El abordaje

El surgimiento y expansión de la pandemia por el SARS-CoV-2 estuvieron acompañados desde un principio por estudios e investigaciones en ciencias sociales que indagaban por sus aspectos más relevantes. Inicialmente, nociones como la sindemia y el hecho social total se convirtieron en referencias ineludibles para dar cuenta de las características inéditas de esta pandemia (^{Horton 2020}; ^{Singer 2008}; Ventura, Pontes y Coimbra 2020). Uno de los aspectos dominantes en los primeros estudios es la relevancia de las desigualdades -económicas, laborales, de vivienda, de género, de acceso al sistema de salud- en la gravedad y muerte de los afectados. Al cambiante y continuo desarrollo de los saberes biomédicos y epidemiológicos, se les agregó la incertidumbre sobre los efectos de las diferentes políticas públicas y sanitarias implementadas a nivel local y global. Debido a las características de la pandemia por el SARS-CoV-2 y de las diferentes normativas preventivas que se aplicaron para regular y controlar la vida de las poblaciones, las metodologías y técnicas de investigación tuvieron que adaptarse creativamente tanto en la etapa de registro como en los análisis de los materiales disponibles y de los recursos habilitados para llevarlas a cabo (encuestas, entrevistas virtuales, sitios web, redes sociales, entre otros).

Con el fin de delimitar el problema de las acusaciones y denuncias en contextos de proximidad, este artículo se estructura en relación al caso del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a través del análisis de las cuestiones preliminares. En la delimitación y análisis del problema se integran y ensamblan materiales heterogéneos: antecedentes históricos, argumentos antropológicos, resultados de investigaciones, información de medios de comunicación, normativas, etc. Esta alternativa metodológica se impone para respetar las condiciones excepcionales de producción de este texto. Vale la pena aclarar que la temática bajo examen es difícil investigarla con las tecnologías disponibles durante el aislamiento. En este caso en particular, los abordajes y técnicas de investigación formarían parte del problema mismo a examinar, pues el uso de ciertas tecnologías para su indagación puede exponer a los sujetos a las mismas lógicas punitivas que se analizan.

Las fuentes de la información y estadísticas relativas a la salud han sido elaboradas y publicadas por sitios oficiales de gobiernos (nacionales, provinciales, municipales). Las informaciones relativas a las denuncias de proximidad fueron publicadas y difundidas a través de los medios de comunicación, específicamente a través de los periódicos y la televisión. En los medios se informó que sus fuentes estaban basadas en organismos oficiales (ministerios y secretarías de seguridad, de justicia, nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires).

Los materiales e informaciones que conforman el corpus de este trabajo, refieren principalmente al área metropolitana de Buenos Aires, que articula la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (provincia de Buenos Aires). Temporalmente el artículo se basa en la primera etapa del aislamiento preventivo y obligatorio (ASPO), que tuvo lugar desde el 20 de marzo al 9 de noviembre de 2020 en esta región, y hasta el 30 de noviembre 2020 en otras regiones del país. Para el comienzo del ASPO, el total de casos era 225 y hubo cuatro personas fallecidas. Para el fin de esta etapa del ASPO el total de casos sumaban 1 424 533 y 38 730 personas fallecidas (Ministerio de Salud de Argentina 2020).

Sobre acusaciones, sanciones y denuncias

Lo que nos hizo dichoso tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Atahualpa Yupanqui (El payador perseguido, 1964)

La rápida expansión de las diversas disposiciones para detener, menguar o ralentizar la pandemia por el SARS-CoV-2 en países de Latinoamérica ha incluido aparatos pedagógicos, de vigilancia, de rastreo y testeo de casos y de intervención sobre los afectados. Estos aparatos discursivos y de intervención, con diferentes gramáticas, oficializaban las normativas de prevención de modo universal y bajo la fórmula del imperativo. Su objetivo era garantizar la provisión de la atención médica, la subsistencia alimentaria y la supervivencia de aquellos sectores más expuestos a la infección y muerte. Las normativas incluyeron como tecnologías inherentes y estratégicas a su despliegue la vigilancia, denuncia, sanción moral y judicialización de las infracciones de las disposiciones y la delegación del poder de control a las fuerzas de seguridad y a otros representantes de instituciones del Estado.

La proliferación de denuncias públicas contra diferentes organismos del Estado por parte de personas y colectivos en zonas de marginación del área metropolitana de Buenos Aires tuvo lugar desde los inicios mismos de la pandemia. Estas se explican debido a la compleja combinación entre la profundización de la crisis económica preexistente y el confinamiento social. La mayor parte de las denuncias se focalizaron en las condiciones y disposiciones sanitarias y en la actuación de las fuerzas de seguridad en el ámbito de salud. A su vez, las denuncias tenían una correspondencia con fórmulas previas y locales de reclamo. Tanto las unas como las otras se refieren a la desigualdad en el acceso al sistema de salud, la falta de atención y/o de insumos médicos, las precarias condiciones materiales de vida (falta de agua, alimentos, recursos para la higiene, etc.), los abusos de poder y la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad¹.

Sin embargo, estas acusaciones y denuncias a los gobiernos quedaron relegadas y sepultadas por la exposición pública en medios de comunicación de miles de infracciones diarias de las normativas, en las que las fuerzas de seguridad cobraron un protagonismo central². La inundación de los espacios y medios públicos con estas infracciones redujeron la visibilidad de aquellas otras dinámicas más relevantes y urgentes (desigualdad en el acceso al sistema de salud, falta de cuidado y de atención respecto a otras enfermedades, desmantelamiento de economías y estrategias informales de obtención de recursos, desempleo, etc.) que se iban generando en los sótanos de la vida social bajo el régimen de confinamiento. En este complejo escenario fueron expuestos y diseccionados públicamente ciertos casos como ejemplos de peligrosidad, diseminación de la infección y amenaza a la salud pública; la mayoría se referían a infracciones de movilidad y reunión social. La exposición de los casos se convirtió en una suerte de modelo para armar en el que se aplicaban: 1) los saberes fragmentarios y cambiantes sobre el SARS-CoV-2, 2) las normativas, sanciones jurídicas y formas de penalización respecto a la infección real o posible, 3) la actuación de las fuerzas de seguridad y 4) los modos de responsabilizar, calificar y actuar sobre aquellas personas que eran susceptibles de padecer la infección y/o de transmisión del virus (^{Angulo 2020}). La repetición pedagógica de estos casos fue extrañamente cubierta con formatos y contenidos semejantes por autoridades y agencias comunicativas con diferentes intereses político-sociales. Desde diferentes sectores e instituciones, se invitaba a su reproducción formal e informal por diversos sectores sociales.

Una ola de prácticas y discursos de acusación y denuncia de persona a persona fue creciendo en los contextos de proximidad debido al potencial peligro de contagio a otros, sospecha de infección o infección en curso. En su difusión en los medios de comunicación, estas prácticas decían ser realizadas por sujetos individuales y colectivos: vecinos, personas cercanas y (des)conocidas en medio de los particulares contextos del confinamiento social. Entre las acciones que empezaron a hacer los grupos y las personas encontramos: la observación y vigilancia de otros, el señalamiento y acusación interpersonal de casos sospechosos, el escrache y exposición pública sin preservación de la identidad de afectados (en redes sociales, medios de comunicación, etc.), la denuncia de otros por los diferentes canales habilitados por las autoridades en organismos de gobierno a tal fin, las amenazas de realizar denuncias, las denuncias judiciales efectivas e incluso las contradenuncias de los afectados. Solo las denuncias y amenazas contra los profesionales de la salud fueron objeto de intervenciones legales orientadas a su protección frente a la propagación de estas prácticas (^{Zunino 2020}). El lenguaje y las fórmulas de estas acusaciones, son versiones modificadas de los discursos oficiales y las disposiciones normativas. La reproducción, sofisticación y profundización de las acusaciones y denuncias, incluyeron desde ataques y daños materiales a los afectados, la expulsión forzada de personas y familias afectadas de viviendas y/o barrios, hasta las consideradas bromas por falsas denuncias a personas no afectadas o personas no existentes³. En un contexto de más de 40 % de pobreza, 10 % de indigencia y desigualdad social y económica extrema, las presentaciones públicas de estos modelos estaban orientadas a una particular lógica de cuidado atravesada por lo punitivo. La lógica imperante era “servir a los gobiernos a cuidarnos” a través de la denuncia de otros, complementada con el cuidado de sí, como forma privilegiada de cuidar a otros. Considerando los cambios de características y desafíos en la dinámica de la pandemia, estas prácticas se fueron desdibujando en los medios a mediados del 2020 cuando las cifras de infección, muertes diarias y acumuladas cobraron centralidad, aunque persistieron bajo otras formas e intensidad hasta el presente.

Aunque inéditos en sus características, escalas y formas de articularse entre sí, algunos de estos procesos han operado en diferentes problemas de salud y epidemias (^{Crawford 1994}; Farmer 1992; Grimberg 1995; ^{Pecheny 2001}). Sin embargo, a diferencia de la pandemia por el SARS-CoV-2, en otras epidemias y dolencias tanto las acusaciones, denuncia y judicialización, como la estigmatización y discriminación que expresan, han sido objeto de claras y tajantes intervenciones por parte del Estado, del activismo en salud y de organismos no gubernamentales para proteger a los sujetos y conjuntos de personas afectados por estas prácticas.

La problematización antropológica del creciente protagonismo de la judicialización y de la cultura de la legalidad en diferentes órdenes de la vida social ha incluido inevitablemente el campo de la salud (^{Comaroff y Comaroff 2006}). Una amplia literatura antropológica se ha producido acerca de los modos de judicializar problemas específicos de salud y de las formaciones jurídico-sanitarias creadas en Latinoamérica durante las últimas décadas (^{Biehl 2013}; ^{Parker 2009}). Cuando las denuncias y judicialización han entrado en escena en este campo la orientación general ha sido las demandas contra Estados, instituciones, empresas e instituciones de salud. Además, aquellas denuncias y judicializaciones que se focalizaron en sujetos individuales mayormente han tenido lugar en la penalización de problemas de salud (consumo problemático de drogas, aborto, etc.) o, más recientemente, en litigios entre personas por transmisión de enfermedades infecciosas. Tanto en un caso como en el otro estas acusaciones hacia sujetos han sido ampliamente cuestionadas en su eficacia, objetivos y consecuencias para los derechos humanos, la salud y la supervivencia (^{Inchaurraga 2003}; ^{Tarducci y Daich 2018}; Unaids 2013).

Situar dentro de esta breve cartografía el problema de las acusaciones, sanciones morales y denuncias de persona a persona en el contexto del confinamiento social hace posible delinear de forma preliminar algunas de las cuestiones sobre sus características inéditas. En primer lugar, las técnicas de acusación y denuncia en los contextos de proximidad se convirtieron en estrategias habilitadas y legitimadas oficial, jurídica y públicamente. Estas técnicas, por demás, se corresponden con las tecnologías de vigilancia, sanción y judicialización inherentes a la formación sanitaria-jurídica-policial que fundó los confinamientos. En segundo lugar, en estas técnicas de acusación y denuncia confluyeron la popularización y traducción simplificada de saberes biomédicos y epidemiológicos incompletos, parciales, contradictorios entre sí y en desarrollo incierto. En los casos de las denuncias, estos saberes fueron filtrados por la codificación de la legislación penal. La apropiación colectiva y subjetiva del idioma epidemiológico y jurídico y de las prácticas de vigilancia serían una suerte de privatización de los idiomas y prácticas usadas por el Estado para justificar, controlar, denunciar y sancionar cuestiones relativas a la infección, enfermedad, vida y muerte. Además, estas prácticas inevitablemente comprometieron -o fueron contraproducentes- a las acciones preventivas y de cuidado.

Resumiendo, el desarrollo de estas prácticas expresa y traduce en la microescala del aislamiento una rápida y profunda reorientación de los vínculos entre salud pública, sanciones morales, legislación penal y fuerzas de seguridad, con una incierta y progresiva evolución respecto de la salud y la sociabilidad en general. En lugar de continuar las políticas y tradiciones de salud pública usadas anteriormente en Latinoamérica, estos abordajes mezclan e incluso subordinan lo sanitario a las cuestionadas fuerzas de seguridad locales. A través de esta subordinación se universaliza a escala nacional las tradiciones que durante décadas se han malformado en la gestión de las poblaciones en zonas de marginación social.

Sobre la ley y la judicialización

Desde décadas atrás, la ley, la ilegalidad y la transgresión, han sido problemas recurrentes en los argumentos que buscan explicar las complejas realidades en Latinoamérica y Argentina (^{Foucault 2006}; ^{Nino 2005}; O’Donnell 2002). Sin embargo, la creciente relevancia de la ley, de los aparatos jurídico-legales y de la judicialización respecto a diferentes órdenes de la vida social han adquirido mayor visibilidad en los abordajes antropológicos en el sur global (^{Epele 2008}a; ^{Tiscornia, Kant de Lima y Eilbaum 2009}). La judicialización, es decir, el proceso de subsunción bajo el aparato jurídico de diferentes áreas de experiencia social (saberes, idiomas, prácticas, lógicas, sujetos, etc.) que antes eran reguladas por otras prácticas e instituciones, ha cobrado central relevancia en los argumentos antropológicos contemporáneos. De acuerdo con Jean y John ^{Comaroff (2006)}, la creciente importancia de la ley y la judicialización en el sur global, paradójicamente acompañada de un desorden generalizado, se manifiesta en la constante referencia a las leyes y a tecnologías jurídicas en diversos procesos y experiencias, desde los discursos públicos hasta la lucha de minorías sociales. Esta reorientación la denominan cultura de la legalidad, noción que refiere a la creciente apelación a la ley, lo judicial y sus ficciones de poder como una instancia para dirimir conflictos no solo entre personas, sino en los vínculos con los estados, el mercado, los gobiernos y diversas instituciones (escolares, de salud, etc.). Además, sostienen que la cultura de la legalidad y la judicialización en clara expansión pareciera ofrecer un patrón simple de conmensurabilidad de experiencias, dolencias y daños heteróclitos. Dicha cultura individualiza y desagrega las tramas sociales y transforma a las personas y colectivos en sujetos legales, entendidos en términos de lenguajes y categorías jurídicas, jurisprudencias y jurisdicciones nacionales y/o globales. Los vínculos sociales, próximos, íntimos y hasta de los sujetos consigo mismos quedan impregnados tanto con estos lenguajes y técnicas jurídicas, como con las moralidades, penas y culpas que multiplican (Comaroff y Comaroff 2006).

El campo de la salud no ha sido una excepción en la avanzada de la legalidad y la judicialización. Desde hace años se vienen forjando nuevos vínculos entre problemas de salud, la biomedicina, los mercados de tecnologías en salud, las legislaciones, el aparato de justicia y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas articulaciones no son algo nuevo. Mientras que algunos dominios de salud/enfermedad han registrado una intensiva articulación -si no superposición- de lo jurídico y lo sanitario, otros continuaron subsumidos solo a la biomedicina y/o prácticas legas tradicionales. En esta genealogía, a su vez, se dibujan períodos históricos de mayor asociación y naturalización de los vínculos entre los modos de abordaje jurídico-legales y de salud, frente a otros de máxima crítica y diferenciación entre los campos.

Diferentes estudios han señalado que cuando ciertas dolencias se subsumen al campo jurídico-legal surgen dificultades inherentes a este proceso. Por un lado, encontramos el proceso de traducción y codificación de los saberes expertos (biomédicos, psiquiátricos y/o psicológicos) en términos de facticidad jurídica y en un régimen de verdad legal (^{Foucault 2005}). Dicha traducción modifica las condiciones epistémicas, ontológicas y de género que los había modelado previamente (^{Petryna 2002}). Por otro lado, incluye la transformación de, primero, los sujetos reales en sujetos codificados por la ley y, segundo, la determinación del grado de conocimiento que las personas tienen sobre las dolencias en cuestión y las leyes y las normativas que las regulan. Los ocasionales obstáculos en esta traducción y codificación surgen del carácter fragmentario, e incluso contradictorio, de ciertos saberes biomédicos y de las dificultades de probar en términos jurídicos que el sujeto en cuestión no solo dispone de la información, sino que ha tenido un comportamiento identificable y categórico en relación a la dolencia (^{Biernat 2018}).

Desde los estudios sociales de la ciencia, estas dificultades en la traducción de evidencia empírica en prueba jurídica son consideradas como algo inherente a la producción del conocimiento científico. Ahora bien, dicha dificultad resulta más evidente cuando emerge una nueva dolencia o enfermedad. Como se ha señalado, el conocimiento científico es indisociable de: 1) la tecnología que interviene en su producción, 2) las políticas que lo legitiman e instituciones que lo validan, 3) las lógicas de poder que lo subsumen, 4) las respuestas sociales que genera, 5) las economías y los mercados que lo regulan y 6) los modos en que las poblaciones demandan tanto por daños en la salud, como por las eventuales muertes en contextos específicos (^{Petryna 2002}). Así, los modos de judicializar comportamientos vinculados a problemas de salud, no solo son complejos y de incierta evolución, sino que desde hace décadas se han mostrado mayormente indecidibles. Por ejemplo, los análisis históricos hechos frente a la infección de sífilis bajo el higienismo de la década de 1930 mostraron que las judicializaciones hechas por varones a trabajadoras sexuales generalmente no llegaron a ningún destino, entre otras cosas porque no se podía probar que las mujeres conocían el mecanismo de transmisión (^{Biernat 2018}). Las perspectivas acerca de las dolencias que elaboran los sujetos no se corresponden linealmente con los saberes biomédicos, sino que estos son traducidos y reapropiados bajo las coordenadas de los modos de vivir, entender y sufrir bajo tradiciones locales y contextos histórico-económico-políticos particulares (^{Margulies 2014}).

Cuando el aparato jurídico-penal entra en juego en el campo de la salud, la complejidad de los procesos y de sus consecuencias se multiplican. En aquellos casos en que las disposiciones de confinamientos para regular la pandemia por el SARS-CoV-2 contemplan normativas que refieren a figuras del código penal, la situación se complejiza a niveles desconocidos y con un devenir por completo incierto. Por un lado, la delegación a las policías y fuerzas de seguridad de la gestión de los confinamientos han mostrado todo tipo de los abusos y violencias ya conocidos en esta región (abusos de autoridad, gatillo fácil, etc.) (^{Tiscornia 2004}). Por otro lado, el conocimiento biomédico sobre el SARS-CoV-2 era -y sigue siendo- incompleto, cambiante y en permanente evolución. Aunque la judicialización se realice o sea potencial la referencia a la penalidad y a la criminalización ha inaugurado nuevos modos de anudar lo jurídico-sanitario-policial, que trastocan y exceden los modos habituales de judicializar en salud. Particularmente, estas formaciones han contaminado las relaciones de proximidad en vez de nutrirlas y multiplicarlas con otros lazos, idiomas y prácticas que, de hecho, han sido los reales protagonistas de la asistencia y supervivencia bajo el régimen de confinamiento.

La multiplicación de las penas

Cuando la legislación penal entra en escena con respecto a ciertos problemas de salud, los modos de vida de los sujetos afectados se ven contaminados por el aparato jurídico-penal-policial. La definición de los conceptos de penalización y criminalización elaboradas en investigaciones previas adquieren en este contexto una relevancia central. Por un lado, la penalización refiere a la denuncia y judicialización de prácticas y acciones relativas a ciertos problemas de salud cuando son subsumidas bajo la esfera de la legislación penal. Por lo tanto, la penalización implica una traducción e inclusión de lo sanitario a la lógica jurídica y de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, la criminalización refiere a procesos sociales más complejos, amplios y de incierto devenir que transforman los modos de vivir, entender, expresar, vincularse, reconocerse a otros y a uno mismo, cuando ciertos dominios de vida y/o afecciones son subsumidas a la ley penal. La criminalización enfatiza las diferentes consecuencias que tiene la transformación de las coordenadas de referencia de ciertos padecimientos y de los conjuntos sociales afectados por los mismos, cuando quedan contaminadas por denuncias, sanciones morales, culpabilización, sospechas, denuncias y/o eventuales judicializaciones (^{Epele 2010}). Al poner el foco en la criminalización, se exponen las maneras en que las lógicas de desigualdad política, económica, de género y de acceso a los sistemas de salud, modelan y orientan las direcciones de la sospecha, de la acusación, la denuncia, la sanción social y la impunidad en diversos contextos sociales y sanitarios (Epele 2007; ^{Inchaurraga 2003}).

Cuando se despliega la criminalización respecto a un problema de salud, este proceso tiene múltiples y amplias consecuencias para las personas afectadas y para los modos de entenderlo y abordarlo tanto por las instituciones como por la sociedad en su conjunto. Además, lejos de ser sujetos pasivos, las personas y los colectivos afectados, responden de diferentes modos frente a la acusación social, moral y legal. Estas respuestas de los sujetos suceden, aunque una judicialización efectiva no se dé en todos los casos, ni siquiera en la mayoría. Frente a la vigilancia y la posibilidad de sanción moral y penal, las personas afectadas desarrollan progresivamente modos alternativos a los legitimados por la ley. Estos se caracterizan por 1) ocultarse a las miradas de los otros, 2) transgredir las disposiciones, 3) refugiarse en zonas de marginación, 4) distanciarse socialmente de cualquier representante del Estado y personas que podrían acusarlos, 5) desplegar estrategias discursivas para comunicarse sin revelar cualquier información que desencadene en discriminación, estigmatización o sanciones morales y judiciales y 6) desarrollar prácticas y saberes informales de cuidado con diferentes niveles de (in)eficacia. Dichos saberes de cuidado en ocasiones integran algunos aspectos de las normativas con otros legos y de tradiciones populares. Es decir, a través de los saberes se contextualiza la normativa para hacerla sensible a las condiciones de vida (^{Epele 2008}).

Las personas y conjuntos expuestos a la criminalización pueden ver comprometida su salud y supervivencia. Por lo tanto, estos sujetos individuales y colectivos desarrollan respuestas sofisticadas al sistema de salud y a las normativas sanitarias. Entre ellas encontramos: la desconfianza frente a los profesionales y el sistema de salud, las dudas acerca de los objetivos político-sociales de las normativas de cuidado, el deslizamiento e inversión del significado de los mensajes preventivos, la postergación de la consulta y la búsqueda de atención solo cuando las condiciones de la enfermedad se extreman. La relevancia variable de algunas de estas prácticas en determinados sectores sociales se corresponde con los modos históricos en que las lógicas de poder, los sistemas de salud y las fuerzas de seguridad han accionados sobre dichos sectores. El revuelto complejo entre prevención sanitaria-punitiva, rehabilitación represiva, encierros sufridos y dolencias criminalizadas facilita y favorece el gobierno de poblaciones en zonas de marginación. Al mismo tiempo, este complejo fragiliza la salud, vulnera los derechos y promueve la muerte-joven y evitable (^{Epele 2007}).

Según la experiencia de décadas de la epidemia por el VIH, la apelación a la judicialización penal de la infección de persona a persona es considerada no solo como ineficaz sino también como contraproducente en materia de prevención y de cuidado de la salud. Dicha consideración es resultado de los análisis hechos por organismos internacionales como Unaids y la OMS en países tanto del norte global, como, aunque con solo pocos casos, en países el cono sur (^{Mannino 2015}). De acuerdo con estos organismos, la criminalización tiene las siguientes consecuencias: 1) contradice los mensajes de salud pública respecto a la prevención y el cuidado, 2) establece una ruptura con el criterio de prevención basado en el supuesto de universalidad del posible contagio y por lo tanto del cuidado, 3) transforma la prevención en el control y vigilancia de grupos sociales específicos, lo que promueve la discriminación y estigmatización, 4) genera un sentido de seguridad ficticio y falso que está vinculado al desplazamiento de la responsabilidad del cuidado desde los vínculos sociales y de sí hacia la ley, la autoridad pública y las fuerzas de seguridad, 5) quiebra la confianza entre profesionales de la salud y pacientes, 6) promueve la evitación y/o rechazo de la realización de pruebas, diagnósticos y tratamientos respecto a la afección, 7) refuerza el estigma, la discriminación y la marginación laboral y social y 8) racializa las estrategias criminalizadoras y afecta con mayor extensión a las poblaciones marginadas y minorías (Onusida 2008; Unaids 2013).

En esta breve revisión de las consecuencias de la criminalización de problemas de salud, se puede destacar su carácter ineficaz y contraproducente respecto a los objetivos relativos a la salud pública. Esta criminalización en todos los casos favorece el sometimiento forzado a arbitrariedades de gobiernos y fuerzas de seguridad, las cuestionables gestiones de vida y muerte, los conflictos y litigios entre personas y la fragilización de las tramas sociales.

Trabajar en contextos castigados

La acumulación de décadas de investigaciones, políticas e intervenciones diagnósticas y preventivas en salud pública exigen una revisión profunda del trabajo antropológico, de su metodología y viabilidad bajo los regímenes de confinamiento que, en sus diferentes variantes, tienen la criminalización como una de sus bases. Es necesario considerar que la viabilidad, fiabilidad y potenciales efectos deletéreos se extreman cuando el objeto del análisis es la acusación, la sanción moral y la denuncia judicial y sus derivados, como es el caso de las denuncias persona a persona en contextos de proximidad.

En el trabajo antropológico sobre malestares y afecciones de salud, los modos de abordaje, los vínculos con las personas afectadas, los modos de análisis y registro de la información son sometidos a revisión y análisis exhaustivo respecto de la calidad y fiabilidad de la información producida. Asimismo, dichos trabajos son revisados para evaluar los efectos y consecuencias posibles para aquellas personas con las que se trabaja de forma colaborativa en contextos sociales específicos. Como innumerables estudios han señalado (^{Bourgois 2002}; Bourgois, Lettiere y Quesada 1997; ^{Epele 2008}b; ^{Koester 1994}; ^{Singer 1998}), cuando se trabaja con personas y grupos afectados por problemas de salud eclipsados por cuestiones de normatividad extrema, acusación social, sanción moral, penalización y criminalización, se deben contemplar ciertas cuestiones metodológicas y técnicas para evitar que el trabajo antropológico reproduzca las expectativas sociales y normativas y profundice las consecuencias de estos procesos en las personas y conjuntos que los padecen.

Por un lado, en ciertas aflicciones y conjuntos sociales afectados por las mismas se sedimentan, intensifican y expresan, a veces con crueldad, ciertas normatividades referentes al dominio de experiencias en las que emergen las dolencias. Si bien este es un problema inherente a toda experiencia social, en zonas de intensa normatividad confluyen diferentes disposiciones (expertas, religiosas, legas, híbridas, etc.) que afectan y son apropiadas por diversos conjuntos sociales bajo el formato del imperativo universal, es decir, sin contemplar las condiciones materiales de vida, las tradiciones locales y las políticas de enunciación en sectores segregados. Cuando se abordan desde la antropología y las ciencias sociales, los modos de narrar las experiencias y aflicciones tienden mayormente a ajustarse a las respuestas que las propias personas consultadas consideran como “adecuadas”, “normales” y “saludables” guiadas por los profesionales que las realizan y los discursos dominantes. Por otro lado, ciertas aflicciones se convierten en objeto de discursos públicos y de metáforas cargadas de sanciones sociales y acusaciones morales, en ocasiones contradictorios entre sí. En estos casos, las personas afectadas se convierten en el blanco de procesos colectivos de culpabilización y responsabilización. Por tanto, estas personas suelen verse empujadas a desarrollar acciones y producciones simbólicas para evitar ser incluidas en las categorías estigmatizadas. Además, hay otras afecciones de salud que incluyen ciertos comportamientos que han sido ilegalizados penalmente. La aproximación antropológica no solo debe contemplar los efectos de la penalización (no revelación de información, ocultamientos, etc.), sino también diseñar estrategias de documentación y análisis que impidan exponer a los sujetos a la autoincriminación respecto de aquellas prácticas criminalizadas que son exploradas.

Las etnografías in situ, es decir, en los mismos contextos sociales en los que ciertas afecciones tienen lugar y las personas afectadas viven, han tenido un rol central para poner en evidencia los alcances de estos procesos (^{Bourgois, Lettiere y Quesada 1997}; ^{Epele 2010}). A diferencias de otros métodos cualitativos, la inmersión y la observación-participante se han convertido en un enfoque estratégico. No solo permiten documentar las prácticas y perspectivas de los propios actores sociales a escala de sus condiciones materiales y sociales de vida, sino que también muestran las dificultades teórico-metodológicas que incluyen otros enfoques cuali-cuantitativos (Epele 2010). Con la etnografía se ha podido documentar que las encuestas y entrevistas incluyen amplios e inciertos márgenes de error en la investigación de estas temáticas. Dichas herramientas producen como efecto secundario una profundización de las distancias entre las expectativas de los investigadores y las experiencias propias de los sujetos que se está investigando. Las distorsiones de magnitud desconocida no se pueden entender en términos de lógicas de verdad-mentira, es decir, de engaños calculados o instrumentalidad en la enunciación. Esta mirada vuelve a situar el problema del lado de la gente con la que se trabaja. Es una mirada que busca eludir la problemática de la artificialidad de los instrumentos y su mimetización con las intervenciones por parte de representantes del Estado, profesionales de salud y de las fuerzas de seguridad. Esta abrupta caída de los poderes de resolución de entrevistas y encuestas no es algo que puede “arreglarse” fácilmente con alguna sofisticación en las preguntas, con modificaciones en las secuencias de indagación o en los recursos retóricos de enunciación.

Además del problema de la confiabilidad de la información en el estudio e intervención de problemas de salud que están sujetos a la criminalización y penalización, deben considerarse las particularidades de los dispositivos legales-jurídicos que atraviesan los contextos histórico-políticos específicos. Específicamente, los medios por los que circula la información deben ser lo más confiables posibles, es decir, por fuera de los circuitos de vigilancia y de ciber-patrullaje a las que ciertas tecnologías y redes sociales están expuestas.

Para que los abordajes se adecuen a estas temáticas, se hace ineludible repensar el trabajo antropológico. No solo se debe comprender como un ejercicio colaborativo con la gente, sino que también se debe entender como un quehacer que implica tiempo. En estos estudios el tiempo es necesario para, como investigadoras, poder ser afectadas por los modos de vida de las personas y encontrar con los mismos actores sociales las maneras en que traducen sus experiencias a diferentes públicos para evitar dejarlos expuestos, sujetos a sanciones y criminalizaciones. Los sujetos individuales y colectivos tienen perspectivas y experiencias previas con gente que hace preguntas. Esto puede incluir investigaciones que han venido de la mano de otras agendas y objetivos. En el trabajo en zonas de marginación, las condiciones de extrañamiento se invierten. Las antropólogas entran a esa categoría de “aquellas personas” que pueden dejarlos expuestos a la mirada y sanciones de otros.

Consideraciones finales

Y así, seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos pa’ que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Atahualpa Yupanki (Los hermanos, 1953)

Teniendo como meta la delimitación del problema referido a acusaciones, sanciones y denuncias de persona a persona bajo el régimen de confinamiento, este trabajo interroga y problematiza ciertas cuestiones preliminares necesarias para su abordaje. La importancia de implementar disposiciones tempranas de prevención, cuidado y asistencia respecto de la pandemia es indiscutible. De igual forma, es vital la necesidad de facilitar los recursos materiales para la supervivencia inmediata de los conjuntos sociales más afectados por la profundización de las crisis económicas. Sin embargo, es igual de importante y urgente considerar la materia de la que están hechas las disposiciones, las decisiones sobre a quiénes se delega el poder de hacerlas cumplir y sancionar sus infracciones y la sensibilidad que se tiene respecto a contextos y poblaciones específicas. A la misma escala de importancia, se hace ineludible considerar qué tipos de tensiones (contradicciones, interferencias) tienen estas normativas con las campañas sanitarias relativas al cuidado, los dispositivos ampliados de asistencia, la publicación de estadísticas de contagios y muertes. De igual forma es indispensable analizar las especificidades y adecuaciones que tiene cada contexto particular.

Este problema no es algo nuevo. Desde la constitución misma de la antropología de la salud, este problema se ha actualizado de diversas formas, con diferentes rostros, regiones, contextos y coyunturas histórico-política-económicas. La importancia de considerar en detalle la naturaleza de las intervenciones no solo es relevante en catástrofes de salud, sino también en dolencias en apariencia menores y que afectan a personas particulares. Como ciertos trabajos clásicos señalan, cuando el tratamiento a algunas dolencias fuerza a las personas a interrumpir sus rutinas cotidianas, les producen sufrimientos, convierten sus cuerpos en objeto de diferentes saberes y prácticas y se instala la incertidumbre sobre su evolución y muerte posible, inevitablemente irrumpen ciertos interrogantes sobre los sentidos de sus vidas. Generalmente, las personas se preguntan sobre el porqué de las enfermedades. Como parte de estas interrogaciones, se revisan las prioridades y justificaciones de sus modos de vivir, antes alineadas y alienadas por los destinos que las agendas político-económicas han envasado y vendido en trayectorias de vida (^Kleinman1991; ^{Taussig 1992}; Young 1997). De acuerdo a Taussig (1992), esta particular ruptura sentida al resquebrar los cimientos de las vidas convierte a las personas en sujetos más maleables y dependientes. Este resquebrajamiento las deja más expuestas a que se les “hagan carne” de diversas doctrinas y prácticas epistemológicas y ontológicas, en particular de las biomédicas y del capitalismo. Además, y siguiendo a ^{Scarry (1985)}, las intervenciones directas y crueles sobre los cuerpos, son consideradas como antiguas tácticas para hacer real y ganar facticidad, reconocimiento y legitimidad por parte de regímenes de poder ilegítimos o de frágil institucionalidad.

Es evidente que ciertos aspectos de estos argumentos han perdido pertinencia y eficacia con los años. Específicamente, son ya antiguas las formas que en estos argumentos asumen las disputas entre la antropología y la biomedicina. Dichas tensiones estaban planteadas en un escenario previo a la proletarización de los profesionales de la salud, el protagonismo central de las industrias farmacéuticas, la radical desigualdad en el acceso a sistemas eficientes de cuidado y salud y la generalización de democracias en la región. Estas perspectivas, sin embargo, siguen teniendo relevancia y arrojando luz sobre las experiencias de sufrimiento y de enfermedad, específicamente, en contextos catastróficos como los actuales. Bajo estas condiciones, el miedo, desasosiego, angustia e incertidumbre se convierten en tierra fértil tanto para el surgimiento de formas de vivir de otro modo, orientadas al bienestar y al bien común, como para la proliferación táctica de lógicas de poder que las sofocan en su emergencia misma, desdibujan su potencial y las encarrilan nuevamente hacia aquellas formaciones que las lógicas de poder usufructúan, explotan y saben gobernar.

Volviendo al problema de las acusaciones y denuncias en contextos de proximidad, el examen de las cuestiones que lo atraviesan en la microescala del aislamiento no solo expresa las rápidas y profundas reorientaciones de los vínculos entre salud pública, sanciones, legislación y fuerzas de seguridad. Este examen también abre la interrogación, desde un lugar ex-céntrico a los binarismos oposicionales acerca de los modos en que estas prácticas traducen y reproducen lógicas acusatorias entre facciones radicalizadas que contaminan la sociedad a macroescala. Dichas lógicas acusatorias comprometen el bienestar, supervivencia y la misma posibilidad de sociabilidad presente y futura. Por último, y lo que es más importante, se hace ineludible para avanzar e innovar “volver al futuro” (^{Quijano 2014}). Se hace necesario situar los difíciles desafíos y gestionar los inéditos problemas de proporciones catastróficas que la pandemia y los confinamientos han provocado, a la luz de los horizontes que las realidades y tradiciones de salud y de cuidado de la región proyectan, los pensares-sentires que las han forjado (^{Escobar 2016}), y la historia de emergencias sociales que las han modelado.