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Introducción
Durante las últimas seis décadas, Colombia ha experimentado múltiples tipologías de violencia, situación que ha permeado los diversos ámbitos de la vida cotidiana entre estos los escenarios laborales, en donde se han desplegado diversas manifestaciones de violencia antisindical. Ante la reiterada negación, desconocimiento y ocultamiento que los mundos privado y estatal han realizado de estos hechos, suscitados en diferentes regiones del país, se hace necesario auscultar la verdad, acudiendo tanto a la revisión documental como a los testimonios de algunas de sus principales víctimas. En concordancia con esta preocupación, el presente artículo se centra en el caso particular de hechos violentos de carácter antisindical ocurridos en el municipio de San Alberto del Cesar, territorio de conflicto armado, aupados por los detentadores del poder gremio-gubernamental, como estrategia de muerte ante las acciones colectivas emprendidas por los trabajadores de la industria palmicultora, buscando transformaciones sociales enmarcadas en la salvaguardia de sus derechos.
Las plataformas de lucha obrera y sus acciones políticas derivadas incentivaron a las élites del sector y a sus asociados, a desarticular en sus diferentes niveles organizativos al sindicato, empleando la acción criminal de grupos armados legales e ilegales, bien asociados a la delincuencia común o a las estructuras paramilitares fuertemente relacionadas con aparatos del Estado colombiano.
Dichas acciones violentas se ejecutaron en el marco del proyecto paramilitar en todas las regiones del país, uno de cuyos objetivos fue la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y con ello la consolidación, a la fuerza, de un pensamiento hegemónico de ultraderecha en los territorios controlados, mediante la violencia ejercida en contra de líderes comunitarios o sindicales (Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, 2018b)1. La erradicación de todo pensamiento o acción crítica contrahegemónica al modelo capitalista inoculó este proyecto clasista, presentado públicamente como de lucha antisubversiva y hasta antiterrorista.
En este contexto, se reitera que es pretensión del presente artículo evidenciar los hechos de violencia experimentados en el Sur del Cesar contra la organización sindical por parte de organizaciones criminales ligadas a la institucionalidad y a la empresa Indupalma S.A, desde sus orígenes hasta el día de hoy y con ello realizar un aporte, desde las experiencias y el reconocimiento de la verdad, a la reconstrucción de memoria histórica. Aunque con algunas limitaciones, a este ejercicio lo entendemos como un desafío para el trabajo social crítico colombiano, ya que la violencia antisindical y las permanentes violaciones a los derechos, tanto individuales como colectivos, se han abordado e investigado muy poco por la profesión, así como también los caminos para la reparación de los daños provocados por esta violencia, tanto en las personas como en el tejido social.
Referente teórico y conceptual
Son necesarias algunas claridades conceptuales referentes al enfoque de memoria histórica y al concepto de sindicalismo y violencia antisindical, antes de la presentación de los resultados de la indagación y análisis realizados.
La comprensión del sindicalismo
Desde el sentido común, el sindicalismo comprende todas las acciones colectivas posibles de ser desarrolladas por la categoría organizacional denominada sindicato, alrededor de las luchas reivindicativas por los derechos de los trabajadores de profesiones u oficios similares conexos, en sus relaciones contradictorias con los intereses político-económicos de quienes los contratan y explotan laboralmente.
En este sentido, con una visión crítica fundada en la teoría de la lucha de clases, el investigador uruguayo Raúl Zibechi (2010) califica al sindicalismo como el principal movimiento social en la lucha contra el capital. Sus pretensiones expansionistas como movimiento continental, se analizan en su libro “América Latina: contrainsurgencia y pobreza”, texto en el cual resalta su importancia como movimiento contra hegemónico, expresando que “hasta la década de 1990, los trabajadores organizados no eran sólo la principal fuerza material de la resistencia al capital, sino también el referente decisivo, el modelo que debían seguir las demás organizaciones del campo popular” (Zibechi, 2010, p. 73). Además, en criterio de Zuleta (2015) y Archila (2006), movimientos sociales como el sindicalismo generan una nueva forma de pensar la desigualdad, al entenderla como la negación de sus derechos y no como una fatalidad natural, óptica desde la cual operan en escenarios de conflicto, de lucha contra hegemónica, encarnando en sí mismos el descontento social ante la exclusión y las desigualdades socioeconómicas. Por lo general, en un sindicato con fundamentación política, se asume que “una población organizada para la defensa de sus intereses y consciente de sus derechos es más difícil de manipular que una población dispersa e ignorante” (Zuleta, 2015, p. 183), lo cual les permite generar resistencia frente a las imposiciones de quienes ostentan el poder de regular el orden social. Así mismo, el movimiento sindical que se erige contra el capital enfrenta al modelo propuesto de sociedad altamente industrializada (SIA) que analiza Herbert Marcuse y en la cual, todo pensamiento divergente debe ser eliminado dado que se le identifica como una amenaza al sistema político, económico y social instituido (Pachón, 2016).
La violencia antisindical
La violencia antisindical radica en el impedimento de la organización de un colectivo en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales, para ello, se emplean diversos medios como las agresiones, que impiden la asociación obrera (Jaimes, 2017). En este sentido, esta tipología de violencia busca la desarticulación de las organizaciones de trabajadores para poderlas reestructurar en función del modelo económico imperante (Cieza, 2012).
En Colombia, la violencia antisindical se encuentra dividida en dos perspectivas: la primera, la violencia contra la integridad física de los miembros de la asociación obrera, que ha sido una constante desde el surgimiento de las organizaciones de trabajadores; la segunda, está comprendida por las acusaciones judiciales sin fundamentos a líderes y miembros activos de los sindicatos, sustentado por la criminalización de su lucha reivindicativa (Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Escuela Nacional Sindical y Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo, 2015).
La memoria histórica como restauración de la dignidad del movimiento sindical, sus familias, sus muertos y desaparecidos
Conocer la verdad, reivindicar derechos, aplicar justicia y hacer reparación integral, son elementos centrales en la restauración de la dignidad de una población que, como la del Sur del Cesar, sufrió en su momento la violencia antisindical. Y en ello, los ejercicios de recuperación de la memoria histórica constituyen una herramienta cultural y política fundamental. La autora argentina Jelin (2002) afirma que:
La memoria tiene un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. A menudo, especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno/a mismo/a, en el grupo. (pp. 9-10)
Por otro lado, la representación del pasado genera una identidad individual y colectiva la cual, permite no sólo recordar y visibilizar los hechos que causaron tanto daño sino, potencializar y luchar. Referente a esto, Todorov (2000) propone “utilizar el pasado con vista al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día y separarse del yo para ir hacia el otro” (p. 32). Lo anterior busca incidir en el sentir, pensar y actuar de la población fuertemente marcada por el conflicto dignificando y organizándose; así mismo, se trata de contribuir a la construcción de la historia desde los oprimidos; en palabras de Torres (2014) “aquella (historia) que reconoce el protagonismo de los sectores populares y también su potencial como sujetos de conocimiento histórico” (p. 90), con capacidad de transformación.
Metodología
El proceso metodológico fue de carácter cualitativo empleando un enfoque de memoria histórica. A raíz de esto, se partió de la propuesta básica de investigación compuesta por cuatro fases: la preparatoria, el trabajo de campo, fase analítica y la informativa (Rodríguez, Gil y García, 1999).
La primera, como fase previa a la investigación, estuvo compuesta por una revisión bibliográfica referente a la violencia antisindical en el municipio. Luego se estableció el diseño de las herramientas de recolección de información como las entrevistas y el modelo de diario de campo.
En la segunda, el trabajo de campo realizado desde julio de 2019 hasta enero de 2020, se establecieron encuentros con los actores clave en San Alberto, Cesar; Girón y Bucaramanga, Santander. En dichas reuniones se emplearon los diarios de campo y grabaciones de audio para su posterior transcripción. De estos encuentros participaron cuatro personas, resaltando la presencia de dos ex presidentes del sindicato, la esposa de un presidente asesinado y otro reconocido trabajador y ex miembro del sindicato.
La tercera, la información recabada fue objeto del análisis pertinente, para cuya categorización se empleó el software especializado en investigación en ciencias humanas ATLAS.ti® versión 7. La cuarta etapa, comprendida por la socialización y validación de los resultados obtenidos del análisis que se contrastaron con los informantes, a fin de corroborar la información y realizar las correcciones pertinentes. El manejo ético se hizo mediante el consentimiento informado, contando con la autorización expresa de los entrevistados.
Análisis y discusión de los resultados
Inicialmente, la memoria juega el papel de un “proceso de asignación de sentidos a los pasados de violencia, no puede existir si no es narrada o medida por el lenguaje testimonial” (Cancimance, 2017, p. 86). Adicional a esto, la memoria y su significación de la violencia juegan un papel altamente político, como reconocimiento de las desigualdades que han sufrido diversos grupos oprimidos y callados por el sistema (Jelin, 2002).
El primer intento de conformación de un sindicato de trabajadores de la agroindustria de la palma en el departamento del Cesar fue en el año 1963 (Fundesvic, 2011), producto de los abusos laborales y hechos violentos orquestados por parte de la directiva de la empresa, dando como resultado a “Sintraindupalma”; este sindicato impulsó una huelga en 1966 por la carencia de prestaciones laborales de cientos de trabajadores subcontratistas de la empresa (CNMH, 2018a). Así lo relata uno de sus miembros fundadores:
Yo, el primer día que empecé a laborar, no me gané ni para la sal del ají, así de sencillo, porque no gané ni para la comida, porque allí se laboraba en un sistema de destajo, de lo que uno hiciera eso le pagaban y el precio lo colocaba el patrón y los contratistas, no era uno, eso fue una aventura. Pasando los días, fueron surgiendo situaciones hasta el punto de que el mismo trajinar de la situación, llevó a constituir organizaciones sindicales de la región para defender los derechos. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
Posterior a esto se convocó a una huelga de 45 días en el año 1971 que fue declarada ilegal (Fundesvic, 2011). Mientras se llevaba a cabo el conflicto empresa-sindicato ocurrió el asesinato del jefe de personal Luis Hernández, por lo cual, le es cancelada la personería jurídica al sindicato, bajo la acusación de que miembros de la organización habían cometido el homicidio (Fundesvic, 2012). Además, la sede sindical, ubicada en predios pertenecientes a Indupalma, fue destruida con un bulldozer; la empresa declaró que dicha destrucción fue un accidente (CNMH, 2018b). Sin embargo, la organización sindical creció y, con ello también, el desplazamiento y las amenazas de muerte para sus miembros se volvieron constantes:
¿Desde dónde viene el desplazamiento de tantas personas, de tantos trabajadores y trabajadoras de la empresa Indupalma? Pues debido a que, cada uno de nosotros fue miembro activo en el proceso de la vida sindical, la lucha de los trabajadores, las huelgas que tuvimos que sostener frente a la empresa Indupalma para que esta reconociera los derechos fundamentales de los trabajadores. (Entrevista Mendoza, comunicación persona, 26 de julio de 2019)
La organización sindical en 1977 convocó a otra huelga, la cual se consideró como una victoria ya que dio como resultado la contratación de una gran cantidad de operarios en diferentes rangos (Fundesvic, 2012). En palabras de Víctor Lizcano:
La gloriosa huelga de 1977 donde los trabajadores contratistas dijeron “no más régimen de éste, tan duro” ya que no tenían servicios de ninguna naturaleza, ni de seguridad social, ni de sueldos fijos, sino que era a destajo, casi un régimen parecido al de las bananeras en 1928. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
En dicho movimiento, los trabajadores directos de la empresa jugaron un papel fundamental en la lucha por los derechos de sus compañeros contratados indirectamente, ya que comprenden la importancia del apoyo y de la estrategia en la toma de decisiones frente al cese de actividades y el desarrollo de la huelga (Fundesvic, 2012). Así lo afirman:
Entonces ellos resolvieron parar; yo ya estaba en el sindicato de base [...] se convocó una asamblea general y el sindicato les ofreció apoyo incondicional a los contratistas; fuimos hasta allí, a la carpa de los contratistas que estaba ubicada en Chambacú y, les ofrecimos un mes de salario, para que los trabajadores, huelguistas, pudieran sostenerse en el conflicto y enfrentar al reconocimiento de la empresa Industrial “Agropalma”. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
En este tipo de hechos se denota la solidaridad y solidez de los trabajadores, organizados en un tejido social de cooperación para la defensa de sus intereses; la huelga señalada, marcó un hito importante en el reconocimiento de los derechos de cientos de trabajadores en el sur del departamento:
Veníamos de una huelga en el 77 donde logramos que 1.228 trabajadores por contrato ingresaran a laborar directamente a la empresa con los derechos que teníamos lo que ya estábamos directamente con la empresa; entonces, en esa época acumulamos 1.620 afiliados al sindicato [...] empezamos a tomar decisiones en lo político-administrativo. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Posterior a esto, en enero de 1985 en Palmas del Cesar (Minas, Cesar) estalló una huelga que duró 62 días, la cual incluyó una marcha hasta Bucaramanga en apoyo al pliego de peticiones (CNMH, 2018b). En tal movilización un trabajador se suicidó arrojándose a las llantas de un vehículo en la vía que comunica al Cesar con Santander y fue producto del desespero del trabajador por no tener con qué sostener a su familia. La marcha terminó con la toma del Consulado de España que activó la fuerza pública de la ciudad y ocasionó la detención de 39 personas (Escuela Nacional Sindical [ENS], 2018).
Gracias a esta movilización la huelga fue ganada por los trabajadores del Cesar y los abogados de los sindicatos lograron la liberación de los detenidos, además que el Cónsul español no presentó cargos contra los sindicalistas. Al término, se firmó la primera convención colectiva con la empresa de la palma (CNMH, 2018b). En este mismo año, tras varios meses de lucha por el reconocimiento de los sindicatos, se logró la creación de Sintraproaceites, sindicato de industria que nació de la unión de Asintraindupalma con el sindicato de Palmas del Cesar, Sintrapalce, creado en 1984, y con el sindicato de Palmeras de la Costa, Sintrapalmacosta, en El Copey (Cesar). Entre las tres organizaciones llegaron a sumar en su momento alrededor de 3.600 afiliados; su articulación en un único sindicato, trascendió en toda la región, dado que pasaron de agrupaciones prácticamente aisladas, a formar una unión de trabajadores en el departamento (ENS, 2018) la cual, sumada luego a otros sectores sociales afines a esta organización, iniciaron actividades sindicales en el ámbito político del municipio. Estos avances fueron enfrentados por los intereses de las familias gobernantes de la región con constantes ataques en su contra, como el perpetrado en la sede social mientras se realizaba una actividad deportiva, por parte de sicarios contratados por terratenientes, tal como lo recuerda Aníbal Mendoza:
Un poco de niños recibiendo unos trofeos de un campeonato, los niños y jóvenes estando en plena entrega de los trofeos, los sicarios desde por fuera de la sede, desde unas mallas que hay, dispararon contra la multitud, 9 de abril de 1988, en esto asesinaron 3 personas y dejaron 12 heridos, sonaba como mechas porque todavía estaban jugando, cuando el joven que estaba atendiendo dice “no papá, no son mechas, no son mechas”. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Uno de los medios más empleados en esta tipología de violencia fue el sicariato, de uso muy común en Colombia para diversos fines, tomando como objetivo a líderes sindicales, organizadores de paros cívicos y demás sujetos reclamantes de derechos (Zuleta, 2015), entendido dicho medio en el informe “¡Basta ya!”, como “un asesinato selectivo u homicidio intencional de una o varias personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar” (GMH, 2013, p. 36). El ataque perpetrado a trabajadores y población del municipio fue causante de una gran conmoción y tristeza (CNMH, 2018a), en medio del empleo por parte de la empresa de otros medios destinados al desvertebramiento del movimiento sindical, que cada día sumaba más miembros y simpatizantes. Una de las estrategias empresariales fue la de declararse en quiebra, para que los trabajadores renunciaran a los derechos obtenidos mediante su lucha y manifestaciones constantes:
En los 90 es un poco más complicado, la empresa se declara en crisis y que van a cerrar por falta de ganancias, además de eso, nos arrebatan con la Ley 100 y la Ley 50 todo lo legal, nos arrebatan las cesantías, las prestaciones y cotizaciones; a su vez, una crisis que se inventó la empresa para podernos quitar muchos derechos convencionales obtenidos durante tantos años de lucha y compañeros víctimas. (Entrevista Mendoza, comunicación personal 26 de julio de 2019)
Momentos críticos del movimiento sindical
Las persistentes reclamaciones de derechos por parte de los trabajadores en ningún momento fueron de buen recibo por parte de Indupalma, empresa que mantuvo el seguimiento a las acciones de los miembros del sindicato. Desde las bases hasta las directivas de la organización fueron objeto de acciones violentas como amenazas, asesinato sistemático de sus miembros y desplazamiento forzado de quienes se resistieron a renunciar a sus derechos laborales.
Particularmente notoria fue la acción criminal del grupo de delincuencia común denominado “Los masetos”2, cuyo principal objetivo fue la destrucción de la organización de los trabajadores (CNMH, 2018a). Además de este grupo, en el municipio actuaron otras organizaciones criminales, también patrocinadas por los sectores económicos que veían en la organización sindical una amenaza para sus intereses:
Después del año 87 nacen grupos al margen de la ley en la región que se denominaban Tijaos, aunque fueron tantos los nombres que se les atribuyó que, a lo último, todos cayeron en el paramilitarismo, todo orquestado por la institucionalidad. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Aunque las denominaciones de estas organizaciones eran distintas, todas confluían en el mismo objetivo: asesinar a miembros del sindicato y a personas allegadas a los mismos. De igual manera, estos grupos de delincuencia común pasaron a ser parte de toda una organización paramilitar, la cual se consolidó con apoyo desde la institucionalidad y el decidido respaldo de diferentes sectores económicos de la región:
Concretamente fue en el 92, que es donde ya entran los paramilitares a la zona, particularmente a San Rafael, a San Martín, a San Alberto y la Esperanza porque antes lo venían manejando con otros grupos sicariales que eran grupos de delincuencia común, pero organizados por los terratenientes. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
El movimiento sindical en San Alberto asumió un carácter social y político, al involucrarse directamente con candidatos propios en las elecciones al Concejo municipal y a la Alcaldía; en los años 90, fueron electos tres alcaldes seguidos, con los votos de los miembros de la organización, sus familiares y los allegados al movimiento. Esta incursión en política ungió como alcalde a Lázaro Alfonso Hernández, trabajador miembro del sindicato “Asintraindupalma” y, además, militante del Movimiento 19 de Abril (M-19); por voto popular se dio también la elección de Víctor Lizcano, quien era dirigente sindical, al igual que también llegaron al primer cargo, Gonzalo Betancur y Augusto Chávez, contando con los votos sindicales (CNMH, 2018b).
Entonces nos incluimos en el panorama político, aspirando al Concejo, logrando así varios cargos; en el 91 después de que se aprueba por la Constitución el voto popular, los trabajadores decían: “bueno, vamos a ver quién se la juega por la Alcaldía” y con el apoyo que se daba, la suma de conocimientos y la alta posibilidad, lo intentamos y lo seguimos intentando hasta alcanzar la elección de un Alcalde con el apoyo de los trabajadores y los sectores sociales que eran afines al sindicato. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Los resultados de las elecciones eran claros: el sindicato se convirtió en la fuerza política más grande del municipio, consolidando cada vez más su capacidad de decisión. Como lo menciona Víctor Manuel Lizcano, el alcalde elegido por voto popular con respaldo del sindicato de trabajadores de la palma:
Llegaron las elecciones del año 90 en San Alberto; a la segunda elección de mandato popular, me escogieron los trabajadores de Indupalma, los líderes sindicales, y la gente del pueblo que me conocían por mi liderazgo; me escogieron a raíz de la muerte del accidente fatal que tuvo el alcalde que había sido electo en San Alberto, gané con un porcentaje del 70% aproximadamente de la población que votó por mi persona y me tocó responder a dicho mandato constitucional desde el 90 hasta el 92. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio, de 2019)
La importancia política que estaba tomando el sindicato de trabajadores significaba un riesgo para los terratenientes y empresarios del sector, como en el caso de la familia Rivera la cual fue fundadora del municipio y principal fuerza política hasta la llegada del sindicato al ámbito político, en el momento en que su hegemonía se vio amenazada:
Los ganaderos, arroceros, finqueros y comerciantes conocidos como los terratenientes, después de contar con tres alcaldes consecutivos nombrados gracias al voto de los trabajadores, decidieron optar por la erradicación del sindicato. “¿Cómo? Por medio de la violencia”. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
La cantidad de hechos violentos contra los sindicatos se ejerció en relación directa con la capacidad de movilización, negociación y participación de sus miembros, de manera tal que entre menor accionar del sindicato, se dio una notoria disminución de los hechos de violencia. Eco de esta afirmación es el siguiente texto:
La violencia contra los trabajadores sindicalizados [...] parece incrementarse en los momentos de auge de la lucha sindical, articulada muchas veces a la popular. Y la respuesta violenta es más dura - masacres y asesinatos selectivos- cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos. (Centro de Investigación y Educación Popular, 2010, p. 2)
Los ataques contra la vida de Lizcano se volvieron cada vez más constantes, producto de su actividad como líder sindical no solo en San Alberto, sino en Santander:
Cuando estuve como alcalde y como líder social, recibí amenazas de los grupos paramilitares de la región, me tenían a cada rato amenazado, especialmente en la Alcaldía tuve muchas amenazas desde el 90 hasta el 92. Llegó a tanto esas amenazas que me tocó que salvar mi seguridad y la de mi familia porque las amenazas eran constantes y cada vez más. En eso fueron varios intentos de atentados, en uno de esos asesinaron a un escolta. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
La situación del alcalde sindicalista de San Alberto empeoró al paso de los meses con hechos violentos contra la integridad física del alcalde del municipio y presidente del sindicato:
El día que asesinaron a dos compañeros sindicalistas en “Abastos”, abajo de Indupalma, nos fuimos a llevar los cadáveres a San Alberto. Por allá en el camino nos alcanzaron dos motos, después nos interceptaron en la bajada de “Límites”, iban detrás de nosotros para matarnos; por suerte, pudimos escapar. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
Estos hechos apuntaron no solo a las juntas directivas del sindicato; también las bases fueron víctimas de amenazas:
Los sobrevivientes hicimos parte del sindicato y de movimientos políticos que queríamos algún control político diferente en la región y de ahí la amenaza de “se van o se mueren” que era la idea de estos personajes; pues tocó salir de la región, por la arremetida de estos grupos paramilitares. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Directivos de la empresa, posiblemente vinculados con los grupos paramilitares, optaron por la citación amedrentadora a los miembros del sindicato, acompañada de advertencias amenazantes respecto a su futuro, si no abandonaban la región:
Ya la misma empresa, a través del asesor el doctor Pacheco, me advirtió que lo mejor era que me fuera, que me desplazara del sector de san Alberto, que me saliera con mi familia porque ya habían asesinado a varios compañeros y yo podría ser el siguiente. Las amenazas seguían, los grupos paramilitares y al margen de la ley se bandeaban en San Alberto como Pedro por su casa, no tenían algún control. Después de eso yo acepté la “recomendación” para poder salvar mi vida y la de mi familia. (Entrevista Lizcano, comunicación personal 31 de julio de 2019)
Los retrocesos en estas luchas
Fueron muchos los trabajadores que abandonaron la zona y otros que no. Los que decidieron quedarse se vieron envueltos en la violencia producto de esta lucha por el reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, de los candidatos al Concejo municipal de San Alberto en el año 1994 fueron asesinados: César Almendrales Pabuena; Gabriel de Jesús Salcedo; Jairo Cruz; Edgar Matías Canchila; Roberto Ardila; Crispín Jaimes Lizarazo y, desplazados forzadamente: William Pedrozo Machuca, Pedro Ángel Gelvez Rozo y Luis Martín Gálvez Meneses (CNMH, 2018b).
Los mencionados, además de tener militancia política en diferentes partidos, también eran muy cercanos al movimiento sindical o, incluso, miembros del sindicato, como en el caso de Jairo Cruz quien se desempeñaba como presidente de Sintraproaceites y fue asesinado mientras se dirigía a la plantación de la empresa a realizar su jornada de trabajo. El crimen fue cometido por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Fiscalía General de la Nación, 2011). Antes del asesinato se presentaron hechos de seguimiento, daño psicológico y físico contra el líder sindical producto de agresiones por parte del Ejército como lo relata Martha Castro, la esposa del sindicalista:
En su vida como directivo del sindicato tuvo mucha persecución por parte del gobierno y por instituciones; en el año 1986 lo detuvieron miembros del “F2” en la ciudad de Bucaramanga, lo tuvieron detenido por dos días. Los compañeros de trabajo de acá de Indupalma, hicieron un paro para que a mi esposo lo soltaran, no sabíamos en qué parte lo tenían y quién dio la orden y el por qué, al fin lo soltaron. Él contaba que le hicieron muchas preguntas, que dijera quiénes eran guerrilleros en el sindicato, mientras lo torturaban físicamente y psicológicamente para que hablara. (Entrevista Martha Castro, comunicación personal, 2 de enero de 2020)
Las detenciones y torturas fueron producto de su actividad como sindicalista en una región con presencia paralela de grupos guerrilleros. Dentro de la criminalización a los movimientos sindicales una constante fue la acusación de un supuesto relacionamiento directo con grupos subversivos (Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” et al., 2015). Todo movimiento social en la región fue objeto de seguimientos a fin de detectar y desaparecer a sus líderes, como una práctica para infundir miedo (Cieza, 2012), propósito dentro del cual el caso de Jairo Cruz no fue el único en el que un presidente sindical de San Alberto fue objeto de asesinato:
Todo un plan de exterminio para poder actuar y con ese argumento de ser auxiliadores o miembros de la guerrilla empezaron a asesinar líderes, es que asesinar 6 compañeros presidentes de las seccionales de ahí San Alberto, eso no es cualquier situación; además de eso, en total hay 102 compañeros asesinados desde los finales de las décadas de los 80 y toda la década del 90 hasta el 2002. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Después del asesinato antes reseñado, parte importante de los integrantes de la junta directiva del sindicato seccional San Alberto decidió desplazarse, intentando salvar sus vidas y las de sus familias, situación de violencia que finalmente condujo a la desarticulación del sindicato (ENS, 2018), tal como lo evidencia Martha Castro en uno de sus relatos:
No tenía para donde irme, me tocó quedarme en San Alberto y seguir viendo cómo asesinaban sindicalistas, en especial a los que asumían la presidencia. Mi esposo era el presidente del sindicato en ese entonces, al que asumía la presidencia, también lo asesinaban y los demás directivos viendo eso, que era en contra, y que esa arremetida era en contra de ellos (sindicalistas), se desplazaron, renunciaron a Indupalma y se fueron con sus familias fuera de la región para poder seguir viviendo. (Entrevista Martha Castro, comunicación personal, 2 de enero de 2020)
Estos hechos estuvieron antecedidos de unas declaraciones brindadas por el gerente de Indupalma en entrevistas realizadas por diferentes medios nacionales de comunicación. Posteriormente a sus declaraciones, llegaron los peores momentos para el sindicato:
El gerente Rubén Darío Lizarralde decía en algunas entrevistas que le hicieron en Semana, El Espectador y en El Heraldo, que el sindicato servía como correa de transmisión de las organizaciones guerrilleras en la zona, que éramos sus auxiliadores. En esa época había guerrilla de todos lados FARC, EPL, ELN y el M19 que se había desmovilizado. Por esto fuimos víctimas de acusaciones de parte de la empresa y el gobierno de ser guerrilleros. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Producto de dichas narrativas, los ejercicios de la construcción y reconstrucción de la memoria poseen la capacidad de “identificar a todas las personas que tuvieron que ver con el sufrimiento inicial, para relevar en detalle lo acontecido, entender causas y consecuencias del acontecimiento” (Jelin, 2002, p. 59). Por ende, presenta el reconocimiento de diversos actores en los hechos de violencia experimentados en San Alberto como el caso del gerente, nombres de agrupaciones guerrilleras y estructuras paramilitares con presencia en el sur del cesar. En este escenario, la organización comenzó a sufrir una violencia nunca vista en la zona, ataques a las bases sindicales, a sus presidentes y a concejales pertenecientes a la asociación; fueron muchos los atentados contra la cabeza de la organización sindical, cuyos directivos fueron declarados objetivos militares por los grupos paramilitares, como lo evidencia Lizcano:
El grupo paramilitar en cabeza de “Juancho” Prada en el sur de Cesar reconoció que yo era una de las víctimas de ellos, y era objetivo militar, me querían matar por ser sindicalista y acusado de ser un guerrillero, lo reconoció ahí mismo, el propio jefe. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)
En su desempeño como alcalde del municipio, además de ser miembro del sindicato Sintraproaceites, él no fue el único amenazado de muerte por los dirigidos por Prada. En tanto aparecían nuevas declaraciones de los directivos de la empresa, aumentaba la cantidad de víctimas producto de la arremetida paramilitar en el municipio.
El mismo Rubén Darío Lizarralde gerente de Indupalma S.A., el cual se vio envuelto en escándalos sobre la intromisión de grupos paramilitares de la región en las plantaciones de la empresa, como los dirigidos por “Juancho” Prada, al etiquetar a los miembros del sindicato como militantes de movimientos guerrilleros (CNMH, 2018b). De señalamiento en señalamiento, realizados en 1995, el ambiente se tornó especialmente hostil y peligroso para el movimiento sindical:
Se elevó el número de víctimas, ya no le decían tiene que irse, sino que se sintió el terror y el paramilitarismo solo con el argumento de que todo el mundo era auxiliar de la guerrilla; eso se agudizó de una manera terrible, todos los sindicalistas éramos objetivos y la guerra obviamente no tuvo contemplaciones con nadie y mucho menos con nosotros. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
En una ocasión se realizó la toma del barrio Primero de Mayo por parte de los grupos paramilitares, con complicidad de la policía y el ejército de la región, como lo evidencia el siguiente relato:
Las condiciones se ponen mucho más difíciles en San Alberto por la presencia y acción de los paramilitares. A dos compañeros del barrio Primero de Mayo les queman las casas, los desaparecen definitivamente, no vuelven, nunca supimos qué pasó con ellos. Se toman el barrio Primero de Mayo quedando en el centro a un lado el ejército y al otro la policía ¡No dijeron nada! Entonces la situación fue tan tenaz que ahí sí ya nosotros no podíamos aguantar esa situación y ahí [...] se viene el desplazamiento. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
En dicha toma desapareció el delegado de la organización sindical y concejal por la Unión Patriótica Tomás Cortés, conocido entre sus amigos como “Tomasito”. Adicionalmente, su casa fue quemada. Esta práctica de saquear y quemar viviendas fue reiteradamente aplicada por los dirigidos por Prada, cuando no lograban encontrar a los líderes sindicales que habían decidido eliminar (CNMH, 2018b). Buena parte de estos hechos ocurrieron paralelamente a la negociación de convención colectiva con la empresa, acción de la cual el sindicato no salió bien librado, en tanto en lugar de respetar los derechos de los trabajadores, la empresa impuso la contratación de servicios con cooperativas de trabajo asociado (CNMH, 2018b), lo que llevó a modificar el tipo de contrato de cientos de trabajadores. Este nuevo contrato significó la renuncia a derechos adquiridos unas dos décadas atrás mediante la lucha sindical. Nuevas formas de violencia fueron instrumentadas contra los trabajadores, forzándolos a abandonar la región, como condición para preservar sus vidas:
Mi desplazamiento fue en el año 94 mientras era dirigente sindical y candidato a la alcaldía del municipio. Cuando estuve aquí en Bucaramanga, fui víctima de amenazas acá por los mismos paramilitares, tuve que desplazarme a Bogotá para poder salvar mi vida, dejando todo atrás. (Entrevista Mendoza, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Aunque en la historia de violencia en el municipio siempre se habla sobre la importancia de “Juancho” Prada, también existían otros miembros y altos mandos paramilitares en la región, los cuales se tomaron San Alberto en los años 90, mediante múltiples métodos de amenazas y daños físicos:
En el año 1998 asesinan a mi esposo, en ese año ya estaba operando las AUC en San Alberto, conocidos como “paramilitares” bajo el mando de “Juancho” Prada y de “Camilo Morantes” además de Daniel Toloza alias “El Cura”. En ese entonces, los paramilitares eran los dueños de nuestro municipio, hacían lo que a ellos se le viniera en gana, como golpear a jóvenes, desaparecer muchos trabajadores o personas del corregimiento, del municipio y veredas, sacaban la gente de las casas, precisamente, un vecino, lo sacaron de la casa y lo desaparecieron, sacaron todas sus pertenencias de su casa, las que no se las robaron se las quemaron. (Entrevista Martha Castro, comunicación personal, 2 de enero de 2020)
El nuevo siglo no cambió mucho las cosas
Durante el año 2000 la violencia en el municipio continuó; los ataques paramilitares siguieron ejecutándose contra todo opositor a su pensamiento. En el marco de esta violencia ocurrió el asesinato de Aída Cecilia Lasso Gemade y su hija, por parte del grupo al mando de “Juancho” Prada. El hecho fue atribuido a la necesidad de la estructura paramilitar de mantener su dominio económico y político en el municipio, dado que Lasso presentaba un verdadero riesgo para sus intereses (Vidas Silenciadas, 2019); igualmente murió acribillado en frente de sus hijos el dirigente sindical y candidato al Concejo, Pablo Padilla López (CNMH, 2018b).
En 2003, mientras se realizaba la discusión de un pliego de peticiones con la empresa, el presidente del sindicato de Sintrainagro, seccional Minas, fue asesinado por grupos paramilitares a unas cuantas cuadras de la sede social del sindicato de Indupalma. (CNMH, 2018b). En general, la situación de los trabajadores en el Cesar empeoró, particularmente la de los residentes en San Alberto. Allí, los paramilitares llegaban a las instalaciones de la empresa a tanquear las camionetas que emplearían para sus actividades delictivas (CNMH, 2018b):
La complicidad de Indupalma es tanta que hasta los grupos paramilitares le echaban gasolina a sus camionetas en las instalaciones de la empresa, muchas veces se vio los carros de estos grupos en la gasolinera que era exclusiva para la maquinaria de la empresa. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)
Bajo estas circunstancias de negación de la empresa Indupalma S.A. de sus nexos con diferentes generaciones de grupos paramilitares toma aún más importancia “la recuperación de la memoria histórica la cual, debe tener la intención de reparar el tejido social rasgado por la mentira oficial, el discurso encubridor y el cinismo político” (Gaborit, 2006, p. 10) como propuesta y mecanismo contrahegemónico de la historia contada desde la perspectiva de los victimarios.
En la revisión bibliográfica, sumada a los testimonios y declaraciones de víctimas, se establece la presencia histórica de una violencia antisindical, entendida como “cualquier agresión que se ejecute, induzca o tolere, y esté dirigida a impedir o entorpecer el desarrollo del derecho de asociación sindical” (Jaimes, 2017, p. 130). Como principales ejecutores de esta violencia aparecen los grupos paramilitares, buscando consolidar un proyecto de control territorial y de relaciones laborales de dominio sobre la clase trabajadora, respaldados por los sectores económicos y políticos dominantes en las regiones.
El subregistro de violencia en San Alberto contabiliza al menos 249 víctimas directas del sindicalismo, más de 400 familias desplazadas y un aproximado de 12 familias en el exilio, producto de la arremetida del frente paramilitar conocido en el departamento con el nombre de Héctor Julio Peinado, así como también de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar comandadas por “Juancho” Prada, con el respaldo del ejército nacional y la policía (CNMH, 2018b). Este proyecto paramilitar no hubiese alcanzado tal magnitud sin la ayuda de políticos tradicionales de la región, empresarios de diferentes sectores, los cuales veían al sindicato como una amenaza a sus intereses económicos y políticos.
Conclusiones
El propósito fundamental del presente documento ha sido el de evidenciar algunos hechos ligados a los seguimientos, hostigamientos y asesinatos selectivos de los cuales fue objeto la organización sindical en San Alberto, Cesar, desde su conformación en los años 60 por un pequeño grupo de trabajadores de la agroindustria de la palma hasta el inicio de los 2000, cuando el sindicato, a pesar de su crecimiento orgánico y sus acciones de resistencia, progresivamente perdió su capacidad de lucha frente a las directivas de la empresa Indupalma y otras del mismo ámbito agroindustrial. Consideramos que los 40 años de hostigamientos, persecuciones, estigmatizaciones y hechos victimizantes de todo tipo -acusándolos incluso de ser guerrilleros-, ejecutados por parte de diversos grupos paramilitares, la misma empresa y otros actores gremiales y políticos de la región, deben ser rescatados para que no queden en la impunidad y su develamiento sirva a las ciencias sociales para la reflexión-acción acerca de la construcción de la historia en nuestro país, que en proporción importante ha sido hecha, atentando contra los derechos de las clases trabajadoras, sus organizaciones y el movimiento obrero en general.
El mecanismo predilecto para la desarticulación de la organización sindical fue el asesinato selectivo, sumado al desplazamiento forzado y amenazas tanto a las bases como a las juntas directivas, logrando así el debilitamiento de la capacidad de lucha sindical, situación favorable a las directivas empresariales quienes lograron progresivamente la imposición de medidas laborales violatorias, en grado sumo, de los derechos de los trabajadores.
Las actuaciones de la empresa Indupalma S.A. dejan entrever una tácita aceptación del asesinato sistemático de sindicalistas y trabajadores activos de sus plantaciones; sus acciones, en momento alguno, brindaron garantías para la protección y defensa de sus trabajadores, manteniéndose más bien un silencio cómplice ante la actuación de los grupos paramilitares; incluso, fue frecuente que la junta directiva empresarial, utilizara los medios masivos de comunicación para lanzar graves acusaciones públicas al movimiento, tales como la supuesta pertenencia de algunos de sus miembros a los grupos guerrilleros presentes en la región, con lo cual les convirtieron en objetivo militar.
Los hechos de violencia descritos en este artículo fueron perpetrados por diversos grupos armados -tal como se desprende de los relatos y la información recolectada mediante la revisión documental-, hechos victimizantes cuyos autores, tanto intelectuales como materiales, representaban desde pequeños grupos de seguridad privada patrocinados por sectores económicos vinculados a la ganadería de la región, hasta las grandes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el control territorial del Frente Héctor Julio Peinado, comúnmente conocido como las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar bajo el mando de “Juancho” Prada.
Consideramos que una reconstrucción descriptiva de hechos de violencia como la realizada para este artículo es importante para el trabajo social, no solo en cuanto al significado que tiene como relato histórico, sino en las implicaciones del ejercicio cuando se involucra como actividad pedagógico-crítica de recuerdo-reflexión, en procesos de construcción-reconstrucción comunitaria. El análisis crítico del contexto histórico en que se haya desenvuelto la vida individual y colectiva, trayendo a la memoria hechos que, como en los casos enunciados, se produjeron en contextos de desprotección y violación sustantiva de los derechos de los trabajadores, constituye un recurso de vital importancia en procesos orientados a diseñar y construir colectiva y proactivamente otros mundos posibles, pero en condiciones de dignidad, libertad y respeto por los derechos humanos. Y, corresponde al trabajo social insertarse en las tensiones propias de estas historias, motivando el rescate de hechos, sentimientos, vivencias, experiencias, que permitan develar la verdad y, a partir de ésta, facilitar la organización y lucha de los grupos poblacionales victimizados, que por lo general pertenecen a los colectivos más oprimidos e invisibilizados de nuestra sociedad. Para los casos señalados en este artículo, se trataría entre otros objetivos, el de anteponer los derechos humanos a la violencia política con construcciones “desde abajo”, desde los silenciados; no desde la clase dominante, cuya historia aceptada es la que favorece a los intereses de los victimarios; no a los de las víctimas (Torres, 2014). “Darle la voz” al excluido, al silenciado por la fuerza, al oprimido, debería ser una consigna de las acciones profesionales y, por ende, de la academia encargada de su formación.
Los hechos de violencia, además de la multiplicidad de impactos negativos que producen sobre las relaciones sociales y las vidas individuales y colectivas, generan situaciones de amedrentamiento que tienden a paralizar las iniciativas de reinvención de la vida. Frente a lo anterior, nos correspondería profesionalmente motivar acciones que reactiven capacidades de acción emancipadora dentro de principios autonómicos, orientados a que las poblaciones afectadas puedan recuperar la posibilidad de rehacer sus vidas en condiciones deseadas, en un marco de potenciación colectiva, de exigencia de derechos y de reparación de los daños sufridos por la violencia hegemónica.
