Introducción

Durante los últimos años, Colombia se ha enfrentado a una oleada migratoria sin precedentes, que se suma a los recientes procesos migratorios sur-sur entre países latinoamericanos. De ser un país tradicionalmente expulsor y no receptor, se ha convertido en el principal lugar de destino y de paso de personas provenientes de Venezuela, invirtiendo la relación migratoria entre estos dos países [^1,2]. Esto ha implicado una serie de retos inéditos, que demandan el análisis de las características de la población migrante, las condiciones a las que se enfrentan y las necesidades de atención.

La migración internacional ha sido considerada un determinante social de la salud, en tanto que es un proceso dinámico y cambiante que involucra transformaciones en los estilos de vida, los entornos comunitarios, las redes de apoyo y las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales, que además afectan, de manera diversa, a la población que se desplaza [^3,4]^. En este sentido, es necesario hacer análisis desagregados que permitan entender los efectos de la migración en la salud de los diferentes grupos de migrantes.

Según el “Registro administrativo de migrantes venezolanos” entre principios de 2017 y mediados de 2018 ingresaron cerca de 1 200 000 personas provenientes de Venezuela, entre colombianos retornados y migrantes regulares e irregulares. Este último grupo se estima en 429 247 personas [⁵], quienes presentan una situación económica particularmente compleja, en cuanto enfrentan mayores dificultades para obtener un empleo formal, mayor desprotección en la atención médica y menos oportunidades de educación [²]. Entre la población de migrantes venezolanos, las mujeres representan el 44 %, y de ellas, el 63 % están entre los 18 y los 39 años de edad [⁵], lo cual coincide con las estimaciones de mujeres migrantes en Sudamérica y el mundo, que muestran que conforman una importante fuerza laboral en los países receptores [^1,6].

Si bien la migración puede contribuir a una mayor autonomía económica de las mujeres, se ha reportado que las migrantes se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad diferenciales, a razón de dinámicas de género que las exponen a circunstancias de precariedad laboral, violencia y discriminación [^6,7]. Adicionalmente, el estatus de irregularidad dificulta el acceso a los servicios de salud [⁸], comprometiendo, entre otros aspectos, los derechos sexuales y reproductivos [⁹-¹¹]. Esto se refleja en el número de embarazos no planeados entre la población migrante, que puede tener repercusiones no solo en sus condiciones de salud, sino también en las condiciones laborales y los proyectos de vida.

El Plan Obligatorio de Salud en Colombia reconoce la anticoncepción como un derecho de todas las mujeres y de todos hombres [¹²]; no obstante, este derecho se ve comprometido en la población migrante en condición de irregularidad.

Por tanto, el objetivo del presente estudio fue describir la utilización de métodos anticonceptivos de gestantes migrantes venezolanas en dos ciudades de la costa norte de Colombia, entre 2018 y 2019.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal. La población de referencia estuvo constituida por mujeres gestantes migrantes en condición irregular, provenientes de Venezuela. La información se recolectó desde fuente primaria de base hospitalaria y comunitaria, en Barranquilla y Riohacha, entre julio de 2018 y mayo de 2019; por lo tanto, fueron incluidas, en el estudio, mujeres que estaban en embarazo al momento de la entrevista o lo habían estado en los últimos tres meses, y habían llegado a las ciudades mencionadas.

El trabajo fue adelantado en estas dos ciudades, por ser las dos principales capitales receptoras de migrantes con intención de permanencia en la región caribe colombiana, y por encontrarse ambas dentro de la zona de influencia de la Universidad del Norte.

En el caso de Riohacha, se incluyó, además, a mujeres que hubieran cruzado la frontera en búsqueda de atención al parto o atención prenatal. Debido a que durante el periodo de estudio se presentaron cambios en el acceso a servicios prenatales para las gestantes migrantes de este municipio, el reclutamiento tuvo que hacerse en el servicio de urgencias, y posteriormente en una sala asignada por el hospital a una organización no gubernamental, durante los periodos que el hospital directamente no ofreció control prenatal a las mujeres migrantes en condición migratoria irregular.

Se excluyó a quienes tenían nacionalidad colombiana, independiente de la edad gestacional al momento de la entrevista o tiempo de permanencia en el país.

Se realizaron dos muestreos independientes, para las gestantes de base hospitalaria y de base poblacional. El marco muestral, el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra fueron descritos previamente en un primer artículo de la misma investigación marco, en el que se presentó la situación de salud de las gestantes migrantes venezolanas en estas mismas dos ciudades del Caribe colombiano [¹³].

Para la búsqueda comunitaria, en ambas ciudades fue necesario recurrir a una combinación de estrategias para el rastreo activo de gestantes en condición irregular, que incluyeron: identificación propositiva a través de líderes y asociaciones de migrantes; convocatoria a través de redes sociales; búsqueda en jornadas de salud (vacunación o atención primaria), organizadas por agencias internacionales, autoridades sanitarias u organizaciones no gubernamentales; y, por último, referencia por parte de las gestantes identificadas en el hospital. En el caso de Barranquilla, se realizaron, además, visitas de campo a cinco asentimientos de migrantes en la ciudad, bajo el acompañamiento de líderes de cada comunidad para la búsqueda activa de gestantes.

Para esta búsqueda, se dispuso de todos los recursos posibles en ambas ciudades. Se tuvo contacto con el 89,5 % de las mujeres identificadas en la estrategia y todas aceptaron participar de manera voluntaria.

Para la recolección de la información, se construyó un instrumento con 134 preguntas, a partir de cuestionarios previamente validados y con temas afines, como la “Encuesta Nacional de Demografía y Salud” (ends) [¹⁴], la encuesta sobre migración en la frontera de México (Cuestionario de 2016) [¹⁵] y un cuestionario aplicado a mujeres repatriadas del Instituto Sonorense de la Mujer (México, 2010) [¹⁶]. El instrumento fue revisado y avalado por expertos, y posteriormente, probado en veinte gestantes, para identificar su eficacia y aceptabilidad.

La recolección de información se llevó a cabo entre julio de 2018 y mayo de 2019. Durante este periodo, cada semana uno de los investigadores supervisó la calidad del dato.

Para el análisis estadístico, se utilizó estadística descriptiva. Se analizaron las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas. Para las variables cualitativas, se realizaron proporciones. En todos los casos, estos cálculos fueron hechos con valores válidos para la variable de desagregación para las columnas. El análisis se ejecutó en spss Statics V25, con licencia amparada por la Universidad del Norte, de Barranquilla.

La aplicación del instrumento se hizo con previo consentimiento informado por escrito. La investigación fue avalada por el Comité de Ética de la División de Salud de la Universidad del Norte y clasificada como con riesgo menor al mínimo, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 [¹⁷].

Resultados

Discusión

Este estudio evidencia que la mayoría de los embarazos de las mujeres migrantes que participaron en él son no planificados (62,34 %), pese a que el 98,7 % manifiesta conocer la existencia sobre métodos anticonceptivos. La mayoría conoce los métodos más comunes, como píldoras (97,15 %) o condón (94,67 %), así como los lugares para adquirirlos, y el 56,8 % habría querido utilizar algún método para prevenir o retrasar la gestación. Estos resultados descartarían las explicaciones dadas en otros contextos como falta de información sobre anticoncepción entre las migrantes [^18,19] y llevan a considerar dichos embarazos como un posible efecto de las condiciones de la atención en salud sexual y reproductiva de su lugar de origen y lugar de destino.

Este estudio encontró que el 78 % de las mujeres obtuvieron por última vez un anticonceptivo en una droguería / farmacia / botica o supermercado / tienda. Este comportamiento no muestra marcadas diferencias cuando se desagrega por ciudad de concepción del embarazo. Se encontró, además, que el 11,1 % accedió a estos en un centro de atención en salud en Venezuela, y solo el 1,2 %, en un centro de atención en salud en Colombia. Estos resultados podrían indicar necesidades de planificación familiar insatisfechas, en cuanto a que el suministro de los anticonceptivos depende en gran medida de la capacidad adquisitiva de una población que cuenta con una situación socioeconómica precaria. Tales resultados son similares a los que se enuncian en la ends-2015 [¹⁴], que reveló que las droguerías son el principal sitio de adquisición de la píldora e inyección mensual en residentes de zonas urbanas en Colombia (43,4 %), así como de condón masculino en más de un 66,3 % en la zona rural y 71,7 % en la zona urbana. Esto es evidencia que las migrantes no son especialmente desaventajadas; más bien estarían igual de protegidas y de desprotegidas que las mujeres locales.

Las barreras de acceso y uso de anticonceptivos no solo afectan a las mujeres migrantes. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations Population Fund, unfpa), América Latina es la región con mayor proporción de embarazos no planeados en el mundo (56 %) [²⁰]. No obstante, los cambios en los estilos de vida, incluyendo las prácticas sexuales, las dificultades de acceso a los servicios de salud y las carencias socioeconómicas exponen a las mujeres migrantes, en particular a aquellas en situación de irregularidad, a embarazos no deseados [^21,22]. Adicionalmente, se ha reportado que las mujeres que migran por fuera de los canales legales se enfrentan a situaciones de violencia sexual [²³-²⁵] y de abuso de poder por parte de sus parejas, que les impiden negociar relaciones sexuales protegidas [²⁶].

Los embarazos no deseados pueden derivar en abortos inseguros [²⁷], aumento de la mortalidad y morbilidad materna [²⁸], y empeoramiento de la salud mental de la madre [²⁹]. Se estima que una de cada tres muertes maternas podría evitarse si se reduce la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos [¹⁹]. Asimismo, se ha mostrado que los hijos de embarazos no deseados, por el padre o la madre, tienen riesgos más altos de morbilidad, desnutrición y abuso infantil [³⁰].

En el caso de las mujeres migrantes, los embarazos no deseados acarrean dificultades adicionales para ingresar al mercado laboral, poniendo en riesgo tanto la seguridad económica de las mujeres y sus parejas como la de sus familias en el lugar de origen, que dependen de las remesas. Esto también impone retos a los procesos de adaptación de los migrantes a las condiciones de la población receptora [³¹]. En el caso colombiano, se ha registrado que, debido a las condiciones económicas y ambientales de algunos de los asentamientos de población venezolana, esta se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad social, lo que supone riesgos para la salud de las mujeres gestantes [³²].

Cardozo-Delgado indica que garantizar un acceso adecuado a la atención en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos fortalece la autonomía de las mujeres para decidir sobre su proyecto migratorio [³³]. En ese sentido, la superación de las barreras en dicha atención, como el acceso al sistema de salud, el miedo y la vergüenza, la desaprobación de la pareja y la discriminación por parte de los proveedores de salud, debe ser una prioridad en las políticas de atención a migrantes [³⁴].

Colombia cuenta con lineamientos de políticas públicas que contemplan el goce efectivo de los derechos en salud sexual y reproductiva [³⁵]. El “Plan Obligatorio de Salud” incluye una normatividad específica para la adquisición y la asignación de métodos anticonceptivos para hombres, mujeres y parejas en edad fértil [³⁶-³⁸], y cuenta también con mecanismos para hacer las derivaciones correspondientes en poblaciones específicas, siempre y cuando estén vinculadas al sistema de salud. Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrenta el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud es dar la garantía de estos derechos para la población migrante. El actual escenario normativo contempla la regularización como puerta de entrada al sistema de salud de la población migrante, lo cual tendría repercusiones positivas en el acceso a servicios de salud que permitan la prevención de embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual, así como el fortalecimiento de la atención en salud materno-infantil. La regularización también abre las posibilidades de condiciones laborales formales, que mejorarían las condiciones de vida de los migrantes y el acceso general a seguridad social [³⁹].

El flujo de migrantes venezolanos en territorio colombiano es suficientemente dinámico. Esta situación es marcada en zonas de frontera, donde las personas cruzan, desde y hacia Colombia, a través de pasos fronterizos autorizados y trochas, en una histórica relación de mutua cooperación, sin tener en cuenta el estatus migratorio. Es por esto por lo que no se tienen cifras precisas sobre cuantas personas existen en el país en condición irregular, lo que imposibilita hacer generalizaciones de los resultados de este trabajo, aun cuando existan datos oficiales aproximados al respecto [⁵].

Los resultados de este estudio muestran que el acceso a métodos anticonceptivos es una necesidad prioritaria de la población migrante. Atender esta necesidad deber ser una oportunidad para fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva de toda la población, con miras a garantizar los derechos de las mujeres y sus parejas a no tener hijos, a tener hijos en el momento en el que consideren apropiado y a tenerlos en condiciones seguras.