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Investigación y Desarrollo

Print version ISSN 0121-3261

Investig. desarro. vol.23 no.2 Barranquilla July/Dec. 2015

https://doi.org/10.14482/indes.23.2.7169 

DOI: http://dx.doi.org/10.14482/indes.23.2.7169

¿De la especulación a la endogeneidad del crecimiento?: anotaciones críticas sobre economía aurífera y Desarrollo regional en el Departamento Del cauca

From speculation to growth endogeneity: Critical overview of the gold extraction economy and regional development in the Cauca department

Raúl Hernando Cortés Landázury
Economista de la Universidad del Valle, Cali (Colombia). Especialista en Gestión Ambiental, Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Magíster en Estudios Políticos, Universidad Javeriana, Cali. Doctor en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible (UNAM-UNALM). Docente Asociado del Departamento de Ciencias Económica (F.C.C.E.A), Universidad del Cauca. Grupo de investigación POLINOMIA.
rcortes@unicauca.edu.co

Andrés Mauricio Gómez Sánchez
Economista, Universidad del Valle (Colombia). Especialista en Gerencia de Proyectos, Universidad del Cauca, Popayán. Magíster en Economía Aplicada, Universidad del Valle, Cali. Docente Titular del Departamento de Economía, Universidad del Cauca. Miembro del Grupo de Investigación ENTROPÍA, Universidad del Cauca.
amgomez@ unicauca.edu.co
correspondencia: Calle 5 No. 4-70, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Fecha de recepción: enero 25 de 2015
Fecha de aceptación: agosto 24 de 2015


Resumen

Bajo el reciente auge mercantil de la minería y los recursos naturales, la planeación del desarrollo regional y el sistema de incentivos sectoriales se ha apurado a reposicionar los territorios marginados a través de jalonamientos del renglón primario, la acumulación de capital, las aglomeraciones productivas y la difusión del cambio tecnológico. El presente trabajo analiza los efectos de la coyuntura mundial sobre la estructura y la dinámica de la economía caucana reconsiderando las restricciones geográficas e institucionales del distrito minero de El Tambo-Buenos Aires a la luz de la llamada "maldición de los recursos naturales". Las conclusiones, entre otras, encuentran que el auge del oro alrededor de la noción de "distrito minero" en el occidente del departamento del Cauca parece debatirse en tres tipos de problemas. El primero, articulado a los choques del mercado mundial, el segundo es un problema de dislocación de lo regional frente al local, y en último lugar, el problema del nivel de desarrollo que evoca una tradición minera del siglo XIX cifrada en la expoliación ecológica, captura de rentas a ultranza y un esquema de sojuzgación política legitimada por el clientelismo y el azar cortoplacista.

Palabras claves: Planeación del desarrollo, desarrollo endógeno, región, territorio, instituciones, dependencia de la trayectoria.


Abstract

Under the recent commodity boom in mining and natural resources, regional development planning and the system of sectoral incentives, it has rushed to reposition the territories marginalized through pulls of the primary line, capital accumulation, production clusters and dissemination of technological change. This paper analyzes the effects of the global situation, the structure and dynamics of the Cauca economy reconsidering geographical and institutional constraints of the mining district of El Tambo-Buenos Aires in light of the "curse of natural resources. The findings, among others found that the gold boom, around the notion of "mining district" in the western department of Cauca seems split into three types of problems. The first articulated shocks the world market, the second is a problem of dislocation of the local regional front, and finally, the problem of the level of development, which evokes a nineteenth century mining tradition in ecological plunder encrypted , rent capture extreme and political subjugation scheme legitimized by clientelism and short-term chance.

Keywords: Development planning, endogenous development, region, territory, Institutions, Path Dependence.


1. Introducción

Gran parte de la formulación de política pública que viene alimentando el discurso del desarrollo territorial en las últimas dos décadas en Colombia y América Latina, parece asentada en cuestiones de autonomía, especialización productiva e internacionalización de las economías regionales (Altomonte, 2013; Fuente & Barkin, 2013). A esto, regularmente se ha sumado un bio-regionalismo abierto que apologiza la recomposición geográfica a partir de unidades tradicionales que se combinan con estructuras espaciales discontinuas, organizadas en redes y en cadenas productivas (Nelson & Weschler, 2001; Booth, 2012). De manera alterna, la reciente coyuntura de los precios de los recursos naturales y de la actividad minero-energética en particular, debida al incremento de los precios de los bienes primarios (commodities), aparenta haber avivado las estrategias de endogenización del desarrollo, fundando las esperanzas de progreso regional y local, en el aprovechamiento y distribución espacial de los excedentes generados por el aprendizaje, la difusión y la innovación provenientes de los distritos mineros.

No obstante, el desenvolvimiento de estas sendas de crecimiento ha estado regularmente atravesado por fenómenos contrastantes como el letargo en los niveles de incremento, apropiación y repartición social de los beneficios, en lo que algunos tratadistas (Auty, 1993, Sachs & Warner, 2001; Perry & Olivera, 2009) han denominado "la maldición de los recursos naturales". En el caso colombiano, el auge reciente de minerales como el oro, enmarcado en la trepada de los precios y la multiplicación de las empresas de exploración (González, 2013; Rudas & Espitia, 2013), ha generado acaso un manto de expectativas que no se sabe hasta dónde hayan sido desbordadas, si se revisan las particularidades de los territorios. Para el departamento del Cauca, una zona de amplias potencialidades en materia de recursos naturales, de vasta movilización indígena y campesina -pero azotada por la pobreza, la violencia política y el narcotráfico-, el aprovechamiento de sus ventajas comparativas contrasta con la reciente expansión del sector minero (aurífero) y el aletargamiento de la economía caucana, en medio de una longeva tradición extractiva y hacendaria (Macuacé & Cortés, 2013). El interrogante es si esta coyuntura ha desterrado o no el fantasma de la citada "maldición" dadas las expectativas de éxito en explotación del oro (mineral proveniente de la coyuntura de precios y la planeación del desarrollo) en el piedemonte de la cordillera occidental (municipios de Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, el Patía, Santander de Quilichao y el Tambo). Así mismo, se cuestiona si la idea de distrito "minero-aurífero", como estandarte del jalonamiento productivo territorial, ha provocado algún grado de transformación en la estructura y dinámica de la economía caucana o más bien, tras el peso de la historia, ha servido para alimentar dicha "maldición". De allí que, por el interés en este asunto, se tome el caso del distrito minero El Tambo-Buenos Aires (suroccidente del departamento del Cauca)1 durante la primera década de la nueva centuria.2

De esta manera, nuestro énfasis recae más en la forma en la que se refleja la coyuntura mundial en el espectro de la economía subregional, el efecto de este comportamiento y de la planeación del desarrollo sectorial en el desempeño de la economía caucana para luego establecer la articulación de estos impactos al interior del distrito. Para ello se revisa la historia económica reciente de la dinámica económica mundial y del departamento en esta materia, se examinan los planes y documentos de política pública alrededor del tema en la escala territorial y se cotejan estadísticamente los resultados de marras para luego terminar con algunas observaciones sobre el futuro de la zona.

2. Aproximación teórica

Si bien la historia económica de los países latinoamericanos indica que los recursos naturales de fuentes puntuales (petróleo, gas y recursos minerales) son los que generan mayor número de problemas potenciales para la programación macroeconómica en comparación a fuentes difusas como las provenientes de la agricultura y la ganadería (Costa & Santos, 2013), entender la llamada "maldición de los recursos naturales" como fenómeno apremiante de una estrategia de desarrollo endógeno que compromete el desenvolvimiento del territorio debe permitir pensar el juego de la dimensión institucional, junto a la estructura y dinámica económica regional, refiriéndose al riesgo de destruir la sostenibilidad regional en el largo plazo (Boissier, 2007; Téllez & Cubillos, 2009; Garay, 2013).3

2.1 Tendencias de la economía del desarrollo regional

La relación economía, instituciones y recursos naturales, ha sido variable a lo largo de la historia. Es más, ha cambiado con el régimen de acumulación y el posicionamiento de cada una de las escuelas de pensamiento económico. No obstante, según Zuindeau (2007), la corriente neoclásica quiso hacer gala de un ahistoricismo que abstrae a los agentes de los contextos de interacción; haciendo entender la problemática de la extracción de los recursos naturales como casos concurrentes de una epistemología atada a los fallos del mercado y la economía del bienestar. Junto a esto, un desarrollo del territorio en la lógica de las economías de aglomeración, que como lo sostienen Perrings y Hannon (2001) y Cziráky (2006) abogan por una lógica de causación circular en la que los rendimientos crecientes a escala y los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas, conducen a una concentración de actividades que se refuerza progresivamente (ver gráfico 1).4

Cabe resaltar entonces los dos elementos claves para el círculo virtuoso del crecimiento endógeno estable. De un lado, una tecnología que despliegue economías internas y externas a escala, traducidas en mayores rendimientos por unidad de insumo como potencial del mercado interno; y por otro, gozar de unas peculiaridades geográficas que permitan una amplia gama de sectores de la industria dentro de los cuales existan reglas estables y un andamiaje infraestructural que soporte exportaciones a otras regiones5.

2.1. Planeación, desarrollo regional y recursos naturales

Como la diferenciación espacial es un fenómeno inmanente a la evolución de la humanidad, el desarrollo regional ha implicado la exploración de los orígenes y el mecanismo evolutivo de tal diferenciación con apuesta al discernimiento de los vínculos hombre-tierra y en la consiguiente organización de la estructura geográfica, que incluso pueden dar mayor protagonismo a factores institucionales que se explican por la historia (Molina, 1986; García, 2006; Levi & Ramírez, 2012)6. De esta manera, fenómenos como las implicaciones de la reciente coyuntura de los precios del oro y de la planeación del desarrollo regional en el mediano plazo, que pueden configurar problemas como el de la llamada "maldición de los recursos naturales" para el caso de la economía caucana, se pueden entender también en el contexto del peso de la historia en la configuración de patrones de comportamiento y racionalidades económicas formado-ras de instituciones en lo que North y Barry (1989) ha denominado ‘dependencia de la trayectoria' (path dependence). Ahora bien, por lo general, el término "región" resulta muy flexible en tanto alude a espacios delimitados geográficamente donde habita una comunidad, un municipio, un conjunto de municipios, etc. (Hiernaux & Lindón, 1997; Berrios & Pérez, 2012), pero cuando encierra un cúmulo de relaciones que atañen al despliegue del poder en apego o pertenencia al espacio se habla de territorio (Friedmann, 1966; Corragio, 1994; Haesbaert, 2011). Así entonces, el desarrollo regional se define como un proceso de cambio de las estructuras que existen en una región tomando en cuenta el territorio y los grupos sociales que habitan en él (Santos, 2000; Neyapti, 2010; Druzhinin & Shkiperova, 2012).

Así, el posicionamiento de las regiones como ámbitos nodales pasa por el desarrollo de dinámicas interactivas, generadores de aprendizaje, conocimiento e innovación, desplazando el énfasis desde las ventajas estáticas que se centran en el comercio e interdependencia o relaciones input-output hacia aquellas ventajas dinámicas que ponen énfasis en factores no económicos e institucionales del crecimiento y el desarrollo (Williamson, 1985; Isard, 1960)7.

Mientras tanto, la "planeación o la planificación regional" utilizada ampliamente en el campo de la formulación de políticas públicas o directrices estatales acogiéndonos a Wong y Zhou (2008) se define por la ordenación del territorio como por el "ordenamiento" de actividades, lazos y las instalaciones en el espacio a una escala mayor que una sola comunidad y menor que una nación8. Se puede decir entonces que la designación de una región, en términos de planificación, se puede basar en sus límites administrativos o funcionales, y es probable que incluya una red o jerarquía de los centros y actividades urbanas y rurales que tenga fuertes vínculos y lazos funcionales (Isard, 1960)9.

A esto, parece haber apuntado la planeación del desarrollo regional dirigida al sector minero-energético cuando intenta combinar la estrategia de crecimiento endógeno con la idea de distrito minero. Efectivamente, el término "distrito minero" para el Estado colombiano, se refiere a un municipio o grupo de municipios, donde se ubica un número significativo de productores (Minminas, 2011). Así, prevé jalonar el progreso de la minería tradicional que -a pesar de operar generalmente en forma artesanal, a pequeña escala y con bajos niveles de productividad- ocupa un lugar importante en las estructuras sociales y económicas locales, gestionando una agenda orientada a propiciar la acción integrada de todas las entidades públicas y privadas, nacionales y regionales, para darle sostenibilidad a esta actividad mediante los siguientes elementos: "el desarrollo empresarial, el encadenamiento productivo, la implantación de procesos de agregación de valor, la adopción de tecnologías limpias y el mejoramiento de la calidad de vida de estos mineros, entre otros aspectos".

Empero, para algún sector de la economía del desarrollo (Ríos et al., 2009), esta clase de andamiajes institucionales y coyunturas económicas casi siempre desembocan en la llamada "maldición de los recursos naturales" arriba mencionada. Efectivamente, de acuerdo a Sach y Warner (2001) hay presencia de este fenómeno cuando economías con alta disposición de recursos naturales crecen en forma lenta y desequilibrada en comparación con otras de menor dotación de recursos naturales. Las explicaciones macroeconómicas achacan esta relación inversa a la volatilidad de los precios de los bienes primarios que ataca la tasa de cambio, la baja productividad y patrones estructurales de la distribución de la riqueza; mientras que el enfoque de economía política inscrito en el análisis neoinstitucional (Phelps, 1987) sostiene que los recursos naturales afectan en forma más o menos directa al crecimiento y la distribución a través de la interacción entre la tecnología y la calidad institucional (Ríos et al., 2009; Sanabria & Robledo 2012).

De esta manera, se esperaría para la economía caucana el efecto de la especialización en la extracción de recursos naturales sobre la desigualdad, el poderío estatal, la corrupción y la baja apropiación tecnológica redundante en una pobre sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo (Morales-Torrado, 2011). No obstante, si el mecanismo de transmisión único es el institucional, los países o regiones que explotan recursos concentrados (como el petróleo, el cobre, el oro y los diamantes), ubicados en un entorno geográfico limitado, deberían ser los afectados, ya que solo el Estado o ciertos grupos de la sociedad serían quienes podrían monopolizar estos recursos (Díaz & Aliaga, 2010), cuestión que además produciría arreglos tecnológicos e institucionales en el nivel local del tipo adaptativo. Pero, ¿cuál ha sido la posición del Estado, frente a la minería del oro y cómo encaja su visión del rol de los distritos mineros en la dinámica de la sostenibilidad del desarrollo territorial? Una revisión de este ítem puede ayudar a clarificar las cosas desde la visión institucional formal.

3. El horizonte de la minería en la planeación del desarrollo regional

Los últimos tres planes de desarrollo nacional y regional quisieron aprovechar la coyuntura de precios y las potencialidades de la actividad minera que había desatado las coyunturas mundiales en los anteriores 20 años, volcando su mirada a los renglones como el carbón, oro y el ferroníquel. De esta manera, retomaron el concepto de distrito minero, que sin mayor rigor se había utilizado en diferentes documentos sobre el sector, recurriendo a modernos planteamientos de la economía que destacaban el papel de las regiones geográficas como factor activo y determinante en los procesos de desarrollo económico (Ponce, 2005)10. La planeación estatal para el desarrollo minero se instituyó y regularizó con la creación de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en 1994 que posteriormente reestructuró el Decreto 255 de 2004, asignándole la función de "planear en forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país" (UPME, 2006). De allí que en el plan minero nacional que se formuló hacia 2006, con prospectiva 2019, la UPME señaló frente al ámbito regional lo siguiente: "En el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la economía nacional" (UPME, 2010).

Además, atendiendo a la idea incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) minero para este periodo por encima del promedio latinoamericano, soportado en la premisa de que los territorios "ganadores" en la economía global se caracterizan por ser espacios o nodos urbano-regionales que logran desarrollar una gran capacidad para alcanzar acuerdos entre sus agentes locales. Por consiguiente, el documento enfatizaría en tres aspectos centrales de la competitividad territorial:

  • a creación de condiciones favorables para la inversión y el empleo productivo en un marco de desarrollo sostenible.
  • La generación de un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo tecnológico.
  • La integración de las políticas y las acciones en materia de infraestructura y conectividad regional, nacional e internacional.

Y por este camino, cuadruplicar la producción de metales preciosos (entre estos el oro), desarrollando agendas para la productividad y competitividad en todos los distritos11. De esta forma, las gobernaciones serían las llamadas a servir de aliadas y complementadoras de la política nacional al lado de Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), mientras que en materia de instrumentos contemplarían:

  • Los Centros de Apoyo Mineros (CAM) encargados de la transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles y promoción de estructuras empresariales de tipo asociativo y solidario.
  • Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) promovidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colciencias y algunas universidades.
  • Plan padrinos: adoptado por el Artículo 255 del Código de Minas para que concesionarios mineros de amplia trayectoria, previa autorización de la autoridad del ramo, establecieran planes y programas concretos de transferencia de tecnología, de estructuración o reconversión de pequeñas explotaciones de terceros y asistencia jurídica o técnica en convenio con universidades debidamente reconocidas, con el fin de mejorar su eficiencia y crecimiento12.

Así las cosas, los planes de desarrollo nacional durante la administración Uribe (2002-2006 y 2006-2010) virarían hacía las industrias extractivas buscando concretar planes de explotación regionales, aumentando las concesiones del subsuelo y los mecanismos descentralizados de administración y vigilancia sectorial. Sin embargo, más tarde, sería con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) con el plan de desarrollo "Prosperidad para Todos" que se elevara a nivel de estrategia macroeconómica, denominar al sector minero como una de las siete "locomotoras" del empleo y el crecimiento nacional y se enfatizaría en repotenciar las regiones, invitando a consagrar al país como un tierra de vocación minera sobre la base de clúster o aglomeraciones productivas que intensificaran y concentrarían la inversión pública-privada y de paso eliminaran la extracción ilegal de minerales que es, según el documento de formulación de la política gubernamental (Departamento Nacional de Planeación, 2010), lo que ha producido una mala percepción de la sociedad colombiana hacia el sector minero, puesse le imputan los daños causados sobre el medio ambiente y el equilibrio social (Santos, 2010).

Durante el periodo mencionado en el párrafo anterior, en el plano de las políticas departamentales, los procesos de formulación y ejecución frente a la problemática del sector minero y del oro en particular no mostraron mucha articulación frente al plan minero nacional y a los planes de desarrollo regional. Si bien las administraciones de Juan José Chaux (2004-2007), Guillermo Alberto Gonzáles (2008 -2011) quisieron favorecer el sector primario aprovechando ese 60% de ruralidad en la comarca (Chaux 2004; Gonzáles 2008), las iniciativas de diseño adolecieron de letargos principalmente por los episodios de corrupción, déficit fiscales que llevaron a rígidos programas de restructuración de pasivos; el conflicto armado y la aparición de bandas emergentes (neoparamilitares) con fuerte presencia subregional; las barreras geográficas de acceso y la lejanía del estado central en materia de inversión social. No obstante, a inicios de la década, quizás la agenda más concreta en la materia fue la de Chaux cuando involucró el "Plan minero-ambiental" que buscaba elevar el nivel productivo en las diferentes regiones del departamento mediante el apoyo institucional a la generación de valores agregados (Chaux, 2004). En adelante, el gobierno de González intentaría algo parecido pero en un contexto de mayor integración con el sector agropecuario; cuestión que también haría perder el protagonismo de la minería del oro y de los distritos mineros13.

Sin embargo, tal vez el mayor logro de este periodo, haya sido la construcción y adecuamiento del CAM (Centro de Apoyo Minero) en Fondas (corregimiento del municipio de El Tambo) operado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), que para estos fines suscribe convenio con el Ministerio de Minas y Energía (UPME, 2004)14. Pero al final, parece haber una lánguida gestión, en tanto no se ha generado ninguna dinámica importante de generación de valor e integración de cadenas productivas, como tampoco parece haber sucedido un salto cualitativo en materia de adelanto tecnológico y menos una expansión de la formalización de la minería ilegal. Dicha cuestión deja en deuda a las entidades territoriales, como la Gobernación, frente a los propósitos proyectados por el Plan Minero Nacional para 2019. En ello, parecen concurrir los fenómenos anteriormente anotados: la insolvencia financiera, la corrupción y la tenue gobernabilidad del territorio en medio de las fallas de coordinación con el gobierno central15.

Con esto se irían fraguando, a nivel institucional, actividades que independientemente de la existencia de clústeres o aglomeraciones formal y legalmente establecidas, funcionan al vaivén de la auto organización y la baja gobernanza; circunstancias que se reflejan en la apropiación tecnológica, la captura de rentas y la apreciación de los pobladores de las asimetrías socioeconómicas y ambientales amenazantes de la sostenibilidad en el largo plazo, e incluso con adaptaciones a las formas de proceder en el pasado lejano (dependencia de la trayectoria).

Bajo estas condiciones, lo que se esperaría sería una actividad en profundo declive, aludiendo a la "maldición de los recursos naturales" con graves implicaciones para el distrito y todo el reglón minero, aunque este históricamente ha producido alrededor del 70% del total del valor bruto de la producción aurífera en el departamento. No obstante, la dinámica migratoria de grupos sociales de otros lugares del país, como Antioquía y Nariño referenciadas por entidades como la Defensoría del Pueblo (2010) hacia las zonas de extracción en municipios como El Tambo y Buenos Aires muestran que la dinámica operaría en sentido contrario. Es preciso entonces mirar lo ocurrido con el desenvolvimiento económico en este periodo.

4. El oro y la coyuntura reciente en el ámbito regional

Ante el afán de acumulación de reservas por parte de los bancos centrales por precaución y al incremento de la demanda para usos industriales, los albores del siglo XXI generaron gran presión por abrir nuevas minas y elevar la productividad de las existentes en especial en los llamados "países del sur" cuyas ventajas comparativas estarían fincadas en el sector primario (Carrillo & Astudillo, 2011; Garay, 2013)16. Esto ha cobrado especial relevancia en la programación macroeconómica de corto y mediano plazo, en la medida en que la tendencia alcista de los precios ha reportado, según las cifras oficiales (DANE, 2013), un aporte del 0,6% del PIB Colombiano y el 5,35% del total de las exportaciones del país17.

De esta manera, la crisis económica de los países desarrollados sobre todo en Norteamérica y el ascenso de países competidores como India y China durante la década de 2000, habría generado reacomodos importantes para la economía regional (Suárez, 2012; Rudas & Espitia, 2013) cuando quiera que la demanda de fondos inclinada hacia el oro respondiera alcanzando precios extraordinarios por libra. Para esto solo basta seguir las cifras mostradas por el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO, 2013) que enseñan cómo las cotas más altas empezaron a pronunciarse a lo largo de 2008, cuando las cotizaciones registradas llegaron alrededor de US $900/oz troy. Más tarde (3 de diciembre de 2009) el precio del oro alcanzó una cotización al cierre de US $1.218,25/oz troy; y ya para 2011 (5 de septiembre) alcanzó la astronómica cifra de US $1.895/oz troy, la cifra más alta registrada en los últimos 18 años.

Con esto pudo consolidarse una relación inversa entre el precio del oro y la tasa de interés. Pero también pesó la política monetaria expansiva que se dio entre 2006 a 2012 en EE.UU., el alza en los precios del petróleo y el ascenso de la economía china, que dejó de comprar bonos de la tesorería de Estados Unidos y se abalanzó a la compra de posiciones financieras denominadas en el metal así como yacimientos del mismo (Suárez, 2012). Para Colombia, la situación repercutió en la relación entre la Tasa Representativa del mercado y el precio del metal en los últimos 4 años18.

De esto puede dar cuenta el gráfico 2, que verifica la des-torcida del precio del dólar frente a la elevación de la demanda del mineral a lo largo de 2008 prolongándose hasta el 2009, cuando se empezó a presentar una relativa estabilización del mercado y la fase del ciclo económico mundial se comenzó a suavizar19. Pero, como se ve a continuación de nuevo comemzó su creciente caída hasta el año 2012.

En efecto, el comportamiento de la tasa de cambio contrasta con el del sector de la economía caucana que vio cómo se mantuvo el renglón de minas y canteras alrededor del 1% del valor agregado regional solo con algún sobresalto hacia 2009 con una tenue elevación de 5 puntos porcentuales. Mientras tanto, la industria manufacturera, osciló entre el 15 y el 19% aun cuando la cifra histórica del 18,7% en 2005 (después de una suave caída en los siguientes tres años de casi tres puntos) se estabilizara hacia el principio de la segunda década al rededor del 17%. En paralelo, es la actividad de los servicios personales la que mayor participación ostentó, con valores que se mueven entre el 20 y el 23% del valor agregado departamental, cuestión que consolida al departamento como una región productora de servicios a pasar de que la actividad no genera grandes eslabonamientos anteriores y posteriores. Bajo este panorama, no parece estar reproduciéndose en el Cauca la llamada "maldición de los recursos naturales" ceteri paribus.

No obstante, en términos de la dinámica sectorial, las tasas de crecimiento anual señalan que en medio de la volatilidad del sector primario la actividad minera y extractiva es el renglón de más abrupta recuperación, alrededor del 70% al final de la primera década e inicios de la segunda, seguida de la construcción con un 30%. Esto es, luego de una serie de fuertes elongaciones que dependen también de los altibajos en la exploración y la explotación de la mina20. Empero, la actividad manufacturera que es una de las que regularmente sufre más cuando se presenta el fenómeno de la "maldición de los recursos naturales" estuvo entre las menos volátiles, ya que luego de presentar crecimientos negativos (-9%) entre 2006 y 2007, llegaría a un punto máximo de crecimiento en 2009 con un 15% de incremento para asentarse sobre el 4% entre el final de la primera década y el principio de la segunda.

Ahora bien, si trasladamos el análisis a la producción del distrito minero, a Santander de Quilichao y Patía, dos municipios de baja tradición minera en términos relativos (ver gráfico 5)21, estos fueron los de mayor volatilidad. Con grandes alzas y caídas entre el final y el principio de las dos primeras décadas del siglo XXI, con tasas que superan el 100%. No obstante, el primer municipio tuvo también una especie de "mini bonanza" hacia la mitad del periodo 2000-2013.

Pero de forma alterna, tras de toda esta convulsión económica, la actividad de exploración aurífera se disparó. En principio con los réditos del barequeo local, luego con los flujos migratorios interregionales y más tarde con la llegada de grandes compañías trasnacionales y nacionales mineras, en una carrera desenfrenada por la expansión territorial y el incremento de la renta por la vía de las solicitudes de titulación (Defensoría del Pueblo 2010; Cortés, 2011)22. De esto puede dar cuenta el incremento de las demandas de concesión y de títulos mineros en la comarca que de 2006 a 2008, superó el 20% de crecimiento anual. En el primer caso se pasó de 200 solicitudes a 493; es decir, que en menos de tres años se duplicó el guarismo de mitad de década. Mientras que en materia de titulaciones el comportamiento ha sido casi geométrico, pasando de 44 a 117, para una tasa de crecimiento anual promedio de 23,9% entre 2004 y 2008.

Si se contrasta esta información general con la distribución geográfica de las solicitudes de concesión para minas de oro en 2008, la cual fue realizada por Macuacé y Cortés (2013), la mini bonanza que refleja el municipio del Patía y Santander de Quilichao no se ve irradiada en la repartición espacial de tales concesiones. Más bien, hacen presencia El Tambo, Suárez y Buenos Aires, los tres municipios del distrito con tradición minera en la comarca junto a otros como Páez y La Vega, cercanos a la cordillera central. Eso permite pensar en tres cosas bajo la escasez de información histórica al respecto.

Lo primero y más obvio es que dadas las falencias en materia de control territorial por parte del Estado, los manifiestos oficiales sobre la producción no muestran verdaderamente lo acontecido al respecto, porque la trama ilegal del negocio envía señales equivocas sobre la dinámica de la producción subregistrándola, o sobrerregistrándola (si se trata de lavar activos) y eludiéndola y trasladándola a otras latitudes de la geografía nacional con el ánimo de burlar los mecanismos de fiscalización. Lo otro, es que si esto fuera así, a lo mejor las solicitudes de concesión revelen por lo menos las expectativas de explotación -ceteris paribus otros fenómenos especulativos- lo cual querría decir que es en los municipios de mayor demanda de títulos y concesiones donde se posarían los mayores rendimientos y sobre todo las mayores expectativas en el mediano plazo.

Así las cosas, tendríamos que pensar que el auge de la producción en municipios como Patía podría estar encarnando el desarrollo de una actividad legal de más corto plazo, que registró a medias su producción, en este episodio, con descenso abrupto hacia el final de la década de 2000 e inicios de la de 2010, y que se combinó con una ilegal que incorpora la institucionalidad y la inversión propia del narcotráfico con fuerte asiento en municipios cercanos como Argelia y Bolívar, pero que en esencia mantiene fincadas sus expectativas de más largo plazo en las zonas tradicionales de El Tambo y Buenos Aires.

Una cuestión interesante de este asunto es que lo que el Estado ha concebido como un distrito generador de economías de aglomeración y articulación territorial, en la práctica carece de vasos de comunicación y de eslabonamientos competitivos promotores del pretendido desarrollo endógeno. En contraste, se reproducen sí arreglos institucionales y tramas locales, que se legitiman bajo el manto de lo legal tradicional y la ilegalidad que promueven los grupos armados capaces de movilizar maquinaria y mano de obra más o menos especializada en este tipo de negocios (CINEP, 2012). Mientras tanto, los pequeños y medianos mineros lugareños terminan virtualmente por la fuerza de los sucesos económicos y políticos integrados a esta clase de empresas de mayor envergadura, que a la postre transmite información a grandes compañías extranjeras sobre la existencia de los yacimientos, lo cuales pueden ser posteriormente titulados y concesionados. Pero el fenómeno, en medio de la generalidad crea su propia cotidianidad y lógica local, que resulta de la fuerza de la tradición histórica y choques externos como las coyunturas económicas mundiales23.

Sin embargo, existe un panorama gris dentro de toda esta progresión, y es que detrás de tal bonanza para la tranquilidad financiera internacional, subyace una amenaza latente para los ecosistemas y para las comunidades que habitan lugares estratégicos para la extracción del metal (Molano & Molina, 2008). Los impactos ecosociales han terminado multiplicándose de forma regular. Si la extracción se realiza a cielo abierto por ejemplo, la remoción de masa puede volver inservible el suelo, y el uso de elementos químicos para amalgamar como el mercurio, si no se maneja adecuadamente, deteriora ríos, aguas subterráneas junto al riesgo para la salud de quienes tienen contacto directo e indirecto con este y otros materiales24. De todo esto no parece estar escapándose el departamento del Cauca pese a los lineamientos de la Ley 685 de 2001 (CR, 2001), que establece el código de minas. La pregunta es qué tanto tiene que ver el peso de la historia en este desenvolvimiento.

5. ¿Dependencia de la trayectoria regional o local?

Sin lugar a dudas, la producción de oro dentro de la economía neo-granadina del siglo XVIII, y dentro de ella la del actual territorio colombiano, constituía el principal y casi único producto de exportación y definía la capacidad importadora del virreinato25. Las actividades de las zonas mineras y aquellas directamente ligadas a estas conformaban la demanda para una amplia serie de productos agrícolas y para buena cantidad de importaciones. No obstante, su dinámica estaba sometida a los sobresaltos de la coyuntura externa. El "segundo ciclo del oro" que se inició hacia el año 1680 y concluyó a comienzos del siglo XIX, tuvo implicaciones de importancia para el Cauca, lo que indica que el lugar de explotación en este ciclo fue el occidente colombiano (Prado, 2013; Bonilla, 2001; Cortés 2011)26. Cabe anotar que en contraste con el primer ciclo, siguiendo a Díaz (1994), este nuevo período se caracterizó por la proliferación de pequeños empresarios que llevaban a cabo actividades paralelas a las de la extracción, como el comercio y la venta de insumos. Hoy, cerca del 80% de la producción nacional pertenece a Chocó y Antioquia, aunque el auge de los precios ha elevado la actividad exploratoria en otros territorios o reactivado algunos, como los municipios de Buenos Aires y El Tambo que se erigen en el centro de la actividad de todo el distrito27.

Los dos enclaves localizados en las faldas de la cordillera occidental se han distinguido por ser sitios de minería artesanal y de relativo protagonismo durante el siglo XIX. El primero, que hace parte de la zona norte del departamento presenta los dos tipos principales de explotación (aluvión y filón) sobre la zona del Cerro de la Teta y el río Chambimbe. Cuenta además con una población de 22.804 habitantes, en su mayoría de raza negra (extensión 406.07 km2). Mientras el segundo se encuentra ubicado más al sur (extensión 3.280 km2), con una población de 37.883 habitantes, con mayoría mestiza, y mayor diseminación de las unidades de explotación (también aluvión y filón), se destaca como sitio de operación la vereda La Fonda, zona de alta concentración afrodescendiente e indígena (Cortés, 2011).

Cabe resaltar que la historia del siglo XX, y de manera específica la historiografía económica regional, de acuerdo a Cortés (2011) y a Cortés y Sinisterra (2010), nunca llamó la atención sobre el desenvolvimiento especifico de estos dos municipios y menos sobre la confluencia de alguna de las particularidades en términos comparativos, más allá de mencionarlos como lugares de alta confrontación político-militar, corredor obligado del narcotráfico o veneros de corrupción. Yendo más atrás, gran parte de la suerte de esta actividad hoy y del desempeño económico y tecnológico de la región se fraguaron en la forma en que se quiso integrar estos territorios hace dos siglos a la economía internacional. Cuentan algunos historiadores que para el siglo XIX (Díaz, 1994; Bonilla, 2001) los intentos de articular las localidades productoras al mercado mundial estuvieron apartadas de lo que se lograría posteriormente en Antioquía (Garcia, 1978). Esto en gran medida porque las estrategias de control social y legitimación de elites regionales integradas por familias terratenientes, como los Arboleda y Tejada, fallaron en su intento de ensanchar procesos de generación de valor agregado entre la vieja hacienda y la mina luego de la liberación de la mano de obra antiguamente sometida. Justamente, cada intento de administración y control de los rendimientos sobre los placeres y nuevas huestes de trabajadores (principalmente, negros, indígenas y mestizos) provocaban desplazamientos río arriba o a lugares inhóspitos e inaccesibles a la gobernabilidad de estas familias, a la ley y el poder coercitivo del Estado. Empero, en la lógica de los usos y las costumbres del siglo XIX, tales movilizaciones no fueron álgidas y no provocaron grandes alzamientos y en medio de todo generaban una suerte de dinámica económica y equilibrio social basado en la noción de intercambio de favores soportada en una moral católica cristiana donde la hacienda y los comerciantes trasladaban bienes a la mina y a cambio recibían oro que circulaba en la parentela de los antiguos o los nuevos amos.

En este sentido, Prado (2013) sostiene que si bien se produjeron alzamientos de esclavos negros en 1811 y 1824, en la gobernación de Popayán, ellas ocurrieron por la ruptura de un pacto tácito que comprometía al amo (dueño de la mina) a suministrar alimentación y al esclavo (negro) a extraer el oro. Por eso señala:

[…] el abastecimiento de las minas por parte de los mineros, nunca fue entendido como mercancía para el mantenimiento de la actividad productiva, sino que estaba modulado por el sentido cristiano;… eran "socorros" lo que se transaba…No existió una lectura de la explotación….e incluso parece complicado dentro de esta racionalidad, pensar en la noción de productividad… (Prado, 2013).

Por consiguiente, cualquier intento de ajuste o cambio radical en la trama socio-productiva que crease, por ejemplo, innovaciones tecnológicas alrededor de la actividad minera sería vista como una afrenta que dañaría el arreglo social que mantiene el estatus quo; un estatus-quo legitimado y avalado, por lo menos en una esfera local, por un favor celestial.

Con el pasar del tiempo, la cuestión fue consolidando una minería artesanal, muy tradicional, con baja apropiación tecnológica junto a una clase emergente de migrantes, comerciantes e intermediarios que en medio de la piratería y el pillaje lograron tenues inserciones de tecnología con alguna complicidad de la burocracia local. Naturalmente, estos grupos minoritarios se alzarían con el grueso de las ganancias buscando inyectarlas en otras comarcas más prosperas y con mejores condiciones para ampliar los réditos del capital. Su aparición en estos escenarios, contrario al de los pequeños y medianos mineros, sería de carácter esporádico y al vaivén de los precios internacionales. Así las cosas, la comarca se iría afianzando como un territorio cuasi-insular, con dinámicas medianamente articuladas al contexto mundial y nacional y gobernado por la lógica del acontecimiento y el ajuste lento a las circunstancias de lo local.

Hoy la fuerza de los sucesos del mercado y el modelo de desarrollo en boga, que llama al sector como integrante de una "locomotora" de crecimiento económico y redistribución, intenta pasar por alto la singularidad territorial. Sin embargo, pese a todo el ímpetu que ha generado la minería en esta parte del departamento, que haría pensar en un incremento sustantivo del bienestar local, los estándares de pobreza medida en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bordean el 60% (DANE, 2014), cuestión que de manera objetiva contrasta con el auge de los precios internacionales del oro tras la crisis mundial desatada por la burbuja especulativa norteamericana en 2008 (CINEP, 2012; Macuacé & Cortés, 2013). Más bien, lo que se ha acentuado es el sello de las economías de enclave, (Díaz, 1994; Sanabria & Robledo, 2012) célebres por haber rodeado toda la historia económica del departamento durante la totalidad del siglo XIX, ahora con un nuevo ingrediente: el paso de una tecnología casi manual y rudimentaria (Defensoría del Pueblo, 2010; Cortés, 2011) a otra que es rudimentaria, pero que se distingue por la devastación ambiental y que es fruto -entre otras cosas- de la penetración de los mineros segovianos (Antioquía) que exportan las ganancias hacía el centro del país sin generar ningún tipo de efecto acelerador de la inversión a nivel regional en esa suerte de estrategia de crecimiento endógeno promovida por los últimos gobiernos nacionales.

De paso, se aplican mecanismos de beneficio del mineral soportados en el mercurio y el cianuro, componentes altamente perjudiciales para la salud humana y de los ecosistemas, que en otrora fuera ajena a las prácticas de los mineros locales.

6. Conclusiones

Las características y la dimensión de la problemática del desarrollo derivado del modelo de reprimerización de las economías regionales y locales, ajustado por demás a los fenómenos especulativos del orden global, parece mostrar efectos multiplicadores contrarios a los beneficiosos endógenos a los que aspira el modelo de crecimiento planteado en la última década. Fruto de ello, ha sido el trato displicente a las diferencias territoriales, las restricciones en materia institucional y ecológica, que junto al desbalance entre las ventajas competitivas de corto y largo plazo amenazan ampliar más las brechas en la sostenibilidad del territorio.

Así, el auge del oro, alrededor de la noción de "distrito minero" en el occidente del departamento del Cauca parece debatirse en tres tipos de problemas. El primero, articulado a los choques del mercado mundial, del que se esperarían efectos de onda larga en la economía de la región, no parece haber generado efectos profundos sobre el desarrollo de la comarca pero tampoco es contundente frente al llamado fenómeno de "la maldición de los recursos naturales". Más bien, se registran alteraciones (auges) locales que combinan ciclos adaptativos, de crecimiento, acumulación, y renovación no necesariamente atadas a mejoras radicales en el bienestar intraterritorial y a la idea de desarrollo endógeno sostenible incurso en la planeación del desarrollo nacional. En este sentido, el peso de la historia, las barreras geográficas y la débil presencia estatal; des-dibujan la figura de distrito minero, como sinónimo de economías de aglomeración en la medida que municipios como Buenos Aires y El Tambo funcionan como territorios insulares por lo menos si se revisan las condiciones del lugar frente a la evolución económica y a la planeación del desarrollo regional. Sin embargo, no deja de llamar la atención de otra parte, que aunque la productividad de la actividad minera va en declive en el concierto departamental, las expectativas crecen aumentando la exploración y la solicitud de concesiones mineras hacia otras zonas de poca tradición minero aurífera; incluso, hacia el extremo oriental de la comarca desafiando la interrelación de sistemas ecológicos como los del rio Cauca y sociedades tradicionales como las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en su ribera.

El segundo, es un problema de dislocación de lo regional frente al local, que en principio habla del divorcio en el diseño e implementación de las políticas públicas de cara a las particularidades del lugar y junto a ello una estructura de incentivos que ha dado, por ejemplo, para que por la vía de las inmigraciones y desplazamientos forzados, la prevalencia de explotaciones ilegales, se recree la llamada" tragedia de los comunes" que se traduce en una conflagración degradatoria de todos contra todos en persecución de su máximo beneficio y del saqueo con bajo respeto por la sostenibilidad de los ecosistemas y los equilibrios redistributivos. El asunto se vuelve más acucioso en el municipio de Buenos aires, donde la pobreza y la ingobernabilidad abultan la actividad extractiva. Pero a la final, tanto mineros legales como ilegales, artesanales y pequeños, del Tambo y Buenos Aires han recreado arreglos adaptativos que incluso se sobreponen a la muerte masiva por deslizamientos y acciones armadas, las cuales amenazan extenderse a otras zonas del departamento. Sin embargo, en ese crisol de las realidades locales, también se destacan acciones de resistencia frente a las masacres y despojos territoriales de algunas comunidades indígenas y afrodescendientes como los de la Toma (Municipio de Suárez, Cauca) que intentan defender su autonomía económica y cultural frente a la mochila depredante de la explotación indiscriminada.

En último lugar, el problema del nivel de desarrollo, mucho más cercano a las cotas de degradación sobre el rio y el bosque, viene a demostrar los lazos atávicos de la tecnología que evoca una tradición minera del siglo XIX cifrada en la expoliación ecológica, la captura de rentas a ultranza y un esquema de sojuzgación política legitimada por el clientelismo y el azar cortoplacista.

Mucho peor para la sostenibilidad, podría ser la llegada de las grandes multinacionales al Cauca, con su andamiaje modernizador, cosa que mostraría que a medida que se desciende en la escala territorial la supuesta endogeneidad se transforma en exogeneidad en la misma medida en que la matriz de decisores que controla el conjunto anterior de factores de crecimiento se disocia más y más de la matriz socio-económica local.

A la postre, más por fuerza de las expectativas que de la propia disponibilidad de reservas parece avecinarse la intensificación de la actividad extractiva en la zona occidental seguida de una ola expansiva hacia el sur y el occidente de la comarca, en municipios de mayor presencia indígena y campesina, en territorios de difícil acceso y baja presencia del Estado (Páez, La Vega, entre otros).


Notas

1 Es preciso anotar que para el Ministerio de Minas, el Tambo y Buenos Aires generan un solo distrito conformado por los municipios de Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Morales, Puerto Tejada, Patía, Santander de Quilichao y Suárez. No obstante, por conveniencia explicativa y por el escaso protagonismo de Cajibío no se abordará este municipio
2 El Tambo es un municipio ubicado en el departamento del Cauca, Colombia, a 33 km de la capital de departamento, Popayán. Con una población aproximada de 50.000 habitantes, presenta un clima promedio de 18 °C debido a la altura sobre el nivel del mar que es de 1.745 m. La extensión es de 3.280 km2. Su economía se basa en la producción agrícola, fundamentalmente en chontaduro, café, yuca y plátano y en un renglón más distante la explotación de oro. Por otro lado, el municipio de Buenos Aires, que también se ubica en el departamento del Cauca, dista de la capital departamental en 115 km, su población asciende a 29 mil habitantes aproximadamente, y su extensión es de 410 km2. Actualmente, la economía se basa de manera fundamental en el sector minero y un poco menos en el sector agropecuario.
3 En este sentido, la sostenibilidad de un territorio estaría dada tanto por el suministro de recursos naturales y el flujo de servicios ambientales esenciales para la supervivencia de la comunidad como por el adecuado aprovechamiento económico de dichos recursos.
4 Esta idea es cercana al concepto de clúster. Vale decir que, los clusters son concentraciones geográficas de firmas e instituciones interconectadas en un determinado sector, ligadas entre sí comprenden una gama de industrias y otras actividades importantes para la competitividad.
5 La distinción entre economías de escala internas y externas se debe a Alfred Marshall. En el primer caso, se producen en el seno de una empresa por diversos factores, como por ejemplo la adopción de nuevas técnicas de producción, la mejora de la calidad de los inputs, o la ampliación del volumen de producción. Mientras en el segundo, son unos ahorros de costes generados por el conjunto de la industria. Considérese, por ejemplo, la expansión de Internet experimentada por la mayoría de países de sarrollados en la última década. Gracias a ello, las empresas de telecomunicaciones han aumentado sus economías de escala, ya que el aumento de su oferta no ha sido proporcionalmente mayor al de los coste.
6 El término "institución", etimológicamente, comparte raíz con instrucción, instructor, institutriz e instituto. Empero, pueden ser normas formales cuando refieren a leyes, códigos, políticas públicas; o pueden ser informales, cuando no se refrendan con la ley, las normas o los reglamentos que rigen el derecho positivo.
7 A su turno, otras perspectivas de naturaleza alternativa, como la teoría de la dependencia y del sistema mundo, retoman ideas marxistas y del imperialismo para postular el vínculo jerárquico de las naciones semiperiféricas y las periféricas, en las cuales la movilidad de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba está condicionada por los recursos y obstáculos que afectan distintos terrenos nacionales. Justamente, el éxito de un país o región termina dependiendo de cuán rápido se incorpora al sistema mundo-capitalista que estriba en la división del trabajo. A la postre, el análisis desagregado de desarrollo nacional permite entender por qué países en situaciones similares responden de manera diferente a los desafíos económicos externos, mientras que la teoría de la dependencia que surgió en la década de 1960, en oposición a la mayoría de las pretensiones de la teoría de la modernización, también hace hincapié en los vínculos externos pero con una atención más específica a las naciones del tercer mundo. De manera que, la noción de desarrollo dependiente subraya el hecho de que la estructura sometida del capital extranjero y los mercados externos limita y distorsiona el progreso de los países, pero reconociendo que esta condición no es incompatible con el desarrollo económico capitalista. Finalmente, el análisis marxista se enfoca en el ejercicio del poder dominante de las elites que genera inequidad cuando persigue ahondar el sistema de derechos de propiedad y la división de clases.
8 En el caso de una situación de mercado común, en el que un número de las naciones están económicamente integradas, este espacio sería menor que el de la totalidad organizada.
9 El concepto de planificación regional fue propuesto por primera vez por Geddes (1915). Este autor fue uno de los primeros defensores de la planificación regional integrada, en el sentido que desarrolló una visión sinóptica de ‘lugar, el trabajo y el arraigo popular' para explicar la relación simbiótica entre el bienestar económico y sociocultural dentro de las zonas definidas.
10 Al respecto, el documento CONPES de 1997 (Estrategias para el fortalecimiento del sector minero colombiano) agregó más elementos, apuntando al logro de: "un cambio estructural a largo plazo que solucione los problemas detectados, y que permita el desarrollo de la industria minera del país como herramienta de desarrollo regional y fuente de financiación para este desarrollo" así como a que las empresas del sector lograren "una penetración creciente en los mercados internacionales, la ampliación de la demanda interna y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos.
11 on estas agendas se busca que los distritos mineros adopten modelos de zonas autosostenibles y con visión de largo plazo, basados en la comprensión integral de la realidad de cada distrito y en la voluntad de encontrar las mejores propuestas de valor para los diferentes actores involucrados directa o indirectamente en el negocio minero. El papel de la institucionalidad minera en el desarrollo de estas agendas es identificar, convocar y relacionar a las entidades estatales y privadas que puedan concurrir con los mineros de cada distrito en programas de desarrollo tecnológico, mejora de prácticas ambientales, gestión empresarial y financiera, entre otros.
12 Para complementar estas iniciativas, la Ley 685 de agosto de 2001 en los Artículos 249 (Los desarrollos comunitarios) y 250 (Asociaciones Comunitarias de Mineros) planteó los aspectos sociales de la minería (Capítulo XXIV) donde los CAM se erigen como mecanismo para promover los esquemas asociativos, organizativos, la transferencia de tecnología (Artículo 255) y la integración de las cadenas productivas.
13 Bajo la actual administración de Temístocles Ortega (2012-2015) se ha querido rescatar el Plan Minero Ambiental del Cauca buscando incrementar la productividad, competitividad y generación de valor agregado en el sector.
14 La operación del CAM empezó en el periodo enero-julio de 2003, de acuerdo al de sarrollo del contrato 0939 del 26 de diciembre de 2002 celebrado entre la CRC y el ingeniero consultor, por un valor de $57.950.000 de pesos.
15 Hacia 2012, el exgobernador Juan José Chaux, sería capturado por vínculos con para-militares, vinculación suscrita en el marco de la campaña para dirigir los destinos del departamento. Igual suerte corrió en materia disciplinaria con la sanción de la Procuraduría por corrupción y malos manejos durante su gestión en 2006 (Decreto 090, 2014). Por otra parte, el siguiente mandatario regional, Guillermo Alberto González, para el año 2010 estaría incurso en un escándalo por invertir $16.000 millones de pesos en la firma Probolsa S.A., dineros cuyo destino final eran la educación y la salud.
16 En el campo de la electrónica el oro tiene aplicación en la construcción de circuitos integrados y semiconductores.
17 Para 2013 las exportaciones alcanzaron US$58.824 millones de dólares aproximadamente y la inversión extranjera los US$16,822 millones. El 93,8% de las exportaciones tradicionales fueron petróleo y carbón y la mayor parte de la inversión entró para explotar estos recursos. Ya para 2013, las exportaciones de oro, de acuerdo a SIMCO, superaron los US$3.000 millones precios FOB, concentrados en cinco empresas: An glogold Ashanti Colombia S. A., Minerales Andinos de Colombia, Gran Colombia Gold, Negocios Mineros S.A., Continental Gold De Colombia y Mineros S.
18 Cálculo realizado a través de promedios.
19 En el siglo XX las estadísticas de la producción nacional nos muestran una drástica disminución, especialmente en el período de 1965 a 1979, ante descenso de los precios internacionales. Hacia 1980, se liberaron los precios del oro y se incrementó el precio internacional, lo que reactivó su producción y permitió una recuperación de la producción minera nacional, la cual alcanzó en esta década una participación en el Producto Interno Bruto del 5,9%, producción que presentó disminuciones en los años 1997 y 1998, así como un sorprendente crecimiento en los años 1999 y 2000, casi duplicando la producción, de acuerdo estadísticas presentadas por la UPME y que según investigaciones adelantadas no corresponden a un real crecimiento de la producción nacional sino a un proceso de lavado de dólares en el cual se compró oro en el exterior y se vendió en el país como si se tratara de producción nacional.
20 Esto conduce a presentar comportamientos negativos como el del periodo 2004-2005 y 2009-2010 con la actividad minero-extractiva
21 Aunque se debe aclarar que dados los niveles de informalidad es posible que se declare la producción en municipios diferentes a los de la extracción minera, por lo que el análisis sigue siendo válido pero presenta cierta relatividad de contexto local.
22 Estas últimas ostentan gran capacidad de despliegue en términos tecnológicos en tanto pueden reducir costos en la producción en porcentajes superiores al 50%, además de impulsar otras actividades de inversión extranjera, generación de empleo, e ingresos, elementos que las han hecho atractivas para los planes de desarrollo nacional, regional y local.
23 A esto habría que agregar que sería desde este suceso generador de expectativas que se alimentarían igualmente las esperanzas y las solicitudes de títulos mineros, más en estas zonas por parte de grandes conglomerados mineros multinacionales que no necesariamente explotan estas áreas en la actualidad, es decir, en los municipios de Suárez, Buenos aires y El Tambo.
24 Se calcula que por cada kilogramo de oro, al menos 1,32 kg de mercurio se vierte en el ambiente.
25 Si se retrocede un poco, la tradición minera aurífera colombiana arranca de un primer ciclo situado entre los años 1550 y 1640 donde la extracción del metal se llevó a cabo mediante la utilización de mano de obra indígena y el sistema de encomienda. Luego se haría con mano de obra esclavizada africana.
26 También tuvo implicaciones para el bajo Cauca, y el Nordeste de Antioquia, atacó en el Tolima, Santa Ana y Mariquita, Vetas y California en Santander, Marmato (Caldas), Guamondoco en Bolívar.
27 Es preciso anotar que para el Ministerio de Minas, El Tambo y Buenos Aires generan un solo distrito conformado por los municipios de Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Morales, Puerto Tejada, Patía, Santander de Quilichao y Suárez. No obstante, por conveniencia explicativa aquí se mantendrá la separación de los dos municipios


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