Introducción

Según la Ley 1251 de 2008, adulto mayor es toda persona de 60 años y más de edad [¹] (artículo 2). Dicha norma expone que es un deber de la persona mayor “Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le permitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal, haciéndolo autosuficiente y desarrollando sus capacidades y potencialidades” [¹] (artículo 6). Partiendo de esta norma, este estudio buscó estudiar el proceso de envejecimiento que viven las personas que hicieron parte de los grupos al margen de ley, consecuente con la condición de envejecimiento que viven las sociedades, donde el proceso se ajusta a patrones culturales, históricos, generacionales y demográficos [²].

Según Hernando Gómez [³], para el desempeño en el ámbito laboral, es fundamental que la persona mayor desarrolle habilidades, destrezas y capacidades para acceder a un mundo cada vez más competitivo. Este desarrollo se logra mediante procesos que fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para un desempeño óptimo; por lo tanto, ellas deben dar origen a transformaciones mentales y actitudinales [⁴]. Sin embargo, si el desarrollo de esas habilidades, destrezas y capacidades se da en un mayor de 50 años, integrante de grupos al margen de la ley, donde la edad máxima encontrada es de 70 años, al salir de dichos grupos requiere mucho más acompañamiento, por haber estado por fuera del sistema económico por largos períodos de tiempo. De allí que surjan entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (arn), creada según Resoluciones 0754 de 2013 [⁵] y 1356 de 2016 [⁶], y modificada por el Decreto 897 de 2017, cuyo objeto es “gestionar, implementar, coordinar y evaluar [...] la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización” en la población excombatiente [⁷] (artículo 4).

Así mismo, la arn es la encargada de diseñar el “Programa de Reincorporación Social y Económica” [⁷] (artículo 3) de las personas o grupos armados que han estado al margen de la ley y que se han reintegrado, por medio del acompañamiento psicosocial, gestión en salud, educación y formación para el trabajo. En el caso de las personas mayores, la arn dispuso el acompañamiento psicosocial con componente específico, el cual prevé que la atención debe incluir un enfoque de salud y bienestar integral para el fortalecimiento del “apoyo familiar, social e institucional” [⁶] (artículo 4).

El interés de incluir este enfoque de salud y bienestar en estas disposiciones gubernamentales es coherente con la concepción de salud pública que busca garantizar la salud de las poblaciones, mediante acciones, políticas y funciones que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida y de desarrollo de un país [⁸].

Esta mirada de la salud pública también involucra la atención de las personas mayores en proceso de reintegración (pmpr), dadas las vulnerabilidades que enfrentan algunas de ellas por su edad y, por eso, la arn cuenta con un enfoque diferencial con componente de envejecimiento y vejez [⁹], el cual reconoce las realidades de la población y promueve “el desarrollo de capacidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía”, de acuerdo con sus características específicas [⁶] (artículo 3).

Este proceso de reintegración promueve el desarrollo de capacidades de las personas a él vinculadas [^5,6], y siendo el envejecimiento poblacional un factor que se evidencia con el incremento de personas mayores en la sociedad [¹⁰], se hace necesario incluir en los procesos de desmovilización, desarme y reintegración a los excombatientes mayores de 60 años [¹¹] (p. 584).

Ahora bien, con el envejecimiento también se evidencia la discriminación por edad y por género para acceder al mercado laboral de las personas mayores, ya que dependen de sus trayectorias de vida y de los determinantes del empleo en la tercera edad [¹²]. Además, respecto a la discriminación por edad en los empleos, esta es contemplada por las Naciones Unidas en la Observación General 6 de 1995, en lo que atañe al derecho al trabajo de las personas mayores, y hace un llamado a adoptar medidas para evitar toda discriminación “fundada en la edad, en materia de empleo y ocupación” [¹³]. Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (oms) considera que la discriminación por motivos de edad (edadismo en el lugar de trabajo) persiste, aunque los trabajadores mayores sean igualmente productivos [¹⁴].

En virtud de lo señalado, el sistema jurídico colombiano

[...] ha determinado al trabajo como un derecho y como un deber, [...]. Entendiendo al trabajo como derecho, necesariamente se hace referencia a ese núcleo esencial e innegociable susceptible de amparo a través de mecanismos legales. Entendiéndolo como deber, constituye una obligación de las personas para con la sociedad en la medida en que corresponde a ellas producir y aportar al proceso económico y social y al bienestar colectivo (Corte Constitucional, sentencia C-588 de 1997 (13 de noviembre de 1997), citada en [¹⁵].

Por lo anterior, la inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto en Colombia es un derecho y su acceso sin discriminación permite la construcción personal y social del hombre, “garantizándole vivir en condiciones de bienestar respondiendo a un criterio fundado en la dignidad humana” [¹⁵]. Por lo anterior, este estudio buscó identificar los factores asociados a la capacidad laboral de las personas mayores de 50 años, excombatientes de los grupos al margen de la ley, adscritos a la arn.

Se entiende aquí por capacidad laboral el “Conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o [sic] potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten desempeñarse en un trabajo” [¹⁶] (artículo 3). Esta definición lleva a considerar que la capacidad no se mide con una sola variable, puesto que está constituida por un conjunto de ellas.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio observacional analítico, cuya población fueron personas de 50 años y más de edad, de cinco grupos territoriales (gt) de Colombia con mayor presencia de pmpr, seleccionados directamente por la arn: Antioquia-Chocó, Cesar-Guajira, Cundinamarca-Bogotá, Meta-Orinoquía y Valle del Cauca. Los profesionales de la arn invitaron a 328 personas activas en el proceso, de los cuales 76 no desearon participar y 13 no respondieron algún ítem de la escala, por lo que los resultados se trabajaron con 239 personas.

La fuente de información fue primaria, a través de encuestas aplicadas por un profesional reintegrador. En el formulario se indagó por algunas variables de la capacidad laboral, como independencia funcional, habilidades y destrezas.

La independencia funcional para realizar actividades básicas de la vida diaria se midió con el índice de Barthel. Con preguntas abiertas se captó la información del ámbito laboral (área laboral, gusto e interés por la actividad desarrollada, oportunidad laboral, aptitud frente al trabajo, disponibilidad, capacitación e interés por negocio propio), las demográficas (sexo, edad, estado civil, nivel educativo, grupo territorial), la discapacidad (para escuchar, ver, moverse, hablar, agarrar), y las habilidades y destrezas (uso de vehículos, computador, celular, cajero, reproductor de música y horno microondas).

El instrumento aplicado fue aprobado por la agencia financiadora (arn) y con el fin de controlar los sesgos de información, se efectuó la capacitación y la estandarización del equipo de trabajo de campo, y con este se realizó la prueba piloto al instrumento. No se controlaron los sesgos de selección, y para el control de la confusión se hizo análisis multivariado.

Para el control de la calidad de los datos, se parametrizó una base de datos con las validaciones necesarias para controlar el ingreso de inconsistencias y datos erróneos; posteriormente, se procedió a la limpieza y la depuración de la base de datos.

Para el análisis se utilizó el software spss® versión 21.0 (de ibm®, licencia Universidad ces). Se realizó análisis de frecuencias absolutas y relativas. También se calculó la razón de prevalencia cruda (RPc), usando la independencia funcional para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (sí/no) como variable proxy de la capacidad laboral, y a través de la regresión logística no condicional se calculó la razón de prevalencia ajustadas (RPaj). Se usó la prueba Chi cuadrado (χ²), y se consideró un valor de p< 0,05 como estadísticamente significativo.

Se siguieron los lineamientos éticos según la Resolución 8430 de 1993, expedida por el Ministerio de Salud de Colombia [¹⁷]. El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación, según lo establecido en el convenio RPR-081, del 23 de septiembre del 2016, entre arn y fundacol.

Además, se diseñó y se aplicó el consentimiento informado para el proceso de recolección de información. La firma del consentimiento informado fue de libre elección y en los casos en que el encuestado, por condiciones de analfabetismo o por limitaciones físicas, no pudo firmar, se solicitó su huella y la firma del profesional reintegrador.

Resultados

Discusión

En esta investigación se identificaron factores asociados a la capacidad laboral de las personas mayores de 50 años, excombatientes de los grupos al margen de la ley, adscritos a la arn, relacionados con la independencia física para realizar actividades, aspectos demográficos y de discapacidad, y habilidades y destrezas, con el fin de brindar elementos para el fortalecimiento de la ruta de reintegración en el ámbito laboral.

Es por esto por lo que esta investigación apuesta por el rescate de los derechos humanos de las personas mayores en proceso de reintegración, como reza la Ley 1251 de 2008: “todas las personas tienen derecho a una vida digna y segura, los adultos mayores se constituyen en el objetivo fundamental de las acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de cualquier forma de explotación, maltrato o abuso de los adultos mayores” [¹].

Por región, se observa que el 46,8 % de los encuestados están en el gt Cesar-Guajira, y hay evidencia de la relación entre el entorno regional y el estado de salud [¹⁸]. Según el estado civil, se observó un predominio de los pmpr en unión libre, y en mayor cantidad los hombres permanecen en esta condición, mientras, en las mujeres, solo una tercera parte de ellas vive en unión libre, situación similar a la encontrada en otras poblaciones de desmovilizados (exguerrilleros y exparamilitares) ubicados en Bogotá, que eran principalmente hombres y vivían en unión libre [¹⁹]. Igualmente, este estado civil es similar a los hallazgos en desmovilizados del conflicto armado colombiano ubicados en la zona urbana de Tierralta, Córdoba [²⁰].

En el presente estudio se indagó por la condición económica de las personas encuestadas, encontrando que una séptima parte se hallaba con independencia física para laborar. De estos, llama la atención su inclusión en la informalidad; por ello, la arn exhorta a “generar alternativas ante escenarios desalentadores como bajas opciones de formalización laboral y poca expectativa educativa, que pueden dificultar el logro de condiciones dignas para la vejez de la población en proceso de reintegración” [⁹].

Muchas personas mayores se ven obligadas, en la vejez, a permanecer laboralmente activos, principalmente informales (85 %), independientes (76 %), en actividades agrícolas (29 %) y comerciales (25 %) [²¹]. Estos valores son similares a las personas mayores en proceso de reintegración, donde la informalidad fue del 77,2 %, los independientes del 51 % y un 26,6 % se dedica a la agricultura.

En Colombia, en el trimestre febrero a abril de 2019, la proporción de trabajadores informales fue del 44,3 % para los hombres y el 49,0 % para las mujeres, en 13 ciudades y áreas metropolitanas [²²]. En las personas mayores, la participación laboral ha aumentado, principalmente en condiciones de informalidad [²³], lo cual muestra dos situaciones: la incorporación de personas mayores de 60 años en el mercado laboral, como un reflejo de la necesidad de supervivencia, y la ausencia de mecanismos del Estado para garantizar una vejez digna a sus habitantes [²⁴].

De los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, formulados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es de resaltar el objetivo 8, que busca “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” [²⁵]. El cambio demográfico que viven las poblaciones, con el incremento de la población adulta y adulta mayor, obliga a las naciones a dar garantías de sostenibilidad a esta población cada vez más numerosa, y dentro de estas garantías está el brindar un empleo digno, con todas las condiciones que este implica. Así mismo, se deben garantizar medios de vida no solo a los adultos mayores, sino también a los mayores de 40 años, posibilitándoles un trabajo decente que les garantice una vejez digna.

El 55,8% fue la tasa de ocupación en Colombia en abril 2019 [²⁶], y cerca de la mitad tiene un trabajo informal [²²]. En el presente estudio se encontraron más hombres en el ámbito laboral en comparación con las mujeres, condición similar a la reportada en Argentina [²⁷]^.

En el presente estudio, las personas encuestadas tienen tres dependientes de sus ingresos; este alto número, sumado a una mayor edad para incorporarse a un empleo formal, los lleva a buscar fuentes de ingresos alternativas y los obliga a seguir trabajando en la informalidad, para cubrir sus necesidades y las de sus familias. En Colombia se estima que solo la tercera parte de los mayores de 60 años está trabajando o buscando empleo de manera activa; y aunque existen disposiciones para su inserción, muchos de ellos se ven obligados a buscar alternativas laborales en precarias condiciones para sobrevivir [²⁸]; este porcentaje es mucho menor a la registrada en los países de la Unión Europea [²⁹].

A la población estudiada, aparte de ser adulta y adulta mayor, y que todavía posee capacidad laboral para desempeñarse en cualquier empleo o labor, la rodean otras condiciones que de cierto modo limitan sus oportunidades de acceder al mercado laboral: ser desmovilizado, con limitaciones para acceder a la educación formal y con baja instrucción, lo que lleva a desempeñarse principalmente en el sector informal de la economía. Y como lo plantea Perry et al.[³⁰], las razones para no acceder a un empleo formal son por la incapacidad de obtener un empleo, lo cual se puede explicar por no ser o no sentirse apto para trabajar, o por la falta de capacitación en alguna actividad productiva, como en este estudio, donde el 12,1 % no se consideraba apto para trabajar y el 30 % manifestó su interés de recibir capacitación para la inserción laboral.

Se resalta que este estudió abordó un tema poco explorado, como es la reintegración de las personas pertenecientes a grupos al margen de la ley al ámbito laboral, ya que los estudios en población excombatiente se enfocan principalmente en las secuelas mentales que deja el conflicto armado, como depresión, ansiedad y estrés postraumático [³¹-³⁶].

Vale aclarar que en este proceso investigativo se presentaron algunas limitaciones que, sin embargo, no invalidan los resultados: 1) según el diseño de la investigación, no es posible establecer una relación de causalidad entre las variables estudiadas; 2) la selección de las personas a estudiar fue por parte de la arn, lo que pudo haber dejado por fuera a muchos excombatientes aptos para incluirse en el estudio; y 3) el tamaño de la población encuestada pudo afectar la detección de diferencias significativas en las medidas calculadas.

Conclusión

Derivado del proceso de envejecimiento normal que viven las personas mayores exintegrantes de grupos al margen de la ley, más de la mitad de los encuestados tienen alguna limitación para ver y uno de cada cinco presentó limitación para moverse, caminar o correr. Estas limitaciones restan oportunidades laborales a los excombatientes, lo que se suma a una mayor edad; sin embargo, existen dispositivos que facilitan superar estas limitaciones, como anteojos, bastones, audífonos, entre otros, que les permiten incorporarse a la vida cotidiana. Sin embargo, es una triple condición que deben enfrentar para llevar una vida con calidad y lograr un envejecimiento digno: edad mayor, población vulnerable y con limitaciones físicas.

La condición laboral de las pmpr, quienes poseen capacidad laboral para desempeñarse en cualquier ámbito laboral, debe estar acompañada de acciones como: acceso al empleo, planes de negocio, iniciativas de emprendimiento y garantía del derecho al trabajo. Esto requiere voluntades conjuntas que permitan mejorar sus condiciones de vida, desde lo laboral, pero también desde lo social, económico y de salud, ya que su atención y reincorporación a la vida civil precisa la intervención multisectorial. Como lo plantea la oms en su definición de salud pública, se requieren esfuerzos conjuntos para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud [³⁷].

Finalmente, se sugiere continuar con el seguimiento periódico de las intervenciones y acciones de la arn en cumplimiento de la dimensión productiva y educativa, que se enfoca en las capacidades y habilidades que desarrollan destrezas y permiten incursionar en un campo laboral competido, donde la población joven y con mayor nivel educativo tiene mayores oportunidades laborales. Por ello, se sugiere también fortalecer la capacitación, la educación no formal y en técnicas o tecnologías que los habilite para desempeñarse en cualquier ámbito laboral o en sus estudios profesionales. Así mismo, se requiere la evaluación de impacto de los programas de salud y bienestar integral, ya existentes en la arn, puesto que las necesidades según la capacidad laboral difieren de una persona a otra, y en la persona mayor su abordaje es con enfoque de envejecimiento, en razón de la edad.

En cuanto a la salud de las personas en este proceso, se debe partir del reconocimiento de los daños (físicos, emocionales, mentales) que ha dejado la guerra, desde una mirada de salud pública que fortalezca la promoción de estilos de vida saludable, prevención del consumo de sustancias, atención de las enfermedades y rehabilitación de su capacidad laboral, que les permita desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito laboral y adaptarse a esta nueva realidad, garantizando disfrute digno de su vejez.