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Introducción
Marinilla, Santuario y El Peñol hacen parte de los municipios del oriente de Antioquia geográficamente cercanos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estas poblaciones han registrado, en años recientes, sensibles cambios en el orden demográfico, económico, social y cultural, que vinculan a sus habitantes con realidades urbanas no siempre proclives al bienestar y mejoras de su calidad de vida. En el contexto de las transformaciones en la vocación económica y productiva de la región, el comercio y las actividades de recreo y turismo han ganado terreno frente a sus tradicionales actividades agrícolas, lecheras y ganaderas, las cuales no logran paliar la problemática socioeconómica de su población, relacionada con el persistente desempleo, la inseguridad, la violencia y la pobreza estructural [1-2].
La producción agrícola en manos de pequeños productores del campo marca aún la vida diaria de estas poblaciones, conservando su papel de despensa alimentaria de su municipalidad y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esas actividades agrícolas aglutinan el esfuerzo productivo de gran número de familias campesinas que, bajo la racionalidad de la economía solidaria, se esfuerzan por mantener sistemas de cultivo ancestrales. En efecto, en los tres municipios tienen presencia, hace más de una década, asociaciones de productores en siembras de fríjol, maíz, tomate, hortalizas y plantas aromáticas, las cuales son asumidas como prácticas de resistencia y solidarias, como alternativa a la lógica capitalista de mercantilización de la vida social, frente a los embates de las nuevas realidades urbanas y las limitaciones de la racionalidad de los mercados [3].
Las asociaciones de productores se inscriben dentro de la lógica de la economía solidaria, regida en Colombia por la Ley 454 de 1998, que la define como “Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía” [4]. En este sentido, en la economía solidaria se incluyen las cooperativas, las mutuales, las asociaciones de personas y grupos poblacionales con propósitos comunes, colectivos de productores y comunitarios, organizaciones sociales y de carácter solidario, entre otras, que han desarrollado modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad [5], como en el caso de la economía campesina que practican los colectivos de agricultores del estudio.
La lógica de la economía solidaria contempla la autogestión, desarrollada por los integrantes de una familia o por allegados con lazos de vecindad y amistad, y en colectivos u organizaciones que producen bienes alimentarios en una parcela de explotación agrícola o pecuaria, de propiedad familiar, colectiva o recibida en comodato del Gobierno municipal, destinada a producir bienes para la satisfacción de las necesidades de consumo y la reproducción de la vida, de la familia o el colectivo de asociados. Además, destinan varias parcelas con similares características para desarrollar la producción y la comercialización de productos agropecuarios, de acuerdo con las directrices de las organizaciones solidarias a las que están vinculados.
Las asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios hacen parte de una comunidad local, en la cual los campesinos viven y comparten costumbres, comportamientos en el uso de la tierra y los recursos naturales, se solidarizan entre sí ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad, ayudándose mutuamente ante las necesidades de subsistencia. Estas organizaciones no contemplan la búsqueda de ganancia, ya que operan bajo relaciones económicas de comensalidad, de reciprocidad, de ayuda mutua y de cooperación [6].
Según Omar Felipe Giraldo, las actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, el manejo apropiado de los recursos naturales y la construcción del ser campesino que siembra, cultiva y produce alimentos ha determinado formas de saber y hacer, lo cual significa que la agricultura no es “un tema que deba reducirse a la productividad, sino un asunto profundamente ontológico, que ha conformado por milenios las formas del ser, el habitar y el permanecer de la humanidad entera” [7]. Como señala Giraldo, “El conocer afectivo de la Agri-Cultura ha permitido el permanecer durante centenares de siglos, en la medida en la que se ha hecho un acoplamiento compatible entre las transformaciones culturales hechas al ecosistema y los ciclos ecológicos que rigen la vida” [7].
En esta línea, la agroecología ha propendido por el uso adecuado de los recursos naturales y la producción agrícola orgánica sustentada en prácticas ancestrales, unidos a un comportamiento cultural que se opone a la utilización de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química o semillas transgénicas (organismos modificados genéticamente) en la agricultura. Este sistema agroecológico propone prácticas fitosanitarias y de producción, a partir de procesos y controles naturales o biológicos, para obtener producciones limpias y responsables en la producción y el consumo alimentario en correspondencia con la buena salud humana. Tales relaciones del ser humano-campesino con su entorno se corresponden con un conjunto de prácticas ligadas con el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, la vida y la salud del ser humano, y como resultado, el metabolismo saludable del ecosistema [8].
Sin embargo, Mario Schujman advierte que el sistema mundo ya no se centra en el capitalismo de producción (incluida la agricultura) para facilitar la reproducción ampliada del capital, sino en la renta del capital en sentido financiero; en consecuencia, “Se han modificado las relaciones entre los factores de la producción, transformando las relaciones sociales, incrementando considerablemente la renta del capital mediante un ‘apalancamiento’ desbordado de la actividad financiera, que hizo posible simultáneamente su ‘virtualización’ y mercantilización que invade y trastoca, en este siglo xxi, toda la vida social del hombre” [9]. En consecuencia, plantea el autor, es una sociedad que no se hace cargo de sus necesidades más elementales y carece de derechos económicos, sociales y culturales; se habita en un sistema mundo que “segrega sistemáticamente y se ensaña con los más débiles: quienes nacen en determinadas regiones del mundo, habitan en las zonas rurales, mujeres, niños, mayores de edad, y a los trabajadores” [9]. Esto se evidencia, entre otros aspectos, en los acuerdos comerciales asimétricos entre países dominantes y otros que son dominados, en que los primeros otorgan subvenciones agrícolas a los propietarios ricos en sus países y promueven liberalización en los segundos, lo que se traduce en menores precios de los bienes agrícolas importados frente a la producción local. De este modo, se agrava el desempleo y el acceso a los bienes alimentarios en la región, dado que el 70 % de los habitantes del mundo en vías de desarrollo dependen directamente o indirectamente de la agricultura. Como lo expresa Joseph Stiglitz refiriéndose a los grupos económicos y a Estados Unidos: el bienestar de las grandes empresas aumenta al mismo tiempo que se limita el bienestar de los pobres; los más ricos “suelen anteponer los intereses comerciales a otros valores como el derecho a una vida saludable y a la protección del medio ambiente” [10].
En ese contexto es en el que sobreviven y resisten los productores agrícolas pobres de Colombia. En medio de este panorama, las organizaciones campesinas y de economía solidaria que crean se encuentran inmersas en una lucha constante y desigual, y, sin embargo, propugnan por hacerse reconocer. Para Schujman, “Esa praxis tan valiosa, se desenvuelve sumergida en un socio metabolismo que la corrompe en todas sus polisémicas formas. La bastardea, la deforma y en oportunidades la condiciona, pero ello no impide que sea un ámbito en el que se sostienen prácticas ancestrales de reciprocidad, solidaridad, cooperación y ayuda mutua” [9].
En Colombia, las organizaciones de economía solidaria de pequeños productores agricolas padecen crecientes procesos de precarización económica y laboral, pese a lo cual procuran buscar no solo la autosuficiencia y producir para vivir, sino también producir para una mejor inserción en la dinámica de los mercados, como sugieren deben hacerlo estas organizaciones según algunos teóricos de economías alternativas y con experiencias significativas del sur del continente [11,12]. Sus prácticas quizás no revelen una vocación de transformación de las estructuras económicas, como quisieran otros analistas más radicales de la economía solidaria [13,14], pero sí la asunción de valores como la solidaridad, la ayuda mutua, la producción limpia y el respeto por la naturaleza.
Así, la economía solidaria se dimensiona como proyecto que permite trascender la realidad de exclusiones y estimula movilizaciones hacia el futuro, en una construcción colectiva para vivir de manera más humana. Como señala Luis Razeto: “descubrimos que la economía en el fondo es la reproducción de la vida” [15]. Es producto de un proceso que requiere apertura de conciencia de hombres y mujeres para emprender la acción de vivir cooperativa y solidariamente, como un acto superior de vida [16].
La lógica comunitaria de estas organizaciones no supone informalidad institucional. Todas ellas cuentan con registro mercantil y están sujetas a la amplia normatividad que en años recientes se ha diseñado bajo el paraguas de su fomento y gobernabilidad [17]. En los marcos de dichas regulaciones, muchas de las cuales están aún por implementar, algunas de estas organizaciones del oriente de Antioquia han contado con el apoyo de alcaldías, instancias departamentales y agencias de cooperación internacional. Pese a ello, estas organizaciones manifiestan necesidades de acceso al crédito, desarrollo de canales de comercialización y sustentación de los precios de los bienes agrícolas [2,18].
La abundancia de normatividad de toda índole, orientada en lo fundamental hacia la regulación y el fomento del sector solidario, contrasta con la ausencia de un marco institucional específico que garantice trabajo digno y cobertura de la protección social de los trabajadores asociados a estas organizaciones solidarias. Son estos asuntos de fondo que tocan con el hecho de que los principios que gobiernan la economía solidaria suponen la producción no solo de valores de cambio, sino también valores de uso no siempre mercantiles [19], con relaciones de trabajo idiosincráticos que no se ajustan a las tipologías de los códigos laborales ni a los diseños institucionales de la seguridad social. Las disposiciones más recientes, orientadas a facilitar un acceso más expedito a los mecanismos de protección social de los trabajadores del campo, tales como: “Red Unidos”, “Colombia Mayor”, “De Cero a Siempre”, “Programa de subsidio al aporte en pensión”, “Mecanismo de Protección al Cesante”, “Más familias en acción”, entre otros, no logran aún superar los obstáculos estructurales observados en el mundo de la ruralidad.
Como se ve, esta problemática va más allá del sector solidario y abarca la situación general de los trabajadores agrícolas. Estudios recientes del orden nacional sobre las condiciones de trabajo y protección social de los productores del campo colombiano dan cuenta de un persistente deterioro en la calidad del empleo y la protección social. La mayor parte del empleo agrícola lo realizan trabajadores independientes, con afiliación mayoritaria a salud por vía del régimen subsidiado, lo cual se corresponde con los altos niveles de pobreza en el campo. De hecho, los ingresos de los agricultores a nivel nacional son los más bajos del sector rural. Para 2012, el 70 % de estos trabajadores obtuvieron ingresos por debajo del salario mínimo mensual legal vigente (smmlv). Los trabajadores asalariados del campo, que por este carácter tienen el perfil más favorable para la afiliación a salud, pensiones y riesgos laborales, representaban en ese momento no más del 22 % del empleo agrícola [20].
Pese a que la economía campesina vinculada con las prácticas de economía solidaria logra, en estos tres municipios, una creciente visibilidad, lo cierto es que se conoce muy poco de la dinámica interna de sus organizaciones y su impacto en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores. Esta problemática, a nuestro juicio, cobra una mayor relevancia a partir de los diagnósticos y las recomendaciones que ha venido divulgando la Misión para la Transformación del Campo [21], en donde se resalta el papel que habrá de cumplir la economía solidaria en la solución de los grandes problemas del campo colombiano en los diversos y complejos escenarios del posconflicto.
En atención a lo anterior, el grupo de investigación “Salud y Ambiente” y el grupo “Salud y Sociedad”, desde la “Línea Economía y Salud” de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con la participación de varias asociaciones de productores agropecuarios, llevaron a cabo, entre los años 2014 y 2015, un estudio con enfoque cuantitativo, orientado a establecer un orden de magnitudes sobre las características sociolaborales y de seguridad social de pequeños y medianos productores agrícolas de economía solidaria en los municipios de Marinilla, Santuario y El Peñol.
Metodología
Se realizó un estudio descriptivo transversal, de tipo cuantitativo, en diez asociaciones campesinas legalmente constituidas, de los tres municipios señalados, ubicados al oriente del departamento de Antioquia (Colombia), cuyos asociados ejercían un tipo de producción orgánica o agroecológica, o con buenas prácticas de producción. En la producción orgánica o agroecológica no se usa ningún tipo de producto agroquímico para el control de plagas, mientras que en la producción con buenas prácticas agrícolas se pueden usar cantidades mínimas controladas de plaguicidas desde el cultivo hasta la cosecha, el empaque y el transporte del alimento.
La población total fue 194 campesinos asociados, de los cuales la muestra correspondió a 111 (57 %) y estuvo constituida por el representante legal de cada asociación y agricultores asociados que acudieron voluntariamente a la convocatoria. Según el municipio, la muestra se distribuyó en 49 campesinos (44 %) de El Santuario, 37 (34 %) de El Peñol y 25 (22 %) de Marinilla.
Se aplicaron técnicas de recolección de información primaria a los agricultores asociados, en los tres municipios, así: 1) encuesta estructurada al representante legal y asociados de cada una de las organizaciones; y 2) talleres de socialización de experiencias y de intercambio de saberes de “productor agropecuario a productor agropecuario” y con el equipo de investigadores.
Los talleres se realizaron como dispositivos de enseñanza-aprendizaje, al asumir que las “fuentes de información primaria” no son objetos para la investigación, sino personas que otorgan información valiosa para analizar los problemas investigativos y, a la vez, disponer de espacios construidos por los participantes del estudio, productores agrícolas e investigadores, con potencia para los reconocimientos mutuos de que todos tenemos algo que enseñar y aprender, teniendo en cuenta las necesidades de los agricultores del estudio, que requerían del conocimiento experto de los técnicos y de los profesores investigadores.
Las variables del estudio utilizadas para la caracterización de los agricultores cubrieron los ámbitos sociodemográficos, laboral y de la seguridad social. Para el primero, las variables consideradas fueron sexo, edad y educación; para el segundo, tipo de práctica agrícola, jornada laboral e ingresos; para lo relacionado con la seguridad social, se indagó la afiliación a riesgos profesionales, salud y pensiones.
Para la estimación y el análisis del ingreso por hora se tuvo como referente la jornada semanal de 48 horas legales y un promedio de 4,285 semanas por mes, lo cual equivale a 206 horas laboradas mensualmente. Para efectos comparativos con información secundaria sobre salarios de años previos, dichos valores se ajustaron a precios de 2015, con base en la inflación de 6,77 % para este año, y 3,66 % para 2014.
Se utilizaron frecuencias y porcentajes para el análisis de las variables cualitativas. También medidas de tendencia central y dispersión para el abordaje de las variables cuantitativas, algunas de las cuales fueron transformadas en variables nominales a partir de la media o la mediana. El manejo y el análisis de las estadísticas, así como la elaboración de tablas y gráficos, se realizó con el apoyo del programa spss® (ibm®, versión 23, New York) y el programa Excel® 2010 (Microsoft®, versión 365, Washington).
El proyecto obtuvo la aprobación del Comité de Ética, según Acta 93 de enero de 2014, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y se ajustó a los lineamientos éticos de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (22), por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para investigación en salud.
En el desarrollo de la investigación no hubo afectación, en el sentido de que no hubo alguna interacción con la comunidad con intención de riesgo biológico, fisiológico y psicológico de los participantes en el estudio. Las informaciones requeridas no se relacionaron con la intimidad de las personas y de sus grupos familiares, y se obtuvo sin vulnerar el derecho a la intimidad y con garantías de confidencialidad de los datos personales de los participantes.
Previo a la recolección de la información se obtuvo el consentimiento informado por escrito de cada participante, acorde con los lineamientos éticos.
Resultados
Características socioeconómicas y prácticas de cultivo
Los encuestados son una población de bajos recursos, clasificados en un 90,8 % en los tres niveles más bajos del Sisbén, 2 en su gran mayoría residentes en viviendas de estrato bajo (el 76,6 % de estos agricultores declaró que su vivienda es propia) y con muy baja escolaridad: solo el 13,5 % afirmó haber alcanzado niveles técnico, tecnológico o universitario en su formación académica (véase Figura 1].
En sus prácticas de cultivo, la opción agroecológica (36,9 %) registró una presencia importante en relación con la técnica tradicional (18,9 %). El 44,2 % restante declaró estar usando una mezcla de estas dos prácticas.
Algo más de la mitad de los agricultores (57 %) afirmó haber usado agroquímicos sintéticos en el manejo de sus cultivos. El resto (43 %) manifestó haber utilizado prácticas agroecológicas u orgánicas, echando mano de productos naturales y prácticas ancestrales, como el poner dispositivos o trampas que atrapen las plagas y la rotación de cultivos.
Empleo e ingresos según tipologías en las prácticas de cultivo
En relación con la organización a la cual manifiestan estar vinculados, el 91 % de los agricultores declaró su carácter de asociados, es decir, de no asalariados, lo que, según clasificación estándar de posiciones ocupacionales, definidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [23] y adoptadas en el sistema de protección social colombiano, podría asimilarse a trabajadores independientes. La condición de asalariado solo es relevante en las prácticas de cultivo tradicionales (véase Figura 2].
Figura 2 Vínculo laboral según prácticas de cultivo de los agricultores de economía solidaria (n = 111).
En su empleo principal dentro de la asociación, los agricultores reportaron una jornada de trabajo promedio de 23 horas a la semana, con solo el 15,3 % por encima de las 48 horas. El ingreso promedio reportado fue de $ 295 386 mensuales, sensiblemente por debajo del salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) en el momento de la encuesta. De hecho, no más del 11,2 % reportó ingresos por encima del smmlv. En este aspecto se encontró una mayor desventaja en el grupo de agricultores que manifestaron estar ejerciendo prácticas agroecológicas en sus cultivos, lo cual contrasta con los mayores ingresos generados en la agricultura tradicional (véase Tabla 1].
Tabla 1 Jornada laboral e ingresos en el empleo principal de los agricultores de economía solidaria.
| Tradicional | Agroecológica | Mezcla | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (n = 21) | (n = 41) | (n = 49) | (n = 111) | ||
| Jornada laboral (%) | Hasta 24 horas/s | 71,4 | 63,4 | 65,3 | 65,8 |
| Entre 24 y 48 horas/s | 14,3 | 22 | 18,4 | 18,9 | |
| Más de 48 horas/s | 14,3 | 14,6 | 16,3 | 15,3 | |
| Ingreso mensual | Menos de 1/2 sml (%) | 42,1 | 68,6 | 68,6 | 62,9 |
| Entre 1/2 y un sml (%) | 42,1 | 20 | 22,9 | 25,8 | |
| Un sml o más (%) | 15,8 | 11,4 | 8,6 | 11,2 | |
| Promedio de ingresos ($) | 403 650 | 200 000 | 332 000 | 295 386 | |
| Ingresos por hora ($) | 20 450 | 8168 | 14 472 | 12 899 | |
sml: salario mínimo legal
horas/s: horas / semanales
Cerca del 65 % de los agricultores manifestó dedicarse exclusivamente al trabajo relacionado con la asociación. El 35 % restante realizaba un trabajo adicional. En este grupo, el 91 % fungía como trabajador no asalariado (véase Figura 3].
Figura 3 Proporción del pluriempleo según posición ocupacional de los agricultores de economía solidaria (n = 111).
El desempeño en un segundo empleo tuvo sus mayores registros en el grupo de mujeres (47,8 %), los mayores de 48 años (41,8 %), los de educación secundaria (63,6 %), los de estrato medio (62,5 %) y los de prácticas agroecológicas (43,9 %). Es de resaltar que, en el grupo de prácticas tradicionales de cultivo, ninguno reportó un segundo empleo por fuera de la asociación.
Con su segundo empleo, los agricultores doblan su jornada laboral, alcanzando en total las 47 horas a la semana. Según se observa en la Tabla 2, este comportamiento de la jornada laboral es similar para todos los perfiles sociodemográficos, exceptuando al grupo de mujeres y los de práctica agroecológica, los cuales pasan, en su orden, de 15 y 25 horas semanales en la asociación, a 22 y 31 horas semanales en su segundo empleo. Resaltan por sus extensas jornadas el grupo de profesionales (60 horas) y el grupo con prácticas agroecológicas (56 horas).
Tabla 2 Jornada laboral e ingresos en primero y segundo empleo de los agricultores de economía solidaria.
| Vínculo economía solidaria (n = 72) | Otro vínculo laboral (n = 39) | Total (n = 111) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada (h / s) | Ingreso ($ / mes) | Jornada (h / s) | Ingreso ($ / mes) | Jornada (h / s) | Ingreso ($ / mes) | ||
| Sexo | Hombre | 29 | 440 287 | 26 | 508 333 | 55 | 948 620 |
| Mujer | 15 | 109 615 | 22 | 105 211 | 37 | 214 826 | |
| Edad | ≤ 48 años | 22 | 301 834 | 21 | 239 615 | 43 | 541 449 |
| > 48 años | 24 | 288 488 | 27 | 276 889 | 51 | 565 377 | |
| Educación | Primaria | 24 | 367 382 | 24 | 99 353 | 48 | 466 735 |
| Secundaria | 18 | 158 750 | 22 | 271 000 | 40 | 429 750 | |
| Superior | 30 | 323 846 | 30 | 925 000 | 60 | 1 248 846 | |
| Estrato | Bajo | 23 | 294 597 | 24 | 241 960 | 47 | 536 557 |
| Medio | 22 | 300 000 | 24 | 341 667 | 46 | 641 667 | |
| Tipo agricultura | Tradicional | 20 | 403 650 | NA | NA | 20 | 403 650 |
| Agroecológica | 25 | 200 000 | 31 | 291 563 | 56 | 491 563 | |
| Mezcla | 23 | 332 000 | 17 | 228 933 | 40 | 560 933 | |
| Promedio total | 23 | 295 386 | 24 | 261 258 | 47 | 556 644 | |
h / s = Horas por semana; NA = No aplica.
Con el pluriempleo, el ingreso total de los agricultores sumó $556 644 mensuales, que para entonces representaba el 86,4 % del smmlv. Sin atender a la intensidad en la jornada laboral, los mayores ingresos son devengados por los varones, los de educación superior y los de estrato medio. Son muy evidentes los bajos ingresos en el grupo de mujeres, los cuales representan cerca del 22,6 % de los ingresos reportados por los varones. Al ajustar mediante la extensión de la jornada de trabajo, estos últimos alcanzan un ingreso por hora de $4476, tres veces el ingreso por hora en el grupo de mujeres ($1452).
Cobertura en salud, pensiones y riesgos laborales
Conforme con lo registrado en la Tabla 3, los agricultores alcanzan una alta cobertura del sistema de aseguramiento en salud, por cuenta del régimen subsidiado, pero muy precaria protección en pensiones y riegos laborales. Como era de esperar, esas mayores coberturas en salud se registran en el grupo de mujeres, los mayores de 48 años, los de educación superior y los de estratos medios. Contrastan las bajas coberturas en pensiones y riesgos laborales entre las mujeres comparadas con los varones; los de educación primaria y media comparadas con los de educación superior; los de estrato bajo comparadas con los de estrato medio. En términos relativos, logran algo más de protección en riesgos laborales los agricultores con prácticas tradicionales, que contrastan con sus más bajas coberturas del sistema de pensiones.
Tabla 3 Cobertura de la seguridad social de los agricultores de economía solidaria.
| Riesgos laborales (n = 111) | Sistema de pensiones (n = 111) | Aseguramiento en salud (n = 111) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sí (%) | No (%) | Sí (%) | No (%) | Sí (%) | No (%) | ||
| Sexo | Hombre | 10,8 | 89,2 | 13,8 | 86,2 | 90,8 | 9,2 |
| Mujer | 6,5 | 93,5 | 8,7 | 91,3 | 97,8 | 2,2 | |
| Edad | ≤ 48 años | 8,9 | 91,1 | 8,9 | 91,1 | 91,1 | 8,9 |
| > 48 años | 9,1 | 90,9 | 14,5 | 85,5 | 96,4 | 3,6 | |
| Educación | Primaria | 5,0 | 95,0 | 5,0 | 95,0 | 95,0 | 5,0 |
| Secundaria | 8,3 | 91,7 | 11,1 | 88,9 | 97,2 | 2,8 | |
| Superior | 26,7 | 73,3 | 40,0 | 60,0 | 98,0 | 2,0 | |
| Estrato | Bajo | 8,4 | 91,6 | 10,5 | 89,5 | 92,6 | 7,4 |
| Medio | 12,5 | 87,5 | 18,8 | 81,3 | 100,0 | 0,0 | |
| Tipo agricultura | Tradicional | 19,0 | 81,0 | 9,5 | 90,5 | 95,2 | 4,8 |
| Agroecológica | 7,3 | 92,7 | 12,2 | 87,8 | 90,2 | 9,8 | |
| Mezcla | 6,1 | 93,9 | 12,2 | 87,8 | 95,9 | 4,1 | |
| Promedio total | 9,0 | 91,0 | 11,7 | 88,3 | 93,7 | 6,3 | |
Discusión y conclusiones
Las prácticas de cultivo adoptadas por los agricultores dejan ver una de las tantas tensiones que se advierten en las organizaciones de economía solidaria en el oriente de Antioquia: por un lado, se hace manifiesta la opción por prácticas ancestrales provechosas para el equilibrio ecológico y propicias para la seguridad alimentaria; pero, por otro, también es evidente la incorporación de técnicas no favorables para el ecosistema y para la salud humana, posiblemente bajo el influjo de dinámicas mercantiles de gran rentabilidad para grandes trasnacionales de agroquímicos.
Esta tensión, que se revela igualmente en el hecho de que el 89 % de los cultivadores dicen haber comprado las semillas, frente al 51 % que dice asumir prácticas de reproducción de semillas propias, toca con la problemática de la eficiencia y la productividad en el campo, que no es del todo clara si atendemos a los cuestionables indicadores que usualmente se utilizan para medirlas, como el cociente entre el volumen producido y el número de horas trabajadas.
Ante el diagnóstico recurrente de atraso tecnológico y baja productividad en el campo [24], no sobra advertir los sesgos que habitualmente se introducen en esas mediciones y las verdades parciales al respecto cuando se ignoran los beneficios en sostenibilidad ambiental y salubridad humana provenientes de técnicas ancestrales y prácticas solidarias en la gestión de los cultivos.
La problemática está asociada al hecho de que muchas de las bondades de estas prácticas culturales no son valorizadas por los mercados y se asumen como externalidades positivas o resultados intangibles. Tal circunstancia estaría en la base de la percepción de injusticia que manifiestan los cultivadores en relación con los bajos precios de venta de sus productos y las bajas remuneraciones al trabajo, lo cual sería factor de reproducción de pobreza y desigualdad socioeconómica. Unido a lo anterior, es necesario reconocer los problemas estructurales del campo colombiano y el proceso histórico de desposesión de los territorios campesinos en contextos de violencia armada, que también ha deprimido la producción de alimentos para abastecer a las localidades y ha derivado en la pobreza creciente del campesinado [25].
Los datos confirman una evidente vulnerabilidad económica de estas comunidades, no solo por el tamaño de la pobreza, sino también por los bajos niveles de formación académica. Sin embargo, no sobra advertir que estos agricultores logran una formación mayor a la observada en el conjunto de los trabajadores agrícolas del país: mientras solo el 12,4 % de estos alcanzan una formación media o superior [20], en el grupo de asociados del oriente esa proporción llega al 45,9 %. Dado que en los municipios de residencia de estos cultivadores se ha dado en los últimos años una ampliación de la oferta educativa, es evidente que las barreras de acceso en educación se originan principalmente en las precarias condiciones de carácter material que se observan en estos hogares.
Las bajas condiciones socioeconómicas de esta población parecen no estar atadas a un excesivo tamaño de los hogares o a altos índices de dependencia económica, pues el núcleo familiar, con un promedio de cuatro personas, involucra en el trabajo agrícola a sus miembros secundarios; tampoco parecen deberse a la privación extrema de activos claves como la vivienda. El asunto, en principio, se relaciona, por un lado, con la baja acumulación de capital humano, expresado en sus deficientes niveles de educación, que para un promedio de edad de 48 años resulta bastante crítico; por otro, con las limitaciones observadas en su inserción en el mundo del trabajo, pues según las posiciones ocupacionales reportadas, la condición de informalidad en que laboran estos trabajadores es más la regla que la excepción.
En este sentido, es bastante revelador que buena parte de los agricultores no logre plena ocupación en las labores propias de la asociación. Para dichas actividades, registran un promedio de 23 horas a la semana, que les reporta un ingreso equivalente a $2999 la hora, de modo que un tercio de ellos se ve forzado al desempeño de una segunda actividad económica por fuera de la organización solidaria. En este segundo empleo, alcanzan a laborar cerca de 24 horas a la semana, con ingreso promedio de $2540 por hora.
Se trata de unos ingresos inferiores no solo al smmlv, sino incluso al ingreso promedio de los trabajadores del campo colombiano. En efecto, con base en datos del dane, se ha estimado que el ingreso por hora promedio para todo el sector rural en 2015 fue de $3304 [20]. Las desigualdades son aún más protuberantes en relación con los ingresos del resto de trabajadores del país: en comparación con el ingreso por hora urbano ($6036), el ingreso de los trabajadores asociados del oriente solo representa el 44,8 % [20].
Es importante resaltar que en la muestra de agricultores encuestados, cuya edad promedio es de 48 años, los hombres tienen una participación mayoritaria. Ha sido recurrente que el foco de atención lo tenga el trabajo del agricultor como productor, frente al que realizan las mujeres, que se juzga diferente, quedando oculta la labor de reproducción social y humana que llevan a cabo en el hogar y en las huertas agrícolas para hacer más eficiente la labor en la agricultura. Tales concepciones tradicionales de la roles de hombres y mujeres han estado en la base de diversos análisis económicos y en la formulación de las políticas públicas, y se han hecho visibles y se han puesto en cuestionamiento en los estudios de género [26], ya que es evidente que el hombre y la mujer, aunque con experiencias diferentes, se complementan en lo que respecta a la economía solidaria y su carácter alternativo, y más aún cuando, por cuenta del conflicto armado, muchas mujeres han soportado las cargas de la guerra como sustentadoras de ingresos y cuidadoras del hogar.
Los bajos ingresos y las formas atípicas de inserción laboral de esos trabajadores agrícolas no les permite una eficaz inclusión en el sistema de seguridad social. Este les da un trato similar a los trabajadores del campo y de la ciudad, como a los trabajadores formales e informales. En este sentido, el sistema no solo es incompleto, sino que invisibiliza los segmentos laborales que no encajan en su institucionalidad, como es el caso de trabajadores vinculados con economías alternativas. Acerca de las pensiones, el sistema da acceso solo a los trabajadores asalariados y a los trabajadores independientes con capacidad de pago.
El tratamiento diferencial más explícito del sistema de protección social del país hace referencia al subsidio del 90 % de la cotización a pensiones para los trabajadores informales del campo con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, aunque dicho subsidio fue posteriormente reducido al 75 % de la cotización [27]. En lo que respecta a riesgos laborales, el Gobierno estableció la clase de riesgo ii (segundo más bajo de la escala oficial) para la mayoría de las actividades relacionadas con la agricultura, lo cual supone que el empleador debe hacer un aporte de 1,044 % de la nómina para cubrir a sus trabajadores frente a esta contingencia [28,29].
Los buenos resultados de cobertura del aseguramiento en salud de los trabajadores de economía solidaria del oriente de Antioquia obedecen al hecho de que el sistema de protección social cuenta con el régimen subsidiado como mecanismo institucional para la inclusión de población en pobreza extrema. Sin embargo, la problemática de esta población pudiera estar no tanto en el aseguramiento, sino en el acceso a los servicios, frente a lo cual debe sortear barreras económicas y geográficas. Por lo demás, aunque normas recientes han igualado los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, lo cierto es que los afiliados a este último, como es el caso de la mayoría de los agricultores de economía solidaria del oriente, no tienen derecho a las prestaciones económicas de maternidad e incapacidad [28].
El tema de la protección social de los trabajadores del sector solidario supone retos para los niveles altos de gobierno, en el sentido de la necesidad de incorporar arreglos institucionales de excepción para la cobertura en pensiones y riesgos laborales de los trabajadores del campo, como lo muestran ciertas experiencias internacionales [30]. Pero también supone un reto para las propias organizaciones de economía solidaria, las cuales, por estar gobernadas por valores del bien común, la ayuda mutua y la solidaridad, estarían en posición para abocar mancomunadamente una solución al respecto. Logros en este sentido supondrían avances en la gobernabilidad de la tensión que es latente al interior de estas organizaciones, en relación con la elección entre trabajo asociativo y trabajo asalariado.
Sin embargo, representa un esfuerzo descomunal el trabajo de la producción agrícola para la sostenibilidad alimentaria realizado por las organizaciones-asociaciones de economía solidaria y la economía campesina, en medio de la precariedad que se vive en el campo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los próximos 35 años la agricultura se verá expuesta a una confluencia de presiones sin precedentes, como un aumento del 30 % de la población mundial, además de atender las necesidades básicas de alimentos, piensos, fibras y combustible que experimenta la humanidad [31,32]. En el sector de la agricultura, se emplea a más de un tercio de la fuerza de trabajo de todo el mundo; un porcentaje cada vez mayor de trabajadores agrícolas son mujeres; también se emplea aproximadamente el 70 % del trabajo infantil y se presenta una alta participación de trabajadores migrantes. Aunado a esto, la pobreza de los pequeños agricultores es crónica, porque la mayor parte de los empleos del sector son ocasionales, a destajo o estacionales [31,32]. Adicionalmente, en Colombia, los pequeños productores agrícolas están desprotegidos de sus derechos, dado que hay una sola legislación laboral (Código Sustantivo del Trabajo) que no diferencia los derechos de los trabajadores urbanos de los rurales [33], muy desconocida por la mayoría, que no presenta tratamiento diferencial entre los trabajadores urbanos y los rurales, y son la agroindustria y los grandes hacendados los que estarían en capacidad de emplear, a veces sin controles por parte del Gobierno para garantizar la protección social, muchas veces debido a la dispersión geográfica que hay en medio rural [33].
Para una visión general de los problemas estructurales del campo, que no son solo de condiciones laborales dignas, sino también de falta de condiciones de trabajo y de habitabilidad en el campo dignas, que no han sido removidos por las diferentes propuestas de reforma agraria y constituyen una deuda histórica con el campo y los campesinos colombianos, difícil de sintetizar en este artículo, remitimos a una versión didáctica titulada Modulo 4. Reforma Rural Integral, la cual muestra elementos que, transformados, mejorarían la calidad de vida de los campesinos [34]; problemas y propuestas de política reconocidos en el acuerdo de La Habana, que solo podrán ser dinamizados bajo una política de desarrollo rural integral, sintetizados por Reyes [25] en tres grandes ejes: 1) la gestión del territorio para la superación de los conflictos de uso de la tierra; 2) el ordenamiento social de la propiedad y el desarrollo rural con enfoque territorial, y 3) las transformaciones fundamentales con las cuales es posible construir la paz en Colombia.
