http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v27n80.45614

CRIMINALIDAD DERIVADA DE DESASTRES NATURALES: PROPUESTA PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS*

CRIMINALITY DERIVED FROM NATURAL DISASTERS: PROPOSAL FOR THE CREATION OF PUBLIC POLICY

Ervyn Norza Céspedes**
Elba Lucia Granados León***
Giovanni Torres Guzmán****
Vanesa Sarmiento Dussán*****
Dayana Fonseca Hernández******

*Se agradece al señor Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas y el señor Coronel Luis Humberto Poveda, quienes apoyaron la realización de esta investigación, teniendo como principal objetivo el estudio de los fenómenos que inciden en la criminalidad y la identificación de líneas en política pública contra el delito. Así mismo, a la Doctora Paola María Akl Moanack, quien desde la Universidad de la Sabana acompañó en espacios metodológicos el desarrollo de la investigación.

** Psicólogo, Magister Criminología y Victimología. Magister en Psicología Jurídica. Capitán de la Policía Nacional de Colombia. Jefe de Investigación Criminológica, Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Bogotá. Colombia. Email: ervyn.norza@correo.policia.gov.co

*** Psicóloga, Especialista en psicología forense. Teniente Coronel de la Policía Nacional de Colombia. Jefe del Área de información y análisis criminal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Bogotá. Colombia.

**** Abogado, Especialista en derecho penal, derecho administrativo. Mayor de la Policía Nacional de Colombia. Jefe del Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Bogotá. Colombia.

RESUMEN

Pensando en las nuevas preocupaciones del postconflicto, surge el presente estudio basado en la revisión documental y la revisión de fuentes secundarias y primarias, en el cual se analiza la criminalidad ligada a los desastres naturales, con el fin de generar líneas de acción que ayuden a disminuir el riesgo de comisión de delitos en estados de emergencia por desastres naturales. Se explica la criminogénesis y criminodinámica surgida de las situaciones de vulnerabilidad ante un desastre natural. Se plantearon dos tipos de delito: delito cómo satisfacción de necesidades básicas y delito con un fin en sí mismo. Adicionalmente, se evidencia la importancia de generar políticas públicas o criminales en el país aplicable en casos de desastres naturales con énfasis en la seguridad y estabilidad de las regiones; proponiendo en la prevención y atención de la criminalidad derivada de desastres naturales, tres líneas a tener en cuenta en el diseño, implementación o evaluación de la política; a) Preparación para el desastre, b) Atención oportuna e inmediata y c) Fortalecimiento de espacios defendibles que contiene la inclusión de la criminología ambiental y el programa C.P.E.T.D. (Crime Prevention Through Environmental Design).

Palabras clave : Criminalidad, Desastre Natural, Fuerza Pública, Política Pública.

SUMMARY

The present study based on documentary review and review of secondary and primary sources analyze the criminality linked to natural disasters, in order to generate lines of action that contribute to reduce the risk of committing crimes in emergency and while natural disaster occurs. It considering the explanation of criminal conduct, and then understanding the criminal genesis and the criminal dynamic issued from situations of vulnerability prior to a disaster.. Two types of the crime are described: crime as meeting basic needs and crime with a goal in itself. Moreover, this shows the importance of having public policies or criminal policies in the country applicable in cases of natural disasters with emphasis on the safety and stability of the region.

Key words : criminality, natural disaster, goverment forces, public policy.

INTRODUCCIÓN

En el estudio de la criminalidad es necesario tener un objetivo primordial, el cual se basa en la búsqueda de explicaciones conducentes sobre la comprensión holística de los fenómenos criminosos; así mismo obtener una comprensión que permita generar planteamientos para la construcción del estadio de seguridad y convivencia pacífica de una población, pilar fundamental del resultado en la investigación criminológica.

En consecuencia, la presente investigación establece la exploración y descripción del crimen y su génesis post facto a los desastres naturales, para finalizar con el planteamiento de una posible hoja de ruta en la política pública de un país frente a la prevención - atención del desastre y reducción del riesgo, entendiendo dentro del constructo de desastre las consecuencias del crimen derivado del comportamiento en una comunidad posterior a un evento funesto repentino de carácter natural.

Por lo tanto, al identificar en el mundo que existe una aparente relación entre desastre natural y criminalidad, reflejada a través del aumento en la comisión de delitos durante o pos facto al desastre; se encuentra ejemplo de ello, casos como el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 en Chile, el cual registró saqueos o hurtos realizados a fuentes de provisiones, medicamentos, combustible y bienes de consumo, además de cuatro incendios intencionales de gran magnitud, tres a supermercados y uno a una multitienda (Sanzana, 2010). Adicionalmente, Salazar (2010) afirma que el terremoto de Chile mostró las fracturas de la estructura social y económica, produciéndose una rebelión popular semidelictual que no cambiará por el hecho que el terremoto haya terminado. A su juicio la sociedad no conoce a fondo lo que hay detrás de la actitud delictual o el por qué las masas marginales actúan como lo hacen, por lo que hay que examinarlas y explicarlas para poder aplicar políticas afines a esa realidad.

De igual forma, según el informe rendido por Human Rights Watch (2011) en Haití después del terremoto sucedido en enero de 2010, hubo un crecimiento de los delitos de secuestro y violencia sexual en mujeres y niñas. Se afirmó que la situación posterior al terremoto exacerbo la violencia, la mayoría de presos escaparon de prisión, y la capacidad del Estado y la Policía se debilitó aún más con el terremoto.

Igualmente, en un comunicado hecho desde Ginebra, la Cruz Roja Internacional (enero de 2010) aseguró el incremento de incidentes violentos y en especial saqueos que se iniciaron una vez ocurrido el terremoto en Haití. Para reafirmar estos comunicados, Matt Marek el representante de la Cruz Roja de Estados Unidos en Haití hizo declaraciones sobre el saqueo:

"…El saqueo de las tiendas que empezó después del temblor parece ser inevitable y hasta necesario. 'No hay otra manera de conseguir alimentos, incluso si usted tiene dinero no tiene cómo comprar nada porque las tiendas están destrozadas y nadie trabaja…" (Global Voices, 2010).

La ocurrencia de hechos delincuenciales posteriores a los desastres naturales ha mostrado un incremento, como se mostró en los casos de Chile y Haití, en los cuales se observa un común denominador referente a los delitos asociados a desastres naturales entre los cuales se hallan los hurtos, delitos sexuales y secuestros, entre otros.

Por lo tanto, se debe tener conocimiento que acceder a datos cuantitativos que evidencien la presencia de conductas punibles en situaciones de desastres,no es una tarea fácil. Es posible acceder a cifras de las vidas afectadas por un desastre, por ejemplo, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 2010) en un comunicado notifican que para el 2010 según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de las Catástrofes (CRED) unos 373 desastres naturales que ocurrieron en este año cobraron 296,800 vidas y afectaron a 208 millones de personas; siendo el terremoto del 12 de enero en Haití y la ola de calor en Rusia durante el verano, los dos más mortales. El primero con más de 222,500 víctimas mortales, y el segundo con unas 56,000 muertes.

En la figura 1 y figura 2 se muestra la georeferenciación de los desastres naturales y las muertes de los afectados a nivel mundial entre 1976 – 2005:

Sin embargo, este tipo de datos no permite determinar de forma específica el número de afectados por actos delictivos. Debido a esto los acontecimientos ya citados, los terremotos de Chile y Haití en el 2010 dejan entrever este tipo de conductas en los desastres naturales recientes.

En el caso de Colombia, hay un déficit respecto a estadísticas sobre la incidencia de desastres naturales y zonas de riesgo, la información no se he recogido de forma sistemática con criterios bien definidos, y muchos no son reportados. Sin embargo, existe una alta probabilidad de amenaza de desastres naturales por la ubicación geográfica, las condiciones meteorológicas e hidrológicas característicos de un país ubicado en la zona ecuatorial, el crecimiento de la población y asentamientos en zonas de alto riesgo, etc. Según el inventario de desastres naturales DesInventar para el periodo entre 1910 y 2002 se han presentado aproximadamente 14.595 desastres naturales en el país (Lampis, 2010).

Es pertinente mencionar que Colombia está entre los países del mundo con mayor riesgo de desastre natural, ubicado en el décimo puesto con la categoría de riesgo extremo. En los primeros puestos están Bangladesh, Indonesia e Irán. Colombia es el único país de América del Sur con riesgo extremo, países vecinos como Perú, Venezuela y Ecuador se ubican en la categoría de alto riesgo (Maplecroft, 2010)

En la tabla 1 se muestran los datos relativos a las pérdidas humanas y económicas causadas por desastres que se han producido entre 1980 y 2010 en el país:

Según la tabla anterior se muestra como la presencia de desastres naturales no solo trae pérdidas humanas sino también económicas para el país. Por otro lado, como se evidencia en la figura 3, en los últimos años los desastres naturales por inundaciones han tenido mayor frecuencia en el país, por encima de movimientos de masas húmedas y terremotos.

Los datos anteriores permiten obtener una mejor compresión de la relevancia de los hechos y la incidencia de los peligros naturales a nivel mundial y en Colombia. Además de la dificultad para determinar la relación entre las consecuencias del impacto de un peligro natural y el aumento de la criminalidad.

Con este marco de referencia, la presente revisión teórica y documental en torno a la criminalidad y los desastres naturales tiene como fin generar líneas de acción que ayuden a disminuir el riesgo de comisión de delitos en estados de emergencia por desastres naturales. Para este fin, se busca comprender el delito como producto de las diferentes situaciones que emergen en la comunidad en atención al nivel de vulnerabilidad al cual queda expuesta después del evento natural y que conforman un "caldo de cultivo"¹ para el delito, más que entender el delito asociado de manera directamente proporcional a un tipo de catástrofe natural. Por tal razón, surgen algunas preguntas significativas: ¿el desastre natural que produce irrupciones en la manifestación colectiva de la sociedad puede conllevar al delito?; ¿hasta qué punto una determinada conducta llevada a cabo en un desastre natural se considera un acto de criminalidad? Y en ese sentido ¿cuál es el papel de la Fuerza Pública en dicho evento?.

Para responder los anteriores interrogantes, la temática se desarrolla de la siguiente manera: Primero se aclara el concepto de desastre natural y delito; el segundo apartado corresponde a unas generalidades de la relación entre criminalidad y clima; y entre temperatura y conductas agresivas en las cuales podría ubicarse conductas criminales. Luego se centra en la comprensión de la criminogénesis y criminodinámica en situación de desastres, es decir, qué lleva a una persona a cometer un delito y cómo estas se explican desde la criminología o psicología del comportamiento delictual. Adicionalmente, se plantean dos categorías del delito en desastres naturales y se indaga sobre el papel de la Fuerza Pública en un desastre natural y finalmente se destaca el esfuerzo realizado por el Estado para la prevención y atención de desastres naturales.

I. CONCEPTUALIZACIÓN DE DESASTRE NATURAL, CRIMINALIDAD Y DELITO

Para entender la relación entre desastres naturales y criminalidad postfacto, primero se debe explicar qué se entiende por cada uno. Para ello se retoma la definición de desastre natural de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2001), la cual incluye tres conceptos principales que se deben tener en cuenta cuando se habla de Desastre Natural: peligros naturales, vulnerabilidad y riesgo. El primero, Peligros Naturales, se refiere a fenómenos como terremotos, actividades volcánicas, tsunamis, tormentas de arena, polvo, plagas, ciclones, tornados, inundaciones, incendios forestales y la neblina que estos generan. El segundo concepto, la Vulnerabilidad, se refiere al grado de resistencia o susceptibilidad de un sistema socioeconómico frente al impacto de los peligros naturales, desastres tecnológicos y ambientales, el cual se establece según un conjunto de factores como la concientización de estos peligros, la infraestructura y condiciones de los asentamientos humanos, las políticas y la administración pública; en general, la organización de las acciones y el comportamiento humano para la gestión de desastres. Por último, el Riesgo representa la probabilidad de que el desastre natural suceda, su estimación comprende la evaluación de la vulnerabilidad y la predicción del impacto.

En ese contexto, se entiende por Desastre Natural como "las consecuencias del impacto de un peligro natural en un sistema socioeconómico con un nivel dado de vulnerabilidad, lo que impide que la sociedad afectada le haga frente a tal impacto" (ONU, 2001). En otras palabras, no todo evento natural o peligro natural es un desastre, únicamente son aquellos eventos naturales que afectan negativamente a las comunidades humanas, por una condición de vulnerabilidad (Baena, 2011).

Ahora bien, según el concepto de desastre natural de la ONU, se puede enmarcar la criminalidad, como un fenómeno desencadenado por la vulnerabilidad que se genera y que recae sobre el sistema socioeconómico de una región. Por consiguiente, si se enfoca la criminalidad derivada de los desastres naturales, se estaría hablando de un fenómeno adverso y originado del desastre, el cual requiere la adopción de políticas públicas para mitigar o reducir su efecto.

En cuanto al Delito, este se define en el Código Penal Colombiano como toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal, el cual debe contener una norma y una sanción (López, 2002). Según Machicado (2010), las concepciones nominales establecen que "es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena" (p.3). La ley designa y nomina los hechos que son delitos. Para las concepciones materiales, "el delito es un acto humano típicamente antijurídico, culpable y sancionado con una pena de carácter criminal" (p.3). Por último, la concepción jurídica define el delito como "todo acto humano voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal" (p.3).

Dicho lo anterior, a continuación se pretende describir y analizar los comportamientos que llevan a conductas delictivas en una situación de vulnerabilidad frente al impacto de los peligros naturales. Para esto, se inicia con los primeros planteamientos históricos realizados en torno al tema, los cuales hacían referencia a una relación entre el estado del clima y la criminalidad.

II. CLIMA, CRIMINALIDAD Y CONDUCTAS AGRESIVAS

No se encuentra una amplia evidencia de la relación entre desastres naturales y criminalidad; no obstante desde hace varios años se ha planteado una relación entre el estado del clima y la explicación de la conducta delincuencial, donde a temperatura alta se presentan delitos violentos, y a temperatura baja delitos elaborados, como aquellos contra el patrimonio económico. Al revisar esta tesis, se identifican algunos autores que argumentaron la influencia del clima sobre conductas criminógenas o la relación de causalidad entre el delito y el clima, como Montesquieu en el siglo XVIII, Quetelet en el siglo XIX y Miranda en el siglo XX.

Montesquieu (1748) inicia con un acercamiento hacia la posible influencia entre el clima y las leyes, postulados que para la época merecieron reconocimiento, pero que en la actualidad pueden ser debatidos con argumentos científicos. Es así que el autor expone en varios de sus apartados esta relación, explicando la variación entre la subjetividad del ser humano en conexión con la diversidad del clima:

… "Si es cierto que el carácter del alma y las pasiones del corazón presentan diferencias en los diversos climas, las leyes deben estar en relación con esas diferencias (…) En los climas fríos se tiene más vigor. Se realizan con más regularidad la acción del corazón y la reacción de las fibras; los líquidos están más en equilibrio, circula bien la sangre. Todo esto hace que el hombre tenga más confianza en sí mismo, esto es, más valor, más conocimiento de la propia superioridad, menos rencor, menos deseo de venganza, menos doblez, menos astucias, en fin, más fineza y más franqueza. Quiere decir esto, en suma, que la variedad de climas forma caracteres diferentes" (Montesquieu, 1748, citado en edición electrónica 2010)

A mediados del siglo XIX Quetelet buscando factores que explicaran la criminalidad, concluyó que la delincuencia era un fenómeno normal presente en todas las sociedades modernas y que la pobreza no era la general causa de esta, aunque las personas pobres están más expuestas a tentaciones delictivas en un entorno urbano donde las diferencias son más evidentes. Por tanto, la principal causa de la criminalidad sería la pobreza unida con la vida de las ciudades por la claridad de las desigualdades sociales, las personas pobres estarían más expuestas a cometer delitos. Además, con las leyes térmicas relacionó el crimen con características climatológicas, afirmando que en épocas de invierno ocurren delitos contra la propiedad como los hurtos y en épocas de verano contra las personas, presentándose un incremento en la tasas de homicidios (Roemer, 2001; Hassemer & Muñoz, 2001).

En la misma línea, según Cohen y Felston (1979) las diferencias estacionales en las tasas de delitos se explican por el incremento de interacciones humanas, existiendo mayor concentración de personas en lugares públicos durante el verano, por tanto la probabilidad que se produzcan delitos es mayor.

A principios del siglo XX, Miranda (1907) realizó interpretaciones sobre la injerencia entre las variaciones del clima y las variaciones de la criminalidad, exponiendo entre sus postulaciones la influencia directa del clima sobre la actividad individual y la influencia indirecta del clima sobre las condiciones de un pueblo dado, para finalmente explicar la relación de causalidad entre el clima y el delito.

En este orden de ideas, pareciera encontrarse una relación lineal entre temperatura y conducta agresiva como postula la Teoría de la Ley Térmica de la Delincuencia, según la cual a medida que sube la temperatura ambiente también aumenta la agresión. Sin embargo, en la actualidad a partir de estudios transculturales se refuta esta relación directa, pues se ha constatado que en los países más fríos como Finlandia, la agresividad es menor, mientras que en los países más calurosos como Malasia la agresividad es moderada y en los países con climas cálidos, la violencia es mayor. De esta forma se confirmó que la relación es curvilínea y no lineal (Van del Vliert, Schwartz, Huismans, Hofstede y Daan, 1999, citado en Javaloy & Vidal, 2007)

Según Arias (2007) el grupo de investigadores de Creig Anderson es el que ha intentado explicar de forma más amplia la relación entre temperatura y agresión, planteando la Teoría del Calor, según la cual cuando aumenta la temperatura, se produce un aumento en el porcentaje de delitos que implican un componente afectivo, pero esto no se asocia con delitos contra la propiedad o instrumentales. La tendencia a cometer un acto violento se puede presentar por un efecto negativo, que surge en situaciones de temperaturas extremas, ya sea de frío o calor, y ante una pre-activación que provoca sentimientos hostiles y actividad fisiológica (Anderson, Anderson & Deuser, 1996, citado en Arias, 2007)

También la medicina y la psicología han explicado esta relación entre el ambiente y las reacciones fisiológicas y psicológicas. Retomando a Vogt (1998), los avances de la medicina han identificado a los centros supra y preópticos del hipotálamo anterior como el lugar del cerebro que dirige la regulación térmica del cuerpo humano, siendo la encargada de dos procesos vitales en esta labor: la vasodilatación periférica y la sudoración, resultado del proceso homeostático del cuerpo para enfrentar las características de la temperatura.

Según De Young (1996) la psicología social y la psicología ambiental hacen alusión a las variables externas que influyen sobre la conducta. Para Holahan (1996) existen procesos adaptativos del individuo y su medio ambiente. Por su parte, Urbina y Ortega (1982) afirman que los ambientes físicos modelan la conducta humana y que ambas partes, ambiente y conducta, son interdependientes en su influencia mutua.

Hasta aquí se observan planteamientos explicativos del delito como reacción desencadenada del clima. Ahora bien, en la descripción y análisis del fenómeno de la criminalidad derivada de los desastres naturales, se pasa de profundizar en las posibles comprensiones de los comportamientos criminosos generados por la temperatura de la región, a comprender la criminogénesis y criminodinámica surgida de las situaciones de vulnerabilidad en que se ven envueltas las sociedades donde ocurre el desastre natural.

III. CRIMINALIDAD, MOTIVACIÓN Y NECESIDADES

Cuando se trata de comprender las conductas delictivas se piensan varias teorías. Una de estas son las teorías motivacionales, al preguntarse por qué la población delinque y qué los motiva a delinquir. Primero, se entiende que "la motivación y la emoción son dos procesos básicos imprescindibles para comprender la relación que establece un individuo con su medio ambiente; para entender la máxima premisa de cualquier organismo vivo: la supervivencia" (Fernández, Palermo & Martínez, 2002, p. 3). Es decir, cualquier conducta que lleva a cabo el ser humano está relacionada con el incremento en la probabilidad de supervivencia, aunque no siempre tenga la connotación de vida o muerte (Fernández et al., 2002).

En este sentido, la motivación se caracteriza por el grado de cooperación, la capacidad de mantener un esfuerzo sostenido durante la realización de unatarea y el grado de refuerzo que necesita el sujeto para completarla (Vergara, 1995). Según Valverde (2002) el término motivación proviene del latín "movere", es decir, moverse, por tanto, lo define como lo que da energía, direcciona y sostiene los comportamientos humanos. De igual manera se utiliza el término motivación cuando un deseo es trasformado en una conducta, la cual es visible y medible como lo sería una conducta delictiva.

Como se observa en la figura 4, la motivación está guiada por una cadena en la cual tienen un papel trascendental las necesidades, los deseos, las tensiones y las acciones que conducen a la satisfacción de las necesidades (Valverde, 2002). El proceso básico de la motivación se inicia con la presencia de algún estimulo o situación interna o externa que activa al organismo desencadenando la necesidad o el deseo de dirigirse hacia la consecución de algún objetivo, considerando la disponibilidad de recursos, dificultad y valor (Fernández et al., 2002). El hombre es un ser motivable, en su mente una percepción genera un impulso, deseo o tendencia a determinada actitud. Puede que la conciencia sea influida, pero la voluntad con la razón decide o no dirigirse hacia el impulso; se puede decir que la acción está orientada por la voluntad, el hombre tiene el poder de optar, elegir y dirigir la conducta (Gómez, 1995).

La motivación para ejecutar una determinada conducta puede darse por consecuencias en el ambiente o por el interés o placer que genera. La motivación implica tanto motivos intrínsecos como extrínsecos (Barbera & Molero, 1996). La motivación extrínseca se refiere a aquellos procesos activadores del comportamiento, por razón de las consecuencias ambientales derivadas de la realización de determinadas conductas; mientras que en la motivación intrínseca, la conducta se lleva a cabo para satisfacer necesidades de causación personal, efectividad o curiosidad, por el interés y placer de realizarlas (Reeve, 2003).

De esta forma, al contextualizar con las características derivadas de los desastres naturales; las necesidades serían las enmarcadas en el alimento, agua y aire, entre otras, las cuales requieren de una satisfacción inmediata, pero que ante su dificultad genera un nivel de tensión para provocar la conducta desviada (delito) y lograr su fin último que es la satisfacción de la necesidad primaria, aunque esa conducta puede ser controlada por la voluntad.

Ahora bien, al hablar de necesidades primarias que son las desencadenantes de la tensión o génesis delictual, podemos retomar a Maslow (citado en Valverde, 2002) quien hace referencia a la Escala de Necesidades, en donde expone las prioridades del ser humano en la búsqueda de satisfacción, autorrealización o motivación de crecimiento. En esta escala se incluye lo mencionado anteriormente con referencia a las necesidades básicas (comida, bebida, aire, sexo, protección, entre otras) y que son el epicentro de atención sobre la discusión en el surgimiento de conductas delincuenciales posteriores al desastre natural. Dichas necesidades primarias tienen la capacidad de generar un desequilibrio en el individuo, desencadenando comportamientos intrínsecos (delincuenciales) frente a posibles soluciones para la satisfacción de las mismas.

Según esto, se supone que en situaciones de emergencia como lo es un desastre natural, en la mayoría de los casos las necesidades básicas que requieren una satisfacción inmediata no se suplen, como podrían ser agua y alimento. Lo cual genera un nivel de tensión provocando acciones que lleven a la satisfacción de la necesidad, a pesar de que la conducta sea desviada o se considere un delito. En otras palabras, la tensión generada provoca cualquier conducta que aumente la probabilidad de supervivencia, existiendo la posibilidad de una conducta criminal como hurtos (saqueos), riñas, lesiones y homicidios, entre otras, enmarcadas al interior de la categoría de violencia instrumental².

De esta forma, a partir de las teorías motivacionales (Barbera & Molero, 1996; Reeve, 2003), se identifican dos componentes para tener en cuenta sobre la génesis del fenómeno criminal en las comunidades afectadas por desastres naturales: Componentes extrínsecos del delito, como aquellos derivados del medio exterior al individuo, pero que interactúan en el sujeto generando comportamientos cognoscitivos (Procesos cognoscitivos: percepción, pensamiento, aprendizaje, memoria e inteligencia) y volitivos (comportamiento a voluntad del sujeto). Es decir, ante el hecho de escasear el alimento con ocasión del cierre de las vías de ingreso a la ciudad y el consumo de la población afectada, se inician comportamientos cognoscitivos que interiorizan yevalúan la situación para impulsar la acción (volición) de saqueo en un local comercial o hurto de alimentos en la localidad. A esto se suman los componentes intrínsecos del delito, identificados como las características individuales del sujeto (agresividad, carrera o historial delincuencial, elección racional, entre otros.) que exhortan al sujeto hacia la comisión del delito en sí mismo (oportunidad y elección racional frente al delito).

IV. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS EXPLICATIVAS DEL DELITO EN LOS DESASTRES NATURALES

La criminogénesis y criminodinámica analizada hasta aquí en los desastres naturales, tienen una explicación desde las teorías criminológicas, las cuales responden el por qué se llega a cometer un delito. La criminología ha sido la encargada de explicar la etiología del delito, por lo que ha elaborado una serie de teorías. Enseguida, se exponen solo algunas teorías o hipótesis que se ajustan al caso de la posible criminalidad derivada de los desastres naturales y desde la perspectiva de estas teorías, la delincuencia se considera el resultado de la estructura y el funcionamiento social.

El primer grupo explica el delito a partir de las influencias sociales. Dentro de estas explicaciones se retoma la teoría de desorganización social, la cual "considera al delito como consecuencia de la falta de una organización adecuada de la sociedad, e implica que si esta estuviera mejor organizada el delito disminuiría; y si lo fuera de forma prefecta dejaría de existir" (López-Rey, 1975, p.90).

Por su parte, la Escuela de Chicago habla de patologías sociales como resultado de una fragmentación y una notable desorganización en un sistema social, involucrando los ámbitos policiales y gubernamentales. Desde su perspectiva el desorden social en conjunto con la falta de control social por parte de las autoridades competentes, darían paso a la generación de la delincuencia y su desarrollo expansionista (Trasher, 1983, citado en Kazyrytzki, 2008). En ese sentido, ante un desastre natural se presentan ambos factores, se genera desorden social y poco control social de los encargados de la persecución del delito, por lo que controlar la criminalidad y determinar conductas delictivas requiere atención.

A este respecto, la Teoría de Control Social retomada por algunos autores como Garrido, Stangeland y Redondo (2001), propone tres categorías de controles capaces de prevenir el comportamiento delictivo: a) los controles directos, que involucran los refuerzos o castigos impartidos desde la crianza del infante, es decir, aquellos aportados por sus padres; b) los controles indirectos, que involucran los pensamientos que generan otras personas a las que un joven se halla involucrado emocionalmente y que inhiben la conducta delictiva; c) los controles internos, procedentes de la propia conciencia o sentimientos de culpa generados por la persona.

Frente al nivel de vulnerabilidad y desorden que se presenta en los territorios afectados por un desastre natural, se encuentra la Teoría de la Anomia planteada por Durkheim (1895) (citado en Merton 1973), entendiendo la anomia como el estado de desorientación, alienación y ausencia de normas en la que se verían envueltos la sociedad y los individuos, que produce una provocación y da lugar a comportamientos absurdos en situaciones extremas. Según la teoría, la sociedad mediante el establecimiento de normas, es la encargada de integrar a los individuos que la forman y de regular sus conductas. Si éstas no se cumplen, la sociedad pierde el orden estable lo que dificulta desarrollarse plenamente. En una sociedad en donde no se determine una clara regulación de normas, se ha de esperar que tenga cabida para la comisión del crimen. Si no existen dichas regulaciones los individuos no podrían controlar sus apetitos. Para Merton (1973) la conducta "desviada" es una reacción normal o un modo de adaptación a las contradicciones de la estructura social, las cuales ejercen a la presión que ejercen sobre sus miembros para adoptar determinados comportamientos.

En el análisis entre Durkheim y Merton discrepan en algunos aspectos. Según Huertas-Díaz (2010) para Durkheim la anomia era una situación de crisis transitoria, debido a un acelerado y desorganizado cambio social impuesto por la industrialización, mientras que la anomia para Merton era una disfunción estructural endémica, crónica estable inherente a cierto modo de la sociedad, haciendo énfasis a la norteamericana, cuyas contradicciones inciden de modo desigual en los diversos grupos sociales, afectando con particular intensidad a las clases bajas. A su juicio, se ven mucho más presionados que los demás a cometer delitos para la obtención de una meta codiciada, aquellos a quienes la sociedad no ofrece oportunidades para acceder a niveles de bienestar deseados.

En el caso de los desastres naturales, la desorganización social que se genera junto con la deficiencia en la vigilancia o control social dificulta la regulación de normas, y por tanto la probabilidad de que ocurra un evento criminal aumenta.

Hikal (2009) identifica diferentes factores de riesgo criminógenos que implican una gama de situaciones que interactúan en los individuos. Según el autor, el medio es un componente físico exógeno que incide en la criminalidad, el cual comprende al ambiente natural (clima, lluvia, calor, frío, humedad, etc.) y los ambientes artificiales formados por el ser humano (el barrio, la vivienda, los medios de comunicación, etc.), los cuales son estímulos constantes con el que el sujeto interactúa continuamente y que influyen en el desarrollo de una conducta delictiva. En su planteamiento referente a los componentes exógenos del crimen menciona una política criminológica ambiental, retomando a Skinner para proponer que la conducta humana puede ser dirigida, sin tratar de influir en la mente ni de cambiar la personalidad, sino cambiando el medio.

Otro grupo de teorías plantean el delito como elección. La primera es la de Razonamiento Criminal de Cornish y Clarke (1986) y la Teoría Residencial del Delito de Wilson y Herrnstein (1885), las cuales consideran una toma de decisiones o elección racional previa a la comisión del delito y si las ganancias que pueden adquirir superan las pérdidas que puedan sufrir. Es decir, cuando se presenta una oportunidad y se evalúa como favorable, una persona puede aprovecharla para cometer un delito (Garrido & López, 1995).

Por otro lado, la Teoría de la Elección Racional del crimen, postulada por Clarke (1992) (citado en Macarena Rau, 2003) para su formulación en Chile sobre los espacios seguros y la prevención del crimen mediante el diseño ambiental (CPTED o Crime Prevention Through Enviromental Design), la cual enfatiza en la racionalidad y el proceso voluntario de pensamiento llevado a cabo por personas que cometen crímenes. Esta teoría habla del proceso de toma de decisiones en el que la elección, vinculada o no a aspectos delictivos, se llevaría a cabo fundamentada en una ponderación del peso relativo entre el riesgo percibido, y el esfuerzo de obtener la relativa ganancia. De esta forma, el agresor es visto como un tomador de decisiones, quien cuidadosamente calcula las ventajas y desventajas asociadas con ciertas actividades (Macarena Rau, 2003). Según esta teoría la tensión generada por las necesidades no satisfechas no es el único factor que promueve conductas delictivas, la elección racional interviene en el momento de decidir si se accede al objetivo que se tiene por medio de una conducta socialmente aceptada o mediante el delito.

Existe un grupo de teorías consideradas integradoras, como la teoría de las Actividades Rutinarias o de la Oportunidad expuesta por Cohen y Felson (1979) y Garrido et al. (2001) la cual plantea que los delitos aumentan en razón a tres factores: delincuentes motivados, víctimas apropiadas y ausencias de protectores eficaces o elementos disuasorios; y cuando estos elementos coinciden en un mismo espacio y tiempo existe mayor probabilidad de ocurrencia de un evento criminal. En una situación de desastre un individuo puede estar motivado por la búsqueda de satisfacción de sus necesidades, hay ausencia de normas y control social en un mismo espacio y tiempo, lo cual facilita la conducta desviada o criminal.

Se puede afirmar que el ambiente físico genera oportunidades para determinados comportamientos. Garrido y López (1995) establecen que la ecología social, es decir los factores sociodemográficos y económicos de un área se relacionan con la distribución de los crímenes de esa área, a partir de estudios realizados en los ambientes de riesgo o áreas criminológicas.

Dicho lo anterior, las teorías criminológicas y las explicaciones sobre la génesis del delito, permiten evidenciar los factores que inciden en el surgimiento de hechos criminosos derivados de la situación de vulnerabilidad en las poblaciones víctimas de desastres naturales. Se puede explicar desde las postulaciones de la Escuela de Chicago sobre los agentes que un desastre natural inserta en el ambiente para la comisión del delito, la anomia o desorden social ocasionado por el evento, pasando por el control social, la elección racional y la oportunidad o actividades rutinarias, entre otras.

En este punto cabe preguntarse lo que podría considerarse un acto criminal en un desastre natural y para ello a continuación se hace una propuesta de categorías de delito que se encuentran postfacto al desastre natural teniendo en cuenta las teorías e hipótesis mencionadas.

V. CATEGORÍAS DEL DELITO DERIVADAS DEL DESASTRE NATURAL

Tanto en Colombia como en todo el mundo, los desastres naturales dejan en las comunidades un nivel de vulnerabilidad tan alto que trunca su cotidianidad, a tal punto que el acceso a los alimentos y agua (necesidades básicas) son las primeras frustraciones que deben ser sorteadas por las víctimas. Ejemplo de ello pueden ser algunos hechos como la erupción del volcán sucedida en Colombia en el año 1985 sobre el municipio de Armero, donde la población fue arrasada casi en su totalidad, dejando personas sin casas, ríos contaminados, vías de acceso terrestres y aéreas cerradas que imposibilitaban la llegada deayudas y restricción de acceso a alimentos; circunstancias que hicieron emerger instintos de supervivencia o conductas criminales como satisfacción de necesidades básicas de los pobladores a tal punto que se presentaron casos de saqueos, hurtos de las pocas edificaciones que quedaron en pie y que podrían solventar sus necesidades primarias (alimento y agua). Incluso, otros casos ocurridos en el mundo han desencadenado hechos como lesiones comunes y hasta homicidios que fueron un medio para obtener el alimento o agua (violencia instrumental³).

Otro caso en Colombia fue el terremoto ocurrido en 1999 que presentó el mayor impacto en la ciudad de Armenia. Varios medios de comunicación informaron presencia de saqueos días posteriores al desastre cuando la población se recuperaba del evento, comenzaron a identificarse personas que estaban hurtandoelectrodomésticos o multiplicidad de bienes muebles, ayudas y donaciones enviadas. Por ejemplo, como cabezote de la noticia se escribió: " Los saqueos no cesan . Cientos de hambrientos damnificados del terremoto que el lunes devastó la zona cafetera del centro de Colombia, chocaron ayer con la Policía para saquear los comercios y las bodegas de la Cruz Roja de esta ciudad, en reacción a la lentitud e insuficiencia de la ayuda enviada" (La Nación, 1999, Enero). Meses después señalan: "Saqueos y disturbios tras el sismo: Centenares de personas, indignadas por la lentitud de la asistencia, robaron comercios; enviaron tropas del Ejército " (Diario Hoy, 1999, Noviembre).

En algunos casos los sujetos que participaron en los saqueos evidenciaron el alto nivel de oportunidad para el delito derivado de la vulnerabilidad de lapoblación y de la reducción de los controles formales e informales. Razón por la cual, se habla de la génesis de conductas criminales con un fin en sí mismo, a través de las cuales se busca obtener provecho de la situación catastrófica. Se podría hablar, aunque no en todos los casos, de posibles delincuentes que no eran delincuentes en potencia antes del hecho, pero que ante la oportunidad y elección racional hacia el delito derivada de la facilidad para delinquir sin ser sancionado, optaron por desarrollar conductas delincuenciales. Para ser más específicos en esta categoría, se ejemplifican las denuncias de varios casos de hurto de cabezas de ganado y viviendas que fueron desalojadas y dejadas en abandono por alerta de erupciones volcánicas ocurridas en Nariño (Colombia) durante los años 2007 al 2010, al igual que algunos delitos sexuales u otros delitos, en los cuales factores como congregación o por el contrario abandono y vulnerabilidad de personas, inciden en la comisión del delito.

De hecho, el Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL (2011), retomando datos en 29 países concluyó que en varios de los desastres naturales se hallaron hechos relacionados con saqueos o particularmente hurtos de residencias, locales comerciales, automotores u otros bienes muebles que fueron evidentes por el nivel de anomia, desorden o caos social en que ingresaron las comunidades sin que tuvieran por así decirlo una justificación en la satisfacción de sus necesidades básicas, sino que claramente fueron conductas delictivas propias de un criminal.

Por lo tanto, el delito con un fin en sí mismo se puede relacionar con la teoría del delito como elección racional (Wilson & Herrnstein, 1985; Cornish & Clarke, 1986) que considera como base de la delincuencia la racionalidad humana y la tendencia al placer: según esto, los individuos valoran las circunstancias de costo y beneficio al realizar conductas delictivas. La delincuencia desde esta teoría se explica por la existencia de una decisión racional para cometer delitos, no como una reacción frente a la frustración, influencias sociales o aprendizaje de hábitos delictivos. Es decir, los individuos se comportan dependiendo de las expectativas que tienen acerca de los beneficios y los costos que pueden obtener, ya sea económicos o psicológicos; así la elección de un comportamiento delictivo o no dependerá de la valoración que el individuo haga entre recompensas y castigos de cada comportamiento (Garrido, Stangeland, & Redondo, 2001).

De acuerdo al enfoque anterior, es preciso definir qué tipo de condiciones plantea la ley colombiana para considera cuando un comportamiento delictivo constituyen un acto de supervivencia en una situación de emergencia. En derecho se considera una causa de extinción de responsabilidad civil y penal cuando se declara un estado de necesidad; el estado de necesidad, al igual que las demás causales, se trata de comportamientos totalmente aceptados, permitidos y tolerados. Así, en el inciso 7° del artículo 32 del Código Penal, se establece que se actúa en estado de necesidad cuando "se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por impudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar" (López, 2002, p. 343).

El estado de necesidad justificante se presenta cuando el agente realiza una conducta típica (tipificado en el Código Penal) con la finalidad de proteger un derecho propio o ajeno de una amenaza o daño actual o inminente (como un desastre natural) y produce una lesión de menos gravedad que la impedida en los bienes jurídicos de otras personas, siempre y cuando no pueda acudir a otra vía distinta y no esté obligado jurídicamente a afrontar el trance o haya sido provocado por él (López, 2002). Ejemplo de esto cabría el que sustrae alimentos por mitigar el hambre, o el que sustrae medicinas de una farmacia para procurarles medicinas a sus hijos en una situación de desastre.

Es aquí donde se plantea una propuesta interpretativa sobre las dos categorías en que se estipula la génesis del delito: delito como satisfacción de necesidades básicas y delito con un fin en sí mismo.

El delito como satisfacción de necesidades básicas corresponde a las conductas punibles (hurtos, lesiones personales, daño en bien ajeno, entre otras) que se generan como instrumento en la satisfacción de una necesidad básica⁴ (Fisiológicas: alimento, agua, aire). El delito con un fin en sí mismo, corresponde a la conducta punible desarrollada en aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la población (hurtos a residencias, hurtos a vehículos, hurtos a comercio, entre otros). Para ampliar la explicación de estas dos características del delito, fácilmente se podrían identificar variables de análisis post facto al desastre, como se sugiere en los párrafos siguientes.

Una población víctima de un evento natural (terremoto, tsunami, entre otros) se ve inmersa en un nivel alto de vulnerabilidad socioeconómica: edificaciones, vías y calles destrozadas; personas muertas, lesionadas y desaparecidas; incomunicación multidimensional; escases de alimentos y agua; expansión de epidemias; desorganización y caos social; dificultad en la atención oportuna de los damnificados. En estas circunstancias inicia un proceso homeostático (búsqueda de equilibrio) que ante el caos social, reacciona con la necesidad de los individuos por retomar su seguridad (personal, alimentaria y sanitaria) sin importar la comisión de algunos delitos para su consecución. Una vez el sujeto retoma su seguridad en estos tres ámbitos, inicia el surgimiento de conductas criminales precipitadas por el nivel de vulnerabilidad como oportunidad para el delincuente.

En concordancia con el primer escenario, el delito como satisfacción de necesidades básicas tras un desastre se debe a la crisis social que la situación genera, la población busca suplir las necesidades inmediatas como lo son un albergue, el alimento, vestido, salud, entre otras. Siguiendo a Valverde (2002) estas necesidades generan un desequilibrio en el individuo, que hace que se sienta motivado a tomar acciones que conduzca a su satisfacción. En ese proceso se puede producir el delito como el único medio para la satisfacción de la necesidad primaria. No obstante, si se hablará de un estado de necesidad sería una causa de extinción de responsabilidad civil o penal, es decir serian comportamientos aceptados. En resumen, bajo esta categoría, existen casos extremos como los que pueden presentarse en un desastre natural en los que no es evidente cuando una persona está exenta de responsabilidad. En ese caso el sistema judicial y penal sería el encargado de determinar si existe o no responsabilidad penal.

VI. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN SITUACIONES DE DESASTRE DESDE LA FUERZA PÚBLICA

Es importante tener en cuenta que si no hay una intervención del Estado a tiempo y organizada en una situación de desastre, está omisión puede llevar a delitos cada vez más graves, pues se pasa de cometer los delitos por satisfacción de necesidades a cometer delitos por un fin en sí mismo; por lo tanto, es pertinente conocer las actividades y herramientas que han surgido desde la fuerza pública para la atención de los desastres naturales, teniendo en cuenta además del desastre, las consecuencias de este, en especial a la criminalidad presentada.

A nivel internacional, en el Mandato de Ginebra sobre Reducción de Desastres se puso de manifiesto la necesidad de generar políticas para el afrontamiento de los riesgos y reducción de los desastres. Así, surgió la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres EIRD, según la cual el término reducción de desastres comprende las medidas diseñadas y tomadas para reducir la severidad de los desastres ambientales y tecnológicos y el impacto adverso de los peligros naturales (ONU/ EIRD, 2001).

Se podría considerar que la reducción de desastres se incluye en la definición de seguridad humana planteada en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994), donde se estipulan siete dimensiones como componentes de la seguridad, así: económico, alimentario, de salud, Medio Ambiental (agotamiento de recursos, contaminación, desastres naturales), seguridad personal, de la comunidad y política. Igualmente, en los ejes de atención incorporados en la seguridad humana, se puntualiza en las nuevas amenazas o amenazas no tradicionales⁵, ubicando el deterioro del medio ambiente y las catástrofes naturales como un factor de alerta ante las exigencias de la seguridad.

Wiharta, Ahmad, Haine, Löfgren y Randall (2008), en un estudio sobre la eficacia de los recursos militares extranjeros en respuesta a los desastres naturales, evidencian el apoyo brindado por las fuerzas militares en los desastres y el liderazgo en las acciones de carácter humanitario, pero también deficiencias en el cubrimiento de la seguridad sobre las zonas afectadas.

En tal virtud, a continuación se relaciona el informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastre de la ONU (2009), utilizado por el Ministerio de Defensa Nacional (2009), donde se examina la probabilidad de ocurrencia de un desastre, el número de personas y activos expuestos, su nivel de vulnerabilidad, y las acciones de la Fuerza Pública en la atención de desastres:

Como se observa en la figura 5, para el año 2009 la Fuerza Pública de países como Canadá, España, Estados Unidos e India poseían equipos o unidades capacitados en atención de desastres. A diferencia de Colombia que a pesar de ubicarse dentro de los países más riesgosos y con más muertes por desastres naturales, aún no contaba con una estructura especializada para la atención de este tipo de eventos.

Figura 5.

Las Fuerzas Militares o Fuerza Pública a nivel internacional ante la amenaza del cambio climático que representa la desigualdad medioambiental en su forma más extendida han creado unidades especializadas que se encarguen de la atención de este tipo de emergencias o amenazas. Característica que no es ajena en la Fuerza Pública en Colombia, involucrada en el liderazgo de la coordinación en la atención de las poblaciones afectadas, más aun cuando se debe pensar en los desastres naturales como una de las nuevas preocupaciones de atención.

En Colombia, Baquero (2009) en un estudio sobre las acciones de la Fuerza Pública en los desastres naturales analiza diferentes casos ocurridos en los últimos diez años, llegando a la conclusión referente a la identificación del papel preponderante ejercido en este periodo y hasta la actualidad por la Fuerza Pública en la Atención y Prevención de Desastres. Se evidencia entonces la generación de acciones y al revisar específicamente la Policía Nacional, es notorio el desarrollado de planes de acción relacionados con la seguridad e integridad de las poblaciones afectadas por desastres naturales en los últimos años y el apoyo de unidades de Policía en los albergues temporales creados para la atención de las víctimas de emergencias naturales; de igual manera la Armada Nacional ha apoyado de manera constante en las inundaciones utilizando sus instrumentos y equipamiento para el desplazamiento de los habitantes.

En los últimos años, la Fuerza Pública se ha interesado por atender situaciones de desastres, observando como el Ejército y la Policía en Colombia han trabajado en este tema según las capacidades de cada institución. Se identifica entonces al interior de la Policía Nacional la creación hace algunos años del grupo de búsqueda y rescate nombrado PONALSAR (PONAL= Policía Nacional, SAR= "search and rescue", búsqueda y rescate), como un grupo de profesionales entrenados en alerta permanente que brindan apoyo en gestión del riesgo y atención de desastres, el cual hace parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD⁶, en la cual pertenecen la Aeronáutica Civil, la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Bomberos, la Defensa Civil, la Dirección Nacional de Planeación, el Ejército Nacional, Policía Nacional, varios ministerios, gobernaciones, alcaldías y secretarías, entre otras.

La idea inicial era un grupo de atención hospitalaria donde los enfermeros de combate de la Policía, en caso de un evento pudieran llegar a atender a con conocimientos básicos un esquema de desastres. Después, se conformó un grupo de búsqueda y rescate que pudiera integrar diferentes capacidades de la Policía. En la actualidad, el grupo que surgió como PONALSAR, es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, considerada la estrategia de la policía para trabajar al interior de una institución en gestión de riesgo de desastre en tres etapas: el conocimiento del riesgo, la prevención del riesgo y el manejo del mismo.

La estrategia de la Policía se dirige a la gestión de riesgo de desastres como un proceso integral, buscando no solo atender la emergencia sino la forma de prepararse para esta. De esta forma, la prevención toma fuerza, haciendo énfasis en la capacitación ante situaciones de desastres o emergencias, en función de brindar una mejor atención a menor costo. El grupo de operaciones especiales de la Policía pasó del esquema de prevención y atención de desastres al de emergencias y desastres; la diferencia existente entre una emergencia y un desastre radica en las capacidades particulares. En general se entiende por emergencia como "toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de respuesta" (Ministerio de Educación Nacional, 2011, p.4). Así, el concepto de emergencia se diferencia del de desastre, no obstante ambos tienden a confundirse en la práctica.

El Ejército por su parte, ha desarrollado capacidades militares y logísticas que pueden aprovecharse al servicio del país, existiendo un Batallón de Prevención y Atención de Desastres 'Brigadier General Álvaro López Vargas', BIADE, organizado en el 2009 con la misión de brindar atención médica y humanitaria inmediata al personal damnificado por desastre natural. La Unidad Militar se proyectó también como parte activa del Comité Operativo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, realizando una gestión integral del riesgo a niveles nacional e internacional. El batallón lo conforman cuatro compañías: NBQR (Nucleares, Biólogos, Químicos y Radiológicos), Construcciones, Atención Inmediata y Sanidad (La compañía de Seguridad está pendiente por activar). Cada una tiene funciones específicas que cumplir en el momento de atender desastres naturales: la primera integra expertos en explosivos y sustancias químicas; la segunda se encuentran los operadores y tecnólogos de distintas áreas; la otra compañía se encarga de maniobrar botes; y la de Sanidad la conforman médicos y paramédicos. En síntesis, esta Unidad fue la primera y única con dichas características en Colombia, la cual tiene como fin salvaguardar la vida de los damnificados por fenómenos naturales (Vargas, 2010).

En general, hasta el momento no se han planteado estrategias específicas para disuadir la criminalidad cuando sucede un desastre natural. Sin embargo, por el carácter de PONALSAR, como estrategia de la Policía en gestión del riesgo de emergencias y desastres naturales, encargada de generar la respuesta institucional ante el evento de desastre, buscar los factores de riesgo, procesarlos e informarle si hay eventos que revisten características de delito a la policía judicial quien inicia una investigación. (Esta última es la encargada de la reducción y mitigación del impacto de la criminalidad, así como la responsable del control del delito y de tomar acciones investigativas frente a los eventos que se puedan presentar al respecto. No obstante, la sola presencia de la policía nacional, ejerce control y disuasión de comportamientos criminosos).

Sin embargo, frente a la magnitud y riesgo que representa Colombia a nivel mundial en los desastres naturales, es necesario fortalecer las acciones que ha venido liderando la Fuerza Pública en la atención de emergencias y desastres; porque según afirmaciones del informe del Ministerio de Defensa Nacional (2009), las amenazas naturales están aumentando más rápido que las capacidades actuales para reducir el riesgo, por lo que la Fuerza Pública requiere una estructura específica, organizada y entrenada que cuente con las capacidades y medios adecuados. Es necesario trabajar en el tema de prevención y atención de desastres, para cooperar y ser parte activa de operaciones internacionales en una solución de un problema global.

La Fuerza Pública debe contar con capacidades y repliegue oportuno que permita apoyar actividades de reconstrucción como lo son la asesoría, supervisión en los trabajos de remoción de escombros, reparación de construcciones y/o nuevas obras civiles de carácter prioritario para la comunidad; facilitar el transporte de alimentos, medicinas, estructuras, entre otros insumos críticos; se debe encargar de la seguridad, redes de comunicación y de emergencia, entre otros. En general, la Fuerza Pública conjuntamente puede apoyar de manera oportuna y coordinada la atención de las emergencias, generando acciones de socorro, contribuyendo en la articulación y liderazgo de los planes de atención y prevención de desastres, evaluando y detectando los índices de seguridad derivados de la situación de vulnerabilidad generada por un desastre natural y así generar estrategias de intervención (Baquero, 2009).

No obstante, hay que tener en cuenta que en una situación de desequilibrio y descontrol, donde sobrevivir y rescatar vidas es el objetivo inmediato, la represión del delito pasa a un segundo plano. Por ende, la prevención del delito tras un desastre natural cobra mayor importancia que la represión del mismo. Como afirma Guerrero (2007) la anticipación al fenómeno delictivo (prevención) se ha posicionado en la construcción de la política criminal en un estado social y democrático de derecho, donde el fenómeno delictivo se asume como un problema social. Para García-Pablos (1999) el éxito de la prevención del delito radica en la integración o sincronización del control informal y el control formal y en la transformación y positiva mejora del orden social.

VII. GESTIÓN DE RIESGO EN COLOMBIA

Hasta este punto se ha expuesto la génesis y dinámica de los delitos frente a los desastres naturales y el papel de la fuerza pública en la atención de los mismos. Sin embargo, en el presente artículo se quiere además de analizar estas variables, terminar por proponer unas líneas de acción guiadas a la atención y prevención de comportamientos delincuenciales en los desastres naturales, abordando a continuación el componente denominado gestión de riesgo.

En Colombia la política pública que abarca la prevención, mitigación, atención y recuperación de la sociedad ante la ocurrencia de un desastre natural se ha denominado "gestión de riesgos" (Lampis, 2010). La gestión de riesgo se llama al esfuerzo que realiza el Gobierno y los habitantes para reducir al máximo las perdidas morales y materiales de un desastre natural (Baena, 2011).

En el país la gestión de riesgo surge a raíz del desastre de Armero ocurrido en 1985 y desde 1989 se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastre SNPAD, siendo el primer país de la región con una propuesta integral en el tema. Este incluye un comité nacional, uno técnico y operativo, el fondo nacional de calamidades, comisiones asesoras y servicios nacionales. En 1998 se crea el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastre PNPAD, luego del terremoto de 1995 ocurrido en Pereira. El PNPAD surge con el objetivo de reducir el riesgo y prevenir desastres, dar una respuesta efectiva en casos de desastres y recuperación rápida de zonas afectadas. Sin embargo dos años después se evidenciaron fallas en áreas institucionales y económicas (Lampis, 2010; Baena, 2011). De esta manera, la gestión del riesgo en el país había sido más reactiva que preventiva, lo cual limita su integralidad y efectividad (Baena, 2011).

En el 2011 se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, considerando que desde el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado en 1989 se ha evidenciado la necesidad de mejorar su desempeño, dirección y coordinación, así como de adoptar una visión integral de gestión del riesgo de desastres, mediante el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo efectivo de desastres asociados con fenómenos naturales. Así las cosas, la UNGRD tiene como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continúo del SNPAD. Cuenta con protocolos de actuación y hay uno específico dirigido al Comandante Fuerzas Militares y Director de la Policía (UNGRD, 2011).

Según Lampis (2010) la gestión del riesgo en Colombia debe ser tenida en cuenta como una estrategia de desarrollo humano sostenible, así es importante hacer una intervención sobre la reducción de la vulnerabilidad, sobre el ciclo de desastres y una política pública de gestión de "riesgo colectivo".

Según lo anterior y considerando la misión de la Fuerza Pública frente a la seguridad y prevención del crimen, surge el cuestionamiento de las acciones que se están tomando en la atención y prevención de la criminalidad post-facto a los desastres naturales. En este punto se puede hacer referencia a una política pública en desastres que incluya un componente de criminalidad, enmarcando de manera similar a lo definido como política criminal; es decir, el conjunto de medidas que el Estado aborda para enfrentar la criminalidad (delito - delincuente) y la criminalización (pena y función de resocialización), especialmente en su prevención, represión y control de los delitos (Fiscalía de la Nación, s.f.) o como también se ha definido en política criminal, dentro del control social ejercido por el Estado para determinar los lineamientos de reproche y sanción de determinados comportamientos (Guzmán & Rodríguez, 2008).

Para concluir y como se ha mencionado, una vez analizado el por qué la criminalidad puede derivarse del nivel de vulnerabilidad de las regiones, se propone generar al interior de la política pública del país, líneas que estén encaminadas a las nuevas amenazas denominadas desastres naturales y que derivan multiplicidad de consecuencias en todos los escenarios de un país.

VIII. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD DERIVADA DE DESASTRES NATURALES

A continuación, se esbozan tres líneas de acción que merecen ser tenidas en cuenta al momento de diseñar la hoja de ruta en la prevención y atención de desastres, prestando vigilancia a la generación de comportamientos criminales derivados de los desastres naturales. Así:

1. Preparación para el desastre: Se requiere aminorar el efecto del impacto generado por los desastres naturales, preparándose para las posibles situaciones que se deben enfrentar si ocurre el evento. Para esto, las respuestas a realizar durante y después del desastre deben estar estructuradas. Es de vital importancia que tanto la población como las instituciones tengan conocimiento de los territorios en amenaza de peligros naturales, de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastre natural que los pueden afectar, y cuenten con información de cómo actuar ante estos. La información que se brinde debería incluir una visión prospectiva del riesgo que hay tras un desastre natural, es decir, los daños y pérdidas que pueden presentarse; esto incluye las etapas y reacciones que se pueden presentar desde el inicio del evento en los diferentes escenarios. Con el conocimiento del riesgo es posible generar una alerta temprana para que la comunidad se prepare para el desastre.

Este punto considera la prevención del crimen en un desastre natural, cuando las condiciones cambian y hay que actuar en ellas. La prevención en estos casos debería ser focalizada en brindar seguridad, teniendo especial cuidado con la probabilidad que el personal asignado para el control del crimen (vigilancia), sea víctima del desastre y sea difícil cumplir su función. Sabiendo el área afectada por el desastre natural los servicios policiales pueden dirigir sus esfuerzos en estas zonas de vulnerabilidad, mediante la reducción de los riesgos de infracción, lo cual también ayudará a mejorar la distribución de recursos y desarrollo sostenible.

2. Atención oportuna e inmediata: Las poblaciones quedan indefensas frente al desorden o inestabilidad producida por el desastre, la desorganización social conduce a una disminución en el control social seguido de un aumento de la delincuencia. Debido a esto, deben plantearse acciones que solventen las necesidades básicas de la población y en segunda instancia las necesidades estructurales que se generan por el evento. Los organismos del Estado deben desarrollar mecanismos de atención a las zonas y víctimas afectadas por el desastre natural, cubriendo todas las áreas en la población desestabilizadas (economía, vivienda, tejido social, alimentación y seguridad, entre otros), que inhiban el desenlace de otros fenómenos en la comunidad como la génesis de conductas criminosas post facto, debido al estado de vulnerabilidad asumida. En suma, es importante que las instituciones implicadas en la atención del desastre y criminalidad trabajen en equipo y eviten la dispersión de responsabilidades, reduciendo o evitando situaciones que pueden ser facilitadoras para cometer delitos y justifiquen en el delincuente sus acciones como forma de satisfacer las necesidades básicas.

3. Fortalecimiento de espacios defendibles: Frente a la oportunidad que puede desencadenar las consecuencias del desastre en las localidades para la comisión de conductas punibles, es necesario garantizar espacios defendibles. Según Newman (1996) la sociedad y los elementos físicos son elementos imprescindibles para la inhibición del crimen, de esta forma se pretende disminuir los objetivos más fáciles. Estos espacios se pueden fundamentar desde la Criminología ambiental y el programa CPETD (Crime Prevention Through Environmental Design). Esta estrategia puede reforzarse con la promoción de la vigilancia natural. Debido a la disminución del control social formal que tiende a presentarse tras el desorden social generado por un desastre natural, se puede entre otras acciones, fomentar el control informal entre los ciudadanos para intervenir o avisar cuando observen comportamientos criminales. Según Garrido et al (2001) el control realizado por cualquier persona que actúa en un momento dado contra la delincuencia sin que el control del delito sea su actividad profesional, puede inhibir o disuadir de que se realicen actos delictivos. De esta manera, se podría potencializar la participación ciudadana para mejorar la gestión del riesgo tanto en la prevención como en la atención.

En consecuencia, se afirma la importancia sobre la seguridad y estabilidad de las regiones, y la necesidad de considerar las anteriores acciones al interior de la política pública actualmente implementada en cuestión de gestión de riesgo.

CONCLUSIONES

El presente estudio surgió de la relevancia del tema en la actualidad, debido al cambio climático y el incremento de los desastres naturales a nivel mundial. El propósito fue comprender la génesis y dinámica de la criminalidad ligada a los desastres naturales, con el fin de plantear algunas líneas de acción al interior de la política pública de Colombia al interior de los desastres naturales, haciendo énfasis sobre la seguridad y estabilidad de las regiones para disminuir el riesgo de comisión de delitos en estados de emergencia por desastres naturales. Adicionalmente, se plantearon dos características del delito y se indagó sobre las acciones efectuadas por la Fuerza Pública en la atención y prevención de delitos en situaciones de desastre. A continuación, se concluirán los principales hallazgos contemplados en el texto.

En atención al creciente número de eventos naturales ocurridos a nivel mundial y en Colombia, se indagó sobre el tipo de desastre, número de personas afectadas y delitos ocurridos post facto a los desastres en el país, observando que al igual que Haití y Chile, existen conductas criminales enmarcadas específicamente en el hurto (saqueos) y lesiones comunes, entre otros delitos. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con claras evidencias que contraste lo planteado en la teoría y no se puede afirmar un aumento en la presencia de delitos posterior a un desastre natural. Es importante tener en cuenta que la capacidad de recoger datos es limitada, existen varios factores que posiblemente influyen en el registro de datos sobre actos delictivos que ocurren en desastres naturales.

En primer lugar, como se ha mencionado es difícil investigar la criminalidad derivada de desastres naturales, por las mismas características de la situación y el nivel de vulnerabilidad que se genera, por lo que se establecen prioridades para atender como lo es satisfacer las necesidades básicas, antes que registrar los delitos ocurridos. No obstante, lo encontrado y analizado supone una apertura para el estudio de la delincuencia en relación a los desastres naturales, y revela la importancia de generar políticas criminales ante las situaciones actuales.

Como se planteó, la génesis de la criminalidad derivada de desastres naturales se puede explicar desde varias teorías, donde la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas se ubica como el factor principal que incide en el surgimiento de hechos criminosos. Adicionalmente, existen teorías o hipótesis que explican cómo los factores de vulnerabilidad facilitan la comisión de delitos, las cuales se ajustan a las condiciones generadas en un desastre.

Es así como para la teoría de la anomia (Durkheim, 1895; Merton, 1973) la sociedad pierde el orden estable cuando no se cuenta con una clara regulación de normas, esto hace que los individuos tengan la oportunidad para la comisión del crimen. Así, según las teorías sobre estructuras de oportunidad del delito o situacionales (Cohen & Felson, 1979; Wilson & Herrnstein, 1985; Cornish & Clarke, 1986; Garrido & López, 1995; Garrido et al., 2001), se puede considerar cuando una persona valora y evalúa una oportunidad como favorable para cometer un delito, puede aprovecharla. En una situación de desastre, la vigilancia se torna deficiente y la desorganización social permite que surjan objetivos atractivos, de esta forma existe una probabilidad mayor de que ocurra un evento criminal.

En este orden de ideas, ante una situación de desastre se produce abandono de las actividades económicas, generando un desequilibrio tanto social como económico, que pueden desencadenar conductas criminales. En esta cadena de hechos, las instituciones encargadas de la atención del desastre y criminalidad pueden entrar a un estado de caos y pérdida de autoridad debido a la incapacidad de generar soluciones.

Por lo anterior, en el desarrollo del tema surgió el cuestionamiento de lo que se podría establecerse como delito en una situación de desastre, y lapropuesta interpretativa sobre las dos categorías en que se estipula la génesis del delito en dos escenarios: el primero, el delito cómo satisfacción de necesidades básicas y el segundo enmarcado en los delitos con un fin en sí mismo. Características que merecen el desarrollo de políticas criminales y de la participación de la Fuerza Pública.

A modo de conclusión, no es posible determinar que ante un desastre natural hay un incremento de la criminalidad, sin embrago no se puede negar que cuando sucede un evento de vulnerabilidad y desorden social, hay mayor probabilidad de que se generen conductas desviadas en la comunidad afectada o en otras que aprovechen la situación de oportunidad para obtener un beneficio particular. Por tanto, la política de gestión del riesgo desde una perspectiva integral, debe contemplar acciones dirigidas a la seguridad, entre otras necesarias para generar bienestar entre la población.

Para futuras investigaciones relacionadas al tema de desastres naturales y criminalidad, se recomienda indagar a las personas afectadas sobre su percepción del nivel de criminalidad derivado de la situación de vulnerabilidad en la que estaban, debido a los desastres naturales.

Una limitante importante en la redacción de políticas públicas, es la incongruencia en las diferentes instituciones que participan como apoyo a la comunidad tras un desastre natural, por tanto se sugiere realizar un estudio en donde se especifiquen cuáles son las organizaciones que intervienen ante estos eventos, sus funciones y alcances, con el fin de lograr unificar las diferentes responsabilidades y llevar a cabo un trabajo de coordinación.

Existen vacíos en información relacionada con delitos que ocurren durante y luego del desastre como consecuencia del mismo; por tanto, se sugiere diseñar un mecanismo y sistema de información.

De acuerdo con lo planteado a lo largo del artículo, se pueden generar programas para la atención y prevención de la criminalidad en situaciones de desastres, haciendo énfasis sobre la seguridad y estabilidad de las regiones a partir de las acciones acá propuestas.

1. Término utilizado en microbiología para definir un método de multiplicación para microorganismos. Proceso creado que genera un ambiente propicio para que algo se desarrolle.

2. Es la utilización de la violencia como instrumento para otro fin distinto a ejercer violencia. (ejemplo: Uso de la violencia física o lesiones personales, con el objetivo de obtener alimento o agua que permita satisfacer sus necesidades individuales)

3. Se podría hablar de violencia instrumental, es decir, el delito fue utilizado como un instrumento para satisfacer su necesidad primaria. El delito no era el objetivo en sí mismo, el objetivo era obtener alimento o agua, utilizando como herramienta la comisión del hecho criminal.

4. Ver pirámide de Maslow (1943): teoría sobre la motivación humana, donde diseña una jerarquía de necesidades, estipuladas en: fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.

5. Eje mencionado por Gabriel Aguilera (Viceministro de relaciones exteriores de Guatemala), en la conferencia especial sobre seguridad de las Naciones Unidas. (2003)

6. Sistema coordinado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la cual depende directamente de la Presidencia de la Republica de Colombia.

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