Introducción

En noviembre de 1908 tuvo lugar en Buenos Aires el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas, organizado por la Universidad Popular de esa ciudad. Impulsado por Nicanor Sarmiento, presidente de esta última, y con el apoyo del Ministro de Justicia e Instrucción Pública de entonces, Rómulo Naón, dicho encuentro se propuso promover la actividad bibliotecaria y “el amor a la lectura” en las autoridades gubernamentales y la ciudadanía, a fin de contribuir al ideal civilizatorio, y reforzar, así, las instituciones democráticas. Concentrado en este objetivo, el Congreso cumplió un papel fundamental para la configuración del circuito bibliotecario nacional, tanto por el incentivo que otorgó al restablecimiento de la Ley n.º 419 y de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, como por su acción a favor de articular las entidades dispersas en el territorio y gracias a su voluntad de unificar criterios y pautas de funcionamiento.

En este último sentido, la conformación de la Asociación Nacional de Bibliotecas (anb), resuelta por los participantes y compuesta por destacados intelectuales locales, fue una de las disposiciones que tuvo mayor trascendencia para el desarrollo de las bibliotecas del país. Planteado como una federación para congregar todas las instituciones de este tipo con fines de fomento mutuo, este organismo asentado en Buenos Aires, capital de la Nación, se erigió en su representante ante los poderes públicos y actuó como promotor de la fundación de entes análogos a los nacionales en distintas jurisdicciones provinciales. Además, contribuyó a la difusión del saber bibliotecológico y a la composición de los catálogos en sus regiones de influencia, un aspecto en el que, sin embargo, no ahondaremos en esta ocasión. Este artículo propone examinar la creación y los primeros cinco años de vida de esta Asociación, focalizando en sus vínculos de mediación entre los gobiernos y las bibliotecas populares de las provincias. De esta manera, pretende poner de relieve el papel desempeñado por una agrupación no oficial en los procesos de institucionalización y centralización bibliotecaria en la Argentina de principios del siglo xx.

Esta propuesta contribuye, así, al conocimiento de las políticas bibliotecarias del país, abordando el objeto específico a partir de un marco teórico ad hoc, que articula las contribuciones de la Historia y la Sociología de la Cultura con los de la Historia Social y Política. El objetivo general es recuperar los agentes, los movimientos y las formaciones que contribuyeron a definir los lineamientos del accionar estatal y privado, configurando las particularidades del sistema bibliotecario nacional. Una acepción amplia de la noción de “políticas culturales” -entendidas como modos de intervención tanto de los poderes estatales como de distintos grupos sectoriales¹- resulta entonces operativa para poner de relieve el papel desempeñado por la sociedad y sus organizaciones en la gestación de las regulaciones, las disposiciones gubernamentales y las instituciones públicas². El asociacionismo bibliotecario permite, de este modo, repensar los procesos de construcción del Estado nacional y provincial, rechazando la división tajante entre las esferas de lo civil y lo público. En este sentido, el texto dialoga con las indagaciones que, desde los ya clásicos análisis politológicos de Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell hasta los más actuales de Ernesto Bohoslavsky, Germán Soprano, Mariano Plotkin, Eduardo Zimmermann, Osvaldo Graciano, entre otros, han puesto en debate el tema de la constitución de Estado y la agencia pública de los diversos grupos sociales³. Finalmente, no podemos soslayar que la consideración de una entidad de alcance nacional, creada para reunir, visibilizar y representar los intereses de un sector en proceso de definición, habilita un examen en términos de “campo”⁴. Aunque todavía incipientemente, la emergencia de esta asociación evidencia, de hecho, una primera instancia de auto-reconocimiento de las preocupaciones, lógicas y demandas comunes que nucleaban a sus miembros, así como una voluntad de movilización conjunta y de formulación de bases para la actuación profesional que se iría profundizando en las décadas subsiguientes.

Como vemos, aunque reconstruye el pasado de las bibliotecas del país, este artículo aporta igualmente a la construcción de una historia de estas entidades en América Latina. Como señala Alejandro Parada, la renovación experimentada por esta disciplina en tiempos recientes ha supuesto la proliferación de trabajos que superan, mediante la problematización sociocultural, el carácter meramente factual de los primeros tiempos. En Argentina, las investigaciones de Javier Planas, Marcela Coria, Ayelén Fiebelkorn, Marcela Vignoli y Ayelén Dorta, precedidas por los aportes puntuales de Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero, Ricardo Pasolini y Nicolás Quiroga -por mencionar solo las que comparten el marco temporal de este trabajo-⁵, constituyen un claro ejemplo de este enfoque, que hemos continuado en nuestras propias indagaciones. Durante los últimos años, se ha intentado articular estas aproximaciones de escala nacional con otras de dimensión continental a fin de escapar del eurocentrismo y de la mirada anglosajona, y establecer nuevas relaciones fundadas en las afinidades históricas y geográficas. De esta “vocación latinoamericana”⁶ han surgido el dossier dirigido por Javier Planas en la revista Historia y Espacio y el libro Bibliotecas y cultura letrada en América Latina editado por Carlos Aguirre y Ricardo Salvatore⁷.

Las simultaneidades y semejanzas entre los casos allí contemplados no enmascaran, sin embargo, las singularidades de los procesos. La peculiaridad argentina radica, en primer lugar, en el papel fundamental que cumplió el modelo de la biblioteca popular y el régimen mixto de colaboración entre Estado y asociaciones en la configuración del sistema bibliotecario⁸ y, en segundo, en la instalación temprana de la “cuestión bibliotecaria” en el debate público. Pese a que las asociaciones nacionales latinoamericanas rara vez han sido objeto de estudios históricos pormenorizados⁹, un recorrido por la nómina de las organizaciones actuales en la región¹⁰ nos demuestra que su origen data, en general, de la segunda posguerra y se vincula con un proyecto de profesionalización bibliotecológica de impulso internacional¹¹. En ese contexto, la Asociación Nacional de Bibliotecas de 1908 adquiere una especial relevancia como organismo pionero que, con la mirada puesta en el acontecer de los Estados Unidos, procuró congregar, representar y regular el mundo bibliotecario argentino.

En este caso, contamos con un documento privilegiado, publicado en 1930, donde el propio Nicanor Sarmiento relata el accionar de la Asociación desde sus orígenes. Aparecido como folleto y también como parte final de su obra Historia del Libro y las Bibliotecas en la Argentina¹², este texto no ahonda en los fundamentos históricos de los procesos¹³, pero ofrece una crónica detallada de los sucesos, construida -no debe olvidarse- desde el punto de vista de uno de sus principales protagonistas. Esta observación nos previene contra la ilusión de transparencia de la fuente y reclama su triangulación con otro tipo de materiales. En ese sentido, se ha recurrido a los registros oficiales de la Nación (expedientes y actas de sesiones del Poder Legislativo) y a publicaciones periódicas del ámbito educativo, en busca de información sobre nuestro objeto de estudio. Esta confrontación revela una presencia más modesta de la Asociación de lo que sugieren las páginas de Sarmiento. A pesar de ello, su relevancia se afirma al considerar sus logros en materia legislativa y organizativa, así como su carácter precursor en el desarrollo bibliotecario latinoamericano.

De las cuatro partes en que se organiza el artículo, la primera se dedica a explorar los vínculos del modelo argentino con el estadounidense a propósito de la centralidad que adquirió el asociativismo en la conformación de su sistema bibliotecario, hecho que, en gran medida, constituyó su excepcionalidad en el contexto de América Latina. No se trata aquí de un desvío anglocéntrico de la perspectiva historiográfica, sino de restituir los paradigmas significativos y contemporáneos a los acontecimientos. El segundo apartado reconstruye la génesis de la anb como parte del accionar del Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas, mientras el tercero y el cuarto se ocupan de la actuación de la agrupación como mediadora entre el mundo bibliotecario y los poderes públicos. En este caso, se distingue la labor legislativa e institucionalizadora que la Asociación llevó adelante en la órbita nacional, de aquella que intentó propiciar en los círculos provinciales, para señalar así sus capacidades diferenciales de agencia en tales instancias.

1. De norte a sur: las asociaciones nacionales y la organización de los sistemas bibliotecarios

En la iniciativa de formación de una Asociación Nacional de Bibliotecas confluyeron diversos procesos socio-culturales, políticos y económicos que crearon las condiciones favorables para su realización. La “explosión asociativa”¹⁴ que estaba teniendo lugar desde la última década del siglo xix en la Argentina¹⁵, el surgimiento de una elite intelectual liberal reformista y universitaria con acceso a los resortes gubernamentales¹⁶, un aparato estatal en vías de expansión y consolidación y la prosperidad económica recuperada tras la crisis de 1890, se conjugaron con las transformaciones que estaban experimentando en el mundo occidental las instituciones, los saberes y las prácticas bibliotecarias para impulsar la revitalización del sector.

Desde el proyecto implementado por Domingo F. Sarmiento en 1870, se evidenció la fuerte impronta del asociacionismo de inspiración norteamericana sobre la definición de un sistema bibliotecario propio. Aunque tuvo diferentes matices a lo largo de los años, la concepción sarmientina se basaba en una combinación de esfuerzos públicos y privados, que confiaba la creación y el sostenimiento de bibliotecas populares a la sociedad civil y reservaba al Estado la función de contralor y el mecanismo de estímulo económico, ejercido a través de subvenciones. En efecto, esta estructura, concretada en la Ley n.º 419, pervivió en el imaginario nacional durante el siglo xx, aún después de que en 1876 se resolviera la disolución de la Comisión Protectora de Bibliotecas establecida en ese momento (Ley n.º 800) y la suspensión de la norma que le había dado origen¹⁷.

Para el momento de la creación de la Asociación Nacional de Bibliotecas en 1908, sin embargo, las características mismas del modelo estadounidense habían sufrido importantes cambios respecto a la Library Company, fundada en 1731 por Benjamin Franklin, que en 1870 inspiró al entonces presidente de la nación Argentina, Domingo F. Sarmiento. En ese país las numerosas asociaciones creadas a partir de esa experiencia original, aunque seguían predominando como germen organizativo de las bibliotecas, habían ido adquiriendo rasgos corporativos que implicaban un menor involucramiento de los socios en la toma de decisiones y en su funcionamiento cotidiano¹⁸_. El incremento poblacional en los Estados Unidos, la creciente especialización ocupacional y los procesos de diferenciación social, habían conducido en cada institución a la concentración de las tareas de control y administración bibliotecarios en un grupo ejecutivo que actuaba sin consultar directamente a la asamblea de socios. De este modo, aunque subsistieran los dispositivos democráticos de participación formal, el sentido comunitario original se veía debilitado y la noción de “asociación voluntaria de individuos que contribuyen económicamente para la constitución de un fondo común destinado a la adquisición de libros”¹⁹, que había primado en el prototipo de Nueva Inglaterra, encontraba fuertes limitaciones en la realidad. Asimismo, los debates en torno a los modos de financiamiento de las bibliotecas se habían ido inclinando hacia fines del siglo xix en favor de la opinión de quienes defendían la necesidad de una mayor implicación estatal para garantizar su continuidad y expansión. Los fondos provenientes de los impuestos se fueron convirtiendo, así, en una fuente de recursos fundamental para las entidades, hecho que, a su vez, fue modificando paulatinamente el concepto mismo de biblioteca pública²⁰.

En paralelo, otras innovaciones se estaban produciendo en el hemisferio norte como consecuencia de la proliferación de estos centros de lectura. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo xix comenzó a avanzar el reconocimiento de la biblioteca como una institución o servicio particular que requería de trabajadores, técnicas y edificios especializados²¹. Si bien Francia y Alemania contaron tempranamente con ámbitos de formación para bibliotecarios, fue en el Nuevo Continente donde se impuso el ritmo del desenvolvimiento de la disciplina moderna: en 1887 cuando Melvil Dewey puso en funcionamiento un espacio de este tipo en la Universidad de Columbia, en Nueva York ya se había organizado once años antes la American Library Association (ala), que realizaba reuniones periódicas y publicaba su propia revista, Library Journal. Esta agrupación, de alcance nacional, fue rápidamente emulada en otros países: en 1877 se constituyó la asociación de bibliotecarios ingleses, en 1900 la de los alemanes y en 1906 la de los franceses.²² También se multiplicaron los impresos especializados y los ámbitos de encuentro, generando una agenda de temas comunes que culminó con el establecimiento de la Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios (ifla, por sus siglas en inglés) en 1926-27. América Latina, al igual que otras regiones del mundo, se incorporó prontamente a estos debates y se los apropió en clave local. Los viajes regulares de especialistas e intelectuales, el tránsito de material bibliográfico y la mayor celeridad en las comunicaciones facilitaron la circulación de ideas y favorecieron la implantación de estructuras análogas en gran parte del globo. En ello jugaron un papel importante eventos como la Conferencia Internacional Bibliográfica de 1895 y organizaciones como el Instituto Internacional de Bibliografía, resultante de aquella, que impulsaron la uniformización de criterios e instituciones²³.

En este contexto, el modelo iniciado por la American Library Association, impulsado por Dewey, se extendió también hacia la Argentina, donde la experiencia estadounidense continuaba siendo objeto de atenta observación²⁴. A principios del siglo xx, aunque aún no había alcanzado la gran expansión que protagonizaría después de 1914, la ala ya desempeñaba un papel fundamental en la constitución de asociaciones análogas, a escala local y regional, y en la promoción de bibliotecas en su país²⁵. En medio de la proliferación asociativa y de crecimiento urbano de Estados Unidos, se había planteado la organización de encuentros anuales y de una agrupación permanente de bibliotecarios, como un medio efectivo de generar y mantener los contactos entre los agentes de un campo en proceso de configuración²⁶. De este modo, el propósito general de fomentar la cultura de biblioteca estuvo permeado por las preocupaciones específicas del sector, que se evidenciaron en el temario de las conferencias.

Las prácticas del hacer científico decimonónico, en el que congresos y asociaciones operaban complementariamente²⁷, y el ejemplo concreto de la comunidad bibliotecaria estadounidense funcionaron, sin dudas, como horizonte en el imaginario de los organizadores locales. A diferencia del de Estados Unidos, el circuito bibliotecario argentino se encontraba en un estadio emergente -o “pre-profesional”²⁸ - y contaba en su haber con las objetivaciones de las grandes bibliotecas públicas y de las experiencias populares y obreras, y con una producción dispersa de publicaciones y textos especializados²⁹. En este contexto, la tarea del bibliotecario era ejercida, mayormente, por personal sin formación profesional (en ocasiones, ad honorem), que actuaba según criterios empíricos definidos a partir del quehacer cotidiano. Recién a partir de 1910 se fue construyendo un conocimiento más sistemático y ordenado sobre estos temas, a la par que se iban multiplicando los establecimientos bibliotecarios³⁰. Dadas estas condiciones, no sorprende que los gestores del Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Argentinas y los miembros directivos inaugurales de la Asociación no provinieran del ámbito bibliotecario ni fueran expertos en biblioteconomía. La iniciativa se entroncó, de hecho, con los ideales reformistas de intelectuales, profesionales liberales y pedagogos que, nucleados en la Universidad Popular de Buenos Aires, confiaban en la importancia de la educación -y en particular de la lectura- como medio para la construcción de una ciudadanía democrática y del logro de la felicidad individual. Reunidos en asamblea el 3 de octubre de 1907, los miembros de la institución acordaron que con la realización del evento respondían a un “alto deber civilizador”, pues este contribuía a crear en el pueblo “la conciencia de los derechos y deberes para el ejercicio inteligente de sus soberanía y libertad”³¹. El proyecto se articulaba con los objetivos más amplios de difusión científica que llevaba adelante este establecimiento, creado y presidido por el abogado Nicanor Sarmiento, cuyas bases y fines sostenían la importancia de poner los conocimientos al alcance de la ciudadanía para “iluminar”, según decían, “su cerebro” “con la verdad”, y para que el pueblo pudiera “desarrollar mejor sus energías y satisfacer sus más variadas y múltiples necesidades”³².

La Universidad Popular fue un emprendimiento temprano, cuya duración se extendió una década, en la que contó con la participación de figuras destacadas de la medicina, el derecho, la pedagogía, las ciencias naturales y el arte, imbuidas de un “espíritu reformista” y antielitista. El éxito de las conferencias gratuitas, que se realizaban en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en otros centros del país, y la proyección lograda mediante la construcción de redes locales e internacionales de intelectuales ideológicamente afines, condujo a que en 1910 la comisión directiva resolviera establecer cursos especiales de enseñanza metódica³³. Los miembros de la institución consideraron importante extender su acción más allá de las tareas pedagógicas y de la publicación de su boletín mensual, La Universidad Popular. En ese contexto fue que surgió la idea de organizar un Congreso Sudamericano de Enseñanza Popular, después reemplazada por la convocatoria del Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Argentinas, que respondía a la necesidad de “estimular en el espíritu del gobierno y del pueblo argentino la difusión de las bibliotecas”³⁴. La confianza en el libro como factor de civilización y en las bibliotecas populares como instrumento de su difusión subyacía a esta propuesta que pretendía recuperar el programa sarmientino ensayado en el siglo xix. Para ello, se requería del apoyo de los agentes gubernamentales y de la constitución de un frente unido y estructurado que representara los intereses del sector bibliotecario del país.

2. De la reunión a la unión: el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas y el surgimiento de la Asociación

De acuerdo con estos fines, se designó una comisión organizadora del Congreso compuesta por Nicanor Sarmiento (presidente), Enrique del Valle Ibarlucea (vicepresidente), Eusebio Gómez (secretario general), Miguel A. Lancelotti (prosecretario), y Agustín Álvarez, José Ingenieros, Carlos Vega Belgrano y Macedonio Fernández (vocales). Esta “burguesía inteligente”, al decir de José Ingenieros³⁵, simpatizante del socialismo o, al menos, del librepensamiento, compuesta casi en su totalidad por abogados -a excepción del psiquiatra José Ingenieros y del periodista Carlos Vega Belgrano- y en su mayoría vinculada a las universidades nacionales de La Plata y Buenos Aires³⁶, comenzó los trabajos preparatorios que incluyeron, como veremos adelante, una acción concreta en pos de la restauración de la Ley n.º 419. Tras solicitar el patronato del presidente, José Figueroa Alcorta, y del ministro de Instrucción Pública, Rómulo Naón, se redactaron entonces las bases y el programa del Congreso, se remitieron invitaciones a las bibliotecas del país y se les solicitó un informe con miras a elaborar un estado de situación. A partir de las respuestas recibidas se elaboró una estadística, que fue presentada en el marco de la reunión³⁷. Los trabajos se programaron para los días 10 a 13 de noviembre de 1908, y la planeación estuvo acompañada de visitas al Museo y la Biblioteca de la Universidad de La Plata y la de Buenos Aires, y debates sobre el orden del día a día. Cuatro comisiones, conducidas por tres o cuatro coordinadores, evaluaron los trabajos presentados para la posterior elaboración de las conclusiones³⁸.

El éxito de la iniciativa se manifestó en la amplia aceptación que obtuvieron las invitaciones: 178 instituciones de todo el país enviaron o designaron delegados para hacer efectiva su participación. Estos debían ser aprobados por la comisión organizadora y abonar 5 pesos moneda nacional a modo de cuota de incorporación³⁹. Resulta significativo el hecho de que muchas de las instituciones adherentes encomendaran su representación a miembros de la coordinación o de la Universidad Popular, reduciendo así las posibilidades de un intercambio efectivo. A pesar de esto, la amplia convocatoria da cuenta tanto del interés genuino que suscitaba el problema bibliotecario entre las bibliotecas y asociaciones particulares y entre los organismos y las reparticiones oficiales, así como de la necesidad de cohesión que revelaba el sector⁴⁰. Estas preocupaciones se hallaban concentradas en las regiones de mayor densidad poblacional y urbana, donde, en general, el ritmo de la alfabetización y la escolarización había sido más acelerado (Cuadro 1). La Capital Federal y la provincia de Buenos Aires seguidas por las provincias de Santa Fe y Córdoba eran las más representadas; las de Entre Ríos, Tucumán y Corrientes las escoltaban poco después. Los territorios nacionales, más despoblados y, en la mayoría de los casos, con menor concentración urbana, eran los que contaban con menos adherentes (Cuadro 2).

Cuadro 1. Indicadores poblacionales y educacionales en Argentina (1914) 

Fuente: Gobierno de la República Argentina, Tercer Censo Nacional, levantado el 1º de junio de 1914, ii y iii vols. (Buenos Aires: L. J. Rosso y Cía., 1916).

Cuadro 2. Número de delegados por jurisdicción según Nicanor Sarmiento  

Fuente: Historia del libro, 86-91.

Durante los cuatro días de intensa labor en los que se planeó el Congreso, sus participantes discutieron cuestiones vinculadas a la realidad de los servicios bibliotecarios existentes, los problemas técnicos e infraestructurales que debían afrontar las instituciones, la urgencia de fomentar el amor por los libros y la lectura -en especial, de autores nacionales-, la necesidad de crear una armazón institucional para atender los distintos aspectos del movimiento librero y los deberes del Estado en relación con la actividad bibliotecaria y la producción intelectual. A partir de ello, se elaboró un documento, que fue publicado en La Universidad Popular, donde se enunciaban las resoluciones acordadas entre los asistentes a las jornadas. Si bien estas no eran vinculantes, evidenciaban la voluntad de los congresales de guiar la acción pública, expresando opiniones especializadas y respaldadas por el consenso de los involucrados. Con este sentido se incluyeron ítems en los que se afirmaba la necesidad de que el Estado aumentara las partidas presupuestarias destinadas a proteger las bibliotecas, otorgara subvenciones a todas las públicas, fundara otras nuevas incluyendo las escolares, fijara impuestos para su sostenimiento, atendiera la higiene lectora (desinfección de salas y libros, limpieza de los lectores, iluminación y cuidado de la vista, ventilación y calefacción), editara y difundiera obras de escritores argentinos, sancionara leyes de depósito legal y de subsidios para edificación, publicara un catálogo bibliográfico de documentos oficiales y organizara una Oficina Nacional de Estadística y Canje y otra Bibliográfica en la Universidad de Buenos Aires. En síntesis, declaraba que “El Congreso de Bibliotecas considera insuficiente la protección que los poderes públicos prestan actualmente al sostenimiento y fomento de las bibliotecas, y formula votos por que esta protección sea más eficaz en lo sucesivo”⁴¹.

Las disposiciones también ofrecían orientaciones conceptuales sobre el perfil de las instituciones y parámetros generales para favorecer la normalización y la uniformización de los servicios, de acuerdo con los lineamientos de la biblioteconomía moderna. Entre las primeras se hacía hincapié en la exigencia de articular la institución escolar y la bibliotecaria, en hacer de esta última un centro comunal, en la implementación de bibliotecas circulantes y la ampliación de las colecciones con obras nacionales o de “moral e instrucción cívica”. Entre las segundas, el énfasis estaba puesto en la desinfección y las condiciones higiénicas de los espacios y en la definición de un sistema de clasificación que aún no se especificaba. Sería en el segundo congreso de 1910 cuando se avanzaría más sobre estas cuestiones.

Por último, las comisiones elaboraron dos proyectos -uno para la organización de bibliotecas escolares y de maestros y otro para la de bibliotecas especiales- y crearon una Asociación Nacional de Bibliotecas destinada a congregar “todas las bibliotecas del país con fines de fomento mutuo”⁴². Fue esta, probablemente, una de las disposiciones más trascendentes del evento, dado que su concreción dependía con exclusividad de la voluntad de sus miembros. Su accionar prolongaba la actuación del congreso que, en principio, tendría una frecuencia bianual. La Asociación se convertía en el brazo ejecutor de las resoluciones tomadas en conjunto y, a la vez que reforzaba el sentido de unidad de las instituciones, instauraba una estructura centralizada que, a pesar de presentarse bajo una apariencia federativa, concentraba el poder decisorio en la cúpula, ubicada en el nodo Buenos Aires-La Plata. En efecto, a pesar del origen provinciano de muchos de sus componentes, la comisión evidenciaba sus nexos con ambas capitales y con sus centros universitarios, en especial con Universidad Nacional de La Plata que, bajo la égida de su fundador Joaquín. V. González, se alzaba como un bastión del reformismo⁴³.

Es notable que en la elección de los integrantes de la Asociación no hubieran primado consideraciones acerca de sus formaciones específicas, sino sobre su prestigio intelectual y su actuación en los ámbitos de la educación y la política. La cultura libresca se ubicaba, así, en la intersección de las competencias de letrados y maestros con vocación pública, como parte de un programa de pedagogía social que los tenía como conductores y necesitaba el apoyo estatal. En concordancia con ello, resulta lógico que el Congreso y la Asociación se abocaran principalmente a intervenir en cuestiones más generales o doctrinarias, antes que a representar de los intereses de los bibliotecarios, como había sucedido en naciones donde dicha ocupación ya se hallaba más profesionalizada. De la nómina de directivos de la anb, sólo uno, Carlos Vega Belgrano, estaba a cargo de una biblioteca y, aun así, no contaba con preparación especial para ello. Recién con los congresos realizados a partir de 1916 la labor de esta entidad se iría volcando paulatinamente hacia problemáticas específicamente bibliográficas y bibliotecológicas⁴⁴.

3. La labor asociativa: entre la promoción, la regulación y la intermediación

Los diez propósitos de la Asociación establecidos en sus bases de 1908 abarcaban un amplio espectro de temas. Según estos, se proponía contribuir al desarrollo de las bibliotecas asociadas y estimular la lectura y la formación de nuevos repositorios en todos los centros poblados del país, orientar los gustos del público hacia las obras científicas y literarias, propiciar los nexos entre las instituciones y proveerlas de un boletín informativo. Además, la Asociación expresaba su intención de establecer relaciones con otras similares y de representar a sus afiliadas frente a los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales, a la vez que se comprometía a velar, en la medida de lo posible, por el cumplimiento de las resoluciones tomadas en los congresos.

Así, puede afirmarse que la anb nació con una vocación doble, de regulación y mediación, que no pudo ejecutar con idéntica eficacia. En efecto, la imposibilidad de contar con mecanismos sancionatorios sobre las prácticas bibliotecarias y con agentes que cubrieran el territorio en su totalidad, reducía la reglamentación a meros consejos, recomendaciones bibliográficas o solicitudes de información estadística. Estos últimos datos se caracterizaban por su irregularidad y su discontinuidad, dado que dependían de la voluntad y de las posibilidades de las instituciones para remitirlos. La articulación con el Estado, por el contrario, resultó mucho más efectiva en tanto la cúpula de la Asociación se hallaba estrechamente vinculada a los círculos de poder nacional y provincial. El hecho de que varios de sus integrantes hubieran ocupado u ejercieran puestos públicos y militaran en algún partido político facilitaba su llegada a los resortes gubernamentales mediante la activación de lazos personales o profesionales. Como dijo el mismo Nicanor Sarmiento en 1910, la agrupación había sido creada con el objetivo de “servir como intermediaria entre las bibliotecas y la Comisión Protectora de las mismas para llevarles más eficazmente sus servicios”⁴⁵ y fue en ese aspecto que concentró su trabajo.

La finalidad de influir sobre el curso de las políticas estatales no era una prerrogativa original de la anb; las asociaciones bibliotecarias, en general, han tenido entre sus principales funciones la de impulsar la promoción de los servicios bibliotecarios y la de orientar a los gobiernos en los procesos de elaboración de leyes específicas⁴⁶. En este sentido, actúan como grupos de presión para el desarrollo de la legislación, las oportunidades educativas de sus miembros, la mejora de las condiciones del servicio, el aumento de salarios y la formulación de medidas de apoyo a su actividad⁴⁷. Es por ello que las asociaciones han cumplido un papel fundamental en la profesionalización de la labor bibliotecaria en el mundo, tal como lo demuestra la labor de la mencionada American Library Association⁴⁸. La consecución de estas metas, sin embargo, depende de los recursos con que cuenten sus dirigentes, de sus propias preocupaciones, su compromiso con la causa y el estado de su campo del saber en el país.

En Argentina, las tareas se encaminaron a la elaboración de marcos normativos, por un lado, y a la instauración de organismos de regulación, inspección y formación, por el otro. La restauración de la Ley n.º 419 impulsada por los organizadores del congreso fue, sin dudas, su logro más duradero y relevante. Si damos crédito a las palabras de Sarmiento⁴⁹, el decreto sobre bibliotecas populares del 3 de julio de 1908 se gestó en el seno del grupo organizador y se concretó gracias a su contacto directo con el Ministro de Instrucción Pública que se había interesado en la propuesta. De hecho, la omisión del concurso de las Cámaras en su aprobación fue causa de conflicto entre ambos poderes, ya que parte de la diputación entendía que con esta medida el Poder Ejecutivo se abrogaba facultades que no tenía y usurpaba atribuciones que las leyes vigentes conferían a otras corporaciones⁵⁰.

Durante los dos años subsiguientes, en el Poder Legislativo se trataron varios proyectos en línea con los designios del Congreso de Bibliotecas y de la Asociación. En 1908, el diputado cordobés Ponciano Vivanco presentó un proyecto de ley para la creación de una Escuela de Bibliotecarios y Archiveros dependiente del Consejo Nacional de Educación. El plan, que seguía las orientaciones de la École Nationale des Chartes francesa, había sido elaborado con el asesoramiento de Amador Lucero, por entonces director de la Biblioteca Nacional de Maestros. Para Vivanco la apertura de una institución de este tipo resultaba oportuna y necesaria dado que notaba “en todo el país una agitación viva en el sentido de extender la acción educadora y de propaganda del libro”⁵¹. Aunque no tenemos noticias explícitas sobre los lazos entre la anb y el autor del proyecto, su discurso confirma que los eventos recientes habían fundado las condiciones de posibilidad para el debate, introduciendo la temática en la agenda social y gubernamental. La capacitación del personal era un paso ineludible en el proceso de profesionalización de los bibliotecarios, que no pudo ser encarado en esta oportunidad -el proyecto caducaría y en 1910 sería presentado de nuevo por el abogado librepensador salteño Felipe Guasch Leguizamón-, pero que, a partir de entonces, se volvería recurrente en las deliberaciones de los legisladores. En ese último año, el Segundo Congreso de Bibliotecas Argentinas convocado por la Asociación le prestó también una atención considerable al tema. Además de recalcar en sus conclusiones la perentoriedad de contar con empleados competentes en los distintos ámbitos bibliotecarios, señaló que un requisito para mejorar la situación existente era crear “el bibliotecario con la preparación general y especial requerida, con el concepto claro de que desempeña una verdadera misión social”⁵². A ello añadía que era imprescindible que estos servicios fueran generosamente retribuidos, poniendo en primer plano la dimensión económica y laboral de la cuestión. Asimismo, resolvió que las personas que desempeñaran esos cargos debían poseer una preparación general mínima, equivalente al título de maestro normal o bachiller, que sería cubierta mediante cursos temporarios para quienes ya estuvieran en funciones⁵³. A futuro, se atribuía la responsabilidad de la formación a las Facultades de Filosofía y Letras del país.

A pesar de no lograr en ese momento la creación de una carrera específica, en 1909-10 Francisco Birabén y Pablo Pizzurno, ambos partícipes activos de la Asociación, organizaron los primeros seminarios libres sobre temas bibliotecológicos en la Capital, inaugurando la enseñanza formal de la disciplina⁵⁴. En 1922, cuando se abrió la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires⁵⁵, la Asociación comunicó al Ministerio de Instrucción Pública el voto “de varios congresos bibliotecarios” en favor de que se estableciera una carrera de este tenor⁵⁶. Para entonces, el desenvolvimiento profesional del área se había convertido en el eje de sus preocupaciones, tal como demuestra el hecho de que, en vez de un nuevo congreso de bibliotecas, se optara por celebrar el Primer Congreso de Archiveros y Bibliotecarios, cuya segunda edición se convocaría para 1927. También logró cristalizarse otra de las aspiraciones planteadas explícitamente por el Primer Congreso: redactado por Paul Groussac -director de la Biblioteca Nacional y en 1908 presidente honorario del evento-, en 1910 se aprobó el primer texto legislativo de protección de los derechos autorales para las obras publicadas en la Argentina que establecía, además, un Depósito Legal de Publicaciones ⁵⁷.

Más allá de las contribuciones individuales de sus miembros en los ámbitos oficiales, la acción pública de la Asociación se concentró en la tramitación de subvenciones para las bibliotecas, en especial, para la construcción de sus edificios⁵⁸. La inquietud fue vehiculizada por el mismo Vivanco en 1908, quien propuso que se asignara una partida del presupuesto para la construcción de inmuebles que reprodujeran el tipo de las bibliotecas “que en Estados Unidos se llama Carnegie”⁵⁹. La regularización del funcionamiento de la Comisión Protectora durante los años subsiguientes acabó por canalizar su mediación. La Cámara, igualmente, siguió recibiendo solicitudes de subsidio, entre las que se encontraban las que presentaba la anb para su propio sostenimiento. Es significativo que una entidad que se pretendía mediadora entre un sector de la sociedad civil y el gobierno hiciera de ese último su principal fuente de recursos. Tan solo tres años después de su creación, los aportes de las 198 bibliotecas afiliadas se revelaron insuficientes para llevar adelante sus fines, hecho que obligó al presidente de la Asociación a dirigirse al Parlamento, pidiendo una subvención para reeditar las principales obras argentinas en formato económico y distribuirlas gratuitamente entre las bibliotecas “como el mejor medio para fomentar la producción nacional y difundir la cultura”⁶⁰. Esto se sumó al estipendio que, con variaciones, recibió la agrupación al menos hasta fines de la década del veinte.

4. ¿Una federación federal? La Asociación y las organizaciones provinciales

En sus fundamentos, los expedientes de los años veinte daban cuenta de la distribución gratuita de volúmenes entre las bibliotecas adherentes, de la fundación bibliotecas públicas, escolares y salas de lectura, de la confección del mencionado catálogo de obras argentinas y de formularios para mejorar la clasificación y la catalogación de las colecciones y de la organización de los congresos y exposiciones. En 1911, además, se había consignado otro frente de trabajo que desapareció después de los registros: la formación de Comisiones Protectoras de Bibliotecas en las provincias. En efecto, durante los momentos iniciales de su existencia, la Asociación volcó gran parte de sus energías a gestionar la creación de instituciones y asociaciones similares a las nacionales en estos territorios. De esta manera, se pretendía constituir una estructura arborescente que permitiría una conexión más directa con las entidades bibliotecarias y sus problemas específicos y una mayor distribución de las responsabilidades gubernamentales en su promoción, acorde con el sistema federal. En el mismo sentido, la Asociación había instalado comités provinciales propios, compuestos por figuras de sus respectivos círculos letrados, para que impulsaran las políticas públicas de cada zona. Este aspecto remitía a la experiencia estadounidense de la ala que había estimulado la fundación de agrupaciones locales y regionales para paliar las dificultades impuestas por las distancias geográficas, intensificando la frecuencia de los contactos entre los bibliotecarios más allá del contexto de los congresos nacionales de bibliotecas⁶¹.

La Universidad Popular se transformó en el medio privilegiado de difusión de estas actividades. En calidad de órgano oficial de la anb, esta publicación incorporó a partir de 1911 una nueva sección denominada “Movimiento bibliotecario”, donde se volcaba la información referida a las localidades del Interior. En la primera ocasión, se enumeraron las comisiones protectoras que, en concordancia con los fines originales, había contribuido a formar la organización central⁶². Si bien en su mayoría estas no llegaron a funcionar, dos de ellas consiguieron su cometido, al menos en el corto plazo. En efecto, las provincias de Buenos Aires y Córdoba emitieron decretos de creación de sendas comisiones protectoras en 1910 y 1913. El éxito de las gestiones en esos distritos se debió, en gran medida, a la injerencia de funcionarios locales que mantenían un vínculo estrecho con la Asociación, a la vez que ocupaban posiciones destacadas en los entornos provinciales y contaban con vías de acceso a los poderes gubernamentales. No resulta menor, sin embargo, que estas provincias estuvieran entre las de mayor densidad bibliotecaria del país y entre las que habían tenido una representación más alta en el seno de la Asociación desde sus comienzos (Mapas 1, 2 y 3). Fue en la confluencia entre demanda social, agencia individual y voluntad institucional que surgieron las antedichas comisiones. Por el contrario, la designación de directivos por parte de las autoridades porteñas se reveló como una estrategia de gestión descendente que, al eludir su partida desde un consenso del ambiente local, culminó en el fracaso de las iniciativas.

Fuente: Elaborado por la autora en 2022 con base en Lucero, Nuestras bibliotecas, 150-161 y el uso del software Snazzy Maps.

Mapa 1. Distribución de las bibliotecas en el territorio argentino en 1909 

Fuente: Elaborado por la autora en 2022 con base en Lucero, Nuestras bibliotecas, 150-161 y el uso del software Snazzy Maps.

Mapa 2. Detalle de la región de mayor concentración bibliotecaria en 1909. 

Mapa 3. Bibliotecas adheridas anb en septiembre 1911.

Fuente: Elaborado por la autora en 2022 con base en “Expediente 1085-P-1911” y el uso del software Snazzy Maps. 

Nicanor Sarmiento⁶³ incurrió en un error al afirmar que Rodolfo Moreno era ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la primera en secundar el movimiento pro-bibliotecas cuando se decretó la creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares a solicitud de la Asociación Nacional de Bibliotecas, pero es cierto que la medida logró concretarse gracias a la presencia de los miembros de la institución en puestos gubernamentales clave. En efecto, en enero de 1910, cuando el gobernador Ignacio Irigoyen y su ministro, Emilio Carranza, firmaron la ley, la Dirección General de Escuelas (dge) bonaerense estaba a cargo, entre otros, de Ángel Garay, Arturo Condomí Alcorta, Jacob Larrain, Carlos Vega Belgrano y Domingo de Oro, como nos lo muestra la portada de la Revista de Educación publicada entonces.⁶⁴. Dos entre ellos -Condomí Alcorta y Vega Belgrano- ocupaban posiciones directivas en la anb; y otro más -De Oro- formaba parte de ella y de la comisión organizadora del Segundo Congreso de Bibliotecas. La gestión de Carranza, quien había sido asimismo Director General de Escuelas entre 1887-90 y en 1893, también se mostraba propicia para la realización de un proyecto que había sido objeto de intentos frustrados en el pasado⁶⁵.

Sin embargo, la organización institucional de la promoción bibliotecaria no era una cuestión nueva, sino uno de los propósitos que habían orientado la administración escolar de Garay en la dge desde los comienzos de su gobierno en junio de 1908. La definitiva aprobación de la ley nacional tan solo un mes después configuró un escenario favorable para ensayar soluciones al problema de la acción oficial en beneficio de las bibliotecas populares. Así, aun antes de la realización del Primer Congreso, el Consejo de Educación provincial había ideado un plan en este sentido, que apostaba a la colaboración entre las autoridades federales y provinciales para conseguir resultados positivos⁶⁶.

Este proyecto, mediante el cual se constituía una Comisión de Fomento, tomaba como modelo explícito la legislación federal, diciendo que sus condiciones de implementación “armonizarían” “con las de carácter nacional que se dicten para el servicio de las bibliotecas populares”⁶⁷. De acuerdo con esto, se constituyó la primera comisión que, a raíz de las desavenencias que la enfrentaron a la dge, renunció antes de transcurrido un año⁶⁸. Frente a esta situación, el Ejecutivo se vio obligado a armar una nueva comisión que, aun con modificaciones, mantuvo la repartición en marcha hasta 1914, fecha en que el -ahora sí- ministro de Gobierno Rodolfo Moreno y el gobernador Marcelino Ugarte la disolvieron, reestructurando el área⁶⁹. A la luz de los documentos bonaerenses, el texto de Sarmiento, además de incurrir en equivocaciones históricas, parece sobredimensionar el papel de la Asociación en el proceso descripto. De todos modos, resulta indudable que el impulso otorgado por el Congreso y la anb a la sanción de la ley de 1908 y al movimiento bibliotecario nacional reinstalaron el problema en las agendas políticas, brindaron un respaldo a las iniciativas locales y propusieron un ejemplo de configuración institucional.

El caso de Córdoba fue diferente, en tanto la Asociación contó allí con el concurso directo de uno de sus miembros, el abogado, profesor de la Universidad Popular, Ángel F. Ávalos. Ligado a los ideales reformistas, este correntino radicado en Córdoba llevó adelante una intensa actividad educativa y política en la provincia mediterránea, que contribuyó a su institucionalización bibliotecaria según los parámetros instalados a escala nacional. El Comité Central de la Asociación lo designó como parte de la comisión que tendría en sus manos la misión de “despertar el espíritu público por las bibliotecas en Córdoba”⁷⁰. Para entonces, el compromiso de Ávalos con la causa bibliotecaria provincial había sido demostrado ampliamente, por su campaña realizada desde 1908 en favor de la apertura de la Biblioteca Pública de Córdoba. Según sus propias palabras, esta iniciativa confluyó con las nacionales en la difusión de una disposición favorable al desarrollo de estas instituciones⁷¹. Conformado en junio de 1911 -Sarmiento lo dató en 1912⁷²-, el grupo escogido por la sede porteña aparece en las fuentes ambiguamente identificado con la Comisión Protectora oficial y se disolvió por el exceso de funciones de sus miembros o por su fallecimiento. La Comisión estatal se crearía recién en 1913, mediante un decreto del gobernador Ramón Cárcano basado en un proyecto de Ávalos, pero no llegaría a entrar en vigor, debido a su falta de tratamiento por parte de la Legislatura. A pesar de este fracaso, el relato de las negociaciones que Ávalos efectuó en 1920 es de sumo interés, porque pone de relieve la red de relaciones personales que subyacían a la propuesta, redacción y aprobación de las leyes. Sus vínculos estrechos con los diputados de la Nación y, sobre todo, con el gobernador Cárcano, a cuyo despacho accedía fácilmente, le permitían movilizar recursos para transformar las iniciativas particulares en políticas públicas.

Tras esta tentativa, no tenemos más noticias de la acción de la anb en las provincias. Al parecer, las frustradas experiencias de Buenos Aires y Córdoba socavaron la confianza en el potencial institucionalizador estatal del comité porteño fuera de la capital, y sus actividades se volcaron, por un lado, a la promoción de la literatura nacional y su distribución entre las entidades adheridas y, por el otro, a fortalecer el campo bibliotecario mediante la organización de congresos y exposiciones. De todas maneras, los ejemplos mencionados dan cuenta de la vocación pública de agrupación y de la imagen del sistema bibliotecario nacional cuyas bases pretendía construir la anb.

Conclusiones

La conformación de la Asociación Nacional de Bibliotecas resuelta por el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas reunido en la ciudad de Buenos Aires en 1908 fue un acontecimiento de notable relevancia para el proceso de modernización de la actividad bibliotecaria en el país. Su creación misma constituyó una evidencia de la aparición de una conciencia sectorial, que unía a los actores involucrados en el sostenimiento y gestión de bibliotecas en torno a intereses comunes. Compuesta por figuras destacadas del mundo letrado nacional capaces de activar los resortes gubernamentales, la comisión directiva de la entidad se presentaba como una intermediadora privilegiada entre las asociadas y los poderes públicos que, en función de sus saberes específicos, se hallaba en condiciones de orientar la formulación de las políticas estatales. En segundo término, mediante su accionar la anb procuró contribuir a la profesionalización de las prácticas y saberes bibliotecarios, actualizándolos de acuerdo con las pautas introducidas por el ejemplo de las naciones industrializadas, en particular los Estados Unidos.

Si dicha profesionalización estuvo lejos de lograrse, debido, en gran medida, a las condiciones de funcionamiento cotidiano de las bibliotecas de la República y a la ausencia de mecanismos efectivos para hacer respetar los acuerdos conjuntos, no sucedió lo mismo con el primero, en su papel de intermediaria entre sectores. En efecto, las funciones de mediación fueron cumplidas ampliamente, al menos durante estos años iniciales de su existencia. Asentados en Buenos Aires y La Plata, capitales respectivas de la Nación y de la provincia más poblada de la Argentina, los líderes de la anb se hallaban próximos a los círculos de poder gracias a su inserción en las universidades, sus capitales intelectuales y a su propia actuación político-partidaria. De este modo, pudieron movilizar los recursos oficiales en pos de obtener fondos, protección legal y una organización burocrática específica. La convicción de que la difusión de la cultura letrada era un insumo crucial para el progreso civilizatorio, y la voluntad pública de estos grupos reformistas coincidieron, entonces, con una coyuntura favorable a la expansión de las potestades estatales en materia de regulación cultural para asegurar el éxito de sus propuestas ante el Gobierno federal. La restauración de la Ley n.º 419 y de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, la aprobación de subsidios y de partidas presupuestarias para sostenerla, así como la presentación y sanción de proyectos parlamentarios de ayuda y fomento fueron los principales resultados de sus gestiones durante el período que nos ocupa.

Su proyección hacia el interior del país no rindió los mismos frutos, ya que, a causa de su estructura fuertemente centralizada y de las condiciones diferenciales que separaban las realidades capitalinas de las provincianas, las iniciativas de la Asociación no siempre respondían a las preocupaciones locales. Eran percibidas, por el contrario, como políticas descendentes, que no llegaban a prosperar, a menos que se articularan con proyectos preexistentes o que fueran impulsadas por intelectuales reconocidos a nivel regional, como sucedió en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. A pesar de ello, la acción de la anb se reveló ubérrima a largo plazo, en tanto colaboró a la difusión y a la estabilización de determinados dispositivos burocráticos estatales que fueron configurando el sistema bibliotecario argentino. La concepción de una estructura fractal que reprodujera en distintas escalas la dupla Asociación-Comisión implementada en la esfera nacional durante estos años permaneció en el imaginario de los actores y orientó las políticas bibliotecarias futuras.

En este sentido, el análisis detallado de su accionar como intermediadora entre un sector de la sociedad civil y el Estado, además de arrojar luz sobre un objeto todavía inexplorado por la historiografía argentina, contribuye a reevaluar el papel de este tipo de asociaciones en la institucionalización oficial de la cultura. Las políticas y los organismos estatales en materia bibliotecaria se convierten, así, en resultado de presiones, negociaciones y concesiones que encuentran su condición de posibilidad tanto en las circunstancias nacionales, regionales y externas, como en los poderes de agencia individual y grupal de los actores involucrados. Por otra parte, la experiencia temprana de la Argentina conduce a revisar los orígenes del campo bibliotecario en América Latina, otorgándole profundidad temporal y descentrando la iniciativa modernizadora de las potencias hegemónicas.