Presentación

En marzo de 2020, el Gobierno de la República Argentina dictaminaba, bajo el Decreto 297/2020 (PEN 2020), el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para todo el territorio nacional, ante la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz del brote del virus SARS-CoV-2. La prohibición de circulación y desplazamiento que implicaba el ASPO encontraba excepción en aquellos trabajadores considerados esenciales para la gestión de la emergencia sanitaria. Entre otros, el personal de las fuerzas de seguridad hacía parte de este grupo.¹

El ASPO implicó una situación particular: la necesidad de garantizar el mayor confinamiento poblacional posible, como medida principal para evitar la crisis sanitaria, intensificó el poder de control de estas fuerzas y sus facultades. El decreto citado establecía, de hecho, que el Ministerio de Seguridad realizara controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, y que procediera “de inmediato a hacer cesar la conducta infractora” cuando se constatara el incumplimiento de las normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco del ASPO.

La medida, que rigió inicialmente por once días, fue prorrogándose una y otra vez durante meses, al tiempo que se actualizaban y relajaban controles (y se volvían a endurecer), al ritmo de fases, segmentaciones geográficas y movimientos de curvas de contagio. Para principios de junio, dieciocho provincias argentinas pasaban a una etapa sanitaria de menores controles: el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Para finales del 2020, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires (una de las últimas zonas del país) entraba también en DISPO, pero algunas otras zonas volvían a entrar en ASPO, en un juego de marchas y contramarchas que aún hoy -mediando el 2021- no termina; por el contrario: vuelve al punto de origen, con una nueva fase de restricción estricta en el mes de mayo, en plena “segunda ola”.

Hablo, por supuesto, en términos formales. Si los primeros tiempos del confinamiento se caracterizaron por un acatamiento importante a las normativas del ASPO (y aplausos agradecidos al personal de salud todos los días a las 21 h desde ventanas y balcones), el tramo final del año 2020 y el primer cuatrimestre del 2021 se destacaron por normas incumplidas (y un recrudecimiento de las fiestas clandestinas). A pocos días de la mitad de este segundo año de pandemia, las reglamentaciones y precauciones sanitarias corren mayormente divorciadas de la realidad de la calle. El contexto de adhesión al confinamiento y al distanciamiento social, así como el control estatal para su cumplimiento, hace rato que empezaron a desvanecerse.

La mención de esta deriva es importante para comprender las argumentaciones del texto, aunque no trabaje sobre ese movimiento diacrónico. Este artículo se asienta, por el contrario, en esas etapas tempranas del ASPO que mencionaba anteriormente. Y si ofrezco aquí esta mirada panorámica es para que opere a modo de relativización y de anticipo. Por un lado, para adelantar una “visión de futuro” sobre la que habré de volver al final del trabajo. Por otro, para fijar los límites de la validez de las argumentaciones que ensayaré en el texto, pues este trabajo hace foco en eventos concentrados en los primeros meses del ASPO y las reflexiones que propician no pueden extrapolarse -sin riesgos- a tiempos posteriores.

El foco se centra, entonces, en una relación que ha originado, al menos en nuestro país -aunque entiendo que también en muchos otros-, no pocos debates y discusiones: la de la pandemia y las fuerzas de seguridad. Esta puede resumirse, provisoriamente, en una pregunta condensadora: ¿cómo pensar a las fuerzas de seguridad en la pandemia? Y, más aún, ¿cómo pensarlas en la pospandemia? La pregunta nace al calor de lo inusitado del contexto que vivimos y de la certeza de las transformaciones inevitables que este acarreará. El escenario de crisis -el actual, pero también el futuro- permite reformular esa pregunta: ¿qué les depara a las fuerzas de seguridad este escenario? ¿Qué dilemas, qué desafíos, qué obstáculos? ¿A qué las enfrenta y a qué las obliga?

A mi entender, dos han sido los asuntos más resonantes que ha deparado, en el escenario local, el vínculo entre fuerzas de seguridad y confinamiento.² Se arremolinan en torno a dos polos diferenciados de sentido. El primero, en orden cronológico, tiene que ver con ciertas prácticas que fueron iluminadas, en cuanto inició el ASPO, para proponer un cierto paradigma: las fuerzas de seguridad como cuidadoras:

Hoy estamos en una situación excepcionalísima frente a la cual las fuerzas de seguridad cumplen un rol fundamental. La pandemia -aislamiento preventivo obligatorio mediante- cambió el sentido común securitario […] Situación excepcional e inédita, entonces, que requiere de médicas y médicos, de enfermeras y enfermeros, pero también de policías. Y esta situación nos pone frente a un dilema: a veces la vigilancia y el control son también prácticas de cuidado. Y no siempre las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional. (^{Seghezzo y Dallorso 2020}; negritas en el original)

El segundo asunto vio la luz andando un poco más el tiempo, cuando las fuerzas de seguridad pasaron a la primera plana de los diarios a raíz de otros hechos: casos de torturas, asesinatos y desapariciones. El informe anual de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), presentado a finales del 2020, acaba de subrayar justamente estos sucesos:

En un año extraordinario por la pandemia de coronavirus y el consecuente decreto que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que no se alteró en la Argentina fue la represión estatal: según el informe anual de la Correpi cada 20 horas una persona es asesinada a manos de las fuerzas de seguridad. (“En el año de la pandemia” 2020)

Dos asuntos, entonces: el cuidado y la violencia. Por supuesto, ambos polos de sentido no constituyen novedades. Se vinculan, por el contrario, con facultades que, aunque preexistentes, adquirieron durante el ASPO un espacio de desarrollo significativo: la condición de trabajadores esenciales del personal de las fuerzas de seguridad (las prácticas de cuidado) y su facultad para ejercer el control estatal (la violencia policial).³

No son estas, entonces, facultades particulares nacidas al calor del ASPO. Lo “particular”, si se quiere, son las posibilidades de reflexión que entraña la propia relación entre fuerzas de seguridad y pandemia/aislamiento. Quiero decir: es en la emergencia de este escenario pandémico (global, por supuesto, pero con tintes locales) donde se cifra la condición de posibilidad para que estos dos asuntos emerjan, pero no como asuntos nuevos, sino más bien como intensificaciones. ¿Qué es lo que el ASPO arrastra a la superficie?

La pregunta se abre hacia dos preocupaciones inseparables: la de la actuación de estas fuerzas en el presente y en el futuro. ¿Qué roles y prácticas policiales alientan estos escenarios? ¿Qué enseñanzas nos dejan, de cara a su potencial reiteración? Pero, sobre todo, ¿qué datos locales y regionales iluminan y permiten reflexionar empírica y políticamente acerca de nuestra experiencia? Es entonces sobre ese flujo particular -que no nace con la pandemia ni el confinamiento, pero que es potenciado por estos en nuestras geografías latinoamericanas- que pretendo indagar en estas páginas.

La policía que te cuida

Es evidente que la asociación de aislamiento, fuerzas de seguridad y control poblacional masivo dio lugar a una multiplicidad de prácticas de diversa índole. Este apartado ilumina aquellas que tienen que ver con el cuidado, pero con una salvedad: no refiere a los eventos de protección concretos y reales que tienen a los miembros de las fuerzas de seguridad como protagonistas -que han sido (y continúan siendo) de gran importancia-, sino a su traducción en términos del paradigma del cuidado. Precisar este matiz requiere de introducir algunas imágenes previas.

En principio, aquellas que nos deparan los spots de muchas fuerzas de seguridad nacionales, cuando el ASPO propició la publicitación de campañas de control efectuadas para la prevención de la propagación del virus SARS-CoV-2. Si el denominador común de estos spots de “resultados” solía antes girar, grosso modo, en torno a las diversas modalidades de la lucha contra el crimen, el aislamiento nos devolvió, en tiempos pandémicos, otra clase de imágenes de logro: locales nocturnos clausurados (Policía de la Ciudad 2020a) y nutridas filas de policías con mascarillas (Policía de la Provincia de Jujuy 2020) pulverizando alcohol en las manos de la gente o tomando la temperatura de los pasajeros en los colectivos (Policía de la Ciudad 2020b). Y en todos estos avisos institucionales, una y otra vez las mismas frases: “Estamos para cuidarte”, “Es hora de empezar a respetar a los que te cuidan siempre”, “Los héroes de siempre, que nos cuidan pase lo que pase”.

Lo que nos devuelven las imágenes de estas campañas es la explotación de una figura no necesariamente nueva, aunque sin dudas potenciada (y resignificada) por el ASPO: la de “la policía que te cuida”. Digo que no es nueva porque similares sentidos pueden encontrarse desandando un poco el tiempo. En julio de 2016, por ejemplo, y para cerrar el hilo de las campañas institucionales, la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) remataba una de estas con iguales apelaciones al cuidado: “una policía más preparada te cuida mejor” (Policía de la Provincia de Buenos Aires 2016). Pero tal vez una referencia semánticamente más directa podemos encontrarla en un pasado más cercano. En diciembre de 2017, también en la PPBA, un suboficial llamado Luis Chocobar mató a un joven de un disparo en la espalda. Este había apuñalado, minutos antes, a un turista norteamericano, quien se había resistido al robo de su cámara de fotos. Había huido, pero dos transeúntes lograron interceptarlo y mantenerlo en el piso. Chocobar llegó en ese momento a la escena y, como el joven había logrado zafarse, disparó. Este murió unos días después a raíz de las heridas recibidas. Se sucedieron, a partir de ahí, las pericias y las voces encontradas (que disparó correctamente, que reprimió por fuera de la ley, que es un héroe, que es un criminal). Se dictó el procesamiento del policía y se lo imputó por “homicidio en exceso de legítima defensa” (^{Sirimarco 2021}).

Inmediatamente, con el procesamiento ya en firme, la plana mayor del entonces gobierno nacional y provincial salió a respaldarlo. El presidente de la nación, Mauricio Macri, lo recibió en Casa Rosada (“estoy orgulloso de que haya un policía como vos”, le dijo); el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, le manifestó su apoyo; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a decir que “vamos a cuidar a los que nos cuidan”, y amplió:

Con respecto al procesamiento del policía local Chocobar, vuelvo a dejar claro que nuestro objetivo es cuidar a la gente. Hay 43 millones de ciudadanos que esperan que los cuidemos y que tengamos un país más seguro. Eso también implica cuidar a quienes nos cuidan, es decir, unos 300 mil efectivos en todo el territorio nacional […] Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que si un policía defiende a un ciudadano en riesgo, como fue el caso del turista apuñalado al que defendió Chocobar, entendemos que el policía hizo lo que tenía que hacer. (“Tenemos que cuidar” 2018)

Estas breves imágenes ayudan a delinear un paisaje que aquí solo podemos enunciar. “Cuidar a quienes nos cuidan” fue, de hecho, una consigna recurrente durante el gobierno de Cambiemos,⁴ sobre todo en la voz de la ministra de Seguridad: “quizás este frío también sea una buena oportunidad para conectar positivamente con el policía de la esquina [twitteó, por ejemplo, en el invierno de 2019]. Bajale un té, es una buena manera de volver a vincularse, de compartir y de cuidar a quienes nos cuidan todos los días” (^{Bullrich 2019}).

La semantización del trabajo policial como cuidado tiene, como vemos, no tan nueva factura. Pero adquiere también, en el contexto actual, resignificaciones. Las alusiones que venimos comentando -las del gobierno de Cambiemos- parecen configurar un campo donde el cuidado es, en cierto modo, securitario. Hay, por supuesto, atisbos de generar otras asociaciones, sobre todo del lado de la ciudadanía (la necesidad de “cuidar a quienes nos cuidan”). Entre estas, el cuidado como mimo (el té caliente en la esquina fría) o el cuidado como defensa (de la justicia que les ata las manos a los policías). Pero la asociación central, esa que pretende redefinir la labor policial, desemboca en el mismo lugar en que confluyen también otros antiguos eslóganes (“la lucha contra el crimen”, la policía “al servicio de la comunidad”). Quiero decir: “la policía que nos cuida” nos cuida, mayormente, de eso que (dicen) nos cuidó Chocobar: del crimen, de los delitos, de los delincuentes.

Ahora bien, la pandemia del SARS-CoV-2 vino a instalar, sobre esa figura preexistente, una nueva torsión de sentido. Una que la amplía, que la complementa. Porque las fuerzas de seguridad en pandemia nos cuidan ahora -y ahí tenemos los spots institucionales para iluminarlo- de las fiestas clandestinas, de la apertura no regulada de locales, del incumplimiento de los protocolos de higiene, de la gente que deambula con síntomas por la calle. Nos cuida, en resumidas cuentas, del virus. El paradigma del cuidado excede así sus barreras securitarias más tradicionales para montarse sobre un terreno no siempre pasible de ser transitado: el de las prácticas y asociaciones sanitaristas.

Por supuesto, no intento sugerir que la asociación entre policía y sanidad haya nacido con esta pandemia. Baste si no recordar un episodio ya analizado en las investigaciones sobre policía -el de la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871- para recordar el desempeñado por la entonces Policía de la Capital para garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de salubridad. Justamente, fue deber de la policía retirar de las calles objetos perjudiciales para la salud, rellenar los pantanos, evitar el estancamiento de aguas, inspeccionar las casas de inquilinato, fumigar habitaciones, quemar la ropa de cama de los infectados, desalojar las viviendas en caso de hacinamiento y hasta trasladar enfermos y cadáveres hacia lazaretos y cementerios (^{Galeano 2009} y 2011).

Pero si la vinculación policía-control sanitario no es novedosa, tal vez sí lo sean -en el contexto actual- las coordenadas en que se produce su semantización. Cuando el comisario Ramón Cortés Conde revisitaba, en 1934, la epidemia de fiebre amarilla, lo hacía en estos términos:

La tarea de los funcionarios y agentes de policía durante esos días aciagos que vivió la ciudad, fue más que intensa, heroica. Raleadas también sus filas por la epidemia, debiendo prestar su especial atención a la salud pública, tuvieron que hacer frente también a esa otra plaga nefasta, que persigue a los pueblos azotados por el infortunio. Había que evitar el saqueo de las casas abandonadas por sus moradores y a esa difícil e ímproba tarea se dedicó la policía con sus exiguos efectivos, ocupándose en esa misión hasta el mismo Jefe de Policía, mereciendo su conducta y la de sus subordinados la más unánime aprobación. (En ^{Galeano 2009}, 110-111)

Heroísmo. Atención a la salud pública. Misión. La definición de la tarea policial parece jugarse, en la narrativa institucional, en esos términos: el de la coerción -señala Galeano-, pero también el de la “asistencia”. Porque la Policía de la Capital, prosigue este autor, convirtió la epidemia en un puntal para construir prestigio profesional y comenzar a cimentar la figura abnegada, heroica, sacrificial del “caído en cumplimiento del deber” (2009 y 2011). Heroísmo, entonces. Y sacrificio y misión. Pero no necesariamente cuidado. La epidemia de 1871 hizo nacer un relato, el del caído, que atravesó décadas,⁵ y comenzó así a construirse institucionalidad en torno a vectores asociados al combate, el riesgo, el arrojo, el sacrificio y, por supuesto, la muerte ofrendada (Galeano 2011; ^{Frederic 2013}; ^{Sirimarco 2017}; ^{Garriga Zucal 2017}; Galvani y ^{Maglia 2017}; ^{Bover y Maglia 2017}). La tarea policial qua heroísmo fue, así, indisociable del contexto sanitario.

También la tarea policial qua cuidado resulta, en la red de sentido que se conforma, indisociable del contexto de la actual pandemia. Una necesita a la otra: la pandemia es el escenario que permite desplegar esa noción de cuidado, al apuntalarlo sobre términos sanitarios. Es la crisis en este campo la que posibilita la tematización de la labor policial bajo esos parámetros, pues si la salud de la población depende de todos, si el distanciamiento social se vuelve una forma de asegurar el bienestar colectivo, entonces garantizar ese distanciamiento se convierte en una forma de protección. Esto es, en una forma de cuidado (^{Castilla, Kunin y Blanco Esmoris 2020}).

Pero mientras el contexto sanitario del siglo XIX habilitaba el forjamiento de sentidos de sacrificio y heroísmo, el de este siglo XXI parece convocar otros. He ahí, tal vez, lo novedoso: la emergencia de otro relato, el de la labor policial como cuidado. Lo nuevo resulta aquí de insertar la labor policial en esta trama de sentido. Porque asistimos, como en 1871, a la salvaguarda de la sanidad pública. La función es la misma, pero los modos de narrarla parecen distanciarse: ya no el heroísmo y el sacrificio, sino -sobrevolando todo eso- ese modo de cuidar. La lucha que se libra en nombre de la protección de la vida -y parafraseo a ^{López Petit (2020})- ya no apela únicamente al lenguaje de los mártires, sino al de los cuidadores. Las labores de control y vigilancia se trocan ahora en protecciones y asistencias.

El paradigma del cuidado, bajo el impulso de esta pandemia, despliega así viejos y nuevos sentidos, mezclando en su interior distintas acepciones: desde el trabajo policial como cuidado (“la policía que te cuida”) a la necesidad de cuidar -laboral pero también empáticamente- a los miembros de las fuerzas (“cuidar a quienes nos cuidan”). Por estos sentidos reunidos abogaban entonces los coordinadores del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a días de decretado el ASPO, en un texto que ya adelantáramos al comienzo de este trabajo:

También esta situación inédita posibilita visibilizar que una parte importante de las tareas que llevan adelante cotidianamente las policías se asemejan más a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal: por ejemplo, la mediación en conflictos barriales, la atención de mujeres víctimas de violencias, la contención de personas vulneradas, entre otras tantas.

Ahora bien: si creemos que hay que cuidar a todo el personal que trabaja en el sector de la salud, a las científicas y los científicos, a las trabajadoras y los trabajadores de los sistemas de transporte, no nos podemos olvidar de aquellas y aquellos que en esta coyuntura tienen a su cargo también tareas de cuidado, como los recolectores de basura, las empleadas y los empleados de comercio, las funcionarias y los funcionarios con responsabilidades de gobierno y, por supuesto, las fuerzas de seguridad. Resulta indispensable cuidar a quienes nos cuidan […].

Si bien en este tiempo de pandemia la metáfora bélica se ha utilizado recurrentemente (en parte por la planificación estratégica y el esfuerzo logístico que la empresa acarrea), la tarea que llevan adelante los y las policías se aleja del modelo de la guerra y se acerca mucho más al modelo del cuidado. En las tareas de cuidado en general -y en el control del aislamiento por el coronavirus, en particular- los y las policías ponen en riesgo su salud y su bienestar […] hoy resulta necesario valorar y empatizar con aquellos que nos cuidan. (^{Seghezzo y Dallorso 2020}; negritas en el original)

El texto fue celebrado por muchos funcionarios de la cartera de Seguridad, que alentaban estos nuevos sentidos. La misma ministra, Sabina Frederic, retwitteó: “es posible una nueva forma de estatalidad que asuma un modelo policial centrado en el cuidado […] De eso se trata nuestra gestión en el @MinSeg” (Frederic 2020). Pero el texto generó también un malestar profundo en el escenario público, y fue contestado por innumerables voces del ámbito político y académico.⁶ Las críticas abarcaron un amplio espectro, pero pivotaron en torno a una misma idea: la necesidad de no romantizar a la policía (se entiende: a nuestra policía).

El planteamiento crítico encontraba así fundamento en dos instancias analíticamente separables del mismo movimiento. La primera instancia refiere a la utilización misma del término cuidado. Por supuesto, no estoy refiriéndome aquí a un mero vocablo de significado intercambiable, sino, en cambio, a una categoría analítica: aquella que se enmarca en una tradición específica de análisis, discusiones y debates. Las voces críticas que se alzaron ante este planteo lo hicieron justamente, en primer lugar, contra la intencionalidad de inscribir bajo este paradigma la función policial.

Desarrollar exhaustivamente este paradigma excede con mucho la intencionalidad y la extensión de este trabajo, pues el tema del cuidado hace tiempo que se ha instalado como nodo importante en las agendas de análisis, y ha producido un campo de estudios vasto, heterogéneo e interdisciplinario. Es útil recordar, sin embargo, que en el marco de estos enfoques el cuidado considera la acción y la agencia de las personas en el sostenimiento de su entorno. Esto es, las actividades requeridas para satisfacer las necesidades básicas de su existencia y reproducción; aquellas que les brindan los elementos tanto físicos como simbólicos que les permiten vivir en sociedad. La consideración de las provisiones de cuidado interpela, por ello, tanto a ámbitos domésticos como a instituciones públicas y privadas (^{Esquivel 2011}; ^{Daich 2011}; ^{Pautassi y Zibecchi 2013}; ^{Faur 2014}; ^{Rodríguez Enríquez y Marzonetto 2015}; Faur y Pereyra 2018).

Es claro que la situación de pandemia contribuyó a multiplicar las reflexiones en torno a la organización social y política del cuidado; a repensarlo en tanto fenómeno social con repercusiones en la política pública (^{Glenn 2000}; ^{England, Budig y Folbre 2002}; ^{Orozco Rocha 2011}; ^{Castilla, Kunin y Blanco Esmoris 2020}). No es de extrañar, por ello, que la emergencia de tal escenario sanitario haya alentado la inscripción de la labor policial bajo este paradigma, propiciada a su vez por el establecimiento de una sinonimia; o, más bien, por la ocurrencia de un deslizamiento reflejo: el que va del trabajador esencial al cuidador. ¿Puede toda actividad (considerada) indispensable para el mantenimiento de un determinado orden social -la que ejercen un verdulero, un policía o un barrendero- ser traducida inmediata e indistintamente en términos de cuidado?

Las voces críticas que se alzaron ante el discurso de la policía del cuidado lo hicieron también, en segundo lugar, contra su contexto de uso. O, mejor dicho, desnudaron una relación percibida como incongruente: aquella que buscaba referir la parte por el todo, esto es, instalar ciertas prácticas en tanto tropo semántico unificador. Si la apelación al cuidado resulta problemática desde esta perspectiva, no es tanto por la categorización en sí, sino por su contextualidad narrativa. Quiero decir, por la articulación política de ese discurso en función de un referente -como nos adelantaba el informe de Correpi al comienzo de este trabajo- que reconoce innumerables prácticas de abuso, violencia y muerte:

En el contexto excepcional en el que vivimos, las policías y fuerzas de seguridad fueron llamadas para controlar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pocas veces fue tan claro que hay un “bien común” para cuidar: la salud y las vidas. Sabemos también que algunos cuerpos son más vulnerables que otros, de modo que cuanto menos contraigamos el virus en simultáneo, más vidas se salvarán. La indicación es “quedarse en casa”, ¿y quién mejor que los que ejercen el poder policial para garantizar su cumplimiento? Poseen una amplia expansión territorial, cuentan con delegación del poder y autoridad del Estado y también con el mandato del uso potencial y concreto de la fuerza. La idea cierra por todos lados. Lo que resulta sorprendente es que a esas tareas hoy se las denomine “cuidado”. ¿Las policías nos cuidan? ¿O estamos banalizando la noción de cuidado? […]

El control no es cuidado. La vigilancia tampoco […]

No es posible pensar cuidados, o al menos no en el corto plazo, donde hasta ayer hubo humillación, destrato y violencias. Las experiencias sociales no se pueden desandar ni “reorientar” de acuerdo a intenciones y a voluntarismos desencarnados. Lo que ocurre, lo que se hace aún con todo lo nuevo que se inventa para cambiar las cosas, no puede prescindir de lo pre-existente, la historia, las memorias. Hay historias, tramas de relaciones, violencias históricas, enemistades inveteradas, cuentas pendientes. (^{Faur y Pita 2020}; negritas del original)

Déjenme reiterar esta aclaración: no se trata aquí de desconocer o minimizar las tareas de prevención y control realizadas por los miembros de las fuerzas de seguridad. Tampoco de sugerir que tales tareas son innecesarias (o que responden a medidas políticas rayanas en el autoritarismo). Se trata de preguntarse, por el contrario, qué pasa cuando esas tareas de control y vigilancia cambian de nombre y pasan a significarse bajo el manto de la política del cuidado. ¿Qué sentido guarda el discurso de “la policía que te cuida” en el marco de un aislamiento que viene revelando la cara violenta de lo policial? Desandar esa otra cara es el eje del próximo apartado.

La policía que te mata

A escasos días de decretado el ASPO, tres miembros de la Gendarmería Nacional Argentina fueron separados de sus funciones por bailar a dos jóvenes que estaban incumpliendo el aislamiento obligatorio. Las filmaciones realizadas por los vecinos muestran a los gendarmes obligando a los jóvenes a caminar en cuclillas y con las manos en la nuca. Para la misma época, también fueron apartados efectivos de la PPBA por los mismos tratos. El hecho, que tuvo lugar en la localidad de Isidro Casanova, involucró saltos de rana, flexiones, lagartijas, gritos y un remate: la obligación, para los bailados, de cantar el himno nacional argentino (“Cuarentena” 2020).

Para quienes no lo saben, los bailes o milongas son prácticas tristemente famosas y persistentes en nuestro país, que pueden desembocar tanto en hospitalizaciones como en muertes.⁷ Implican, para decirlo rápidamente, una batería de rutinas físicas en extenuante concatenación: correr, saltar, agacharse, tirarse al suelo, arrastrarse y volver a correr. Sus motivaciones son variadas. Puede vérselas como un dispositivo eficaz para la obediencia; también, como una sanción normalizadora que actúa sobre aquellos que se desviaron de una regla. Son, asimismo, mecanismos que, al buscar el doblegamiento, encuentran también el aguante (^{Sirimarco 2009}; ^{Garriga Zucal 2016}). Hay, en esta sumatoria de funcionalidades, una evidente imbricación entre obediencia, dolor, valentía, crueldad y dureza. O, lo que es lo mismo, un enlace bastante arraigado entre la experiencia del padecimiento y la legitimación de una moralidad. Variables todas que aparecieron en los ejemplos mencionados, en tanto los bailes operaron como herramientas institucionalmente legitimadas para la corrección de la infracción.⁸

Pero los abusos de autoridad -los bailes- no fueron las únicas prácticas ilegales que tuvieron a las fuerzas de seguridad como protagonistas. Los sucesos alcanzaron gradaciones alarmantes y se arremolinaron asimismo en torno a otros eventos, ya de tenor criminal. A nadie escapa, a esta altura, que se trata en nuestro país -y entiendo que también en gran parte de la región- de fuerzas de seguridad tan desprestigiadas como temidas. Corrupción, ineficiencia, represión, “gatillo fácil”, apremios, brutalidad, muertos, desaparecidos y vínculos con el crimen organizado han sido y siguen siendo el telón de fondo sobre el que estas fuerzas se han ido constituyendo como actores en tensión con el espectro democrático (^{Tiscornia 1997}, 1999 y 2008; ^{Eilbaum 2008}; ^{Frederic 2008}; ^{Pita 2010}; ^{Sain 2008} y 2010; ^{Barreneche 2010} y 2011; ^{Dewey 2011}). Telón de fondo sobre el que se sucedieron, también, los casos que adelantábamos al comienzo de este trabajo. De hecho, el informe de la Correpi señala un número importante de ellos para el 2020:⁹ 348 casos después del inicio del ASPO, todos referidos a desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, y a muertes en lugares de detención.

No sería posible reproducir aquí la totalidad de estos casos, pero sí quisiera señalar al menos tres que lograron trascender el silencio reservado a la mayoría. Constituyen, a pesar del amplio alcance que lograron, ejemplos representativos de los modos de administración policial durante el aislamiento que me interesa particularmente subrayar en este apartado.

El primero que rescato ocurrió el 5 de abril de 2020, cuando Florencia Magalí Morales, de 39 años, fue encontrada muerta en una comisaría de la provincia de San Luis, adonde había sido llevada detenida por violar la cuarentena:

Fue detenida por la policía a la altura del banco […] por circular en contramano. Ella hizo caso omiso a la orden policial y decidió conducirse por su cuenta a la comisaría 25 de esa ciudad, donde tenía un policía conocido. Allí le pidieron el documento, no lo tenía. Solo dijo su nombre y el número. La terminación del DNI no coincidía con los autorizados para circular ese domingo. Acto seguido, le informaron que iba a ser demorada por violar la cuarentena dispuesta por el covid-19.

Magalí se resistió y tres policías intentaron evitar su fuga […] Luego de reducirla, y por el supuesto estado de nerviosismo que se había apoderado de ella, la condujeron al hospital donde la atendió una médica. Luego, la llevaron nuevamente a la comisaría para alojarla en un calabozo con presos comunes. Los cargos que se le adjudicaron fueron violación de la cuarentena, resistencia y lesiones contra la autoridad.

A las 19.30 de ese mismo día, el Comisario Heraldo Clavero llamó al juez para decirle que Florencia Magalí Morales “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada en la comisaría de Santa Rosa de Conlara” […]

Nadie vio el cuerpo de Magalí colgado. Los otros dos detenidos no vieron nada, pero sí oyeron sus gritos pidiendo auxilio. Al momento de la inspección por parte del juez y el resto de la comitiva, su cuerpo se hallaba en el piso del calabozo, ya sin vida […]

Los abogados que representan a la familia […] pidieron que se amplíe la autopsia. Su hermana Andrea Morales […] informó que de la ampliación del informe pericial surge que el cuerpo de su hermana presentaba signos compatibles con autodefensa en la muñeca y antebrazo izquierdo, y escoriaciones debajo de las rótulas de las rodillas. (^{Vázquez 2020}, en línea)

No es este el lugar para extenderse en un análisis minucioso del caso. Quisiera esbozar, en cambio, dos pinceladas que sirvan a los propósitos de la argumentación central de este apartado. La primera: el “suicidio” en condición de detención. La segunda: la apelación al “estado de nerviosismo”. Rescato estas dos, entre muchas otras posibles, porque se trata de grafías representativas. Quiero decir, de mojones recurrentes en el ejercicio violento del poder policial. Si la violencia, como remarca ^{Tiscornia (2008)} , es un discurso que deja firma de autor, los eventos señalados actúan a modo de esas marcas.

En primer lugar, porque los “suicidios” de personas detenidas (léase, en este caso, arbitrariamente arrestadas) constituyen ya formas clásicas de encubrir una gran cantidad de muertes por golpes y/o tormentos ocurridos en diversos lugares de detención (desde comisarías hasta patrulleros). Y, en segundo lugar, porque la figura del “exaltamiento” constituye también un recurso manido con el que el poder policial construye versiones sobre las víctimas; versiones descalificadoras que tanto la “ensucian” como legitiman, sobre ellas, un determinado accionar: ante la persona exaltada o nerviosa, la necesidad de “reducirla”. Los casos de abuso y violencia policial revelan así una constante: la posibilidad del fraguado de pruebas y versiones -un suicidio, un arrebato nervioso- como modo de montar, sobre una actuación ilegal, un caso judicialmente exculpatorio.

Por supuesto, estamos hablando, en este caso específico, de actuaciones policiales sospechosas. Cabe aclarar que esto no invalida para nada su contemplación. Después de todo, debemos tener en cuenta que estamos aludiendo a agencias de seguridad habituadas, como decíamos, a la manipulación de pruebas y, lo que es más, a la conformación de tramas intrainstitucionales que sostienen sus prácticas violentas. Es decir, a agencias de seguridad capaces de construir versiones de los hechos judicialmente legítimas.

Similares salvedades le caben a un segundo caso, sucedido el 30 de abril de 2020 en la provincia de Buenos Aires, cuando Facundo Astudillo Castro, de veintidós años, fue visto por última vez con vida en un control realizado por la PPBA para garantizar el ASPO. Su cuerpo fue encontrado más de cien días después, semienterrado en el lecho de un canal de la zona:

Facundo Astudillo Castro estaba desaparecido desde el 30 de abril último. Ese día, salió de la localidad de Pedro Luro para ir a la casa de su novia, en Bahía Blanca. En el camino, a la altura de la localidad de Mayor Buratovich, fue detenido por agentes policiales y se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus.

Luego existió una segunda detención, cercana a la localidad de Teniente Origone Desde ese momento, no se supo nada más sobre él: nunca llegó a la casa de su novia […]

La Policía de la Provincia de Buenos Aires fue apartada de la investigación a pedido de la familia, por sospechas de que agentes de esta fuerza estaban involucrados en la desaparición del joven. Desde entonces, interviene la Policía Federal Argentina. La madre de Facundo también denunció que su hijo desde hace años era víctima de hostigamiento policial […]

En el allanamiento en el destacamento policial de Teniente Origone se halló un objeto personal que pertenecía a Facundo, pese a que los agentes de esa localidad negaron haber trasladado al joven a esa dependencia. Son dos mitades de un objeto que unidos forman el dibujo de una sandía y que, según Cristina Castro, pertenecen a Facundo. Por otra parte, tres testigos dicen que vieron a Facundo a las 15.30 horas del 30 de abril cuando subía a un patrullero de la Policía bonaerense. Además, en el peritaje al teléfono celular de uno de los policías involucrados se encontraron fotos del DNI de Astudillo.

Por otro lado, luego de que se encontrara en el canal “Cola de Ballena” el cuerpo que finalmente resultó ser el de Facundo, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense informó a la Justicia que, de acuerdo con los datos de geolocalización, un patrullero había transitado el 8 de mayo último por la zona de Villarino Viejo, cerca de donde fue hallado el cuerpo. (^{Tarricone 2020}, en línea, negritas en el original)

El caso de Facundo Astudillo alcanzó repercusiones que otros no tuvieron. Su madre fue recibida por el presidente de la Nación y los pormenores del hecho se debatieron por días en las primeras planas de los diarios y en el prime time televisivo. Al día de hoy el suceso sigue sin esclarecerse, lo que no impide afirmar que el caso reúne todos los ingredientes de la responsabilidad policial: la desaparición por tiempo prolongado, los testigos falsos, el hostigamiento a familiares, el desacompañamiento judicial, la adulteración de documentos policiales y el encubrimiento de pruebas (^{Bover y Sirimarco 2020}).

Mucho de los modi operandi del caso anterior encuentra eco en este. Se le añade a este último, además, otro elemento recurrente en los casos de desaparición y muerte que involucran a las fuerzas de seguridad: la aparición del cadáver (largo tiempo después) y en una zona ya rastrillada. No hace falta recurrir a una memoria histórica muy añeja para dar en nuestro país con las situaciones y los nombres propios que esta marca de autor evoca. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de Santiago Maldonado, un joven de veintiocho años desaparecido tras un allanamiento realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en 2017 en la provincia de Chubut. Su cadáver se encontró en el lecho de un río, previamente rastrillado, más de setenta días después de su desaparición. O el caso de Lucas Muñoz, un año antes, un joven policía desaparecido -las sospechas recaen sobre la policía rionegrina a la que pertenecía-, cuyo cadáver fue encontrado veintiséis días después de su desaparición, también en una zona previamente rastrillada. Lo mismo ocurrió con el cadáver de Facundo Astudillo, que apareció cuatro meses después de su desaparición en una zona ya revisada. Los cuerpos se plantan como una prueba más. Como un mensaje.

Los casos mencionados hasta ahora refuerzan una certeza: su condición de posibilidad reposa en la existencia de una red de poder e ilegalidades que en mucho rebasa la esfera de lo policial. Quiero decir que, para que un caso de estas magnitudes se mantenga en los límites de lo difícilmente comprobable -cuando no en su más absoluta imposibilidad-, hace falta poner en marcha recursos para variadas operaciones, desde el ocultamiento de un cuerpo hasta la presentación de testigos falsos, desde documentos policiales adulterados hasta pruebas fraguadas. Esta red de silencios y lealtades, pero también de implicaciones y sociabilidades, inserta al personal de las fuerzas de seguridad en tramas profundas y complejas, cohabitadas por otros agentes y otros sistemas (políticos, judiciales, médicos, mediáticos, etcétera). Estos tal vez no ejercen, de primera mano, la violencia cometida por estas fuerzas, pero sin duda la habilitan y legitiman (^{Eilbaum 2004} y 2008; ^{Ugolini 2013}; ^{Dewey 2015}; ^{Bover y Sirimarco 2020}).

El tercer caso ocurrió el 15 de mayo de 2020, cuando Luis Espinoza, de 31 años, fue apresado por la Policía de la Provincia de Tucumán en el contexto de un operativo por el ASPO. Su cuerpo fue encontrado días después en lo profundo de un barranco en la provincia lindera de Catamarca; presentaba un disparo de arma de fuego. Las pericias comprobaron que se trataba del arma reglamentaria de un efectivo policial:

[Los] agentes […] fueron cerca de su destino […] bajo la excusa de dispersar una carrera de caballos con unos 200 espectadores. Había que hacerlo por tratarse de una carrera ilegal, pero se agregaba el riesgo de 200 personas amontonadas en tiempos de coronavirus. La policía llegó a horario y el espectáculo no se concretó. Testigos de la llegada de los agentes al lugar aseguraron que la aparición policial fue a los tiros, en autos particulares, y sin uniformes reglamentarios. Tiraban tiros al aire, sin mediar voz de alto y vestidos de civil […]

A unos 800 metros de la pista de carrera, la policía se cruzó con Juan Antonio […] uno de los 16 hermanos de Luis […] los agentes le ordenaron bajarse del caballo, quizás creyendo que asistía al show de caballos. Juan Antonio cuenta que, así como bajó, los agentes lo esposaron y le empezaron a pegar. Luis, que venía detrás, se topó con esa escena a cierta distancia y les gritó que dejaran de golpear a su hermano. La policía, entonces, decidió dejar esposado a Juan Antonio a la vera de un pastizal y perseguir a Luis, que estaba a 20 o 30 metros. Eso fue lo último que la familia supo de Luis. Juan Antonio lo perdió de vista, pero sí llegó a ver a uno de los policías agarrar un arma y apuntar en dirección a su hermano. Escuchó un disparo y se desmayó, cree que por un golpe en la cabeza. Al despertar, encontró un charco de sangre, pero ningún rastro de Luis. El cuerpo apareció el viernes siguiente, a unos 100 kilómetros de ese lugar, en un barranco de otra provincia vecina, Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo […]

Cuevas, cuñada de Espinoza, la esposa de Juan Antonio, le dijo a este medio que “en la provincia, nunca ha llegado a hacerse justicia porque los policías siempre se cubrían, siempre hacían lo mismo. Que se lo lleven a Luis hasta Catamarca quiere decir que están acostumbrados a estos crímenes. No es la primera vez que lo hacen”. (^{Halfon Laksman 2020}, en línea)

En este caso, como en los otros, la muerte, su ocultamiento, la impunidad. Una vez más, también, el uso táctico y recurrente de lo geográfico. Para decirlo crudamente: la existencia de “lugares de descarte”: ríos, canales, precipicios. Esto es, de zonas conocidas y habituales para estas operaciones. “No es la primera vez que pasa”, sugiere la cuñada de Espinoza. Y a juzgar por lo que supone en otra entrevista su hermano, no es tampoco la primera vez que pasa ahí.¹⁰ El mapa de la violencia policial reconoce así trazados rutinarios: las escenas recurren y se acumulan; se montan unas sobre otras, similares y sucesivas, engrosando aquí y allá los mismos pasos,¹¹ recargando una y otra vez los mismos puntos. Evidenciando, en suma, las marcas de su autoría.

Lo que nos lleva a otro corolario. Evidente, claro, pero no por ello menos remarcable. No es infrecuente que estos, como muchos otros casos, suelan ser tildados en la prensa, en la opinión pública, pero también en el estamento político, como “excesos extraordinarios”. Se unen acá dos explicaciones, ambas erróneas. La primera, la del exceso, remite a la idea de la consecuencia extralimitada (e indeseada) del ejercicio de un control que discurría, hasta ese momento, por carriles de normalidad. La otra, la de lo extraordinario, remite a la teoría de lo imprevisto en tanto lo inusual. Ni una ni otra explicación se sostienen de cara a la realidad. Los numerosos análisis de la temática vienen a demostrarnos, una y otra vez, que los hechos de violencia policial que terminan en muerte no son extraordinarios ni son excesos. Son, por el contrario, eventos sistemáticos, que responden a modus operandi institucionalizados. No son “muertes absurdas”, en el sentido de impensables, sino insertas en una trama legitimada de hostigamiento y lesividad (^{Tiscornia 1997}, 1998 y 2008; ^{Pita 2010} y 2019; ^{Kessler y Dimarco 2013}; Pita y Pacceca 2017).

¿Por qué señalo todo esto? Y, sobre todo, ¿por qué lo hago tan detenidamente? En primer lugar, para presentar los modos que adquiere, en el escenario nacional, el ejercicio de la violencia policial. Y sobre todo para presentar una modalidad de control e intervención poblacional que, sin ser totalitaria ni uniformemente desarrollada dentro de estas fuerzas, es, sin embargo, sistemática y recurrente. Esto es, para dejar constancia de aquello que los especialistas del área han señalado suficientemente: que el poder policial configura territorios de control (mayormente sobre grupos vulnerables) que articulan formas complejas de lo legal, lo formal, lo arbitrario, lo abusivo, lo ilegal, y donde la violencia aparece configurando formas de disciplinamiento moral. Para proponer un contexto, en síntesis, en relación con el cual leer los argumentos del apartado anterior.

Señalo también todo esto, en segundo lugar, para reforzar algo que ya ha quedado esbozado: que el ASPO no supuso, en relación con ciertas prácticas policiales, una situación de excepcionalidad, sino de continuidad. No hay dudas de que las variables particulares que tomó en nuestro país la situación de aislamiento, y uno tan prolongado, no hicieron nacer una problemática, sino que la reflotaron. El encierro, la suspensión de la libre circulación por espacios públicos, el vaciamiento de esos espacios, la paralización de la actividad económica, la crisis social, entre otros factores, se volvieron un terreno fértil para la aplicación del hostigamiento y la violencia policial. ¿Por qué? Porque el hostigamiento y la violencia de las fuerzas de seguridad proliferan en escenarios de desigualdad (como los que el ASPO inevitablemente potenció).

Lo que bailes y muertes desnudaron, al filo del inicio del aislamiento en 2020, fue justamente eso: la configuración, para algunos miembros de estas fuerzas, del confinamiento como un escenario de posibilidad. Porque para nada fueron estas rutinas un accidente. Fueron, por el contrario, el emergente de lógicas institucionales de larga data: el abuso de poder, la discrecionalidad, el ejercicio de la violencia. Lo que el ASPO hizo fue, eso sí, proveer a los guiones policiales de nuevas herramientas. Los casos reseñados lo ponen de manifiesto: implican todos detenciones por violación de cuarentena. En un ejercicio del poder policial que suele hacer valer infracciones y contravenciones como excusas a posteriori (primero es la intervención policial inmotivada, luego la búsqueda de motivos “legítimos”), el aislamiento obligatorio vino a ampliar el universo de lo punible.

Palabras finales

Catorce meses atrás se decretaba el ASPO en la Argentina. Nuestra experiencia con el aislamiento y la pandemia recién comenzaba, pero ya estaba cargada con las hipótesis, los miedos y las preocupaciones de aquellos que la habían iniciado antes. Lo novedoso y acuciante de la situación había lanzado a escritores, filósofos y otros profesionales de todas las latitudes del globo a opinar en tiempo real sobre lo que estábamos viviendo. En el campo de interés al que este texto refiere, el de la seguridad y la vigilancia, los ejes de la discusión se aglutinaban en torno a inquietudes que tenían que ver con el biopoder y el avance del totalitarismo del control digital en tiempos de crisis sanitaria (^{Amadeo 2020}).

Los meses transcurridos desde ese inicio hasta acá nos han demostrado cuán alejadas están nuestras preocupaciones en esa materia de aquellas planteadas para otros países. Si este texto nos ha llevado por distintos objetivos, uno de ellos ha sido el de la necesidad de recuperar las preocupaciones y agendas locales y regionales que, sin dejar de lado contextos y atenciones más amplias, posicionen sin embargo los debates en los ejes puntuales que nuestras experiencias sociales y políticas demandan. En lo que a la Argentina -y tal vez a la región- atañe, la discusión sobre fuerzas de seguridad y pandemia/aislamiento no ha rozado ni de cerca el cibercontrol, sino otras aristas.

Esbozar la discusión que ha dominado el escenario local ha sido, entonces, otro de los objetivos de este artículo. Quizás el principal. Si los argumentos revisados iluminan distintas caras de la actuación de las fuerzas de seguridad es porque iluminan, en primer lugar, aspectos también diversos de la situación vivida durante el 2020. Decíamos que el paradigma de la “policía del cuidado” hacía pie en la crisis sanitaria. Es decir, en la pandemia. Los casos reseñados en el apartado anterior encuentran nicho, en cambio, en el aislamiento. Es decir, en la existencia de contextos de violencia y desigualdad nacidos y/o potenciados por la situación de confinamiento. Hablar del cuidado o la violencia es apuntar así a la ponderación de diversas aristas y a diversas operaciones políticas: hablar del accionar de las fuerzas de seguridad en pandemia remite a asociaciones sanitaristas que parecieran anudarse como causa de los hechos; hablar de la actuación de las fuerzas de seguridad en aislamiento es colocar esas variables sanitarias como el escenario de ampliación de la visibilidad de un problema que es más bien estructural (^{Sirimarco 2020}).

Dentro de este arco se han deslizado, entonces, los debates que han tenido, el año pasado, a las fuerzas de seguridad argentinas como protagonistas. No es casualidad que uno y otro polo -la resemantización del control como cuidado y los casos de violencia policial- hayan tenido mayormente lugar durante los primeros meses del ASPO. Esto es, durante las etapas en que tanto la adhesión al confinamiento como el control estatal para su cumplimiento eran más firmes y cuando la presencia de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos era gubernamentalmente desplegada y socialmente legitimada -me refiero a su presencia, no a su actuación violenta-. En los momentos, en fin, en que esta presencia y este accionar de control y vigilancia eran ostensibles. Pasada esta fase inicial, como decíamos, adhesión y control fueron relajándose y las fuerzas de seguridad dejaron de tener un papel tan central en los sucesivos escenarios.

Los primeros escenarios hoy, mediando el 2021, amenazan con repetirse. Tal vez no de modo mimético, pero sí convocando nuevos controles y nuevos aislamientos, en pleno pico de la “segunda ola” de esta pandemia. Y es en la articulación de ese pasado reciente y este futuro posible donde se esconde, finalmente, el último de los objetivos de este texto. Se ha tratado, hasta acá, de reflexionar acerca del rol de las fuerzas de seguridad en esta emergencia. Es decir, de hacerle a la consigna condensadora con que abríamos este trabajo -¿cómo pensar a las fuerzas de seguridad (en aislamiento, en pandemia)?- las preguntas que mejor y más ajustadamente le permitan dialogar con los contextos y las coyunturas que atravesamos. Y que atravesaremos. Porque esas preguntas, me parece, demarcan no solo nociones de lo policial, sino algo que me parece aún más vital, de cara al futuro. Y he aquí, entonces, ese último objetivo: que esas preguntas permitan también identificar zonas de conflicto y, por ende, puntos y modos para la intervención en los nuevos/viejos escenarios de emergencia y desigualdad -pandémicos o no- que nos esperan.