1. Introducción

La crisis de los años setenta del siglo XX trajo consigo cambios sustanciales en el orden económico-político mundial, siendo uno de ellos la consolidación de la economía criminal como eje de acumulación para el capitalismo globalizado (^{Galindo, 2005}). Este hecho es explicado, en buena medida, porque los excedentes de capital y fuerza de trabajo que generan las crisis de sobreacumulación -como la que tuvo lugar en los años setenta- requieren trasladarse a otros mercados o espacios con nuevas posibilidades de recursos para ser invertidos de manera rentable (^{Harvey, 2005}). De esta forma, los capitales recurrieron a los mercados asociados a la dinámica criminal como una vía de escape a la crisis (^{Estrada y Moreno, 2008}).

Dichos mercados resultan ser altamente rentables, en la medida en que la condición de ilegalidad permite aumentar de manera exponencial los márgenes de utilidad (^{Estrada y Moreno, 2008}). La prohibición y persecución (o criminalización) a la que se enfrentan esas actividades, así como la configuración de mercados clandestinos en torno a ellas, ocasionan que los precios se ubiquen muy por encima de sus costos de producción, porque incluyen una renta criminal (^{Márquez, 2016}). Tal es el caso de actividades como el tráfico de drogas, de armas, de personas, de recursos hurtados (como minerales y petróleo) y el lavado de dinero, entre otras dinámicas que configuran lo que se ha denominado economía criminal.

Estas dinámicas, en su proceso de consolidación, se han desplegado de manera articulada por diferentes puntos del planeta (^{Galindo, 2005}), incluyendo diversos países de América Latina, donde las condiciones han sido propicias para la consolidación de economías basadas en la renta criminal y para el uso de la violencia directa como un mecanismo para el desarrollo de estas. De esto dan cuenta diversos estudios de casos nacionales y de la región. Existen publicaciones anuales elaboradas por distintas secretarías del gobierno estadounidense, como el International Narcotics Control Strategy Report (Department of State), el National Drug Threat Assessment (Drug Enforcement Administration) o los reportes del Congressional Research Service (CRS); los informes periódicos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre tráfico de drogas (World Drug Report) o personas (Trafficking in Persons Report); así como los reportes de algunas consultoras privadas especializadas en el tema, como Stratford, The Global Initiative against Transnational Crime o Insight Crime, que está enfocada en los países latinoamericanos. Más relevantes resultan los ejercicios de interpretación e historización que se han realizado para explicar el fenómeno en América Latina. Autores como Jairo ^{Estrada y Sergio Moreno (2008)} , así como Jorge ^{Giraldo y Alberto Naranjo (2011)}, en Colombia; Sayak ^{Valencia (2010)}, Salvador ^{Maldonado (2012)}, Humberto ^{Márquez (2016)} y Guadalupe ^{Correa-Cabrera (2018)}, en México, o Michel ^{Misse (2010)}, en Brasil, son solo algunos de los referentes para estudiar esta compleja problemática. Como se verá más adelante, algunos de los elementos planteados por estos autores coinciden entre sí, lo que da cuenta de las convergencias que existen en el desarrollo de la economía criminal en los países latinoamericanos.

En el caso mexicano, es posible vislumbrar con mayor intensidad este fenómeno en ciertos lugares del país. Uno de ellos es el estado de Veracruz y, particularmente, la región del Totonacapan, que se caracteriza por concentrar una gran cantidad de reservas, exploración y explotación de hidrocarburos. Además, es la ruta más corta para el tráfico de personas y de mercancías legales e ilegales de Centroamérica hacia Estados Unidos, y en las dos últimas décadas ha presentado un aumento considerable en los índices de violencia (^{Correa-Cabrera, 2017}; ^{UNODC, 2014}).

Estos elementos hacen de Veracruz y de la región del Totonacapan espacios representativos para investigar la relación entre la economía legal y la economía ilegal. El objetivo del trabajo es, entonces, identificar los principales elementos de la economía criminal en estos territorios de México, explorando la manera como las actividades económicas ilegales se han unido a sectores del capital legal, a través de mecanismos tales como la corrupción y el ejercicio de la violencia directa.

El trabajo se dividió en cinco apartados. Primero, se plantean algunos elementos teórico-conceptuales para analizar la economía criminal. En el segundo apartado, se mencionan las fuentes de información consultadas y los criterios usados para la selección de Veracruz y, en particular, la región del Totonacapan como zona de estudio. En el tercero, se describen las características de la economía legal veracruzana con base en tres variables macroeconómicas: el Producto Interno Bruto (PIB), el nivel de exportaciones y la generación de empleo. En el cuarto apartado, se hace un análisis de la economía ilegal, y cómo esta se articula con la legal a través de la corrupción y la violencia. Finalmente, en el último apartado se reflexiona sobre los alcances de la noción de economía criminal a partir de este análisis.

2. Sobre la noción de economía criminal

Las formas ilegales de acumulación se han unido estrechamente a sectores legales del capital, volviendo cada vez más difusa la separación entre los ámbitos de legalidad e ilegalidad. Los sectores ilícitos, por ejemplo, se insertan en los circuitos legales de acumulación mediante la inversión de sus rentas en actividades lícitas de producción de bienes y servicios o en los circuitos financieros, como una estrategia para “blanquear” el dinero, disminuir el riesgo de ser perseguidos y desmantelados por las autoridades, y ampliar su poder e influencia económico-política. De esta manera, los recursos monetarios provenientes de actividades delictivas son introducidos en la economía legal a nivel local, nacional y global. La financiarización del capital⁵, posibilitada por las medidas de liberalización y desregulación económica implementadas en el marco del neoliberalismo y la globalización, ha viabilizado esos procesos de imbricación de las actividades legales e ilegales al facilitar el movimiento de los capitales (^{Estrada y Moreno, 2008}; ^{Galindo, 2005}).

Las formas ilegales de acumulación requieren el despliegue de diversos mecanismos políticos y del ejercicio de la violencia. Los primeros son fundamentales para lograr un amplio control social, así como la instauración de vínculos con el Estado -de manera consensuada o coercitiva-, que resultan necesarios para el desarrollo efectivo de las actividades ilegales. Algunos de estos mecanismos han sido denominados por Michel ^{Misse (2010}; ²⁰¹³) como mercancías políticas, refiriéndose con ello a una variedad de canjes y negociaciones ilícitas que corresponden, en gran parte, a las representaciones sociales de corrupción, clientelismo, extorsión, tráfico de influencias, fraude económico, etc. Estas mercancías pueden ser producidas por la privatización de atribuciones estatales por parte de un funcionario público, lo que es interpretado como corrupción; o por obligar a un sujeto o grupo social a entrar en una relación de intercambio producida mediante mecanismos de fuerza, poder o violencia suficiente para la extorsión (^{Misse, 2014}). De esta manera, los productos de los mercados ilegales no son solamente económicos, pues también intervienen transacciones sociales y políticas que tienen al Estado como un actor central (^{Misse, 2010}; ²⁰¹³).

A través de la violencia, se consigue modificar la conducta de quienes quedan sometidos a su aplicación. En el modo de producción capitalista, el ejercicio de la violencia ocurre normalmente como medio de gestión económica, en la medida en que produce riqueza y dinero; diseña territorialidades y gestiona poblaciones como palancas de la acumulación (^{Inclán, 2018}). En la forma criminal, el ejercicio de la violencia funciona como un medio para el cumplimiento de contratos, la sanción, y la apropiación y control efectivo del territorio (^{Giraldo y Naranjo, 2011}).

Existen diversas condiciones políticas, sociales y económicas a nivel nacional y local, sobre todo en los países de América Latina, que posibilitan el desarrollo de la economía criminal. Desde el ámbito político, la dinámica criminal puede ser facilitada por la debilidad de las instituciones estatales, reflejada en una baja capacidad de regulación de la población (^{Giraldo y Naranjo, 2011}); o por la presencia de regímenes políticos autoritarios a nivel regional o local que, al operar mediante formas corporativas y clientelares, viabilizan el establecimiento de acuerdos con el crimen organizado (^{Andrade-Guevara, 2018}).

La primera condición de posibilidad para la consolidación de la economía criminal es la presencia de factores naturales estratégicos para el capitalismo actual, tales como hidrocarburos, minerales, agua y una ubicación geopolítica privilegiada. Estos recursos, por una parte, atraen a corporaciones transnacionales que los explotan mediante mecanismos legales, pero también ilegales, como el uso de la violencia para abrirse espacio en los territorios donde se encuentran (^{Inclán, 2018}); y, por otra parte, pueden provocar la llegada de organizaciones criminales, para quienes los recursos naturales (especialmente los minerales e hidrocarburos) constituirían una fuente de financiamiento complementaria a las actividades ilícitas que desarrollan (^{Márquez, 2016}).

La segunda condición está relacionada con la violencia estructural que se presenta con fuerza en los países y regiones latinoamericanas, y de la cual son expresiones la extrema desigualdad socioeconómica, así como la pobreza, el desempleo y la exclusión social que refuerzan la dominación y explotación de unos grupos sociales sobre otros, y han sido agravadas por las medidas neoliberales e, incluso, por el mismo desarrollo de las actividades extractivas. La economía criminal encuentra en estas circunstancias una oportunidad para surgir y desplegarse, convirtiéndose, incluso, en un importante dinamizador de las economías nacionales y en un generador de empleo. Al respecto, ^{Márquez (2016)} estima que la economía criminal tiene la capacidad de emplear a alrededor de 500 mil personas y genera ingresos por, aproximadamente, el 6,3% del PIB mexicano.

Con el fin de establecer aspectos más concretos para el estudio de la dinámica criminal en Veracruz y el Totonacapan, retomamos tres elementos generales de la economía criminal. Autores como ^{Estrada y Moreno (2008)} y ^{Giraldo y Naranjo (2011)} reconocen que la definición de lo “criminal” no solo responde a una cuestión jurídica, sino que también obedece a las consideraciones del conjunto de la sociedad. Lo “criminal” depende de si una determinada actividad o acción es efectivamente considerada como ilegal o anormal por parte de la sociedad y, en ese sentido, es rechazada por esta y juzgada por el Estado.

Con el fin de concebir esta idea en términos operativos, los autores plantean que el primer elemento para la definición de una acción o actividad como “criminal” es que esta satisfaga la condición de desarrollarse por fuera del marco de la ley. ^{Misse (2010)} coincide en que un mercado criminalizado es necesariamente un mercado informal de trabajo, porque la criminalización de las mercancías que produce o vende lo exime de cualquier tipo de reglamentación formal de las relaciones y de las obligaciones tributarias, además de ser un mercado de circulación de mercancías ilícitas, cuya actividad está, en sí misma, criminalizada.

El segundo elemento que define a la economía criminal es la existencia de un tránsito continuo entre lo legal e ilegal, bien sea porque: i) los productos de las actividades ilegales son introducidos en los circuitos legales como un mecanismo de inversión y obtención de ganancias, lavado o protección ante la persecución (^{Galindo, 2005}; ^{Márquez, 2016}); ii) las mercancías producidas legalmente son hurtadas o despojadas y, por lo tanto, insertadas de manera ilegal en los circuitos de comercialización (el robo de combustible es un ejemplo de esto); o iii) los principales mecanismos usados para mantener la economía criminal, sus flujos económicos y sus dinámicas de poder, tales como la corrupción y la violencia, se desarrollan al margen de la ley (^{Misse, 2014}) (ver Figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Elementos de la economía criminal 

El tercer elemento, relacionado con el anterior, radica en que la economía criminal tiene como objetivo central la obtención de ganancias o, más exactamente, la acumulación a partir de las rentas provenientes de las actividades ilegales; así como el control económico, político y social sobre un territorio de manera violenta, con el fin de garantizar el despliegue de los procesos de acumulación ilegales y, eventualmente, algunos legales (como megaproyectos o explotación de recursos) (^{Márquez, 2015}; ²⁰¹⁶).

Para realizar el estudio de la economía criminal en Veracruz y la región del Totonocapan, comenzaremos por reconocer las actividades económicas legales e ilegales presentes en la zona. Esto se hará resaltando el vínculo que surge entre ellas en el marco del sector de hidrocarburos, uno de los sectores económicos legales más importantes de la región.

3. Metodología

Las fuentes de información consultadas para el análisis de la dinámica económica criminal en Veracruz y la zona del Totonacapan son múltiples debido a la complejidad del tema y a la falta de información oficial.

Los datos sobre la dinámica socioeconómica fueron tomados de organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para el análisis de la dinámica del sector petrolero, se utilizaron datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El análisis de la dinámica criminal, por su parte, se basó en fuentes gubernamentales, como la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solicitudes de acceso a la información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como algunos informes de organizaciones de derechos humanos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), entre otros. Debido a la naturaleza opaca de la dinámica criminal, además de las fuentes oficiales -que proporcionan datos limitados o incompletos-, fue necesario recurrir a información de algunos medios impresos como El Economista, La Jornada y Proceso, y trabajos de periodismo de investigación especializados en el tema.

Para delimitar la zona de estudio, se tuvieron en cuenta algunas características importantes del estado de Veracruz y la región del Totonacapan que se mencionan a continuación.

3.1 Veracruz

Veracruz está ubicado en el oriente de la República mexicana. Por su colindancia al este con el Golfo de México, cuenta con uno de los principales puertos marítimos del país. En este territorio, junto con Tabasco y Tamaulipas, se localizan las mayores zonas petroleras de México y, alrededor de ellas, se han construido obras de infraestructura para el desarrollo de la petroquímica y sus derivados (^{Martínez et al., 2012}). Veracruz también cuenta con el mayor número de pozos petrolíferos en la planicie costera del Golfo -la antigua Faja de Oro y la Nueva-, así como con la zona Minatitlán-Nanchital y la Faja de Oro Marina en la plataforma continental. Asimismo, posee refinerías y plantas de absorción.

Por su localización estratégica, Veracruz ha sido objeto de megaproyectos de infraestructura que buscan mejorar la dinámica industrial y comercial para aprovechar su cercanía con el istmo de Tehuantepec y el Océano Atlántico. Entre ellos, se pueden mencionar el plan Alfa-Omega en la década los 80, el Plan Puebla Panamá en el 2000 o la creación de Zonas Económicas Especiales en 2016.

A pesar del interés gubernamental por la región, la violencia se ha agravado desde hace más de una década. En 2017, Veracruz ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en homicidios (con una tasa de 27,9 por 100.000 habitantes) y el segundo en secuestros (con 2,05 por 100.000 habitantes). Esto representa un aumento significativo con respecto a otros años. En 2014, por ejemplo, ocupó el lugar 13 de homicidios (con 12,4 por 100 mil habitantes) y tercero en secuestros (con 1,77 por 100 mil habitantes). Desde 2009, se registra un constante incremento en la tasa de homicidios; salvo en 2013 y 2014, cuando disminuye para después volver a crecer de manera más pronunciada (^{SESNSP, 2018}) (ver Figura 2).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{CONAPO (2018)} y ^{SESNSP (2018)}.

Figura 2 Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Veracruz, 1998-2018 

Los secuestros también tuvieron un ascenso en la entidad. Después de aumentar de manera importante desde 2010, en 2014 la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes alcanzó un valor de 1,77. Tuvo un declive en el año 2015, con una tasa de 1,18 casos por cada 100 mil habitantes, y una posterior alza pronunciada hasta situarse en 2,07 secuestros por cada 100 mil habitantes en 2018 (ver Figura 3).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{CONAPO (2018)} y ^{SESNSP (2018)}.

Figura 3 Tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en Veracruz, 1998-2018 

3.2 Región del Totonacapan

Los elementos culturales e históricos de los pueblos totonacos conforman una identidad común que permite considerarla una región. Esta está comprendida por los municipios de Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo, y cuenta con una de las 8 zonas metropolitanas del estado. La Zona Metropolitana de Poza Rica comprende los municipios de Poza Rica de Hidalgo, Papantla, Tihuatlán, Coatzintla y Cazones de Herrera.

En términos económicos, esta zona está caracterizada por la expansión de la actividad petrolera y, en los últimos años, por la ola de violencia que ha afectado a todo el país, en particular, a las zonas ricas en hidrocarburos. Desde los años cincuenta del siglo XX, se tiene registro de las primeras exploraciones de combustibles fósiles por parte de PEMEX en la región y sus colindancias hacia el norte del país (norte de Veracruz y sur de Tamaulipas). Esta actividad, además de configurar a la región como la conocemos hoy y ser pilar del desarrollo de la industria petrolera en México, generó grandes problemas socioambientales, como derrames de petróleo en milpas, fugas, manantiales secos y aguas superficiales contaminadas (^{Chenaut, 2017}).

A partir de la reforma energética de 2008, realizada durante el gobierno de Felipe Calderón, comenzó la instalación de diversas empresas privadas nacionales y extranjeras en la región del Totonacapan, con el objetivo de explotar la zona petrolífera de Chicontepec (Paleocanal de Chicontepec), que abarca desde el municipio de Ixcatepec hasta Papantla; una de las zonas con más recursos petroleros, pero con grandes dificultades técnico-económicas para llevar a cabo la extracción⁶ (^{ASF, 2010}) (ver Figura 4).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{CNH (s.f.)}.

Figura 4 Yacimientos terrestres en el estado de Veracruz y la región del Totonacapan 

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (^{SESNSP, 2018}) indican que la violencia se ha incrementado en los últimos años en el estado, en particular en la zona del norte de Veracruz. Poza Rica y Papantla son los municipios con más población y mayor actividad relacionada con el sector de los hidrocarburos. En 2011, en Poza Rica, la tasa de homicidios dolosos fue de 11,35 por cada 100.000 habitantes; en 2017, aumentó a 42,16. En el caso de Papantla, la tasa de homicidios pasó de 11,39, en 2011, a 43,67 en 2017. El incremento de la tasa de homicidios fue mayor en estos municipios en comparación con el resto de Veracruz, donde se observó un nivel de 27,9 homicidios para ese mismo año.

Tanto por sus características físicas, de localización geográfica, y la existencia de grandes yacimientos de hidrocarburos, así como por la compleja situación de violencia e inseguridad que ha vivido el estado de Veracruz y la región del Totonacapan en particular, se decidió indagar en los mecanismos a través de los cuales interactúa la economía legal con la economía ilegal. El periodo de estudio abarca de 1998 a 2018, años en los que se verifica un aumento sostenido de la violencia, transiciones políticas en el gobierno de la entidad y la consolidación de organizaciones criminales en la región.

4. Economía legal en Veracruz y el Totonacapan

La situación económica de Veracruz es compleja. Según la información del ^{CONEVAL (2018)}, en 2018, 61,8% de la población veracruzana se encontraba en situación de pobreza, de la cual 17,7% estaba en pobreza extrema. Asimismo, 67,9% de la población tenía un ingreso por debajo de la línea de bienestar; es decir, de lo que cuesta una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.

La región del Totonacapan presenta un porcentaje de pobreza muy similar al estatal: la información disponible para el mismo año a nivel municipal muestra que 57,6% de su población se encuentra en pobreza y 14,6% en pobreza extrema. Resaltan los municipios de Zozocolco de Hidalgo, Mecatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Coyutla y Coahuitlán, con porcentajes entre 82% y 96% de su población en pobreza. En contraste, Poza Rica es el municipio con menor población en pobreza, con 41,4% (^{CONEVAL, s. f}.).

De acuerdo con datos de ^{CONEVAL (s.f.)}, para 2015, la región tenía seis municipios con muy alto grado de marginación⁷, siete con alto, uno con medio y únicamente tres con bajo y muy bajo grado: Coatzintla, Tuxtla y Poza Rica. En los 13 municipios con muy alto y alto grado de marginación, habitan alrededor de 532 mil personas, lo que representa alrededor de 54% de la población total de la región.

La estructura económica del estado presenta características peculiares. Aunque existen sectores como el de la extracción y la petroquímica que son los de mayor peso en las exportaciones, estos no son los principales generadores de valor agregado o de empleo. En cambio, los sectores que generan mayor valor agregado son la construcción, la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, y los servicios inmobiliarios, aportando 58,31% del PIB estatal (^{INEGI, 2019a}).

Con respecto a la generación de empleo, es posible observar que -durante el primer trimestre de 2018- el sector con más personas ocupadas fue el de la agricultura, con 26% de la población económicamente activa (PEA); el sector comercio ocupó a 16%, y los servicios en general, 11%. Sin embargo, resalta que el sector de la industria extractiva y de la generación de electricidad solo ocuparon a 1% de la PEA (^{INEGI, 2018}). El desempleo, por otra parte, muestra una tendencia creciente en los últimos quince años. En 2005, la tasa de desocupación anual fue de 2,37% y, hacia 2018, se ubicaba por encima del 3% (^{INEGI, 2020}). Aunque esta cifra se mantiene por debajo del promedio nacional, destaca su tendencia sostenida al aumento de la desocupación.

Otro elemento que ayuda a ilustrar la disparidad económica del estado es el índice de complejidad económica. Este analiza el nivel de sofisticación que presentan los productos para la exportación de cada zona. En este sentido, mientras más complejo sea el proceso productivo, mayor será el índice; mientras más simple o menores procesos se lleven a cabo, menor será este. En 2014, el índice del estado se localizó en 0,11, ubicándolo en la posición 20 con respecto al resto del país. Más en detalle es posible ver que, de las 8 zonas metropolitanas con las que cuenta el estado, las que presentan un valor mayor son Coatzacoalcos (1,40) y Minatitlán (0,99), principalmente por su orientación a la petroquímica. Mientras que al otro extremo están las zonas metropolitanas de Poza Rica (-0,76) y de Acayuca (-0,80), por su orientación a la exportación de productos primarios como los minerales, vegetales, alimentos y madera (^{Castañeda, 2017}).

4.1 Los hidrocarburos y el proyecto Aceites Terciarios del Golfo

Como se mencionaba con anterioridad, el Totonocapan cuenta con una fuerte actividad petrolera. En el periodo 1998 a 2018, esta región representó el 68% del petróleo extraído de la cuenca Tampico-Misantla, mientras para la extracción de gas fue del 77%. La Comisión Nacional de Hidrocarburos calcula que en esta región se encuentra el 40% de las reservas de hidrocarburos del país (^{CNH, s. f}.).

No es de extrañar que existan en la región proyectos que busquen aprovechar los yacimientos de hidrocarburos. Uno de estos es el proyecto ATG, antes llamado Chicontepec. En 2006, se anunció que ATG sería el principal proyecto productivo de PEMEX. ATG abarca una franja de unos 100 kilómetros de largo y 20 de ancho, entre Puebla y Veracruz, en los municipios de Álamo, Castillo de Teayo, Coatzintla, Poza Rica, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Tihuatlán y Tecolutla; todos ubicados en el norte de Veracruz, además de otros tres del estado de Puebla. Entre 2007 y 2012, se realizó una cuantiosa inversión que incluyó la perforación de 1.681 pozos, lo que representó el 81,6% de los pozos perforados en el periodo 1998-2018 (^{CNH, s. f}.) (ver Figura 5).

Fuente: elaboración propia basada en ^{CNH (s. f.)}.

Figura 5 Pozos perforados en la Cuenca Tampico-Misantla, 1998-2018 

Cabe resaltar que el proyecto ATG ha permanecido como un elefante blanco en cuanto a resultados obtenidos. Según el informe de resultados de la cuenta pública de 2010, la producción acumulada real de aceite entre 2004 y 2010 representó únicamente el 26% de la producción acumulada proyectada, según el plan original de 2006 (^{ASF, 2010}) (ver Tabla 1). Pese a estos datos, o quizá por ellos, las recomendaciones han sido incrementar la perforación de pozos, así como optimizar su producción.

Tabla 1 Producción real vs Proyección esperada del Proyecto ATG (miles de barriles diarios) 

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Acumulado
Producción real	21,0	24,5	22,9	22,0	29,4	29,5	41,0	190,3
Proyección 2006	20,0	25,0	31,0	39,0	113,0	203,0	296,0	727,0
Diferencia	1,0	-0,5	-8,1	-17,0	-83,6	-173,5	-255,0	-536,7

Fuente: tomado de ^{ASF (2010}, p. 28).

En conclusión, la dinámica económica del estado de Veracruz y de la región del Totonacapan muestran signos de desarticulación y de grandes disparidades entre regiones y sectores. Es posible observar regiones con industrias como la petroquímica, pero otras que están orientadas a la producción de bienes primarios; asimismo, se encuentran sectores que son los principales exportadores, pero que no son aquellos que generan mayores empleos. Esto se ve reflejado en un estado y una región con grandes porcentajes de su población en pobreza y marginación.

Estos indicadores muestran las condiciones de posibilidad para la búsqueda de alternativas de supervivencia. Si se toma en cuenta que cerca del 80% de los municipios del estado son expulsores de población (^{CONAPO, s. f}.), entonces es posible vislumbrar un panorama que no permite el desarrollo pleno de la población ni el acceso a mejores condiciones de vida.

Por otro lado, y en un nivel distinto de análisis, es posible observar que el sector de los hidrocarburos es importante para la economía estatal y regional en lo referente a exportaciones y porcentajes de producción. Esto genera un área de oportunidad para la creación de grandes proyectos de inversión, tanto de infraestructura como productivos. Como se verá más adelante, resalta la presencia de este sector en el manejo de grandes sumas de inversión, pues también se presenta como un espacio propicio para actividades ilegales. Por ejemplo, el lavado de dinero y el robo de hidrocarburos.

5. Economía y criminalidad en Veracruz

Al igual que en otras partes del país, en Veracruz la estructura económica consolidada durante decenios fue golpeada por las condiciones que el neoliberalismo y la globalización establecieron, dejando una economía local dependiente de los vaivenes del mercado petrolero, con reducida inversión estatal y con múltiples desvíos de recursos públicos; situaciones que no lograron resolver las sucesivas reformas al sector petrolero. Tampoco se ofrecieron respuestas a la situación de pobreza, falta de empleo y precariedad laboral, impidiendo que la población se mantuviera en la esfera legal y formal (^{Escamilla-Haro, 2020}; ^{ICG, 2017}).

En este marco, la economía criminal en Veracruz se desenvolvió en los albores del siglo XXI. En esta entidad, la economía se ha desdoblado en un abanico que incluye la economía legal y la ilegal, así como sus intersticios y las múltiples conexiones que las mantienen unidas. El tráfico de drogas, de personas y de armas, así como el secuestro o la extorsión, tienen como eje articulador el despliegue de violencia directa en contra de quienes habitan ese territorio. El correlato de este proceso es la enorme concentración de riqueza y de poder en pocas manos, ya sea de empresarios, legales o ilegales, o de los políticos que posibilitan sus negocios a través de actos de corrupción. A continuación, se presenta un panorama de cómo opera ese abanico en territorio veracruzano y, en la medida en que la información disponible lo haga posible, en la zona del Totonacapan. El objetivo de esta sección es presentar los elementos que permiten caracterizar la economía de la región bajo su forma criminal; esto es, cuya economía legal esté vinculada a actividades que carezcan del reconocimiento social y operen fuera del marco legal establecido, en un tránsito continuo entre lo legal y lo ilegal; que por su naturaleza delictiva busquen rentas -y no generar algún tipo de valor agregado-; y que tengan, entre sus mecanismos principales de regulación, la violencia directa y la corrupción.

5.4 PEMEX y la sombra de la criminalidad

La interacción entre la economía legal y la ilegal se da a través de múltiples mecanismos, de los cuales los más importantes son el uso de la violencia directa y la corrupción. La violencia y la corrupción van hilando finamente una densa trama de relaciones entre actores legales e ilegales -nacionales o transnacionales-, empresas y actividades económicas. La presencia de estos elementos es notoria en el sector de extracción de hidrocarburos en Veracruz. En este caso, se condensan relaciones entre organizaciones criminales, actores públicos y privados, así como una condición endémica de corrupción que posibilita y va definiendo la dinámica criminal en la región.

5.4.1 Robo de hidrocarburos

El robo de hidrocarburos -o huachicol, como se le conoce coloquialmente- es una actividad que afecta directamente a las finanzas públicas. Se calcula que, en el periodo entre 2009 y 2016, las pérdidas por robo de hidrocarburos fueron alrededor de 159 mil 957 millones de pesos, lo que representa el 33% del gasto programable de PEMEX para el 2016 (^{Montalvo, 2017}).

La información disponible muestra que, entre 2000 y 2005, el número de tomas irregulares a lo largo de la red de ductos se mantuvo en un nivel relativamente estable en todo el país (entre 102 y 155). Sin embargo, en el periodo 2006 a 2011, estas cifras crecieron hasta alcanzar 213 y 1.322; y, en los años 2012 a 2018, el número de tomas llegó a 1.612 y 12.581, respectivamente (ver Figura 6). En Veracruz, la tendencia es similar, pues entre los años 2006 a 2011, las tomas irregulares crecieron de 88 a 297, y hacia 2018 alcanzaron la cifra de 1.338, casi 11% del total nacional (^{PEMEX, 2017}; ^2018a; ^2018b). Es decir, durante el periodo del presidente Felipe Calderón, el robo de hidrocarburos tuvo una tendencia creciente, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto su crecimiento fue exponencial. Veracruz y Tamaulipas también concentran el robo de autotanques (pipas): de 2006 a 2018, acumularon 65% de las denuncias por este delito (^{PEMEX, 2019}).

Fuente: elaboración propia basada en ^{PEMEX (2017}; ^2018a; ^2018b).

Figura 6 Tomas clandestinas. Total nacional y Veracruz, 1998-2018 

Los principales estados donde se encuentran las tomas clandestinas son Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, que concentran 58,6% de todas las tomas del país. Esta concentración se explica por la localización de la red de ductos, así como por la presencia de organizaciones criminales: Los Zetas, el Cártel del Golfo, el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el Cartel Santa Rosa de Lima, entre otros (^{Pérez, 2012}; ²⁰²⁰). En 2017, el think tank Atlantic Council estimó que Los Zetas controlaban 40% del mercado de robo de hidrocarburos (^{Beittel, 2019}). Sin embargo, la ola de violencia que colocó a Guanajuato como el estado más violento, en 2019, daba cuenta de la disputa por el control de esta actividad delictiva entre el Cartel de Santa Rosa y el CJNG (^{Guerrero-Gutiérrez, 2020}; Insight ^{Crime, 2020}).

El robo de combustible involucra no solo a las organizaciones criminales, sino a los empleados o funcionarios de PEMEX que facilitan la información y la técnica para el robo; a las comunidades asentadas cerca de los ductos que, al ver fugas, aprovechan para robar el hidrocarburo en botes o cubetas; a las gasolineras, a los empresarios nacionales y transnacionales que compran el combustible, y a las autoridades de seguridad pública (^{Pérez, 2012}; ²⁰¹⁷; ²⁰²⁰).

Si bien existen matices en la participación de esos actores, la dinámica con la que interactúan puede englobarse en lo que anteriormente se denominó el continuo tránsito entre la economía legal y la ilegal: el tránsito de una mercancía legal que pasa al circuito de la ilegalidad, a través del tráfico y la venta clandestina, para volver al circuito legal al ser adquirido por gasolineras o grandes empresas. El robo del hidrocarburo comienza con la localización de los ductos, y prosigue con su perforación, la extracción del combustible, su transporte o almacenamiento y, finalmente, la venta. Este circuito no es posible sin dos elementos fundamentales: la corrupción y la violencia.

La corrupción aparece con los acuerdos a los que llegan los trabajadores de PEMEX para brindar información técnica de la localización de los ductos, la presión a la que trabajan e incluso los horarios en que es mejor realizar la actividad; los acuerdos para utilizar las instalaciones y el transporte de la paraestatal, así como el trabajo de perforación de los ductos (^{Correa-Cabrera, 2018}; ^{Pérez, 2012}). Aunque la información que proporciona PEMEX sobre los casos de corrupción de sus empleados es escasa, el diario El Economista reportó que, entre 2007 y 2016, fueron detenidos 144 trabajadores de PEMEX por presunto robo de hidrocarburos. La mayor parte de estos ocurrieron en Veracruz (44), seguido de Tabasco (34), Tamaulipas (14), Hidalgo (11) y Guanajuato (10) (^{Langner, 2017}). Si bien estas son cifras pequeñas en relación con el número de tomas clandestinas, dejan ver la existencia de complicidades entre los trabajadores de PEMEX y las personas que roban los hidrocarburos.

La siguiente conexión en el circuito del robo de hidrocarburos es la venta, sin la cual no es posible la obtención de ganancias. La conexión con el mercado formal es innegable, ya que supone la obtención de ganancias económicas libres de impuestos o a menores costos para gasolineras u otros establecimientos que comercializan combustible robado. Otra manera de vender el combustible hurtado, aunque en menor escala, es a través del trato directo con automovilistas a la orilla de las carreteras. En ambos casos, la venta del combustible a casi la mitad de su precio normal permite que fluya esta mercancía de manera ilegal y sus beneficios a las arcas de los grupos del crimen organizado. No existe información clara sobre los establecimientos que venden o utilizan combustible robado. Según algunos medios periodísticos, PEMEX canceló el contrato a 103 estaciones de servicio a principios de 2019, como parte de la estrategia en contra del robo de hidrocarburos (^{Loredo, 2019}). Asimismo, La Jornada menciona que la paraestatal decidió reservar la información sobre los establecimientos detectados, por motivos de seguridad industrial (^{Reyna, 2019}).

La corrupción de funcionarios, que permiten el hurto, y de empresas, que lo compran, es solo una cara de la economía criminal que opera en esta actividad. Existen casos en que los trabajadores de PEMEX se resisten a brindar información estratégica. En esta situación, la violencia opera como mecanismo de coerción. El ejercicio de la violencia es inherente al despliegue de actividades criminales -como mecanismo de cumplimiento, de sanción y de control (^{Beittel, 2019}; ^{Giraldo y Naranjo, 2011})-, aunque esté antecedido por negociaciones o por actos de corrupción que suavizan la operación criminal; solo cuando estos fallan, “la violencia es la alternativa inmediata” (^{Beittel, 2019}, p. 10). De tal manera, la violencia ejercida por las empresas criminales puede leerse como un mecanismo último de presión para aumentar la cooperación de otras fracciones sociales, o como un acto disciplinario o disuasorio frente a adversarios. Para asegurar el robo de combustibles, las empresas criminales como Los Zetas o el CJNG han ejercido amenazas y secuestros en contra de los trabajadores de la paraestatal. En un documento publicado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora INAI), en 2010, PEMEX indica que durante el periodo 2007-2010 existieron 16 secuestros de sus trabajadores en los estados de Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tabasco y Nuevo León (^{El Economista, 2011}). Aunque la mayor parte de los secuestros reconocidos por la paraestatal se dieron en Tamaulipas, la información muestra que en Veracruz también tiene lugar este fenómeno. Ana Lilia ^{Pérez (2012)} documenta el caso de dos bomberos secuestrados en Poza Rica. Ambos eran trabajadores de la empresa Hydrotesting Service, que provee a PEMEX de equipos y servicios contra incendios, caso que se multiplica en Minatitlán y Coatzacoalcos.

La extorsión es otro de los mecanismos para asegurar la cooperación de trabajadores o empresarios petroleros, al mismo tiempo que asegura un flujo constante de ingresos o pagos en especie. Según ^{Pérez (2012)}, ante la presión de la extorsión, un superintendente de seguridad industrial de una terminal de almacenamiento y reparto en Veracruz se “autodenunció” ante la PGR a cambio de protección “por las amenazas de muerte de los agentes [policiacos en colusión con Los Zetas] a quienes ya no les podía cubrir la cuota: primero le pedían una pipa [de gasolina] por embarque semanal, luego una por día” (p. 162). En enero de 2020, la sección 3 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con más de mil afiliados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, señaló que en los últimos años han sido víctimas de robos, amenazas y secuestros. Aunque existe más vigilancia a los ductos para evitar el robo de combustibles, no existe seguridad para los trabajadores petroleros (^{Trinidad, 2020}). Los empresarios con contratos con PEMEX también son asediados para cubrir cuotas ante las empresas criminales; ya sea a través del secuestro o de la comunicación abierta, se les informa que deben pagar una fracción de dicho contrato. En caso de que se nieguen o incumplan, es probable que el precio sea la vida. Empresarios y trabajadores de la paraestatal han sido asesinados por igual desde inicios del siglo XXI.

En términos económicos, el robo de combustible representa una importante fuente de ingresos para quienes participan en esta cadena. Se estima, por ejemplo, que el Cartel de Santa Rosa de Lima tenía ganancias de entre 800 mil y 1.2 millones de dólares por la extracción diaria de hasta 50 pipas de gasolina obtenida de los ductos de Pemex (^{Insight Crime, 2020}). No obstante, se ha advertido que el robo de combustibles tiene consecuencias de enorme relevancia. En particular, la amenaza a la seguridad interna al dejar en manos de organizaciones criminales las instalaciones estratégicas de una de las principales empresas de propiedad estatal (^{Jones y Sullivan, 2019}; ^{Pérez, 2020}).

5.4.2 Lavado de dinero

Otro ejemplo de la concatenación de la economía legal con la ilegal en Veracruz es la asociación entre PEMEX y ADT Petroservicios. Entre 2003 y 2011, esta empresa recibió contratos directos por 2 mil 442 millones de pesos (^{Redacción AN, 2013}). Según el diario Reporte índigo, ADT Petroservicios ganó licitaciones para la adquisición de equipos de perforación dirigidos a brindar servicios topográficos para el proyecto ATP, dar mantenimiento a cuadros de maniobras y caminos de acceso; todos ellos con un monto mayor a los mil 490 millones de pesos (^{Correa-Cabrera, 2018}). No obstante, en 2014, su dueño, Francisco “Pancho” Colorado, fue acusado en Estados Unidos por participar en una conspiración para lavar dinero para Los Zetas, en la que también participaron empresas canadienses como Xtreme Energy Group y West Rock Energy.

El encarcelamiento de Francisco Colorado no solo mostró la gran capacidad que tienen Los Zetas para movilizar el dinero obtenido mediante actividades ilícitas, también dio cuenta de la interacción que existe entre la paraestatal, las organizaciones criminales y el personal político, ya que ADT Petroservicios fue el canal por medio del cual el exgobernador Fidel Herrera recibió los sobornos de Los Zetas (^{Correa-Cabrera, 2018}).

6. Consideraciones finales

El artículo identifica la presencia de riquezas naturales estratégicas -como los hidrocarburos o los minerales- y el proceso de precarización de la economía -bajas tasas de empleo, pobreza y desigualdad económica- como factores que posibilitan el desarrollo de la economía ilegal en Veracruz y la región del Totonacapan. Como se argumentó, la entidad veracruzana presenta ambas condiciones, a lo que se suman circunstancias políticas propicias para el desvío de recursos, la opacidad en el quehacer gubernamental y la realización de actos de corrupción o mercancías políticas en general. En este sentido, resalta la participación de personal político a nivel estatal para propiciar la operación de las organizaciones criminales, en particular de Los Zetas y el CJNG. Adicionalmente, las facilidades otorgadas por los trabajadores petroleros para el robo de hidrocarburos pueden ser una expresión de la complicidad de otros sectores de la sociedad que buscan incrementar sus ingresos, en un contexto de precariedad económica continuada.

Asimismo, encontramos que la economía regional presenta características que catalogamos como criminales. Como se mostró, Veracruz tiene una ubicación privilegiada para el tráfico ilegal de mercancías. De hecho, el tráfico de drogas se complejizó con la operación de las organizaciones criminales y el ejercicio de la violencia hasta alcanzar nuevas escalas y actividades, reconfigurando toda la actividad económica de la región, ya que logró involucrar a numerosos sectores y actores. Al tráfico de personas y de armas, el secuestro y la extorsión, se sumó el robo de hidrocarburos como fuente privilegiada de obtención de ingresos. Esta diversificación fue posible gracias a la ocupación y control del territorio, posibilitado por la complicidad con los aparatos de gobierno y el ejercicio de la violencia entre organizaciones antagónicas, y en contra de la población en general. El resultado es un aumento en los indicadores de violencia: homicidios, secuestros y extorsiones.

El huachicoleo es un ejemplo paradigmático, aunque no exclusivo, del tránsito continuo entre los ámbitos legal e ilegal a partir de dos mecanismos de regulación: la violencia y la corrupción. En efecto, la corrupción facilita el acceso a las instalaciones petroleras, así como el conocimiento técnico para operar las tomas clandestinas. En el caso de que sea insuficiente, las amenazas a la integridad y la vida de los trabajadores especializados lo aseguran. En otra etapa del circuito, la vinculación entre las organizaciones criminales y el personal político permite el desvío de recursos públicos, como lo ejemplifica el caso de Francisco Colorado, y su blanqueo a través de la reinversión en actividades de apariencia legal, como los contratos de ADT Petroservicios y PEMEX. Consecuentemente, el robo de combustibles es una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales, las gasolineras que amplían sus márgenes de ganancia, así como los trabajadores y funcionarios que se benefician de la riqueza nacional. Esta interacción entre los actos de corrupción y el ejercicio de la violencia, como lógica de la dinámica económica en la región, se traduce en un serio cuestionamiento al control del estado mexicano sobre las instalaciones estratégicas y la seguridad interna del país.

Si bien en este trabajo se presenta la forma en que sectores de la economía legal, como la extracción de hidrocarburos, permiten una interacción entre la economía legal e ilegal a través de mecanismos tales como la corrupción y el ejercicio de la violencia directa, reconocemos que es necesario indagar con mayor profundidad en otras relaciones que tejen la trama de la transformación económica que aquí se dibujó. Entre ellas, están la actuación de las instituciones policiacas en la extensión y profundización de la ola de violencia, en particular en las desapariciones, secuestros y extorsiones en contra de la población; la magnitud del feminicidio y la aparición de múltiples fosas clandestinas; la construcción de la base laboral de la economía ilegal y la criminalización que recae sobre ella; los efectos diferenciados que tiene el trasiego de armas, y, por supuesto, las implicaciones del giro en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate al robo de combustible y el fortalecimiento de PEMEX. No obstante, este trabajo dialoga con los estudios que pretenden explicar el fenómeno criminal de manera más abstracta, aportando elementos concretos de su funcionamiento en Veracruz, México.