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INTRODUCCIÓN
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la condición de discapacidad puede afectar hasta el 12 % del total de la población de un país. En América Latina, y específicamente en Colombia, tanto la magnitud como los costos sociales de la discapacidad pueden no corresponder con dicha cifra por la subvaloración existente1. Debido al problema de sostenibilidad financiera de los sistemas pensionales en la región, producto del envejecimiento progresivo de la población y de la baja proporción de fuerza laboral que contribuye financieramente, en la década de los 90 se hicieron reformas que introdujeron los sistemas de cuentas individuales, administrados privadamente, los cuales se sumaron a los sistemas públicos de reparto2. En Colombia la Seguridad Social es un servicio público obligatorio, dirigido y coordinado por el Estado3, el cual fue reglamentado por la ley 100 de 19934, e integrado por instituciones públicas o privadas que administran recursos financieros, humanos y tecnológicos para proteger la dignidad humana, al prevenir o mitigar las condiciones que puedan afectarla con base en el pluralismo estructurado5. Este modelo pretende corregir la asimetría de la información y el riesgo moral, que se observan cuando el mercado de planes de jubilación y de seguros es poco regulado6.
El sistema pensional colombiano creó las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el fin de proporcionar las intervenciones sociales y financieras, para evitar que los gastos generados por incapacidad sean asumidos por la propia persona4. Las estimaciones actuariales de las AFP incluyen las variables que pudieran afectar el equilibrio del sistema, como la proporción poblacional que puede contribuir y la que será beneficiaria. Aunque la mayoría de las decisiones son de carácter financiero, existen situaciones que suelen no ser tenidas en cuenta por los actuarios, como es la proporción de población que no es capaz de trabajar debido a enfermedades comunes, esto es enfermedades distintas a las laborales atendidas por un subsistema especial.
Las reclamaciones de pensión de invalidez a la AFP, son evaluadas por la Comisión Calificadora y aprobadas considerando el dictamen médico laboral con base en la condición particular del paciente, siguiendo el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional7. En caso de ser rechazadas, el conducto regular consiste en acudir a instituciones de mayor jerarquía, en primera instancia las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y como último responsable la Junta Nacional.
El Estudio Nacional Carga de Enfermedad en Colombia8, demostró que las enfermedades no transmisibles son las principales responsables de la pérdida de la mayoría de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA), y que la discapacidad explica el 74 % de éstos. Con lo anterior, y el cambio en la pirámide poblacional, se podría inferir que el número de colombianos que no podrán trabajar por una incapacidad aumentará significativamente en un futuro.
La discapacidad como variable dependiente refleja un complejo y dinámico proceso, que cambia de magnitud y presentación en el tiempo según diversos factores9. Por la variada conceptualización que se da a términos como discapacidad, invalidez, incapacidad, minusvalía, se dificulta establecer su alcance y su impacto social en algunos países específicamente1. De ahí que sistematizar la información sobre discapacidad implica dificultades que exigen estudiar el fenómeno sobre datos poblacionales reales.
Debido a que en bases de datos científicas no se encuentran suficientes estudios que den cuenta de los factores relacionados con la pérdida de la capacidad laboral, por causas no ocupacionales1,2,9 en Latinoamérica y especialmente en Colombia, el objetivo del presente estudio fue caracterizar la reclamación de pensiones de invalidez por enfermedad común y los principales factores relacionados con su aprobación entre 2006 y 2011 en la segunda más grande AFP colombiana como indicador de carga de invalidez para la AFP, para de esa forma aportar a la comprensión de algunos determinantes de estos eventos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Es un estudio descriptivo y exploratorio inferencial, que identificó las principales características socio demográficas y de siniestralidad, relacionadas con la demanda de pensión de invalidez por enfermedad común y su aprobación por parte de una AFP de Colombia, en la totalidad de la población afiliada a ella entre los años 2006 y 2011. De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Por tratarse de una investigación sin riesgo no se aplicó consentimiento informado, pues empleó técnicas de investigación documental retrospectiva que analizó datos previamente recolectados, y no realizó ninguna intervención sobre las personas. Los datos personales fueron siempre protegidos y manejados confidencialmente.
Materiales y métodos de recolección de datos
El estudio partió de una fuente secundaria al ser una base de datos que contenía toda la información a nivel nacional de la AFP, por tanto, la calidad de los datos dependió de ésta. Cada demanda pensional por invalidez fue registrada y revisada por un grupo de personal técnico previamente entrenado para extraer información relevante en las siguientes categorías: sociodemográfica, seguridad social, situación administrativa de la reclamación y aquellas variables propiamente dichas del siniestro, entre las que se incluyeron los aspectos clínicos y epidemiológicos. Para evaluar la invalidez se utilizó un test estandarizado y unificado para estimar la incapacidad, promovido por el Ministerio de Trabajo, llamado Manual Único para la Calificación de Invalidez (MUCI)10. Adicionalmente, se realizó una doble entrada de datos en forma independiente para mayor confiabilidad.
Caracterización de la invalidez
La invalidez se califica con MUCI7 y se define como la pérdida de capacidad laboral (PCL) por cualquier causa no provocada intencionalmente. La calificación se realizó a partir de criterios establecidos en tablas de valores que dan cuenta del porcentaje de daño ocasionado y se asigna mediante la suma aritmética, el puntaje de evaluación de la deficiencia (50 %), la discapacidad (30 %) y la minusvalía (20 %) de la persona afectada. Finalmente se obtuvo un porcentaje de PCL que con otras variables, determina la aprobación de la pensión.
Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, temporal o permanente, al representar la exteriorización de un estado patológico y al reflejar perturbaciones en los órganos. La discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen normal. La minusvalía es toda situación desventajosa, consecuencia de una deficiencia o discapacidad que impide desempeñar un rol según la edad, el sexo, o factores socioculturales y ocupacionales7.
La evaluación de las deficiencias se realizó mediante los criterios establecidos en tablas de valores que califican el porcentaje de daño ocasionado. Se construyeron 17 categorías clínicas para clasificar las deficiencias según el sistema comprometido: osteomusculares, causas externas (traumas, envenenamiento, agresión o accidentes), neoplásicas, neurológicas, cardiovasculares, psiquiátricas, dolor, órganos de los sentidos, infecciosas, hematoinmunológicas, genitourinarias, respiratorias, metabólicas y endocrinas, gastrointestinales y piel, otros no clasificables y una última categoría para el sin dato.
Las discapacidades se evaluaron a partir de la suma del valor obtenido en cada una de las siete categorías de discapacidad: conducta, comunicación, cuidado de la persona, locomoción, disposición del cuerpo, destreza y situación. Por su parte las minusvalías, también son el reflejo de la sumatoria de valor asignado en cada una de las siguientes categorías: orientación, independencia física, movilidad, ocupacional, integración social y autosuficiencia económica, en función de la edad.
Las prestaciones económicas otorgadas a la persona inválida varían en caso de invalidez mayor, pérdida del 66 % o más de la capacidad laboral, ya que el dictamen médico es prueba fundamental. Además se califica el origen por enfermedad común, enfermedad profesional, accidente común o accidente profesional.
Métodos estadísticos
El análisis de los datos inicialmente descriptivo empezó con la definición de cada variable por su naturaleza e incluyó el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, con las medidas de tendencia central y dispersión respectivas según la distribución de las variables, tras verificar con pruebas de normalidad (Kolmogoroff-Smirnoff). Luego se realizó un análisis exploratorio inferencial a partir del uso de pruebas de hipótesis para contrastar las diferentes variables ya mencionadas según fueron aprobados o no (Chi2 de independencia), con sus respectivos intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %). Así mismo, por medio de modelos de regresión logística, se evaluaron los desenlaces de invalidez y aprobación de la demanda pensional y sus factores relacionados como el sexo, la edad, el soporte social (apoyo por personas cercanas), el nivel de educación, además de las causas médicas. Como coeficiente de determinación usamos el R2 de Nagerlkerke. Los análisis fueron llevados a cabo usando SPSS 20.
RESULTADOS
Características sociodemográficas
La edad promedio de las personas que reclamaron por invalidez fue de 38,2 (±9,6) años, el afiliado que reclamó con menor edad fue de 17 años y el de mayor edad fue de 67, sin diferencias significativas en la aprobación.
El porcentaje de hombres que reclaman pensión por invalidez (64,4 % IC 95 %: 63,0-65,7), es mayor que el de mujeres, siendo similar la proporción de aprobación entre ambos grupos. Entre los 25 y los 45 años se presentó el mayor porcentaje de reclamaciones, siendo el grupo de 40 a 44 el de mayor número de solicitudes y uno de los de mayor aprobación, acompañado de los grupos etarios de 35 a 39 y de 45 a 49 años, con diferencias significativas entre los grupos (p: 0,013). Hay una disminución en el número de solicitudes en las edades extremas. La mayoría de los solicitantes estaban casados, pero esto no influyó en la distribución del desenlace de la solicitud. El 19,1 % (IC 95 %: 17,9- 20,2) de los reclamantes recibió solamente educación primaria, y la mayor proporción llegó solo hasta la secundaria, por lo cual, el 37,6 % (IC 95 %: 36,2-39,0) recibieron educación de mayor nivel y esto presentó diferencias significativas en el nivel de aprobación de la solicitud (Tabla 1).
Solicitudes de pensión
Durante el período del estudio, se presentaron 4745 solicitudes de pensión en total. La tasa de solicitudes inició en 3,3 solicitudes de pensión por invalidez por cada 100 mil afiliados durante el primer año de estudio y aumentó a 5,9 en 2009, para terminar con 2,9 reclamaciones en el 2011 (Figura 1).
Invalidez
Causas clínicas
Las enfermedades osteomusculares fueron identificadas como las principales causantes de reclamación, seguidas de las causas externas y las enfermedades neoplásicas (Figura 2). El grupo de enfermedades con mayor porcentaje de aprobación es el de las neoplásicas (77,5 % IC 95 %: 73,8-81,2), hemato-inmunológicas (63,2 % IC 95%: 57,1-69,3), infecciosas (63,2 % IC 95 %: 57,2-68,8) y neurológicas (61,6 % IC 95 %: 56,8-66,3). Todas las otras causas presentan un porcentaje de aceptación entre el 20 y 60 %.
Caracterización de la invalidez
Deficiencia
Las diferencias entre los valores medios de la deficiencia entre los grupos de enfermedades que tienen una tasa de aprobación más alta y aquellos que no, es en promedio superior a 10 puntos. La valoración de la deficiencia es la que más peso tiene en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral (Tabla 2).
Tabla 2 Medidas resumen de los componentes de la pérdida de capacidad laboral (PCL) según estado de la solicitud. AFP, Colombia 2006 - 2011
Característicamente, el porcentaje de aprobación es mayor en el grupo de enfermedades que registran una media de calificación de la deficiencia mayor a 25. Adicionalmente, el promedio robusto de las deficiencias del grupo de aprobados es 1,8 veces mayor que aquellos cuya solicitud fue negada.
Discapacidad
La diferencia del promedio de la calificación de la discapacidad entre los grupos de aprobado y no aprobado es de 1,8. Podríamos pensar que la discapacidad en ese caso no hace un aporte importante a la pérdida de la capacidad laboral como la deficiencia.
Minusvalía
Aun cuando la contribución de la minusvalía es mayor que la de la discapacidad, la diferencia entre los grupos de aprobados y no aprobados es de sólo 3,9. Confirmando así, que es la deficiencia, la determinante en la construcción de la categoría de pérdida de la capacidad laboral (PCL) y en la aprobación.
Origen de la reclamación y calificadores
La mayoría de las solicitudes y aprobaciones se presentan en el caso de enfermedad común 77,9 % (IC 95 %: 76,8-79,1) comparado con accidentes 17,6 % (IC 95 %: 16,6-18,8). La proporción de solicitudes aprobadas por la AFP directamente fue del 49,2 % (IC 95 %: 47,7-50,6), de las 159 solicitudes que pasaron a la Junta Regional, se aprobaron en esta segunda instancia el 40,3 % (IC 95 %: 32,3-48,2) y de las 50 que llegaron hasta la Junta Nacional, se aprobaron el 20 % (IC 95 %: 7,9-32,1) (Tabla 3).
Factores relacionados con la invalidez
Ser declarado inválido estuvo relacionado con el sexo, el soporte social, el máximo nivel alcanzado de estudio, el puntaje total de discapacidad y de minusvalía, además de las causales de solicitud. Las variables mencionadas explican un 76,7 % de la probabilidad de ser declarado como inválido. En las variables incluidas se encontró que es 1,4 veces más probable ser inválido siendo hombre respecto de ser mujer. Tener soporte social es un factor protector para ser declarado inválido, pues tiene un 32 % menos de probabilidad comparado con no tener soporte social.
A su vez, quienes alcanzaron estudios universitarios, tienen 2,8 veces más probabilidad de ser declarados inválidos, comparados con quienes alcanzaron sólo estudios primarios. En comparación con las enfermedades osteomusculares como causal de la solicitud, las causas infecciosas, las neoplásicas y las genitourinarias fueron las que más influyeron en la probabilidad de ser declarado inválido (Tabla 4).
Aprobación de la solicitud de la pensión por invalidez
Comportamiento en el tiempo
Del total de solicitudes de pensión por invalidez, 2303 fueron aprobadas, que corresponden al 48,5 %, pero el porcentaje de aprobación disminuyó gradualmente en los años analizados, pasando de ser 61,4 % en el 2006 a 29,6 en el 2011 (Figura 3).
Figura 3 Porcentajes de aprobación y no aprobación de las solicitudes de invalidez en el periodo 2006 - 2011, AFP Colombia
Factores relacionados con la aprobación de la solicitud
La aprobación de la solicitud de pensión de invalidez estuvo relacionada con la edad del afiliado, el máximo nivel alcanzado de estudio, el puntaje total de deficiencia, discapacidad, además de las causales de solicitud. Las variables mencionadas explican un 41,4 % de la probabilidad de aprobación de la solicitud de pensión por invalidez.
En las variables incluidas, se encontró que es 2,4 veces más probable que sea aprobada una solicitud de invalidez de un afiliado con edad entre los 30 y 34 años, en comparación con uno mayor de 55 años; a su vez quienes alcanzaron estudios universitarios tienen 1,6 veces más probabilidad de recibir pensión de invalidez, comparado con alcanzar sólo estudios primarios.
En comparación con las enfermedades osteomusculares como causal de la solicitud, las causas psiquiátricas, las hemato-inmunológicas y las neoplásicas fueron las de mayor probabilidad de aprobación con 1,95; 1,93 y 1,79 veces respectivamente (Tabla 5).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como proceso dinámico fluctuante, la discapacidad se expresa diferente durante el ciclo vital tanto en severidad como en extensión, lo que puede generar limitaciones o no en la autonomía para vivir y trabajar1. La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, definió la discapacidad como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”11.
A partir de la ley 100 de 1993 en Colombia, la protección en el tema de discapacidad pasó de ser un asunto exclusivamente médico que ofrecía prestaciones asistenciales con un ordenamiento jurídico reducido, a tener un abordaje más proteccionista que busca garantizar los derechos de personas en condición de discapacidad, con mayor desarrollo del ordenamiento jurídico con un decidido respaldo de la Corte Constitucional. La más reconocida política del mencionado aparataje jurídico es la pensión de invalidez, ya que busca otorgarle ingresos a las personas que han sido cotizantes del sistema y que tras un accidente o enfermedad vieron afectada su capacidad laboral en 50 % o más, con el fin de garantizarles una vida digna11.
Este estudio pone de manifiesto que al analizar una solicitud pensional se debe tener en cuenta el motivo de solicitud, los factores que influyen en la probabilidad de ser declarado inválido y que ésta sea o no aprobada. El número de reclamaciones pensionales por discapacidad relacionada con la enfermedad común, tuvo un comportamiento creciente a expensas de las enfermedades no transmisibles. Esto podría estar relacionado con la transición demográfica que atraviesa Colombia, debida al aumento de las personas mayores de 60 años12. Estudios recientes en Colombia dan cuenta de esto, al evidenciar que de las 86.622 personas registradas con algún tipo de deficiencia, el 37,6 % necesitaban soporte permanente para desarrollar sus labores diarias. Dicha dependencia se dio en personas con deficiencias del sistema nervioso en 51,1 % y del movimiento en 42 %, y de estas casi la mitad tenían 60 años9). Otro estudio mostró que del total de personas que requieren apoyo permanente, el 62 % sufrían afectación del sistema nervioso1. Esto refuerza la explicación a expensas del peso de las enfermedades crónicas y la transición demográfica9. Son tan frecuentes estas afectaciones, que hasta un estudio sobre simulación para aspirar a pensión de invalidez, evidenció como causales de solicitud lumbalgia crónica 23 %, demencias y psicosis 17 %, padecimientos neurológicos 15 % y otros problemas 12 %13.
En nuestro estudio las enfermedades osteomusculares representaron la mayor causa de solicitud, lo que se relaciona con el espectro ocupacional de la población del país14 y las condiciones ergonómicas laborales15. Las otras causas más frecuentes de solicitud, causas externas y enfermedades cardiovasculares, concuerdan con el perfil epidemiológico colombiano. Sin embargo, el grupo que más aprobaciones reporta tiene como principales causas, enfermedades que independiente de su prevalencia son muy incapacitantes (psiquiátricas, neoplásicas, hemato-inmunológicas), lo que demuestra la relación directa entre la PCL y su aprobación. Relación que no se observó al evaluar las principales causas para ser declarado inválido, pues enfermedades como las infecciosas y genitourinarias al ser más comunes, presentan un menor porcentaje de aprobación que quizás se relacione con trámites netamente administrativos. En relación con las causas externas, en 2005 un estudio de costos de incapacidad afirmó que “para quienes conocían el origen de su discapacidad, la distribución de frecuencias por grupos de edad mostró que los traumatismos, incluida la violencia, tienen un peso equiparable con las condiciones adversas del desarrollo, con un 22 y un 20 %, respectivamente”1.
Los hallazgos de nuestro estudio relacionan una probabilidad mayor de ser considerado inválido al ser hombre y universitario, lo que podría estar asociado con factores predictores de salida laboral anticipada (edad avanzada, bajo nivel cultural y tener una relación estable)16 y una menor inclusión de la mujer en el mundo laboral y en dichos procesos administrativos. Además pudiera ser explicado por el riesgo de las actividades laborales de los hombres, su participación mayor en el conflicto armado y estar expuestos a hábitos de vida y de consumo particulares9.
Según algunos estudios la discapacidad está relacionada con la pobreza, pues las personas con discapacidad suelen tener menos ingresos por la afectación laboral, por la dependencia económica, por el bajo nivel de estudios que limita acceder a formalización laboral9. Otros mencionan un perfil de personas en condición de discapacidad, el cual se caracteriza por poseer un bajo nivel educativo, tener bajos ingresos o estar desempleado, hacer parte de estratos uno o dos, ser varones y vivir en área rural1.
Según nuestros resultados, el hecho de tener soporte social disminuye las probabilidades de ser declarado inválido, lo que se contrapone con los beneficios que trae consigo este tipo de apoyo para las enfermedades en cuestión. La deficiencia como ítem del MUCI al ser el de mayor peso sobre el desenlace de la calificación, pudiera inducir el resultado de la evaluación de la PCL al tener en cuenta solamente la causa directa de la enfermedad.
Llama la atención los pocos casos que llegan a ser evaluados por las Juntas Regional y Nacional, lo que pudiera explicarse entre otras cosas por el desconocimiento de la población de poder acceder a una instancia mayor. Asunto este evidenciado en la literatura especializada al reconocer la desinformación y baja apropiación que los beneficiarios tienen de las políticas y normas relacionadas con sus derechos en materia pensional, y la forma como pueden hacerlas efectivas en su favor11.
De los fallos rechazados por la AFP y controvertidas por los afiliados, las Juntas Regionales aprobaron el 40 %. De los fallos rechazados por ellas y apelados por el afiliado, el 20 % obtuvieron la declaratoria de invalidez por parte de la Junta Nacional. Se observa una congruencia del 60 % en la decisión de negar la solicitud por la AFP y las Juntas Regionales de Calificación, que llega al 80 % cuando se compara con la Junta Nacional de Calificación.
Algunos estudios en Colombia dan cuenta de estadísticas relacionadas con la cobertura y materialización de los riesgos laborales, pero no tienen en cuenta la enfermedad común asociada a invalidez y sus repercusiones en el ámbito laboral(17, 18). Otros hacen énfasis en los costos de la discapacidad en Colombia y su relación con la seguridad social en salud, evidenciando que el 90,6 % de sus encuestados no accede a servicios de rehabilitación y entre ellos, el 77,5 % no lo hacen por dificultades para acceder y por la falta de recursos1.
La calificación de la invalidez varía entre países, no sólo por el tipo de escala utilizada, sino por el sustrato conceptual del cual se parte en cada región para diferenciar términos como invalidez, discapacidad, etc.11. Mientras en Colombia a partir del decreto 1507 de 2014 existe una nueva herramienta, el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, donde se modifica la valoración de la discapacidad19, países como Venezuela reglamentaron las pensiones con la Ley de seguro social en 2008, la cual plantea algunas diferencias en lo que respecta a beneficiarios y a los requisitos para acceder a ella, como tener una pérdida de más de dos tercios de su capacidad para trabajar, entre otros. En Colombia se observa una regulación más proteccionista, por tener exigencias menores11.
En Argentina la Ley 22431 de 1981 modificó la normatividad en materia pensional y exige entre otras cosas, una pérdida de capacidad laboral superior al 33 %, y se contempla una prestación no incluida en Colombia en relación con una pensión especial de vejez. De otro lado, en Chile la Ley 3500 de 1980 contempla dos clases de pensión de invalidez, total y parcial, las cuales requieren de pérdidas de capacidad laboral de al menos dos tercios y del 50 % hasta el 66 % respectivamente, lo que se parece un poco más a lo que ocurre en Colombia. Por último México desde 1997 cuenta con un sistema relativamente parecido al colombiano, al contar con dos regímenes aunque con limitaciones a la hora de elegir entre ellos11.
Un estudio de 2015 plantea el panorama de las pensiones en América Latina y el Caribe, y muestra indicadores comparables con países desarrollados, donde se evidencia como reto la baja cobertura tanto en proporción de trabajadores aportantes, como de los mayores que se benefician. Lo anterior explicado por el tipo de empleo, el tamaño de la empresa y las frecuentes transiciones entre formalidad, informalidad e inactividad que llevan a historiales incompletos de cotización. Por otro lado, gran parte de la población mayor tendrá que buscar otros ingresos adicionales a la pensión para garantizar su bienestar, a menos que en su país pueda acceder a los crecientes sistemas sociales de pensión. De ahí la importancia de desarrollar en la región sistemas de dos vías, al aumentar la participación en el marcado laboral formal, especialmente en mujeres, contribuir para su propia pensión, y el beneficio de sistemas sociales para quien pertenece a la economía informal2.
Una de las limitaciones de este estudio se relaciona con el MUCI, pues se basa en una norma nacional, lo que dificulta su extrapolación. Por otro lado, se reconoce la dependencia del análisis a la calidad de datos recolectados por la AFP.
La identificación de trabajadores con riesgo de pensiones anticipadas y la aplicación de programas de salud ocupacional, han demostrado ser intervenciones que reducen el número de pensiones tempranas por incapacidad, mejoran la capacidad de trabajo y la calidad de vida16,20. Con base en esto y en el hecho de que la mejoría de las condiciones ergonómicas del trabajo podría disminuir la incidencia de enfermedades prevalentes, y que las enfermedades más aprobadas son aquellas consideradas como muy incapacitantes, se sugiere su priorización para intervención temprana por su afectación a la salud pública.
Es importante avanzar en investigaciones que identifiquen los factores asociados con el desarrollo de invalidez por enfermedad común y con la aprobación de pensiones por esta causa, con metodologías encaminadas al mayor nivel de evidencia posible, para ponerse al servicio de las condiciones laborales de la población trabajadora y no meramente para responder a unos intereses comerciales particulares.
