Si bien durante las últimas décadas las investigaciones relativas a la época colonial y a los inicios del siglo XIX en el Archipiélago de Chiloé han aumentado,1 siguen persistiendo vacíos historiográficos sobre los primeros años del gobierno republicano en uno de los territorios que más tardíamente, respecto del resto del continente, inició su incorporación a una nueva condición administrativa. En tal sentido, es comprensible que las nuevas autoridades de la república chilena indagasen sobre muchas de las características de población y productivas de un archipiélago formado por más de 40 islas, destacando dentro de ellas la denominada “Isla Grande”. Fue precisamente este último espacio geográfico el que concentró la mayor cantidad de centros poblados de carácter permanente, lo que permitió a sus diferentes gobernadores, desde el siglo XVI en adelante, tener una cierta idea de la distribución de los habitantes y principales productos para la subsistencia de españoles, mestizos e indígenas. Con una población autóctona asimilada con mayor facilidad que en otras zonas del continente, Chiloé en el siglo XVIII fue considerado una zona estratégica que ameritó su subordinación directa al Virreinato del Perú, aparte de iniciarse la construcción de una nueva ciudad (San Carlos de Ancud), de una fortificación militar emplazada allí mismo y del establecimiento de tropas y autoridades que se mantuvieron leales a la monarquía española hasta 1826.
Aunque la situación militar y la guerra de independencia en el archipiélago han merecido una detallada descripción por parte del historiador decimonónico Diego Barros Arana,2 poco sabemos de otras temáticas, tales como la población y su distribución geográfica, los cuerpos de guardia establecidos después de la incorporación de Chiloé al régimen republicano, los productos y artículos que se generaban, así como el número de niños o adolescentes que acudían a las escuelas establecidas por el nuevo gobierno. Tal información, es posible encontrarla en una serie de estadísticas desarrolladas desde fines del año 1828 y que formaron parte de un registro que pretendía esbozar una suerte de primer censo republicano en Chiloé. Dicho registro es el que reproducimos a continuación, el cual se encuentra dentro de la sección Fondo Antiguo del Archivo Nacional Histórico de Santiago de Chile.3
Consideramos pertinente su publicación, no solo por contribuir a quienes se dedican al estudio de la historia chilota en sus inicios republicanos, sino por ser un material inédito que complementa los cuadros entregados por el historiador Patricio Estellé a mediados de la década de 1970.4 En el estudio de Estellé, dicha información se vincula con una Relación sobre Chiloé encontrada en el Foreign Office y que fue enviada por el Cónsul White a Lord Palmerston, en septiembre de 1832, en donde se detallan algunos pormenores de la población chilota, la división eclesiástica existente –en buena medida heredada de las misiones jesuitas y franciscanas–, el número de templos, escuelas y algunos datos de producción. Tales registros habían sido recopilados por el capitán Parker King y entregados al citado cónsul, luego de tener acceso a esta información demográfica en poder de las autoridades chilenas.
El que tales datos estuvieran disponibles no es algo fortuito, pues la realización de censos informativos sobre Chiloé no era nada extraño. De hecho, José Santiago Aldunate, el primer gobernador independiente de Chiloé, había realizado uno en 1826, actualizando datos desde un censo anterior de 1786. Sin embargo, y de acuerdo con la información proporcionada por Isidoro Vásquez,5 en dicho censo aparecía una menor cantidad de mujeres, lo que contrasta con el balance aquí reproducido del 1 de febrero de 1829, en donde su número superaba al de los varones, en especial a partir de los 25 años de edad.
Se aprecia asimismo la ausencia de una clasificación más detallada que especifique el número de blancos, mestizos e indígenas, en buena medida porque a partir de un decreto de 1826, dictado por el gobierno central en Santiago, se abolió jurídicamente la diferenciación entre indios y españoles que había estado vigente durante el período colonial. Al contrario, si existen mayores detalles sobre los Cuerpos Nacionales de Infantería y Caballería apostados en el archipiélago, al igual que sobre el número de escuelas y estudiantes. No obstante, un actor omitido en esta inicial estadística republicana es la Iglesia Católica, pues nada se nos dice del número de religiosos o de las iglesias y parroquias destinadas no solo a la pervivencia de la fe en dichas tierras australes, sino además a contabilizar “las almas”. En cuanto a la producción de maderas, frutas y otros artículos detallados en los cuadros que reproducimos, se confirma la preeminencia de una economía agrícola, aunque no se entregan datos relativos al otro gran recurso de subsistencia del archipiélago: la pesca, salvo una esporádica referencia al bacalao.
En suma, consideramos que estos registros no solo son una buena manera de aproximarse a la historia del archipiélago en su temprana fase republicana, sino a la vez manifiestan la recurrente necesidad de contar con información renovada, por parte de las autoridades locales y centrales, para tener una mejor supervisión del territorio recién incorporado.
Valores de las especies a cambio de efectos según la costumbre del país, a dinero efectivo, dese a 10 menos, rabajase un 33% según varía en la demanda.
San Carlos, diciembre 31 de 1829