La producción social del espacio en el proceso de urbanización, una relación entre poder y saber

La hipótesis sobre la "producción social del espacio" formulada por ^{Lefebvre (2013)} plantea que, a lo largo de la historia de la humanidad, cada modo de producción crea su espacio y su tiempo y, a la vez, ciertas relaciones sociales; con lo anterior, el autor lleva a inferir que toda sociedad configura y produce su espacio, pero, simultáneamente, el espacio determina y configura los rasgos propios de la sociedad que lo habita. En consecuencia, ciertas relaciones de producción generan y requieren un tipo de espacio y, al mismo tiempo, unas condiciones geográficas y espaciales particulares generan y determinan un tipo de relaciones de producción, un tipo de economía y unas formas de relaciones sociales.

Se puede decir que con la industrialización se empiezan a generar nuevas relaciones económicas, sociales, políticas y culturales en la ciudad, teniendo en cuenta que en ella se concentra el capital producto de la industria, lo que genera el fenómeno de la urbanización. Si se retoma, entonces, lo propuesto por ^{Lefebvre (2013)}, cuando se produce este fenómeno se produce también una nueva organización del espacio; así, la sociedad industrial busca cómo moldearlo de tal manera que responda a los intereses de la nueva forma de producción.

Ahora bien ¿cuál es la forma como se moldea el espacio en la ciudad a partir de este proceso de industrialización? Una organización basada en ideas abstractas producidas desde un saber técnico y científico. Es decir, un "espacio concebido" por expertos y planificadores, codificado en representaciones como el mapa o el plano, a través de los cuales el Estado puede administrar el espacio y tomar el control. Así, esta denominación de "espacio concebido" hace referencia a las "representaciones del espacio"; al hecho de que el espacio sea representable en una cartografía que permite su abstracción o, para decirlo con ^{Heidegger (1958)}, de que el espacio se convierta en imagen.

Con el surgimiento de la cartografía moderna, desde la cuantificación cartesiana del espacio, este deviene en imagen, en representación, donde las diferencias dejan de ser del orden de lo cualitativo para ser diferencias solo cuantitativas. Este proceso se da en paralelo a la emergencia del Estado moderno, que supone también otra forma de entender y ejercer el poder. De esta manera, los mapas y planos, como un modo eficaz de abstracción de la realidad, se convierten en instrumentos de poder que permiten al Estado un control y dominio del espacio. Con lo anterior, se puede concluir que el espacio, en cuanto concebido, presenta verdaderas relaciones entre saber y poder (^{Foucault 1979}).

El Estado ejerce su poder mediante políticas y prácticas que validan esta forma de concebir el espacio, en donde hay más en juego que solo una organización: sirve a los intereses de actores dominantes en el modo de producción capitalista que lo apropian para sí mismos, con el fin de generar una productividad; de esta manera, el espacio adquiere valor de cara al mercado. Para ello se utilizan los postulados del movimiento moderno en arquitectura, es decir, se establecen para la organización de la ciudad los principios del urbanismo funcionalista, que propone una zonificación en función de cuatro actividades básicas: circular, habitar (que se refiere a la actividad residencial), trabajar y recrear. Además, se imponen la línea y el ángulo recto como principios ordenadores y armónicos en la materialización del espacio. Esta concepción supone una clasificación y regulación del espacio, pero a la vez su fragmentación, lo que genera segregaciones y desigualdades con respecto a los servicios y oportunidades que la ciudad ofrece; de esta situación, emergen algunas injusticias sociales.

En Colombia, si bien a partir de la creación de la República surge una red de ciudades producto de la acumulación agraria y como indicativo del poder del Estado -con el fin de hacer presencia en el territorio nacional e instalar sus instituciones-,después de mediados del siglo XX se da un proceso acelerado de urbanización, esto debido a, de un lado, la implementación del modelo sustitutivo de importaciones (^{Davis 2006}), cuyo fin era estimular la productividad; de esta manera, el Estado, en la búsqueda de un desarrollo económico, impulsó la actividad industrial en detrimento de las políticas agrarias. De otro lado, debido al fenómeno del desplazamiento del campesinado como consecuencia de la violencia en el campo, la cual se inicia por una lucha de tierras entre terratenientes y colonos campesinos, que pasa luego a convertirse en una lucha ideológica entre liberales y conservadores. Ambos casos, significaron la acentuación de la migración rural a la ciudad.

Las significativas migraciones de población campesina a la ciudad empiezan a generar una problemática urbana que parte de los intentos por una industrialización incipiente y por la llegada de los nuevos pobladores, lo que produce nuevas distinciones. Así, el campesino pasó a ser el obrero que solo posee su fuerza de trabajo y el burgués pasó a ser el industrial dueño de los medios de producción y del excedente de dicha producción y, con ello, se convirtió en dueño de la tierra. Adicionalmente, se genera un cambio en la espacialidad de la ciudad, evidenciado a partir de los nuevos principios aplicados en la planificación del espacio urbano, pero, además, por la formación de "asentamientos informales" cuyos habitantes son los nuevos migrantes y aquellos que no poseen recursos suficientes para acceder al suelo urbano y a la vivienda.

El proceso de urbanización y el espacio concebido en Colombia

Con la industrialización impulsada por el Estado colombiano y el proceso de urbanización que se inicia en el país, se empezaron a implementar los principios del movimiento moderno de la arquitectura¹ en las formas tangibles y construidas de las principales ciudades, a partir de la Ley 88 de 1947 del Congreso Nacional que ordena para los municipios con presupuesto mayor a $200.000 la obligación de elaborar un plan regulador que indique la manera como debe continuarse la organización futura de la ciudad y las mejoras a lo ya construido, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y deporte, templos, plazas, áreas verdes, escuelas y demás edificios necesarios a la población. Surge así la necesidad de realizar una planeación en busca de una ciudad armónica y ordenada, además de estimular una reglamentación urbana que permita un aprovechamiento del suelo. Ejemplo de ello es el proyecto del Plan Piloto (1950) diseñado por Le Corbusier para Bogotá, o el plan regulador para Medellín proyectado por Wiener y Sert (1948-1952) y la planificación iniciada en Manizales con la zonificación de áreas, el aprovechamiento de sectores para vivienda y las cesiones de áreas de recreación, aplicando los principios que desde 1940 había recomendado el urbanista Karl Brunner en su visita a la ciudad.

Estas formas de planificación, se encuentran en concordancia con la ola de planos regulares que se propusieron en el resto de los países Latinoamericanos durante la época: el diseño de Brasilia (1956-1960) en Brasil, realizado por los arquitectos modernos Lucio Costa y Niemeyer; el Plan regulador intercomunal de Santiago en Chile (1953); el Plan regulador de Caracas (1951) en Venezuela, proyectado por Maurice Rotival y un grupo de arquitectos franceses; el Plan piloto de Lima (1949) en Perú; y el Plan regulador del Distrito Federal (1940) en México, por mencionar algunos. En general, se formularon números planos reguladores inspirados en la Carta de Atenas, bajo la influencia de los criterios funcionalistas y racionalistas.

Esta forma de moldear y modelar el espacio que fomenta el Estado colombiano, y de la cual se apropian aquellos grupos dominantes, permitió una legibilidad que facilitaba la administración y el control del mismo, así como también se convirtió en una estrategia para maximizar los beneficios económicos de la urbanización, como veremos más adelante. Así, y tal como lo establece ^{Bauman (1999}, 48) consistió en "una manipulación consciente de reordenar a voluntad la transparencia del espacio como relación social, en últimas como relación de poder".

La ordenación del espacio que se proclama ciencia, no solo sirve a la legitimización del orden social -al procurar una imagen técnica y aséptica, aparentemente neutral-, sino que contribuye a instaurar una hegemonía, una forma de vida, unos comportamientos sociales aceptables, unas prácticas concretas en el espacio. Así, el conocimiento se convierte en una fuerza productiva al servicio del modo de producción capitalista, lo que deviene en una nueva relación ideología-conocimiento donde el saber adquiere el papel de la ideología, y es aceptable solo el espacio producido a partir de los principios lecorbusianos. Por lo anterior, no se reconocen formas desorganizadas, caóticas o espontáneas, ya que no corresponden con la perfecta organización del "espacio concebido"; se llega incluso a considerar estas formas como "gestación deliberada de situaciones irracionales" (^{Santos 2001}, 262).

Ahora, si se tiene en cuenta que en Colombia la industria no logró el desarrollo esperado y que, por tanto, no logró incorporar toda la mano de obra llegada del campo, ni permitió generar buenos salarios para la nueva población obrera, entonces, se encuentra que dicha población es excluida de los medios para acceder a la vivienda y al suelo urbano. Esta población debe hacerse un lugar en la ciudad solventando de manera espontánea sus necesidades de vivienda, lo cual hace que sus casas y sus barrios estén por fuera de las lógicas técnicas y racionalistas del "espacio concebido", es decir, que sean inaceptables para dichas lógicas, pero que, en últimas, generan otras formas de territorialización, otros espacios. Cuando se retoma lo propuesto por ^{Santos (2001)}, se percibe que, efectivamente, estas áreas de la ciudad, al no estar modeladas bajo las lógicas racionales y técnicas del urbanismo moderno, son consideradas como irracionales; de ahí que los espacios surgidos a partir de las prácticas cotidianas de sus habitantes, de sus necesidades y deseos sean denominados informales.

Podemos concluir hasta aquí que el "espacio concebido" vela, tras imágenes visuales perfectamente ordenadas, legibles y coherentes, la existencia de un orden social que oculta las profundas contradicciones y desigualdades que la misma forma de producción genera en el espacio urbano colombiano. Así, en el modo de producción capitalista se dan unas relaciones sociales de explotación y dominación que se mantienen por y en el espacio, como se explicará a continuación, y que generan injusticias frente a ciertos grupos como los localizados en los asentamientos informales.

Las injusticias del proceso de urbanización colombiano

El proceso de urbanización en Colombia, no se dio solo como una expansión geográfica o geométrica del espacio, sino también como una expansión relacionada con bienes de consumo, dentro de los que se incluyeron el suelo y la vivienda. Al convertirse estos en mercancía se vuelven en objeto de especulación, ya que su precio depende del valor agregado (servicios y equipamientos) y de la localización (acceso y permanencia), por lo que se convierten en productos muy singulares dentro de un mercado con procesos de oferta y demanda; en últimas, se genera una mercantilización del espacio. En consecuencia, la cuestión inmobiliaria intensifica su apuesta por las soluciones espaciales en las ciudades colombianas.

Lo anterior lleva a determinar que con la mercantilización del espacio las personas son clasificadas, ordenadas y dispersadas en él en función de su poder adquisitivo; así, por ejemplo, los obreros son alejados de los centros urbanos hacia tierras menos costosas ubicadas en la periferia de la ciudad. Este fenómeno es dado por la intervención del Gobierno con políticas que desde la década de los cincuenta viene implementando para la construcción de vivienda de interés social -en adelante, VIS-. Las primeras propuestas se basaron en los conceptos del urbanismo moderno, de acuerdo con los cuales se desarrollan conjuntos habitacionales cuya construcción planificó y financió el Estado, acompañado del Banco Central Hipotecario (BCH) mediante el sistema de la unidad de poder adquisitivo -en adelante, UPAC- y de fondos nacionales de vivienda, como las corporaciones de ahorro y vivienda (CAV).

Sin embargo, aquella población carente de recursos, que no es poca, sigue invadiendo terrenos y construyendo asentamientos que no tienen las mejores condiciones para ser habitados, debido a que no cuentan con los servicios básicos o con los medios para integrarse al resto de la urbe, ya sea porque se ubican en las periferias y se encuentran alejados de la infraestructura con la que la ciudad está equipada o porque se sitúan en terrenos que representan una amenaza para la vida humana². Estos asentamientos, al ser contrarios a la visión hegemónica, son invisibilizados e incluso eliminados.

De esta manera, las políticas de los años sesenta y setenta que impulsa el Estado colombiano frente a este tipo de asentamientos consistieron en arrasar y erradicar a sus ocupantes con medidas de desalojo en las que participaban el Ejército y la Policía, unas prácticas autoritarias que producen injusticias (^{Planel 2015}). Sin embargo, este tipo de prácticas fueron abandonadas por el surgimiento de movimientos sociales, como el movimiento de los destechados³ que empieza en Bogotá y se extienden por el resto del país, en busca de una intervención adecuada del Estado con respecto a la VIS, la integración de los barrios periféricos a la ciudad y la cobertura de servicios de recolección de basuras, acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. El Gobierno, entonces, opta por programas de rehabilitación para estos asentamientos.

Adicionalmente, el crecimiento de dichos asentamientos y la demanda de una política habitacional eficaz obligaron al Estado a replantear sus propuestas enfocadas en el desarrollo urbano. De esta manera, ya no se trata de realizar grandes obras para alcanzar una ciudad moderna, sino que se centra en la expansión ordenada, en garantizar la prestación de servicios y en desarrollar políticas para brindar vivienda a quienes lo necesitaran. Se fortalece, entonces, la producción de vivienda por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y la Caja de Vivienda Popular (CVP), así como el financiamiento a través del UPAC, este último enfocado a los estratos medios.

Siguiendo a ^{Sepúlveda y Fernández (2006)}, se encuentra que todos estos proyectos de vivienda trataron de organizar un sistema de tipo universal que permitiera una producción en serie para su comercialización, según los principios del movimiento moderno en arquitectura. Aclarando que la postura desde la que se plantea este escrito es la del pensamiento crítico, se entiende que estas medidas se basaron en los derechos de la condición de ocupantes, racionalizando los procesos productivos; de esta manera, se configuró una política cuyo móvil principal era la asociación de la reproducción del capital con la reproducción política. De acuerdo con lo anterior, se ve cómo el Estado intervino -con el fin de corregir, compensar o atenuar el problema de vivienda para quienes no tenían recursos- con la formulación de políticas que permitieran a dicha población acceder al mercado a través de la vivienda social, pero, adicionalmente, por medio de la regulación de situaciones jurídicas como la legalización de predios con las que se resolvieron de forma precaria y provisional controversias como la falta de propiedad.

En las décadas siguientes el papel del Estado frente a aquellos que no poseían vivienda se limitó a suprimir cualquier tipo de obstáculo que afectara el accionar del mercado. Así, para los años noventa una estrategia fue desarrollar el "derecho de propiedad" a través de políticas de regularización, como por ejemplo los mejoramientos de barrios, en consonancia con uno de los postulados del Consenso de Washington: redefinir y hacer accesible al conjunto de la sociedad de los derechos de propiedad. No obstante, aunque no se puede negar que para los pobladores de los llamados asentamientos informales estas políticas de regularización fueron y siguen siendo muy bien valoradas, no se plantean como el derecho universal de un lugar para habitar, sino más bien como un mecanismo de integración al mercado, a las lógicas del "espacio concebido".

La instrumentalización del espacio se concreta en su mercantilización; el espacio deviene en mercancía con un alto valor de cambio y su valor de uso se subordina a las lógicas del capital. De esta manera, el "espacio concebido" va más allá de las técnicas y de las formas para favorecer una nueva reproducción del capital: el costo del suelo. En definitiva, estas formas hacen que impere el crecimiento de las ciudades con el fin de expandir el mercado y, a la vez, que se produzca una segregación económica, social y cultural; una fragmentación y segregación del espacio que da lugar a una verdadera contradicción.

¿Por qué una contradicción? Porque, por un lado, en la ciudad se generan nuevas relaciones sociales a través de la nueva forma de producción, y en estas relaciones los grupos dominantes y el Estado refuerzan la ciudad como centro de poder y de decisión política; por otro lado, el dominio que ejercen estos grupos hace que la ciudad estalle. Esto último se afirma en la medida que la segmentan y generan conflictos, ya que mientras unas áreas tienen buenas condiciones de infraestructura, servicios y presentan mejores oportunidades para sus habitantes, otras -como los denominados "asentamientos informales"- carecen de muchas de estas condiciones en detrimento del habitar. Adicionalmente, la población que habita dichos asentamientos está sujeta a una dominación y opresión, lo que también produce injusticias espaciales. Esto último será abordado en el apartado final.

Las contradicciones y los conflictos, en el crecimiento y transformación de la ciudad colombiana, se intensificaron y generalizaron durante los años noventa y en lo que va del siglo XXI, debido al impacto de la incorporación de políticas neoliberales, las cuales, de acuerdo con ^{Soja (2008)}, forjan una síntesis que racionaliza, celebra y promueve con eficacia la globalización, el intercambio comercial, la integración financiera y el flujo de la información. La nueva actividad financiera y empresarial desplaza cada vez más a la producción industrial; es así como estas actividades operan no solo a nivel local, regional o nacional, sino también a nivel transnacional, a través de mecanismos que transforman la economía y la organización territorial de producción y, además, remodelan el poder de las autoridades locales y territoriales, a fin de controlar la producción mundial.

Con estas políticas, el encogimiento del Estado se intensifica, además, se da lugar a modalidades para la gestión de la ciudad, como la establecida en la Ley 388 de 1997 (Ley de desarrollo territorial) y la Ley 3 de 1991 (Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social). Con la primera, entran en vigencia los planes de ordenamiento territorial -en adelante, POT-, los cuales diluyen el interés social por los beneficios que la nueva planificación otorga a la renta del suelo y a la ganancia del capital; y con la segunda, la VIS queda en manos de las empresas privadas en busca de rentabilidad. Es de notar cómo las políticas públicas han favorecido el capital privado, que está transformando el espacio de la ciudad de acuerdo a sus intereses, con el fin de maximizar la renta del suelo (^{Brenner, Marcuse y Mayer 2012}), de acuerdo con lo cual, la gestión de la urbe con un "enfoque empresarial" (^{De Mattos 2010}) permite la reproducción de dicho capital.

Con este modelo la riqueza se va concentrando en unos pocos, así como las tierras urbanas con mejor localización, accesibilidad y servicios agregados, mientras que un sector de la población va quedando sin poder adquisitivo para comprar terrenos o viviendas. Esto ocurre debido a la disminución del Estados en la inversión por la lucha contra la pobreza, al aumento del desempleo y al conflicto armado interno con fuerte presencia en el campo, lo que genera un desplazamiento de población rural a la ciudad; asimismo, se debe al fenómeno de gentrificación urbana, el cual ha generado desplazamientos de población con bajos recursos. Es decir, se da una reproducción en la exclusión del mercado inmobiliario: esta población excluida debe resolver su problema de vivienda por fuera del juego del mercado, lo que conduce a la reproducción de asentamientos informales y de una segregación de su población.

Un ejemplo de ello, y sin querer generalizarlo en el territorio colombiano, son algunos de los barrios de las laderas del sur de Manizales,⁴ que surgieron desde mediados del siglo XX a través de la toma de lotes⁵ y que fueron regularizados por el Estado entre los años setenta y noventa mediante titulación de predios, la construcción de VIS, el mejoramiento barrial, la reubicación de las viviendas que se encontraban en zona de riesgo y la declaración de estas zonas como laderas de protección. En ellas, y a partir de la segunda década del siglo XXI, se está presentando un repoblamiento acelerado, es decir, se está dando la reproducción de los llamados asentamientos informales (Figuras 2 y 3).

Fuente: Google Earth 2019.

Figura 2 Zona de repoblamiento laderas del sur de Manizales.  

Figura 3 Repoblamiento Barrio El Nevado. Mayo de 2018. 

^{De Mattos y Link (2015}, 42) proponen:

[...] desde el momento en que se impuso la voluntad de entronizar un orden general regido por la lógica de la mercancía, éste se ha transformado en el objetivo político medular de la acción estatal, cuya expresión culminante se puede situar en el momento que alcanzan su apogeo las prescripciones neoliberales.

Por esta razón, en el proceso de urbanización colombiano la distribución de los recursos y el suelo bien localizado y con valor agregado⁶ se está concentrando en aquellos que tienen capital económico y poder político; es decir, que el espacio se ha convertido en una herramienta estratégica para dicha concentración.

Por tanto, los ordenamientos territoriales que empezaron a implementarse en Colombia a inicios del siglo XXI han fortalecido e intensificado la mercantilización y especulación del suelo, con políticas que permiten el libre actuar de instrumentos como la plusvalía. Este es un mecanismo mediante el cual se genera un aumento en el valor de la propiedad a partir de las inversiones que el mismo Estado o el capital privado emprenden para el mejoramiento de la infraestructura y servicios, generándose entonces un valor agregado sobre el suelo; de esta manera, los propietarios perciben beneficios o les son asignados costos creados por la actividad social en la ciudad.⁷ Así, las empresas inmobiliarias que tienen el capital suficiente y que, además, son impulsadas por el capital financiero, concentran sus inversiones en estas áreas, que representan una mayor rentabilidad, lo que lleva a que se profundicen las desigualdades socioespaciales y, por ende, que aumenten la fragmentación y la segregación en la ciudad.

De lo anterior, se puede inferir que, bajo las políticas neoliberales, el "espacio concebido" se convierte en instrumento cuyos objetivos son la reproducción de un orden general mercantilizado de la ciudad. Esta forma de concebir el espacio urbano se proporciona, entonces, como un servicio que casi siempre favorece a los habitantes mejor acomodados, evocando a Soja, incluso en nombre de la lucha contra la pobreza, "ya que las necesidades de servicios urbanos no han sido ignoradas por completo para la población más pobre, pero están sistemáticamente subordinadas a las necesidades y expectativas de los que viven por encima de la línea de pobreza" (^{Soja 2014}, 20).

Siguiendo lo planteado por el autor, las grandes obras de infraestructura dentro de las ciudades colombianas (autopistas, aeropuertos, incluso redes de información) no han aliviado los problemas de pobreza y discriminación de los llamados barrios informales, sino, por el contrario, han favorecido a los habitantes mejor acomodados. Esta particular manera de proyectar la ciudad se ha basado en prácticas de planificación que han planteado que, por prestar el servicio a la mayoría de la población, una estrategia aparentemente admirable no es discriminatoria. Pero, entonces, ¿qué pasa con la población que habita los asentamientos denominados informales?, ¿podría hablarse de injusticia espacial en estos asentamientos, teniendo en cuenta que las desigualdades sociales y urbanas se están profundizando?

(In)justicia espacial en los asentamientos informales

La justicia, en su sentido más amplio, aparte de ser un fenómeno social, es también un hecho espacial, de ahí que se emplee el concepto de "justicia espacial" (^{Soja 2014}), siendo la cuestión fundamental que atraviesa este artículo. Aquí se defiende la tesis de que consta, no se reemplaza la noción de justicia social, sino que se busca privilegiar el espacio como categoría de análisis válida para interpretar las condiciones que producen y reproducen injusticias sociales.

Entender la producción social del espacio es fundamental para interpretar la justicia espacial. Así, la justicia tiene una dimensión socioespacial y dicha dimensión es dialéctica, es decir, la sociedad produce el espacio y a su vez el espacio produce sociedad; pero esa producción social y espacial está determinada y determina tensiones y relaciones de poder. De acuerdo con lo propuesto, consideramos que puede hablarse tanto de injusticia espacial como de espacios injustos; algo que puede comprenderse en analogía con lo que significa hablar de injusticia económica o también de economía injusta. Para el caso específico, una "injusticia espacial" es una situación de desigualdad, opresión y dominación que sufren ciertos grupos y que se deriva de los privilegios que la planificación urbana concede a unos miembros de la sociedad en detrimento de otros; en consonancia con esto, un espacio injusto es un espacio urbano planificado conforme a criterios que les conceden privilegios a quienes detentan poder y quieren maximizar la renta. Estas injusticias van desde la asignación de espacios marginales para las viviendas de las clases menos favorecidas, hasta la construcción de obras de infraestructura que no apaciguan los problemas de pobreza, desigualdad, segregación y exclusión de los asentamientos informales, los que se crean y vuelven a crear continuamente como consecuencia de la organización social.

Es claro que las cosas le suceden y suceden en el espacio, pero es necesario ver a través del tiempo y de las relaciones sociales para entender cómo dichas relaciones están activamente involucradas en la generación y mantenimiento de desigualdades, de opresiones y dominaciones, tal como sucede en el espacio urbano colombiano. Por lo anterior, para comprender el espacio urbano colombiano es clave reflexionar sobre las prácticas socioespaciales de aquellos agentes que, por medio de su acción, lo modelan y moldean generando demarcaciones que no son genuinas o neutras de sentidos e intereses y que, por tanto, producen injusticias espaciales.

Las formas de ordenación del espacio se han convertido en una máquina de generación de desigualdades que actúa libremente, lo que lleva a la exclusión de un población pobre no solo de vivienda, sino, además, de servicios, infraestructura o lugares de trabajo, convirtiéndolos en la población menos favorecida dentro de la ciudad. En contraposición, es necesario también reflexionar sobre las prácticas socioespaciales de los habitantes de dichos asentamientos, en cuanto grupos excluidos de la ciudad, cuyas acciones al momento de resolver el asunto del habitar cotidiano -como la toma de tierras, la compra de terrenos ilegales y las maneras de construir, y desde los efectos que se derivan de dichas acciones- también producen injusticias. De esta manera, en el espacio urbano se van territorializando una serie de acciones que permiten que se produzcan y perpetúen las desigualdades y polarizaciones que generan injusticias, las cuales, a su vez, se replican socialmente y evolucionan en el tiempo.

Justicia espacial para los asentamientos informales. Una acción política

Una variedad de autores articulan la problemática del espacio y la justicia (^{Harvey 1973}; ^{Lefebvre 2013}; ^{Marcuse 2016}; ^{Soja 2014}). Aunque con variaciones en sus conceptualizaciones, estos autores coinciden en una acción social y política espacializada para la búsqueda de justicia en la ciudad. La postura del presente escrito se acerca a esta propuesta.

Una mirada a las Escalas de justicia de ^{Fraser (2008)} permite establecer que las injusticias se aprecian en dos problemáticas clave: reconocimiento erróneo o menosprecio y mala distribución. Ya que es justamente desde aquí que se va a dar cuenta de algunas de las consideraciones surgidas en la reflexión propuesta, es preciso explicar cómo se observan estas dos problemáticas en los asentamientos informales.

Si se tiene en cuenta el reconocimiento erróneo que se da a estos asentamientos -debido a que en muchas ocasiones y desde la perspectiva del espacio concebido se les considera como una gestación deliberada de situaciones irracionales-, se presenta una injusticia frente a estos, pues no se consideran las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que han llevado a su producción.

De igual manera, la mala distribución en la ciudad y, específicamente, la falta de recursos en los asentamientos informales lleva a la generación de injusticias. Frente a ello, y siguiendo a ^{Rawls (2012)} con su teoría de justicia, se enfatiza en la necesidad de construir una pauta de distribución equitativa de las ventajas y desventajas provenientes de la cooperación social para disminuir las desigualdades, tomando como precondición una distribución de bienes primarios. Es decir, el principio de justicia se debe basar en una distribución justa a la que se debe llegar definiendo la distribución en función de la necesidad.

Al detenerse en esto último, es preciso considerar que una justicia distributiva para los habitantes de los asentamientos informales estaría en unas condiciones sociales que les permitan acceder al trabajo, la educación, la salud y la recreación. Además, daría pie a que exista un verdadero control a la especulación y a la competencia del mercado del suelo, lo que les permitiría acceder a este con todos los servicios e infraestructura requeridos para desarrollar la actividad social dentro del espacio urbano, es decir, unas perspectivas para los habitantes de dichos asentamientos todo lo grandes que pueden ser.

No obstante, aunque el reconocimiento erróneo y la mala distribución de los recursos en la ciudad son productores de injusticias, existen otros aspectos importantes que tanto Fraser como Rawls no tuvieron en cuenta, estos son la dominación y la opresión (^{Young 2000}), términos que deberían mirarse como centrales para conceptualizar la injusticia. Lo anterior, en razón a que en el espacio urbano colombiano la dominación por parte de actores que lo mercantilizan lleva a la opresión⁸ de grupos, como aquellos que habitan los asentamientos denominados informales; ello, debido a la exclusión y marginación a la que son llevados. La injusticia, por tanto, ha prevalecido como práctica habitual en la planificación urbana desde mediados del siglo XX, casi sin restricciones ni cuestionamientos, para lo cual ha sido suficiente la participación de técnicos que desarrollen los procedimientos de orden, zonificación y regularización, y que tomen decisiones estratégicas en la elaboración de un plan, para convertirlo en instrumento de control del espacio.

Adicionalmente, la manera como son valorados los asentamientos denominados informales, queriéndoles imponer las lógicas del "espacio concebido" -esto es, al designarles significados simbólicos que la gente asocia con menosprecio (subnormal, ilegal)-, a menudo afecta de modo significativo la situación social de sus habitantes y sus oportunidades. Debido a la connotación negativa del lugar en el que habitan son etiquetados, estereotipados, silenciados e invisibilizados, lo que indefectiblemente impide que ejerzan de manera plena sus derechos políticos y limita la posibilidad de que tomen parte en las decisiones sobre el destino de la ciudad.

El acceso a la plenitud de derechos políticos, en el sentido que propone ^{Young (2000)}, abarca todos los aspectos de la organización institucional, la acción pública, las prácticas y los hábitos sociales y los significados culturales, en la medida que están potencialmente sujetos a la evaluación y toma de decisiones colectivas. Ello suministraría a los habitantes de los asentamientos denominados informales el escenario en el cual podrían desarrollar las luchas por la redistribución, por el reconocimiento y por el derecho a la ciudad; es decir, un acceso pleno a la participación de todos y no solo de un grupo. Se presume que estas luchas pueden modificar prácticas políticas y acciones dominantes, que permitan reivindicaciones y participación política, elaborando un nuevo diagnóstico y un nuevo remedio a los problemas y agravios que aclare la causa de los oprimidos.

Igualmente, la desigualdad distributiva que se configura con los asentamientos informales es la expresión más básica y obvia de la injusticia en el espacio urbano, en parte, debido a los efectos diferenciales de la localización de dichos asentamientos respecto de los servicios, la infraestructura y los lugares de trabajo, lo que produce territorios segregados. Si se sigue con este modelo, se ratificará lo propuesto por ^{Soja (2014}, 96):

aunque puede cambiar con el tiempo, siempre habrá zonas de la ciudad que funcionan de una manera donde los ahorros locales y el ingreso residencial se transfieren a otras áreas y a intereses externos basados en gran medida en la percepción de que la zona es peligrosa, inestable, es ilegal, o simplemente, un lugar poco atractivo para hacer inversión.

Las formas como se viene moldeando y modelando la ciudad colombiana han generado una perpetuación de la injusticia que, al menos, después de haber pasado un cierto nivel de tolerancia, puede ser vista como una violación fundamental a los derechos urbanos.

A la luz de lo expuesto, se entiende que los llamamientos a una redistribución no son nuevos, lo que es distinto hoy es su relación con la ciudad, teniendo en cuenta que existe una creciente conciencia pública de los habitantes que entienden cómo las desigualdades y polarizaciones, así como las especificidades espaciales en la conformación de la ciudad, trabajan para fundar y mantener injusticias, nutridas por la dominación y la opresión. No obstante, aunque las cuestiones distributivas son sin duda importantes, el propósito de la justicia va más allá de dichas cuestiones para incluir el ámbito de lo político como tal. De esta manera, se plantea que una concepción de la justicia que no encuentre o no busque soluciones tendientes a poner fin a las fuentes de opresión resulta inadecuada; si se reconocen las injusticias en el espacio urbano y estas han sido construidas socialmente, asimismo, pueden modificarse a través de la acción social concertada.

En suma, este trabajo plantea la búsqueda de una justicia espacial que debe pasar por la toma de decisiones en las circunstancias singulares del proceso de urbanización dentro de sus correspondientes instituciones; en esta justicia se debe reconocer que toda vida humana cuenta por igual y que nadie es más importante que otro. Desde esta perspectiva, la redistribución a la que hacen referencia Fraser y Rawls, no serían suficientes, pues solo llevaría a mejorar en los repartos desiguales lo mínimo que se podría pedir. Esto último, se lee en las prácticas convencionales de planificación en la ciudad colombiana, de las cuales se plantea que son justas porque prestan el servicio a la mayoría de la población; sin embargo, deberían mejorar el reparto hacia los denominados asentamientos informales, mediante una interpretación tanto de los hechos en el espacio⁹, como de la norma, cuyo resultado sería un equilibrio de conveniencia mutua.

De otro lado, cuando se vincula al concepto de justicia un pensamiento espacial, también se plantea abrir, en el marco del ensamblaje espacial, histórico y social, formas más efectivas para cambiar las desigualdades y polarizaciones a través de prácticas y políticas espacialmente conscientes. En este orden de ideas, si se considera que la mayor parte de la población en Colombia vive en ciudades, la contextualización de las injusticias espaciales requiere esencialmente localizarlas en las condiciones específicas de la vida urbana y en las luchas colectivas por alcanzar un acceso más equitativo de todos, incluyendo a la población de los "asentamientos informales", a los recursos sociales y a las ventajas que la ciudad proporciona.

Por todo lo anterior, tendría mucho sentido plantear el concepto de justicia espacial como una deriva de la ciudad, en donde se tenga en cuenta todo lo que es político. Por ello, debe estar inspirada en la idea del derecho a la ciudad y los derechos a la diferencia y a la resistencia. Es decir, se propone que debe fundarse en una acción social y política para mejorar el acceso a los derechos sustancialmente urbanos.