América Latina y el Caribe se componen por varios países que trascienden las fronteras geográficas de la zona sur y costera del continente americano, para instalarse ante la agenda internacional como un colectivo de países que poseen en común políticas sociales, económicas y ambientales, ya que históricamente han atravesado luchas políticas y cambios estructurales parecidos. De ahí que sea posible para los autores de este libro situar aspectos en común en cuanto a lo que se refiere a los impactos causados por la pandemia COVID-19 en la región y sus implicaciones en términos de políticas públicas, haciendo la salvedad de la particularidad de cada contexto, pero señalando con una admirable precisión las vicisitudes evidenciadas y los retos que implica para los gobiernos el proceso de reactivación post pandemia.
La pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe ha mostrado en los diferentes escenarios políticos, económicos y sociales, problemas como: la fragmentación de las economías, las falencias en los programas sociales de los gobiernos y la mediana efectividad de políticas públicas que son relevantes para intervenir distintos aspectos de la realidad social en medio de la crisis sanitaria.
Es por ello que la lectura del libro en mención es de inconmensurable importancia para comprender las complejidades que se han presentado durante la pandemia; además, presenta un conjunto de capítulos que muestran los diagnósticos y las recomendaciones sobre las acciones gubernamentales, como un esfuerzo por contribuir a la participación y debate de las políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe durante la pandemia del COVID-19 que tienen como propósito mitigar la pobreza multidimensional al igual que proteger el tejido productivo y social de cada país, lo que permitirá determinar el futuro de la región.
En el primer capítulo, "Un marco conceptual para analizar el impacto económico del COVID-19 y sus repercusiones en las políticas", Constantino Hevia y Andy Neumeyer exponen cómo las intervenciones no farmacológicas universales (NPI) causan impactos notables en las economías de los países. Durante el tiempo de confinamiento se hizo notable la reducción de la mano de obra y la disminución en la capacidad de operación de la economía, por lo que cada país debe crear políticas emergentes que propicien un impacto no tan severo en sus economías teniendo como referentes NPI más eficientes, que respondan a las situaciones concretas de los territorios nacionales. Entonces es deber de los gobernantes conocer el estado actual de las necesidades de sus comunidades y a su vez las complejidades que agrega la pandemia para que en los sectores dedicados a llevar el liderazgo político se propicie la puesta en marcha de sus capacidades económicas, políticas y sociales al máximo, con el fin de mitigar los efectos negativos producidos por la emergencia sanitaria.
En el segundo capítulo "Sugerencias para la emergencia", Santiago Levy expresa la necesidad de hacer un reajuste inmediato a las políticas económicas para que sean capaces de mitigar los índices de mortandad causados por la pandemia, Levy propone tres objetivos:
Minimizar los costos humanos de la pandemia sobre la población;
Minimizar el impacto regresivo de la crisis, con acciones que protejan los ingresos de los trabajadores, especialmente los pobres;
Preservar la estabilidad macroeconómica y la capacidad de retomar el crecimiento una vez que la crisis económica derivada de la pandemia haya concluido. (34)
A esto se suma que cada país debe velar por una recuperación organizada y rápida de las economías nacionales de modo que los costos sociales se aminoren significativamente. Tener como horizonte dichos objetivos repercutirá de manera significativa en que cada país de Latinoamérica no solo se encargue de tratar de solucionar las dificultades que trae consigo la pandemia, sino también de analizar las oportunidades que ella pueda traer a partir de una mirada retrospectiva enfocada en el desarrollo de nuevas políticas que mejoren la situación post pandemia.
En el tercer capítulo "La cooperación financiera internacional frente a la crisis económica latinoamericana", José Antonio Ocampo analiza la grave situación actual por la que pasa la humanidad en su contexto planetario, da conocer cómo el COVID-19 a develado las debilidades de los países dentro de sus economías y la débil cooperación económica internacional, lo que en consecuencia ha producido que el PIB de cada país decaiga, siendo muy similar a la situación histórica antes vivida con la gran depresión. El autor además señala que a todo esto hay que
agregar la fuerte caída que experimentará el comercio intrarregional como resultado de la recesión de todos los países de la región, un tema esencial para el comercio de manufacturas. A ello se suman el colapso del turismo y los efectos de las perturbaciones financieras producidas durante la pandemia. (Ocampo, 2020)
Es un punto de gran importancia que los países representados por sus dirigentes refuercen los lazos de cooperación internacional, procurando que cada nación pueda intercambiar no solo recursos sino también experiencias sólidas y efectivas que conlleven a la superación gradual y exitosa de cada uno de los avatares que ha ido presentando y presentará la pandemia. Lo que implica que cada gobernante pueda estar por encima de sus particularidades o tendencias políticas partidistas y se piense seriamente en una cooperación fundamentada especialmente en el bien general de Latinoamérica. En el cuarto capítulo, "COVID-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual", Nora Lustig y Mariano Tommasi realizan un balance de cómo la pandemia está afectando significativamente a aquellas personas que se encuentran vulnerables socialmente. Lustig y Tommasi (2020) acentúan que
para las personas más vulnerables, las políticas generales "de a una y desde arriba" no son suficientes. Es necesario que vengan acompañadas de esfuerzos coordinados, que presten atención a los riesgos y necesidades específicas que enfrentan las distintas comunidades, las distintas familias y las distintas personas. (82)
Este es un llamado a los gobiernos para que puedan propiciar y hacer emerger políticas que velen por los más necesitados, teniendo en cuenta principios éticos que permitan que no se establezcan daños irreversibles al capital humano de cada región.
Así pues, en relación con la pobreza en América Latina, la pandemia ha exacerbado las desigualdades al mostrar la fragilidad y falta de sostenibilidad de las políticas públicas de protección social que, al ser formuladas vertical y jerárquicamente a partir de un modelo subsidiario, no han respondido a la demanda de equidad y diminución en los términos planteados por los ODS. Con la crisis sanitaria se ven entonces más claramente las brechas, se hace notable una problemática estructural y se evidencia la urgente necesidad de formular políticas de redistribución y generación de empleos que respondan a la coyuntura actual, pero que se proyecten a la generación de un Estado de bienestar a largo plazo.
El quinto capítulo en el apartado a, "Lecciones del COVID-19 para una agenda de sostenibilidad en América Latina y el Caribe", Diana Carolina León y Juan Camilo Cárdenas puntualizan los retos en materia ambiental que tienen los países, más allá del romanticismo alrededor del respiro que ha tenido el planeta a causa de la pandemia. Sostienen que pese a existir mejoras en aspectos como la calidad del aire a partir de la reducción del transporte por las medidas restrictivas, otras problemáticas como la deforestación y la minería ilegal han ido en aumento. Finalmente plantean una serie de recomendaciones de política pública para la sostenibilidad ambiental y recuperación de las economías, haciendo énfasis en lo imperativo de prever una agenda que permita rediseñar una estrategia de sostenibilidad ambiental a futuro mediante ventanas de oportunidades con base en las lecciones aprendidas.
En el apartado B, "Latinoamérica y el Caribe: riqueza natural y degradación ambiental" se describen las condiciones ambientales presentes en la región, a través de indicadores asociados con el aire, el agua, la tierra y la energía, haciendo alusión a la enorme variedad ecosistémica y biodiversidad existente. Resaltando el alto grado de densidad forestal en relación con el resto del mundo y su preocupación frente a la deforestación, la escasez de agua potable y el aumento en la contaminación del aire. Enfatizan que, pese a tal riqueza el cambio climático afecta la región, por ello es necesario un compromiso institucional y ciudadano que contribuya a la mitigación de dicho impacto.
En estos apartados se coincide en reconocer el potencial de América Latina y el Caribe en relación con los recursos naturales y la puesta en escena del medio ambiente en el marco de la pandemia por coronavirus, ya que en el argot popular se ha entendido la emergencia sanitaria como un respiro para el medio ambiente debido a las medidas de confinamiento. Sin embargo, es necesario repensar las acciones asumidas por los Estados para hacer frente al paulatino regreso a la normalidad, a partir de las reflexiones suscitadas por la pandemia.
En el sexto capítulo, "El coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en América Latina", Diana María Gutiérrez, Guillermina Martín y Hugo Ñopo exponen algunas condiciones desiguales entre hombres y mujeres que se presentan antes de la pandemia y que se exacerban con esta, tales como: la tasa de ocupación y el nivel de ingresos, factores como la informalidad en el empleo para las mujeres, la ocupación de estas en áreas asociadas al servicio y el trabajo doméstico se acentúan con las medidas restrictivas, que sobrecargan y maximizan su nivel de vulnerabilidad. Para finalizar proponen acciones en los hogares que motiven una repartición equitativa de las tareas domésticas, y en el trabajo a través de la transversalización de la perspectiva de género en iniciativas como las transferencias monetarias y la regulación y protección del trabajo doméstico.
En el séptimo capítulo, "COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe" escrito por Sandra García Jaramillo, la autora analiza las implicaciones de la pandemia en materia de educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región. Pone de presente un choque triple: cierre prolongado de las escuelas, encierro por el confinamiento y la pérdida de seguridad económica en los hogares, lo cual ha generado efectos negativos en el aprendizaje y la salud emocional. Finalmente plantea una hoja de ruta con seis ejes de acción que deben ser apalancados desde los gobiernos para potenciar el capital humano.
Los dos últimos capítulos mencionados se refieren a dos elementos fundamentales emergentes en la pandemia COVID-19: el enfoque de género y la educación. El primero invita a reflexionar sobre las dimensiones del cuidado domestico que están sobreestimadas, dadas las medidas del confinamiento, para pensar el impacto en la vida y salud de las mujeres; mientras que el segundo, en una misma línea, reconoce la poca preparación de los modelos educativos para hacer frente a la crisis, aumentando las brechas en cuanto al acceso y la calidad de la educación, lo cual pone de manifiesto la urgencia de modelos más ajustados, incluyentes y flexibles en el sistema educativo.
En el octavo capítulo, "Desafíos de la Pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe", escrito por Arachu Castro, se analizan los desafíos particulares que plantea el COVID-19 y la obligación del aumento del gasto público en salud como una prioridad urgente para lograr la equidad en salud de las mujeres, los niños y los adolescentes durante y después de la pandemia. Plantea, además, la necesidad urgente del restablecimiento de los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, suspendidos o limitados en muchos países durante la pandemia, para evitar mayor morbilidad y mortalidad.
En el noveno capítulo, "Planeando una recuperación sostenible para la pos-pandemia en América latina y el Caribe", Mauricio Cárdenas y Juan José Guzmán Ayala hacen énfasis en la necesidad que tienen los gobiernos locales de realizar acciones políticas efectivas que los ayuden a mitigar los bajos ingresos fiscales, ya que la mayoría de los países de la región corren el riesgo de perder dos décadas de progreso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, debido a los altos niveles de deuda soberana que preceden a la pandemia.
En el décimo capítulo "¿Necesitamos repensar la política de deuda en Latinoamérica?", Federico Sturzenegger nos habla sobre cómo las fuertes caídas en la producción, junto con la necesidad de aumentar los desembolsos para hacerle frente a la pandemia, han llevado a los países a acumular una nueva deuda que puede poner en peligro sus perspectivas futuras. Pero que, durante la crisis del COVID-19 la deuda soberana ha sido una herramienta útil para suavizar los efectos sociales de la pandemia. Sturzenegger plantea que la crisis generada por el COVID-19 tuvo dos efectos sobre la sostenibilidad de la deuda. Por un lado, redujo la producción y por otro aumentó el nivel de deuda; es evidente que algunos países han visto deteriorar sus calificaciones crediticias, aumentando los costos de los intereses. Sin embargo, tomando como referencia la experiencia de Argentina y Ecuador no parece haber necesidad de una gran reestructuración en la política de deuda en Latinoamérica.
En el capítulo final de este libro "Respuestas para enfrentar la pandemia en América Latina y el Caribe: el uso de programas de transferencias monetarias y de sistemas de información de protección social", escrito por Guillermo Cejudo, Cynthia Michel y Pablo de los Cobos, se presentan algunas de las respuestas a la pandemia generadas por los gobiernos, las cuales se pueden distinguir por la forma en que los países innovaron a partir de sus programas, por su cobertura y por el tamaño de los beneficios, así como por las características tanto de los registros sociales como de los registros de beneficiarios únicos. Esto sugiere tres prioridades de política para los próximos años: consolidar los sistemas de información de protección social, generalizar el uso de esta información para el diseño, implementación y evaluación de intervenciones públicas, y repensar el rol de los programas de transferencias monetarias como parte de los sistemas de protección social, entendiendo que no pueden sustituirlos, sino que deben entenderse como un elemento marginal de la protección social.
La pandemia por COVID-19 ha generado cambios en las condiciones socioeconómicas de todos los países de Latinoamérica y del mundo.
Se hizo evidente la necesidad de mantener la protección social de las personas. Para esto los gobiernos requieren programas capaces de reaccionar a los cambios en condiciones laborales y sociales que ayuden a subyugar la pobreza y, por ende, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, las propuestas y políticas sugeridas desde el PNUD hacen énfasis en la necesidad que tienen los gobiernos de realizar procesos claros y eficientes de identificación y actualización de la información socioeconómica de las personas y de los hogares.
Repensar las acciones de política pública en América Latina, en el marco de la pandemia por COVID-19, desde el Trabajo Social y las ciencias sociales, implica una reflexión acerca del rol de los profesionales en dichas áreas que involucre su aporte en la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales que coadyuven a enfrentar los desafíos actuales a los que se enfrentan los gobiernos latinoamericanos, que van desde prevenir el colapso de los sistemas de salud bajo presión de la propagación del virus, hasta generar condiciones de sostenibilidad socioeconómica y ambiental.