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Esta editorial es el producto final del estudio titulado “Estado del arte sobre la situación del acceso y el control de la tierra para las mujeres rurales en Colombia” en el marco de la cooperación realizada en el 2017 con Oxfam Colombia. Las autoras se posicionan en la perspectiva de género planteada por Sen (1) que significa reconocer que las mujeres están situadas en la encrucijada entre producción y reproducción, entre la actividad económica y el cuidado y atención de los seres humanos y, por lo tanto, entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. Ellas son las trabajadoras de ambas esferas y por eso mismo son las que arriesgan más, las que sufren cuando las dos esferas funcionan de manera opuesta y las más conscientes de la necesidad de una mejor integración entre las dos. En este sentido, uno de los recursos cruciales para la reducción de la pobreza, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible es la tierra. Sin embargo, hombres y mujeres no siempre disfrutan los mismos derechos a esta, ya que existe una brecha de género en su acceso y tenencia por ser mujer, por ser rural y por pertenecer a un grupo étnico, así como a otros recursos y bienes: ganado, servicios financieros como créditos bancarios, asistencia técnica, educación y tecnología (2).
La mujer rural colombiana ha experimentado históricamente una serie de desigualdades sociales debido a los obstáculos para acceder a los recursos y bienes, los cuales se profundizaron en el marco del abandono del sector rural y agrícola y del conflicto armado de medio siglo de duración. Las mujeres rurales han enfrentado las dramáticas consecuencias de la guerra en los territorios, como el desplazamiento, el despojo de tierras, la violencia sexual como arma de guerra y el reclutamiento forzado. Se evidencia una estructura primaria de poder que se mantiene de manera intencionada y deliberada, lo que trae desigualdad, violencia y pobreza. La posibilidad de crear un nuevo modelo de desarrollo que dialogue con la vida, en el cual se mejore el uso, el acceso y la tenencia de la tierra, necesariamente pasa por una redistribución equitativa de esta con enfoque de género, y de esta forma dignifica y visibiliza los escenarios en donde la mujer reconoce el poder que tiene en la sostenibilidad de la casa común y en la reducción de la pobreza en territorios rurales.
¿Cómo surge la inequidad de género en el acceso a la tierra?
Según Fuentes, Medina y Coronado (3), la raíz del desbalance de género se encuentra en las dinámicas de poder de la cultura patriarcal en la sociedad. Para clarificar mejor el concepto de cultura patriarcal o patriarcado, se toma como referente a Cagigas (4), que define el patriarcado como la relación de poder directa entre los hombres y las mujeres, en las que aquellos tienen intereses fundamentales en el control, el uso, la sumisión y la opresión de estas. Esta subordinación y opresión está profundamente arraigada en la sociedad y no es consecuencia del azar o de factores como la biología o la socialización en roles de sexo. Es una estructura primaria de poder que se mantiene de manera intencionada y deliberada, y que ha traído desigualdad, violencia y pobreza en los territorios rurales.
Las normas y prácticas patriarcales que consideran al hombre como jefe de familia y propietario del patrimonio familiar -y por tanto el que toma las decisiones sobre la producción agropecuaria, el manejo del patrimonio familiar y sus activos y el reparto de los recursos e ingresos familiares- ocultan la participación y las contribuciones de la mujer al sustento familiar y no reconocen a las mujeres rurales como ciudadanas independientes con igualdad de derechos. Siguen persistiendo visiones estereotipadas sobre los roles masculino y femenino, por lo que el trabajo de la mujer es visto como asistencia dentro de la economía del cuidado; no se reconoce el valor agregado del trabajo doméstico, el trabajo productivo y el trabajo extrapredial, tanto en el sostenimiento familiar y comunitario como en la propia producción agrícola.
Otros impactos negativos de las dinámicas culturales patriarcales incluyen (5):
La falta de empoderamiento en temas de salud y emprendimiento.
Aislamiento de la mujer de redes de apoyo.
Autoridad machista en temas relacionados con el ciclo vital de la mujer.
Falta de acceso a información.
Poca educación e inclusión financiera.
Baja tasa de ocupación, trabajo remunerado y de salarios.
Falta de activos monetarios y productivos.
Tiempo dedicado al cuidado de hijos y adultos mayores, y labores domésticas.
¿Cuáles son las evidencias de las brechas de género en el campo colombiano?
Las evidencias de la brecha de género en el campo se confirman en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 (6), con indicadores como los siguientes: menor jefatura de hogar de los productores residentes, menor control sobre la tierra, menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica (figura 1).
Las decisiones en las unidades de producción agropecuarias las toman los hombres en su mayoría (figura 2). Sin embargo, 78 % de las mujeres que toman decisión sobre su tierra tiene menos de 5 ha.
En los territorios étnicos, como lo son las comunidades negras e indígenas, se observa una mayor proporción de productores que declaran tomar las decisiones de producción de manera conjunta, aunque predominan los hombres (figura 3).
Los datos sobre las mujeres rurales jóvenes son muy escasos. Sin embargo, la brecha de género es perceptible en lo que a jefes de hogar respecta, en particular en los territorios étnicos (figura 4).
¿Cuáles son las barreras en acceso a la tierra para las mujeres rurales colombianas?
Existen cinco factores estructurales que explican la brecha de género respecto a la repartición de la tierra entre las mujeres y los hombres, según los estudios:
Privilegio masculino en los sistemas de derecho civil. En los casos de herencia y de matrimonio, es poco común que los procesos se realicen para que el cambio de titular quede plenamente legalizado a nombre de la mujer. Con frecuencia, ellas no son consideradas como sujetos de derecho, por lo que los funcionarios prefieren comunicarse con los hombres y hacerles la adjudicación a ellos. Las mujeres solteras, viudas o separadas que solicitan el acceso a los programas de tierras experimentan más fuerte este sesgo (7).
Sesgo de género en programas estatales. Este problema se evidencia debido a que hay una limitada participación de las mujeres en los procesos tanto de inscripción de aspirantes a tierra como de asistencia a las reuniones convocadas para tomar acuerdos acerca del proceso de negociación. Las mujeres no asisten con regularidad porque no siempre disponen del tiempo para participar en estos procesos previos y en otros casos no son convocadas. La poca presencia de ellas suele interpretarse como menor interés, con lo cual pueden ser fácilmente excluidas de la lista de aspirantes (8).
Implementación débil de las políticas y programas existentes. Se reporta una falta de correspondencia entre lo que establecen las normas y marcos jurídicos y lo que se evidencia en su implementación. Según Gutiérrez (9), la mayoría de programas se interrumpen o terminan con los cambios de gobiernos. El tema mujer o género es demasiado sensible a la voluntad política de los gobiernos o son restringidos por las políticas de ajuste y no existe continuidad en los programas (9,10).
Falta de información de las mujeres rurales frente a sus derechos. Existe un desconocimiento sobre los recursos de orden administrativo para recurrir o apelar decisiones tomadas por la administración pública en el marco de los programas de adjudicación de tierras y de apoyo a proyectos productivos. Las mujeres rurales enfrentan un desconocimiento de sus facultades y garantías, así como de los procedimientos administrativos para su reclamación, sin negar las dificultades de acceso al aparato de justicia, en el caso de las mujeres víctimas de la violencia y el conflicto armado (3). Al respecto, Meertens (10) afirma que muchas veces la relación tradicional entre las mujeres y la propiedad o la posesión rural ha estado mediada por su compañero. Una viuda desplazada suele enfrentar mayores dificultades en lo jurídico: no sabe de la existencia de títulos, no tiene información sobre la modalidad de la propiedad, no cuenta con pruebas de posesión y, en ocasiones, no tiene la dimensión de lo que la tierra y sus productos derivados pueden representar en términos económicos.
Asociados al conflicto armado, desplazamiento forzado, despojo de tierras, procesos de restitución de tierras y atención de víctimas. Según Meertens (10), el Grupo de Memoria aún no dispone de datos sobre cómo afectan a las mujeres las diferentes modalidades de despojo. Sin embargo, como lo constató la Corte Constitucional mediante el Auto 092 de 2008, las mujeres víctimas se encuentran en condiciones desventajosas para resistir y oponerse a las amenazas y maniobras jurídicas fraudulentas utilizadas por los actores armados para llevar a cabo el despojo de derechos patrimoniales. A esto se suman las dificultades que afrontan para acceder a la documentación personal y a los registros y para acreditar la proporción de la tierra y la extensión de su patrimonio (11).
Conclusiones
La autonomía en el uso, el control y la tenencia de la tierra genera mayor empoderamiento económico y social de las mujeres rurales. Así mismo, la propiedad de la tierra puede condicionar la participación de las mujeres en organizaciones campesinas o comunales y también su identidad y reconocimiento social (12). El derecho de las mujeres a la tierra se relaciona con el tema de violencia de género, puesto que el acceso a los recursos resulta esencial para aumentar su capacidad negociadora (7). Existe una histórica y sistemática exclusión de las mujeres del derecho a la tierra que se expresa en la menor probabilidad que ellas tienen de ser propietarias de la tierra, con respecto a los hombres, y en que, cuando logran acceder a ella, lo hacen en extensiones menores y sobre terrenos de menor calidad (13).
Las ideologías patriarcales no solo afectan a las mujeres, sino que también limitan y restringen a los hombres, a pesar de su situación de privilegio, ya que al asignar a las mujeres un conjunto de características, roles y comportamientos “propios de su sexo”, los hombres quedan obligados a prescindir de estos roles y a tensar al máximo sus diferencias con ellas. En palabras de Lagrande, de no parar con esta ideología patriarcal, se aumentará la feminización de la pobreza, la marginación de las mujeres, el feminicidio y la violencia de unos contra otros (14). Es necesario que la sociedad colectivamente ejerza una emancipación de estas dinámicas de poder que multiplican la inequidad. En este sentido, la academia tiene un papel fundamental al notar, denunciar e informar a los tomadores de decisiones con evidencia científica, y de esta forma liberar no solo a las mujeres sino también a las niñas rurales de cualquier clase de subordinación o dependencia.
La comprensión de las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Colombia es un paso prioritario para diseñar, fortalecer e implementar políticas públicas e intervenciones para su empoderamiento, y eliminar los mecanismos que reproducen la brecha social entre el campo y la ciudad. No es posible combatir la desigualdad en América Latina sin una distribución de la tierra con enfoque de género, en el cual las mujeres conozcan sus derechos, los defiendan y tomen decisiones encaminadas a su bienestar integral y desarrollo económico.
