Comportamiento delictivo e intervenciones eficaces

La evidencia internacional revela que los comportamientos transgresores y delictivos se concentran durante la adolescencia (West & Farrington, 1977; Farrington, 1995; Moffit, 1993-2006; Rutter, Giller & Hagell, 1998; Garrido, Morales & Sánchez, 2006), pero solo un pequeño grupo es persistente en estos comportamientos. Por tanto, se plantea la necesidad de distinguir entre una forma transitoria de transgresión, propia del comportamiento de riesgo adolescente, del comportamiento delictivo persistente en los adolescentes que cometen delitos. Este segundo tipo delictivo se asocia a la reiteración y la precocidad en conductas trasgresoras (Dionne & Altamirano, 2012; Dionne & Zambrano, 2009; Fréchette & LeBlanc, 1998; Gendreau, Goggin, Cullen, & Andrews, 2000; Hoge & Andrews, 1994).

En la delincuencia de carácter persistente, de acuerdo con las investigaciones internacionales, aparece un conjunto de factores subyacentes que permiten diferenciarla de la delincuencia transitoria propia de la adolescencia (Rutter y col., 1998; Frechétte & Le Blanc, 1998; Muñoz, Pincheira, Zambrano, & Pérez-Luco, 2017). Esta situación plantea la necesidad de abordar la delincuencia en la etapa juvenil de modo diferenciado (Dionne & Altamirano, 2012; Dionne & Zambrano, 2009). En la delincuencia persistente, que es la delincuencia que requiere realmente de una intervención especializada, se deben abordar sistémicamente las necesidades del desarrollo, así como los riesgos criminógenos subyacentes a la conducta infractora (Redondo & Pueyo, 2009; Dionne & Altamirano, 2012; Zambrano, Muñoz & Andrade, 2015).

Cabe destacar, que estos jóvenes forman parte de un grupo heterogéneo que exhibe diferentes trayectorias delictivas (^{Pérez-Luco et al., 2014}) que requieren de una intervención específica para cada una de ellas. Se identifica, además, que muchos jóvenes infractores de ley que son sancionados por la justicia juvenil, viven situaciones de vida adversa en contextos que presentan diversos factores de riesgo, de allí entonces que sea una prioridad abordar aspectos de ese contexto.

Hay consenso en señalar que la delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal y, por ello, requiere de muy diversas intervenciones. En sintonía con esto, los programas de rehabilitación eficaces para lograr el objetivo de influir y modificar trayectorias delictivas son programas con múltiples componentes y con una perspectiva diferencial. Se añade a ello que los programas se desarrollen a partir de datos probados, en los planos científico y profesional (Dionne & Zambrano, 2009).

MacKenzie y Farrington (2015), en una extensa revisión de estudios experimentales y de meta análisis desarrolladas en una década para evaluar la efectividad de intervenciones correccionales, concluyen que aquellos métodos basados en el control, disuasión o disciplina no son eficaces en disminuir la reincidencia delictiva. En cambio, intervenciones que tuvieron como foco el entrenamiento de habilidades mostró mayor eficacia. En concordancia con estos resultados, Redondo y Pueyo (2007) indican que las intervenciones deben dotar a los jóvenes infractores con nuevos repertorios de conducta pro social, ayudándoles a regular sus emociones iracundas y favoreciendo que desarrollen su pensamiento racional. Además, las intervenciones deben prevenir las recaídas o reincidencias en el delito actuando sobre los factores de riesgo dinámicos.

La literatura que examina las intervenciones en internado (Dionne, 2010) muestra que, para ser eficaces y evitar los efectos perversos de reunir a jóvenes delincuentes en un mismo lugar, es importante favorecer una intervención intensiva en un clima prosocial. Experiencias favorables en esta línea combinan el modelo psicoeducativo con algún modelo cognitivo (comportamental o constructivista).

Una de las perspectivas de intervención con mayor sustento teórico es el modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad, de ^{Bonta & Andrews (2007)}, el cual establece que la intensidad de la intervención que recibe un joven infractor de ley debe ajustarse a su nivel de riesgo criminógeno. De este modo, el principio de riesgo menciona que los adolescentes con mayor riesgo requieren niveles intensivos de tratamiento, mientras que los de menor riesgo, requieren niveles mínimos de intervención. El principio de necesidad identifica dos grandes tipos de necesidades: las criminógenas, que son dinámicas y estáticas, y las no criminógenas. Las primeras son consideradas un factor de riesgo estable, sobre las que la intervención no tiene incidencia, y las dinámicas son plausibles de ser modificadas mediante la intervención. El principio de responsividad establece que existen ciertas características cognitivas, conductuales y de personalidad en los jóvenes, que influencian su disposición a responder ante diversos tipos de tratamiento; por ende, los planes y actividades de intervención deben considerarla. Los autores del modelo incorporan, además, un conjunto de otras condiciones asociadas a los equipos, a la coherencia y la fidelidad de las intervenciones.

Intervención con adolescentes infractores de ley en Chile

En el caso de Chile, aunque se aprecian importantes avances en el plano legal, en la investigación e intervención, aún persiste un conjunto de brechas a resolver. Los estudios de reincidencia en el país son escasos y, aunque sus resultados son inconsistentes entre sí (Fundación Paz Ciudadana, 2010; ^{Miranda, 2011}), concuerdan en mostrar que los medios privativos de libertad, el sistema cerrado y semi cerrado, se asocian a mayor reincidencia delictiva. El Ministerio de Justicia presenta cifras que muestran una tendencia a la baja en la comisión de delitos en el segmento juvenil pero con una tendencia alta en la mantención de la reincidencia (^{Monreal, Díaz, Mery, & Curtze, 2016}).

Lo anterior pone de relieve la necesidad de concentrar esfuerzo en aquellos jóvenes persistentes en lo delictivo; particularmente, en los que, por la naturaleza de sus delitos y trayectorias, cumplen sanciones en medios privativos de libertad. Interesa, en esta perspectiva, contar con información de aquellos equipos profesionales que tienen la responsabilidad de participar en la intervención especializada con esta población.

En Chile, en materia de protección de menores privados de libertad, se siguen lineamientos que buscan respetar la seguridad y los derechos de los adolescentes, intentando fomentar su bienestar físico y mental. Así, la imposición de la privación de libertad se establece como último recurso en casos excepcionales y por el mínimo tiempo necesario, estableciéndose un conjunto de garantías básicas que deben ser cubiertas por los Centros Privativos de Libertad: educación, salud, higiene, alimentación, actividades recreativas y religiosas, visitas, régimen disciplinario, programas de reintegración y formación especializada de su personal (^{Aguirrezabal, Lagos, & Vargas, 2009}; SENAME, 2017).

Un hito relevante para Chile en lo legal ha sido transitar desde un modelo tutelar hacia un modelo de responsabilidad penal adolescente. Formalmente, esto queda representado por la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084, el año 2005 (Ministerio de Justicia, 2014). En esta ley, se busca acoger los requerimientos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (^{Franco & Álvarez, 2008}). Por tanto, se establecen un conjunto de normas, condiciones y procedimientos que buscan mejorar las formas de intervención del aparato legislativo, reconociendo los derechos de los niños y niñas y las consecuencias de su comportamiento de acuerdo a su nivel de desarrollo, según las reglas y principios impuestos (^{Alarcón & Vargas, 2012}).

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Chilena (N° 20.084)¹, señala que los jóvenes son sujetos de derecho y que, como tales, se les puede acusar y/o exigir una responsabilidad social especial, adecuada a su carácter de sujetos en desarrollo por infringir la Ley, con sanciones distintas a las aplicadas en el adulto; además, por su condición de personas en desarrollo, deben estar sujetos a intervención por parte de profesionales especializados, que brinden una oferta que permita su plena reintegración a la sociedad (^{Vinet, 2010}).

La atención especializada de jóvenes infractores de ley supone dos fundamentos primordiales: el primero de índole político y el otro de tipo evolutivo. En el primer caso, existe la necesidad por parte del Estado de interrumpir a temprana edad las carreras delictivas, generando mayores condiciones de seguridad a sus ciudadanos. Y en el segundo caso, se atiende a las características propias y específicas de la etapa evolutiva, en la cual aumentan considerablemente los comportamientos de riesgo debido a la gran plasticidad biopsicosocial. Esto permite la exploración de variadas alternativas de comportamiento, siendo mayormente posible el poder experimentar cambios radicales en los estilos de vida desarrollados (^{Pérez-Luco, Lagos, & Báez, 2012}).

Los jóvenes, entre 14 y 18 años, ingresan a centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME), que son de régimen cerrado y de internación provisoria, y cuando cumplen la mayoría de edad pueden ser derivados a recintos especiales de Gendarmería de Chile, denominados Secciones Juveniles. Este último caso, se refiere a dependencias ubicadas al interior de las unidades penales de adultos, en las cuales los jóvenes deben permanecer segregados del resto de la población penal (Ministerio de Justicia, 2012).

En el año 2012, el Ministerio de Justicia determinó que los centros destinados a albergar a los/las jóvenes condenados/as no contaban con las condiciones básicas para una adecuada intervención especializada. Por ello, establece un plan que incluye once medidas para la reinserción juvenil, buscando con ellas suplir las demandas de mejoramientos de las condiciones de alimentación, habitabilidad y seguridad de los centros y fijó un estándar de calidad respecto de la intervención de salud, capacitación laboral, educación y especialización de los funcionarios. Para responder a estos requerimientos, Gendarmería de Chile establece un convenio con instituciones externas a través de procesos de licitaciones anuales públicas, que tiene por objetivo favorecer la reinserción de las personas que cumplen condena en las Secciones Juveniles del país.

Acorde a lo anterior, las instituciones que prestan servicios profesionales a Gendarmería de Chile lo hacen de acuerdo con las propuestas técnicas licitadas para el periodo de ejecución. Estas organizaciones suelen ser de índole no gubernamentales (ONGs) y se encargan de diseñar, implementar y ejecutar un proyecto de intervención, que abordan los factores criminógenos estáticos y dinámicos presente en cada uno de los jóvenes (Bonta, 2006; Bonta & Andrews, 2007), estableciendo para ello un contacto permanente con el personal de Gendarmería vinculado a las Secciones Juveniles, tanto uniformados y no uniformados.

Estos equipos deben realizar intervenciones individuales, familiares, grupales, de gestión comunitaria y de capacitación en áreas de interés de los jóvenes, favoreciendo su integración a la sociedad. Los desafíos que supone la intervención con esta población y en este contexto exige un alto grado de especialización en las y los profesionales (^{Alarcón & Vargas, 2012}).

En el campo de la intervención psicosocial, se han desplegado muchos esfuerzos de investigación para identificar programas eficaces y se ha determinado que esto no descansa únicamente en las cualidades intrínsecas de los profesionales, sino que depende de la fase de implementación de los proyectos así como de un conjunto de condiciones del equipo y del entorno en que ocurre la intervención (LeBlanc & Robert, 2012; Avello, Román & Zambrano, 2017). La evidencia local reporta un conjunto de tensiones en los procesos de rehabilitación e inclusión social y comunitaria de esta población (^{Andrade, García, & Zambrano, 2016}; Zambrano, Muñoz, & Andrade, 2014b).

En Chile, en la actualidad, existen 21 secciones juveniles distribuidas a lo largo del país que atienden una población penal de 150 jóvenes. Parte importante de esta población es persistente en lo delictivo ya que la cárcel potencia factores de riesgo criminogénicos que pueden favorecer la reincidencia (^{Zambrano, Pérez-Luco, & Perez-Luco, 2004}). Dado que se entiende la privación de libertad como una medida excepcional, es necesario contar con intervenciones efectivas que minimicen el contagio criminógeno y los efectos de la prisionización en un contexto coherente que ofrezca oportunidades de aprendizaje y desarrollo (Dionne & Altamirano, 2012).

Es por todo lo anterior que la siguiente investigación analiza las propuestas técnicas, implementadas por cuatro organizaciones del tercer sector (ONGs), en secciones juveniles de cuatro regiones del sur de Chile, con el propósito de proponer adecuaciones y mejoras en el diseño e implementación de los proyectos en ejecución de modo que estas respondan apropiadamente a las recomendaciones internacionales y orientaciones técnicas vigentes. Con ello, se busca aportar a la calidad de los servicios profesionales ofrecidos por los equipos de intervención profesional a los jóvenes que cumplen sanción penal en el medio privativo de libertad.

En concreto en este estudio se analizó el diseño y gestión de proyectos psicosociales destinados a jóvenes infractores de ley privados de libertad, identificando aquellas características y condiciones que podrían mejorar los resultados en la intervención con los jóvenes. De modo específico se busca (a) Discutir la pertinencia de los modelos conceptuales y técnicos utilizados por los proyectos de intervención; (b). Evaluar participativamente el proceso de intervención, determinando la relación existente con el diseño planteado en la propuesta original y los objetivos de la intervención y (c). Proponer mejoras en el proceso de implementación y ejecución de los proyectos licitados en las secciones juveniles.

Modelos a la base de la intervención

Los profesionales consultados señalan que los modelos teóricos utilizados como base para sostener la intervención son: el Modelo Cognitivo-Conductual, el Modelo Sistémico Familiar, el Modelo de Redes Sociales y el Modelo de Ocupación Humana. Adicionalmente, en diferentes documentos asociados a los proyectos, se pueden encontrar otros enfoques teóricos que apoyan el proceso de intervención psicosocial, desde las distintas disciplinas involucradas como la Medicina Psiquiátrica, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, entre otros. Se aprecia en consecuencia una sintonía con las normas técnicas, que priorizan los modelos indicados, pero se incorporan otros que son propios de las formaciones profesionales de las y las personas que trabajan en el equipo.

Esta mixtura pareciera, en principio, aportar en una aproximación tanto en el plano comprensivo como en el de la intervención, que busca dar respuesta a la complejidad abordada, lo anterior se ilustra en la figura 1.

Fuente: elaboración propia, 2018

Figura 1: Modelos teóricos utilizados en Secciones juveniles.  

El modelo que aparece con mayor fuerza y frecuencia es el Modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad de Andrews, Bonta y Hoge (1990). Este modelo es utilizado por todos los equipos consultados y es considerado como la base del diagnóstico e intervención del equipo interdisciplinario, habitualmente conformado por psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional y profesionales vinculados a la educación. Este modelo ha sido priorizado por Gendarmería de Chile a nivel nacional y supone, desde la lectura de las y los profesionales, generar procesos de diferenciación en la intervención con los jóvenes.

Sin embargo, al implementar la intervención, se observan distintas tensiones y contradicciones respecto del modelo que se declara la base. Ejemplo de lo anterior es la operacionalización del principio de riesgo ya que profesionales presentes, en todos los equipos estudiados, consideran que lo óptimo es que la totalidad de los jóvenes deberían participar con la misma frecuencia en todas las actividades implementadas por los equipos y, por consiguiente, que sus intervenciones se efectúen con la misma periodicidad con todos los jóvenes, independiente del riesgo de reincidencia que presenten. En tanto, el principio de Responsividad se aprecia presente, al menos en el discurso, dado que todos los profesionales coinciden en la importancia de las intervenciones diferenciadas según intereses y su asociación con los perfiles criminológicos y características de los jóvenes.

Sobre ello, el Profesional que identificaremos como “Nº 2” de nuestro estudio, señaló que: “Nosotros seguimos el modelo de Bonta y Andrews (…) adherimos a las necesidades criminógenas y abordamos las particularidades de los juveniles desde esta mirada…”.

Esta observación es coherente con el análisis documental de las propuestas técnicas e informes semestralmente, donde se da cuenta del trabajo desarrollado con los jóvenes durante el período. En estos informes, se puede observar que los jóvenes atendidos ingresaron por delitos como robo en lugar habitado, robo con fuerza, robo con violencia y robo con intimidación, principalmente. Por ello, quedaron clasificados en el Sistema de Internos de Gendarmería² como jóvenes que transitan desde un mediano a un alto compromiso delictual³. Por su parte, la frecuencia de las sesiones individuales y grupales da cuenta de niveles intensivos de tratamiento⁴ en la mayoría de los casos. Los profesionales, de acuerdo con lo declarado, mantienen una oferta multidisciplinaria abordando objetivos de trabajo con los jóvenes en base a sus necesidades criminógenas y estilos de aprendizaje.

A pesar de lo anterior, en la revisión de las fichas clínicas de los internos, uno de los cuatro equipos estudiados aplica intervenciones estandarizadas a los jóvenes sin considerar la diferenciación según los principios señalados, generándose una contradicción entre el discurso y sus registros.

(b) El Modelo Cognitivo-conductual es otro de los modelos que los equipos declaran utilizar, principalmente en el caso de psicólogos. Es descrito por los profesionales como una fusión entre la terapia conductual y la cognitiva. La primera sostiene que los comportamientos de los jóvenes infractores son aprendidos y mantenidos según las consecuencias que tengan en los contextos en los que ellos se desenvuelven. La terapia cognitiva, según lo consignado, señala que los pensamientos afectan las emociones y ciertos patrones de pensamiento conducen a un pensamiento maduro o un pensamiento primitivo. Los jóvenes atendidos tendrían este último tipo de patrón, contando con escasas herramientas de afrontamiento para abordar las dificultades de la vida cotidiana. Agregan que, al no contar con recursos para cubrir sus necesidades, los jóvenes recurrirían al delito como una estrategia de supervivencia, lo que se ve potenciado por la asociación con pares criminógenos.

Según lo indicado, en la práctica utilizan este modelo para generar cambios en el estilo de pensamiento, favoreciendo la conducta prosocial, incorporando nuevas formas de resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo de la empatía y el reconocimiento de valores. Para ello realizan sesiones principalmente individuales y algunas actividades en grupo.

La motivación al cambio, como un movilizador intrínseco, es un aspecto de relevancia en la intervención. Se indica que esta motivación es reforzada de manera extrínseca por los profesionales. Con esto, aumentaría el bienestar de los jóvenes y la posibilidad de que ellos mantengan e incorporen nuevos comportamientos más adaptativos. No obstante, los adolescentes que presentan pensamientos desadaptativos y déficits en las habilidades de afrontamiento a los problemas acontecidos en el cotidiano de una cárcel, tienden a recurrir a estrategias para resolver los conflictos mediante la violencia y la auto agresión. Estos déficits, según la apreciación de los profesionales, estarían a la base de la comisión de delitos y afectarían también la convivencia en el centro.

En concordancia a estos planteamientos, es recurrente que los profesionales utilicen los beneficios penales a los que pueden acceder los jóvenes, como estrategias y herramientas de refuerzo para con ello generar un procesamiento cognitivo y un estímulo conductual para lograr mejoras en su comportamiento y avanzar en el logro de objetivos establecidos con el interventor.

Los beneficios que se otorgan no dependen de la voluntad de nosotros, sino de ellos mismos, de querer y mejorar y a medida que ellos logren los objetivos en su plan de intervención los van a ir obteniendo, ellos lo saben… lo han logrado entender sumamente bien, y el que no logra alcanzar los requisitos no accede… se les refuerza cognitivo-conductualmente durante todo el proceso… (Profesional N° 24).

(c) El Modelo Sistémico Familiar es otro de los modelos que se encontraría a la base de las intervenciones que buscan realizar los equipos. Los profesionales señalan que las conductas de riesgo que han presentado los jóvenes, antes de ser recluidos y también en el presente, corresponderían a una expresión o un síntoma de un trastorno dentro de su sistema familiar. Los profesionales que operan a partir de este enfoque indican que los integrantes de los equipos, así como las instituciones que se relacionan con las familias, constituirían un sistema amplio de relación que puede influir en el joven y contexto de vida.

Todos los equipos señalan que estiman necesario efectuar intervenciones en el ámbito familiar, ya que les permite atender los factores de riesgo a los que se ven expuestos los jóvenes en el seno de sus familias y fortalecer su rol en el proceso de rehabilitación, y de reinserción socio comunitaria. Aun así, los profesionales expresan que se enfrentan a diversos obstáculos al trabajar con las familias; particularmente, se refieren a la lejanía de las residencias de las familias de los jóvenes. También señalan la reticencia de las familias a la intervención, mostrando bajo compromiso con el proceso de los jóvenes.

Establecer mayor profundidad con los sistemas familiares de los jóvenes se hace un poco dificultoso, casi imposible, principalmente por las distancias de residencia de las mismas familias y del centro [de reclusión] (Profesional N° 3).

Es relevante señalar que, según los profesionales, los tribunales establecen que los jóvenes sean recluidos en centros ubicados geográficamente en lugares distintos a la residencia de sus familias por razones de seguridad, que usualmente se deben a problemas de comportamiento dentro de las unidades penales, donde se han realizado actos de violencia ya sea auto o hetero agresión.

(d) El Modelo de Redes Sociales es un modelo que permite tener una visión integrada de las redes sociales que pueden apoyar el proceso. Se trata de un enfoque que articula el nivel individual, el entorno social próximo y el entorno social más amplio, compuesto por instituciones y organizaciones. Las intervenciones diseñadas a partir de este enfoque, en términos generales, conectan la vida privada del individuo con sus amigos, su familia y con actores sociales pertenecientes a instituciones y organizaciones, configurando así un espacio amplio de circulación constructiva de apoyo social.

Este Modelo se encuentra establecido en las propuestas técnicas contenidas en las bases de licitación e informes de desempeño de la Institución ejecutora. Sobre la experiencia adquirida con su uso, los profesionales observan que, “Depende del interés del joven, pero la mayoría desea mantener sus vínculos sociales con las personas que se encuentran en el medio libre” (Profesional N° 14).

Este modelo permitiría ampliar el foco de intervención desde el joven hacia unidades sociales más amplia, como son familia, pareja, amigos, comunidad, otros jóvenes privados de libertad, profesionales de distintos programas y funcionarios uniformados. Según discurso de los profesionales, las relaciones dentro de las unidades penales suelen ser articuladas entre los distintos equipos que conviven, como los equipos de rehabilitación de drogas y el personal uniformado.

No obstante, es con estos últimos con quienes se generan las principales tensiones, ya que los profesionales los perciben como entorpecedores de los procesos terapéuticos debido a que se han reportado dificultades asociados al rol de control que ejercen a veces, sin considerar el proceso terapéutico de los jóvenes como, por ejemplo, la restricción de las llamadas telefónicas de los jóvenes hacia familiares o referentes significativos.

Las relaciones con los estamentos fuera de las unidades penales se encuentran, en la mayoría de los casos, en estados incipientes. Esto se debe a la alta rotación de los equipos debido a que las licitaciones son anuales y ello no permite darle continuidad al trabajo desarrollado. La articulación con actores comunitarios se homologa al trabajo con personas externas al centro privativo, ya sean religiosos o voluntarios, quienes desarrollan actividades recreativas, deportivas o religiosas al interior del centro con los jóvenes.

Por otra parte, los esfuerzos de los equipos están puesto en la reinserción laboral, donde los profesionales son concebidos como puentes entre los jóvenes y las redes laborales; de modo de proyectar una reinserción social al termino de la sanción.

(d) El Modelo de Ocupación Humana es utilizado principalmente por los profesionales Terapeutas Ocupacionales. Es un modelo que favorece la adquisición de patrones de habituación (como hábitos, roles y rutinas), y la capacidad de desempeño para un adecuado comportamiento en actividades de la vida diaria, productivas y pro sociales como estudio y trabajo. También entrega herramientas para la estructuración de actividades de ocio y tiempo libre, considerando las particularidades del ambiente privativo, pero proyectando los requerimientos de la vida en el medio libre.

Nosotros tenemos por rutina hacer una actividad recreativa cada quince días; por lo que, según sus habilidades e intereses, se organiza quién va a cocinar, si por ejemplo hacemos una pizza, se organizan en ver quien pela los tomates, en la participación (Profesional N° 16).

Evaluación del proceso de intervención

Las Instituciones que se adjudicaron los proyectos que participan en este estudio, han propuesto, como objetivo en sus proyectos: “Proporcionar intervenciones multidisciplinarias que contribuyan a disminuir el riesgo de reincidencia a través de la integración socio comunitaria de los jóvenes infractores de ley”. En las entrevistas grupales aparecen objetivos o propósitos complementarios como, por ejemplo:

La rehabilitación pasa por confiar en los chicos (…) los que están fuera de la norma, darles las herramientas para que se reinserten y puedan funcionar dentro de los parámetros que la sociedad establece… y que las experiencias que ellos vivencien dentro de su proceso generen cambios (…) y, más que una sanción propiamente tal, genere cambios significativos… (Profesional N° 22).

En términos operativos, los equipos estudiados se guían coincidentemente por una estrategia organizada en diferentes etapas y que sintonizan con lo propuesto por Gendarmería de chile en los lineamientos técnicos. Se aprecian diferencias en los nombres y los énfasis según las visiones y misiones de cada institución y las adecuaciones realizadas a propósito de la experiencia acumulada por los organismos ejecutores. Estas fases se muestran en la figura 2:

Fuente: elaboración propia, 2018

Figura 2: Fases de intervención utilizados en Secciones juveniles.  

Fase I de diagnóstico: Corresponde al inicio del proceso de intervención y tiene una duración estimada de dos meses, de acuerdo a lo consignado en los documentos y los entrevistados, los componentes fundamentales son: (a) Generar alianza terapéutica, (b) Implementar estrategias motivacionales, (c) Incluir en el proceso a la red de apoyo del adolescente, (d) Iniciar o continuar procesos de desintoxicación por uso de sustancias psicotrópicas y/o compensación física, (d) Informar respecto de las implicancias del tratamiento al joven y su familia y/o referente significativo, (e) Obtener un diagnóstico integral multidisciplinario, y (f) Co-construir el plan de intervención individual, en el cual se espera que el adolescente realice acciones tendientes a la minimización del riesgo de reincidencia.

Fase II de tratamiento: Se caracteriza por dar inicio al trabajo terapéutico en torno al desarrollo y competencias emocionales, cognitivas, conductuales y sociales del joven. Es decir, corresponde a la puesta en marcha de un proceso de mayor profundidad en cuanto a los objetivos de integración social planteados en el Plan de Intervención Individual, en la cual se realizan acciones orientadas a la problematización y responsabilización de la conducta infractora y al desarrollo psicológico, emocional y social. Esto se logra a través de actividades vinculadas con las tareas evolutivas del joven, los procesos psicoterapéuticos específicos, la ejecución de actividades socio ocupacionales, la vinculación familiar y la elaboración de un itinerario acorde a su situación judicial, entre otras. Debe incluir, además, aspectos relacionados con sus competencias y habilidades ocupacionales, sus destrezas individuales y familiares, al igual que con la ampliación y fortalecimiento de la red social y con la evaluación de logros parciales obtenidos en el plan, lo cual conlleva finalmente un proceso de desvinculación progresiva del adolescente y su familia con el equipo.

Fase III de Egreso y Seguimiento: Constituye la última etapa del proceso de intervención, esto es, cuando el joven cumple sus objetivos, en función de la evaluación de cumplimiento del Plan de Intervención. Incluye los siguientes componentes: El egreso, en la cual se procede a dar alta al joven, teniendo como requisito fundamental el logro de objetivos que garanticen su integración al medio libre, con herramientas y destrezas básicas para la integración y vida normalizada, en función de su etapa de ciclo vital, y en donde el desarrollo de estrategias de prevención de reincidencia delictual debe haberse trabajado y entrenado.

Luego, el seguimiento se realiza de manera coordinada con otro equipo de la red judicial adolescente del Servicio Nacional de Menores, quienes serán los encargados del proceso de acompañamiento en el contexto de la sanción judicial en el medio libre.

Estas fases establecen un ordenamiento lógico de las acciones; sin embargo, se identifican al menos tres tensiones en su implementación. Una de ellas es que, en el contexto donde ocurre la intervención con cierta frecuencia, ocurren eventos asociados a conflictos internos o problemas conductuales o emocionales que descompensan a los jóvenes o generan condiciones en el clima social interno que afectan el desarrollo de las intervenciones, estableciendo nuevas prioridades. Otro aspecto de relevancia en algunos centros se vincula con la falta de coordinación entre los diversos programas e interventores que operan en el centro privativo, dificultando que las intervenciones tengan coherencia y continuidad. Una tercera situación corresponde a la necesidad de los jóvenes de ir ganando beneficios, lo que no siempre permite que exista una motivación intrínseca para avanzar en el proceso.

Una clara contradicción entre el establecimiento de estas etapas corresponde al tiempo que estos equipos tienen en realidad para acompañar los procesos de los jóvenes. Como ya hemos adelantado, las licitaciones anuales inciden en que los equipos no necesariamente se mantengan en el tiempo, lo que implica que los profesionales roten y con ello se afecte la continuidad de la intervención con cada joven.

Para dar respuesta a esta estrategia global, los equipos entregan un conjunto de servicios e intervenciones planificadas y estructuradas para cubrir las necesidades y objetivos de intervención. Entre ellos se cuentan las consultas en salud mental, consulta médica, apoyo psicológico, intervención psicopedagógica y consulta de terapia ocupacional. Además, se efectúan visitas domiciliarias, psicodiagnósticos, reuniones de equipo y de coordinación; además de una gama variada de intervenciones grupales establecidas en la oferta programática de la Sección Juvenil, tales como talleres pedagógicos, socio ocupacionales, familiares, deportivos, recreativos, entre otros.

Al mismo tiempo, hay una serie de intervenciones emergentes, particularmente para abordar crisis o condicionantes especiales.

Existe atención psicológica, consulta de salud mental, intervenciones grupales, e intervenciones en crisis, en situaciones conflictivas que generan conflicto dentro de la sección juvenil. Inestabilidad, en el fondo. Ya que nosotros contamos con una rutina diaria (Profesional N° 5).

Los profesionales guían los procesos de intervención en base al diseño planteado en su propuesta de licitación original. Los objetivos de intervención son modificados en base a las necesidades y características personales de cada uno de los jóvenes a través de un proceso de intervención diferenciada y multimodal. El énfasis se ubica en los procesos de integración social, basándose en los objetivos de los planes de intervención, los cuales se definen en un proceso de co-construcción entre el joven y el equipo profesional. Estos últimos son reevaluados periódicamente y pueden ser modificados, según la fase de intervención en la que se encuentren.

Cabe aquí indicar que las licitaciones de los proyectos, al ser anuales y competir varias entidades para hacerse cargo del servicio, no se garantiza que una entidad ejecutora mantenga la adjudicación del proyecto; por tanto, no puede ofrecer estabilidad laboral a los profesionales que forman parte del equipo. Además, si la entidad se adjudica la licitación, habiendo contratado al equipo hasta diciembre, recién podrá contar con recursos en febrero o marzo para volver a contratar a los profesionales. Esto sin duda afecta en varios niveles la intervención con los adolescentes.

Primero, se ve afectada la continuidad relacional, aspecto crítico dado la trayectoria de vida que los adolescentes han tenido, habitualmente afectada por la inestabilidad o inexistencia de vínculos afectivos significativos. Por supuesto, también se ve afectada la continuidad de la propia intervención con una población que requiere una intervención continua y coherente, tanto por la complejidad de sus problemas como por la naturaleza de la privación de libertad.

Segundo, La rotación del personal entorpece el aprendizaje organizacional y limita la especialización de los integrantes. De este modo, resulta muy difícil que los equipos que avancen en su constitución y coordinación puedan realmente construir una estrategia adaptada a las necesidades de los jóvenes y características del centro penitenciario en el lapso de un año.

Propuestas para mejorar la Implementación y Ejecución de los Proyectos Licitados en las Secciones Juveniles

(a) Permanencia de los equipos: Los profesionales entrevistados requieren que los organismos, tanto de Institución ejecutora del proyecto como Gendarmería, debieran sostener reuniones para favorecer el proceso de incorporación e inducción acerca de las leyes y normativas vigentes, para la entrega oportuna de documentación acerca de los jóvenes por parte de Gendarmería, y para conocer las funciones y responsabilidades de todos los actores involucrados en la ejecución de las sanciones. Lo anterior debe quedar reflejado en un protocolo de acuerdos para el buen funcionamiento de la Secciones Juveniles, indicando los responsables y las acciones a realizar ante situaciones de crisis, además de las estrategias para superar los obstaculizadores que afecten o tensionen el proceso de prestación de servicios profesionales a los jóvenes.

(b) Acerca de los Modelos de intervención utilizados por los equipos colaboradores: Se plantea que los enfoques y modelos empleados por los equipos son pertinentes a la naturaleza del trabajo desarrollado en Gendarmería de Chile. Aparece de modo complementario la necesidad de integrar el Enfoque Psicoeducativo, de origen Quebequense, para fortalecer la relación de ayuda que establecen los profesionales con los jóvenes, pero, además, supondría la necesidad de que los funcionarios que mantienen relación con los jóvenes lo conozcan y lo apliquen.

Los jóvenes van realizando micro logros y estos son reforzados permanentemente, a través de las psicoeducaciones […] individuales y grupales, ya que la cotidianidad pro social, es también un espacio para el cambio (Profesional N° 14).

Este es un enfoque en el que han sido formados algunos de los interventores que trabajan en los equipos. Destaca un aspecto central en la relación de ayuda, que corresponde al valor de la vivencia compartida tanto para conocer en mayor profundidad a los jóvenes como para tomar decisiones en la gestión del contexto y medios de intervención. La vivencia compartida se plantea como un mecanismo central para generar condiciones facilitadoras del aprendizaje y logros de metas por parte de los jóvenes. A pesar de la adversidad que representa el medio cerrado, se trata de ofrecer un contexto relacional que facilite nuevas y mejores experiencias que potencien el desarrollo de habilidades.

Como existe cierta permanencia de los chicos y, bueno, de los profesionales en ese sentido, hay una historia que te va respaldando. Existe cierto nivel de respeto de lo vivido con el profesional, con el equipo, y ellos valoran justamente el compartir la cultura, lo de la convivencia (…) lo de la vivencia compartida (Profesional N° 5).

(c) Especialización del personal: Aparece como una necesidad compartida entre los equipos, la especialización permanente de los profesionales y funcionarios de Gendarmería de modo de mantener coherencia y calidad en el trabajo realizado.

Temas relevantes para considerar en las capacitaciones corresponden a salud mental, particularmente para abordar los efectos de la prisionización. Además, se sugiere que los jóvenes que cuenten con un diagnóstico psiquiátrico sean derivados a unidades debidamente especializadas, tal como se estipula en la ley de responsabilidad penal adolescente. Estas unidades en la práctica no siempre existen.

(d) Implementar mecanismos que garanticen continuidad en la intervención psicosocial: Esto debería realizarse mediante la incorporación de equipos estables de intervención en las secciones juveniles o al menos de una durabilidad de dos años, como lo realizan otros organismos estatales como servicio nacional de drogas y alcohol, senda, o el de menores, sename, entre otros y que estos permanezcan en los recintos de enero a diciembre ya que los actuales periodos de licitación generan retrasos de entre dos a cuatro meses en la instalación de los equipos.

Lo anterior colaboraría en que se implementen realmente planes de intervención individual con programas integrales que involucren a los jóvenes desde el ingreso al recinto hasta su egreso, incluso durante el periodo post penitenciario, ya a que pesar de que el seguimiento está considerado dentro de las fases de intervención, en la práctica esto no se ejecuta.

Trabajamos diez meses y luego nos desvinculan y estamos dos [meses] sin trabajo y constantemente con el miedo a perder la licitación, lo que implica perder nuestra fuente laboral… [además] los procesos se cortan ya que viene un equipo [que] interviene con un enfoque, luego otro con una mirada diferente y no existe seguimiento de lo que se está haciendo (Profesional N° 29).

(e) Profundizar el componente de inclusión socio comunitaria y la implementación de modelos que aborden esta línea, para generar procesos progresivos de inclusión de los jóvenes: Los equipos debieran contar con el tiempo y la formación para efectuar intervenciones con las familias y potenciales redes de apoyo para facilitar el proceso de inclusión de los jóvenes en el espacio familiar y comunitario.

(f) Orientar el trabajo desarrollado atendiendo a las trayectorias delictivas de los adolescentes: Con ello se podrá atender de modo más integral tanto a los riesgos criminógenos como a las necesidades del desarrollo que presentan los jóvenes. Así, también, se sugiere introducir instrumentos de evaluación dinámicos que permitan medir periódicamente los cambios producidos en los jóvenes, en relación con el riesgo de reincidencia y desestimación de la conducta infractora.