La definición del ambiente

Para conceptualizar el ambiente, la primera consideración a tener en cuenta es que los términos ambiente, entorno o medio ambiente tienen idéntico significado, en consecuencia, su uso se realiza de manera indistinta.

Corresponden al término inglés environment, al francés environnement, y a la voz alemana Umwelt, traducidas como entorno (Martín Mateo, 1992, p. 81). La mayoría de los autores destacan el carácter polisémico de los términos medio ambiente o ambiente, que hacen referencia a conceptos no siempre idénticos como el medio físico, medio humano, entorno, biosfera o ecosistemas. La definición de ambiente ha sido elaborada y discutida desde diversas disciplinas que hacen referencia a un fenómeno complejo. Las problemáticas ambientales se caracterizan por la complejidad de los procesos y la variedad de factores que la conforman lo que

[...] ha hecho necesario coordinar e integrar saberes de distintos campos de conocimiento científico y técnico para su diagnóstico y para la implementación de las políticas ambientales. Cada especialista capta desde su especialidad los aspectos más significativos que inciden en la problemática. (^{Leff, 1994}, p. 74)

Desde una postura sistémica, el ambiente humano se define como "el producto de la interrelación de los subsistemas natural y social que crea un sistema mayor: el ambiental. Se supone un gran sistema ecosocial" (^{Zeballos de Sisto, 1992}, p. 36). El contenido del ambiente como sistema ecosocial es tan amplio y complejo que se verá condicionado por aspectos naturales, culturales, sociales, económicos, políticos en un momento histórico dado, en un espacio y tiempo determinados, en el marco de un sistema jurídico y político.

Aquí utilizamos un concepto amplio de ambiente que no se reduce a lo ecológico o natural, sino en el que se destaca una de las vinculaciones más importantes: la que se produce entre la biósfera y lo social, a la que algunos se refieren como la relación sociedad-naturaleza.

Para ^{Gudynas (2001}, p. 5) en tanto que la construcción de políticas ambientales es un proceso político, debe ofrecer condiciones que hagan posible la participación de cualquier actor, a título individual o colectivo. Todos los actores son necesarios para esa tarea y se deben ofrecer condiciones que impulsen una amplia participación.

Encuadre conceptual: enfoques de la participación ciudadana

Según el Diccionario de la Real Academia Española, etimológicamente "participación" proviene del latín participatio y "participar" del latín participare, que significa dar parte, tomar parte en algo, al igual que "noticiar" significa poner en común, comunicar, compartir ideas. Semánticamente, "participar" también aparece como sinónimo de "informar". De allí, la conexión inescindible entre los derechos de acceso a la información ambiental y a la participación pública, ya que no hay participación oportuna sin información previa, completa y veraz.

Desde una ópticajurídica, la participación es definida como "la acción y efecto de participar, de tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella" (^{Ossorio, 1994}, p. 715). El concepto de participación aparece ligado a la posibilidad de los ciudadanos de formar parte, de tomar parte y tener parte en las decisiones que le afectan o le competen, e implica estar informado, poder deliberar y elegir o proponer alternativas.

En cuanto al alcance de la denominada participación pública, esta se refiere a toda interacción entre el gobierno y la sociedad civil e incluye el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad civil inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo. Por su parte, el concepto de sociedad civil, en el que profundizaremos a continuación, por definición engloba a un muy diverso campo asociativo que incluye, entre otros actores, asociaciones civiles prepolíticas, movimientos sociales, públicos informales como vecinos autoconvocados, ong, grupos de representación con intereses privados como las cámaras empresariales. Por lo general, las distintas definiciones de sociedad civil tienden a priorizar o privilegiar el estudio de uno de los numerosos formatos asociativos que la integran por sobre los otros. ^{Isunza Vera (2010)} distingue tres nociones del sentido común que se relacionan con diversos mecanismos de comunicación entre la sociedad y el Estado, ellos son: la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

La participación ciudadana es definida según Nuria Cunill (1997, p. 74) como un tipo de acción política que

[...] expresa, con múltiples sentidos, la intervención directa de los agentes sociales en actividades públicas. Su pertinencia, desde este punto de vista, no solo se basa en el mejor desempeño de la administración pública, sino que "incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía".

De tal forma, la participación ciudadana se convierte en un instrumento imprescindible para los diferentes campos de la política pública, dado que esta otorga a las autoridades la institucionalización de procedimientos de consultas o audiencias públicas o de mecanismos para que la sociedad civil participe en el ciclo de las políticas específicas. De acuerdo con lo destacado en el párrafo anterior,

[...] la institucionalización de este derecho supone la previa adopción del principio de transparencia en el obrar administrativo, la paulatina eliminación de los secretos públicos hasta los límites que ello sea posible y la apertura hacia los controles indirectos de la administración por los administrados. (^{Bustamante Alsina, 1998}, p. 1)

De las diferentes definiciones que hemos esbozado hasta aquí podemos observar a modo preliminar que hay por lo menos dos enfoques de la participación ciudadana: uno que podemos denominar del consenso y otro que aborda la mirada del conflicto. El enfoque del consenso propugna la implementación de mecanismos o instrumentosjurídicos de participación ciudadana en la gestión pública. Podría ser considerado un conjunto de oportunidades generadas por la normativa o por la voluntad de los gobernantes, destinadas a facilitar instrumentos formales e informales que viabilicen la opinión de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones gubernamentales. Una de las estrategias impulsadas desde los gobiernos para afrontar los desafíos de la legitimidad política ha sido generar espacios participativos, con el fin de realizar actividades conjuntas con ciudadanos y otros actores colectivos (^{Arroyo, 2000}).

El amplio abanico de mecanismos o instrumentos participativos que se han ofrecido desde el Estado se pueden clasificar en formales¹ e informales (no referenciados en la normativa): encuestas de opinión sobre servicios públicos, entrevistas, reclamos telefónicos o en la web.

Incluso estos mecanismos participativos se prevén en instancias internacionales, es el caso del Acuerdo de Escazú (2018) sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, suscrito en San José de Costa Rica el 4 de marzo del 2018. Este constituye el primer acuerdo de la región que se realiza con la participación de la sociedad civil desde su génesis en la formulación del instrumento. Luego de arduas discusiones, se asegura también una participación significativa del público en el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo.

Desde el enfoque del conflicto, la participación ciudadana de los sectores de la sociedad que solicitan un acceso a la toma de decisiones públicas que los afecten, crea tensiones con el poder instituido; y en ocasiones también se visibilizan disputas con aquellos actores que representan al conjunto de la sociedad civil en el proceso político.

Es posible que la participación tenga origen a instancias de los propios ciudadanos, es decir, desde la sociedad civil, y que esta sea la impulsora de la generación de oportunidades participativas y de la construcción de instancias colectivas para profundizar la calidad de la ciudadanía. En ella se suelen constituir grupos o movimientos sociales más o menos autónomos de las acciones estatales y del mercado, enmarcados en un objetivo común e integrado por fuertes lazos comunitarios y de solidaridad. En este sentido, la participación implica conflicto y lucha de intereses, que disputan el sentido vinculante de lo político atravesando el campo de lo ambiental, de modo tal que el escenario de la política ambiental está constituido por "el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía" (^{Svampa, 2012}, p. 20).

En el presente artículo se desarrolla una aproximación desde esta última perspectiva para poder analizar cómo la participación ciudadana contribuye en la construcción de los movimientos socioambientales, como una alternativa contrahegemónica para reclamar espacios participativos y consultas previas en la toma de decisiones. Si bien en algunos casos son instrumentos formales de participación (reconocidos en constituciones o en leyes) que podrían englobarse como herramientas que provee el Estado, al no ser utilizadas o implementadas, los ciudadanos deben luchar por su reconocimiento, así como por el espacio para participar y organizarse en movimientos para reclamar esos derechos.

La noción de sociedad civil

El hecho de que la sociedad civil se haya convertido en una referencia casi totémica tanto para la izquierda como para la derecha es bien diciente de su elasticidad semántica. Esta ductilidad del concepto no dice mucho a su favor como instrumento válido para la discusión científico-política, y su utilización abusiva amenaza incluso con hacerlo irrelevante, convirtiéndolo en un mero y vago estereotipo (^{Vallespín, 1996}, p. 1).

Retomamos la argumentación de Cohen y Arato en torno a que el concepto de sociedad civil, reconstruido de manera adecuada para profundizar procesos de democratización de sociedades oficialmente democráticas, constituye mucho más que un mero eslogan (Cohen y Arato, citado en ^{Olvera, 1999}, p. 83).

Es de destacar que, desde el plano de la etimología, no hay diferencia de sentidos entre los términos sociedad política y sociedad civil (^{Pavón Cuellar y Sabucedo Cameselle, 2009}, p. 2). La sociedad civil no es ni más ni menos que una sociedad ciudadana. El término sociedad civil proviene del latín societas civilis. En esta expresión compuesta, el sustantivo societas describe cualquier sociedad o asociación de grupos o individuos, mientras que el adjetivo civilis precisa un tipo específico de sociedad: la sociedad civil, es decir, la sociedad de la cive o de la ciudad. El latín societas civilis es la traducción directa del griego koinona politike. Al igual que la societas, la koinona describe cualquier sociedad y, al igual que civilis, el adjetivo politike define una especie de sociedad: la sociedad política de la polis griega, es decir, la sociedad civil de la cive latina o la sociedad de la ciudad actual. Además de la condición general de vivir en sociedad, el animal social humano, con su vocación civil, se distingue por su capacidad específica de vivir en sociedad civil. En este mismo nivel de especificidad, el humano, siendo un "animal familiar", también se caracteriza por la condición de vivir en sociedad familiar. Los movimientos socioambientales adquieren una dimensión global que pone en escena una combinación del tipo local-global-local, de manera que el concepto de sociedad civil debe ampliarse.

El contexto latinoamericano de la participación ciudadana

Para comprender el surgimiento y características de los movimientos sociales en nuestro continente es necesario realizar una breve reseña de la situación latinoamericana en las últimas décadas. La historia socioambiental nos muestra insatisfacción de necesidades humanas y, al mismo tiempo, la degradación de una parte importante de la naturaleza (^{Alier, Sejenovich y Baud, 2015}). Desde las últimas décadas del siglo xix ha habido voces de científicos y escritores que critican el uso indiscriminado de los recursos naturales, pero en la obsesión de la modernidad de la época estos nunca fueron escuchados. En la segunda mitad del siglo xx la crítica se volvió más coherente y articulada políticamente. Aunque ocurrió en el contexto de un debate mundial, mostró una perspectiva latinoamericana e influyó en la creación de lo que se llama una institucionalidad ambiental con nuevos ministerios, leyes y reglamentos.

Frente a los dilemas que nos plantea la cuestión ambiental parece que la democracia liberal del siglo XIX, en términos de representación y administración burocratizada, no puede resolver los problemas complejos que presenta el siglo XXI. La democracia, entendida como una forma de organización del Estado, se ha reducido a las competencias electorales que en un territorio determinado definen qué funcionarios han de detentar el liderazgo político en los terrenos legislativo y ejecutivo (^{Fung y Wright, 2003}), es decir, la legitimidad de origen otorgada por la ciudadanía en el momento de la elección mediante el voto a sus representantes. Sin embargo, el estudio de la representación no puede reducirse al análisis de los comportamientos de las élites gubernamentales o de los esporádicos contactos que las elecciones establecen entre el votante individual y la clase política, sino que también debe incluir una multiplicidad de prácticas participativas a través de las cuales diversos grupos intentan influenciar las dinámicas políticas (^{Peruzzotti, 2008}).

Es por ello que con el propósito de superar los esquemas democráticos de decisión neoliberales que han resultado perjudiciales para el ambiente, surgen numerosos teóricos que han dado un giro hacia esquemas de democracia participativa ambientalmente sustentables. Lo'ic ^{Blondiaux (2013}, pp. 48-51) sostiene que la potencialidad de la noción de democracia participativa se debe "a la idea de que esta intervención ciudadana constituiría una respuesta adaptada a una o varias evoluciones estructurales de nuestras sociedades".

Dentro del género conceptualizado como democracia participativa, se han difundido a su vez diversas nociones de democracia deliberativa que pueden ser clasificadas en: deliberativas liberales (Rawls, Nino, Gutmann y Thompson,), deliberativas republicanas (Martí) y deliberativas críticas (Habermas, Dryzek).

En una sociedad democrática, la lucha política tiene como objetivo dotar de significado la democracia o llenar temporalmente el espacio vacío del poder (^{Lefort, 2004}). La disputa en torno al significado de la democracia se vuelve más álgida en el terreno de los movimientos sociales. De hecho, con frecuencia, el eje principal de la crítica de los actores que participan en los movimientos es la falta de democracia o la insuficiencia de las instituciones para tramitar sus demandas. Se ven a sí mismos como procesos democratizadores, creadores de espacios y prácticas democráticas, en su perspectiva mejores que los de la política institucional.

El principio básico de la democracia representativa, "el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes", se percibe como insuficiente para hacer frente a las complejidades de la vida moderna; por ello, cada vez con más fuerza se plantea la necesidad de un rol activo de la población y la ciudadanía en las cuestiones públicas (^{Ryan, 2001}, p. 1). Un ejemplo de la participación ciudadana se da en el sector de la megaminería, donde la movilización social es creciente (^{Delamata, 2013}) a lo largo de la República Argentina. Así, la autora señala que:

Las autodenominadas asambleas (plataformas de vecinos auto-convocados de base local) contra la megaminería o minería a cielo abierto, no solo adoptaron una modalidad de construcción horizontal, deliberativa e independiente de los partidos, sino que comenzaron a utilizar el derecho y la ley para inscribir expectativas de cambio y transformar la política pública. Entre el 2003 y el presente lograron impulsar la agenda parlamentaria que prohibió la minería con sustancias tóxicas, considerada ambientalmente no sustentable, en nueve provincias argentinas [...], siendo doce aproximadamente (de un total de veintitrés) las que se encuentran afectadas por la localización de proyectos mineros. (^{Delamata, 2013}, p. 171)

Vemos cómo los conflictos son de tipo local y se desarrollan en términos puntuales (en el ejemplo dado, alrededor de cada proyecto minero), podríamos decir que los distintos abordajes corresponden a la dinámica particular del conflicto y no están sujetos a una mirada integral de la problemática ambiental. Estos conflictos dan cuenta de la existencia de una forma de lucha social, antes que de un aumento de una "preocupación o conciencia social" en relación con el ambiente y la naturaleza.

La región cuenta hoy con una ciudadanía más participativa, sea de manera orgánica o inorgánica. Se ven estallidos sociales en muchos de los países latinoamericanos, asociados a distintos temas, y una presión permanente por parte de la ciudadanía, de forma sistemática y más organizada, en torno a que se reconozcan sus espacios participativos.

El advenimiento de una democracia participativa no sustituye, pero sí acompaña a la democracia representativa, en la medida en que los poderes legislativos de nuestros países no están siendo percibidos como realmente "representativos" de los ciudadanos a los que dicen representar. En la actualidad suele hablarse de "nuevos movimientos sociales" como categoría distinta a los "tradicionales" o "movimientos populares" que los antecedieron, para diferenciar la base social que conforma las movilizaciones actuales (^{Santos, 2001}, p. 177). A partir de sus acciones, estos nuevos movimientos han visibilizado las aristas negativas de las formas de producción hegemónicas; y a nivel político, han puesto en juego formas de participación diferentes a las maneras tradicionales (vinculadas principalmente a la democracia representativa y a lo político-partidario). Así mismo, se han generado instancias de participación y de intercambio que permiten extender las redes de solidaridad y acción.

Las diferentes movilizaciones que se multiplican hoy en América Latina, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, van configurando progresivamente movimientos sociales que poseen una dinámica organizacional y confrontacional propia, con capacidad para sostener sus demandas en el tiempo, más allá de una innegable vulnerabilidad vinculada a una situación de gran asimetría social (^{Svampa, 2008}a).

Uno de los más encendidos debates sobre los nuevos movimientos sociales (en adelante, NMS) incide en el impacto de estos en la relación entre subjetividad y ciudadanía. Según algunas perspectivas, los NMS representan la afirmación de la subjetividad frente a la ciudadanía. La emancipación por la que luchan no es política sino ante todo personal, social y cultural. Las luchas en que se traducen se pautan por formas organizativas (democracia participativa) diferentes de las que precedieron a las luchas por la ciudadanía (democracia representativa) (^{Santos, 2001}). Es en función de ello que se produce el input de los movimientos socioambientales en la transición hacia la democracia participativa. Podemos señalar, a modo de ejemplo, algunas prácticas de movimientos socioambientales locales con alcance nacional, en el caso de Argentina: la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) define en sus principios que se encuentran "reunidos en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos"; de modo que se puede pensar en ella como una red de territorios porque expresa una red de conflictos en la cual el centro del litigio es la disputa por el territorio; el caso de las asambleas por la defensa del agua en la provincia de Mendoza contra los proyectos de megaminería (^{Wagner, 2010}); el movimiento de los pueblos fumigados que debaten el modelo productivo, la extensión de la frontera agropecuaria, la sojización y la utilización de los agrotóxicos, argumentan su reclamo por el derecho a un ambiente sano y saludable, con la preservación de los bosques y los servicios ambientales que proveen la protección de la biodiversidad.

Hay señales de un naciente ecologismo político latinoamericano posextractivista en el que las reacciones ciudadanas frente a proyectos de desarrollo extractivistas proponen alternativas, como por ejemplo otorgar derechos a la naturaleza, que se articulan así con los clásicos derechos ciudadanos a un ambiente sano y a una calidad de vida. Algo que efectivamente ya se implementó en la Constitución de Ecuador en 2008. En este caso, durante la discusión y la aprobación de los derechos de la naturaleza intervinieron una gran diversidad de actores, ideas desarrolladas en forma independiente en el ámbito nacional, los aportes internacionales, la experiencia de varios líderes sociales y ambientales ecuatorianos, y las prácticas de movimientos sociales e indígenas interesados en los temas ambientales. Ecuador es un país con muy altos niveles de biodiversidad, donde han tenido lugar sucesivas movilizaciones ciudadanas frente a problemas como la destrucción de áreas naturales o los efectos negativos de la explotación petrolera en el oriente amazónico, y hay varias ONG muy activas (^{Gudynas, 2009}, p. 40).

Así se postuló en la Constitución de la República de Ecuador que la naturaleza, Pachamama, "tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" (art. 71). La naturaleza tiene, además, derecho a una restauración integral (art. 72). En este orden de ideas, cambia la perspectiva, la naturaleza deja de ser un objeto de protección jurídica para pasar a ser un sujeto de derechos.

En opinión de ^{Santos (2001)}, en el campo de los NMS, América Latina sobresale en forma destacada del resto de los países periféricos y semiperiféricos. Los canales de comunicación entre los ciudadanos y el Estado no solamente se están usando con mayor frecuencia y mayor intensidad, por un número creciente de ciudadanos y para una serie cada vez más amplia de temas; se cuestiona, además, si estos mismos canales institucionales constituyen una vía adecuada y suficiente de comunicación política. Se vuelve cada vez más difícil determinar dónde acaba el Estado y comienza la sociedad civil: [...] aparecen en escena una multiplicidad de actores que van más allá del actor estatal y sus organismos de gobierno, los legisladores, los organismos de evaluación y control ambiental, los consultores de política ambiental, las entidades especializadas empresariales, y por cierto los movimientos sociales, indígenas y ambientalistas; la gobernanza ambiental está siendo demandada por la sociedad civil y en todos lados se hace sentir la demanda por una democratización de las decisiones de política pública y privada que tiene relación e impactan el medio ambiente. (Parker, 2014. p. 5)

La gobernanza ambiental en América Latina hoy en día es, por lo menos, un proceso contradictorio. El discurso dominante de la gobernanza participativa en varios países latinoamericanos está acompañado por el aumento de conflictos socioambientales (^{De Castro, Hogenboom y Baud, 2015}, pp. 20-21). Según la opinión de ^{Santos (2009)}:

Lo que en apariencia es un proceso de retracción del Estado, puede ser, en realidad, un proceso de expansión del Estado. Solo que, en vez de expandirse a través de sus aparatos burocráticos formales, lo hace bajo la forma de sociedad civil [...]. El Estado crea, por su intervención, espacios de sociedad civil, invirtiendo la concepción liberal clásica en el sentido en que es la sociedad civil la que crea el Estado. (pp. 456-460)

Se está desdibujando la línea divisoria que deslinda los asuntos y comportamientos políticos de los públicos y privados.

Movimientos sociales: una aproximación como marco de los NMS

En este apartado se describen las principales nociones en torno a los movimientos sociales, debido a que no existe una única teoría ni definición consensuada.

Para María Da Gloria ^{Gohn (1997)}, los movimientos sociales son acciones sociopolíticas construidas por actores sociales colectivos, pertenecientes a diferentes clases sociales, articuladas en ciertos escenarios de coyuntura socioeconómica y política de un país, que crea un campo político de fuerza social en la sociedad civil. Las acciones se dan con base en temas en conflicto, litigios y disputas vividas por el grupo en la sociedad. Ese proceso social y político cultural crea una identidad colectiva para el movimiento, a partir de los intereses en común. Esta identidad se construye mediante valores culturales y políticos compartidos por el grupo, en espacios colectivos no institucionalizados.

^{Riechmann y Fernández Buey (1994}, p. 47) definen los movimientos sociales como "[...] un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación social (promoviendo cambios, u oponiéndose a ellos) [...]". Desde otra perspectiva, ^{Revilla Blanco (2010}) define a los movimientos sociales como uno de los medios existentes para hacer visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales; pero también son el espacio en el que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas.

^{Svampa (2009)} distingue entre movimientos sociales en sentido fuerte y en sentido débil. En el primer uso, se hace referencia a un actor o movimiento social que cuestiona la lógica de dominación, siendo irreductible a la institucionalización. Esta lectura es la que ha prevalecido en América Latina, donde implica la posibilidad de pensar los movimientos sociales como sujetos potencialmente antagónicos y emancipatorios. En el sentido débil, la noción de movimientos alude a un tipo de acción colectiva que intencionalmente busca modificar el sistema social establecido, o defender algún interés material; una acción contenciosa e intencional que da cuenta de una continuidad organizativa por parte de los actores que no tienen poder frente a aquellos que sí lo tienen.

Tomando elementos de las conceptualizaciones señaladas, definimos los movimientos sociales como aquellas acciones conflictivas que tratan de transformar las relaciones de dominación social ejercidas sobre los principales recursos naturales y culturales.

Movimientos socioambientales en América Latina: una cuestión de enfoque

En primer lugar, es importante distinguir entre ecologismo y ambientalismo, conceptos que muchas veces se utilizan de manera indiscriminada. ^{Leff (1998)} sostiene que es posible distinguir entre los movimientos ecologistas del Norte y los movimientos ambientalistas del Sur, considerando las condiciones en que surgen y se desarrollan, el contexto político, cultural y económico en el que emergen.

En los países del Norte, el movimiento ecologista se orienta hacia la conservación de la naturaleza y el control de la contaminación, al tiempo que los problemas asociados con la sobreexplotación de los recursos son transferidos a los países más pobres. [...] El ecologismo de los países altamente industrializados ha surgido como una ética y una estética de la naturaleza. [...] Son "movimientos de conciencia" que desearían salvar al planeta del desastre ecológico, recuperar el contacto con la naturaleza, pero que no cuestionan el orden económico dominante. Por su parte, los movimientos ambientalistas en los países pobres emergen en respuesta a la destrucción de la naturaleza y la desposesión de sus formas de vida y de sus medios de producción; son movimientos desencadenados por conflictos sobre el acceso y el control de recursos; son movimientos por la reapropiación social de la naturaleza vinculados a procesos de democratización, a la defensa de sus territorios, de sus identidades étnicas, de su autonomía política y su capacidad de autogestionar sus formas de vida y sus estilos de desarrollo. (^{Leff, 1998}, p. XX)

De esta manera, siguiendo las mencionadas reflexiones de Leff y teniendo presentes las definiciones del acápite anterior, puede decirse que los movimientos socioambientales configuran un concepto y un objeto de estudio más complejo que el pensamiento ecologista, plantean la necesidad de generar perspectivas más ricas para entender la articulación de los múltiples procesos que integran al ambiente y las relaciones entre sociedad-naturaleza. De ese modo, se abre un nuevo proceso de civilización con un eje central en una nueva racionalidad ambiental.

Queda en evidencia la diferencia entre los movimientos ecologistas que buscan la preservación del ambiente mediante la concientización, fomentando un cambio en las actitudes cotidianas de las personas, aunque sin cuestionar el sistema de dominación de los cuerpos y explotación de la naturaleza; y aquellos movimientos socioambientales que ponen el foco justamente en aquello que los ecologistas dejan de lado, es decir, que problematizan los modos imperantes de producción y el neoextractivismo, al mismo tiempo que cuestionan los estilos de vida, el paradigma de desarrollo y la idea de progreso. En los movimientos socioambientalistas se articulan las luchas de las comunidades indígenas, de las organizaciones campesinas, obreras y populares, con los grupos ecologistas. Gudynas, por su parte, caracteriza al ambientalismo latinoamericano como un movimiento diversificado y heterogéneo, cuya unidad está en su sentido de pertenencia (Gudynas, 1992).

El presente artículo opta por la denominación movimientos socioambientales, al destacar la importancia de la vinculación entre el conflicto de carácter social y ambiental. Este tipo de formas de organización social son impulsadas por la destrucción ecológica y la degradación ambiental, junto con la marginación social y la creciente pobreza, características de los países de América Latina. Se observa que las causas por las que surgen estos movimientos exceden lo estrictamente ecológico, implicando cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales y territoriales, sobre todo en el contexto latinoamericano. Tal como lo señala ^{Svampa (2008)}, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales se han ido configurando movimientos sociales e instancias de coordinación, que poseen una dinámica organizacional y confrontacional propia, y que ilustran el incipiente giro ecoterritorial. Con dicho concepto la autora da cuenta del "novedoso cruce entre la matriz indígena-comunitaria y el lenguaje ambientalista", cuyo resultado ha sido la "potenciación de un lenguaje de valoración".

Una revisión crítica del modo de producción actual de conocimientos científicos no es una actividad meramente académica; esta se da en el marco de una alianza entre las comunidades académicas implicadas y un sinnúmero de movimientos sociales.

Ejemplos claros son los movimientos sociales que propagan el desarrollo endógeno sustentable, la agroecología que reactualiza y desdogmatiza la cuestión agraria (Sevilla Guzmán 2010), la agricultura orgánica como un movimiento político y transdisciplinario (Aeberhard y Rist 2009), diferentes movimientos que reivindican la recuperación de las diferentes formas de medicina no occidental, y otros múltiples movimientos ambientales que, cada vez más, empiezan a recontextualizar la cuestión ambiental más allá de la ecología, dándose cuenta de las interrelaciones entre lo ambiental y lo político. (^{Delgado, Rist y Escobar, 2011}, p. 402)

¿Se trata de un nuevo movimiento social con particularidades específicas?

En cuanto al interrogante planteado en el título de este acápite vale señalar las dos posiciones que se pueden encontrar desde la perspectiva de la lógica conflictiva de la participación en la que nos enrolamos.

Por un lado, están los teóricos de la escuela crítica (Habermas, Melucci, Offe, Touraine) que explicaron la aparición de los NMS y cuya acción social se ubica en el interregno entre lo público y lo privado. Lo que significa que estos movimientos, según la opinión de Offe (1996) politizan cuestiones que no pueden ser fácilmente "codificadas" con el binario (acción privada o pública) del universo de acción social que subyace a la teoría liberal. Los NMS se ubican en una tercera categoría intermedia: su campo de acción es un espacio de política no institucional. Cuestionan la utilidad analítica de la dicotomía convencional entre Estado y sociedad civil, dando lugar a procesos de fusión entre ambas esferas, no solo a nivel de manifestaciones globales sociopolíticas, sino también al nivel de los ciudadanos como los actores políticos primarios.

Por otro lado, está la mirada que analiza los movimientos sociales surgidos en los países latinoamericanos a partir de la implementación de los modelos neoliberales, desde una perspectiva regional. Los autores que se inscriben en este enfoque sostienen que:

Desde esta perspectiva, es posible [...] romper con la falaz oposición entre los bautizados nuevos y viejos movimientos sociales para elaborar una mirada que dé cuenta tanto de las continuidades como de las rupturas que atraviesan al conjunto de los movimientos sociales y las prácticas colectivas y que se distinguen de la específica valoración de las mismas en términos de su sentido emancipatorio o conservador. (^{Seoane, Taddei y Algranati, 2013}, p. 51)

Teniendo en cuenta estas miradas, es importante de todos modos reconocer que algunos autores consideran que los movimientos ambientales forman parte de los llamados NMS, al igual que otros movimientos religiosos, feministas, urbanos, de género, etc. Otros autores consideran al ambientalismo como el único movimiento "nuevo" dentro de los NMS, por la novedad de su respuesta social hacia un hecho sin precedentes en la historia: la destrucción ecológica y el cambio global (^{Frank y Fuentes, 1987}).

No obstante, en un intento por clarificar la idea, si bien los movimientos socioambientales reorientan los objetivos y estrategias de los movimientos sociales, no se los puede desvincular de las raíces históricas de "las luchas campesinas, obreras y populares por la defensa de la tierra, del trabajo y de sus condiciones generales de existencia" (^{Leff, 1998}, p. 87). En este sentido, la conciencia ambiental moviliza a nuevos actores políticos vinculando reivindicaciones y discursos como el discurso ambiental y territorial, en un proceso de reapropiación de la naturaleza que conlleva la transformación de las relaciones de producción y la generación de nuevos potenciales productivos para un desarrollo sustentable.