Introducción
La violencia sexista o de género tiene sus cimientos en una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, que se ha naturalizado gracias a mandatos, creencias, actitudes, estereotipos y representaciones cognitivas misóginas que legitiman su uso (Ferrer & Bosch, 2004). Al estar profundamente arraigados todos estos aspectos en la sociedad y estar inmersos en el mismo proceso de socialización, el estudiantado, docentes y administrativos de las universidades, no se encuentran exentos de reproducirla (Tavira & Hernández, 2015).
Otro aspecto por considerar es que las universidades nacieron como instituciones masculinas y así permanecieron durante más de siete siglos y aunque la presencia femenina ha ido en aumento, producto de las reivindicaciones feministas por el derecho a la educación, perviven una serie de valores machistas y de privilegios que traen por resultado un clima de discriminación y violencia para las mujeres (Buquet et al., 2013; Sloan & Fisher 2010).
Diversas investigaciones alrededor del mundo han documentado la presencia de múltiples violencias, principalmente de tipo sexual destacando el hostigamiento, acoso, abuso, violación, burlas, piropos, gestos obscenos, reportadas en su mayoría por alumnas, profesoras y administrativas y ejercidas por algún compañero de trabajo o estudio (Agoff & Mingo, 2010; Arias-Sotelo, Chapa-Romero, Sánchez-Xicotencatl & Cadena-Alvear, 2021; Carillo, 2014; Gross, Winslett, Roberts & Gohm, 2006; Peluffo, 2011; Prior & Heer, 2021; Sánchez-Olvera & Güereca-Torres, 2015; Valls, 2008; Zamudio, Andrade, Arana & Alvarado, 2017).
Vinculado con lo anterior, se ha reportado variación en el grado de reconocimiento o conocimiento que la población universitaria tiene sobre la VG latente, lo que a su vez promueve que se siga reproduciendo y constituye un obstáculo para la denuncia (Navarro, Ferrer & Bosch, 2016; Tapia, 2015; Valls, 2008).
La literatura hasta aquí revisada proporciona un panorama de cómo se expresa y naturaliza la violencia y las relaciones de poder en la universidad (Sánchez-Olvera & Güereca- Torres, 2015; Peluffo, 2011), lo que lleva a la reflexión de la baja denuncia, pues a la vez que se normalizan ciertas prácticas, hay una percepción generalizada de que la universidad no toma cartas en el asunto, lo que provoca como respuesta la apatía o silencio, además de reacciones revictimizantes por parte de sus pares y de las autoridades (Barreto, 2017; Buquet, Mingo & Moreno, 2018; Cerva, 2020; Mingo & Moreno, 2015).
Al respecto, algunas académicas han descrito la negligencia y complicidad relacionada con la violencia sexual generalizada en los campus universitarios como una “conspiración de silencio”, “ignorancia cultivada”, “derecho a no saber”, “ignorancia concertada o estratégica”, “silenciamiento sistemático”, “cultura de la simulación”, conceptos utilizados para representar la inacción intencionada y la falta de atención a la victimización sexual por parte de las instituciones de educación superior en un intento de proteger su reputación, las tasas de matriculación de estudiantes y los financiamientos (Barreto, 2017; Feldthusen, McIntyre en Mingo & Moreno, 2015; Prior & Heer, 2021).
En torno a las actitudes que el estudiantado mantiene frente a la VG, Nayak et al., (2003), citado en López,Viana & Sánchez (2016), encuestaron a 1 067 estudiantes de 4 naciones diferentes (India, Japón, Kuwait y EUA). Los resultados reflejan actitudes misóginas y sexistas, así: el 25 % de las y los encuestados ante la violencia sexual, daban por hecho que la víctima era la culpable porque había sido demasiada coqueta, vestía ropa considerada indecente, sugerente o se había insinuado; de un 6 a 12 % de la población estudiantil creía que en una relación conyugal, el marido podía golpear a la mujer si no era obediente, no lo cuidaba o si le había sido infiel.
Y es que las universidades son un espacio de entrelazamiento entre tensiones que conforman la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres que componen la comunidad universitaria. De tal manera que la violencia contra las mujeres se manifiestan con normalidad a través de conductas violentas, diferentes formas de sexismo presentes, no solo en las expresiones y actitudes del estudiantado, sino también en el androcentrismo en los contenidos curriculares, en las discusiones y debates dentro de las aulas universitarias, en la ausencia de la perspectiva de género en la formación docente y estudiantil, por mencionar algunas (Buquet, 2011; Fioretti, Coni, & Díaz, 2000; Sánchez-Olvera & Güereca-Torres, 2015; Valls, 2008). Así, la vivencia del espacio universitario para las mujeres se marca por el cruce de procesos de discriminación, violencia epistémica de género y sexismo.
En el caso de la UNAM, institución donde se sitúa este trabajo, desde las últimas tres décadas del siglo XX se han gestado organizaciones, principalmente integradas por mujeres estudiantes, académicas y administrativas, que han denunciado la existencia de violencia, dando origen a diversas acciones orientadas a prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla (Bedolla, 1989). Las movilizaciones del 24 de abril (#24A) de 2016 contra las violencias machistas, los movimientos #Niunamenos en Argentina y #Metoo en Estados Unidos y el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en Ciudad Universitaria en mayo de 2017, son algunos de los eventos que han dinamizado la participación política de universitarias, principalmente estudiantes que denuncian todas las formas de violencia experimentadas por las mujeres en estos espacios así como la negligencia y complicidad de las autoridades frente a ésta (Cerva, 2020).
Este trabajo se desprende de una investigación más amplia que tuvo como objetivo general conocer las percepciones, actitudes y conocimientos que el alumnado universitario tiene sobre VG. Cabe destacar que aunque en la institución se han llevado a cabo diversas investigaciones con propósitos similares (Agoff & Mingo, 2010; Mingo, 2016), cobra relevancia el contexto en que se efectuó la presente, pues en el 2019 los colectivos de Mujeres Organizadas en la UNAM realizaron diversos paros y repertorios de protesta como escraches, tendederos de denuncia y otras acciones que visibilizaron las violencias y discriminación cotidiana y sistemática que viven en la universidad, exigiendo a las autoridades cambios estructurales encaminados al pleno ejercicio y reconocimiento de sus derechos.
Se partió del supuesto de que las percepciones, actitudes y conocimientos de las y los estudiantes que participaron en este estudio están permeadas por su condición de género y por el contexto de movilizaciones de mujeres en la universidad durante los últimos años. Se consideró que colectivizar sus experiencias a través de grupos focales promovería la participación para conocer aspectos que sostienen y reproducen la VG en las instituciones de educación superior (IES), al tiempo que les permitiría visibilizar su participación en dicho entramado.
Aspectos metodológicos
Se parte de una epistemología feminista, desde donde se entiende que el hacer científico es también político-ideológico y que el conocimiento es siempre situado y posicionado. En consonancia, se optó por una metodología predominantemente cualitativa, que permite no sólo ver los diferentes ámbitos, fases y momentos de una situación compleja en sí misma, sino que se muestra sensible ante determinados temas como los de las emociones, los contextos y las interacciones sociales, al tiempo que permite un mejor acceso a narrativas personales a través de un trabajo con el material recolectado en mayor profundidad (Beiras, Cantera & Casasanta, 2017).
Participantes
Las y los participantes fueron seleccionados de forma propositiva, teniendo como criterios: ser mayor de 18 años, estudiante inscrito/a en alguna dependencia del campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, interés por participar en los grupos focales.
Técnicas e instrumentos de recogida de datos
Cuestionario de datos personales: A través de este se recabó información personal de los participantes: edad, sexo, facultad o carrera que se encontraban cursando, semestre y si habían tenido en su formación alguna materia donde les hablarán de perspectiva de género o feminismo.
Grupos focales: Se seleccionó esta técnica ya que permite que la recogida de información parezca más un diálogo que un interrogatorio; además, que las diversas intervenciones de los participantes promueve generar nuevas intervenciones, logrando así un amplio rango de análisis. Asimismo, permiten centrarse en la pluralidad y variedad de actitudes, experiencias y creencias de las personas que participan en un ambiente interactivo, facilitando la discusión activa del tema en cuestión, lo que permite generar gran riqueza de testimonios (Hamui & Varela, 2013).
Procedimiento
En primera instancia, se desarrolló un guion temático conformado por los siguientes rubros: identificación de la VG, manifestaciones de la VG, espacios dónde se presenta la VG, generación y recepción de la VG, acciones institucionales frente a la VG y propuestas para prevenir y erradicar la VG en las IES. Este guion se realizó con base en la revisión de la literatura y del objetivo general. Una vez elaborado se llevó a cabo un piloteo con un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología, con la finalidad de evaluar la dinámica y constatar que las preguntas detonantes eran comprensibles. Al finalizar el grupo piloto, los integrantes dieron una retroalimentación respecto a la organización, claridad de las preguntas y duración, sugerencias que fueron tomadas en cuenta para llevar a cabo los grupos focales.
Posteriormente, se estableció contacto con docentes de diversas facultades, a quienes se solicitó apoyo para llevar a cabo los grupos focales con estudiantes de su grupo que quisieran participar voluntariamente. En total, se realizaron 10 grupos focales (5 con mujeres y 5 de varones). Los grupos estuvieron conformados por un mínimo de 8 y máximo 12 participantes. Cada grupo contó con 2 observadoras y 2 moderadoras, con una duración de 120 minutos y fue grabado en audio, previo consentimiento informado. La recolección de datos comenzó en mayo y culminó en septiembre del 2019. Los grupos focales se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria.
Análisis de datos
Para el análisis de los datos, se empleó el software MAXQDA, versión 2018. Se elaboraron notas de los textos y luego se procedió a la codificación abierta, selectiva y axial. Posteriormente, se realizó la codificación teórica y se elaboraron mapas visuales como una integración narrativa que diera cuenta de las categorías y de los elementos que las configuran.
Resultados
Participaron 90 estudiantes en 10 grupos focales, 46 mujeres y 44 hombres (N= 90) de las facultades de: Sociología, Bibliotecología, Psicología, Arquitectura e Ingeniería. La edad promedio de la población fue de 21.4 años (Figura 1)
Del total de participantes, 86 % reportó no haber tenido en su formación alguna materia donde les hablarán de perspectiva de género o feminismo, 12 % manifestó sí haberla tenido y 2 % respondió que no sabía.
A continuación, se presentan 5 de las 19 categorías totales que emergieron a partir del análisis de las narrativas de los grupos focales y que como se señaló anteriormente, permitieron conocer las percepciones, conocimientos y actitudes en torno a la VG por parte del estudiantado universitario. En la Figura 2 se presentan las cinco categorías que fueron seleccionadas para este texto, a saber: 1) Cultura institucional de género, 2) Respuesta institucional ante la VG, 3) Acciones ante la VG, 4) Conocimiento de instancias para la atención a la VG y 5) Mitos sobre la VG. De cada una de ellas se desprenden subcategorías que se irán explicando a continuación.
Fuente: elaboración propia.
Nota: Las líneas más gruesas representan los segmentos con mayor frecuencia de codificación.
Cultura institucional del género
Las lógicas institucionales han perpetuado y reforzado la violencia contra las mujeres de diversas formas. La propia estructura universitaria, jerárquica y androcéntrica contribuye a la omisión y comisión de esta problemática. Araceli Mingo y Hortensia Moreno (2015) remiten a la cultura institucional del género para explicar los elementos que intervienen en la indolencia institucional ante la violencia contra las mujeres, recuperan de Sheyla McIntyre, conceptos como: el derecho a no saber, ignorancia cultivada y silenciamiento sistemático para explicar las formas en las que opera la violencia sistemática en los contextos universitarios y que es vivida por alumnas, trabajadoras y académicas. Se trata de violencia sistemática ya que se mantiene a través de organizaciones, instituciones y múltiples organismos sociales que, en conjunto, entroncan las conductas y actitudes violentas hacia ciertos grupos marginados.
Estos conceptos fueron reflejados en las narrativas de las y los estudiantes que participaron en los grupos focales. Cabe destacar que las mujeres remitieron dichas categorías a partir del recuento de experiencias de violencia en primera o segunda persona. Mientras que los varones comentaban al respecto como espectadores y en un sentido de complicidad implícita o explícita con los agresores.
En primera instancia, se encuentra la “ignorancia cultivada”, definida como el acto performativo de ignorar deliberadamente los hechos de violencia contra las mujeres, abrazando el privilegio que ello conlleva. Este término se vincula con la noción de “pacto patriarcal”, que se retomará posteriormente. En segunda instancia se encuentra el “silenciamiento sistemático”, que es la tendencia sistemática a omitir, rechazar, invalidar o negar el testimonio de las mujeres como víctimas de las agresiones. Este silencio se impone a partir de mecanismos sociales de impunidad desde múltiples estructuras produciendo desgaste psicoemocional para las mujeres que lo viven (Mingo & Moreno, 2015): a) culpabilización de la agresión; b) naturalización del sexismo; c) invalidación de lo acontecido, así como de sus sentires al respecto; d) obstaculización de la denuncia; e) revictimización o doble victimización. Finalmente encontramos el denominado “derecho a no saber”, el cual implica ignorar o desdeñar las denuncias realizadas por las mujeres, ignorar lo que ocurre a pesar de que se conozcan los hechos que se denuncian, negar las definiciones de VG que aportan las mujeres y exigencia de que se formulen quejas o denuncias formales a sabiendas de los obstáculos que ello conlleva.
Como observamos, el espacio de violencia contra las mujeres se va complejizando. Cada elemento de la cultura institucional de género está intrínsecamente relacionado, creando un clima de impunidad, temor y revictimización constante para las mujeres que mayoritariamente son receptoras de este tipo de agresiones. En este sentido, las y los estudiantes refieren mecanismos de silenciamiento sistemático tales como: obstáculos burocráticos y otras limitantes que desalientan las denuncias haciendo parecer que los casos más resonados (y que logran pasar por los obstáculos de las IES) de VG se tratan de hechos aislados y ocasionales (Moreno & Mingo, 2015).
La ignorancia cultivada respecto a los hechos de VG también fue referida en primera persona por hombres que comentaron no querer informarse o darle importancia a la problemática, mucho menos cambiar las circunstancias (ver Figura 3, cultura institucional del género, ignorancia cultivada, H-I, H-P).
Fuente: elaboración propia.
Nota: En este mapa y los subsiguiente se presentan algunos fragmentos de las narrativas emergidas en los grupos focales de la siguiente manera: mujer (M) y hombre (H); Ingeniería (I), Psicología (P), Bibliotecología (B), Sociología (S), Derecho (D). Las líneas más gruesas representan los segmentos con mayor frecuencia de codificación.
Respuesta institucional y acciones ante la violencia de género
En este apartado se presentan las categorías respuesta institucional y acciones ante la VG (ver figuras 4 y 5). En el caso de la primera, el estudiantado identificó principalmente la falta de respuesta por parte de la institución ante los casos de VG. Al respecto, varias de las narrativas estuvieron orientadas a señalar el encubrimiento ejercido por las autoridades universitarias y las imposibilidades de denuncia hacia docentes, sobre todo si estos gozan de prestigio en la institución:
“No podían hacer nada porque es como una de las ‘vacas sagradas’, que tiene muchos años, y no pudo meter ninguna queja ni nada, aunque no era la única obviamente, y durante varias generaciones se han quejado, sigue ahí. Lo que la chica optó por hacer fue darse de baja, de plano que le pongan No Presentó, o reprobarla”. (M-P)
En ese sentido, Magali Barreto (2017) discute que esta falta de respuesta institucional es una estrategia de negación visible que forma parte de la estructura interna del orden de género y que se manifiesta al no reconocer las denuncias anónimas o públicas, alegar falta de pruebas y del debido proceso como argumentos para invalidar los testimonios de las víctimas. De esta forma,
[…] el acoso se atribuye únicamente al sujeto que lo perpetra y aparece como si fuera ajeno a las relaciones de poder asimétrico entre los sexos; relaciones que forman parte de una cultura institucional que exhibe de muchas formas el privilegio que se otorga a los hombres. (Mingo & Moreno, 2015, p. 153)
Estas narrativas nos proporcionan un panorama de cómo se expresa la violencia y las relaciones de poder en la universidad y también conminan a la reflexión de la baja denuncia, pues a la vez que se normalizan ciertas prácticas, hay una percepción generalizada de que la universidad no toma cartas en el asunto, lo que provoca como respuesta la apatía o el silencio.
Otra de las respuestas institucionales que emergió en los grupos focales fue el de las asignaturas sobre género, que en su mayoría fueron mencionadas como optativas o tópicos retomados por profesoras en materias relacionadas con sociología, ética y transdisciplina, no en materias ubicadas en el tronco común de las disciplinas. En ese sentido, vale la pena recuperar que solo el 12 % de las y los participantes reconoció haber obtenido durante su formación temas sobre género o feminismo.
Y es que, si bien las mujeres han logrado una presencia sostenida en las universidades, ahora toca transformar los currículos formales, visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento, transversalizar la perspectiva de género en todas las actividades sustantivas de la vida universitaria y que las asignaturas de perspectiva de género dejen de ser optativas (Buquet, 2011; Cerva, 2020; Sánchez-Olvera & Güereca-Torres, 2015).
De hecho, uno de los puntos en los pliegos de exigencias de las asambleas de Mujeres Organizadas en la UNAM, es el de incluir asignaturas de género en el currículo (el resultado ha sido que en diversas escuelas y facultades ya se están impartiendo) y otros puntos más centrados en una política institucional que considere las desigualdades históricas y socialmente construidas que colocan en desventaja a grupos sociales como las mujeres y en consecuencia generen acciones destinadas a subsanarlas.
Dentro de las acciones ante la VG, solo se hará referencia a la que involucra al alumnado, pues anteriormente ya se ha abordado la omisión y comisión por parte del personal docente. Las y los participantes reconocieron dentro de las acciones que llevan a cabo: a) Pasividad, referida a permanecer como espectadores, en silencio o complicidad ante una situación de violencia de género; b) Denuncia pública, referida a escraches, tendederos de denuncia, difusión por redes de denuncias de VG; c) Respuestas inmediatas, como formas de responder de manera individual y automática ante situaciones de VG.
En cuanto a la pasividad, se consideran en esta la omisión, desvalorización o facilitación de los hechos de violencia contra las mujeres. Cabe destacar que dicha pasividad se configura de forma distinta cuando acontece en varones. Esta pasividad masculina ante la VG resuena con el concepto de “pactos patriarcales”, desarrollado por Celia Amorós (1990), quien lo define como la complicidad implícita entre varones que permite la reafirmación pragmática de su masculinidad o virilidad a través del encubrimiento o silenciamiento de violencias ejercidas por hombres en contra de las mujeres. De tal forma que estos pactos funcionan como haz y envés del compromiso implícito contraído por la ideología patriarcal, donde, de forma casi inmediata, los varones establecen acuerdos de encubrimiento o silencio con tal de garantizar la inmunidad del agresor.
Entre el estudiantado que participó en esta investigación se advierte un reconocimiento de la denuncia pública como estrategia que ha resurgido durante los movimientos contra las violencias contra las mujeres. Esta forma de denuncia ha devenido como una acción dirigida al reconocimiento de los agravios experimentados por el hecho de ser mujeres, particularmente violencia de tipo sexual como hostigamiento y acoso. La denuncia pública permite que los agravios transiten de la simple experiencia personal a la colectiva, facilitan- do la solidaridad y pueden generar cambios positivos para las denunciantes y la equidad de género dentro de las universidades (Barreto, 2017). De la misma forma, el hecho de que existan colectivos feministas en las universidades permite que otras estudiantes se acerquen a denunciar y busquen acompañamiento de sus pares ante la desconfianza y poca credibilidad que pueden representar las instancias creadas para este fin.
En concordancia con otras investigaciones (Agoff & Mingo, 2010; Carrillo, 2014; Moreno, Sepúlveda & Restrepo, 2015; Peluffo, 2011; Valls, 2008; Zamudio, Andrade, Arana & Alvarado, 2017), se encontró que las alumnas recurren a acciones que tienen a su alcance para evitar o hacer frente a la VG que viven en el contexto universitario y en otros espacios (p.ej. se alejan de los profesores que las hostigan dejando de asistir a sus clases, visten ropa holgada para tratar de pasar inadvertidas, evitan caminar por ciertos espacios, endurecen sus facciones y mirada, entre otras). Estas estrategias dan cuenta de su forma de resistencia; sin embargo, se trata de acciones individuales y la violencia de género no es un problema personal o un asunto privado, es un problema que involucra una dimensión política. En este sentido, el Estado y las instituciones de educación superior tienen que asumir su responsabilidad ante estos problemas y resolverlos.
Mitos de la violencia contra las mujeres
Los mitos sobre la violencia de género son incorporados como creencias estereotípicas y actitudes respecto a agresiones contra las mujeres. Las actitudes son disposiciones relativamente constantes para responder de cierta manera a situaciones del mundo, considerando la experiencia y el aprendizaje, que de alguna manera guía e influye en nuestro comportamiento. En este caso, los mitos son entendidos como creencias que derivan en actitudes que influyen en cómo es que accionamos con respecto a la violencia (Figura 6).
Esperanza Bosch-Fiol y Victoria Ferrer-Pérez (2012) incorporaron un nuevo mapa categórico, basado en el trabajo antes realizado por Jay Peters sobre los mitos de la violencia de género, los cuales son definidos como las creencias estereotípicas sobre la violencia contra las mujeres, que generalmente son sostenidas de forma persistente con tal de minimizar, negar y justificar las agresiones hacia las mujeres.
Los mitos resultan eficaces en la legitimación de narrativas que naturalizan la VG, contribuyendo a la minimización de gravedad de la violencia contra las mujeres e incrementando el desconocimiento de los obstáculos que enfrentan al alzar la voz, así como de la falta de transparencia con la que se tratan las quejas formales o públicas (Barreto, 2017; Carrillo, 2014; Mingo & Moreno, 2015; Peluffo, 2011).
En primer lugar, se encuentran los mitos sobre la responsabilidad de la víctima y de las mujeres maltratadas, donde se adjudica la responsabilidad de la agresión a las actitudes o conductas de las mujeres. Estos mitos exoneran de responsabilidad a los agresores y, a la vez, la delegan a las mujeres violentadas (i.e. “ella lo provocó, por algo sigue ahí”). En este sentido, podemos observar en la Figura 6 (mitos sobre mujeres maltratadas), segmentos que ejemplifican estas actitudes hacia la VG, donde se responsabiliza a las mujeres del maltrato ejercido por otros adjudicando el hecho a ciertas características individuales, desplazando la culpa hacia ellas (H-A). También observamos la invalidación de los testimonios de mujeres al considerarlas “exageradas” (M-B). En cuanto los mitos sobre la responsabilidad del problema de VG, se realizan justificaciones de orden biológico que legitiman las desigualdades entre hombres y mujeres y argumentos que diluyen la responsabilidad, por ejemplo, mencionando que la VG la ejercen varones de otras generaciones (M-A, H-A).
Ahora, con respecto a los mitos sobre los maltratadores, el estudiantado recurrió a argumentos biologicistas y psicologicistas, aludiendo condiciones mentales o características orgánicas que traen como consecuencia mayor propensión a quienes la padecen de ejercer violencia (H-A, H-I). De esta manera, se vuelve a perder de vista que los hitos de la masculinidad hegemónica se erigen en el desprecio de lo femenino, trayendo como resultado que los hombres ejerzan violencia contra las mujeres, contra disidencias sexo-genéricas y contra sí mismos (Kauffman, 1989).
Por otra parte, los mitos negacionistas están orientados a invisibilizar la VG considerándola como una exageración o situación donde las mujeres obtienen un beneficio en perjuicio de los hombres (Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez, 2012). En esta subcategoría se muestran testimonios de estudiantes varones que develan dichas actitudes. Mencionan que las mujeres usan su cuerpo para obtener buenas notas (H-I), que la VG es relativa y también ejercida por mujeres o que las denuncias son prácticas conspirativas contra los hombres. Esto último se relaciona con los mitos sobre la importancia del problema, creencias que, igualmente, refuerzan la negación de la VG, argumentando que esta es un fenómeno puntual, focalizado, individual, donde la condición sexuada y el género no son relevantes (H-P). Cuando en realidad se trata de un fenómeno sistemático y global que se da en una estructura patriarcal y que por ende la condición sexuada y el género son clave en el ejercicio de esta violencia.
Por otro lado, están los denominados mitos sobre la marginalidad; es decir, aquellos que sitúan la VG como situaciones excepcionales, aisladas y propias de circunstancias específicas de márgenes geográficos, económicos o de clase social (Bosch & Ferrer, 2012). En este mito, el estudiantado refirió que la VG ocurre principalmente en espacios deteriorados social y económicamente, así como en comunidades rurales o de las periferias.
Ana María Fernández (en Mingo, 2020) plantea que los mitos son eficaces en tanto cristalizaciones de sentido, de ahí la eficacia de estos para el disciplinamiento social y la legitimación y el orden de las instituciones que involucran. Su eficacia radica en que a través de la fuerza de repetición de sus narrativas se naturalizan las significaciones que instituyen. Es mediante este mecanismo como se puede dar cuenta que la violencia contra las mujeres se naturaliza y por lo mismo se asume como inmodificable.
Conocimiento de instancias de atención ante la VG
En esta categoría emergieron los siguientes elementos: a) desinformación, donde el estudiantado admite no reconocer ningún espacio ni mecanismo que les proteja en caso de vivir VG; b) conocimiento de instancias en la universidad, donde refieren espacios específicos para la atención jurídica o psicológica ante VG; c) organismos externos, donde se señalan instancias ajenas a la universidad (Figura 7).
Se destaca el desconocimiento por parte de las y los participantes del Protocolo de Atención ante Violencia de Género de la UNAM, las instancias jurídicas y de atención psicológica a las cuales acudir en caso de presenciar o vivir violencia de género. La minoría identificó instancias como la oficina jurídica dentro de sus facultades, la defensoría de los derechos universitarios, la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología.
Quienes conocían y habían sido usuarias de estas instancias comentaron las fallas que han encontrado en estas, tal como tratos revictimizantes y obstáculos burocráticos para proceder de manera formal. Igualmente, mencionan haber adquirido la información sobre instancias universitarias de manera autodidacta, no necesariamente por difusión institucional. En el caso de las instancias externas se mencionó con mayor frecuencia el Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.
Por otro lado, otra de las subcategorías emergentes en cuanto a las fuentes de información fueron las colectivas de mujeres organizadas de la universidad. En este sentido, estudiantes comentaron sentirse más seguras de la información y espacios de acompañamiento provistos por estos colectivos en comparación con aquellos que provee la institución:
“Yo me acercaría a mis amigas, a los grupos feministas, me sentiría más cobijada y más apoyada de lo que me puede ofrecer el abogado, tal vez si actuaría con base en eso, pero el apoyo que me brindaría más ayuda a mi creo que sería el de las compañeras que el que me ofrece la vía legal” (M-S).
Además de las categorías antes descritas, el estudiantado realizó propuestas para la acción ante la VG. Entre estas destacaron: enfoque en la prevención a partir de la detección de los agresores para la toma de medidas anticipadas; la implementación de comisiones activas de seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso de denuncia; mayor apoyo entre mujeres de la comunidad universitaria y establecimiento de lazos sororales; el acompañamiento psicológico para las víctimas de violencia; la concientización de la comunidad a través de la divulgación y formación en perspectiva de género, ya que como se pudo advertir, fue muy bajo el porcentaje de participantes que manifestó haber tenido esta formación durante su trayectoria escolar.
Conclusiones
Este trabajo permitió explorar las percepciones, actitudes y conocimientos que el estudiantado de cinco facultades pertenecientes al campus de la Ciudad Universitaria de la UNAM tiene respecto a la violencia de género contra las mujeres. En este sentido, se pudo advertir como estos elementos están atravesados por una cultura institucional de género que fomenta y legitima la desigualdad a través de pactos patriarcales, simulación y negación de las diversas manifestaciones de violencia que en estos espacios ocurren. Lo anterior representa mermas en los derechos de las mujeres, principalmente a la educación y a vivir una vida libre de violencia.
Asimismo, se pudo advertir que dichas percepciones, actitudes y conocimientos también están influidos por el contexto de movilizaciones contra las violencias machistas que a partir de 2016 han tomado fuerza en América Latina, siendo el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio uno de los detonantes para la eclosión del movimiento de Mujeres Organizadas al interior de la UNAM.
En este sentido, es importante mencionar que han sido dichos colectivos los que han presionado a las autoridades para implementar los cambios estructurales necesarios para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la VG contra las mujeres en la universidad (p. ej. cambios en la legislación universitaria, implementación de materias sobre género o feminismo, cambios al protocolo de atención a la VG, generación de comisiones tripartitas de mujeres para dar seguimiento a los pliegos de exigencias de los colectivos, entre otras). No obstante, estos cambios aún resultan acotados, lo que indica las resistencias para una real transformación.
Ejemplo de lo anterior son las cifras que se presentan en el informe sobre la implementación del Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género en la UNAM, correspondiente al periodo 2016-2020, en este se reporta que de las personas que pre- sentaron denuncias por VG 98.20 % fueron mujeres de la comunidad universitaria, mientras que los hombres fueron quienes mayoritariamente perpetraron dicha violencia representando el 94.90 % como presuntos agresores. En cuanto a la adscripción a la universidad, quienes mayoritariamente presentaron una denuncia fueron las alumnas en nivel superior con un 79.20 %, mientras que quienes fungen como presuntos agresores fueron académicos (27.70 %) y administrativos (14.50 %) en relaciones académicas (47.90 %). Los tipos de violencia de género que se presentan con mayor frecuencia son: sexual (67.3 %), psicológica (40.4 %) y violencia física (17.4 %).
Las anteriores cifras dan cuenta por una parte de la ignorancia cultivada y el derecho a no saber que reproduce la VG en las IES; y en segundo, dan cuenta del papel que juega la condición sexuada y de género cuando hablamos de violencia. Como se pudo advertir, tanto en los datos presentados en el informe, como a través de las narrativas emergidas de las mujeres participantes de este estudio, son ellas las que viven sistemática y recurrentemente violencias, principalmente de índole sexual. Así, mientras los datos cuantitativos muestran esta realidad, las experiencias vividas en primera persona sobre VG fueron predominantes en las estudiantes, mientras que los estudiantes mencionaron en menor medida ejercerla y en mayor medida ser espectadores de estas conductas cuando llegan a identificarlas. Las actitudes de estos últimos son resultado de la percepción que tienen sobre su derecho a ciertos privilegios, lo que favorece la reproducción y negación de la VG y con ello el clima de impunidad. Es urgente romper el pacto patriarcal, lo que implica que los hombres se organicen e involucren para desmantelar las estructuras de poder y privilegios que sostienen y que al mismo tiempo puedan mirar las contradicciones y constricciones que la masculinidad hegemónica les acarrea.
Dichos cambios podrían devenir de la mano de pedagogías críticas, éticas, que subviertan la división mente-cuerpo, que promuevan el autoconocimiento a partir del sentir, pensar y accionar, que fortalezcan el debate y estimulen la imaginación crítica, otras formas de relacionarse y cuidarse en las aulas y en otros espacios de convivencia dentro y fuera de la universidad.
Asimismo, considerar intervenciones centradas en la prevención y erradicación de la VG que provean herramientas para la acción y que estén dirigidos a todas las personas que integran la comunidad universitaria (docentes, estudiantado, trabajadores, administrativos). Programas con el llamado “enfoque de espectador”, que se han implementado para prevenir la violencia sexual en algunas instituciones de educación superior, podrían implementarse en la UNAM. Este enfoque permitiría involucrar a mujeres y hombres de la comunidad universitaria transformando el rol pasivo de espectadores de la VG a actores con incidencia a través de la identificación, acompañamiento y denuncia frente a estos actos.
La VG en las IES representa un obstáculo, a la vez que un retroceso en los espacios ganados por las mujeres en las universidades y, en general, en la ciencia. Por ello, se hace urgente y necesaria armonizar las normativas de estos espacios educativos con los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Generar mecanismos que permitan la garantía de no repetición, acceso a la justicia, reconstruir los proyectos de vida tanto individuales como colectivos de quienes han vivido violencias. Seguir construyendo y fortaleciendo espacios colectivos que fomenten el diálogo entre los diversos sectores que conforman la comunidad universitaria.