Estructura agraria bimodal

De acuerdo con ^{Furtado (1964)}, ^{Bielschowsky (1998)} y ^{Osorio (2001)}, el carácter periférico de los países de América Latina se funda en su particular inserción en el comercio global como abastecedores de materias primas y compradores de bienes de capital e intermedios. Esta particular relación explica la dependencia tecnológica, esto es, el proceso de adopción-adaptación de formas de hacer y producir a partir de innovaciones generadas en los países centrales. A esta se suman la dependencia cultural, entendida como imitación de patrones de consumo y de paradigmas de política, y la dependencia financiera que se explica por la posición subordinada de las monedas de los países periféricos en la jerarquía monetaria internacional y su recurrente necesidad de financiamiento (^{Conti et al., 2014}).

La relación centro-periferia, entonces, se funda en una particular forma de acumulación en los países periféricos, caracterizada por factores estructurales como la persistencia de brechas socioeconómicas por factores raciales y espaciales, la heterogeneidad estructural en los diversos sectores económicos y la inercia de estructuras agrarias regresivas (^{Pinto, 1970}; ^{Rodríguez, 1977}).

En relación con la estructura agraria, para el caso de Colombia esta se caracteriza por la continuidad de, al menos, cuatro factores histórico-estructurales: 1) la persistencia de un perfil primario-exportador especializado y con escaso valor agregado; 2) la consolidación de un arreglo institucional sesgado en favor de formas empresariales y en demérito de las economías campesinas; 3) la inercia de la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra; y 4) la permanencia de conflictos diversos, sobresaliendo por supuesto los conflictos distributivos y el conflicto armado (^{Suescún, 2020}).

En este escenario, el subdesarrollo como forma autónoma de acumulación genera en el campo una marcada dicotomía entre dos formas de producción: por un lado, la economía campesina, cuyas actividades son diversificadas, aunque tienen un foco particular en la producción de alimentos para el mercado doméstico; y por otro lado, la economía empresarial, que se especializa en la exportación de commodities tanto agrícolas como aquellos de la actividad extractiva (petróleo, minería, etc.).

A la economía empresarial del campo, la política pública - incluso con anterioridad a la consolidación de la racionalidad neoliberal-, la ha considerado parte fundamental del desarrollo económico, en razón a que garantiza el flujo de divisas necesario en un país con los lazos de dependencia referidos. Esto explica que los esfuerzos fiscales, las políticas de acceso a factores productivos, bienes públicos y otros incentivos hayan sido prioritarios para esta forma de producción. Lo opuesto ha sucedido con la economía campesina, la cual se ha considerado parte de la "población problema" por factores socioeconómicos y políticos, y en consecuencia ha sido marginada de las políticas de desarrollo económico y apenas "tratada" desde la política de asistencia social (^{Suescún, 2020}).

En esta estructura social y económica, la marginación y el abandono de la economía campesina han jugado en contra de la reproducción social, algo que fue puesto en evidencia por la pandemia del coronavirus, pues ante el escenario hostil al comercio internacional provocado por las medidas para la contención de los contagios, la necesidad de garantizar la autonomía alimentaria de los países tomó especial interés.

El trabajo en economías populares

Efectivamente, el problema agrario en Colombia no ha sido resuelto y, de hecho, persiste de manera simultánea con el conflicto armado. Esto se explicaría, entre otras razones, porque la reforma agraria no ha sido una política plenamente implementada (^{Machado, 2009}).

La persistencia combinada del conflicto agrario y del conflicto armado, de la mano con el sesgo de la política pública, sustenta que las economías campesinas carezcan de acceso a factores productivos como la tierra, asistencia técnica, crédito, infraestructura de transporte, irrigación de sus cultivos y logística de comercialización, razones que explican la pobreza, la desigualdad y otros conflictos que han exacerbado la violencia en las áreas rurales, en muchos casos obligando al campesinado a abandonar sus tierras y huir a zonas urbanas (^{Machado, 2009}; ^{Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011}).

Una parte considerable del campesinado desposeído ha pasado a constituir la "constelación del rebusque" en las ciudades, donde igualmente son marginados espacialmente y carentes de reconocimiento social, económico y político como también lo eran en áreas rurales. La logística y el comercio minorista del abastecimiento de alimentos en entornos urbanos constituyen subsectores representativos de absorción de mano de obra desplazada forzosamente del campo a la ciudad y más recientemente también de población migrante (^{Ibáñez & Velásquez, 2008}; ^{Suescún, 2017}; ^{Farné & Sanín, 2020}).

En efecto, la estructura económica concentrada en la generación de divisas en el sector primario (minas, petróleo y commodities agrícolas) ha descuidado a sectores como la industria y la agricultura familiar, haciendo que gran parte del empleo corresponda con actividades en la informalidad. Esta categoría (la informalidad) aplicada en rigor en cálculos estadísticos, sin embargo, encubre el carácter productivo y la importancia para la reproducción social de la población dedicada al "rebusque" y al cuidado, razón por la cual se acude a la categoría de "economías populares" para intentar vislumbrar estos beneficios en el nivel socioeconómico (Gago, 2014).

La referencia al encubrimiento a través de la categoría de informalidad se da no porque no sean visibles, sino porque la categoría enfatiza en su carácter problemático e impide el reconocimiento político y económico de sujetos y colectivos que a través de diversas actividades realizan un aporte fundamental y prioritario a la sociedad. Sin embargo, además de ocultas y carentes de reconocimiento, múltiples economías populares son a su vez frecuentemente perseguidas y criminalizadas (Gago, 2014; ^{Giraldo, 2020}).

De hecho, para estas economías y los sujetos sociales que las representan resultan comunes factores socioeconómicos como: 1) invisibilidad en materia institucional como trabajadores y generadores de valor económico; 2) exclusión social, económica y espacial a pesar de su inserción en los circuitos mercantiles; 3) carencia de remuneración y de protección social; y 4) falta de reconocimiento del trabajo de la mujer y de su papel en la reproducción social de la fuerza de trabajo, de la familia y del sistema económico (Gago, 2014, ²⁰¹⁹; ^{Giraldo; 2017}, ²⁰²⁰).

Ahora bien, la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia superó las dimensiones social y económica, adquiriendo relevancia el factor sanitario y las medidas de política que sustentaron la declaratoria de emergencia por la enfermedad COVID-19. Así, las economías populares resultaron más vulnerables a la muerte por una trágica disyuntiva: los espacios y la movilidad fueron limitados por las cuarentenas, al tiempo que se hacía urgente la necesidad de trabajar y, en consecuencia, exponerse al contagio.

Abastecimiento desde la economía feminista

La economía feminista plantea que la reproducción de la vida colectiva y la continuidad de la acumulación de capital se sustentan no solo en el trabajo asalariado, sino en oficios y trabajos que en buena parte están por fuera del mercado, sin remuneración y carentes de protección social. Y que el trabajo remunerado no podría existir sin actividades como el abastecimiento de alimentos, la crianza de hijos y un conjunto de actividades del cuidado, que además resultan ser primordiales y de gran relevancia para la reproducción del sistema económico en su conjunto (^{Fraser, 2020}; ^{Gago, 2019}).

Con la crisis sanitaria y alimentaria provocada por la pandemia se incrementó la jornada del trabajo doméstico no remunerado y las mujeres fueron las que soportaron una mayor carga, pues generalmente ellas son las que realizan las labores y actividades de cuidado (protección, crianza y supervivencia de los integrantes del hogar y cuidado de personas en situación de dependencia como menores, enfermos, adultos mayores, entre otros) (^{Cavallero & Gago, 2022}). Al mismo tiempo, esta crisis reveló el lugar central que tienen actividades como el abastecimiento de alimentos para garantizar la reproducción social.

La feminización de los trabajos asociados a las cadenas de abastecimiento desde la producción de alimentos hasta la comercialización en plazas de mercado, en puntos específicos en barrios, o en comercio ambulante, en tiempos de pandemia puso de manifiesto y profundizó las desigualdades que los afectan, dejando intacta su invisibilidad, es decir, aun siendo estos trabajos calificados como primordiales y esenciales, continuaron sin reconocimiento socioeconómico.

Las mujeres, entonces, no solo garantizan la reproducción de la vida mediante la procreación y el sostenimiento de la familia, también soportan con su trabajo el sistema económico y la institucionalidad propia del capitalismo, pero siendo considerados diferentes entornos como el hogar y el mercado de trabajo, persisten injusticias en materia de valoración o reconocimiento (^{Benzason & Luxton, 2006}; ^{Pérez, 2014}; ^{Álvarez & Begiristain, 2019}).

Así, el sistema económico resulta cruel con las economías populares que integran las distintas fases del abastecimiento de alimentos y en consecuencia con la propia reproducción social. No obstante, en el caso de las mujeres la afectación es mucho mayor, pues además de soportar las características de exclusión y desigualdad, padecen una mayor brecha de reconocimiento comparado con los hombres en un mismo entorno socioeconómico (^{Nelson, 2004}; ^{Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2008}; ^{Rodríguez, 2017}).

Por otro lado, la alimentación ha tendido a considerarse desde una visión productivista e individualizada, por lo que el hambre es un problema relativamente ajeno al Estado; es algo para ser resuelto en el espacio del hogar y, por ende, recae una carga de responsabilidad institucionalizada en la mujer (^{Ramírez et al., 2020}).

Efectivamente, bajo el paradigma de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la acción estatal para atender el hambre es considerada una eventualidad extraordinaria, la cual debe ser focalizada en aquellas poblaciones que mayor probabilidad tienen de sufrir hambre, es decir, la población pobre. Este enfoque, que se ha denominado gestión social del riesgo¹, como se analizará en sección posterior, continuó guiando la acción estatal para atender la crisis social durante la pandemia.

La discriminación socioeconómica de la enfermedad

De acuerdo con datos de ^{Johns Hopkins University & Medicine (2022)}, 226 países han sido afectados por la enfermedad COVID-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020⁴. De acuerdo con esta fuente consultada, la enfermedad habría cobrado la vida de aproximadamente 6,2 millones de personas, y se administraron aproximadamente 11,4 millones de vacunas. En el caso colombiano, más de 139 000 personas han fallecido y se han registrado más de 6 millones de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia⁵.

Diversos estudios han hecho hincapié en la morbilidad de la enfermedad de acuerdo con factores de riesgo como enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, entre otras), sobrepeso y edad (que han afectado especialmente a adultos mayores). No obstante, los factores socioeconómicos también parecen evidenciar que la pobreza, la exclusión y la desigualdad son factores de discriminación en la probabilidad de muerte ante el contagio por SARS-CoV-2 (^{Singh & Misra, 2020}; ^{Cifuentes, 2021}).

A nivel nacional, de acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la mayor concentración de fallecidos se encontró en los estratos 1, 2 y 3 (Figura 1). Si bien esto puede explicarse porque la mayoría de la población está clasificada en estos estratos socioeconómicos, indica igualmente la influencia del nivel de ingresos, la ubicación de residencia y la capacidad de acceder a servicios de salud en factores como el contagio y la imposibilidad de sobrevivencia a la enfermedad.

Fuente: ^{DANE (2021}, ²⁰²²)

Figura 1 Distribución de las defunciones por COVID-19 total, según estrato socio económico (marzo 2020-julio 2021). 

La generación de ingresos y la localización de la población tienen igualmente relación con el nivel educativo. A partir de datos oficiales del DANE, se encontró que la mayor parte de la población fallecida por COVID-19 contaba únicamente con educación básica primaria, triplicando la mortalidad en la población con nivel educativo de secundaria. Al respecto, conviene destacar que la mayoría de los fallecidos son de género masculino, independientemente del nivel educativo (Figura 2).

Se puede sugerir que la relación entre mortalidad por COVID-19 con variables como el nivel educativo o la capacidad de generación de ingreso, apenas evidenciaría la realidad social de un país como Colombia. Sin embargo, es preciso señalar que la probabilidad de morir aumenta si el contagiado es pobre, una regularidad que se constata en países periféricos (^{Hernández, 2021}; ^{Arteaga & Fuentes, 2021}).

Entre los factores destacados por ^{Arteaga y Fuentes (2021)}, la mayor incidencia de la mortalidad por COVID-19 en países periféricos como Colombia se explica por la carencia de mecanismos de protección social, la debilidad de los sistemas de salud y la necesidad de trabajar de una población sin garantías laborales. Esto lo reitera el testimonio de un tendero en la localidad de Kennedy: "si no trabajo, mi familia y yo morimos de hambre, lo cual resulta incluso peor que morir de COVID-19. Nos daba miedo, claro, pero quién me va a pagar el arriendo o la comida del mes".

Fuente: ^{DANE (2021}, ²⁰²²)

Figura 2 Distribución de las defunciones por COVID-19 total según sexo y nivel educativo (marzo 2020-julio 2021). 

En este escenario trágico, las medidas de política pública entraban en contradicción, especialmente durante los primeros meses de la declaratoria de emergencia: si bien medidas como las cuarentenas sugeridas por la OMS se aplicaron como método para controlar el ritmo de los contagios y evitar la saturación de la oferta hospitalaria, en el caso de países periféricos como Colombia, esto implicó restringir el espacio sobre el cual se realiza el trabajo de la mayor parte de la población que sobrevive en las economías populares, con el agravante de que su trabajo igualmente resulta esencial para la supervivencia del resto de la población.

En entrevista con Hugo Rojas, hacedor de política distrital y encargado del tema de abastecimiento alimentario en la ciudad de Bogotá en articulación con el departamento de Cundinamarca, manifestó: "Nos encontrábamos con una disyuntiva muy difícil, por un lado sabíamos que una parte importante de la población de las localidades de Kennedy y Bosa dependen económicamente de CORABASTOS, pero los niveles de contagio crecían. Sin duda el cierre temporal de la central de abastos fue algo muy conflictivo, pero resultaba necesario para aplanar la curva de contagios".

Mujeres: las más afectadas por la crisis combinada

Las crisis económica y sanitaria no solo profundizaron las desigualdades de género y sobrecargaron la confrontación de la realidad adversa en las mujeres, sino que pusieron en evidencia el lugar central de las actividades de la reproducción social (^{Cavallero & Gago, 2022}). Por un lado, los cierres obligatorios afectaron núcleos de empleabilidad de las mujeres, en particular el sector servicios (^{Vicepresidencia de la República, 2020}). De acuerdo con la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2021), a nivel agregado, las medidas para atender la pandemia sobre el empleo afectaron en términos absolutos y relativos más a las mujeres que a los hombres. De acuerdo con la OIT, de aproximadamente 2,9 millones de puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, la mayor proporción fueron de personal femenino, lo cual se confirma en una variación negativa del empleo femenino superior en 120 % a la variación también negativa en el empleo masculino (Tabla 1).

Tabla 1 Afectación de la crisis de la ocupación por actividades económicas con sus variaciones en el número de puestos de trabajo para el trimestre julio-septiembre de 2019 y de 2020 

Fuente: ^{OIT (2021)}.

Ahora bien, no solo el desempleo discriminó con mayor rigor a las mujeres, también la pandemia recargó los efectos de la crisis combinada (sanitaria y económica) en el interior de los hogares. De acuerdo con la OIT, independientemente de la edad, los registros de inactividad económica fueron superiores en las mujeres durante el período de julio-septiembre de 2019 y 2020 (Figura 3).

Fuente: ^{OIT (2021)}.

Figura 3 Población desocupada en Colombia por sexo, trimestre julio-septiembre de 2019 y de 2020 (miles de personas). 

Sin embargo, al analizar las actividades principales desarrolladas durante el mismo período, el número de mujeres dedicadas a oficios del hogar dobló en proporción a los hombres, teniendo a su vez un crecimiento relativo mayor (Figura 4). En otras palabras, el trabajo del cuidado del hogar y el soporte de las familias se reafirmó como una actividad principalmente desarrollada por las mujeres, la cual es esencial para la reproducción de la vida, especialmente en una coyuntura atravesada por el riesgo permanente de muerte, pero en cualquier caso no reconocida en las cuentas nacionales y tampoco en medidas diferenciadas de asistencia ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Fuente: ^{OIT (2021)}.

Figura 4 Actividad principal de la población económicamente inactiva por sexo en Colombia, trimestre julio-septiembre de 2019 y de 2020 (miles de personas). 

En relación con los testimonios, esta realidad se pudo corroborar y complejizar, pues además del soporte del cuidado a las familias, las mujeres tuvieron que seguir buscando formas para garantizar el flujo de recursos en los hogares. Una campesina de Fusagasugá mencionó la necesidad de endeudarse por medio de agiotistas: "Yo sí me endeudé 'particular' se puede decir, no con el banco. Pero por particular sí, pagando interés a particular, era la única forma para poder hacerlo más rápido y sin tanto papeleo. Imagínese, para ir a Fusa y aquí no nos estaban dejando salir. El bus no venía acá, no estaban dejando tampoco a los buses, más encima las carreteras vueltas nada".

Este tipo de recursos que implicaban grandes costos se sustentaban en las grandes dificultades, tanto para productoras campesinas como para vendedoras ambulantes. El testimonio de una vendedora de moras en Fusagasugá resume las dificultades para la generación de ingresos en los momentos más críticos de la pandemia: "Antes venía mucha gente, de muchos lugares, venía gente de Bogotá, venía gente de Girardot, venía gente de Ibagué, porque la plaza de Fusa ha sido muy apetecida y venía mucha gente de muchas partes. En comparación a ese tiempo (antes de la pandemia), ahorita da tristeza, por decir algo el jueves, ayer, una soledad que se siente, que uno dice: Señor ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasa? le toca a uno decirle a la gente: por favor compre, por favor lleve". Precisamente, la pandemia revela una situación que la economía feminista y los feminismos ya había puesto en discusión, estos trabajos que son esenciales para la reproducción social de la vida carecen de reconocimiento y valoración (Carrasco & Díaz, 2018; ^{Cavallero & Gago, 2022}).

Sesgos de política en el estado de emergencia

Cuatro días después de la caracterización de la enfermedad COVID-19 como una pandemia por la OMS, el presidente de la República declaró el "Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional" (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), norma que permitía adoptar medidas necesarias para frenar la propagación de la COVID-19. Bajo este estado de excepción se expidieron otros decretos, como el 457 de 2020 que aplicó el aislamiento preventivo desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril de 2020⁶. Estas medidas, sin embargo, excluían el abastecimiento de alimentos, por su relación con el derecho a la salud y a la vida.

En esta primera fase de aislamiento, si bien es cierto que se restringió gran parte de la movilidad, una de las excepciones cobijó a los transportadores de carga (por vía terrestre y aérea) vinculados a la cadena de alimentos y elementos básicos. De igual forma, en materia de alimentación y abastecimiento, el Gobierno permitió la continuidad de las entregas a domicilios o a través de plataformas de comercio electrónico, la apertura de todo el comercio, restaurantes, grandes superficies, tiendas de barrio y almacenes de abarrotes y abastos, la continuidad de la producción, incluida la cadena de insumos en alimentación, elementos de aseo y medicamentos, y la garantía a los campesinos de tener una logística dispuesta para atender la demanda local y regional.

Una vez terminado este primer periodo del aislamiento, se continuó con una prórroga que duró 14 días adicionales (Decreto 531 de 2020) hasta el 26 de abril, manteniendo dentro de sus excepciones la adquisición de alimentos, así como la cadena de producción y siembra.

Para intentar paliar los efectos socioeconómicos de la cuarentena, el Gobierno nacional diseñó una política asistencial focalizada de transferencias monetarias (no condicionadas) denominada Ingreso Solidario, la cual inicialmente estableció un monto de $160 000 en población caracterizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)⁷. Sin embargo, después de haber mantenido el aislamiento con varias excepciones durante un período de tiempo prolongado, en el mes de agosto del 2020 el Gobierno nacional, mediante el Decreto 1168, determinó flexibilizar las medidas y definió el "aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable".

Un análisis del impacto de las medidas sobre el trabajo de las economías populares permite evidenciar los siguientes efectos:

De acuerdo con la Figura 5, la variación del índice de precios al consumidor (IPC) acumulada desde la entrada en vigor de las medias de aislamiento preventivo a finales de marzo de 2020 hasta diciembre del mismo año fue negativa (-0.06 %). Esta tendencia vendría a revertirse con el retorno paulatino de la actividad económica, las afectaciones a las cadenas de suministro a nivel global y más recientemente por conflictos y fenómenos de carácter geopolítico.

Fuente: ^{Banco de la República (2022)}. En efecto, las medidas de aislamiento preventivo decretadas a partir del estado de emergencia, impactaron la demanda reduciendo los precios.

Figura 5 Tasa de inflación mensual (enero 2020-marzo 2022). 

A un mes de haberse decretado el estado de emergencia, los indicadores macroeconómicos eran preocupantes. En abril de 2020 la tasa de desempleo llegó al 19.8 % a nivel nacional y al 23.5 % en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, afectando principalmente a las mujeres. Estos niveles de desempleo coincidían con una economía en profundo deterioro, pues en abril de 2020 el PIB cayó 20.6 % con respecto al mismo mes del año anterior (^{DANE, 2021}).

Soportado en el estado de excepción, el Gobierno nacional promovió la reactivación de la economía a través del consumo, y en mayo expidió el Decreto 682 de 2020, con el cual se buscó "crear una nueva norma con el fin de establecer una exención especial del impuesto sobre las ventas -IVA". Esta medida, sin embargo, no benefició a los productores campesinos o a la economía popular encargada de la distribución de alimentos en zonas urbanas.

Respecto a los programas orientados al campesinado se puede mencionar el Decreto 486 de 2020, que creaba un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo mayores de 70 años, no solo por su condición de vulnerabilidad y riesgo frente a la enfermedad, sino porque es una población que en su mayoría carece de ingresos económicos y no tiene pensión. Por otra parte, para mejorar las condiciones de los trabajadores del campo se expidió el Decreto 471 de 2020, que buscó regular el precio de los insumos agropecuarios⁸; el Decreto 803, que creó el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios del sector agropecuario, y el Decreto 796, que propuso la recuperación de la cartera de Finagro.

Ahora bien, este tipo de medidas siguieron el mismo enfoque de la reactivación del consumo (incluyendo los días sin IVA), focalizándose en las cadenas "tradicionales", es decir, aquellos eslabones que incluyen la economía formal, destacándose en particular grandes productores rurales, supermercados y grandes superficies. Por el contrario, las restricciones de las actividades al aire libre y de la movilidad de gran parte de la población impidieron la comercialización de los productos de la economía popular y campesina. De esta manera, las medidas para la reactivación mediante incentivos se concentraron en las actividades empresariales, mientras que las políticas para la población vulnerable se pueden catalogar como medidas de asistencia social de emergencia.

En los casos de Bogotá y de Cundinamarca, de acuerdo con Hugo Rojas, si bien las disposiciones de política del orden nacional influenciaron las medidas en los niveles territorial y local, para la ciudad-región se tuvieron acciones diferenciadas que impactaron positivamente en el abastecimiento alimentario, en particular el funcionario mencionó: 1) el surgimiento de la Agencia Comercial de Cundinamarca; y 2) el incentivo a los mercados campesinos a través de comercio electrónico.

"El nacimiento de la agencia coincide con la pandemia, y eso nos ayudó mucho, pues ese andamiaje institucional resultó fundamental en la coordinación de la política pública entre la capital del país y el departamento de Cundinamarca. Teníamos intercambio de funcionarios entre la alcaldía y la gobernación, y eso fue muy importante para coordinar acciones (... ) Por otro lado, gracias al impulso que dimos al comercio electrónico de los mercados campesinos, se impulsó la venta de frutas y verduras producidas en Cundinamarca y el área rural de Bogotá".

Una coyuntura que profundiza problemas estructurales

De acuerdo con el reporte del ^{Banco Mundial (2021)}, Colombia era en el 2019 el segundo país más desigual de América Latina (solo por debajo de Brasil), situación que se agravó por efectos de la pandemia, pues aproximadamente 3,6 millones de personas se sumaron a la pobreza. De acuerdo con la entidad multilateral, los efectos de la pandemia se pueden constatar en la situación alimentaria, pues en el 2020 aproximadamente 2,8 millones de personas no pudieron satisfacer las necesidades de alimentación básica, aproximadamente el 32 % de los hogares enfrentaron ajustes en la dieta (saltarse comidas), y otro tanto tuvo que dedicar parte de los ahorros para satisfacer necesidades de alimento (^{Banco Mundial, 2021}).

Las cifras económicas del periodo previo a la pandemia muestran que la desigualdad, la informalidad, el desempleo y la inseguridad alimentaria ya presentaban un claro incremento. En tal sentido, atribuir al choque externo producido por la enfermedad COVID-19 los efectos negativos en materia económica y social no sería apropiado. En contraste, es necesario explicar los motivos del mayor deterioro en el análisis sobre la estructura económica y productiva que configura la particular forma de acumulación de capital en el país, la cual, en combinación con las políticas públicas implementadas, sustenta el marco de crisis múltiple con ocasión de la pandemia.

En el caso del desempleo, es evidente el incremento en la tasa de desempleo (TD) desde el año 2015, que pasó de 8.9 % a 10.5 % en el 2019. En el año 2020, el desempleo alcanzó una tasa de 15.9 %, sin embargo, en ese año ocurrió simultáneamente una disminución en la tasa global de participación (TGP), lo que redujo la presión sobre el desempleo al disminuirse parte de la oferta de trabajo. Esta circunstancia particular también podría explicar en parte el proceso lento de recuperación de la tasa de ocupación (TO) en el año 2021 (Figura 6).

Fuente: ^{DANE (2022)}.

Figura 6 Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional. 2012-2021. 

La pobreza monetaria fue otra de las variables que se incrementó durante la pandemia convergiendo a valores superiores a 40 % de la población sin discriminar localización geográfica (Figura 7). Sin embargo, al igual que el desempleo y otras variables macro-económicas, ya se notaban señales de deterioro con anterioridad a la crisis sanitaria (^{DANE, 2022}). No obstante, la pobreza multidimensional no presentó variaciones significativas durante la pandemia⁹, sin duda por la influencia de las medidas gubernamentales que garantizaron el acceso a algunos servicios públicos básicos.

Fuente: ^{DANE (2022)}.

Figura 7 Pobreza monetaria. Total nacional, cabeceras y centros poblados (CP) y rural disperso (RD). 2012-2020. 

Ahora, el impacto de la pobreza se puede confirmar en otros asuntos como la alimentación. Con el deterioro de la actividad económica y por efecto de las medidas de aislamiento que impidieron el desarrollo de diferentes ocupaciones en las economías populares, una parte importante de la población dejó de consumir tres comidas al día (Figura 8).

Fuente: ^{DANE (2022)}.

Figura 8 Seguridad alimentaria: variación de porcentajes de hogares que consumen 3 comidas al día. Total 23 ciudades. Julio 2020-julio 2021. 

La escena dramática de esta realidad ocurrió durante las primeras semanas del confinamiento, con la alerta de hambre y necesidad que las familias reportaron mediante la disposición de trapos rojos en las ventanas de las casas. Este llamado de urgencia ocurrió en barrios populares de todas las ciudades del país y representó un claro mensaje de auxilio y un símbolo de la desigualdad social que radicalizó la pandemia.

La entrevista: la trágica constatación de una realidad que supera los datos

Sobre las condiciones socioeconómicas de las y los trabajadores entrevistados vinculados a la cadena de abastecimientos y los efectos que sobre ellos tuvo la pandemia¹⁰, en términos generales se pueden sintetizar tres hallazgos:

De mal en peor: "la pandemia solo agravó las dificultades"

La vulnerabilidad económica y la exclusión social anteceden como marco de realidad a la pandemia por COVID-19. La entrevista a don Fabio, vendedor de la localidad de Kennedy, sustenta esta afirmación: "Ya todo venía mal, estaba difícil. Había tenido otro negocio con un socio y todo salió mal. Vine aquí para intentar resurgir, pero la pandemia solo agravó las dificultades, pero cada día toca igual trabajar".

Se debe mencionar que esta población históricamente ha ejercido sus actividades en condiciones precarias, con carencia de reconocimiento y de valoración de sus trabajos y en evidente desprotección social. El abandono por parte del Estado, la falta de acceso a derechos básicos y las condiciones deficientes para la producción y comercialización de alimentos constituyen factores estructurales, situación que la pandemia agravó.

En coherencia con lo anterior, es una manifestación común en los trabajadores entrevistados afirmar que las medidas decretadas por el Gobierno no los beneficiaron. Según sus testimonios, los apoyos fueron mínimos, no respondieron a las necesidades y condiciones descritas por ellos, y además no se correspondieron con la importancia de su actividad (la garantía de la alimentación de todos los ciudadanos).

El doble filo de las medidas de emergencia: entre la limitación de los contagios y la afectación al trabajo

Las medidas de aislamiento preventivo y los cierres totales resultaron en choques muy fuertes para los eslabones populares del abastecimiento de alimentos. En el caso de los vendedores ambulantes y estacionarios estas medidas limitaron las posibilidades reales de subsistencia, pues el sustento familiar depende de los ingresos diarios. Para las economías campesinas, la pandemia y sus efectos implicaron la pérdida de sus cosechas, por lo menos durante las primeras semanas de confinamiento.

Los pequeños productores vivieron momentos de angustia e incertidumbre durante los primeros días de confinamiento. Así lo vivió una de las productoras de mora de Fusagasugá que fue entrevistada: "¿cómo así? ¿Qué es confinamiento? ¿Qué es eso? Que no se podía viajar. Bueno, y entonces, ¿la mora? ¿Qué vamos a hacer con la mora? Dios mío, ¿qué hacemos?".

Con el paso de los días, la incertidumbre se transformó en reales dificultades, en particular por la afectación a sus trabajos y sus fuentes de ingresos. Un productor de hortalizas de Choachí manifestó: "Había harta cosecha y no se pudo vender porque hubo cierres totales del pueblo, de la plaza. Entonces la gente estaba como en esa ansiedad y que no sabían qué iba a pasar. Y los cultivos no dan espera, la producción nueva no da espera, y esos cultivos que hubieron [sic] en las primeras semanas, en los primeros meses, se perdieron". Para otra de las productoras de mora de Fusagasugá, la situación fue dramática, ella no pudo comercializar la mora prácticamente durante varios meses, ya que los camiones encargados de recoger la mora para llevarla a Corabastos no subieron hasta la vereda: "(...) vino tiempo de pérdida porque no la recibían. No dejaban que la transportaran, no podíamos llevarla. Acá no había quien la recogiera ¿Pues qué pasó? se dañaba (...) Vino un descenso económico (...) nosotros vivimos del diario a diario de vender la morita, de ahí cogemos para hacer el mercado, y si usted no vendía la mora pues de dónde cogían ustedes para poder solventar y para el sustento de la casa". Esta situación de inmediato se vio reflejada en una disminución considerable de los ingresos. Sin embargo, algunos casos mostraban un balance menos problemático. Para un productor de café entrevistado, la situación fue distinta, él pudo vender su carga de café al comprador de siempre, con tal suerte que desde el año 2020 el precio del grano se fue incrementando por la sequía de Brasil y por las mismas afectaciones que provocó la pandemia en la comercialización del café.

Para los vendedores al menudeo la situación no fue menos grave, aunque se tiene un amplio espectro de afectación dependiendo de factores como la disposición de un local de trabajo, la empleabilidad y generación de ingresos de las mujeres y los hijos, entre otros.

Los cierres obligatorios significaron una pérdida de recursos diarios, pero también de los ahorros. Así lo manifiesta Fernando, uno de los vendedores entrevistados: "Eso fue para el 19 de marzo que ya no podíamos trabajar en la Plaza. Dijeron que tocaba encerrarnos en la casa. Lo que yo ya trabajaba en diciembre, me tocó coger de ahí, sostenernos casi los 40 días... Un ahorro, una base para poder pagar el arriendo, los servicios, la alimentación. Para estar cuidándonos".

En varios casos, el balance de la pandemia se hace en relación con la salud, y no propiamente con la dinámica del trabajo. Así lo manifestó Fabio, otro vendedor al menudeo de alimentos: "Lo bueno es que a nosotros no nos pasó nada, sentimos algunos dolores de cabeza y malestar, pero no más. Nos afectó muchísimo el cierre de abastos, pero las compras las hacíamos a los camiones afuera, entonces yo por lo menos nunca paré, y gracias a Dios estamos vivos".

El rebusque, la comunidad y la innovación para confrontar la crisis

En una realidad estructural y coyuntural adversa, con carencias de apoyo por parte del Gobierno, estos trabajadores no solo lograron enfrentar las crisis, sino que, en algunos casos, de forma colectiva y comunitaria, recompusieron las cadenas de abastecimientos en sus territorios para garantizar la reproducción de sus comunidades.

Uno de los principales hallazgos que se registraron en el trabajo de campo tuvo que ver con las experiencias comunitarias de "trueque o cambalache", es decir, aquellas iniciativas relacionadas con el intercambio de productos agrícolas por otros entre campesinos que, en plena pandemia, además, resultó convirtiéndose en una alternativa crucial para enfrentar la crisis.

Uno de los productores de Choachí habló de "truequear", esa acción a la que suelen recurrir las comunidades en tiempos de crisis: "truqueamos con algunas personas que tienen cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un señor que produce queso y utiliza para las cremas las hortalizas. Entonces con él truequeamos hortalizas por queso. Él nos trae los quesitos semanalmente y se lleva a pago de eso unas hortalizas para el consumo de su familia. Hay otra persona también que tiene leche, por ejemplo que no tenemos en el momento, y también truequeamos por leche". Esto ocurrió igualmente en Fusagasugá, allí Leonardo recordaba que esta es una práctica implementada desde hace mucho tiempo: "tengo muchas amistades en la parte alta del corregimiento, que es frío, entonces algo intercambio con ellos. De aquí les llevó frutas, de allá me traen frutas (... ) Puro trueque. Lo he puesto en práctica ¿por qué? Porque eso es algo que viene desde mis antepasados y eso genera mucho allegamiento en toda la sociedad campesina".

En Fusagasugá sobresale la iniciativa impulsada por los ediles de las veredas del sur, que surgió con el propósito de enfrentar el hambre de la población más vulnerable (tanto de las zonas urbanas como rurales) durante los primeros meses de la pandemia, la cual denominaron "Donatón por la Vida" y contó con el apoyo de la administración municipal. Al respecto, uno de los entrevistados manifestó: "hacer eso era la posibilidad de que nos fuera bien o mal, pero con la grata sorpresa de que se recogieron cuatro toneladas de comida de los campesinos. Los campesinos les dijeron que era algo solidario, la gente salió voluntariamente a llevar todo lo que cultivan en sus fincas. Las veredas, las carreteras eran inundadas de comida y esos camiones se llenaron en menos de nada". De esta manera, sin la mediación del dinero, se logró reactivar entre la ciudad y el campo la cadena de abastecimiento de alimentos a través de esta práctica solidaria.

Otra innovación para la subsistencia, tanto de productores campesinos como de vendedores al menudeo, fue el comercio a través de redes sociales como WhatsApp. Don Luis, un productor de Choachí lo describe: "Fueron nuevas experiencias porque hubo que utilizar la tecnología, claro, como es el WhatsApp. (... ) yo le mando una lista con un consolidado de lo que hay de la producción en la huerta, y así mismo ustedes pueden escoger y reenviarme nuevamente un mensaje con las cosas que necesitan, con las cositas, las cantidades que necesitan".

En el caso de vendedores y productores más organizados o con tradición en plazas de mercado, que conocen o han tenido un contacto con la institucionalidad, se aprovecharon algunas directrices de la Alcaldía de Bogotá sobre mercados campesinos a través de plataformas electrónicas. Al respecto, don Pablo, de la organización AGROPOLIS, afirmó: "Nos cogió la pandemia en ese ejercicio y fue un buen momento también porque nosotros tampoco hemos parado, no hemos tenido cuarentenas, como saben que en los municipios los alimentos estaban represados, logramos que en la plaza de San Carlos hicimos mercacampo, la canasta campesina que se distribuyó por internet, se subieron las ventas, teniendo de 200 a 300 mercados, y también se entregaron auxilios humanitarios que instituciones las habían hecho y las llevamos a barrios populares. Siempre tocó hasta las 11 o 12 de la noche entregando porque no tenemos una logística para mantenernos, ahora las ventas son mínimas. Íbamos a las veredas a comprar y distribuir, otros se arriesgaban a traer a la plaza y ahí se hacía la separación y consolidación de las canastas. Ahora este año, logramos hacer mercados en los barrios, ahora estamos suspendidos, debido a las cuarentenas en los barrios, se va a intentar hacer los miércoles".