Introducción

Las representaciones sociales son un tipo de conocimiento de sentido común que se genera en un grupo como forma de interpretar y comprender la información que circula entre sus miembros con relación a un objeto social relevante para ellos, para anclarlo en los valores, creencias y prácticas preexistentes, y para orientar la acción del grupo respecto a dicho objeto social desde la posición social que ocupa cada grupo (^{Abric, 1996}; ^{Castagno, Malek, Renzone, & Correa, 2011}; ^{Moscovici, 1969}; ^{Vergara, 2008}; ^{Villarroel, 2007}). Entre las metodologías de investigación de las representaciones sociales (RS) se ha destacado el empleo de la asociación libre de palabras, en sus diferentes variaciones (Abric, 1993), para establecer tanto el contenido como la estructura de las RS (Abric, 1996; ^{Páez, 1987}). Por su lado, las técnicas de análisis multidimensional permiten identificar tanto los campos como los principios organizadores de las RS (^{Doise, Clémence, & Lorinzi, 1992}).

Para que un objeto sea social en el sentido de que dé lugar a unas representaciones sociales debe cumplir con una serie de características, entre ellas: que el tema incida de forma fundamental en la visión del mundo que los miembros del grupo comparten con relación a su supervivencia y su identidad social; que condicione las prácticas cotidianas y que pueda ser percibido desde diferentes puntos de vista (^{Páez, 1987}). En efecto, la Justicia, la Ley, las instituciones jurídicas y el sistema penitenciario cumplen con varias de estas características. Por un lado, la justicia constituye un valor importante para la mayoría de las personas, como lo indica la creencia en un «mundo justo» (^{Hegtvedt & Markovsky, 1995}; ^{Soria, 2000}), es decir, la de que cada quien merece recibir lo acorde a sus obras. Así, se han abordado temas generales o globales como las representaciones sociales de la justicia (^{Bonal & Ros, 1992}), los derechos humanos (^{Doise, Spini, & Clémence, 1999}), la ley (^{Morais & Stefano, 2004}) o las normas de tránsito (^{Ruiz, Gómez, Beltrán, & Lamus, 2014}). De otro lado, datos como que 2,8 millones de personas en Colombia habrían sido víctimas respecto a algún delito (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013) muestran que la problemática de la (in)justicia y el crimen no es ajena a la vida de las personas en su cotidianidad; además, el crimen, como evento traumático, puede tener un importante impacto en las creencias sobre la vida, sobre los demás y sobre uno mismo (^{Arnoso et al., 2011}; Soria, 2000).

En cuanto al sistema penitenciario occidental actual, tiene su origen en una combinación de eventos y planteamientos plasmados desde la segunda mitad del siglo XVIII, como la formulación de la idea de castigar privando de la libertad, la creación de las instituciones de detención y los cuerpos de funcionarios de prisiones (^{Tamarit, Sapena, & García, 1996}), en un marco garantista de los derechos de los detenidos (^{Beccaria, 1764}; 1984); a lo que hay que añadir el planteamiento del tratamiento penitenciario para identificar y corregir las causas que llevan a las personas a cometer delitos, con autores como Ferri (^{Martín García, 1987}). Ello conlleva que en la prisión moderna coexistan dos fuerzas u orientaciones que a menudo se contraponen -en vez de complementarse-, predominando una de ellas, nos referimos por un lado a la custodia de los detenidos de cara a salvaguardar la seguridad dentro y fuera de los muros, y, por otro lado, el tratamiento dirigido a la reinserción de los detenidos (Leal & García, 2007; ^{Soria & Armadans, 2009}). Este tratamiento penitenciario, así como el trato general a las personas recluidas en prisión, se ve expuesto con frecuencia, tanto en muchos países de América Latina como de otras regiones del mundo, a la falta de cubrimiento suficiente de necesidades básicas (Observatorio Internacional de Prisiones, 1996; ^{Funes, 2007}), a escasez de recursos para respaldar las actividades de reinserción social, como en Chile (^{Concha, 2007}), Guatemala (Leal & García, 2008) o Colombia (^{Ruiz, 2013}a), y a poca capacitación del personal de custodia y del equipo profesional (Concha, 2007). Ello no implica desconocer la existencia en las prisiones de Iberoamérica de programas exitosos y positivos (^{Bravo, 2011}), como el de Unidad Terapéutica Educativa de la Cárcel de Villabona (^{Rodríguez, García, Longoria, & Noriega, 2014}).

Las investigaciones de representaciones sociales en el contexto carcelario y penitenciario han incluido como actores en las evaluaciones realizadas a los mismos internos/as, guardias, equipo profesional, operadores jurídicos del sistema penal y a la sociedad en general (^{Concha, 2007}; ^{Escobar, 2008}; ^{Leal & García, 2008}; ^{Ruiz, Alvarado, Pedraza, & Rodríguez, 2004}; Ruiz, 2010; ^{Sánchez & Mavares, 2003}; ^{Soria & Armadans, 2009}). Dichas investigaciones se han concentrado en evaluar uno u otro aspecto de las prisiones, sus ocupantes, el delito o el contexto de la sociedad en general, la función re-socializadora de la misma, los diferentes tratamientos y programas recibidos en prisión e incluso las actitudes sociales hacia los exreclusos (Ruiz, 2010; ^{Shivy, Wu, Moon, Mann, Holland, & Eacho, 2007}). Así, por ejemplo, la cárcel es representada como un lugar oscuro, desconocido y peligroso por estudiantes universitarios españoles y argentinos (Ruiz, 2006). La gente, especialmente quienes han sido víctimas de delitos, suelen considerar que la cárcel no resocializa y sostienen una visión más positiva de las Medidas Alternativas a la Prisión (Soria & Armadans, 2009). Esto contrasta con un estudio de ^{Corach (2008)}, quien indica que solo el 16% de los encuestados eligió como pena las tareas comunitarias, mientras que la mayoría (46%) prefirió imposición de la prisión. De nuevo, una actitud favorable hacia medidas alternativas a la prisión parece asociarse con niveles más bajos de conservadurismo cultural y de apego a las tradiciones de cada país (Ruiz, 2014). Ello es una muestra del anclaje de las actitudes y representaciones sociales en la cultura (^{Parales & Vizcaíno, 2007}).

Desde la perspectiva de la población reclusa y de los funcionarios de vigilancia, ^{Sánchez y Mavares (2003)} mencionan que a pesar de las posiciones tan diferentes que ocupan los operadores y los reclusos(as) dentro del contexto carcelario comparten significaciones, simbolizaciones e interpretaciones comunes en cuanto a la administración de justicia penal, ya que la reconocen como una institución que tiene poder y que es necesaria socialmente para reducir las conductas delictivas. Sin embargo, por parte de los internos participantes se evidenció una percepción de ilegitimidad de este tipo de administración de justicia, no por su naturaleza misma, sino por las personas que la administran. Además, la prisión impone un estigma a quien ha pasado por ella, como lo muestra la teoría de labelling approach (^{Kaiser, 1988}), lo cual explicaría la desconfianza para contratar laboralmente a personas que han pasado por dicha institución, particularmente a hombres, reincidentes, de edad media o condenados por delitos sexuales o contra la vida (^{Ruiz, 2010}). Este tipo de reacción ante personas exconvictas podría explicarse por el miedo que generan ciertos delitos (Ruiz, 2010; 2014) y, en parte, por la falta de confianza en las políticas de tratamiento penitenciario para modificar la conducta de las personas condenadas, con relación al respeto de los derechos de los demás y a convivir sin cometer delitos.

Por su lado, ^{Gee (2006)} señala que, frente a los programas, los internos indican como necesidad principal el aumento de la intensidad de los mismos, en el marco de una actitud positiva hacia la implementación de los programas en general, actitud que también encuentra ^{Concha (2007)}, aunque está permeada con frecuencia por el interés de obtener beneficios penitenciarios. De otro lado, se halla una alta valoración por parte de los internos/as de la existencia de programas de aprendizajes funcionales para la libertad, es decir, que contribuyan con el acceso al trabajo al estar en libertad (Concha, 2007; Consulto-ría Universidad Nacional, 2012; ^{Escobar, 2008}; ^{Sotelo, 2012}). Ello plantea la pregunta sobre la funcionalidad, la forma y el objetivo que debe tener el tratamiento penitenciario, sobre el cual socialmente se duda con frecuencia de su eficacia (Concha, 2007; ^{Juárez, 2011}). Por ejemplo, puede ser que la institución diseñe un programa con una serie de beneficios o premios que no sean de interés real para la población reclusa, más motivada por otro tipo de reforzadores (^{Elejabarrieta, Pereda, & Ruiz, 2001}).

Todo lo anterior justifica la necesidad de conocer qué representaciones sociales del tratamiento penitenciario tienen los usuarios y aplicadores del mismo en el contexto penitenciario colombiano; tema sobre el cual no hay antecedentes en Colombia. En cambio, se ha señalado que la población penitenciaria colombiana no ha dejado de aumentar desde la década del 2010, sin que lo hayan hecho de forma proporcional los recursos correspondientes (Defensoría del Pueblo, 2010). Por ello, conocer qué representaciones sociales del tratamiento penitenciario sostienen la población reclusa y los funcionarios, y qué anclaje tienen tales representaciones en a) la posición social de cada grupo -internos/as vs. funcionarios/as-, b) el tipo de delito que motivó la condena y c) en el tipo de rol de cada funcionario -tratamiento, vigilancia, administrativo-; estos son los objetivos del presente trabajo. Ello permitiría detectar si tal RS del tratamiento penitenciario se acerca o no a lo establecido por la ley, o si se hallan resistencias a la aplicación de la intervención penitenciaria.

Método

Diseño y muestra

El diseño es de tipo descriptivo, correlacional y transversal, debido a que se calculan las frecuencias de palabras asociadas a un término inductor y se estudian las asociaciones entre el corpus de palabras y variables de estatus y tipo de delito, en una única recolección de datos por sujeto. La muestra fue de 485 trabajadores penitenciarios y 1240 personas condenadas, quienes respondieron al instrumento en el año 2011, en el marco de un proyecto sobre estrategias y procedimientos de tratamiento penitenciario en Colombia. Las muestras fueron por conveniencia, ya que la participación tanto de personas privadas de la libertad como de funcionarios/as era voluntaria, además procedían distribuidas en 11 establecimientos penales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC). Estos centros fueron el de Ibagué (7.8%), La Dorada (8.2%), Cómbita (9.2%), Reclusión de Mujeres de Bogotá (7.2%), el de Cúcuta (8.2%), Penitenciaría de Bogotá (6.2%, hombres), de Jamundí (8.9%), Barranquilla (7.1%), Bellavista (7.1%), Pedregal Hombres (4.3%), Pedregal Mujeres (5.3%), Girón (6.5%), Acacías (8.3%), Popayán (5.3%) y Rioacha (0.3%); cubriendo de esta manera las seis regiones o áreas del país en las que el INPEC agrupa administrativamente los centros a su cargo. En la Tabla 1 se presentan las principales características de la muestra.

Tabla 1 Características sociodemográficas de la muestra (DT: desviación típica). 

Nota. Los resultados de esta tabla se calcularon sobre el total de sujetos.

En los dos grupos de la muestra predominan los hombres. En el caso de los funcionarios, la proporción de mujeres es mayor que entre los internos, debido a que hay funcionarias a cargo de tareas de tratamiento (31.8%), administrativas (25.8%) u otras, en establecimientos de hombres y de mujeres. En cuanto a la edad, la media es algo más alta entre el grupo de reclusos, debido a que entre ellos hay internos que superan los 60 años (1.2%). Por otro lado, se puede apreciar que entre la muestra de reclusos, la mayoría tiene un nivel medio o bajo de educación, mientras que entre los funcionarios la mayoría posee un título universitario (se incluyen los postgrados). Entre estos, la mayoría pertenece al área de seguridad, siendo funcionarios de vigilancia y custodia, y el resto se reparte en actividades de tratamiento, salud, jurídicas y administrativas. Por su lado, entre los detenidos predominan los delitos de homicidio, tráfico de drogas en sus diversas modalidades y el hurto.

Resultados

La Tabla 2 presenta resultados de los análisis de frecuencias de las palabras que los sujetos encuestados escribieron con relación al término inductor «Tratamiento Penitenciario». Según su orden de frecuencia se puede apreciar que el tratamiento penitenciario se asocia principalmente con el concepto de resocialización y con las actividades/áreas básicas de dicho tratamiento: los programas de estudio, trabajo y educación.

Tabla 2 Palabras asociadas a tratamiento penitenciario. 

Además, el tratamiento penitenciario se asocia en muchos sujetos con el respeto, con actividades específicas como el deporte y lo religioso, también se menciona con frecuencia la psicología como una disciplina estrechamente ligada al concepto. Así mismo, se encuentra que el tratamiento penitenciario es asociado con calificaciones negativas por parte de ciertos encuestados: el tratamiento como una carencia, falacia, castigo o forma de humillar a los reclusos. Igualmente, cabe resaltar que la familia es una de las palabras asociadas a tratamiento penitenciario, así como comunidad o sociedad.

Teniendo en cuenta que los sujetos debían escribir hasta siete palabras relacionadas con el tratamiento penitenciario, se calculó el rango de aparición de las cuatro palabras más frecuentes. Para ello se obtuvo la frecuencia de estos vocablos en cada orden posible de aparición, dando como resultado los rangos promedios de cada uno de ellos, los cuales se muestran en la Tabla 3. Hay que recordar que el rango promedio es otro de los criterios de saliencia para identificar los elementos de la RRSS, constitutivos del nodo central (^{Vergés, 1994}), de acuerdo con la premisa de que los primeros términos que surgen espontáneamente en una tarea de asociación libre de palabras son más centrales. Según ello, se puede apreciar en la Tabla 3 que los términos «resocialización», «estudio» y «educación» tienen un rango promedio por debajo del rango medio teórico (4), y que la distribución de frecuencias se concentra en los primeros lugares -a menor rango, la palabra es escrita en los primeros lugares, lo que es indicador de su mayor centralidad con relación a las palabras escritas en últimos puestos.

Tabla 3 Rango promedio de las palabras asociadas con más frecuencia al tratamiento penitenciario. 

Los Campos de la representación social (análisis de clusters)

Con el programa SPADT se realizó un análisis de correspondencias múltiples con las palabras de la lista básica, presentadas en la tabla anterior, y, a continuación, sobre los primeros diez ejes del análisis de correspondencias. A partir del análisis visual del histograma de los índices de nivel, se llevó a cabo un análisis de clasificación jerárquica de las palabras en diez grupos. Estos se presentan en la Tabla 4 (hay que aclarar que el orden de presentación de dichas clases no obedece a criterios de importancia, sino a las salidas que arroja el programa).

Tabla 4 Agrupación de palabras asociadas a la delincuencia mediante análisis de clasificación jerárquica con SPADT. 

El anclaje de la representación social del tratamiento penitenciario

Se analizaron las diferencias en las palabras evocadas entre los dos grandes grupos que conviven en posiciones de subordinación, uno respecto al otro: internos/ as y funcionarios/as. En este orden de cosas, se exploró si había un vocabulario específico de los internos/as, de los funcionarios y, dentro de cada grupo, por cada tipo de delito o cargo, respectivamente. Por otro lado, el método proporciona otros coeficientes que, aunque sin valores de probabilidad estadística, son de interés descriptivo de las lógicas discursivas grupales. Entre estos coeficientes están: a) el promedio de palabras que los miembros de un subgrupo emplean en la respuesta a una cuestión, y b) un índice de diversidad o uniformidad del vocabulario, expresado en el porcentaje de palabras diferentes que un subgrupo expresa respecto a una cuestión, a partir del corpus resultante del agrupamiento y selección de palabras por su frecuencia, mas no del vocabulario original. Un mayor valor de este coeficiente indica mayor diversidad o heterogeneidad de términos, y, al contrario, un coeficiente más bajo indica unas evocaciones más pobres en cuanto a variabilidad expresiva, en ese subgrupo.

De acuerdo con lo anterior, se analizó las posibles diferencias de vocabulario entre funcionarios/as, penitenciarios/as y las personas condenadas (ver Tabla 5).

Tabla 5 Diferencias entre internos/as y funcionarios/as en las RRSS del tratamiento penitenciario (entre paréntesis, el coeficiente de variabilidad del vocabulario). 

Junto a cada palabra aparece el porcentaje que dicho vocablo representa en el 100% de palabras emitidas por cada grupo. Con relación a las personas condenadas, la Tabla 6 muestra las diferencias encontradas en cada tipo de delito con relación a la muestra total acerca de las evocaciones sobre el tratamiento penitenciario. En lo que concierne a los funcionarios penitenciarios, también se hallan representaciones sociales específicas de las áreas y cargos penitenciarios. Los resultados se muestran en la Tabla 7, aunque solamente se mencionan los subgrupos cuyas especificidades de vocablos arrojan coeficientes de valor test superiores a 2,0.

Tabla 6 Discursos específicos de las personas condenadas según su delito. 

Tabla 7 Discursos específicos de los servidores penitenciarios según su área de formación y cargo. 

Discusión

El artículo 142 de la Ley 65 de 1993 en Colombia reza que «El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad». Esta orientación es conocida tanto por los funcionarios, para quienes hace parte de su formación el dominio de la normativa penitenciaria, como por las personas condenadas, ya que al ingreso al establecimiento se les informa sobre el sistema progresivo o de fases en que se estructura la pena privativa de libertad y los mecanismos, dentro del tratamiento penitenciario, que permiten descontar condena y hacerse acreedor de beneficios penitenciarios.

No sorprende, por ello, que el núcleo central de la representación social del tratamiento penitenciario esté conformado por tres elementos expuestos en la norma: la resocialización como proceso para vivir en libertad y el estudio y la educación como acciones concretas que permiten el desarrollo por parte de las personas condenadas. Así, el nodo central «resocialización-trabajo-estudio-educación» organiza el resto de la representación social (^{Abric, 1993}), agrupando sus contenidos en una serie de campos semánticos, por medio de aquellos principios organizadores que postularon ^{Doise y colaboradores (1992)}, y que permiten hacer compatible la existencia de ese nodo central, compartido por la mayoría de las personas que se encuentran en prisión, con discursos o visiones particulares de los grupos involucrados en la vida y la organización de las prisiones. Por un lado, estos contenidos son tanto actitudes, ejemplos, acciones, emociones, adjetivos, verbos y sustantivos, en la línea de lo predicado por ^{Páez (1987)}; por otro, tales contenidos dan lugar a unos agrupamientos cuyo contenido permite revelar las dimensiones subyacentes al tratamiento penitenciario: a) deficiencias por corrupción, b) formas de maltrato, c) punición, d) negación de la existencia de tratamiento penitenciario, e) valoración positiva o regular, f) talleres específicos, g) valores en torno a un trato digno, g) áreas disciplinares y acciones, h) apoyo y resocialización, e i) el tratamiento como una utopía engañosa, una falacia. Los individuos van a estar más próximos a una u otra dimensión en función del status que ocupan en esta institución total que es la prisión y de necesidades específicas cuyo origen está, no pocas veces, fuera de la institución. Así, cada grupo va a prestar atención a seleccionar y asimilar las informaciones que son congruentes con esas posiciones, y, también, a ignorar otras informaciones, como lo revela el método de las especificidades en cuanto a las palabras o discursos que «no se dicen» al interior de cada grupo. Así, un grupo puede caracterizarse, en su anclaje de la representación social del tratamiento penitenciario, tanto por lo que se dice o expresa como por el silencio activo frente a otros elementos de la representación social que atentan de alguna manera a su estatus, creencias o informaciones previas y/o comportamientos.

En este sentido, un primer nivel de anclaje se relaciona con la diferencia de estatus que existe entre internos/as y sus cuidadores/interventores, los funcionarios penitenciarios. Así, los funcionarios mantienen una concepción del tratamiento penitenciario posibilista y confiado en la capacidad de acompañar y apoyar al reo en su proceso de resocialización. Esta representación social coexiste, al mismo tiempo, con discursos más críticos, provenientes de varias de las personas recluidas, quienes perciben en el día a día la escasez de programas penitenciarios, máxime en un contexto de hacinamiento que afecta a muchos establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia (^{Torres, 2014}), y que se ha agudizado en los últimos años. Ello hace que la mayoría de las personas condenadas participen, a lo largo de su encierro, en algún programa (Consultoría Universidad Nacional, 2012), pero con duración variable y objetivos discutibles desde el punto de vista de su utilidad, en ciertos casos. Además, con frecuencia la ejecución de estos programas se apoya en recursos institucionales y humanos externos a los establecimientos -universidades, iglesias, centros de capacitación-, ya que el número de profesionales dedicados al tratamiento penitenciario es escaso, de forma que solo en unos pocos casos el Consejo de Evaluación y Tratamiento, que es el órgano encargado de la evaluación y tratamiento de los internos e internas, está conformado por la mayoría de las áreas disciplinares que prevé la normativa penitenciaria -psicología, trabajo social, terapia ocupacional, educadores, juristas, etc. Ahora, un análisis más detallado por grupos de internos según su delito permite localizar con mayor precisión dónde se hallan las voces más críticas y los posibles factores explicativos de dicha oposición. Por ejemplo, los sujetos condenados por homicidio perciben más rechazo que otros internos y hacen menos referencias a programas específicos como «Misión Carácter» (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2014) o «Proyecto de Vida». Ello podría obedecer a varios factores: por un lado, aunque la categoría «homicidio» cubre una amplia diversidad de hechos en su modus operandi, a menudo este delito es fuente de estatus entre los internos/as; por otro, los autores de homicidio simple, como lo son la mayoría de los condenados por homicidio en el presente estudio, suele presentar alto rechazo de los padres, más experiencias vitales traumáticas, más dificultad de ajuste a la vida en prisión, mayor riesgo de suicidio y autoengaño, según un trabajo reciente con población reclusa similar (^{Ruiz, 2013}). Todo ello podría llevar a que tuvieran más dificultad en ser seleccionados para procesos de formación, capacitación o empleo en el centro penal y a que sean más rechazados por el personal penitenciario.

Por su lado, los autores de delitos sexuales, sobre todo con víctimas adultas, presentan también una alta probabilidad de psicopatología relacionada con el bajo apoyo de la pareja o de los padres, alto riesgo de suicidio, acumulación de eventos traumáticos de tipo personal, alto consumo de alcohol (83%), cocaína (37%) o marihuana (45%), lo cual se complementa con una tendencia al afrontamiento evitativo, impulsividad y percepción negativa del clima institucional (^{Ruiz, 2013}). Este grupo de condenados suele experimentar un elevado rechazo y un estatus bajo en el contexto penitenciario, lo cual es congruente con que se destaque la necesidad de «apoyo psicológico» en el marco del tratamiento penitenciario.

En lo que se refiere al tráfico de drogas, una proporción importante de las personas encarceladas por ese delito son amas de casa que resienten en la vida en prisión especialmente la distancia con la familia, sin presentar un consumo de sustancias psicoactivas más prevalente que otros grupos de internos, aunque sí niveles más altos de autoengaño y manipulación. Para estas personas, el tratamiento penitenciario se relaciona con aprender valores, pero también con valorar lo que se tiene en la vida. Ello contrasta con la concepción del tratamiento penitenciario como un simple proceso para aprender a vivir de acuerdo a las normas del centro, en los autores de hurto. Estudios previos indican que entre el 6% y el 10% de los delitos contra la propiedad en Colombia eran cometidos para obtener recursos para adquirir dosis de drogas (^{Ruiz, 2006}). Además, el hurto se asocia con una alta reincidencia y con una subcultura delincuencial, proclive a la justificación del delito y a los valores propios de la cultura carcelaria (^{Arturo, Aguirre, Ruiz, Henao & Hernández, 2002}), que incluye oponerse a los intentos rehabilitadores de la institución.

Por su lado, las posiciones específicas de los autores de delitos de cuello blanco son congruentes con su perfil sociodemográfico. La proporción de mujeres es mayor que en otros delitos (30%; frente al 6.9% condenadas por homicidio o el 14.1% por hurto), así como su nivel educativo, con al menos la mitad de la escuela primaria cursada y en un 20% con estudios universitarios. Estas personas son conscientes de la necesidad de buscar actividades de responsabilidad que permitan descontar tiempo de la condena, pero también de tener una buena comunicación con el equipo de funcionarios de tratamiento mediante la participación en programas. Por otra parte, los delitos de concierto para delinquir -planeación en grupo de un delito- y porte ilegal de armas, suelen ir asociados a otros delitos, como terrorismo, secuestro, hurtos en gran escala -asaltos a bancos-, planificación de asesinatos y participación en bandas de narcotráfico. Para estos sujetos, el tratamiento penitenciario no existe en realidad, mostrándose -los condenados por concierto para delinquir- preocupados por las relaciones con la familia y con ciertos aspectos de la vida en prisión, como la alimentación. Ello puede ser, por otra parte, un indicador del papel primordial que cumple la familia en el proceso de reinserción social de los internos/as.

Con relación a los funcionarios de las prisiones, diferentes trabajos han venido mostrando que el tipo de rol laboral en prisión se asocia con actitudes específicas hacia los reclusos y el tratamiento penitenciario, encontrándose que los funcionarios de vigilancia muestran actitudes más punitivas y atribuciones del delito más a causas internas que externas, con relación al personal de tratamiento (^{Ortet, Pérez & Lewis, 1993}; ^{Ruiz et al., 2004}) y estos muestran mayor satisfacción con la tarea y menos burnout que aquellos (Ruiz & Páez, 2001). Estas actitudes pueden ser inculcadas en los procesos de formación de unos u otros funcionarios. En los de vigilancia, para el caso colombiano, se hace especial énfasis en la seguridad, y en una visión del interno como el enemigo al que hay que controlar, en una organización que, a pesar de ser civil, reproduce una jerarquía militar en la cadena de mando (^{Banegas, 2013}). Entonces, se explica cómo los funcionarios de vigilancia y custodia, encuestados para este trabajo, se posicionan lejos del discurso oficial de la resocialización y sus aspectos conexos, como el compromiso, el apoyo y la educación. Sus respuestas son mucho más homogéneas en el personal de vigilancia que en otros segmentos de los funcionarios penitenciarios, a pesar de emitir un número similar de vocablos en la tarea de la asociación libre de palabras.

El sistema penitenciario y carcelario colombiano, representado en el INPEC, viene realizando en los años recientes un considerable esfuerzo en desarrollar, articular y mejorar procesos de evaluación e intervención con los internos hombres y mujeres, incluyendo la vinculación laboral de nuevos funcionarios con un mayor nivel académico en las diferentes áreas y el diseño de programas de intervención específicos para condenados por delitos sexuales, para el abordaje del autoengaño o para la gestión de espacios de comunidad terapéutica, entre otros (^{Ruiz, 2013}); estos se suman a los educativos y laborales que han prevalecido hasta el momento. En este sentido, el tratamiento penitenciario se asocia con el objetivo de la resocialización, que encuentra cierta oposición y visión crítica entre algunos grupos de reclusos. Entre los funcionarios está presente la concepción del tratamiento penitenciario como un proceso de acompañamiento al recluso, pero amarrado al enfoque educativo-formativo, muy conectado al modelo educativo social (^{Núñez, 1997}; ^{Redondo, 1997}), que dirige la intervención penitenciaria a suplir deficiencias de habilidades que presentan los internos/as. Sea un enfoque u otro el que predomine -pudiendo ocurrir, como sucede efectivamente, que varios modelos de intervención coexistan-, es necesario que los funcionarios penitenciarios compartan una misma visión de objetivos institucionales con relación a la función que debe cumplir la pena privativa de libertad y el tratamiento penitenciario. Ello no parece darse en la actualidad, cuando se aprecia que en los resultados obtenidos en los funcionarios de vigilancia hay cierta opacidad a mostrar su concepción propia del tratamiento penitenciario y resistencia a incorporar en su discurso términos relacionados con la resocialización y el apoyo a los reclusos.

Finalmente, siguiendo a ^{Páez (2003)}, se debe señalar que los sujetos se comportan de acuerdo con los aspectos que se representan de las situaciones, pero también según a los aspectos objetivos de las mismas. Por ello, las concepciones críticas o negativas de ciertos grupos de personas condenadas sobre el tratamiento penitenciario no deberían interpretarse solo desde una actitud de resistencia a los intentos institucionales de modificar o cambiar a los individuos, propia del código del interno (^{Pérez, 1994}), sino también como indicios de la carencia real de elementos básicos en la atención a las personas sentenciadas a penas de prisión, que hagan valer la afirmación de que «en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universales» (Art. 5, CPC). En este sentido, explorar de forma periódica las representaciones sociales sobre tratamiento penitenciario u otros temas de los centros penales, que generan y mantienen sus receptores y aplicadores, puede contribuir a aproximarse tanto a ese ideal como al logro de intervenciones efectivas, desde el punto de vista de la convivencia, la seguridad y la resocialización.