Estudios Socio-Jurídicos

Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política

El presente artículo pretende identificar situaciones-tipo en las que el poder judicial ha asumido la tarea de verificar estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. A partir del estudio de sentencias proferidas por tribunales nacionales e internacionales, se establecen cuatro posibles tipos de intervención de los jueces en este campo. Por último, se analiza la intervención judicial para garantizar la participación de grupos y movimientos sociales en el diseño y toma de decisiones relacionadas con dichas políticas.

This article seeks to identify types of situations in which judicial power has taken on the task of verifying legal standards in the design and development of public policies in regard to the guarantee of social, economic and cultural rights as well as civil and political rights. Based on the study of national and international precedents, this paper establishes four types of judicial decisions in this matter. Finally, it analyses judicial interventions which seek to guarantee to social organizations and movements the right to participate in the design of those policies.

La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

El propósito de este trabajo es sugerir una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que permita la protección de ciertos derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano. Esta interpretación pretende ubicarse a mitad de camino entre las posturas que consideran el referido artículo como una norma no operativa y aquellas que sostienen que es la piedra de toque para la vigencia plena de estos derechos en el sistema. Finalmente, busca establecer el catálogo de derechos que dicho precepto protege.

The purpose of this paper is to suggest an interpretation of article 26 of the American Convention of Human Rights which allows the protection of certain economic, social and cultural rights within the Inter-American System. This interpretation seeks to mediate between those positions which consider article 26 as a non-operative rule, and those which regard it as the key to the full protection of those rights. Finally, authors try to establish the list of the rights that article 26 protects.

Los derechos sociales de las personas inmigradas en España

Mediante el repaso de las distintas fuentes normativas vigentes en el territorio español (Constitución española, normativa internacional, normativa comunitaria y normativa interna de extranjería), el presente texto pone de manifiesto la insuficiente protección de los derechos sociales de las personas inmigradas. Este escenario jurídico se muestra cuando menos incapaz frente a la consolidación de un modelo de desarrollo social que ha optado por configurar al trabajador extranjero esencialmente como una pieza más de la maquinaria productiva en el marco de una economía "altamente competitiva". Así es, en la actualidad los sistemas jurídicos de los países de llegada, en general, optan con claridad por la laboralización de la política migratoria: solamente en casos excepcionales admiten situaciones de residencia no laboral de personas extranjeras, siendo la óptica adoptada la subordinación del fenómeno migratorio a las necesidades del mercado de trabajo.

That Spain insufficiently protects the social rights of immigrants to its territory is clearly set out in this review of Spanish legal sources (the Spanish Constitution, international law, European community law, and internal immigration law). Judicial incapacity manifests itself in the face of the consolidation of a social model of development that has configured the foreign worker essentially as a piece of the productive machinery in the frame of a highly "competitive economy". The legal systems of receiving countries, in general, clearly choose a "labouralization" approach to migratory politics: only in exceptional cases are non-employed foreigners admitted to residence. In these countries the migratory option is subordinated to the needs of the labour market.

Historia, concepto y estructura de los derechos económicos, sociales y culturales

Actualmente el debate de los derechos económicos, sociales y culturales ha pretendido construir desde diferentes perspectivas una explicación plausible para lograr su efectividad a través de la reglamentación de estos derechos en las políticas públicas del Estado o a través de la judicialización de los mismos. Frente a este último tema se encuentra con un abrumador panorama surgido de la carencia de una acción judicial expresamente consagrada en la Constitución que permita un claro amparo. El presente escrito pretende abordar esta problemática desde la historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales, con el fin de demostrar que tales derechos carecen de protección por un asunto puramente formal y que deberán ser considerados como derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento y protección por todos los poderes del Estado y protegidos judicialmente como derechos fundamentales.

Currently, the debate over economic, social and cultural rights seeks to construct, from different perspectives, a plausible explanation to achieve their effectiveness across the regulation of these rights, or across their judicialization. This articles seeks to approach this subject from the viewpoint of the history, concept and structure of these rights. The intention is to demonstrate that these rights fail to protect because they are regarded as purely formal matters. Rather, they ought to be considered as fundamental rights, which oblige compliance and protection by all State and judicial powers.

La naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional colombiana, desde su creación, ha adoptado distintas posturas sobre la naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales que fluctúan entre la negación de su carácter fundamental hasta la aceptación plena de tal naturaleza. Este artículo analiza y clasifica tales posturas, así como los vacíos teóricos que las mismas presentan, con fundamento en el estudio de sentencias de revisión de tutela y de acción pública de inconstitucionalidad.

The Colombian Constitutional Court, since its creation, has adopted different positions about the legal nature of social, economic and cultural rights, which fluctuate between the denial of their fundamental character to the full recognition of that nature. This article analyses and classifies those states, as well as their theoretical gaps, throw the studying of constitutional precedents.

La exigibilidad del derecho a la educación a partir del diseño y la ejecución de las políticas públicas educativas

Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación.

The tensions between Jurists and economists are well known in regard to the issue of enforcing economic, social and cultural rights. While for most orthodox economists, social rights are simple declarations, for the most progressive jurists, social rights, as with civil and political rights, are fully enforceable though judicial and non judicial mechanisms. In the matter of non judicial mechanisms, public policies have a special place. Within this framework, this essay draws attention to the necessity of designing and implementing education policies based on the content of the right to education and the State's constitutional and international state obligations in this regard. This article has been structured into three parts: (i) reflections that demonstrate the wide gap between education policies and educational rights; (ii) a summary of fundamental educational rights and State obligations; and (iii) a presentation of a group of benchmarks that will allow policies to be evaluated in terms of the respect, defence and guarantee of educational rights.

Aproximaciones sobre el derecho al trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos

El derecho al trabajo es un derecho humano consagrado, tanto en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce también el trabajo como principio, como deber y como derecho. A partir del sistema normativo internacional y nacional constitucional se presenta un concepto de trabajo que, desde una perspectiva de derechos humanos, debe ser digno. En esta dirección, con base en lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.18 sobre el derecho al trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.

The right to work is a human right recognized in the individual as well as in the collective dimension in multiple international legal instruments of the international system of human rights. The Colombian Political Constitution (1991) recognizes work as a principle, as a duty and as a right. The concept of work, from the perspective of international regulation, the national constitutional system and of human rights, is more than the simple meaning of the word; this right involves necessarily the dignity of work. Taking this into account and on the basis of General Comment No. 18 issued by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights related to the right to work, the main content of this right was identified and some legal obligations of States were established in order to insure its effectiveness.

Política pública con enfoque en derechos sociales: realidad o ficción para la población desplazada en la localidad de Usme

La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática.

It is well recognized that human rights do not receive, everywhere, the appropriate level of respect. For that reason the authors consider that the development of a serious policy regarding human rights is urgent, particularly for Latin American countries. In our country _Colombia_ the situation related to the violation of the human rights is considered critical. It is therefore absolutely necessary that plans and actions against those violations be implemented and a policy created to protect and promote economic, social and cultural rights particularly among the population suffering the scourge of forced displacement. The object of this article is to briefly examine local and national policies regarding the protection of the human rights of the displaced population in Colombia. At the same time, the article includes the study of a specific case in an area of the capital city of Colombia, Bogota, named Usme.

El mínimo vital y los derechos de los adultos mayores

Este artículo parte del concepto de vulnerabilidad, para incluir en este sector la tercera edad. Se analiza la tendencia Jurisprudencial en materia de Protección Constitucional especial de los adultos mayores; cuáles han sido los problemas fundamentales en el tratamiento judicial, especialmente en el uso del mecanismo de la tutela y los razonamientos empleados por los jueces para resolver los problemas que incorporan derechos de tercera edad y su evolución. En el caso concreto de las personas de la tercera edad, la ley ha previsto distinciones especiales encaminadas a salvaguardar sus derechos, que provienen no solo de la Constitución y la Ley, sino de todo el Sistema Judicial, dotando a los Jueces de las herramientas necesarias para hacer efectivo el derecho sustancial por medio de sus fallos. Así, encontramos que el sistema judicial colombiano ha concentrado sus esfuerzos en proteger a las personas de la tercera edad, específicamente en la Seguridad Social, dándole gran importancia al derecho pensional. No obstante, abarcar la Seguridad Social en un espectro jurídico amplio, solamente los derechos relativos al "pago oportuno de mesadas pensionales", "la reliquidación de pensiones", "el no pago de las pensiones de jubilación", "el reconocimiento de las sustituciones pensionales", derecho a la salud y el derecho al mínimo vital han sido los conflictos más comunes que deben ser resueltos por los jueces en materia de protección especial de los adultos mayores.

The article begins with the concept of senior's citizens' vulnerability. Jurisprudential trends are analyzed from the perspective of Older Adults' Special Constitutional Protection. It establishes what the fundamental problems are in their judicial treatment, particularly regarding the tutela mechanism and it examines judicial arguments to solve the problems that incorporate the rights of seniors and their development. In the particular case of seniors, the law has foreseen special distinctions designed to ensure that their rights are not only protected by the Constitution and the Law, but also, by the entire Judicial System. It endows the Judges with the necessary tools to make substantial rights effective in their decisions. In this way, we find that the Colombian judicial system has concentrated its efforts on protecting seniors, specifically in terms of Social Security, giving huge importance to pension rights. Nevertheless, it does not embrace Social Security in a wide juridical spectrum, because it only considers rights relative to the "opportune payment of the retirement pensions", "the revision of the amount of the pensions", "the refusal to pay the retirement pensions", "the recognition of substitutive pensions", the right to health and the right to get a minimum revenue above the level of poverty.

¿Existen instituciones jurídicas foráneas sobre protección a la maternidad que pueden ser incluidas en la normatividad colombiana?

Este escrito se refiere concretamente a la presentación de algunas instituciones jurídicas sobre protección a la maternidad consagradas en las legislaciones de Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y que Colombia no regula o lo hace en forma distinta,¹ para determinar si es factible que nuestro país las adopte y las incluya en su normatividad laboral.

This paper intends to present specifically some legal instruments regarding the protection of maternity rights established in the legislation of Nicaragua, Panama, Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela which are not expressly regulated in Colombia or are regulated differently, in order to determine the possibility of Colombia adopting and including them in its labour norms.