuada; si bien la solidaridad es un valor fundante del Estado social y de derecho plasmado en la Constitución Política de 1991, ninguno de los deberes constitucionales genéricos que emanan de este principio apunta a generar una obligación de reparar a cargo de un particular o del Estado a título de responsabilidad civil. El principio de solidaridad constituye un fundamento filosófico de los mecanismos de compensación de daños, pero deben reconocerse las diferencias que existen entre los mecanismos unilaterales que buscan hacer una socialización de los daños producto de riesgos sociales, frente a los bilaterales como la responsabilidad civil, encargada de generar la obligación de reparar en cabeza de quién ha causado un daño. En estas condiciones, no resulta correcto imponer en sede judicial la obligación de reparar a título de responsabilidad civil a un particular o al Estado con base en el principio de solidaridad; tal práctica implica una clara transgresión de las reglas del sistema bilateral de compensación de daños, una extralimitación de las funciones por parte del juez y una mutación indebida de la función de la responsabilidad civil.<hr/>ABSTRACT There is a jurisprudential practice of resorting to the principle of solidarity as an argument to support a sentence for civil responsibility of the State. This paper aims to show that this position is not adequate; Although solidarity is a founding value of the Social and Law State embodied in the Political Constitution of 1991, none of the generic constitutional duties that emanate from this principle aim to generate an obligation to make reparation by an individual or by the State under its title of civil liability. The principle of solidarity constitutes a philosophical foundation of damage compensation mechanisms, but the differences that exist between unilateral mechanisms that seek to socialize damages resulting from social risks must be recognized, compared to bilateral ones such as civil liability, in charge to generate the obligation to make reparation in the head of who has caused damage. Under these conditions, it is not correct to impose in court the obligation to make reparation by way of civil liability to an individual or to the State based on the principle of solidarity; such a practice implies a clear transgression of the rules of the bilateral system of compensation for damages, an excess of the functions by the judge and an undue mutation of the function of civil liability.