Criminalización, arbitrariedad y doble militancia. La policía y la violencia en el fútbol argentino

Gastón Julián Gil

Doctor en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Argentina. Actualmente se desempeña como profesor de antropología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata y como investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Fútbol e identidades locales (Miño y Dávila, 2002), Hinchas en tránsito (EUDEM, 2007) y Teoría e historia del pensamiento antropológico (Estanislao Balder, 2007), y cerca de treinta artículos en libros y revistas nacionales y extranjeras en ciencias sociales. Correo electrónico: gasgil@mdp.edu.ar.

El fútbol es apenas uno de los tantos escenarios que se perciben como inseguros y violentos en la sociedad argentina. Desde hace más de treinta años la opinión pública lo ha definido como un problema social de gran relevancia, y un grupo específico de actores, categorizados como barras bravas, ha sido identificado como los casi exclusivos culpables de "arruinar la fiesta de todos" que, se asume, es el fútbol. De ese modo, las agencias del Estado que ejercen formalmente el control social propician procesos de criminalización que reducen la complejidad de un fenómeno que no admite definiciones y explicaciones sencillas. En ese marco, las fuerzas policiales desarrollan un "poder punitivo paralelo", constituyéndose en agentes clave en la generación de hechos violentos en las canchas del fútbol. Lejos de cumplir con la declarada función de garantizar la seguridad, la policía participa directamente en la conformación de un clima violento en el cual es definida por los hinchas como el enemigo a combatir.

PALABRAS CLAVE

Violencia, inseguridad, fútbol, criminalización.

Criminalization, Arbitrariness and Double Militancy: Police ans Violence in Argentine Soccer

ABSTRACT

Soccer matches are just one of many scenarios that are perceived to be insecure and violent in Argentine society. For more than thirty years, public opinion has defined them as an important social problem. And it has identified a specific social group, categorized as barras bravas, to be almost entirely responsible for "destroying the festivities [of the soccer matches] for everyone." In this way, the state agencies that formally exercise social control encourage this process of criminalization, which reduces the complexity of a phenomenon that goes beyond simple definitions or explanations. In this context, the police forces acquire a "parallel punitive power," themselves becoming key agents in the generation of violence in football stadiums. Far from fulfilling their supposed function of guaranteeing security, the police help create the violent atmosphere in which these fans identify it as the principal enemy to combat.

KEY WORDS

Violence, Insecurity, soccer, Criminalization.

Criminalização, arbitrariedade e dupla militancia. A polícia e a violência no futebol argentino

RESUMO

Na sociedade argentina, o futebol é só um dos tantos cenários que são vistos como inseguros e violentos. Há mais de trinta anos que a opinião pública o tem definido como um problema social de muita relevância e que um grupo específico de atores, catalogado como barras-bravas, tem sido identificado de ser quase o único culpado de "estragar a festa da galera", que, se assume, é o futebol. Desse jeito, as agências do Estado que exercem formalmente o controle social propiciam processos de criminalização que reduzem a complexidade de um fenômeno que não admite definições e explicações simples. Nesse contexto, as forças policiais desenvolvem um "poder punitivo paralelo", que as constitui como agentes chaves na geração de fatos violentos nos campos de futebol. Longe de cumprir com sua função declarada de garantir a segurança, a polícia participa diretamente na conformação de um clima violento no qual é definido pela torcida como o inimigo a combater.

PALAVRAS CHAVE

Violência, insegurança, Futebol, Criminalização.

[L]a "violencia policial" evoca –nos parece– dos inmensos campos de significación. Uno, el de los sórdidos escenarios de los calabozos y las habitaciones secretas de las comisarías en los que se golpea, se tortura, se apalea, se humilla, se somete a través de una multiplicidad de formas, gestos, actitudes, a quienes ahí caen prisioneros. Otro, el de los enfrentamientos en las calles, el del control de las poblaciones, el de la persecución como segregación o como exterminio: el de las razzias y el "gatillo fácil" (Tiscornia, 2007, p. 256).

En ese marco, el diseño de los operativos policiales en las canchas de fútbol se presenta como una instancia a partir de la cual observar que la policía es parte activa en la generación de la violencia, más allá de los negocios que esa inseguridad –que supuestamente combate– le permite llevar adelante. Esta participación directa cobra dimensiones aun más relevantes cuando se dan fenómenos de doble militancia en los que los jerarcas policiales forman parte, directa o indirectamente, de hinchadas de equipos particulares y se suman a una represión orquestada y dirigida hacia los hinchas visitantes.

La policía encarna además una de las alteridades más potentes en el campo futbolístico, que paulatinamente alcanza mayores cuotas de antagonismo, a tal punto que puede llegar a relativizar las rivalidades propiamente deportivas entre los iniciados. Esta institución es percibida como un agente extraño al ámbito deportivo y su presencia se rechaza de manera contundente, haciendo coincidir sobre la figura de los oficiales de policía todos los rasgos desacreditadores de la conducta, dentro de un campo cultural que puede concebirse como una "formidable máquina de crear oposiciones". ² La policía, además, suele ser identificada como una parte que siempre está del lado del rival, de quien es amigo. Esto se enmarca en los ideales del aguante, atributo del que todas las hinchadas y todos los hinchas se sienten dueños, ya que un hincha sin aguante no es un hincha. Existe entre los seguidores de los equipos una necesidad de autoposicionarse como dueños de este capital simbólico que se adquiere día a día. Cada demostración de bravura, de fervor y de fidelidad será un punto a favor. Cada pelea ganada, también. El aguante apunta a varios sentidos a la vez. La afirmación del propio cuerpo (la hinchada) como soporte de cualquier eventualidad ("cueste lo que cueste", "no me importa la policía") constituye uno de los elementos centrales, lo mismo que el autoposicionamiento como "punto" en la disputa, porque el aguante sólo tiene valor si se llevan las de perder. Esa situación de proclamada desventaja frente a la policía provoca que ninguna hinchada renuncie a estar pertrechada con proyectiles de diverso tipo para enfrentarse con la policía (aunque también con hinchas rivales). Contra las fuerzas policiales el uso de las piedras se justifica en los elementos que porta la policía (armas, palos, balas de goma, gases lacrimógenos). Por supuesto, todas aquellas hinchadas rivales acaparan los estigmas más infamantes del campo deportivo. No hay duda de que son cagones, no aguantan, son protegidos por la policía, corren en todas las canchas y no van a los partidos de visitante por temor.

Esta percepción negativa de la fuerza policial no es privativa del campo futbolístico, sino que se extiende a los más variados ámbitos de la sociedad argentina, aunque en ningún sector de forma tan virulenta como en el mundo del delito. De manera similar a lo que sucede con los hinchas de fútbol, el otro para el pibe chorro también es la policía. En ese sentido, Alarcón (2003) describe un tatuaje en forma de V con cinco puntos que significa que cuatro pibes chorros rodean a un policía. Se trata del juramento de los cinco puntos tatuados, "una promesa personal hecha para conjurar la encerrona de la que ellos mismos fueron víctimas" (Alarcón, 2003, p. 34). Isla y Valdez Morales (2003) enmarcan esta cuestión en que los pibes chorros aceptan la antinomia "matar o morir" frente a la larga fila de experiencias penosas por las que han atravesado familiares, amigos y compañeros que fueron apresados. La oposición es a esa "policía brava" (Míguez e Isla, 2003) que es el producto de una compleja serie de intereses en el marco de un proceso histórico que ha conformado una fuerza que ni siquiera puede considerarse disciplinadora, porque es esa misma institución la que trasgrede la ley y el orden, respondiendo en muchos casos a intereses políticos y económicos muy precisos. Esto configura una sensación creciente que da por sentada la corrupción política de los funcionarios del Estado, la connivencia del poder judicial con las partes litigantes más poderosas y la impunidad de las agencias policiales. De esta forma, "las prácticas ilegales en las que incurren gran parte de las instituciones paradigmáticas de la moral del Estado, las han deslegitimado a tal punto que se han transformado en un factor central, por vías directas o indirectas, en la producción de la violencia urbana/ delincuencia actual" (Míguez e Isla, 2003, p. 317). Esta oposición hacia el accionar policial que puede encontrarse en las villas, se define en términos muy similares a los contextos futbolísticos. La violencia policial y los abusos de poder de esa institución del Estado, cuyo accionar se percibe como ilegítimo al extremo, deriva en formaciones tales como la patota, tal cual llaman en algunas villas a los policías de civil que las regentean. Puex (2003) describe una cantidad importante de abusos por parte de una policía vista como un poder represivo que no admite oposiciones. Isla y Valdez Morales (2003) resumen las prácticas ilegales del Estado en la tortura en sus más diversas variantes y proporciones, las ejecuciones, las amenazas, los ajustes de cuentas, las presiones para conseguir beneficios determinados, la entrega de zonas liberadas, entre las más comunes. Esto configura un panorama en el que se torna imposible discriminar cabalmente entre la ley y el delito, a la par que el discurso hegemónico tiende a legitimarlo, en la búsqueda de una "guerra contra la delincuencia" (Isla y Valdez Morales, 2003). En ese contexto, procedimientos como las razzias

[S]on decisiones políticas, armas de un vasto campo ideológico que evoca la guerra y la violencia al tiempo que impone la disciplina. Son parte del arsenal de técnicas policiales cuyo despliegue está llamado, antes que a castigar faltas o delitos, a instaurar y extender un sentido determinado del orden y la moralidad pública. Es la presencia violenta de la autoridad política que supera –ostensiblemente– cualquier límite del derecho (Tiscornia, 2007, p. 256).

LA POLICÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL HINCHA

Un grupo de personas está esperando el colectivo de línea enfrente de La Cantera para regresar a sus hogares luego del empate en cero entre Aldosivi y Talleres de Córdoba, en un partido por la Primera B Nacional. De repente, un policía a caballo irrumpe velozmente y se coloca frente al grupo, levanta su palo y hace el ademán para empezar a dar. Sólo una persona de edad avanzada alcanza a decirle, ante la sorpresa general, "¡Pará, qué haces!". En ese momento, el policía entra en razón y le da media vuelta al caballo. La llegada de la hinchada de Talleres, que antes del encuentro había roto algunos vidrios de las instalaciones locales, transformó el clima del partido. La 12 clamaba una venganza que nunca se concretó. Para disuadir el intento de dársela a los visitantes, el dispositivo policial funciona a pleno amparado en el criterio único ante cualquier disturbio: la represión indiscriminada. Aunque nunca se sabrán las causas precisas, el corazón de Pedro Pica no soportó el momento mientras atronaban el ruido de las balas de goma y el poder de los gases lacrimógenos. Era la tercera y última víctima en un escenario al que le quedaban muy pocas jornadas futbolísticas. En apenas cuatro años, el escenario ritual de los hinchas de Aldosivi ya mostraba tres víctimas fatales que, a pesar de sus imponderables y diferentes causas, siguen siendo su gran mancha.

La policía se ha transformado en un agente omnipresente del campo futbolístico. Del solitario agente policial que estaba destinado a proteger al árbitro en las primeras décadas del siglo XX hoy se ha pasado a inmensos operativos con centenares de hombres que transforman a los escenarios deportivos en verdaderos estados de sitio. Sin irse tan atrás en el tiempo, en Aldosivi aún se recuerda a Alfonso y sus cuatro "gaviotas", en referencia a los agentes de prefectura que por sí solos cubrían la seguridad de miles de personas en la recordada cancha del Ministerio de Obras Públicas en el puerto marplatense. El crecimiento de la violencia en los espectáculos futbolísticos ha generado como respuesta la formación de entes especialmente destinados a la seguridad deportiva, que determinan no sólo el número de agentes para cada partido sino que definen el lugar, el día y el horario de los encuentros. Como se mencionó más arriba, la policía es la que representa con mayor fuerza a la primera alteridad en el campo futbolístico. Esta percepción está anclada en la valoración social a una institución que cada vez más se asocia con la corrupción, la incapacidad y la sociedad con el crimen organizado. Específicamente en las canchas, la policía es vista como la gran generadora de violencia y a la vez la principal destinataria de esa misma violencia, porque "yo sabía, yo sabía/ a Cabezas lo mató la policía". ³

Amílcar Romero sostiene que:

[L]a policía es estática. Su función específica es primordialmente cuidar los bienes de los clubes, sus dirigentes y particularmente los jugadores. Nadie podrá negar que hasta ahora ha sido efectiva. Dentro de la cancha miran el partido, intervienen (tarde) si hay algún altercado, y a la salida se limitan a hacer barreras y separar en dos a los torrentes de ambas hinchadas, procurando que las fuerzas enemigas no tomen contacto en las inmediaciones o en todo caso que lo hagan en lo del comisario de al lado (Romero, 1986).

Este mismo autor asegura que el modo de represión masivo que encaran ante cada disturbio favorece las tácticas y estrategias de las hinchadas, que ante este tipo de ataque masifica el problema porque "cuando la barra ataca, ataca sola, pero cuando recibe la represión, con todas las cuentas pendientes que hay de afuera, en la macrosociedad, particularmente con la policía, el brazo del Poder que tenemos más a mano en la vida cotidiana, la hinchada te reacciona en masa" (Romero, 1999). En ese sentido, Romero cita palabras del comisario Oscar Rodríguez, a quien considera un experto en el tema de violencia en las canchas, quien afirma que:

[N]o hay manera de aplicar represión que no sea masiva. No tenemos hombres entrenados [...] tenemos tipos de entre 30 y 40 años con borceguíes, panzones, con el "fierro" (arma) en la cintura [...] dónde van a correr a jóvenes que son como gatos y que conocen todo esto perfectamente [...] sin duda que nos pelean porque saben cómo actuamos nosotros [...] ellos golpean, se retiran, nosotros reprimimos masivamente y tenemos toda la tribuna en contra a los cinco minutos. Claro que lo saben. Pero nosotros no tenemos otra manera de actuar porque no tenemos gente. Con la gente que tenemos, tenemos que actuar así (Romero, 1999).

Algunos autores (Alabarces et al., 2000; Garriga, 2001; Moreira, 2001) consideran que la policía es una barra brava más, con la que entablan disputas en términos similares a como lo hacen con otras hinchadas. Incluso señalan que la policía es una barra brava más violenta porque dispone de armas que utiliza legalmente y goza de la impunidad que su estructura le ofrece. Incluso, sin ofrecer datos que así lo sugieran, se llega a considerar que "la Policía también se percibe a sí misma como un grupo de hinchas que disputa con iguales, sólo que abusando de su posición de poder e impunidad" (Alabarces et al., 2000). Sin embargo, los testimonios que se han podido recolectar entre policías de infantería destacan que son ellos los que se encuentran en situación de desventaja "porque somos 20 que nos tenemos que pelear contra 500". Aunque Raúl, comisario mayor de la Policía bonaerense, reconoce que "no están bien formados, no saben tratar a la gente y todo se les va de la mano". Lo que aquí se intentará mostrar es que esa equivalencia no es tal más allá de que determinados fragmentos discursivos permitan navegar en ese sentido. Estamos en presencia de una categorización etic que pasa por alto los modos en que las hinchadas se definen a sí mismas, que van mucho más allá de compartir –si es que en efecto los comparten– ciertas definiciones y códigos de la violencia. Además, las hinchadas de fútbol no pueden ser definidas exclusivamente por sus prácticas violentas sino que despliegan diversas teorías nativas (de la pasión, del aguante, de la concepción del otro) que exceden a la violencia, aunque puedan involucrarla. En efecto, las hinchadas han nacido bajo circunstancias puntuales y han ido evolucionando con el tiempo de un modo sensiblemente diferente de cualquier institución policial. De cualquier manera, el accionar policial debe diferenciarse de acuerdo con la división a que pertenezcan los agentes. Según Raúl, los agentes de comisaría son los que menos quilombo quieren. En realidad ningún policía quiere que haya goma, aunque muchas veces actúan que parece lo contrario. Por eso es que en los ingresos para cachear ponemos a los efectivos de comisaría y a los de infantería los ponemos más alejados de la gente, porque ellos son la fuerza de choque.

En efecto, los destacamentos de infantería son los encargados de entrar en acción cuando se producen disturbios y "ahora están habilitados a reprimir con gases lacrimógenos y balas de goma. Después están los de caballería, que realmente tienen muy poca formación. A ellos es a los que se trata de alejar todavía más que a los de infantería". Pero en líneas generales, este comisario mayor de la Policía bonaerense descarta cualquier posibilidad de equiparar a las barras bravas con la policía "porque no quieren los quilombos, lo que prefieren es que todo pase, cobrar el adicional e irse". Es un dato real que la policía comparte ciertas lógicas y representaciones con los hinchas. Las provocaciones que realizan a la tribuna, para desatar hechos y así poder reprimir, y su rol protagónico en los sucesos violentos parecen confirmar, en la superficie, esa concepción. Pero existe una serie de características que aniquilan todo intento de ubicar a estos actores en el mismo plano. La policía es una institución del Estado y, aunque haya sido sistemáticamente más violenta que las hinchadas que supuestamente combate, de ningún modo se le puede poner en pie de igualdad. Y esto no tiene que ver con juicios de valor que consideren a una de las partes más malignas que otra, sino con develar sus mecanismos de funcionamiento, que permita entender las representaciones que los distintos actores reproducen. Además, el análisis que aquí se propone muestra aristas que sitúan a esta institución en un nivel mucho más amplio que su relación con los hinchas de fútbol.

POLICÍA Y PROCESOS DE CRIMINALIZACIÓN

El funcionamiento de la policía es uno de los temas prioritarios en la agenda política nacional desde hace varios años. El fútbol es sólo un pequeño espacio en el que el accionar policial es cuestionado y fruto de propuestas diversas. En especial, la policía de la Provincia de Buenos Aires ha sido la fuerza que motivó mayores polémicas, purgas masivas, causas judiciales y sospechas de connivencia con el delito. El especialista Marcelo Sain –que participó en dos experiencias de reforma del sistema policial– analiza el tema en el marco de la creciente sensación de inseguridad, la "paulatina y caótica privatización de la seguridad" (2002, p. 10), el gatillo fácil policial, el gatillo fácil de la delincuencia y el desgobierno político, que ha favorecido una autonomía policial que ha permitido desarrollar un "poder punitivo paralelo" (Sain, 2002, p. 11). Sain sostiene que el Estado, a través de la policía, desarrolla un proceso de criminalización sobre grupos pequeños a los que prejuzga como responsables de la mayor parte de los delitos. Se está en presencia de un proceso de dos etapas: la criminalización primaria, llevada adelante por las agencias políticas del Estado (Parlamento y poder ejecutivo), y la criminalización secundaria, ejercida por las agencias policiales sobre individuos concretos a partir de la ley penal. Por eso, este mismo autor considera que la intervención policial constituye sólo una de las posibles intervenciones por parte del Estado para prevenir el delito, una más entre las vías legislativa (elaboración de todo el cuerpo legal), judicial (aplica efectivamente las sanciones penales) y administrativa (medida de protección y ayuda a los sectores sociales en riesgo). De todas maneras, la situación actual de las agencias policiales las sitúa en una posición privilegiada, a partir de una serie de prerrogativas que en muchos casos atentan contra la libertad de los individuos y contra los derechos humanos, con procedimientos como la detención de sospechosos de delitos o contravenciones, el registro de personas detenidas, la vigilancia de lugares diversos, el registro de la información recogida en la tarea de vigilancia, la investigación de personas, etc. Por ende, Sain postula que es necesario aplicar una reducción en el carácter discrecional que limite los amplios márgenes de iniciativa en la cotidianidad, sobre todo en aquellas circunstancias específicas que no están reguladas por normativas administrativas y legales. Por lo tanto, para este autor deben primar tres principios en el accionar policial para evitar la discrecionalidad. El primero de ellos es el principio de oportunidad, a partir del cual se determina cuándo es necesario actuar para evitar que se concrete un hecho delictivo. Entonces, debe constatarse una situación objetiva de peligro. El principio de la congruencia establece un equilibrio entre la situación objetiva que motiva la intervención y el tipo de intervención que se piensa llevar a cabo. Y desde el principio de proporcionalidad se determina la intensidad de la intervención. Aquí se debe sopesar la magnitud o importancia de los hechos sobre los que se actúa.

Parte del trabajo de campo desarrollado estuvo orientado a seguir de cerca los operativos policiales, que, de acuerdo con los problemas que generan, parecen estar diseñados para generar disturbios, violando de forma reiterada los tres principios mencionados anteriormente. Así, se constituyen en imponentes puestas en escena que militarizan el espacio deportivo, y que siempre están a un paso de concretar extravagantes despliegues de tecnologías represivas que suelen exceder ampliamente las infracciones cometidas por los hinchas. Cartucho, uno de mis informantes centrales, está convencido de que:

[L]os canas son vivos. Fíjate que en las boleterías, donde están los pibes mangueando a la gente, no hay policías. L o hacen para que haya lío y poder empezar a reprimir. Está hecho todo a propósito, no les interesa estar en donde nacen los quilombos. Después se ponen todos juntos en la entrada, te cagan a palos, te provocan y por cualquier cosa empiezan a sacudir con los gases y las balas.

Raúl, pese a pertenecer a la fuerza policial, admite que sus pares a veces provocan a los hinchas "porque son muy resentidos. No alcanzan a entender que se tienen que comer muchas cosas en la cancha, aguantar escupitajos, puteadas durante horas y después no se pueden meter en el juego de los hinchas. Eso es inadmisible, la policía no puede darse el lujo de contestar las agresiones de las personas porque está para brindar seguridad".

ALGUNAS IMÁGENES SOBRE EL TERRENO SON ELOCUENTES

Mientras esperamos el inicio del partido entre Aldosivi y Cipoletti se empieza a escuchar un murmullo extraño que proviene del sector subterráneo de los estacionamientos del "José María Minella". En esta ocasión me encuentro en la platea baja descubierta hablando con algunos informantes. No somos más de 20 personas en todo ese sector, que comprobamos que ese canto cada vez más intenso se corporiza en un centenar de muchachos con camisetas blanquinegras que suben por la escalera caracol hacia donde estábamos nosotros. Sólo un policía nos separa de la hinchada de Cipoletti que ya ha sido descubierta por los hinchas de Aldosivi que están en la popular vecina. Un grupo de plateístas, tal cual es la costumbre, comienza a insultar a los visitantes que van creciendo en número y responden con vehemencia al recibimiento de los plateístas cercanos y de los que están en la popular, ya más lejanos y sin posibilidad concreta de enfrentarse. Un solitario policía con un handy en la mano les marca el camino que deben seguir, en medio de los plateístas de Aldosivi, y no sucede una masacre sólo de casualidad. Las recriminaciones a los pocos policías que están por ese sector van creciendo y el cuestionamiento más consistente apunta a la pregunta: "¿Dónde están los 200 policías para este operativo?". El oficial sólo atina a decir que él no había diseñado el operativo.

Precisamente, la cantidad de efectivos que las seccionales envían a las canchas ha sido motivo de grandes polémicas y de denuncias periodísticas y ante la justicia. En las pocas ocasiones en las que se intentó verificar el número real de agentes en los estadios, la diferencia con la cifra declarada (que es pagada por los clubes) fue enorme. De todos modos, la justicia argentina no ha pronunciado ningún fallo al respecto, en lo que se sospecha que es un gran negocio para comisarios y políticos. Esporádicamente, el periodismo argentino se ocupa del gran negocio de "la inseguridad" en las canchas. En una nota publicada por Clarín el 19 de mayo de 2000 se afirmaba que "la violencia en el fútbol les da de comer, entre otros, a policías, empresas de seguridad privada y fabricantes de alambrados, vallas de contención, techos de acrílico o mangas inflables". El artículo prosigue detallando las cifras que anualmente reciben las fuerzas policiales para proporcionar seguridad en los estadios: cuatro millones de pesos, la Policía Federal, y tres millones, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ⁴ La misma nota se refiere a zonas liberadas otorgadas por las distintas fuerzas policiales para cometer todo tipo de abusos (asaltos, especialmente) y connivencia entre las principales hinchadas con los altos jefes policiales. Sin embargo, en ese mismo artículo se citan declaraciones de un alto funcionario de la Policía Federal que sostuvo que "nuestro gran escollo para combatir la violencia es la legislación. No tenemos elementos para detener a un hincha borracho o drogado. Es un problema cultural: nunca escuché a un dirigente que se proponga educar a sus hinchas". El mismo diario, en otro artículo publicado también el 19 de mayo de 2000, aportó información referente a las entradas de cortesía que algunos clubes le entregan a la policía, especialmente River, que, según un testimonio presentado, llegó a proporcionarle a la seccional 51 de la Policía Federal una cifra cercana a las 200 entradas, cuyo destino final nunca se conoció.

VAYAMOS A OTRA IMAGEN DE CAMPO…

Los hinchas que pugnan por ingresar sin entradas complican las cosas, mientras los oficiales aprovechan la situación para golpear a un par de chicos que tienen los rostros desencajados, a la par que muchos de los que ya están adentro del estadio no cesan de hostigar a los cobanis. Cuando los hinchas son detenidos, el resto interviene. La represión policial es extravagante, con despliegue de armas, de caballos y de un arsenal de gases lacrimógenos. Los ruidos de los disparos se escuchan en todo el estadio, hay corridas, discusiones, gritos y llantos. La represión es masiva e indiscriminada y alcanza también a padres con sus hijos. Muchas personas discuten acaloradamente con los oficiales y uno de ellos concluye: "Les tendrían que haber suspendido la cancha la otra vez". Un hincha de edad avanzada infiere: "Esto se arregla fácil. ¿Cuántas entradas hay que darles? Cien, doscientas, listo. Y se terminaron los dramas". Cuando todo se normaliza, el partido ya había comenzado. Sin embargo, algunos miembros de La 12 comienzan a lanzar petardos, pese a los controles previos. Entre ellos, está el mismo hincha que había sido detenido pocos minutos antes mientras empujaba en un tumulto y que había originado una pelea.

Los partidos de Aldosivi se juegan con un altísimo porcentaje de policías por espectador, ⁵ a tal punto que se llegaron a disputar encuentros con un efectivo policial por cada quince hinchas. Además de las enormes erogaciones que esto les causa a los clubes, la policía es la fuente principal de generación de tensión en partidos como los de Aldosivi, en donde la presencia de los visitantes es más una excepción que una norma. Los controles policiales están diseñados de tal modo que todos los hinchas son cacheados en los ingresos, lo que produce importantes demoras y amontonamientos de público, que puede llegar a demandar hasta 20 minutos esperando ingresar al estadio (muchas veces con el partido ya comenzado). En esos momentos la tensión crece, al igual que las protestas y los insultos contra los uniformados. Mucha gente que concurre tranquilamente a los estadios pierde sus nervios ante lo que consideran agraviantes controles policiales. Los mismos controles que cachean a las madres con sus hijos y luego dejan entrar en bloque a miembros de la hinchada con sus banderas y bolsas de papelitos sin siquiera revisarlas. Los cacheos establecen una "indistinción de los cuerpos. No son individuos lo que se castiga o somete, son grupos y poblaciones" (Tiscornia, 2007, p. 256), que son sometidos a medidas de defensa con el objeto de custodiar la peligrosidad de los hinchas. Se trata de medidas que pueden denominarse pre-delictuales, dadas por la mera sospecha de la peligrosidad de algún actor social (Tiscornia, 2007). Estos procedimientos configuran usualmente importantes tumultos que llegan incluso a generar conflictos y peleas entre los propios hinchas, ante la pasividad de los agentes policiales que sólo atinan a pedir que se tenga paciencia. Todo está sustentado en un "policiamiento reactivo" (Sain, 2002), en el cual la relación policía-comunidad se define por su externalidad y la antinomia castrense de amigo-enemigo, a diferencia del policiamiento comunitario, marcado por la proximidad o cercanía de la vecindad. Todo ello configura:

[U]n proceso de deshumanización en el que se exige de las personas obediencia extrema, cumplimiento irrestricto a las órdenes y gritos policiales, sumisión, servilismo. Las personas cercadas son obligadas a arrodillarse y no mirar a quien lo detiene, son empujadas contra paredes, contra vehículos, deben entrelazar las manos tras la nuca, tirarse al piso y exponer el cuerpo a golpes, patadas o insultos (Tiscornia, 2007, p. 256).

Retornando a la problemática de campo, muchos hinchas de Aldosivi se sienten provocados directamente por los mismos policías, que comúnmente les hacen señas marcándose una franja cruzada, en alusión a la camiseta de Alvarado. Lo peculiar es que los hinchas de ese equipo se quejan exactamente de lo mismo: los policías se hacen señas de las rayas verticales de Aldosivi. En los partidos disputados por Aldosivi en Mar del Plata se ha dispuesto de las más variadas estrategias policiales, llegándose incluso a prohibir el uso del amplio estacionamiento del estadio a plateístas y prensa. Cada domingo los espectadores desconocen por dónde deben ingresar y qué sectores se les van a destinar. Lo más evidente se ve en la platea descubierta, que por los disturbios entre plateístas de River y Boca en los torneos de verano fue dividida, luego de 25 años de uso, con una reja que impide la comunicación entre dos franjas de butacas. Por ello, en algunas ocasiones los plateístas son ubicados en la platea sur, y en otras, en la platea norte. Este tipo de medidas motivó, por ejemplo, la queja en el partido de la eliminación ante Douglas en las semifinales del Torneo Argentino A 2004, ya que los hinchas locales no pudieron utilizar la mitad del estadio, con capacidad para 45 mil espectadores, y debieron renunciar a ejercer cualquier tipo de presión sobre los visitantes en el segundo tiempo. Las 15 mil personas que asistieron aquella tarde de lunes debieron conformarse con observar desde lejos la impotencia de Aldosivi por vulnerar por segunda vez el arco de Douglas Haig y digerir de ese modo la eliminación en semifinales por tercera vez consecutiva.

Como lo señaló en una nota periodística Rafael Di Zeo, el famoso hincha de Boca: "¿Sabés cómo la arman ellos? Fácil. Cuando la gente está haciendo la cola, la cagan a palazos, le tiran los caballos encima, se arma una grosa y ya está. Y eso no lo maneja el comisario, sino de mucho más arriba" (Olé, 27 de enero de 2004).

Cartucho todavía recuerda:

[E]l odio que me dio cuando se nos pusieron en fila de frente a la popular cuando nos eliminó Douglas. Como estábamos quedando afuera nos empezaron a gozar, se nos cagaban de risa. Y ahí la gente se calentó y les empezó a tirar de todo. Yo les tiré con lo que pude. Y ahí nomás, ya estaban preparados para tirar gases y balas de goma, sin importarles si había chicos, mujeres. Son unos hijos de puta, con todas las letras.

En ocasiones se trata de un maltrato rutinario, es decir, malos modales en los controles, empujones, cacheos y todo tipo de actitudes normales. Sin embargo, en otras ocasiones se trata de provocaciones directas que los agentes policiales ejercen contra los propios hinchas. De cualquier manera, el trato que dispensan a los espectadores no es el mismo para con todos y puede variar desde una actitud sumisa (cuando se reconoce algún tipo de superioridad social en el espectador) hasta el uso de los palos y las armas o la amenaza concreta, cuando deben tratar con "estos negritos de mierda", según se suele escuchar a muchos policías justificar su propio accionar cuando intentan construir cierta complicidad con algún espectador. En aquellos casos no dudan en pronunciar frases como "Hay que reventarlos a todos, lo único que quieren es hacer quilombo", pese a pertenecer en general al mismo estrato social y compartir muchos de los rasgos físicos que ellos mismos estigmatizan.

Cartucho señala que "en los últimos tiempos también la cana comenzó a actuar distinto. Antes era muy raro que reprimieran con balas. Muchas veces nos trenzamos con ellos y se las hemos dado, pero más que un palazo no nos comíamos". La militarización del espacio deportivo es un hecho, y de ninguna manera esta modalidad ayuda a prevenir los enfrentamientos. Al no haber rival a la vista, como sucede habitualmente en los partidos de Aldosivi como local, es la policía el enemigo a combatir. Y los tumultos que se generan mientras se cachea a todas las personas son propicios para los empujones, para las discusiones. Cada decisión del Comité Provincial de Seguridad Deportiva de la Provincia de Buenos Aires (CO-PROSEDE) se recibe en Mar del Plata como una provocación, especialmente desde que a mediados de 2002 fue una costumbre que más de 200 efectivos sean destinados en los partidos en Mar del Plata. Además del dinero necesario para los sueldos de los árbitros y la apertura del estadio, el costo de organización de los partidos de Aldosivi asciende a casi 10 mil pesos por partido.

La norma parece ser que, ante cualquier disturbio, la policía actúa rápidamente utilizando palos para pasar enseguida a las balas de goma (los corchazos, como los llaman los hinchas) y a los gases lacrimógenos. Un hincha de Aldosivi que no estuvo involucrado en ningún disturbio perdió en Bahía Blanca un ojo por una bala de goma policial, y en algunas pequeñas escaramuzas son muchos los hinchas que reciben impactos de esos proyectiles. José asegura que "la cana sabe a quién agredir. Si sos rubio y estás vestido de determinada manera, ya te reconocen como superior social y te tratan mejor, pero cuando ven a un par de morochitos le dan con saña". En el momento en el que obtuve este testimonio se habían generado problemas en el estadio. Me encontraba ubicado en la platea techada, precisamente en el sector en donde comenzaron los disturbios de un partido de domingo por la mañana en el que Aldosivi perdió como local ante Luján de Cuyo. La derrota de Aldosivi y el error arbitral (no se sancionó una mano afuera del área del arquero visitante en la parte final del partido) elevaron la temperatura de los plateístas. Allí, quienes estaban cerca del juez de línea comenzaron a arrojarle pedazos de butacas que habían quedado sueltas. En la popular, sólo un hincha intentó meterse en la cancha. Sin embargo, rápidamente la policía realizó una formación amenazante en la popular, lo que encendió los ánimos de quienes estaban en el sector, aún más indignados ante los gestos de muchos uniformados señalándose una banda (en alusión a Alvarado) sobre el pecho. A los insultos y algunas piedras de los hinchas siguieron las balas de goma, que fueron respondidas con más piedras. Se generó una inmensa corrida en la que el subcomisario fue agredido fuertemente por un grupo de hinchas. En la mente de todos los presentes aún estaban frescas las imágenes de los policías linchados en la Plaza de Mayo por los manifestantes en las movilizaciones de diciembre de 2001 que terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa. En definitiva, para las hinchadas, dársela a la policía constituye todo un verdadero sueño, y cada vez que algún oficial queda a merced del grupo es golpeado sin clemencia.

POLICÍA Y DOBLE MILITANCIA

Desde el punto de vista policial, los partidos de fútbol constituyen todo un riesgo. En las charlas que he podido mantener con agentes, muchos de ellos se muestran atemorizados por lo que pueda pasar, aunque algunos con más experiencia en canchas de la Provincia de Buenos Aires relativicen el ambiente que se vive en Mar del Plata. Un oficial que fue trasladado desde el conurbano bonaerense se ríe de la "alta peligrosidad de las hinchadas de Aldosivi y Alvarado. Acá está todo tranquilo, pero en el Gran Buenos Aires es pesado de verdad. Hay canchas a las que vas con un cagazo bárbaro". Desde las cúpulas policiales se suele insistir en que faltan los elementos legales para "combatir a los barrabravas". Apelando al viejo cliché de "entran por una puerta y salen por la otra", los jerarcas de la fuerza aseguran que los que delinquen en los estadios son liberados rápidamente por insuficiencias en la legislación o por vinculaciones políticas. Por eso es que suelen reclamar leyes más duras para terminar con la "impunidad". En la misma sintonía, desde la fuerza policial se tiende a deslindar cualquier responsabilidad directa en la violencia. Pese a las acusaciones de los demás agentes del campo futbolístico, los policías suelen presentarse como víctimas de un gran negocio en el que existe demasiada hipocresía. Así, aseguran que pueden ser culpabilizados con facilidad de muchas de las cosas que suceden, sin hacer un examen de sus propias fallas, en especial los dirigentes. Raúl es un comisario retirado que ha cumplido durante cuatro años tareas de suma responsabilidad en los organismos de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Este funcionario fue introducido en el tema cuando se formó el organismo que fugazmente condujo Javier Castrilli en la Provincia de Buenos Aires durante 2000 y 2001, la nunca creada oficialmente Dirección de Seguridad Deportiva de la Provincia de Buenos Aires. Luego de ponerse a estudiar un par de meses la problemática, fue haciéndose partícipe en las principales discusiones que se generaban en la estructura conducida por el famoso ex árbitro y que contaba con aportes interdisciplinarios. El comisario asume que "se lograron algunos avances pero lo problemático se daba cuando quienes no tienen idea de cuestiones operativas pretendían planificar estos temas". En la actualidad se considera un experto en el tema y defiende fervorosamente los méritos, competencias y decisiones del COPROSEDE, organismo que ayudó a fundar.

Precisamente, este organismo es cuestionado con dureza por los hinchas de los clubes que reciben sanciones más frecuentes; tal es el caso de Aldosivi. La figura de Mario Gallina, actual titular del ente, es una de las más despreciadas y agraviadas en el ambiente futbolístico de la Provincia de Buenos Aires. Sobre todo, en la ciudad de Mar del Plata se ha cristalizado la opinión de que los equipos locales son sancionados con mayor dureza (por los organismos de seguridad y por la AFA) que los de otras ciudades, porque no existe un poder político que se involucre directamente en la defensa de sus derechos. En el caso de Aldosivi el sentimiento es extremo, a tal punto que se descuenta que además un influyente político local –que ocupa el cargo de diputado provincial y que es un conocido hincha de Alvarado– interviene incluso para perjudicar al club del puerto. Raúl apenas reconoce que por fuera del dominio que ellos tienen se juega otro tipo de decisiones. El caso más concreto es el estadio de Estudiantes de la Plata, que fue clausurado por el COPROSEDE y, después de una habilitación provisoria que le otorgó la Municipalidad, los dirigentes del club platense presentaron nuevos estudios que garantizaban que el escenario era seguro. "Lo único que pudimos hacer es declarar el estadio de alto riesgo en los partidos importantes". Pero en líneas generales, el comisario desestimó cualquier tipo de injerencia política para revertir las decisiones del organismo, "mucho menos cuando el ministro de Seguridad era Juan Pablo Cafiero".

Según este funcionario, las clausuras de los estadios se sustentan en cuestiones técnicas, sobre las que opera una serie de coeficientes que tienen en cuenta un número importante de variables que se van acumulando. Esas mismas variables (reventa de entradas, enfrentamientos de hinchas con la policía, escasos puntos de venta de entradas, pocas salidas habilitadas, uso de material pirotécnico, despliegue de banderas excedidas en tamaño, etc.) le han costado a Aldosivi muchas suspensiones, sin que exista, según lo creen sus hinchas, "nadie que nos defienda". Sin embargo, Raúl asegura haber recibido "presiones de políticos y hasta jueces de Mar del Plata por Aldosivi. Es que nunca le prestamos atención a ningún tipo de gestión de esas características". Lo único que el funcionario admite es que los informes policiales, sobre todo "en los estadios en los que no hay cámaras, ocultan información". El caso más puntual es el de una subcomisaria en Pergamino a la que consiguieron relevarla luego de sancionarla en reiteradas oportunidades. Así, aclara que en un partido con Aldosivi ante Douglas Haig en Pergamino "tuvimos que recurrir a las filmaciones del cable local para poder enterarnos de lo que había sucedido, porque habíamos recibido quejas de la gente de Aldosivi. Y efectivamente comprobamos serias irregularidades cuando no habíamos recibido ningún tipo de informe oficial al respecto".

Raúl admite estar muy bien enterado de las declaraciones que hacen los dirigentes de Aldosivi sobre cada una de las suspensiones y afirma que "siempre omiten las cuestiones más importantes. No es verdad que suspendimos el estadio por una bandera y una bengala, son una sumatoria de hechos, tales como reventa de entradas, enfrentamientos con la policía, que cuando llegan a un límite significa que la cancha debe suspenderse". Raúl también se queja de los dirigentes, porque se manejan con hipocresías, ya que "nunca vas a ver que le paguen un micro a los socios que son los que mantienen al club. Sin embargo, te llevan a 600 vándalos gratis, que son los que hacen lío, y después se quejan porque hay disturbios. Nosotros los tenemos filmados a los dirigentes abrazándose con los barras bravas". En la misma línea, aclara que entiende:

[A] los dirigentes que por pasión quieren hacer las cosas de una manera y se equivocan. Con ellos se puede razonar porque cuando entienden que si no cambian eso va a perjudicar al club, ya hay un principio de solución. Pero cuando esos dirigentes quieren lucrar con la pasión, todo es distinto. Ahí se juegan otras cosas sobre las que no tenemos ningún tipo de opción.

A grandes rasgos, Raúl considera que ha habido avances en la lucha contra la violencia desde que la AFA entendió que "la quita de puntos es la única forma posible para que los dirigentes y los hinchas se den cuenta de que están perjudicando al club cuando generan violencia. Así que me parece que ésa es una de las cuestiones principales".

En el contexto futbolístico nacional sobran las acusaciones periodísticas sobre zonas liberadas para cometer robos y otros delitos, de actos de connivencia entre la policía y las hinchadas. No hay que olvidarse de que cuando se hace referencia a la violencia en el fútbol y a las muertes en los espectáculos deportivos, la policía es un agente infaltable. De hecho, la primera víctima fatal en el fútbol marplatense fue responsabilidad absoluta del accionar policial, en un hecho que involucró directamente a Aldosivi. El 2 de septiembre de 1990 falleció, víctima de los disparos perpetrados por un agente apostado en el campo de juego, la adolescente Adriana Cristina Guerrero durante el partido que Kimberley le ganó en su Villa Deportiva por 3 a 1 a Aldosivi. El responsable del disparo que le quitó la vida a la joven de Aldosivi fue el sargento primero Vicente Arreyes, que, una vez identificado por los hinchas de Aldosivi, a punto estuvo de ser linchado. Sólo la intervención de sus compañeros de arma impidió que lo ahorcaran con un cinturón, luego de haberlo golpeado fuertemente. Amílcar Romero (1999) sostiene que:

[P]or espíritu de cuerpo al suboficial pretendieron hacerlo pasar por estar bajo los efectos del alcohol y todo lo que tenía en el estómago era el plato de vermichelli y la gaseosa que habían bolseado con un compañero en el bufete del club. En juicio oral le dieron 11 años de prisión efectiva por homicidio simple y salió a relucir que tenía antecedentes de andar sacando el arma y baleando civiles desarmados. Por ese motivo lo habían trasladado de Lanús a Mar del Plata.

La muerte de Guerrero fue la primera en una cancha marplatense y la segunda de una mujer en la historia del fútbol argentino. Su fallecimiento guarda características similares al de Alberto Mario Linker, acaecido el 19 de octubre de 1958, que marca el inicio de una larga serie de sucesos trágicos ligados a las confrontaciones deportivas ⁶ (Romero, 1986; Archetti y Romero, 1994). Desde 1958, las muertes vinculadas a los espectáculos futbolísticos no sólo se incorporaron al universo de lo posible, de manera silenciosa y progresiva, sino que se comenzaron a percibir como partes constitutivas de los espectáculos deportivos, aunque sin perder su carácter indeseable. Guerrero es una víctima de la intolerancia policial dentro de una atmósfera violenta y de riesgo permanente. Una violencia percibida como arbitraria e injusta, ya que "lo que importa en la confrontación entre hinchas y policías es descubrir quién es el responsable y, en última instancia, quién está más oculto en el uso de la violencia como medio para obtener objetivos" (Archetti y Romero, 1994, p. 67). Como sostiene Tiscornia, estos abusos sistemáticos "aparecen como un ‘error’ sin responsable y así son generalmente juzgadas por los tribunales, salvo que los familiares o allegados de la víctima conviertan la muerte que pretende presentarse como un suceso serial, en una cuestión política" (2007, p. 252). Tal cual lo demuestra Amílcar Romero, un altísimo porcentaje de las muertes en las canchas es provocado por las represiones policiales, en ocasiones dirigidas de manera premeditada hacia los propios visitantes, especialmente en algunos distritos del conurbano bonaerense y en ciudades del interior. En la actualidad, según me lo han podido confirmar diversos informantes ocasionales de clubes de primera división del fútbol argentino, algunas seccionales policiales disponen de tarifas para proteger a las hinchadas visitantes en territorio enemigo de los propios hinchas locales y de la misma represión policial. Es decir, entre los elevadísimos montos de dinero que las dirigencias de los clubes más importantes de Argentina destinan a los muchachos, una porción va dirigida a las comisarías para que brinden cierta protección, que por supuesto dista mucho de ser muy precisa y totalmente efectiva. Obviamente, ninguna hinchada acepta este dato y sí, en cambio, lo proyecta hacia sus rivales, que siempre son amigos de la policía o se le parecen demasiado.

Según Amílcar Romero, una de las causas más importantes de muertes en las canchas es lo que denomina doble militancia. Se trata aquí de la participación directa de policías en actividad en la protección abierta y sistemática de las hinchadas. El caso más importante es el del comisario Carlos Cardoso, vicepresidente primero de Quilmes durante los setenta, "temido hasta el terror por las hinchadas contrarias, muy conocido por los operativos de seguridad en partidos bravos jugados por Quilmes" (1986, p. 109). Esta situación no es negada por Raúl, en especial "en los pueblos o incluso en ciudades como en Rosario. En muchos casos la policía es parte del problema y los errores históricos y estratégicos que ha tenido la policía son muy grandes".

Otros trabajos de investigación también destacan el vínculo entre los policías y la violencia, y algunos de ellos llegan a mencionar una tríada conformada por policía-hinchadas-parapoliciales durante la época de la última dictadura militar. Scher y Palomino (1988) sostienen que la política de represión interna del Proceso amplió el mercado de trabajo para los miembros de las hinchadas, cumpliendo labores de informantes o de parapoliciales. De acuerdo con Veiga (1998), la hinchada de Gimnasia y Esgrima de La Plata que comandaba el Loco Fierro (Marcelo Amuchástegui) colaboraba estrechamente con Aníbal Gordon, el famoso parapolicial que trabajaba bajo la órbita del no menos célebre general Ramón Camps, por entonces al mando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Veiga (1998) cita casos concretos de seccionales policiales que planifican represiones indiscriminadas para "arruinarle la fiesta" a un determinado club, como asegura que ocurrió cuando San Lorenzo retornó a la primera división del fútbol argentino en 1982. El comisario, hincha fanático de Huracán, había advertido mucho antes que los cuervos no iban a poder festejar como esperaban. En ese sentido, Sain (2002) se refiere a un sistema penal subterráneo, a partir del poder punitivo que la policía ejerce al margen de cualquier legalidad. A tal punto que considera a la pena de muerte, las torturas, las desapariciones, los secuestros, el tráfico de drogas, la explotación del juego y la prostitución como actividades institucionalizadas en la fuerza.

Volvamos a otros datos de campo que nos permitan apreciar cómo todo lo dicho anteriormente no puede dejar de vincularse al caso etnográfico analizado. En Aldosivi todavía se recuerda, con algo de bronca y frustración, la Leyenda del Caballo Verde. Aldosivi llevaba una marcha arrolladora en el regional de 1990. Sólo tres partidos lo separaban del Nacional B. El rival de turno era Estudiantes de San Luis, el equipo patrocinado por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saa, el Adolfo, que poco más de una década después ocuparía fugazmente la presidencia de la Nación, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. El equipo de Mar del Plata se había impuesto como local por 2 a 0, estableciendo una notable superioridad en el juego que no se había cristalizado del todo en el marcador. Quienes tenían experiencia en este tipo de definiciones no viajaron confiados a San Luis, pese al optimismo general. Los problemas comenzaron cuando Verruga, un hincha conocido por su afición a los fuegos artificiales, lanzó una bengala camino al estadio. Quienes iban con él se alarmaron del camino que tomó el proyectil: en su línea de descenso estaba el mismo estadio. Todos temieron una catástrofe, pero las consecuencias fueron distintas a las esperadas. El artículo pirotécnico impactó directamente sobre un móvil policial, le rompió el parabrisas y le prendió fuego a la unidad. A los 30 segundos, según cuentan los que viajaron a San Luis, comenzaron a salir policías por todas partes. Kerosene relata que él se encargó de hablar, junto con un poderoso industrial del puerto y dirigente del club, con el jefe del operativo:

[C]uando empezamos a hablar con él no lo podíamos creer. El tipo era increíble, muy alto, en ojotas y con la remera manchada de vino tinto. Nos trató como el culo y el lío se arregló con guita. Valastro tuvo que poner 5 lucas para que no hubiera más quilombo. Durante el partido le dejaron a la gente hacer de todo y a nosotros nos tiraban los perros.

De cualquier modo, éste es un dato casi pintoresco, sobre todo si se lo compara con lo que ocurrió después, cuando el árbitro había decidido suspender el partido en el tiempo suplementario en el que Aldosivi se encontraba dos goles arriba. También avalado por las crónicas periodísticas, la interpretación unánime de aquel encuentro en San Luis señala que Aldosivi fue despojado, sobre todo cuando, según los que viajaron a la ciudad puntana, El Caballo Verde ingresó al vestuario y obligó, a punta de pistola, al árbitro del partido a reiniciar un encuentro que ya había dado por suspendido. Estudiantes consiguió, en menos de 15 minutos, los dos goles que necesitaba para ir a los penales.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha intentado mostrar la debilidad inherente a las categorías que desde el sentido común periodístico y político se imponen para pensar el fenómeno de la violencia en el fútbol en Argentina. A partir de datos etnográficos en una hinchada de un club del interior, se ha podido observar cómo las etiquetas de "violentas" que se les adjudican a las denominadas barras bravas no son más que simplificaciones dentro de un campo futbolístico en el que la violencia "es una dimensión de la existencia de las personas, no algo externo a la sociedad y a la cultura que le ‘ocurre’ a la gente" (Robben y Nordstrom, 1995, p. 2). El análisis del comportamiento policial en las canchas permite entender que esta institución de control social del Estado se constituye en un agente fundamental en la generación de una violencia que supuestamente debe combatir. En un campo en el que las normativas vigentes sobre delitos y contravenciones en los estadios han previsto castigos importantes para aquellos que los cometan, el accionar policial se muestra como un generador constante de violencia, al constituirse en un otro amenazante para los hinchas de fútbol que lo perciben como un enemigo que los provoca, que busca generar disturbios y que, en última instancia, sólo está para reprimir a las personas y no para hacer cumplir la ley. Además, las agencias policiales despliegan una serie de estigmatizaciones hacia los barras bravas, con procedimientos preventivos tales como el cacheo y el derecho de admisión. Esa misma contraviolencia policial no sólo se muestra incapaz de disminuir la violencia "criminal" sino que además genera una aceleración de fenómenos de violencia "cultural" y "estructural" que se dirigen directamente hacia los representantes de la represión oficial que se juzga ilegítima. Las conductas delictivas de los barrabravas constituyen la coartada justa para no plantearse problemas de mayor complejidad, como los valores compartidos en un campo en el que distintas formas de violencia son legitimadas explícita e implícitamente, sin ser asumidas como tales por los miembros involucrados. Con esto no se está sosteniendo que las hinchadas sean un reflejo de los valores del campo futbolístico, sino que sus excesos respecto a las normas compartidas de intercambio social permiten seguir cubriendo las prácticas violentas que envuelven al fútbol argentino. Quizás en el futuro la policía también deje de ser un agente directamente responsable de la violencia en las canchas, quizás las estructuras de la política partidaria dejen de contratar grupos de tareas, quizás los jugadores y los entrenadores dejen de colaborar para su funcionamiento. Si ese momento llegara, el campo futbolístico argentino se encontraría ante la posibilidad de descubrir sus rutinas de violencia o quizás se seguiría justificando todo en los ideales románticos de la masculinidad, desplegando una "violencia democrática" (Rapport, 2001) para un espacio clave de institución masculina. Y continuarían circulando los discursos contradictorios en los que se enseña que es necesario ganar a cualquier precio, mientras que, paradójicamente, se afirma que el fútbol es un juego. El fenómeno de la doble militancia y el gran número de muertes que la policía ha causado en los estadios sitúan al problema de la violencia en las canchas como un fenómeno que excede a esos sujetos que, bajo la categoría –de procedencia judicial y periodística– barra brava, han sido criminalizados como los únicos responsable de empañar "la fiesta de todos".

¹ A partir de 2007, en una nueva medida postulada para bajar los índices de violencia en el fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los organismos oficiales de seguridad pactaron la prohibición para los hinchas visitantes de concurrir a los estadios en todas las categorías de ascenso. Sólo la primera división escapó de la interdicción

² También debo esta frase a Christian Bromberger.

³ Este canto refiere al célebre asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, transformado en un símbolo de la lucha contra las mafias político-empresariales. En el homicidio fue implicado un famoso empresario, Alfredo Yabrán, acusado de llevar adelante negocios mafiosos con la connivencia de altos f uncionarios del gobierno nacional (incluso se lo involucró muy estrechamente al presidente Menem). El suceso no sólo motivó una cobertura periodística sin precedentes sino que puso en tela de juicio al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Eduardo Duhalde.

⁴ En aquella época, un peso argentino equivalía a un dólar.

⁵ Un informe oficial de la Secretaría de Seguridad Deportiva (Blanco et al., 2001) detalla que la figura de Servicio de Policía Adicional fue instituida por primera vez en Argentina por la Policía Federal en 1906.

⁶ Antes de ese suceso hubo otras doce muertes vinculadas al fútbol entre 1924 y 1944 (Romero, 1999).

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