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SUEÑOS DEL 63

PENSION EQUITY AND BASE SALARY. THE CURRENT JUDICIAL INTERPRETATION AS A BASIS OF INEQUALITY

El presente trabajo aborda el actual problema de interpretación sobre lo que debe entenderse como salario de base para la liquidación del bono pensional tipo A de modalidad 2, a favor de los afiliados que se trasladan al régimen de ahorro individual, mostrando cómo las interpretaciones de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no se adecúan a los contenidos financieros y económicos que la misma ley contempla y, como consecuencia, generan problemas de equidad pensional.

This paper addresses the current problem of interpretation of what should be understood as basic salary for the settlement of the pension bond type A mode 2, for members who move to individual savings scheme, showing how interpretations of the Constitutional Court and the Labor Appeal Chamber of the Supreme Court do not conform to the financial and economic content the law provides, and therefore, create problems of pension equity.

FUERO MILITAR: ¿GARANTÍA FUNCIONAL O CONDICIÓN DE IMPUNIDAD?

La institución jurídica del fuero penal militar ha sido cuestionada constantemente, por considerar que se ha prestado para abusos y ha servido como fuente de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Ante el desprestigio de la justicia militar, tradicionalmente se contó con un fuero restringido, el cual sufrió una reforma que ha motivado críticas desde todos los sectores, cuya consecuencia fue establecer nuevos órganos en la Jurisdicción Castrense, con funciones que traslapan sus competencias entre sí para definir los conflictos de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar, dejando una estela de dudas en relación con la coherencia con que se da tratamiento a la referida temática. Por eso la presente investigación busca esclarecer si el fuero penal militar es una garantía funcional, como constitucional y legalmente se encuentra establecido, o si por el contrario en la práctica se ha desnaturalizado por el actuar de la Fuerza Pública y es más bien una condición de impunidad.

The legal institution of military jurisdiction has been constantly questioned by considering that it has been used to abuse and it has worked as a source of impunity in front of serious human rights violations. Before the discredit of Military Justice, the military jurisdiction has been traditionally restricted, but recently it suffered an amendment that has motivated critics from many sectors, reform which established new Military Justice bodies with functions that overlap their powers together to define conflicts of jurisdiction between the ordinary courts and the military justice system, leaving doubts about the consistency by which the aforementioned theme is treated. Due to these considerations, this research seeks to clarify whether the military criminal jurisdiction is a functional guarantee, as it is constitutionally and legally established, or whether on the contrary, in practice it has been distorted by the actions of the security forces and is rather a condition of impunity.

CULTURAL JUSTICE AND PUBLIC POLICY: THE AFFIRMATIVE ACTION TO CROSS-CULTURAL POLICY (A NORMATIVE PROPOSAL FOR THE CASE OF ETHNIC GROUPS)

Este artículo de reflexión fundamenta las diferencias entre las acciones afirmativas y las políticas interculturales. En primer lugar, plantea un marco hermenêutico que reconstruye el enfoque multicultural de Kymlicka y el interculturalismo latinoamericano. En segundo lugar, y con base en ese marco, establece las diferencias entre acciones afirmativas y políticas interculturales. El planteamiento central es que las acciones afirmativas son necesarias, pero no suficientes, para alcanzar los ideales del interculturalismo: el diálogo, el respeto, la convivencia y el aprendizaje mutuo entre culturas.

This reflection paper bases the differences between affirmative action and intercultural policies. First, it presents an hermeneutical framework that reconstructs the multicultural approach of Kymlicka and Latin American interculturalism. Secondly, and based on that framework, it establishes the differences between affirmative action and intercultural policies. The central idea is that affirmative action is necessary, but not sufficient to achieve the ideal of interculturalism: dialogue, respect, coexistence and mutual learning between cultures.

THE DOCTRINE OF THE COLOMBIAN CONSTITUTIONAL COURT ON EVIDENT PROCEDURAL EXCESS IN MATTERS OF EVIDENCE (2001-2011)

Han transcurrido once años desde que la Corte Constitucional de Colombia comenzó a hacer referencia al exceso ritual manifiesto (Sentencia T-1306 de 2001). Sobre esta figura, el trabajo que ahora presentamos sostiene que hay dos variantes, y una de ellas se relaciona directamente con el tema probatorio. En este sentido, es decir, cuando el exceso ritual manifiesto se predica como un error del juez de instancia relacionado con el tema de pruebas, y más exactamente cuando en sede de revisión de tutela se lo obliga a la práctica de un número determinado de ellas, es difícil no llegar a la conclusión de que en lo referente al exceso ritual manifiesto estamos llevando la tutela a una modalidad de última instancia en materia probatoria, y no solo en materia de protección de derechos fundamentales. Más aún, puede sostenerse que la Corte Constitucional, bajo la idea de que el juez tiene el deber de perseguir la verdad, y por sobre todo encontrarla, incursiona en los hechos litigiosos de cada caso que implica exceso ritual manifiesto o, por lo menos, sugiere con precisión el camino que debe seguir el juez de la causa para allegarle el derecho fundamental a una de las partes. Con todo, hay que decir que esta incursión del juez constitucional en asuntos propios de la sede ordinaria, se debe, en parte, y en los estrictos límites de la figura que aquí examinaremos, al hecho de que en Colombia compartimos dos sistemas en materia de pruebas: el sistema inquisitivo y el dispositivo; igualmente, al modo como se expresan algunas normas del derecho procesal (en especial las relacionadas con el poder - deber que tienen los jueces para decretar pruebas de oficio); pero, sobre todo, a una comprensión de lo que significa el proceso mismo en relación con la protección de los derechos fundamentales y la prevalencia del derecho sustantivo.

Eleven years have passed since the Constitutional Court of Colombia began to evident procedural excess (Case T-1306, 2001).In this figure, the work presented here argues that there are two variants, one of which is directly related to the evidentiary ISSue. In this sense, i.e., when evident procedural excess is preached as an error of the trial judge related to the topic of evidence, and more accurately when reviewing writ he is forced to practice a certain number of them it is hard not to conclude that with regard to evident procedural excess we are taking over guardianship to a form of last resort in terms of proof, and not only for the protection of fundamental rights. Moreover, it can be argued that the Constitutional Court, under the idea that the judge has a duty to pursue the truth, and above all find it, he ventures into the relevant facts of each case which involves evident procedural excess or, at least, suggests precisely the way forward for the trial judge to give the fundamental right to a party. However, It be must be said that this incursion by the constitutional judge in matters of the ordinary headquarters, is due to, in part, and within the strict limits of the figure discussed here, the fact that in Colombia on matter of evidence we share two systems : the inquisitorial and regulatory system; equally, to the way some rules of procedural law (especially related to - the duty ofjudges to decree evidence) are expressed, but above all, to an understanding of what the process itself means in relation to the protection of fundamental rights and the prevalence of substantive law.

THE WRIT AND HEALTH REFORM: DISILLUSIONMENT OF A DREAMER JUDGE

En el grupo de los derechos sociales, económicos y culturales, el avance normativo colombiano en materia de salud ha sido de los más destacados en el mundo en las últimas décadas. La Corte Constitucional, obviando la naturaleza constitucional de estos derechos, ha reconocido en ciertos casos la prestación de salud como un derecho subjetivo, protegido como derecho fundamental en instancia de tutela. Para el gobierno y un sector de la doctrina, esto ha generado problemas de financiación y desorden en la estructura del Sistema de Seguridad Social, pero para otro sector de la doctrina esto no es sino una consecuencia lógica del nuevo constitucionalismo. A pesar de todos estos esfuerzos estructurales y avances jurisprudenciales, el Estado no ha podido consolidar la protección que garantice el acceso y la calidad en los servicios de salud, además la amplia protección jurisprudencial sigue siendo frágil e incierta.

In the group of social, economic and cultural rights, the Colombian regulatory progress in health has been the most prominent in the world in recent decades. The Constitutional Court, bypassing the constitutional nature of these rights, recognized in some cases the provision of health as an individual right, protected as a fundamental right for writ instance. For the government and a sector of the doctrine, this has generated funding problems and disorder in the structure of the social security system, but for the other part of this doctrine is but a logical consequence of the new constitutionalism. Despite all these efforts and structural developments in jurisprudence, the state has failed to consolidate protection to ensure access and quality of health services, besides comprehensive protection jurisprudence remains fragile and uncertain.

PEOPLE OF AFRICAN DESCENT: ANOTHER CASE OF GUAREANTEE-ISM OF THE COLOMBIAN CONSTITUTIONAL COURT

En este artículo presentamos un análisis de la Sentencia de la Corte Constitucional colombiana SC-931/2009, mediante la cual la Corte se declara inhibida para fallar en un caso de revisión de constitucionalidad de la Ley de 21 de mayo de 1851, con la cual se abolió de manera definitiva la esclavitud en Colombia. El interés en presentar este caso radica en que se demuestra, una vez más y a partir de un caso concreto, el alcance del garantismo judicial en el marco de la consolidación del Estado constitucional, paradigma acogido en Latinoamérica a partir de la expedición de las constituciones de la década de los años noventa, que han dado lugar al desarrollo del nuevo constitucionalismo latinoamericano. De otra parte, unido a la presentación de las particularidades del caso, nos interesó resaltar la labor pedagógica que está realizando la Corte, recurriendo, incluso, al análisis literario, dando un claro ejemplo de integración de disciplinas en su proceso de protección judicial; además de poner en evidencia su influencia en la formulación de leyes y políticas públicas dirigidas a la protección de grupos históricamente discriminados.

This paper presents an analysis of the Judgment of the Colombian Constitutional Court SC-931/2009, by which the Court declares inhibited to fail in a case review of the constitutionality of the Law of May 21, 1851, with which slavery was definitively abolished in Colombia. The present interest in this case is that it demonstrates once again and from a specific case, the scope of judicial guarantee-ism under the consolidation of the constitutional state, accepted paradigm in Latin America from the ISSuance of the constitutions of the decade of the nineties, which have resulted in the development of the new Latin American constitutionalism. Furthermore, together with the presentation of the particular case, we were interested in noting the educational work being done by the Court, resorting even to literary analysis, giving a clear example of integration of disciplines in the process ofjudicial protection, in addition highlighting their influence in the formulation of laws and public policies for the protection of historically discriminated groups.

SHORT SALES IN THE CAPITAL MARKET? A VIEW FROM THE REGULATION (EU) NO. 236/2012

El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis del estado de la cuestión jurídica sobre la viabilidad de los short sales -así denominadas ventas en corto- en el mercado de capitales europeo, en el caso de acciones y deuda soberana como uno de los elementos del Reglamento (ue) No. 236/2012. Este Reglamento constituye un elemento jurídico principal en la realización de la funcionalidad y eficiencia del mercado de capitales europeo para la garantía de un alto nivel de protección a los consumidores e inversores. Su aporte al desarrollo del mercado lo constituye no solamente el restringir las operaciones de ventas en corto, sino también el establecer excepciones a su definición y exenciones a las normas de restricción, en beneficio de la liquidez de los mercados de la Unión.

This article aims at an analysis of the state of the legal question of the feasibility of short sales in the European capital market, in the case of shares and sovereign debt as one of the elements of the Regulation (EU) No. 236/2012.This Regulation constitutes a major legal element in realizing the functionality and efficiency of the European capital market to guarantee a high level of protection for consumers and investors. Its contribution to the development of the market is not only to restrict the operations of short selling, but also derogate from its definition and establish exemptions to the restricting rules to the benefit of the liquidity of the markets of the Union.

VOLUNTARY REPRESENTATION OF PERSONALITY INHERENT RIGHTS? DEBATE CONSIDERATIONS FROM THE CUBAN LEGAL SYSTEM

El presente artículo tiene como principal objetivo fundamentar la posibilidad de concebir la representación voluntaria de los derechos de la personalidad. Por ello a partir de los fundamentos más modernos que conciben a los derechos de la personalidad y la representación voluntaria se pretende justificar la necesidad de esta figura en determinadas condiciones, en las cuales las instituciones como el respeto a la dignidad humana justifican dicho actuar. Si bien la imposibilidad de la representación de los derechos de la personalidad constituye uno de las concepciones dogmáticas más aceptadas por la doctrina del Derecho civil actual, hoy esta posición va quedando descartada en figuras como las voluntades anticipadas, la cual constituye uno de los principales ejemplos que justifican la posición que defendemos en este trabajo. Más que establecer dogmas el presente artículo constituye un llamado a la reflexión.

This paper was written in order to support the possibility of conceiving voluntary representation of personality rights. Thus, from the most modern basics conceiving personality rights and voluntary representation, it is intended to justify the need of this figure in certain conditions, whereby institutions such as respect for human dignity justify such action. While the impossibility of representing the rights of personality is one of the most accepted dogmatic conceptions by the current doctrine of civil law, this position is becoming today ruled in figures such as living wills, which is one of the main examples justifying the stance we advocate in this paper. Rather than establishing dogmas, this article is a call to reflection.

THE DUTY OF COHERENCE AND COOPERATION IN THE EXERCISE OF THE DISCRETIONARY, SUSPENSIVE AND PENDING CONDITION

El principio de la buena fe ha sido y es, sin lugar a dudas, un instrumento legal, eficaz e idóneo para solucionar lo que desde tiempo atrás la ciencia jurídica ha identificado como la "crisis del contrato", que no es otra cosa que la crisis de sus presupuestos -la autonomía de la voluntad contractual y la libertad para contratar-. Así como la defensa a ultranza de los presupuestos clásicos del derecho privado ha generado el problema en mención, el amparo a ultranza de la buena fe bajo ciertas hipótesis puede forjar por contera la conservación de situaciones inverosímiles e injustas dentro del iter contractual. De ahí que sea necesario establecer presupuestos que permitan una favorable aplicación del principio y, particularmente, de los deberes colaterales que emanan de la denominada buena fe objetiva. En ese sentido, el presente documento investigativo pretende esclarecer si, a la luz de los deberes de cooperación y coherencia, la parte obligada debe realizar la fracción de la condición simplemente potestativa, suspensiva y pendiente que ha pactado con su co-contratante. De acuerdo con ese planteamiento, se concluye que de conformidad con los postulados de la buena fe objetiva, las expectativas legítimas fundadas en el co-contratante y del artículo 1538 del Código Civil colombiano, presupuestos verificables por el juzgador en el caso concreto, el obligado deberá cumplir la fracción de la condición que le corresponde so pena de generar perjuicios en la otra parte.

The principle of good faith has been and is, without doubt, a legal, effective and appropriate tool to solve what legal science identified long ago as the "crisis of the contract", which is nothing but the crisis in their assumptions of the contractual autonomy will and freedom to contract. Just as the unyielding defense of budgets of the classic private law has generated the problem in question, the uncompromising support of good faith under certain assumptions can forge the conservation of improbable and unjust situations within the contractual process. Hence it is necessary to establish premises that allow for a successful application of the principle, and particularly the collateral duties emanating from the so-called objective good faith. In that sense, this research paper aims at clarifying whether, in light of the duties of cooperation and consistency, the obligor must perform simply the fraction of the discretionary, precedent and pending condition he has agreed with its co-contractor. According to this approach, it is concluded that in accordance with the postulates of objective good faith, legitimate expectations based on the co-contractor and the Article 1538 of the Colombian Civil Code, verifiable premises by the judge in the case, the required must meet the fraction of the rightful status applicable to him under penalty of causing damage in the other party.

UN NUEVO PARADIGMA DEL ESTADO UNITARIO: LA ASIMETRÍA TERRITORIAL Y LOS ESQUEMAS DE COORDINACIÓN

Este artículo se propone destacar la importancia de la utilización de esquemas territoriales acordes con las situaciones sociales, económicas y culturales colombianas, permitiendo una configuración de autonomía política en el que se reconozca un margen de gobierno para la atención de los propios intereses locales y su defensa. Ello se presenta a partir de la comprensión del marco conceptual del Estado federal y los nuevos conceptos de arreglos federales. Con ello puede comprenderse la idea de proceso en la configuración de los diseños territoriales en donde el reconocimiento de alternativas territoriales para las poblaciones diversas es fundamental, pero también encontrar esquemas de cooperación, articulación y de solidaridad entre entidades territoriales. Con ello podrá romperse la rigidez del Estado unitario colombiano, y permitir que sean los territorios los que conduzcan sus intereses una vez que ellos han podido identificarlos.

This article aims at highlighting the importance of using territorial schemes in accordance with social, economic and cultural situations in Colombia, allowing the configuration of political autonomy in which a government margin is recognized for the care of local interests and its own defense. This comes from the understanding of the conceptual framework of the federal state and the new concepts of federal arrangements. This contributes to understand the idea of process in shaping territorial designs in which recognition of territorial alternatives for diverse populations is essential, but also find forms of cooperation, coordination and solidarity among local authorities. This may break the rigidity of the Colombian unitary state, and allow the territories to be the ones leading their interests once they have been identified.

THE BUSINESS JUDGMENT RULE IN AMERICA: A RULE WITH PROCEDURAL DIMENSION AND SUBSTANTIVE FORCE

En Delaware, en los Estados Unidos, la Business Judgment Rule (BJR) ha sido descrita como "unapresunción de que en la toma de una decisión de negocios los administradores de una compañía actuaron de manera informada, de buena fe y en la creencia sincera de que la medida adoptada era en el mejor interés de la compañía"¹. La parte que busque impugnar la decisión deberá rebatir la aplicación de la mencionada presunción. En el evento en que logre rebatirla, se invertirá la carga de la prueba, de manera que serán los administradores quienes deberán probar el "entire fairness" de la transacción. Este artículo asimismo explica tres justificaciones de la BJR, al igual que algunas críticas a la regla basadas o relacionadas con un análisis de costo - beneficio. De otra parte, este artículo se enfoca en la aplicación de la BJR en temas bancarios, y particularmente en casos relacionados con operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés).

In Delaware, in the United States, the Business Judgment Rule (BJR) has been described as "a presumption that in making a business decision the directors of a company acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interest of the company". The party seeking to challenge the decision must rebut the application of that presumption. In the event that the party achieves rebut, the burden of proof will be reversed, so that it will be the administrators who must prove the "entire fairness" of the transaction. This article also discusses three justifications for BJR, like some criticism of the rule based on or associated with a cost-benefit analysis. Furthermore, this article focuses on the application of BJR on banking issues, particularly in cases involving mergers and acquisitions (M & A).