Introducción

Tras la declaración de la pandemia que emitió la OMS, Colombia asumió todos los protocolos recomendados para la prevención y atención del virus SARS-CoV-2. En esta situación de incertidumbre, la llegada de viajeros de diferentes lugares del mundo acrecentó el contagio en Bogotá, Medellín y Cali, e hizo desplegar estrategias para trasladar personal médico dispuesto a atender a quienes retornaban y adecuar espacios de atención prioritaria en clínicas y hospitales. El 25 de marzo de 2020 se declaró el confinamiento total, que se prolongó hasta agosto con excepciones graduales, soportadas en reactivar la economía y en un retorno a la nueva normalidad, a la par que los casos de contagio aumentaban.

Para controlar la expansión del virus uno de los principales mecanismos implementados por el Estado consistió en la demarcación de zonas con incremento de contagios y de mortalidad. En ese sentido, los Gobiernos locales se adscribieron a un proceso de comprensión e intervención sobre el espacio basado en medidas como el toque de queda y la ley seca, sustentadas en la preservación de la seguridad, como una expresión del monopolio simbólico del Estado (^{Bourdieu, 2012}) para nominar, clasificar y delimitar situaciones o personas, además de plantear categorizaciones legítimas del mundo social.

Como se sabe, la delimitación de fronteras simbólicas es una condición necesaria para que las intervenciones de las instituciones punitivas del Estado sean percibidas como legítimas (^{Lamont, 1995}). Especialmente si se trata de medidas que atentan contra los derechos a la movilidad, protestas o libertades ciudadanas. Esta demarcación del Estado cuenta con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, al difundir estos modos de ver el mundo. En cualquier caso, esta toma de decisiones muestra contradicciones.

Este trabajo se inscribe en la teoría del Estado de Pierre Bourdieu y tiene como propósito dar cuenta de los recursos simbólicos desplegados por el Estado al definir territorios, clasificar personas y producir dispositivos de control con base en juicios morales y en una retórica del miedo. Para ello, se implementó una estrategia metodológica cualitativa orientada a identificar las definiciones de los espacios de control, de acuerdo con las autoridades, medios de comunicación y ciudadanos, en las cuales se mencionan casos de disturbios, acciones prohibidas o desobediencia durante la implementación de la cuarentena y el denominado “periodo de aislamiento preventivo obligatorio”. Así mismo, se revisaron los dispositivos tecnológicos y discursivos para controlar e informar a las poblaciones sobre el avance de la pandemia a nivel nacional y local. También se analizaron datos agregados procedentes de los boletines epidemiológicos de la Alcaldía de Cali, los datos abiertos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y los del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), respecto a número de contagios, tasas de mortalidad u homicidios por barrio, para implementar medidas como la ley seca, entre otras.

El texto está dividido en cinco partes: en la primera, se presenta una revisión bibliográfica de estudios que abordan la relación entre el control social, el espacio y la intervención estatal; en la segunda, se exponen los referentes conceptuales y la metodología orientan este trabajo; en tercer lugar, se analizan las intervenciones sobre el espacio y las acciones del Gobierno local; en la cuarta parte, se discuten las estrategias de acción del Estado; y, finalmente, se proponen algunas conclusiones.

Aproximaciones a los conceptos de control social y Estado

En el concepto de control social confluyen la concepción integracionista de Émile Durkheim y los planteamientos de Edward Ross sobre cómo pensar la organización de la sociedad y la incógnita del orden. En cualquier caso, los intereses de ambos autores son los desórdenes y la desorganización en el marco del capitalismo industrial de las sociedades occidentales. Tiempo después, a mediados del siglo XX, los sociólogos de la Escuela de Chicago aluden al control social desde la desviación social; más adelante, los funcionalistas Talcott Parsons y Robert Merton entendieron el control social como una vía que protege la continuidad del sistema. Posteriormente, las teorías del etiquetaje de Erving Goffman o las instituciones totales del interaccionismo simbólico se concentraron en el control que estas ejercen sobre determinados grupos de individuos.

En este periodo el control social se asocia con las regulaciones que las sociedades aplican sobre sí mismas, como parte del afianzamiento de la democracia y la autorregulación a través del consenso. Después, en los sesenta se pasa del consenso y autorregulación a enfatizar el rol coercitivo del Estado; el control social se empieza a concebir como un “mecanismo central de gobierno de lo estatal sobre lo social, promoviendo la conformidad de la mayoría (control social activo) y la supresión de la desviación (control social reactivo)” (^{Antillano, 2010}, p. 18). De este modo, a partir de la revisión de ^{Foucault (2009)} se enfatiza sobre la función reguladora que ejercen los aparatos de control sobre todas las dimensiones de la vida social. Así, el control no es solo político, sino demográfico, y tiene una función importante en la dominación de los cuerpos. Las teorías de la biopolítica y la gubernamentalidad, que propone Foucault, tendrán un rol significativo para identificar los dispositivos de control ejercidos tanto en los regímenes despóticos, como en las democracias liberales, pues son mecanismos con los que se administra la vida y la muerte.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado como fuente de poder y del monopolio del uso legítimo de la fuerza, de acuerdo con la definición weberiana, afianzó una visión formalista del control con base en instituciones jurídicas y punitivas diseñadas para mantener el orden social, además de un discurso defensivo ante los criminales “mediante la segregación, el tratamiento y la punición y la corrección, más tarde la resocialización de los desviados” (^{Olmo, 2005}, p. 21).

En América Latina, las reflexiones sobre el despliegue de recursos simbólicos del Estado para la clasificación de personas y territorios, o sobre cómo se producen dispositivos de control o se interviene, según la definición de las situaciones, con base en juicios morales y una retórica del terror, tienen una impronta robusta en las ideas foucaultianas, las representaciones y los imaginarios sociales. Entre ellos, se propone la noción de fobopolítica o gubernamentalidad con base en el miedo y la incertidumbre, resaltando cómo se administra el miedo en la práctica política, el control y gestión de las poblaciones, y su efecto sobre las subjetividades o el surgimiento de conocimientos, objetos, percepciones y prácticas, como las acciones de justicia privada ante la inoperancia estatal en el control del monopolio de la fuerza (^{Agudelo, 2017}).

El énfasis sobre la función del Estado como un aparato de coerción y control lo complementa Pierre Bourdieu, al atribuirle no solo el monopolio del uso legítimo de la fuerza o de la imposición de la violencia física, sino también de las violencias simbólicas o categorías de pensamiento. Por tanto, el Estado cuenta con “la capacidad de imponer ideas reconocidas y asumidas dentro de la sociedad de manera incuestionable y de ocultar las relaciones de fuerza que se inscriben detrás, que son las que sirven para legitimar relaciones de dominación” (^{Bonacci, 2020}, pp. 188-189).

Esta cualidad distintiva del Estado explica las complejidades para cuestionarlo, pues sus instancias administrativas producen y legitiman las categorías de pensamiento de nuestra vida, es decir, el Estado logra “imponer formas de visión y división (...), de estructurar estructuras cognitivas como formas pre-reflexivas del sentido del mundo” (^{Bonacci, 2020}, pp. 194-195). Finalmente, Wacquant subraya la función de visión y división del Estado en su caracterización del neoliberalismo, al estudiar las políticas de seguridad y la emergencia del Estado penal, en donde se compagina el rol instrumental de la penalidad con su misión expresiva y su capacidad integradora. Así, el Estado cumple con ambas tareas en simultáneo al “aplicar jerarquías y controlar categorías contenciosas en un nivel, y para comunicar normas y moldear representaciones colectivas y subjetividades en otro nivel” (^{Wacquant, 2010}, p. 19).

El poder del Estado: su dimensión espacial y de seguridad

En su función divisoria y clasificadora del mundo, el Estado define, organiza y controla territorios y poblaciones que lo ocupan, para lo cual produce herramientas como el catastro, delimita fronteras o define quiénes son sus ciudadanos y quiénes no lo son. Por tanto, no realiza solo una demarcación física, sino que esta es especialmente simbólica y relacional: “el poder del Estado se hace presente en un sentido espacial con la producción y orientación de relaciones entre sujetos y elementos que constituyen dicha matriz relacional” (^{Pérez, 2017}, p. 255).

Entre los atributos centrales que distinguen el territorio del Estado respecto de otras organizaciones políticas está que es un territorio que pretende mantenerse estático y diferenciado respecto a otros Estados, además de ser “liso y homogéneo y se encuentra codificado y allanado para ser legible” (^{Pérez, 2017}, p. 257). Sin embargo, esa homogeneización del territorio y su unificación no implica la imposibilidad de producir territorios o enclaves con características específicas al interior de sus propias fronteras, los cuales se clasifican de acuerdo con criterios económicos, servicios prestados, delincuencia, criminalidad, entre otros. En definitiva, la producción espacial de zonas es un proceso de división simbólica que cristaliza en una cierta organización y distribución territorial, fundadas en un origen histórico o en percepciones sobre el espacio. Al respecto, estas clasificaciones pueden permanecer o cambiar, dependiendo de la interpretación del Estado sobre ellas o de la capacidad de los ciudadanos para reivindicar nuevas categorizaciones.

Estrategia metodológica

Para analizar la función integradora y punitiva del Estado local mediante la clasificación de zonas y personas y sus dispositivos para controlar e intervenir, en el marco de la pandemia, se diseñó una base de datos cualitativa para registrar las zonas de Cali donde se presentaron actos de indisciplina, desobediencia o prohibidos entre marzo y agosto de 2020, además de considerar las medidas implementadas por el Gobierno local, basadas en decretos, normas, reglamentos y acuerdos municipales. En términos cuantitativos, se procesaron los datos de los boletines epidemiológicos de la Alcaldía de Cali, y los datos abiertos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, del INS y el INMLCF.

Para el análisis de la distribución espacial sociogeográfica se usa la noción de conglomerados planteada por ^{Urrea (2012)}, a escala de comuna, sustentada en el modo en que el territorio se ha definido según ciertas poblaciones se insertaron en la ciudad y cambiaron con el tiempo tanto su composición demográfica, étnico-racial y de clase, como la distribución en la ciudad de indicadores de crecimiento poblacional, migraciones, tasas de natalidad y mortalidad, e incluso sus dinámicas sociales, económicas y étnico-raciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, Cali tiene cinco conglomerados: zona ladera (comunas 1, 18 y 20), con un flujo migratorio importante de mestizos o mestizos-indígenas; oriente (comunas 7, 13, 14, 15 y 21), que sobresale por sus altas tasas de crecimiento poblacional y de recepción de población migrante del Pacífico, norte del Cauca y sur del Valle del Cauca que corresponde a la población afrocolombiana; el corredor norte-sur (comunas 2, 17, 19 y 22) se distingue por sus nuevas edificaciones y concentrar las clases medias y altas de la ciudad; centro-norte (3, 4, 5, 6, 9 y 10), y centro-oriente (comunas 8, 11, 12 y 16). El oriente y la zona ladera resaltan también por altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y condiciones de vulnerabilidad más altas en comparación con otros conglomerados.

Las situaciones y los actores están adscritos a espacios específicos que el Estado demarca administrativamente (departamentos, municipios, barrios, comunas, corregimientos, etc.), y que además son un producto de clasificaciones nuevas y antiguas que replican los medios y los ciudadanos. De esta manera, en una zona o sector se pueden cruzar múltiples características sociales, demográficas, económicas, étnicas o de percepciones morales (“barrios buenos” y “barrios malos”). En ese sentido, los mapas de criminalidad, de zonas epidemiológicas o de sectores peligrosos, abandonados o prósperos son muestras de cómo el Estado, con base en estudios urbanos de sus instituciones, o mediante la contratación de servicios de consultoría con universidades y empresas, delinea, zonifica, clasifica y reclasifica espacios y poblaciones para establecer procesos de desarrollo, políticas de seguridad, expansiones urbanas e intervenciones en general.

En una capital como Cali, que ha recibido migrantes de la Costa Pacífica, el sur del país y ahora de Venezuela, hay una amplia intervención de organismos internacionales y ONG nacionales y locales que se ocupan de los problemas que el Estado no resuelve, ya sea por incapacidad institucional o porque han dejado de ser parte de sus prioridades. En otras oportunidades, el Estado se adhiere a programas que estos entes promueven. Un ejemplo de ello es el programa de Ciudades Seguras para las Mujeres, que promueve ONU Mujeres.

Los instrumentos para difundir la información oficial suelen ser notas de prensa, informes periódicos, publicaciones en páginas web institucionales o redes sociales. La intención es legitimar las divisiones y clasificaciones del Estado, al igual que diseminar un lenguaje y un conjunto de conceptos y categorías sobre las situaciones, problemas y territorios, para que otros actores e instituciones se apropien de ellos. En otras palabras, es una función homogeneizadora para lograr una cierta unidad al delinear los contornos de la realidad.

Una vez el confinamiento se decretó, el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el apoyo del Departamento Nacional de Estadística (Dane), elaboraron gráficas, infografías, mapas y diferentes instrumentos para divulgar la evolución de la pandemia. Esta estrategia se replicó a nivel departamental y local. La Alcaldía de Cali utilizó los boletines epidemiológicos. En paralelo, la Presidencia de la República creó un programa diario en la televisión abierta para comunicar sus medidas y promovió el uso de la aplicación CoronApp, que permitía registrar datos de los ciudadanos sobre su estado de salud.

A nivel municipal, las estrategias para difundir la información y la definición de la situación se centraron en ruedas de prensa, columnas y noticias en periódicos locales, informes epidemiológicos, publicaciones en el portal web de la Alcaldía, publicaciones en redes sociales e infografías. Estas usaron la cartografía para ubicar casos por barrio y por comuna, identificar el estrato socioeconómico de las viviendas y advertir la concentración de población étnicamente reconocida. Se recuerda que el mapa es un instrumento que permite al Estado representar el territorio que controla o que, en estos casos, estaba por fuera de su control. Así, se establecieron espacialmente focos de contagio y microzonas de intervención, sobre todo para repartir ayudas.

Resultados

Las intervenciones sobre el espacio y las acciones del gobierno caleño

Durante los primeros meses de aislamiento, la producción espacial del Estado se inscribe en esta lógica. Es decir, en la generación sistemática de información y de clasificación que se adapta, según la pandemia avanza, para mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución del contagio como instancia previa de legitimación para la toma de decisiones. Respecto a los focos de contagio, los informes epidemiológicos de la Alcaldía mostraron cómo en las primeras semanas las cifras más altas se presentaron en el corredor norte-sur (^{Elías-Cuartas et al., 2020}), conclusión congruente con las interpretaciones iniciales de la pandemia, respecto a que su expansión en el país se dio por la visita o retorno de viajeros procedentes del extranjero.

Tabla 1 Casos totales confirmados de covid-19 en la zona urbana de Cali en 2020 (por conglomerado) 

Fuente: elaboración propia con base en una compilación de los datos publicados en los boletines epidemiológicos de la ^{Alcaldía de Cali (2020)}.

Después de las primeras semanas de confinamiento, se observa cómo la mayor proporción de los casos totales se distribuyó hacia otros conglomerados. Al 1 de mayo, cerca del 30 % se ubicaron en el corredor norte-sur, pero al 30 de junio esta cifra cae al 13,4 %, caso contrario a los conglomerados oriente y centro-oriente, en los que se incrementó al 30 de junio.

El incumplimiento de los ciudadanos de las medidas decretadas por el Gobierno local, como la ley seca y el toque de queda, pronto orientó las intervenciones hacia comunas específicas. Se implementaron otros criterios de clasificación de las zonas y, en ese sentido, las causas del contagio sugerían que los habitantes se podían dividir en comunas y barrios obedientes vs. comunas y barrios indisciplinados; estos últimos coincidían con asentamientos de sectores mestizos y negros empobrecidos.

Por ejemplo, el Día de la Madre (10 de mayo) las autoridades anunciaron varias intervenciones para impedir las fiestas en El Caney y expresaron gran preocupación por el oriente de Cali, dada la cantidad de reuniones que se realizaban allí. El Día del Padre (21 de junio) la Policía reportó 200 fiestas, 2000 llamadas por alteración del orden público y 1200 riñas, así como 280 por violencia intrafamiliar. Además, indicó que las principales violaciones a la cuarentena ocurrieron en Belén, Siloé, Belisario Betancur, Valle Grande, Brisas de Mayo y el parque El Ingenio. Ese día también intervino una fiesta con casi 500 participantes, en la colonia nariñense ubicada en el Distrito de Aguablanca. En consecuencia, la administración local ejerció mayor presión sobre estas zonas y se reunió con sus habitantes para diseñar estrategias de intervención y evitar futuras aglomeraciones y fiestas. Luego, algunos representantes del barrio ofrecieron disculpas públicas.

La marginalización de sectores, que institucionaliza y que se observa en un desarrollo geográfico desigual de la ciudad, también se explica por las lógicas de la economía-mundo capitalista, en las cuales los Gobiernos locales, a causa de las fuerzas del mercado, asumen tareas que son más propias del sector privado, priorizando los intereses de actores privados sobre los públicos (^{Uribe, 2011})¹.

Como parte del balance de lo sucedido durante los fines de semana de junio, se destacó que se realizaron más de 4000 fiestas y se enfatizó en el consumo de bebidas alcohólicas. De este modo, al declarar el toque de queda el 26 de junio, las autoridades recalcaron que esperaban un mejor comportamiento en “las comunas de siempre”, refiriéndose explícitamente a las comunas 3, 5, 10, 13, 14, 15, 16 y 22, es decir, las de los conglomerados oriente y centro-norte, de nuevo objeto de la focalización de las intervenciones en la ciudad.

La estrategia de catalogar algunos espacios como indisciplinados y desobedientes se afianzó, y el Estado demostró su capacidad para nombrar o definir los contornos de la realidad, crear sujetos de intervención y proporcionar respuestas institucionales. En ese sentido, produjo pacientes, gente que esperaba programas, subsidios y otras intervenciones, y que escasamente discutían las categorías con las que estas instituciones los clasificaban. No obstante, cada vez más, esos pacientes producidos por el Estado exigían servicios eficientes, de calidad, oportunos y de largo aliento, y, en esa medida, se resistieron a las etiquetas de “marginales o mendigos” que les impusieron las instituciones y reclamaron su dignidad como personas.

De manera particular, el oriente fue reestigmatizado, no solo por las condiciones socioeconómicas y de fragmentación de la ciudad, sino por el avance de la pandemia y el modo en que se definieron los motivos de su propagación. Esos discursos no se sustentaban en análisis de las condiciones sociales de los habitantes de esas localidades. Desde la academia se aclaraba que no se podía atribuir todos los contagios a la supuesta indisciplina social, cuando buena parte de los contagiados eran trabajadores indispensables (conductores, empleados del sector salud, distribuidores de supermercados, domiciliarios o trabajadores informales que perdieron sus fuentes de ingresos) (^{Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (Cidse), 2021}). Como reconocen los estudios del Dane, estas personas debieron “reinventarse”, haciendo comidas y vendiendo improvisados “elementos de bioseguridad”; otros se atrevieron a abrir sus talleres y locales comerciales, de manera subrepticia, para obtener ingresos, y, por ello, infringían la ley.

Esos discursos tampoco contemplaron la precariedad de las viviendas donde se alojaban los individuos catalogados como desobedientes². Esto es, espacios diminutos que suelen albergar a más de cinco personas durante todo el día, donde se altera la convivencia con facilidad y se incrementan la violencia familiar, la basada en género y las riñas con los vecinos. A pesar de que se ha comprobado que los condicionantes sociales inciden en la exposición al riesgo de contagio y que las preexistencias de enfermedades (casi todas asociadas a la pobreza, como la diabetes, la hipertensión y las afecciones coronarias) (^{Urrea-Giraldo et al., 2015}; ^{Reyes, 2021}) han incrementado las víctimas entre los excluidos de siempre, se siguió insistiendo en que las razones se asociaban a la indisciplina. Tampoco se tuvo en cuenta que en los sectores populares vive el mayor número de personas con comorbilidades; ni que una buena proporción de esos hogares están compuestos por jóvenes asalariados o informales obligados a trabajar para sostener a sus hijos.

A pesar de estas razones, el Estado instrumentalizó el discurso científico de médicos y epidemiólogos, de gran legitimidad en la población, para construir un chivo expiatorio responsable del contagio y del ascenso de las muertes por covid-19: el indisciplinado social. Sin embargo, detrás de la responsabilidad atribuida a los ciudadanos residía la incapacidad del Estado para imponerse como máquina de dominación. Así, los ciudadanos salieron a la calle, pese al confinamiento, para garantizar su sobrevivencia. Por ejemplo, como muestra la figura 1, la proporción de ocupados informales registrada por el ^{Dane (2019-2020)} por trimestre entre el 2019 y el 2020, a nivel nacional, tuvo el aumento más pronunciado en 2020, con 2 puntos porcentuales, al comparar los trimestres de agosto a octubre de 2019 y 2020. Sin embargo, en Cali, donde alrededor del 50 % de la población trabaja en la informalidad, durante el 2020 esta diferencia entre trimestres superó la proporción nacional e incluso sobrepasó los cinco puntos porcentuales en el de septiembre y noviembre.

Fuente: elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares: Empleo Informal y Seguridad Social ^{(Dane, 2019-2020)}.

Figura 1 Proporción de ocupados informales a nivel nacional (13 ciudades seleccionadas y áreas metropolitanas) y en Cali, entre el 2019 y el 2020. 

Las medidas de confinamiento y otras regulaciones tampoco contemplaron las brechas entre la ciudad y el municipio pequeño, las áreas urbanas, el resto y las zonas rurales; trataron a todos los individuos por igual, a pesar de que las desigualdades sociales y económicas harían más difícil para los pobres acatar las disposiciones de mantener el aislamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado constante de manos, entre otras. Es decir, se dispusieron reglas generales para múltiples situaciones particulares. Ahora bien, desde el análisis del discurso se ha planteado cómo el vínculo entre espacio urbano, distribución espacial de la ciudad y seguridad ciudadana se ve atravesado por percepciones sobre la seguridad, que motivan clasificaciones sobre algunas zonas, y que en algunos casos asocian espacios con gente peligrosa, delincuencia y pobreza (^{Salas, 2015}).

Respecto a la incidencia de las desigualdades socioeconómicas, como factor para la producción de una categorización del espacio en la ciudad, de acuerdo con la percepción de peligro o calificativos morales sobre ciertos sectores, ^{Soja (1989)} propone que las ciudades posmodernas manifiestan en una escala espacial los modos en que las relaciones de poder son cada vez más notorias, y cómo se han forjado en el mundo a través de las asimetrías entre grupos étnicos y sociales. Es decir, la ciudad cuenta con zonas físicas y simbólicas en las que se establecen grupos aventajados, rodeados por grupos en condiciones precarias. Así, la distribución social y espacial se traduce en una ciudad fragmentada, que no es un fallo, sino el reflejo de la configuración de espacios peligrosos en los que confluyen asimetrías en las relaciones de poder y la tipificación de personas como amenazantes o peligrosas (Soja, 1989).

Ante esta situación, los ciudadanos se resistieron a las imposiciones de un Estado débil, precario, incapaz de garantizar la justicia y con serias dificultades para que sus ciudadanos interioricen las normas. Esas resistencias para acatar la ley se justificaron por razones económicas y políticas, pero también por cierta anomia en la población más joven, que alberga poca confianza en sus mandatarios y en las instituciones, y, por lo tanto, la violación deliberada de las normas se sustentaba porque estas restringían el derecho a la movilidad y a reunirse (Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, 2021). A esto se suma una baja percepción del riesgo al contagio y a la muerte. Por eso se habla más de sindemia que de pandemia.

En cuanto a la legitimación de esta nueva versión propuesta por la administración municipal para dar cuenta de la expansión de los contagios, sus anuncios estuvieron acompañados por noticias, columnas y editoriales en periódicos locales, que con base en juicios morales y una retórica del miedo, reforzaban el etiquetaje de poblaciones y sectores de la ciudad como indisciplinados y desobedientes. Así, la explicación del riesgo del contagio y muerte por covid-19 se entremezclan con una asociación espacial de zonas ya marginalizadas de la ciudad, particularmente el oriente de Cali. Al respecto, El País tituló sus publicaciones así:

Quienes no respetan toque de queda saliendo de Cali son “insolidarios y trásfugas”: Ospina (20 de marzo).

Habría toque de queda en varios sectores de Cali por indisciplina ciudadana frente al covid-19 (3 de mayo).

Segunda jornada de ley seca en Cali “tuvo lunares”, pero el balance de las autoridades es positivo (10 de mayo).

Por qué el covid-19 no ha aplacado la rumba y la indisciplina en Cali? (23 de mayo).

Fiestas, parques llenos y riñas: indisciplina en Cali pese a covid-19 (23 de junio).

Una fiesta de más de 500 personas fue descubierta en el oriente de Cali (22 de junio).

Estos son los barrios de Cali con menos casos de indisciplina durante la pandemia, según las autoridades (26 de junio).

Cómo vencer la incredulidad de los caleños frente al covid-19? (5 de julio)

Por su parte, El Tiempo reportó la situación así:

Cali, en un encierro que deja sus lecciones y retos (10 de mayo).

Cartagena y Cali, en alerta por contagios y desobediencia (16 de mayo).

Alcalde de Cali no descarta declarar una cuarentena total por sectores (15 de julio).

Pero al tiempo que se intensificó la violencia física y simbólica sobre ciertas comunas en Cali, como la intervención de fiestas por parte de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (^{El País, 22 de junio de 2020}) o la focalización del toque de queda en barrios y comunas específicas (^{El Tiempo, 30 de mayo de 2020}), se tomaron decisiones paradójicas; se permitió la apertura de centros comerciales y se realizó el día sin IVA, el 19 de junio, sin implementar las medidas de bioseguridad adecuadas. Como consecuencia de esto hubo largas filas y aglomeraciones en los almacenes de cadena y sus alrededores, y aunque las autoridades cerraron establecimientos de manera temporal, estos se reabrieron el mismo día.

El día sin IVA demuestra que tanto el Gobierno local como el nacional paulatinamente tomaron decisiones que contradecían la necesidad imperiosa de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Estado para el control de la pandemia, privilegiando la reactivación de la economía del país. En tal sentido, se priorizaron los intereses del sector privado y el consumo de algunos sectores sociales y, en paralelo, se manifestó la desigualdad en la toma de decisiones, porque al tiempo que los sectores vulnerables eran marginalizados, se propició la expansión del virus.

En cuanto al covid-19, las tasas de mortalidad del virus del 15 de marzo al 31 de agosto aumentaron paulatinamente en las comunas del centro-oriente, oriente y centro-norte, lo cual contradijo las hipótesis de algunos intelectuales y políticos de todo el mundo que plantearon, sin datos suficientes y por el afán de pronunciarse mediáticamente, que el virus era democrático y que no distinguía entre ricos y pobres³. La realidad es que las desigualdades sociales, económicas, educativas, de brechas digitales, condiciones de salud y acceso a servicios de salud, aunadas a la desaceleración de la economía a causa del confinamiento, se tradujeron en una profundización de las desigualdades y su correspondiente impacto en el incremento de contagios. Tal como se muestra en la figura 2 hay una confluencia entre las “comunas de siempre” o indisciplinadas, los sectores marginalizados históricamente en Cali, y, según el transcurso del tiempo, una mayor tasa de mortalidad en estas zonas de la ciudad.

Fuente: elaboración propia con base en una compilación de los datos publicados en los boletines epidemiológicos de la ^{Alcaldía de Cali (2020)}.

Figura 2 Tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes, por comunas, 2020. 

En el periodo 12 de julio-4 de agosto las comunas con mayor concentración de casos de covid-19 con enfermedad activa eran las 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 21, mientras que la totalidad de los casos desde el 15 de marzo al 4 de agosto ocurría en las comunas 13, 15 y 16. Así mismo, en el periodo del 4 de agosto al 1 de septiembre se reiteran comunas con mayor foco de casos activos: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 18. De nuevo, la mayoría de casos desde marzo hasta el 1 de septiembre se da en las comunas 13, 15 y 16.

Como se puede ver en la tabla 2, los sectores discriminados y aislados son los que presentan tasas de mortalidad más altas, por lo cual se evidencia una intersección entre pobreza, desigualdad social y el virus como factor de riesgo o de muerte. De este modo, aunque el distanciamiento social ha demostrado ser útil para disminuir el ritmo de contagio, es un instrumento insuficiente, porque en algunos casos no se cumple con él de forma deliberada (^{Fernández-Sánchez et al., 2020}).

Tabla 2 Tasa de mortalidad por covid-19 en la zona urbana de Cali en 2020 (por conglomerado) 

Fuente: elaboración propia con base en una compilación de los datos publicados en los boletines epidemiológicos de la ^{Alcaldía de Cali (2020)}.

Las estrategias de acción del Estado

El toque de queda, el aumento de la Fuerza Pública en ciertos sectores, las ruedas de prensa, los boletines epidemiológicos, la entrega de ayudas a las poblaciones vulnerables y la ley seca se reafirmaron como las medidas administrativas primordiales para el control del avance de la pandemia, especialmente durante las primeras semanas de confinamiento⁴.

Con la finalidad de evitar aglomeraciones, a partir del 6 de abril en Cali se decretó el pico y cédula, es decir, la restricción para salir de casa de acuerdo con el último dígito de la cédula. Solo podía salir una persona por núcleo familiar para adquirir bienes de primera necesidad o realizar trámites bancarios, notariales y administrativos. Así mismo, se establecieron las excepciones de quienes podían transitar y qué negocios abrirían. Incumplir con estas medidas era motivo de infracciones.

El objetivo del aislamiento preventivo obligatorio consistía en restringir la movilidad, mientras que el pico y cédula se diseñó para relajar la propagación de la violencia física y simbólica. Por esa razón, algunos ciudadanos se enfrentaron a circunstancias paradójicas, como cumplir con la normativa del pico y cédula, pero sin poder usar su vehículo particular por la restricción del pico y placa. Ante las protestas ciudadanas por la confusión de las medidas, la Alcaldía desarrolló una aplicación que permitía confirmar cuando un ciudadano se podía movilizar por la ciudad, utilizando su vehículo.

Sobre la base de esta clasificación de espacios y personas como peligrosos, la seguridad se posiciona en la agenda pública y pone a la gente en la disyuntiva entre salvar la vida o mantener su libertad y otros derechos. Al respecto, en las últimas décadas, la incertidumbre y la percepción de inseguridad se han intensificado y universalizado, por lo cual los asuntos de seguridad en las grandes urbes se definen como un asunto prioritario de intervención. Además, tal enfoque se afianza con la difusión de noticias en los medios de comunicación que producen y reproducen estos discursos en los que se identifica a esos otros como peligrosos, agresores potenciales e incluso descartables, y que deben ser intervenidos por el Estado como administrador del miedo (^{Paz, 2013}).

En el marco de un discurso sobre la seguridad que se fundamenta en una retórica del miedo y en un rol cada vez más significativo de la vigilancia y la securitización de los espacios, el cómo se percibe y el cómo se organiza la ciudad se ven atravesados por estas lógicas del miedo, que estructuran prácticas, representaciones, consensos sociales, categorizaciones inconscientes y experiencias individuales (^{Nieto, 2014}; ^{Pyszczek, 2011}), así como percepciones subjetivas asociadas con la identidad de cada sujeto, como el género (^{Patiño-Díe, 2016}).

Los tres lunes festivos de junio

En junio, además del día sin IVA, hubo tres lunes festivos seguidos. Esta situación fue descrita por las autoridades locales como un reto para garantizar las medidas de aislamiento. Pese a lo anterior, para el fin de semana del 12 de junio se decretó la ley seca, desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del 16 de junio, en 28 barrios, haciendo hincapié en Calimio Desepaz, Antonio Nariño y Ciudadela Floralia, comunas 21, 16 y 6 respectivamente; porque de acuerdo con el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali eran las zonas donde se presentaban más hurtos, homicidios y multas, así que se requería de intervenciones focalizadas. Pero no se aplicaría el toque de queda, a diferencia de otros municipios del Valle del Cauca.

Las autoridades insistieron en que algunos sectores de la población se estaban portando bien porque cumplían con las medidas decretadas. Por ello, no se debía castigar los buenos comportamientos, mientras que se legitimaron las decisiones focalizadas sobre los conglomerados oriente, centro-oriente y centro-norte, por los índices más altos de hurtos, homicidios o incumplimiento de las restricciones.

Esta interpretación de la seguridad, organización y definición de estrategias de intervención en la ciudad implica el uso de estadísticas, que tienen un rol fundamental para representar y sustentar los imaginarios del miedo, asociados con factores socioeconómicos vinculados con chivos expiatorios para personificar la violencia y divulgarlos en los medios.

En ese sentido, las estadísticas y sus interpretaciones presentadas en reportes de las autoridades policiales o judiciales, que se difunden en los medios de comunicación y redes sociales, se entrelazan con experiencias personales, relatos de personas cercanas o percepciones que circulan socialmente. De ese modo, estas se constituyen en un elemento más para la producción de definiciones subjetivas de espacios o situaciones como peligrosos.

Al consultar los datos sobre homicidios en Cali, registrados por el INMLCF, se observa que el comportamiento de las tasas mensuales de homicidio en 2020 difiere significativamente con el de 2018 y 2019, al comparar los meses de marzo y abril, es decir, durante las primeras semanas del confinamiento. En ese sentido, los datos permiten plantear que la cuarentena sí tuvo un efecto en la disminución de la tasa de homicidios en las semanas iniciales, como se muestra en la figura 3, aunque en junio se incrementa de nuevo.

Fuente: elaboración propia con base en los boletines estadísticos mensuales del INMLCF (s. f.).

Figura 3 Tasa mensual de homicidios en Cali por cada cien mil habitantes (de enero a agosto de 2018, 2019 y 2020). 

Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali

Figura 4 Barrios de Cali focalizados para implementar la medida de ley seca respecto a total de homicidios por comuna entre 2004 y 2018. 

Sin por eso desconocer que Cali presenta una de las tasas de homicidios más altas del país; por ejemplo, desde enero hasta agosto de 2020 tuvo una tasa de 24,1 homicidios por cada cien mil habitantes, es decir, casi el doble de la tasa nacional (13,5); a nivel local estos datos contrastan con la definición de la situación por la administración local, en la cual se insiste en los índices de homicidios, hurtos y desobediencias, relacionados con territorios específicos. Por ejemplo, el Gobierno local sustenta esta focalización de la ley seca en las cifras del miedo (^{Carrión y Núñez-Vega, 2006}), que, como se ilustra en las figuras 4 y 5, corresponde con una clasificación de determinadas zonas de la ciudad a partir de una distribución histórica de datos estadísticos sobre la criminalidad en la ciudad. Así, los casos registrados de homicidios por comuna entre el 2004 y el 2018 muestran que el conglomerado oriente contribuye con el 40,3 % de los casos, seguido por el centro-norte con 21,5 % y el centro-oriente con 17,7 %.

Con relación a la figura 5, esta muestra la distribución espacial de las denuncias de hurtos entre 2016 y 2019, donde el corredor norte-sur presenta los registros más altos (33,6 %), seguido por el centro-norte (32,8 %), es decir, dos tercios de los casos en la ciudad. En este caso, los datos quizá se puedan explicar porque esas son las zonas con mayor actividad comercial de Cali.

Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

Figura 5 Barrios de Cali focalizados para implementar la medida de ley seca respecto a las denuncias totales de hurtos por comuna entre 2016 y 2019. 

Pese a que las aclaraciones para sustentar la focalización de la ley seca durante el fin de semana del 12 de junio encuentran cierta correspondencia histórica con los casos de homicidio y en menor medida con los de hurtos, la realidad es que al analizar el número total de casos confirmados por coronavirus el 10 de junio, entre los 25 barrios con los registros más altos, como se expone la figura 6, solo 12 de ellos se incluyeron en la lista de 28 barrios con ley seca, entre los cuales resalta Villanueva, sitio en el que no se implementó la ley seca, pero que para la fecha presentaba el 6 % del total de casos confirmados de Cali. Esta situación se repitió en El Jardín, Alfonso Bonilla Aragón y Manuela Beltrán, barrios segundo, cuarto y quinto con más casos confirmados por covid-19, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con base en una compilación de los datos publicados en los boletines epidemiológicos de la^{Alcaldía de Cali (2020)}.

Figura 6 Barrios de Cali con más casos de covid-19 al 10 de junio y con ley seca. 

En cualquier caso, los datos estadísticos o etnográficos cumplen con una función que el Estado instrumentaliza para la definición de situaciones; por ejemplo, a través de herramientas cartográficas que robustecen sistemas hegemónicos de comprensión de la ciudad, que afirman interpretaciones simplistas y plantean dualidades deterministas y reduccionistas de espacios periféricos como buenos o malos (^{Avendaño, 2017}). En estos sistemas convergen imaginarios del miedo, que posibilitan una producción constante de topofobias, o miedos a ciertos lugares (^{Tuan, 2007}).

Las decisiones de la Alcaldía de Cali se concentraron en las acciones punitivas y de castigo, sustentadas en la contención de la pandemia, sobre espacios que, si bien históricamente presentan tasas de homicidio más altas, también son territorios marginalizados y estigmatizados en una ciudad fragmentada. Sus ciudadanos fueron tratados como una clase peligrosa, que se debe contener con represión por desobedientes, indisciplinados, y como un foco potencial de contagio.

La clasificación de las poblaciones como obedientes y desobedientes responde a una configuración de toporrepresentaciones, en que se asocian ciertos lugares con concepciones materiales o simbólicas que se idealizan, y a partir de las cuales se elaboran generalizaciones que se inscriben en una comprensión hegemónica del territorio (^{Avendaño, 2017}) y de las personas que lo habitan. En Cali, esas zonas concentran buena parte de los beneficiarios del Sisbén, que dependen de las transferencias condicionadas para complementar su sobrevivencia y que, al descalificarse, perder su empleo o no tener acceso a los recursos de su actividad económica, quedaron a merced de la paquidérmica acción estatal para atender sus necesidades. De nuevo, las personas debieron responsabilizarse de su situación del modo en que han aprendido a hacerlo, mediante el rebusque, incrementando el precariado local.

Llama la atención que, al contrastar las explicaciones de por qué se implementaba una ley seca focalizada, se hizo hincapié en los barrios Antonio Nariño, Ciudadela Floralia y Calimio Desepaz, que para ese momento de la pandemia tenían el 1,3 %, 0,9 % y 0,8 % de los casos de la ciudad. Así mismo, las denuncias de hurtos en años recientes muestran registros más altos en el corredor norte-sur o en el conglomerado centro-norte, pero en ellos el número de barrios con ley seca es considerablemente menor comparado con el de oriente.

Los siguientes dos fines de semana, y en especial durante el Día del Padre, el Gobierno local optó por imponer más restricciones a las libertades, respaldando su accionar en el control del virus. La ley seca y el toque de queda se decretaron para toda la ciudad. El alcalde declaró que las fiestas y el consumo de licor eran los motivos principales para modificar las estrategias de intervención y buscar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. Igualmente, manifestó que realizaría más controles sobre fiestas, traslados a municipios aledaños o no acatar las normas de bioseguridad.

Hacia una reactivación económica biosegura

La producción simbólica de la realidad del Estado se fue ajustando a la coyuntura, por tanto, en las primeras semanas se apelaba a legitimar las medidas implementadas a través de un discurso centrado en la protección de la vida. Pero este argumento se fue desvaneciendo y, gradualmente, se impusieron las decisiones para la reactivación económica, lo que significó una redefinición paulatina de la realidad por parte del Estado.

La cuarentena voluntaria en el centro de Cali durante el puente festivo del 7 al 9 de agosto es un ejemplo de estas modificaciones en la producción simbólica del Estado. En líneas generales, este acuerdo entre el alcalde y los comerciantes buscaba disminuir la curva de contagios y evitar la circulación de más de 200 000 personas en el sector. La Policía se limitó a persuadir a las personas de ejercer movilidad, porque no estaba facultada para imponer multas ni a comerciantes ni a transeúntes.

A partir del 1 de septiembre, el Gobierno nacional decretó el aislamiento selectivo y distanciamiento individual. Esta nueva fase se ajustaba a los objetivos de la reactivación económica y la noción de “nueva normalidad”, enfatizando en los protocolos de bioseguridad y el buen comportamiento ciudadano. Así mismo, las prohibiciones se centraron en eventos con aglomeraciones, bares, discotecas y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.

Pese a las dificultades del Estado para imponer el orden, su logro principal es su eficacia simbólica al clasificar e interpretar la realidad y legitimar sus intervenciones, haciéndolas comprensibles y asequibles para los ciudadanos. En este sentido, los datos estadísticos y sus interpretaciones, las cartografías, los dispositivos tecnológicos y discursivos posibilitaron que esta definición de la realidad resultara creíble, naturalizada y normalizada. Aunque en muchas oportunidades resultó confusa, entre otras razones, por las disputas entre el alcalde, la gobernadora y el presidente.

Discusión

La estrategia desplegada por el Estado para definir territorios, clasificar personas y producir dispositivos de control se basó en el etiquetaje de grupos como desobedientes e indisciplinados, asociando dicha clasificación, de fundamento moral, con zonas excluidas de la ciudad por motivos socioeconómicos y de violencia.

Ahora bien, el Estado define situaciones e interviene, y en ese sentido instrumentaliza el miedo, dado que este no reconoce barreras sociales. Por ello, las instituciones idean estrategias para absorber las fuentes que lo producen, puesto que no pueden evitar que la gente sienta miedo. En este caso, al contagio o a la muerte, a la pérdida del empleo, del ingreso o de la propiedad, o a sentirse marginados o privados de sus derechos; es decir, a quedarse sin nada y perder el control de sus vidas, y a las incertidumbres que depara el futuro (^{Bude, 2017}). Esa es la causa, según Nussbaum en La monarquía del miedo, de que a las autoridades les “resulte tan atractivamente fácil transformar esa sensación de pánico e impotencia en culpabilización y en una ‘alterización’ de los grupos ‘diferentes’” (2019, p. 24).

La evidencia empírica analizada que se centra en el análisis de estadísticas, informes, infografías, noticias, alocuciones de los mandatarios locales, etc., muestra cómo uno de los principales mecanismos utilizados por el Gobierno local es la demarcación de zonas con incremento de contagios y mortalidad atribuidas a grupos sociales específicos. De hecho, se publicó a diario una infografía con la distribución del contagio y mortalidad por el virus en el país, por departamentos y municipios. Al respecto, los informes de salud pública municipales desagregan los datos a nivel de comuna y barrio.

Los mapas y las estadísticas fueron los principales recursos utilizados para definir espacios de control, caracterizar e identificar grupos y personas. Dichas estadísticas producidas por el Dane, el Ministerio y las Secretarías de Salud departamentales y municipales se convirtieron en la principal fuente de información para cumplir con la función integradora y punitiva del Estado, que ordena y organiza la intervención social.

Las zonas privilegiadas por el Estado local se enfocaron en las comunas, tradicionalmente, consideradas más problemáticas y peligrosas de la ciudad, dejando a un lado, sobre todo en el momento de la primera ola de contagio, barrios de capas medias y altas, fuentes iniciales de contagio. Así, los barrios más pobres, del oriente y la ladera, fueron reestigmatizados, mientras que los de capas medias y altas, por ser considerados de personas responsables y obedientes, no fueron objeto de las medidas más restrictivas de la intervención estatal.

Si bien la clasificación es una forma de definición y descripción de grupos y situaciones, también constituye un claro mecanismo de estereotipación y refuerzo de atributos y valoraciones negativas sobre ciertos grupos y espacios, sin que se tengan en cuenta condiciones del contexto y atenuantes como la situación económica, la precariedad de la vivienda, el hacinamiento, etc. También resulta ser un código de comunicación muy efectivo para los Gobiernos locales, pues se culpa de todos los problemas a los mismos grupos y sectores, lo que resulta de fácil comprensión para una opinión pública familiarizada con este sistema de clasificación. En este sistema el indisciplinado funge de chivo expiatorio responsable del contagio y del incremento de las muertes, para esconder de esta forma la incapacidad del Estado como máquina de dominación.

Este proceso de demarcación y clasificación es una expresión del monopolio simbólico del Estado para nombrar la realidad e institucionalizar prácticas y visiones de mundo legítimas (^{Bourdieu, 2012}). Los datos analizados mostraron que la retórica del miedo fue el recurso simbólico utilizado por el Gobierno local y reproducido por los medios.

Este tipo de categorizaciones no es nuevo, como lo demuestran los estudios de ^{Salas (2015)}, sobre zonas con gentes peligrosas; ^{Soja (1989)}, sobre las asimetrías de poder y la tipificación de zonas y personas como amenazantes y peligrosas, y ^{Paz (2013)}, que hace referencia al papel desempeñado por los medios como reproductores de este tipo de clasificaciones, y que llaman a que el Estado desarrolle una función de intervención como administrador del miedo.

Este estudio corrobora la idea de que el miedo cumple, cada vez más, un rol significativo, como lo señala ^{Pyszczek (2011)} acerca del modo en que su retórica contribuye a la organización y percepción de las ciudades contemporáneas. El miedo, junto con el castigo, parecen ser los únicos recursos con los que cuentan gobiernos cada vez más deslegitimados e incapaces de generar consensos en sociedades conscientes de las contradicciones del Estado y la ambigüedad de sus propias políticas. En el caso particular de la pandemia, la retórica del miedo y la reestigmatización de los sectores populares fue el principal recurso utilizado por el Gobierno local para no asumir su incapacidad de controlar una población que no tenía otra alternativa que salir de sus hogares para sobrevivir.

Conclusiones

El Gobierno local, en su intervención frente a la pandemia por covid-19, reflejó una propensión a penalizar el quebrantamiento de las restricciones impuestas, aumentando el pie de fuerza y sancionando jurídica y moralmente a los desobedientes e indisciplinados. En este modo de definir la situación, las intervenciones se enfocaron en medidas administrativas como el toque de queda, la ley seca, el pico y cédula, el control de aforos en establecimientos comerciales, el cumplimiento de medidas de bioseguridad, entre otras. Para esto se aumentó la vigilancia policial y se visitaron poblaciones en las zonas intervenidas o por intervenir, se discutieron las medidas con sus líderes y se construyeron acuerdos para evitar la desobediencia.

Para sustentar esta definición y clasificación de situaciones, actores y espacios, diferentes dispositivos como infografías, reportes, aplicaciones o campañas en medios facilitaron la naturalización de esta versión de la realidad difundida por el Gobierno local. A su vez, los medios y las redes sociales, al replicar la definición de la situación promovida desde el Estado, permitieron que esta delimitación de los contornos de la realidad se produjera y reprodujera. El discurso médico, puesto en boca de los políticos, se fue desgastando, y más que temor o precaución frente al contagio, generó temor al tratamiento científico y a acudir a clínicas y hospitales. Adicionalmente, a pesar del incremento de casos, la gente desvirtuaba la existencia del virus, en parte ante la avalancha de mensajes difundidos en las redes sociales de Facebook y WhatsApp.

Al consolidarse una definición de la situación con base en acciones punitivas, la percepción de inseguridad en la población fue mayor, al menos en los primeros meses de confinamiento. Por esta razón, el Gobierno local optó por medidas más represivas, que de nuevo implicaron que la sensación de inseguridad aumentara. Así, los ciudadanos vieron su libertad restringida a causa de la legitimación de una disputa contra la inseguridad, en la cual el Estado, como administrador del miedo, instrumentalizó la definición de la situación para intervenir y controlar territorios con más restricciones.

Respecto a la distribución espacial, es fundamental comprender el modo en que los imaginarios sociales explican y representan territorios y sus poblaciones, además de asignar valores a ciertos espacios, tendiendo así a una generalización en el modo en que se clasifican. En el presente estudio, esta clasificación se ve permeada por la retórica del miedo, que respalda la clasificación de la población entre desobediente, indisciplinada (y la correspondencia de esta con pobreza y delincuencia) vs. obedientes y disciplinados. Por tanto, esta distribución social y espacial se puede comprender como una ciudad fragmentada a causa de procesos de exclusión en los cuales se tipifican poblaciones y espacios como peligrosos o potencialmente amenazantes.

Aunque las intervenciones del Estado se caracterizaron por ser punitivas, restrictivas y fragmentar aún más la ciudad, muy pocas veces los ciudadanos cuestionaron las medidas estatales y sus representantes gobernaron con un gran poder para controlar las poblaciones, mediante la ley, el decreto, los códigos de policía y el respaldo de las autoridades (sanitarias, legales, etc.), o sustentando esas decisiones en las estadísticas, en los registros policiales, en las declaraciones públicas que presentaban a los medios y que se fundaban con discursos científicos, epidemiológicos, filosóficos, económicos y hasta sociológicos, sobre la importancia de acatar la norma, de cuidarnos para cuidar a los demás, de preservar la vida, etc.

Tras el agotamiento del confinamiento como estrategia de control y las urgencias económicas que este supuso para el país, se mantuvo el énfasis en apelar a clasificaciones de indisciplinados y desobedientes, pero se entremezcló con un discurso que insistía en la necesidad de adaptarse a la nueva normalidad y parecía dar prioridad a la reactivación de la economía.