Marco teórico

Desde la reforma constitucional de 1991 en Colombia ha existido una manifiesta preocupación por reducir la corrupción pública. De la mano del auge de este tema en el interior de las corrientes de la Nueva Gestión Pública y la reforma del Estado en toda América Latina, la denominada "lucha contra la corrupción" ha sido una bandera de los gobiernos de los últimos veinte años. Es innegable que se han llevado a cabo esfuerzos para disminuir la corrupción, tales como la formulación de leyes y los documentos de política, o la creación de organizaciones públicas, así como el trazo de planes y programas (^{Isaza, 2011}, p. 3).

La corrupción se puede entender como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza y en el que sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente. Reconociendo la gravedad y la trascendencia de este comportamiento, en Colombia se ha desarrollado una política pública integral que propende al abordaje del fenómeno y conforme a la cual se edifican en nuestro ordenamiento jurídico diversas herramientas para la lucha contra la corrupción (unas de corte represivo y otras con un enfoque preventivo). Desde un enfoque represivo, se cuenta con mecanismos tales como la persecución del comportamiento corrupto, la implementación de mejoras y técnicas de investigación que favorecen la identificación del comportamiento corrupto y nuevos escenarios de negociación. De esta manera, se han implementado sistemas de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal asociadas a la comisión de conductas propias de corrupción. Con un enfoque preventivo se cuenta con herramientas como, por ejemplo, la adopción de programas de cumplimiento y la persecución de los réditos del delito (J. ^{Ospina, 2016}, p. 86). En fin, la corrupción desgasta la legitimidad del poder político y, con ello, las razones de los individuos para adherirse a las normas formales, lo que deteriora los caracteres cívicos de la convivencia en el espacio común y, a la larga, distintos aspectos de la vida de las personas (^{Lugo, 2019}, p. 2). Una alta desigualdad significa mayor corrupción; en municipios con alto nivel de desigualdad, tanto ricos como pobres, pueden tener incentivos para ser corruptos (Benito, Guillamón, Ríos & Bastida, 2018).

Por otra parte, es importante señalar que cada día adquiere mayor relevancia la implementación de mecanismos que propendan a la prevención, no solo desde la ampliación de penas de los delitos asociados a actos de corrupción (finalidad de prevención general de la pena), sino también mediante la generación del convencimiento en torno a la ausencia de generación de riqueza derivado del comportamiento delictivo. El enfoque se realiza desde la perspectiva de la persecución de réditos del delito como una forma de eliminar el inventivo y como tal prevenir el acto corrupto (J. ^{Ospina, 2016}, p. 89). La prevención se vuelve fundamental y asume entonces la doble función de actuar como mecanismo de mejora al tiempo que se constituye en una eficaz herramienta que evita la repetición de casos de corrupción (^{Raigorodsky, 2004}, p. 8).

El concepto de prevención representa desde hace siglos un elemento esencial del discurso sobre la criminalidad. A los modelos preventivos tradicionales, estrictamente anclados en la función de la pena y pertenecientes al campo de la ciencia y de las disciplinas penales, se ha agregado -desde hace algunas décadas en muchas democracias occidentales- una idea distinta de prevención cuya característica principal es la de haberse colocado, al menos en buena parte, fuera del sistema penal (^{Selmini, 2009}, p. 42). Es por esto que las diferentes posturas centradas en torno a la prevención tanto desde las entidades públicas como de las empresas privadas son relevantes. Una de estas posturas es la que parte de los esfuerzos por hacer frente al fraude interno, lo cual significa adoptar una postura clara "tolerancia cero" desde la dirección de la empresa. Esto significa que la actitud de los máximos responsables de la compañía debe ser proactiva, estructurada y específica. En este sentido, la implementación efectiva de mecanismos de control sólidos, como, por ejemplo, la comprobación del currículum de los candidatos (prevención del fraude) o la puesta en marcha de canales de denuncia (control del fraude) ayuda a minimizar los riesgos de una forma global. La investigación de los candidatos previa a su contratación es fundamental (^{ACFE, 2018}).

A fin de hacer prevención, se deben tener en cuenta algunas estrategias. En este artículo se proponen dos: algunas actividades centradas en la formación, y otras en las acciones puntuales que puedan darse desde las instituciones tanto públicas como privadas.

Método

Diseño

Es un estudio de tipo cualitativo, enmarcado en un diseño sistemático, caracterizado por la codificación abierta y selectiva (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Tabla 1 Definición de variables centradas en la formación para la prevención de la corrupción. 

Resultados

Del eje de indagación correspondiente con formación para la prevención emergieron seis categorías. La de mayor peso fue educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1), y le sigue en relevancia revalidar el modelo de éxito (5-1).

Con relación a las acciones puntuales de prevención desde el Estado y desde las entidades privadas (0-14) están:

Figura 1 Formación para la prevención 

Tabla 2 Definición de variables centradas en acciones puntuales para la prevención de la corrupción 

Tabla 3 Formación para la prevención: factores de mayor peso 

Figura 2 Acciones puntuales para la prevención 

Tabla 4 Acciones puntuales. Factores con mayor densidad 

Discusión

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Existe desde hace siglos y, hasta por lo menos hace 25 años, era una palabra casi prohibida en la agenda internacional de desarrollo. Algunos académicos hablaban de ella y también en algunos círculos del área judicial se lidiaba con el tema, pero no había ningún esfuerzo transnacional por coordinar y enfrentar el problema. Con el incremento del debate y la oferta anticorrupción surgió la necesidad de fomentar también la demanda anticorrupción: la generación de conciencia y el reconocimiento de que la corrupción nos afecta muestra el rechazo social del problema, es decir, ya se tiene conciencia del problema (^{Salas, 2016}, p. 2). Lo que se requiere ahora es generar acciones puntuales orientadas a detenerla o, por lo menos, minimizarla.

La prevención como estrategia implica acciones, medidas y disposiciones que se toman de manera anticipada con el fin de aminorar un riesgo o un daño. Existen diversas directrices que orientan la prevención de la corrupción como lo son, por ejemplo, las declaraciones y las normas internacionales (^{Vera, 2017}, p. 97). Sin embargo, a nivel de las instituciones y de los grupos que trabajan en contextos en los que es más probable un delito de corte económico se encuentra una serie de acciones relativamente sencillas de aplicar, las cuales pueden aportar en la lucha y la prevención contra la corrupción.

Los resultados del estudio actual señalan lo que opinan los expertos, abogados en delito económico y financiero, sobre el tema:

La formación para la prevención es una categoría que surge pensando en cómo hasta el momento se ha venido trabajando de manera reactiva en el propósito de combatir la corrupción y no desde el punto de vista preventivo. De esta manera, como derivado de las entrevistas surgieron las siguientes formas de impactar desde un ámbito educativo, lo que hemos llamado "formación". En esta categoría emergieron: educación en infancia, adolescencia y adultez temprana, mejor selección y formación de la policía judicial, crear consciencia sobre la afectación colectiva, rescatar valores éticos, responsabilidad social desde los medios de comunicación y revalidar el modelo de éxito.

De estas variables, la que tuvo más peso fue "educación en infancia, adolescencia y adultez temprana" (13-1), con 13 discursos asociados. Ante esto, ^{Sañudo y Palifka (2018}, p. 22) señalan:

En una sociedad donde la corrupción se percibe como una práctica equivocada, pues así se lo enseñaron y se le inculcó en las escuelas, esta tenderá a desaparecer con el tiempo, y si no, al menos se reducirá notablemente. Países donde los sistemas educativos desarrollan formación en base a valores y ética (Finlandia), la corrupción es mínima, por el simple hecho de que así lo percibe el ciudadano, como una acción equívoca y que únicamente genera un impacto negativo severo en el país.

En los discursos analizados en la investigación encontramos la relevancia que a este tema le da uno de los entrevistados:

Dos posibilidades: una, habría que hacer un trabajo con las generaciones venideras, no es que sea pesimista pero yo sí creo que con nuestra generación es muy poco lo que se puede hacer, pero con las generaciones venideras de pronto habría que hacer un gran esfuerzo desde la familia, desde las instituciones, habría que educar en valores, habría que educar en ética y en moral, ustedes saben que eso es muy difícil, que eso se perdió desde hace muchos años; entonces es un esfuerzo inmenso, que se puede hacer a largo plazo (J. Gutiérrez, comunicación personal, 8 de mayo de 2019).

Yo creo que parte desde la misma cultura, desde que el pequeñito, el chiquito ahí parte ya el tema anticorrupción, si al niño se le ponen claro los límites sociales, ese niño, no va a tener problemas en devolver las vueltas cuando se equivoca el señor, no tiene problemas que si a la niña se le quedó el celular, no es que se lo roban, entonces lo recoge y le dice vea niña se le quedo el celular, eso es cultural, porque esas personas cuando ya se vuelven adultas, cuando entran a ser profesionales, van a tener siempre claro su tema que deben hacer las cosas bien. (E. Ortiz, comunicación personal, 06 de abril de 2019)

Por su parte, otro entrevistado señaló:

Todas las profesiones tienen códigos de ética en el pregrado, en el postgrado dan clases de ética, pero realmente a la hora de ponerla en práctica, ahí está la falla; son modelos de enriquecimiento errados [...] no funcionan además porque eso tiene también que ver con la manera como se da el aprendizaje... El aprendizaje es mucho más que enseñar las clases de ética, es mostrar cómo es la sociedad, la sociedad se comporta éticamente y tiene recompensas ser ético. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

A fin de controlar y atajar la corrupción es necesario contar con diversos elementos para su prevención, es decir, dirigirse a la raíz del problema. Los actos corruptos aparecen en la conducta de las personas cuando no tiene en su mente frenos que les impidan realizarlos. Los frenos que pueden impedir que una persona realice actos corruptos son los principios y los valores con los que cuente. Esos principios y valores generan conciencia. La conciencia hace que el individuo asuma una responsabilidad y, en consecuencia, posea un tipo de comportamiento. Un adecuado comportamiento se asocia a una sana educación. Cuando no existe educación, ni principios ni valores en la mente de la persona, se da paso a la ignorancia. La ignorancia es el caldo de cultivo para los antivalores y las prácticas corruptas. El reino de la ignorancia es campo fértil para las más descabelladas y los más perversos actos del ser humano. La ética saca de esa ignorancia, por eso es clave para debilitar la corrupción (^{Bautista, 2017}, p. 34).

En la misma línea de este autor, los datos de la investigación arrojan una variable que se denominó "crear consciencia sobre la afectación colectiva", la cual tuvo un peso de (4-1). Asimismo, una clara y decidida voluntad política para crear conciencia colectiva y poner los medios para superarla, sanciones a los autores, involucrar a la ciudadanía en el diagnóstico de los sistemas corruptos, prevención por la "evaluación de la vulnerabilidad" de las instituciones públicas y privadas e introducir incentivos de reforma (^{Cruz, 2008}, p. 87). La degradación de la administración pública tiene que evitarse con medios legales y conciencia ciudadana. Si la corrupción administrativa tiende a crecer, significa que la vida pública no tiene la garantía de que los procesos productivos y sociales sean transparentes ni eficientes, situación que conduce a un desempeño pobre del sistema económico, político y social (^{Pérez, 2019}, p. 12).

Es por esto que se puede decir que la corrupción permanece allí donde el comportamiento arbitrario, individualista y egoísta es el esperado por la mayoría, en un problema de acción colectiva (Mungiu-Pippidi, 2006, Persson et al., 2013, Jiménez 2014 y Marquette y Peiffer 2015, como se citan en ^{Philipps, 2018}, p. 205).

Es muy importante en el nivel de los colegios y universidades realizar programas para prevenir la corrupción desde la infancia y la adolescencia. Dentro estos programas, se impactaría, por una parte, sobre la revalidación de un modelo de éxito y, por otra, sobre una conciencia diferente que, a futuro, impacte en la conciencia colectiva. Todo esto generaría, en consecuencia, nuevos valores éticos.

Otra variable que surge de las entrevistas realizadas es "revalidar el modelo de éxito" (5-1). El nivel de individualismo y del deseo de éxito económico, sin tener en cuenta el modo de alcanzar el propósito, ha llevado a la sociedad a generar una realidad en la que los ciudadanos no reconocen al otro. Además, en este punto la historia dentro del proceso analítico nuevamente entra a colación, debido a que otros procesos como, por ejemplo, la guerra, han reforzado imaginarios en los que priman los deseos individuales, lo que socava el interés de pensar en el otro (^{Cediel, 2019}a, p. 82). Las personas corruptas no tienen ética y responsabilidad social, sus intereses son motivados exclusivamente por su deseo de acumular riqueza y muchas veces carecen de una conciencia social; solo les interesa su bienestar personal y no el de la sociedad en sí (^{Reyes-Ramírez, 2017}, p. 30).

Por último, se encuentra la variable responsabilidad social desde los medios de comunicación (2-1). En el estudio, uno de los entrevistados señaló:

Práctica judicial donde se profieren sentencias, muy drásticas en contra la gente, eso ya no se publicita, a eso ya no se le da difusión, entonces la gente ya a eso no le presta atención. Los medios de comunicación, para ellos no es atractiva una sentencia, de esas como las que se profieren a diario nuestros tribunales entonces la gente se queda con el primer impacto, de que alguien cometió cierto comportamiento desviado y que ese comportamiento nunca se castiga. (J. Castro, comunicación personal, 8 de mayo de 2019).

Periodistas y medios deben responder; emplazados por la opinión pública, deben dar cuenta de la responsabilidad que contrajeron con la sociedad, cuando se hicieron cargo del manejo de la materia prima, de todo periódico, revista o noticiero, que es la historia de todos, el periodista no es responsable ante la historia, es sobre todo, responsable de la historia. (^{Restrepo, 2003}. p. 25)

Uno de los problemas de la corrupción, al estar normalizado por los medios de comunicación, es que sin querer también se vuelven responsables de que esto siga, ya que a futuro lo que podemos ver es que se está desarrollando una ciudadanía cada vez más beneplácita, tolerante y como dicen normalmente, la patria boba. Entrevista realizada a la alcaldesa de Puente Aranda (^{Cediel, 2019}b, p. 58). La libertad de prensa desempeña un papel en la difusión de las normas anticorrupción, así como en el aumento del costo social de ser públicamente avergonzado por el comportamiento corrupto (Diamant & Tosato, 2018).

Con relación a las acciones puntuales de prevención desde el Estado y desde las entidades privadas, bajo esta denominación se incluyeron las respuestas de los entrevistados que estaban relacionadas con aquello que pueden implementar las entidades públicas y privadas a fin de afrontar la corrupción. Entre las acciones encontradas la que tuvo más peso fue "generación de instrumentos de buena conducta y asesoría permanente" (6-1).

En cuanto a la generación de instrumentos de buena conducta se encuentran los códigos de ética, es decir, lineamientos de comportamiento que permiten a las personas tomar decisiones cuando se presenta una posible situación de fraude o corrupción. Estos lineamientos deben estar acordes con la realidad de la empresa y actualizarse de forma constante, e incluso van muy ligados al gobierno corporativo, el cual debe estructurar y cimentar los valores de la entidad. Este debe ser el responsable de evaluar el cumplimiento de los valores y las leyes, apoyándose en áreas especializadas como el compliance, esto es, una acción puntual dentro del eje central de la investigación. ^{Hernández (2016}, p. 25) señala que los altos directivos y el personal que labora deben cumplir los lineamientos que se establezcan para el apropiado desarrollo de las operaciones establecidas, y a su vez cumplir con las normas de convivencia que establecen los códigos de conducta de la organización. Estos códigos llevan al logro de cada uno de los objetivos establecidos que cada integrante de la organización cumplirá, porque cuando existe la carencia de líneas definidas de responsabilidad se propicia la posibilidad de que ocurran actividades no éticas dentro de la empresa.

Por otra parte, la asesoría permanente es importante en el propósito de que se evalúen y se ajusten los códigos de conducta, obligando a realizar el mapeo de los riesgos organizacionales, necesarios para afrontar nuevas situaciones de fraudes. La asesoría y el control permanente promueven la eficiencia y la eficacia de las actividades, así como las acciones de mejora fijadas en los informes de auditoría (^{López y Cañizares, 2018}, p. 58).

La prevención de la que hablaba hace un rato al interior de la empresa y la entidad pública, es decir, la implementación de políticas de prevención, políticas anticorrupción reales, es decir, que tengan un rubro dentro de la empresa, dentro de la entidad pública, que consista en capacitación, actualización en asesoría permanente, que tengan un asesor en anticorrupción. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

La generación de instrumentos de buena conducta y las acciones de asesoría permanente deben ser soportadas por una política pública en prevención de la corrupción. Según ^{Navarro (2018}, p. 4), la política pública se centrará en el fortalecimiento de lo que ha de constituir la base moral del ejercicio de cualquier función pública y, en particular, de dos valores fundamentales: la integridad y la transparencia.

En el estudio, la creación de políticas públicas de prevención (2-1) es el instrumento que se constituye como el fundamento que podría dar paso para la implementación de instrumentos como, por ejemplo, el compliance penal (1-1), entre otros. "A nivel corporativo que todos nos alineemos en la administración de riesgos y que esta esté diseñada desde la prevención en las conductas delictivas, que tengamos un compliance y ya existe a nivel internacional de delitos, porque compliance es muy extenso, está desde todas las normas que debes cumplir, como entidades ambientales, laborales... entonces la parte delictiva debe tener una línea específica que es compliance en penal" (M. Cevallos, comunicación personal, 7 de mayo de 2019). Dentro de las políticas es necesario que, cuando se haya cometido un delito, la consecuencia directa sea la inhabilidad para contratar con el Estado (2-1), fomentar la denuncia (1-1) y disminuir los beneficios en las penas (2-1).

Sí, claro, eso ocurre porque la empresa no está investigada; por ejemplo, Odebrecht puede presentarse ilícitamente a cualquier convocatoria de licitación pública y aquí lo que hacen las entidades es hacer maromas para no elegirla porque se llama Odebrecht, pero esas maromas son extralegales diciéndole que no tiene mucha reputación como para participar en eso, entonces no la vamos a seleccionar, pero eso debería tener una regla más seria y juiciosa, tal vez diciéndoles que no participan porque sus funcionarios han sido condenados por temas de corrupción o usted no participa porque su empresa fue investigada penalmente y su empresa terminó siendo sancionada porque cometió una conducta típica, antijurídica y culpable, o sea un delito completo. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Por otra parte, existen autores que discrepan frente a la legalidad: mientras que unos son partidarios de la "cero tolerancia frente a la corrupción", otros son partidarios de nuevas ideologías frente a este tema. Este es el caso de la "legalización de las conductas corruptas", con un peso de (4-1). Uno de los expertos del estudio señaló:

Otra forma que he pensado es que, sobre algunos modelos en los que ponen por encima de la mesa algunos comportamientos que resultan siendo para nosotros irregulares y que para ellos son reglados. Por ejemplo, pensemos: si dos funcionarios públicos logran llevar a cabo una licitación pública de 20 000 millones de pesos y cada funcionario de estos se está ganando dos millones de pesos mensuales y ven por delante suyo cinco y seis licitaciones públicas de esas al año, y realmente observan que sus réditos no son mayores a esto, siendo que si estuvieran en un ciclo de corrupción les darían digamos el 10% de cada contrato y el 10% de veinte mil millones de pesos son dos mil, pero dirían: ¿yo que estoy haciendo?... ¿cierto?... de pronto modelos en que realmente las licitaciones públicas bien adjudicadas, den un porcentaje legal pagando impuestos, etc. (J. Valbuena, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Esto significaría que tal medida podría disminuir la corrupción manifestada en dar lo que culturalmente se conoce como "coimas", evitando que esta medida permanezca en la ilegalidad, pase a ser un mecanismo para prevenir la corrupción. Cuando existe una cultura generalizada proclive a la corrupción y escasa sanción social se encuentran más ciudadanos que aprovechan las oportunidades de corrupción y se hace más difícil aplicar medidas disuasorias efectivas (^{Perry & Saavedra, 2018}, p. 34).

Otros factores asociados con las acciones dirigidas a prevenir la corrupción encontrada en el estudio son: fortalecer el aparato judicial (2-1), tener fiscales más acuciosos (1-1) y equidad en el trato judicial dado a las personas (1-1).

En particular, la corrupción resulta en ineficacia del sistema judicial y la pérdida de confianza en la justicia. Estos factores debilitan el cumplimiento contractual y la protección a los derechos de propiedad (en los que el país está muy por debajo de lo que cabría esperar para su nivel de desarrollo), que son factores claves para el funcionamiento eficiente de los mercados y los niveles y calidad de la inversión, la innovación y la productividad. En este sentido resulta esencial una justicia eficaz que aumente la probabilidad de sanción y el control efectivo a los hechos de corrupción. Debe enfatizarse que aumentar las penas legales no siempre es un remedio efectivo: de hecho, penas estatutarias excesivas con frecuencia acaban por no aplicarse o considerarse injustas en los pocos casos que se aplican (^{Perry & Saavedra, 2018}, p. 35). La pérdida de legitimidad de las instituciones causada por la corrupción conduce a un distanciamiento de los individuos de la estructura institucional formal (^{Álvarez, 2018}). La pérdida de confianza en las instituciones puede generar resignación frente al fenómeno mismo de la corrupción. La percepción de la corrupción como algo cotidiano desincentiva su denuncia y su sanción social, promoviendo un círculo vicioso (^{Perry & Saavedra, 2018}, p. 25).

Un entrevistado señaló al respecto: "Pienso que la equidad, el respeto, los valores y tratar a todas las personas de la organización por igual, siento que puede mejorar, o puede ayudar a que no haya tantos hechos de corrupción". (F. Suarez, comunicación personal, 31 de mayo de 2019)

En cuanto a la equidad en el trato judicial dado a los diferentes individuos, las personas corruptas no reciben un castigo ejemplar y los delitos cometidos no tienen consecuencias. Esto estructura la base del soborno, de manera que con dinero o con apellidos se pueden evadir las responsabilidades judiciales (^{Reyes, 2017}, p. 30). Por el bien de la salud de la comunidad política y de las instituciones de gobierno, es importante que todos aquellos servidores públicos que poseen conductas basadas en antivalores sean identificados, sancionados y, cuando la situación lo exija, expulsados del sector público. Cuando no se corrigen y castigan de manera ejemplar las conductas corruptas, la impunidad se expande (^{Bautista, 2017}, p. 37).

Por último, se sugieren elementos que en las empresas ayudarían en la prevención del fraude y surgieron en el trabajo, los cuales son: el uso frecuente de las auditorías (3-1), personas idóneas para ocupar el cargo (2-1), estudio de seguridad para cargos sensibles (1-1) y, por último, que los procesos deban ser transparentes y sencillos (2-1).

Sobre el uso frecuente de auditorías, uno de los entrevistados agregó:

Los controles deben de ser realizados con base en el mapeo de riesgos de la empresa, pero un mapeo real, a veces las consultoras externas parecieran un gasto doble, pero una persona que está el interior de una compañía todo lo ve como parte del paisaje, todos los días almuerza con los empleados, todos los días ve a los mismos y eso lo convierte todo para él en un paisaje, todo está igual, nunca ve nada distinto y se le escapan cosas que uno después para nosotros externos son tan obvias que para los internos no lo eran porque siempre estaban ahí y jamás lo pensaron. (Y. Gómez, comunicación personal, 11 de junio de 2019).

Respecto al factor "personas idóneas para ocupar el cargo", (2-1), un aspecto señalado por ^{Godoy (2019}, p. 24) es la ausencia de formación profesional. Aparece también como un factor relevante porque crea condiciones ambientales que incitan a la corrupción y a la conducta indebida. La falta de formación profesional incluye la debida instrucción de los funcionarios públicos -a todos los niveles- de las normas que rigen sus funciones y las responsabilidades que asumen al hacerse cargo de ellas. Con respecto a estudio de seguridad para cargos sensibles (1-1), la RNDS (2017, como se cita en ^{Jaimes, 2018}, p. 7) señala que un estudio de seguridad comprende procesos en los que se examinan factores favorables y adversos de un sistema, se identifican las amenazas, analizan y califican los riesgos, y se emiten recomendaciones teniendo en cuenta el costo beneficio de las inversiones. Se ha convertido para las empresas modernas en el trámite indispensable previo a la contratación laboral, el cual consiste, principalmente, en una verificación de la historia personal, laboral, académica y judicial de un trabajador, con el fin de minimizar los riesgos frente a posibles fraudes y alteraciones de documentos, todo en pro de corroborar datos que certifiquen la veracidad de la información presentada por el aspirante, lo cual se trascribe en confiabilidad para la empresa contratante (TH Colombia, 2015, p. 1; GSH 2018, como se citan en Jaimes, 2018, p. 7). "Debe haber buenos procesos de selección sin que esto se convierta obviamente en un estigma" (Y. Gómez, comunicación personal, 8 de abril de 2019).

Por último, los expertos identificaron como factor relevante, que los procesos deben ser transparentes y sencillos. Según ^{Perry y Saavedra (2018}. p. 27) el exceso de trámites crea oportunidades de corrupción y, al ser percibidos como innecesarios o injustos, la estimula, por cuanto muchos agentes se sienten justificados en evadirlos. Y, por supuesto, hace más difícil controlarla. La misma creación y permanencia de trámites excesivos o ineficientes (así como de 'huecos' que facilitan la elusión y evasión tributaria y regulatoria) son con frecuencia el resultado de la corrupción o captura de los procesos legislativos.

Sobre los factores de formación, a la variable que lo expertos le dieron mayor relevancia fue a la de educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1). Esto se puede interpretar en el sentido de que debemos fortalecer los valores en las nuevas generaciones y en las actuales a fin de combatir y prevenir el flagelo del fraude y la corrupción. Lo anterior, además con las variables revalidar el modelo de éxito (5-1) y crear consciencia sobre la afectación colectiva (4-1), las cuales deberían aplicarse en la educación a temprana a edad como un mecanismo social de prevención en el momento en que el individuo tenga responsabilidades ante la sociedad y deba generar autocontrol de sus acciones.

Sobre las acciones puntuales observamos en los resultados analizados que de las variables que emergieron, la más relevante fue la generación de instrumentos de buena conducta y asesoría permanente (6-1). Esta responsabilidad debe estar en cabeza del gobierno corporativo, el cual velará por la construcción de buenos manuales y códigos ética, además de que deberá hacer acompañamiento con áreas de apoyo al cumplimento de estas.

Otra variable que tuvo relevancia en segundo plano fue la legalización de conductas corruptas (4-1); esta puede generar conmoción, ya que al volver legales delitos como la llamada "coima" no es bien vista, pero se debe analizar a fondo.

Sobre los factores de formación, la variable a la que los expertos le dieron mayor relevancia fue a la de educación en infancia, adolescencia y adultez temprana (13-1), visibilizando la importancia de fortalecer valores en las nuevas generaciones y en las actuales a fin de combatir y prevenir el fraude y la corrupción. Asimismo, revalidar el modelo de éxito (5-1) y crear consciencia sobre la afectación colectiva (4-1).

Sobre las acciones puntuales, la más relevante fue generar instrumentos de buena conducta y asesoría permanente (6-1). Esta responsabilidad debe estar en cabeza del gobierno corporativo, el cual velará por la construcción de buenos manuales y códigos ética.

Conclusiones

La investigación, sobre prácticas para prevenir la corrupción en las entidades públicas y privadas, encontró elementos divididos en variables arrojadas por los entrevistados, que hacen parte de lo que se llamó: formación para la prevención y acciones puntuales para la prevención.

Sobre las primeras, las cuales hacen referencia a factores a nivel individual y social para prevenir la corrupción, predominó la educación en infancia, adolescencia y adultez temprana, seguida de la revalidación del modelo de éxito. Estas dos aunque relacionadas son diferentes, ya que, una buena educación en las primeras etapas de vida, centrada en valores diferentes a la adquisición del dinero como meta para ser feliz, generará en consecuencia una idea de éxito diferente para la vida. Estas dos variables no son las más citadas en la literatura cuando se busca información sobre prevención. Sin embargo, una variable muy citada en la literatura, pero que, no fue la más relevante en los datos recolectados en esta investigación, es la relacionada con los valores éticos.

En este grupo relacionado con la formación para la prevención, los entrevistados citaron: una mejor selección y formación de la policía judicial y responsabilidad social desde los medios de comunicación. Los investigadores y analistas, constantemente manifiestan su descontento con los pocos recursos destinados al entrenamiento y formación de sus equipos de trabajo. Desde los medios de comunicación, algunos países establecen lazos para la generación de redes que permitan la captura de los delincuentes en estos casos, sin embargo, en muchos países, son un obstáculo, o se vuelven una organización más dentro de las redes de corrupción, desviando la atención de objetivos específicos y malinterpretando la información.

El segundo grupo de variables identificadas en las entrevistas realizadas, fueron las Acciones puntuales para la prevención. Dentro de estas, se menciona disminuir los beneficios en las penas por los delitos económicos. Aunque algunos autores proponen la privación de libertad a personas condenadas por un delito económico, sin embargo otros señalan que las sanciones penales por delitos económicos deben ser reevaluadas, de modo que el castigo sea pertinente con el delito cometido; no siempre el delito económico es un delito violento, lo cual debe ser tenido en cuenta en la judicialización de este.

Otra variable, es la equidad en el trato judicial dado a las personas. Este factor, en la literatura indica que hay condiciones especiales para los delincuentes de cuello blanco, situación que vulnera los derechos igualitarios de muchos ciudadanos. Esta variable debe estar unida con aquellas que tienen que ver con fomentar la denuncia, tener mayor eficiencia de parte de algunos fiscales, y fortalecer el aparato judicial. Estas acciones requieren del compromiso de los Estados y de la misma sociedad, donde no basta con colocar la denuncia, sino que esto debe ir seguido por la cadena de acciones desde el sistema judicial, para concretar una sanción frente al delito económico.

Se identificaron algunas variables relacionadas con la generación de instrumentos de buena conducta, la necesidad de tener procesos transparentes en las instituciones y la creación de líneas específicas de compliance penal. Estos procesos, tanto en la investigación como en la literatura, son pilares de los diferentes programas de corrupción, tanto a nivel público como privado.

Por último, desde las Acciones puntuales de prevención, la investigación encontró como alternativa al fenómeno de la corrupción, pensar en la legalización de las conductas corruptas, como una estrategia sumada a la creación de políticas públicas de prevención. Aunque este aspecto, además de polémico, requiere de un cuidadoso estudio para poder ser aplicado en algunos casos, la literatura, no lo menciona de manera constante como una forma de prevención, lo que no significa que pueda funcionar en determinados contextos.

A nivel práctico, se sugiere mantener algunas acciones tales como el uso frecuente de auditorías, hacer eficiente la inhabilidad para contratar con el estado, hacer estudios de seguridad para cargos sensibles, acciones que podrían ser eficaces para disminuir el flagelo de la corrupción. Están contempladas en la literatura de manera frecuente, y los entrevistados las consideran indispensables en la actualidad.

Si se sigue con estas herramientas de formación, y se implementan las acciones encontradas en esta investigación, tendremos algún efecto positivo en cuanto a prevención del delito económico y financiero.

Recomendaciones

A partir de la presente investigación se conceptúan las siguientes recomendaciones:

En instituciones educativas como escuelas primarias, colegios, universidades, es importante fortalecer la Educación en la Infancia, Adolescencia y Adultez temprana, en cero tolerancia a pequeñas conductas que pasen por encima de valores éticos y morales, conductas hoy normalizadas y reconocidas en dichos populares: "el vivo vive del bobo" "el que parte y reparte se queda con la mejor parte" "el que no transa no avanza".

De igual forma, en el ámbito social, la ciudadanía debe replantearse frente a las formas de ver y obtener el éxito: no es exitoso quien posee más, ni quien ocupa un cargo alto sin los méritos requeridos, pensar menos desde el individualismo y, más desde la afectación colectiva que causa romper los principios de oportunidad y equidad en una sociedad al apostarle a un camino "fácil" corrupto.

Por otro lado, a corto plazo, es necesario que las empresas privadas y las entidades públicas, establezcan nuevos métodos de detección y prevención del fraude, como el uso frecuente de las auditorías: internas y/o forenses, realizar estudios de seguridad para cargos sensibles, incluso para cualquier tipo de cargo, contratar personas idóneas para ocupar el cargo dejando aún lado los amiguismos o favores politizados.

Además, en dichas instituciones, es menester generar instrumentos de buenas conductas, como códigos de ética, compliance, compliance penal e incluirlas dentro del sistema de control interno o externo, cabe anotar que, aunque ya existe en algunas organizaciones, es preciso avanzar en la implementación para todas.

Otras acciones importantes son fomentar la denuncia y que esta sea efectiva, buscando con esto no solo que la investigación permita esclarecer los hechos, sino que también permita recuperar la confianza de los denunciantes.

Por último, es fundamental crear políticas públicas y políticas criminales dirigidas a la prevención de la corrupción y fraudes, no ha políticas reactivas como se han venido implementando. Un ejemplo sería, apostarle a fortalecer el aparato judicial investigativo en formación integral y en mayor número de integrantes para mayor efectividad desde la Fiscalía General de la Nación.