Introducción

La justicia, como uno de los bienes primordiales en toda sociedad, busca no solo regular la interacción entre sus integrantes y fomentar un comportamiento armonioso, sino brindar confianza en la existencia y fines del grupo social y sus instituciones. No en vano, ^{Rawls (2012, p. 3)} considera la justicia como "la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es a los sistemas de pensamiento" y ^{Sen (2010, p. 24)} la contempla como "la mínima moralidad humanitaria que gobierna nuestra relación con todos los demás".

De esta forma, la justicia se torna en un instrumento de normativización que permite la protección balanceada de los derechos, libertades, deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Así mismo, se convierte en un fin al transformar la sociedad en un "complejo autónomo de estructuras político-sociales que intermedian las acciones de los individuos o los grupos con las formas organizadas e institucionalizadas del poder" (^{Wolkmer, 2002}, p. 136).

Ahora bien, la supremacía de la justicia y su correcta administración están ligadas a su legitimidad ante los ciudadanos. Aunque la justicia conlleva una determinada subordinación del grupo social al Estado como sistema de poder, solo a través de la legitimidad se "consolida su existencia y determina [su] naturaleza [como] medio de dominación" (^{Weber, 1964}, p. 171). De forma similar, tal como lo sugiere ^{Held (1991, p. 184)}, "la legitimidad del Estado se funda predominantemente en la autoridad legal, en el compromiso con un código de regulaciones legales", por lo cual es necesario "trascender la mera validez de las normas jurídicas buscando la legitimidad (justicia) de la legalidad" (^{Del Hierro, 2013}, p. 185).

No obstante, para Colombia, un país cuya historia ha estado marcada por un conflicto armado interno y múltiples escenarios de negociación, la legitimidad de la justicia se convierte en uno de sus mayores desafíos para lograr un escenario de reconciliación. La presunta inefectividad de la justicia colombiana frente los hechos de violencia, violaciones a los derechos humanos y episodios de victimización ha generado en los ciudadanos una desconfianza del 74 % en el sistema judicial nacional (^{Gallup, 2019}, p. 94), así como una tendencia a tomar la justicia por mano propia para contrarrestar la impunidad (^{Mojica Rozo, 2018}; ^{Guerrero, 2003}; ^{Villa Gómez, 2013}).

Este desafío de la justicia en Colombia -recobrar la legitimidad y el reconocimiento por parte de los ciudadanos para lograr una adecuada administración de justicia- se torna aún más complejo en razón de que las instituciones y principales actores de la sociedad (Congreso, partidos políticos, altas cortes, organismos de control y medios de comunicación, entre otros), llamados a promover la legitimidad de la justicia, tienen niveles de entre 40 % y 80 % de desaprobación (^{Gallup, 2018}, 2019). Esta situación, aunada a un negativismo de más del 65 % sobre el futuro del país (^{Yanhaas, 2019}, p. 31), dificulta aún más el retorno de la confianza de los ciudadanos en la prevalencia de las leyes y extiende el escepticismo sobre la legitimidad de la justicia, situación a todas luces inconveniente para la reconciliación en Colombia.

Sin embargo, el escenario para la justicia en Colombia aún cuenta con posibilidades para la mejora de su legitimidad, una de las cuales está en la academia. En efecto, para los autores de este artículo, la academia es un actor primordial -aunque muchas veces ignorado-, dado que puede contribuir ampliamente al fortalecimiento de la legitimidad de la justicia en el país, mediante su producción investigativa (publicación de nuevo conocimiento), la divulgación de sus resultados, el planteamiento de debates y reflexiones pertinentes en torno a las realidades nacionales sobre el conflicto armado y la paz, y la búsqueda de reconocimiento de la justicia como única garante de la democracia y los derechos humanos. Todo ello contribuye de forma directa a un mejor entendimiento de las complejidades del caso colombiano y a un mejor accionar frente a la situación nacional, incluso, en relación con el contexto regional e internacional.

Concretamente, este artículo tiene dos objetivos ante la falta de legitimidad como desafío de la justicia en Colombia. Primero, identificar los aportes investigativos de la academia a través de la caracterización de su producción bibliográfica sobre el tema, de acuerdo con los ocho factores determinados por el ^{Proyecto de Justicia Mundial (2019)}: 1) restricciones en los poderes gubernamentales, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento de la normativa, 7) justicia civil y 8) justicia penal. Segundo, establecer oportunidades de mejora en la investigación de la academia colombiana que permitan contribuir a la legitimidad de la justicia en Colombia y al fortalecimiento de las instituciones.

Para tal fin, el documento se ha estructurado en cinco secciones. La primera se ocupa de describir el escenario de deslegitimación de la justicia en Colombia, la segunda profundiza en el rol de la academia como actor social, la tercera expone la metodología utilizada y caracteriza la investigación bibliográfica en Colombia, la cuarta discute la contribución de la academia a la justicia y la legitimidad, y la quinta aporta unas consideraciones finales.

Los avatares de la justicia: entre los actores institucionales y la realidad nacional

La realidad nacional presenta grandes desafíos para la democracia en cuanto a la eficacia de las instituciones y la legitimidad del sistema judicial. Desde la Constitución de 1991, el país se ha encaminado hacia la formación de un Estado social de derecho, fundado para la consolidación del ordenamiento nacional; sin embargo, el conflicto armado y la violencia han dificultado la continuidad y capacidad en el accionar de las instituciones (^{Cortés Albornoz, 2015}; ^{García-González, Sánchez-Sánchez y Salcedo-Díaz, 2017}).

En los últimos años en Colombia, la justicia ha estado en el centro de los debates políticos, suscitados por múltiples factores como la violencia, la corrupción, la crisis de derechos humanos y la creciente judicialización de la protección de los derechos de las personas. Bajo este panorama, las instituciones nacionales y, en especial, las que se relacionan con la justicia sufren desde hace más de una década una de sus crisis más profundas (^{Latinobarómetro, 2017}).

En la actualidad, la política y los partidos políticos en particular son objeto de un sentimiento de desafección y desconfianza por parte de la ciudadanía. Sin que Colombia sea una excepción, en toda América Latina los partidos políticos están en crisis. Esto se acompaña de un profundo descontento de amplios sectores de la sociedad colombiana con los partidos políticos y el sistema de partidos vigente, a causa del trasteo electoral, sumas colosales de dinero en las campañas, clientelismo rampante, secuestro y asesinato de candidatos, amenazas de sabotaje, compra de votos y de jurados, y violencia contra electores.

Desde esta perspectiva, se cuestiona la existencia misma de las instituciones partidistas y el rol que desempeñan en la sociedad (^{Ungar Bleier & Arévalo, 2004}). Sin embargo, esta desfavorabilidad (Figura 1) no ha significado su desaparición, ya que su existencia es fundamental para el arraigo de las instituciones democráticas (^{Basset, 2019}).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

Figura 1 Opinión desfavorable sobre actores políticos y medios de comunicación. 

Aun cuando el arraigo de las instituciones democráticas está afianzado, esto no significa que no se encuentren afectadas. Como se resaltó, los partidos tradicionales ya no cuentan con un mayoritario apoyo popular, mientras que los partidos políticos nuevos aparecen y desaparecen con facilidad, dado que en la mayoría de los casos solo responden a los intereses de sus líderes y dirigentes (^{Arbeláez Villegas, 2018}).

A esta crisis de los partidos se le suman las dinámicas de corrupción y clientelismo que surgen en la estructura de estos, lo que aumenta la baja aceptación de la ciudadanía. Por otra parte, la polarización del electorado frente al acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP exigió que los partidos tradicionales fueran contundentes en la toma de posiciones, lo que para algunos de ellos fue imposible -lo cual los sumió en el fracaso electoral- (^{Torrijos Rivera y Abella Osorio, 2018}; ^{Observatorio de la Democracia, 2019}).

Uno de los escenarios de actuación de los partidos políticos, el Congreso de la República -responsable de crear las leyes en las cuales se basa el sistema judicial-, mantiene un similar comportamiento de desfavorabilidad en la opinión pública. En 2018, casi tres de cada cuatro colombianos no estaban de acuerdo con las actuaciones de este cuerpo colegiado (Gallup, 2018). Un año después, el panorama sigue sin cambiar.

En este contexto, los grandes perjudicados son el poder ejecutivo y el poder judicial, que no cuentan con una contraparte respetada, un desequilibrio que los ciudadanos perciben notablemente. Aunque siempre está allí, en silencio, la posibilidad de renovar el Congreso para convertirlo en una corporación admirable que dé la talla frente a las necesidades del país, esta opción se diluye cuando se registran nuevamente nexos de los parlamentarios con grupos al margen de la ley o relación con grandes escándalos de corrupción (Se hunde proyecto, 2019; Un Congreso que ni suena ni truena, 2013).

De forma similar, los medios de comunicación también han sufrido una evidente pérdida de confianza (46 % de desfavorabilidad) por parte de la sociedad colombiana (Gallup, 2019, p. 88). Es claro que la polarización desatada en las últimas campañas electorales -que afectó a toda la sociedad-, unida a las diferencias que hay en cuanto al proceso de paz o el manejo de la seguridad, entre otros asuntos, también terminó por influir negativamente en la percepción de los medios de comunicación (Por qué las instituciones están en crisis, 2014).

Así mismo, los múltiples intentos fallidos de reformas judiciales para intentar la recuperación de su dignidad y majestad han puesto en evidencia los males que aquejan al sistema judicial: politización de la justicia, judicialización de la política, corrupción, congestión e impunidad, entre otros (^{Charry Urueña, 2017}).

El 2017 fue uno de los años más álgidos de esta crisis del sistema judicial (Figura 2), por cuenta de las investigaciones realizadas en contra de magistrados, jueces, fiscales y litigantes por casos relacionados con corrupción. "Una paradoja tan lamentable, que los actores del sistema judicial hayan sido cooptados por el delito que más daño hace al país, ha tenido efectos en la opinión pública, que reconoce esta coyuntura como la peor crisis que afronta el poder judicial" (¿Cuál es el origen de la crisis que sufre la justicia colombiana por corrupción?, 2017).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

Figura 2 Opinión desfavorable de altas cortes y sistema judicial. 

Esta coyuntura no es casual, ya que las investigaciones han develado que no se trata de casos aislados sino de una problemática estructural que inicia en la formación, selección y desempeño de los actuales operadores judiciales. Aun así, el sistema judicial sigue teniendo problemas serios de calidad y transparencia (^{Acosta, 2018}), así como demoras en los procesos jurídicos y negligencia, lo que hace que los colombianos crean cada vez menos en la justicia (Resultados de la encuesta Gallup sobre corrupción y Juan Manuel Santos, 2017).

Sin confianza en el poder legislativo ni en el judicial, tampoco la imagen de los altos tribunales puede salir favorecida. La Corte Suprema de Justicia tiene una percepción negativa del 54 %, mientras que la Corte Constitucional, que hace unos años era una de las instituciones más respetadas por los colombianos, tiene una imagen desfavorable del 41 % para el 2014 y del 59 % para el 2017 (Los protagonistas del escándalo de corrupción en la justicia, 2017; Casos de corrupción en la rama judicial y Cortes, 2018; Por qué las instituciones están en crisis, 2014).

Una de las causas de la desfavorabilidad de las cortes la constituye el denominado "choque de trenes", que se ha presentado en numerosas ocasiones ante los fallos entre los altos tribunales por sentencias que se contradicen entre sí (Se agudiza choque de trenes entre altas Cortes, 2018). Tal como lo plantea ^{Salinas Alvarado (2017, p. 177)},

(...) este choque de trenes generó inseguridad jurídica en el común de los ciudadanos, y aún al interior de los poderes públicos, pues muchos no saben a quién acatar, si a la Corte Constitucional o a la Suprema, o al Consejo de Estado, ya que esta situación es relativamente nueva y se colige que las altas cortes están en el mismo nivel jerárquico.

Los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación (FGN) también mantienen bajos niveles de aceptación. La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de la República (CGR) presentan una desfavorabilidad superior al 30 % desde el año 2013 (Figura 3).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019).

Figura 3 Opinión desfavorable de organismos de control y Fiscalía General de la Nación. 

La Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación y acusación de los sospechosos de haber cometido crímenes que son objeto de la acción de la justicia penal (^{Dávila, 2012})en curso en el Congreso, modifica sin un análisis cuidadoso el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. Afecta la autonomía e independencia de la Rama y le da mayor capacidad de incidencia al Ejecutivo, mientras el Legislativo se blinda frente a la posibilidad de ser investigado, juzgado y condenado. La reforma a la justicia no atiende el conjunto de problemas largamente diagnosticados. Introduce modificaciones en algunos aspectos, como la congestión, pero ni en ellos cuenta con un consenso suficiente para que se pueda esperar que al ser aprobada tenga un impacto significativo. La reforma a la justicia parece, de antemano, condenada al fracaso (tanto la comentada en este paper, como la que está saliendo luego de varios debates adicionales y esfuerzos gubernamentales por no dejarla fracasar, tampoco sale bien librada. Desde el 2015 la deslegitimación de la institución supera el 50 %, debido a los señalamientos en torno a una significativa injerencia y cooptación de los intereses del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, especialmente, sobre las instancias regionales y locales del aparato judicial. De allí, entonces, la falta de investigación y de judicialización sobre figuras delincuenciales son bastante claras (^{Dávila, 2012}) en curso en el Congreso, modifica sin un análisis cuidadoso el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1991. Afecta la autonomía e independencia de la Rama y le da mayor capacidad de incidencia al Ejecutivo, mientras el Legislativo se blinda frente a la posibilidad de ser investigado, juzgado y condenado. La reforma a la justicia no atiende el conjunto de problemas largamente diagnosticados. Introduce modificaciones en algunos aspectos, como la congestión, pero ni en ellos cuenta con un consenso suficiente para que se pueda esperar que al ser aprobada tenga un impacto significativo. La reforma a la justicia parece, de antemano, condenada al fracaso (tanto la comentada en este paper, como la que está saliendo luego de varios debates adicionales y esfuerzos gubernamentales por no dejarla fracasar.

Como resultado de esta crisis y de la lenta y costosa aplicación de la justicia, los que incumplen las normas tienden a reincidir impunemente en su conducta y el ciudadano queda, por decirlo así, invitado a defraudar y a dañar su propio comportamiento, mientras que los funcionarios de los juzgados se convierten en objeto de constantes reclamos airados y quedan sometidos a estrés continuo (^{Acosta, 2018}).

Si bien la falta de credibilidad y legitimidad de las instituciones ha estado presente en el escenario nacional desde hace tiempo (Figuras 1 a 3), en el 2019 llega a niveles demasiado altos, que necesariamente obligan al Estado a tomar decisiones de fondo para revertir esta tendencia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué actor puede mediar para la recuperación de la legitimidad de la justicia? Los autores apuestan por la academia como actor fundamental.

Dinámicas de la academia frente a la justicia: entre el conflicto armado y la paz

La academia es un espacio social al servicio del conocimiento. El conocimiento que se genera de la investigación no solo potencia la producción de riqueza en la sociedad, sino que además resulta fundamental para la construcción de los referentes que aseguran el sentido de pertenencia y la identidad relacionada con esa pertenencia (^{Hernández, 2000}). De acuerdo con esta premisa, los retos de la academia y, específicamente, de las ciencias sociales -como herramienta de análisis que pueden contribuir directa o indirectamente a la búsqueda de una sociedad más justa- han sido inseparables de la prioridad que se otorga al análisis sistemático de las estructuras socioeconómicas y al estudio de los conflictos en este contexto. De esta forma, los actores del ámbito académico están llamados a participar en el proceso de construcción del diagnóstico general de la sociedad.

De forma particular, la investigación sistemática de los problemas sociopolíticos de la nación se convirtieron en un asunto de alta prioridad para el mundo universitario (^{Restrepo Parra, Tabares Ochoa y Hurtado Galeano, 2013}), por lo que existe un número amplio de trabajos que indagan sobre el conflicto armado y la paz desde diferentes disciplinas (por ejemplo, ^{Ortiz Sarmiento, 1994}; ^{Tamayo y Bonilla, 2014}; ^{Valencia Agudelo, 2016}). Estos estudios se han desarrollado con una gran variedad de enfoques y objetivos, entre los que se destacan los análisis de las causas políticas, sociales y económicas, así como una prolífica publicación de disertaciones relacionadas con temas como conflicto y justicia, conflicto y cultura, conflicto y víctimas (^{Pérez Pérez, 2011}), entre otras.

El inicio de la producción en investigación social asociada a la realidad colombiana se dio en la década del sesenta, cuando se produce la publicación del libro La violencia en Colombia, de ^{Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna (1962)}. Este libro, que es una mezcla entre diagnóstico y denuncia, fue recibido con estupor e indignación por los altos poderes de la sociedad colombiana: fue debatido en el Congreso, escudriñado y manipulado por la prensa, con el mérito enorme de volcar el tema hacia la opinión pública. Con todo, "el libro marcó una peculiar forma de intervención de los intelectuales en la sociedad y frente al fenómeno dominante en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX" (^{Sánchez Gómez, 1993}, p. 41).

Ya durante los años ochenta se gestó una creciente demanda gubernamental de estudios calificados sobre la violencia. La relación entre intelectuales y Estado establecida por el contexto violento que afrontaba el país avalaba a los académicos para elaborar informes a través de los cuales se conceptualizaba, definía, diagnosticaba y se hacían recomendaciones e intervenciones sobre la violencia. "En esta medida, los intelectuales académicos asumieron, en este ciclo político, la función de especialistas en la interpretación del fenómeno y se convirtieron en artífices de la definición de una nueva política sobre el orden público y la paz" (^{Cartagena Núñez, 2015}, p. 40).

Esta primera aproximación se dio con el informe Colombia: violencia y democracia (^{Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987}), que se convirtió en un referente analítico tanto para el mundo académico como para distintas dependencias oficiales, las cuales lo incorporaron en el diseño de planes gubernamentales. A partir de aquí, las ciencias sociales reconocieron que tenían que decir y aportar algo al Estado; por su parte, el Estado reconoció que la academia debía tener un lugar en la construcción misma del Estado y en la construcción de la política pública (^{Jaramillo Marín, 2011}). Así pues, la universidad tiene como tarea central apropiar y ampliar el saber necesario para el desarrollo colectivo.

No obstante, como plantea ^{Jaramillo Marín (2010)}, un informe público sobre memoria o sobre verdad, la instauración de una comisión o de un grupo de comisionados de reputado prestigio son necesarios pero no suficientes en el proceso plural y sostenible de esclarecimiento, justicia y reconciliación que necesita el país.

A lo largo de la búsqueda de la paz, de la justicia penal, las reparaciones, la pesquisa de la verdad y la prevención de la recurrencia de los hechos, los investigadores se han convertido en consultores, forjadores de opinión e intermediarios culturales, entre otros. De esta forma, el conocimiento y la autoridad científica que sobre las realidades nacionales tienen las universidades, los centros de investigación y los intelectuales se hacen imprescindibles para caracterizar las crisis por las que ha atravesado el país. Además, la búsqueda objetiva de la verdad, el estudio metódico y razonado, y el interés social y cultural que caracterizan los estudios académicos les concede a estos últimos credibilidad y aceptación general con respecto a los temas estudiados.

Caracterización de los aportes investigativos de la academia al tema de justicia

De acuerdo con el Proyecto de Justicia Mundial (2019), que evalúa la situación de la justicia y el derecho en 126 países, Colombia ocupa el puesto 80 con una tendencia de crecimiento negativo del 1,4 % en comparación al año 2018 y debajo del promedio de la región. Este índice se basa en más de 120.000 encuestas a hogares y a 3.800 expertos para medir cómo es experimentado y percibido el Estado de derecho en situaciones prácticas y cotidianas por el público en general en todo el mundo de acuerdo con los ocho factores sobre justicia propuestos por el Proyecto y enunciados en la Tabla 1 (Proyecto de Justicia Mundial, 2019, pp. 161-163).

Tabla 1 Los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial. 

Fuente: Proyecto de Justicia Mundial (2019) (traducción propia).

El método propuesto por el Proyecto de Justicia Mundial permite hacer un balance, por una parte, del impacto de la justicia en la vida diaria de los ciudadanos y, por otra, de la legitimidad con la que cuenta el sistema judicial. Al ser una organización sin ánimo de lucro, creada por iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados, el Proyecto de Justicia Mundial tiene un alto componente investigativo, que busca la concienciación pública sobre la importancia de la justicia, con el fin de estimular reformas gubernamentales a partir del Índice del Estado de Derecho, calculado desde 2008 de manera constante en más de 99 países. Igualmente, el Proyecto sugiere factores específicos de acuerdo con los cuales se puede caracterizar y cuantificar la efectividad estatal y la de los actores sociales para ayudar a revertir la crisis de legitimidad de la justicia. Para el caso de estudio, permite situar los factores del modelo como temas que pueden ser analizados desde la academia colombiana.

Así, pues, con el fin de tener un panorama de la producción investigativa en cuanto a la comprensión de la justicia en el contexto del conflicto armado y la búsqueda de la paz, se compilaron los datos registrados en la plataforma GrupLAC de Colciencias¹ de los grupos de investigación en las categorías de violencia, conflicto y paz sobre temas de justicia en Colombia entre 1982 y 2019. La información extraída de la plataforma GrupLAC, correspondiente a 5.202 grupos de investigación, fue recopilada en una base de datos diseñada para la toma de datos bibliométricos a partir de la compilación de la producción académica de generación de nuevo conocimiento con base en los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial.

De esta forma, se realizó un análisis de la dinámica de la academia en torno a su función como agente de fortalecimiento de la justicia en Colombia, en términos de la producción científica de nuevo conocimiento -libros, capítulos de libro y artículos-. Este tipo de estudios, de corte bibliométrico, complementan de manera eficaz las opiniones emitidas por los expertos de cada área y proporciona herramientas útiles y objetivas en los procesos de evaluación de los resultados de la actividad científica sobre conflicto y paz, necesarias en el escenario de posacuerdo que se vive actualmente el país. Al respecto, ^{Alcaín y San Millán Bujanda (1993, p. 31)}, afirman que

El análisis bibliométrico constituye en la actualidad una valiosa herramienta, tanto para el estudio del estado de la cuestión de distintas disciplinas científicas, y por tanto utilizable por los profesionales de las mismas, como para el estudio de la producción científica de un autor, un departamento o una universidad, o para una mejor gestión de los propios centros de información y documentación y bibliotecas.

Así mismo, ^{Vélez Restrepo y Galeano Marín (2002, p. 2)} sugieren que

Es un esfuerzo por develar, desde la heterogeneidad de los materiales documentales que sobre el tema circulan en el medio, la trama de relaciones y conexiones temáticas presentes en los mismos, estableciendo un orden jerárquico, señalando vacíos y necesidades de articulación y haciéndolos viables y accesibles para que sean utilizados por la comunidad académica.

Se debe aclarar que los datos obtenidos provienen de fuentes secundarias (registros en la plataforma GrupLAC) en lugar de fuentes primarias para la obtención de la información, lo que implicó dos supuestos: 1) la clasificación de la producción en categorías correctas dentro de la plataforma y 2) el registro de la información completa en la plataforma.

Contribución de la academia nacional a la justicia y su legitimidad

La justicia en Colombia no ha logrado corresponder a las necesidades del Estado de derecho y los retos que presupone el conflicto armado, por el contrario, ha perdido su legitimidad frente a los ciudadanos. Tal como sugiere ^{Carvajal (2002, p. 171)} "Durante gran parte de la historia del país, la justicia y el derecho han estado alejados del respeto a la vida humana y de la realización de las demandas colectivas, siendo este hecho una de las razones del actual conflicto social". Este panorama indica de manera directa una necesidad sentida en torno a la comprensión de los fenómenos sociales asociados a la justicia, necesidad que para el caso de este estudio ubica en la academia a un actor determinante.

Sin embargo, las dinámicas de la academia, entendidas como la tasa anual de publicaciones, han contribuido moderadamente a la disminución en la desfavorabilidad de la justicia (Figura 4). En efecto, por una parte, la producción bibliográfica no ha tenido un crecimiento acorde con la evaluación de los diversos temas sobre conflicto armado y la paz en Colombia (a excepción del año 2016) y, por otra, la desfavorabilidad del sistema judicial ha continuado con un incremento constante año a año.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Gallup (2019) y ^{Colciencias (2019)}.

Figura 4 Desfavorabilidad del sistema judicial vs. producción académica sobre justicia. 

Aunque no pretendemos indicar que existe una correlación directa entre la producción académica y la favorabilidad de la justicia en Colombia; sí estamos convencidos del valor que representan las interpretaciones de esta frente a los contextos nacionales y la generación de conocimiento preciso, imparcial y de libre divulgación, sin los cuales se haría más remota la posibilidad de que los colombianos recuperen la confianza en las instituciones. Además de otras dinámicas propias de la investigación, la producción bibliográfica de la academia constituye un registro que le da voz y fundamento a muchas problemáticas, lo cual ha sido efectivo a la hora de fundar y desarrollar procesos de reinserción en la vida civil, reconstrucción de memoria y de reparación, a pesar de las consabidas dificultades. Con antelación, investigadores como ^{Martínez Sánchez (2015, pp. 14-15)} han criticado los aportes de la producción académica y su discurso jurídico en la implementación de acuerdos de paz. Por ejemplo, la consecuencia, luego de la promulgación de la ley de Justicia y Paz, fue el ejercicio juicioso por parte de los investigadores de la publicación de estudios sobre reparaciones en Colombia.

Lo anterior refleja que la agenda académica, en materia de investigaciones, estuvo sometida al desarrollo de una ley y no por una iniciativa propia de ejercicio investigativo. Que lo anterior no se entienda como un interés exangüe o desfallecido manifiesto por la academia al indagar sobre temas tan difíciles, como lo puede ser la intención de volver a una víctima a su estado inicial antes de haber sido transgredida. Más bien, lo que quiere decir es que la situación nacional de desesperanza, e incluso de miedo, también pudo haberse trasladado al ámbito académico, en el que hubo otros temas de una urgencia superior.

Así pues, la agenda académica sobre justicia se ha centrado principalmente en el análisis técnico y de políticas públicas, con exclusión notable de la reflexión política. La investigación sociojurídica propiamente dicha es poca, dispersa (^{Palacio, 1996}), descontextualizada e irrelevante frente a las necesidades en relación con temas de interés público y de justicia social (^{Montoya Vargas, 2009}), mientras que la investigación social que conjuga temas jurídicos se ha consolidado a lo largo del tiempo de manera mucho más rigurosa conceptual y empíricamente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012; ^{García Villegas, 2008}; ^{Guarín, 2012}; ^{Ruiz Cano, 2014}). En ella es predominante el análisis comparado, juicios de vigencia normativa, sofisticación institucional, estudios de caso esencialmente descriptivos y discusiones de constitucionalidad y convencionalidad (^{Orjuela Ruiz & Lozano Acosta, 2012}).

Pese a que la producción académica no ha tenido impactos considerables en la favorabilidad de las instituciones y en la legitimidad de la justicia de manera directa, la Figura 5 muestra cómo la dinámica de generación de nuevo conocimiento representada en los tres tipos de productos evaluados sí presenta incrementos importantes en su tasa de publicación anual. Es decir, aunque la academia considere los acontecimientos de orden político y social relacionados con la legitimidad de la justicia como un objeto de estudio, y aunque a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa se hayan gestado las condiciones que permitieron la consolidación de un grupo de intelectuales -científicos sociales y economistas, especialmente- como un nuevo actor político con intervención concreta en la producción de políticas sociales y económicas (^{Cartagena Núñez, 2015}), su análisis no logra el impacto necesario para reversar la crisis en la que se encuentra el sistema de justicia nacional.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 5 Producción académica colombiana sobre justicia. 

Por una parte, esto es especialmente cierto para los artículos científicos que, antes del año 2003 no superaban la tasa de 15 artículos anuales. Luego de este año, en ningún caso dicha tasa disminuyó a menos de 15 artículos anuales. El incremento en la tasa de publicación de capítulos de libro se hizo conspicuo a partir del año 2006 que, salvo una excepción, tampoco disminuyó a menos de 15 publicaciones anuales. La tasa de publicación de libros también tiene una tendencia a incrementarse desde el año 2006, pero de una forma más errática y en menor proporción que los otros dos tipos de productos.

Aun cuando ^{Archambault y Larivière (2010)} plantean que las ciencias sociales y las humanidades concentran el grueso de su producción más destacada en libros, para el caso de estudio no es significativo este tipo de producto en particular. La distribución dispar de producción de libros es contraria al aumento de la publicación de artículos en revistas indexadas que se registran en la plataforma ScienTI. Como lo exponen ^{Vélez-Cuartas, Gómez-Flórez, Úsuga-Ciro y Vélez-Trujillo (2014}, p. 2), según la tendencia mundial de consignación de datos bibliográficos en plataformas digitales, la dinámica de publicación, registro y divulgación es limitada, lo que hace que se observe este comportamiento errático en la publicación de artículos, capítulos y libros.

Se puede decir que la medición de la ciencia y el conocimiento emergente de la investigación académica enfrenta problemas complejos como son la carencia de bases de datos globales fiables para todos los campos de conocimiento; el no reconocimiento de otras formas de comunicación del conocimiento académico investigativo; y el establecimiento de puentes metodológicos y teóricos entre las situaciones nacionales y regionales de la ciencia (micro) y las dinámicas globales (macro).

Por otro lado, de forma consistente durante el periodo evaluado, el tema de justicia criminal/civil ha sido el tema sobre el que más publicaciones se han desarrollado. Este patrón se mantiene independientemente del tipo de publicación o del año de observación (Figura 6), seguido por los temas que abarcan los derechos fundamentales, orden y seguridad y transparencia (gobierno abierto), dejando de lado la producción sobre corrupción, tema central para comprender la crisis que se registra en el sector de justicia en Colombia (Figura 7).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 6 Producción académica colombiana sobre justicia según el modelo del Proyecto de Justicia Mundial por año (1986-2018). 

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 7 Producción académica colombiana sobre justicia (1986-2018). 

La tendencia a cubrir los temas de justicia criminal y civil de manera consistente probablemente se deba a que en esta categoría se inscriben la justicia civil y la investigación penal, temas centrales en el marco del conflicto armado interno y los procesos de paz que se han llevado a cabo desde la década de los ochenta en el país.

Como fenómeno social y político, la implementación de la llamada justicia transicional, que comprende la justicia restaurativa (^{Carvajal Pardo, 2010}) y prospectiva (^{Tabarquino Muñoz, 2018}) -compuesta por procesos, juicios y reparaciones, cuyos principios fundamentales son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (^{Teitel, 2003}) para las víctimas- ha sido el objeto de estudio de la producción de nuevo conocimiento; "la cantidad de trabajos que se han hecho desde la academia con la participación de las víctimas ha sido notoria, tanto por su contenido, como por el número" (^{Martínez Sánchez, 2015}, p. 16).

De forma particular, luego de la firma del acuerdo de Santafé de Ralito, se inicia un periodo de justicia transicional dentro del proceso de Justicia y Paz. Con la implementación de la Ley 975/2005, centrada en los derechos de las víctimas, se observa un incremento en la publicación de artículos, libros y capítulos de libro (Figura 6).

Con toda la retórica transicional generada por el proceso de Justicia y Paz, se inscribe el inicio de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Con la aprobación del marco jurídico para la paz en 2012, se establece un nuevo conjunto de mecanismos de justicia transicional que, entre otras cosas, pretende evitar la impunidad de los graves crímenes cometidos por los diferentes actores y otorgar garantías a las víctimas (^{Gómez Isa, 2014}; ^{Cubides Cárdenas, et al., 2019}).

En este nuevo escenario de posacuerdo, la producción enmarcada en la categoría de justicia criminal y civil vuelve a tener un incremento (Figura 6), lo cual deja claro que el interés de las miradas académicas se centra en la justicia enmarcada en el conflicto armado, sus víctimas y las medidas reparativas.

De esta manera, los referentes teóricos y empíricos que se registran en la literatura científica, en sentencias de tribunales, informes de organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales (ONG), así como en documentos de política pública sobre justicia, han estado inscritos en el desarrollo de los estudios sobre violencia.

Hoy los conceptos de violencia y conflicto son predominantes y son también movilizados activamente por instituciones del Estado, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones sociales y grupos de interés que utilizan este saber para activar agendas políticas, como en el caso de la política pública para el fin del conflicto, que soslaya sistemáticamente los problemas asociados a la cultura, la educación y la desigualdad social. En este sentido, es válido afirmar que el saber que se ha producido sobre la violencia tiene una diversidad de efectos sociales que es importante rastrear, y que el no hacerlo puede impedir plantear salidas críticas a las teorías y a las manifestaciones de la violencia. (^{Vera Lugo, 2015}, p. 263)

De igual manera, a partir de la década de los setenta, el crecimiento de las universidades públicas y privadas trae consigo la aparición de la industria académica en las humanidades y las ciencias sociales, que se concentran en el análisis del fenómeno de la violencia como objeto de estudio primordial. La semejanza del desarrollo de la academia colombiana con la academia norteamericana, con frecuencia concentrada férreamente en sí misma, encerrada en su "torre de marfil" y con una larga etapa de jactancias de la élite universitaria, limitó el acercamiento de los académicos de ciertos sectores a temas actuales de la realidad nacional.

El proceso de desarrollo de la academia en Colombia resulta complejo, porque las universidades públicas se hallan siempre en graves problemas financieros y el debate intelectual (por lo común nada más presente en las universidades públicas) solo excepcionalmente repercute en los ámbitos nacionales (^{Monsiváis, 2007}, pp. 33-34). Lo anterior se relaciona con los hallazgos, dado que las instituciones de carácter privado han publicado el 65 % de los productos relacionados con la justicia en Colombia. El restante 35 % corresponde a los productos originados en entidades públicas. Pero en las universidades públicas, los artículos se publican más que los otros dos tipos de productos.

En este escenario, lo publicado con el sello de las universidades alcanza a un público mínimo, pues, pese a la profusión de revistas, libros, conferencias, simposios y mesas redondas, lo que se discute, comenta y forma opinión pública suele suceder en otro lado: en la prensa diaria, en las revistas no científicas, en los medios electrónicos, incluso en los partidos políticos (^{Monsiváis, 2007}, p. 34).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 8 Producción académica colombiana sobre justicia por tipo de entidad. 

En este marco de acción, la cultura organizativa de los establecimientos de enseñanza y las disposiciones de los saberes determinan la formación de los científicos sociales y su inscripción en la geografía del conocimiento. Este hecho estructuró un sistema de enseñanza nacional centralizado, controlado desde el centro geográfico del poder del país, de tal manera que la función de la universidad es ser centro de producción de los grandes proyectos de transformación social, por lo cual el Estado asumió el control directo y la organización del aparato universitario. La universidad fue concebida como la sede de una racionalidad que debía coincidir con la racionalidad del Estado (^{Figueroa Camacho, 2009}, p. 48).

En coherencia con lo anterior, el 91 % de las publicaciones se han realizado en la Región Andina, seguida por el Pacífico (5 %) y el Caribe (4 %). En la Región Andina, se publican, en su orden, más artículos de investigación, capítulos de libro y finalmente libros. Esta hipercentralización de la producción investigativa ha dejado por fuera la discusión académica que se ha presentado en diferentes instituciones a nivel departamental y regional, por lo cual esta última aún se constituye como un esfuerzo tenue e inconexo, dada su falta de continuidad y amplitud.

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 9 Producción académica colombiana sobre justicia (1986-2018). 

A pesar de ello, es indiscutible el crecimiento de la producción investigativa en ciencias sociales ligada a la academia colombiana. Según el área de conocimiento, los temas de justicia en Colombia han sido abordados principalmente por estas ciencias (91 %) (Figura 10). Para el tema de justicia, específicamente en el campo del derecho, también es sobresaliente el trabajo que sobre este tema desarrollan los centros de investigación sociojurídica de las universidades tanto públicas como privadas. La actividad desarrollada por estos centros se refleja en la creación de grupos de investigación y de las publicaciones que son una fuente de verificación de la producción (^{Carvajal, 2009}, pp. 73-74).

No obstante, este dinamismo en la producción sociojurídica no ha sido una constante histórica. Durante muchas décadas, las facultades de derecho se caracterizaban por el desarrollo de una educación memorística, ligada a los códigos, a la glosa o al dogmatismo jurídico. Sin embargo, hoy en día la formación legal ha cambiado, puesto que ha entendido que es necesario el desarrollo de investigaciones que permitan evidenciar la relación existente entre la norma jurídica y la legal a través de los centros de investigación sociojurídica (^{Carvajal, 2009}).

Fuente: elaboración propia con base en la información de Colciencias (2019).

Figura 10 Producción académica colombiana sobre justicia por área de conocimiento. 

Consideraciones finales

Este artículo planteó cómo la falta de legitimidad es uno de los mayores desafíos de la justicia en Colombia, la cual afronta, además, una gran cantidad de dificultades, cuestionamientos y retos enmarcados en la realidad del conflicto armado y búsqueda de la paz nacional. Así mismo, demostró cómo los altos niveles de desaprobación de las instituciones y principales actores de la sociedad llamados a promover la legitimidad de la justicia deben ser reversados, para que los colombianos puedan recuperar la confianza en el sistema judicial.

En efecto, problemas de carácter estructural e histórico que son recurrentemente señalados y que indican, ante todo, una percepción y una realidad de un mal funcionamiento de la justicia en el país, de una insatisfacción amplia y creciente de la ciudadanía frente al ejercicio de la justicia como herramienta fundamental para la solución pacífica e institucionalizada de los conflictos y las diferencias, son parte central de la crisis del sector.

Frente a este escenario, el artículo sostiene que la academia se constituye como el principal actor, si no el único, que puede aportar positivamente a la comprensión del conflicto armado y la paz en Colombia, así como al avance hacia una reconciliación nacional basado en un sistema de justicia fortalecido. Si se rescata la propuesta de una perspectiva integradora que reconoce la complejidad y las nuevas configuraciones de la realidad nacional (^{Restrepo Parra et al., 2013}), la superación de la crisis en la que se encuentra la justicia permite la inclusión de nuevos actores y lógicas que emergen del contexto nacional, para darle cabida a la producción de nuevo conocimiento y admitir el pluralismo epistemológico con la llegada de nuevos paradigmas desde la academia.

De esta forma, la tarea intelectual y académica no se aparta, entonces, de la realidad nacional. Por el contrario, como expone ^{Sánchez Gómez (1993)}, su participación y compromiso dependen no solo de su ubicación como categoría social, sino del tipo de sociedad en la cual se materializa su intervención. Sin embargo, el aporte más significativo que puede hacer la academia, su producción bibliográfica, aún dista de los niveles de impacto deseados.

Si bien ha aumentado el aporte académico al entendimiento de la situación de la justicia en Colombia, en los ocho factores del modelo del Proyecto de Justicia Mundial, se identificó que la investigación nacional aún tiene falencias por superar, tanto en el privilegio de ciertas temáticas y objetos de análisis como en el limitado aporte de la academia de las zonas periféricas en la producción en temas como corrupción o cumplimiento normativo de la justicia.

Ya que no basta la conciencia social sobre una serie de problemas urgentes en materia de justicia, ni basta con el saber construido en escenarios distintos y aceptado como útil en el contexto en el cual va a aplicarse; los problemas sentidos, vividos y observados deben ser reformulados de modo tal que se expliciten sus causas, sus relaciones con otros problemas, las distintas posibilidades de solución y las implicaciones sociales, técnicas y culturales de las diversas soluciones propuestas para un escenario de reconciliación nacional. Solo así es posible elegir vías de acción que no signifiquen en el largo plazo compromisos imposibles de cumplir o mayores males sociales.

La superación de un conflicto armado no solo debe ir acompañada de un proceso de entrega de las armas y del juicio a los perpetradores de los delitos, sino que también supone identificar y corregir las causas estructurales de la violencia. Por ello, la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en la justicia son primordiales para lograr un equilibrio entre la paz y la garantía de derechos a los ciudadanos. Concordamos con ^{Cepeda Rodríguez & Pérez Niño (2018)} cuando estos aseguran que, la relación entre derechos y conflicto armado es muy evidente, por lo que el aseguramiento de los derechos que materializan la igualdad blindan a las sociedades de situaciones que puedan degenerar en nuevos conflictos armados.