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INTRODUCCIÓN
La impunidad o su percepción constituye una variable compleja que puede estar asociada a la generación directa o indirecta de criminalidad, convirtiéndose en uno de los aspectos más críticos para cualquier gobierno y su administración de justicia (Organización de las Naciones Unidas, 2012). Siguiendo a Barreto y Rivera (2009), delimitan el concepto de impunidad en la falta de castigo ante un delito, y señalan la dificultad para su definición debido a la ausencia de mediciones estructuradas del constructo "impunidad".
El fenómeno impunidad soporta consecuencias desfavorables: representa una transgresión de los derechos de la víctima, enfatiza el descrédito del sistema judicial, fomenta la percepción de inseguridad, y se convierte en amparo para los delincuentes que confían en el no otorgamiento de una condena ejemplar, favoreciendo el inicio y consolidación de carreras delictuales (Sanabria & Uribe, 2010). Por tanto, para guiar la discusión aquí presentada se tomó la definición de impunidad de Naciones Unidas (2005) y citada por la Comisión Colombiana de Juristas (2007):
Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de las violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. (p. 37)
Una vez identificado el concepto de impunidad y para operacionalizar la percepción respecto a la misma se revisaron algunos estudios; y se encontró que las investigaciones sobre impunidad o su percepción tienen una dificultad común: la imposibilidad de medir completamente el fenómeno, en razón de que la impunidad social (cantidad de denuncias que nunca llegan a la policía o al sistema judicial y que se origina en la llamada criminalidad oculta) solo puede ser medible a través de encuestas de percepción o victimización, y resulta complejo medir la impunidad penal, que se relaciona con la criminalidad reportada, que involucra dificultades en el esclarecimiento y sanción (Restrepo & Martínez, 2004).
Por ello se consideró en esta investigación que la percepción de impunidad, más que la impunidad real, comporta múltiples consecuencias negativas al nutrir la percepción de inseguridad en la ciudadanía, lo cual afecta el desarrollo de la criminalidad en los victimarios, el desempeño y decisiones de ciudadanos, víctimas y funcionarios del sistema judicial, lo cual termina beneficiando directa o indirectamente el mantenimiento de un escenario que motiva la generación de delincuencia, que debe ser considerada como un problema de seguridad ciudadana porque afecta tanto la integridad física, psicológica y social, lo cual genera una percepción de inseguridad, incredulidad institucional y desintegración social (Jackson, Gray & Farrall, 2009; Kessler, 2004; Pichardo, 2006; Sanabria & Uribe, 2010).
En consecuencia, para el desarrollo del estudio se planteó la pregunta de investigación ¿cuál es la influencia de la percepción de impunidad en la generación de criminalidad frente a los delitos de hurto y homicidio en la ciudad de Bogotá?, y se orientó el objetivo de la investigación a determinar la existencia de un escenario de percepción de impunidad y su influencia en la generación de criminalidad para estos delitos en un territorio local1.
En esta línea se delimitaron tres tipos población (funcionarios del sistema judicial, victimarios y víctimas), mediante los cuales se obtuvo información para el análisis del fenómeno, debido a su vinculación directa con el delito y la justicia en Colombia, y se identificó la influencia de la percepción de impunidad en cada uno de ellos y su injerencia en la criminalidad. Finalmente, a través del análisis de la información recolectada y la aplicación de la Teoría de Elección Racional y la Teoría de Juegos se identifican algunas líneas de acción traducidas en recomendaciones; las cuales pueden ser útiles en materia de política pública para el tratamiento de la impunidad en Colombia, descritas en los últimos acápites de este artículo.
¿Qué indica la evidencia empírica reciente en Colombia?
Para documentar la investigación e integrar los hallazgos de la evidencia empírica acerca de la percepción de impunidad se revisó la literatura reciente respecto al tema, y se encontró algunos aportes desde diferentes ópticas, los cuales son destacados inicialmente con el Informe del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas presentado en la Sexta Cumbre de las Américas, el cual destaca el papel de la impunidad como piedra angular para alcanzar la seguridad ciudadana en la región (ONU, 2012).
Así mismo, un estudio realizado por el Ministerio del Interior en el año 2009 dirigido al "Fortalecimiento del Sector Justicia para la reducción de la Impunidad en Colombia; concluyó que la crisis del sector justicia y la forma de abordar el crimen está en "El pretender resolver todos los males del país por medio únicamente de la aplicación del sistema penal y asumir una actitud exclusivamente represiva frente al crimen" (Ministerio del Interior, 2009). En la misma línea, informes sobre la situación de Derechos Humanos del delegado de los DD. HH. de los Estados Unidos para Colombia de 2011, 2012 y 2013 fueron reiterativos en señalar que la impunidad y un sistema judicial ineficiente son los problemas más serios que ha enfrentado Colombia (Embajada de Estados Unidos de América, 2011, 2012, 2013).
Unido a los planteamientos enunciados en los dos párrafos anteriores se amplió el escenario multidimensional de la impunidad con los resultados de una investigación titulada "Una mirada a la Impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio", desarrollada por el Ministerio del Interior y de Justicia en conjunto con la Unión Europea, quienes afirmaron que la política criminal debe articularse con la política social, modificando el carácter reactivo del Estado por un carácter preventivo, apoyándose en la descentralización administrativa como instrumento que puede garantizar la eficacia regional (Barreto & Rivera, 2009).
La percepción de impunidad como constructo social se ubica entonces en un fenómeno más amplio del escenario "criminalidad". En consecuencia, al analizar el hurto y homicidio con respecto a la impunidad se identifica su condición multicausal, en la que no solo están presentes factores internos del individuo sino factores que hacen parte del entorno local y nacional, como las condiciones políticas, sociales, económicas y judiciales, las cuales pueden influenciar la ejecución de las conductas desviadas y estimular formas de control que van desde el rechazo o la presión social hasta la aplicación del sistema jurídico penal (Consejo Superior de la Judicatura, 2000). Por tanto, el objetivo de esta investigación estuvo dirigido a estudiar la percepción de impunidad para reducir el miedo de las personas al delito y afrontar su posible incidencia en la generación de delincuencia, asociándola y entendiéndola como el temor de los ciudadanos a la inseguridad y al crimen.
DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio y variables
La investigación es de tipo exploratoria descriptiva a través del diseño y aplicación de entrevistas semiestructuradas, además del análisis de encuestas de percepción desarrolladas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Se estableció como variable predictora "percepción de impunidad" y "criminalidad" como variable de criterio, las cuales fueron explicadas con el uso de la Teoría de Juegos y Elección Racional.
Participantes: victimarios, funcionarios del sistema judicial y víctimas
Victimarios: La selección de los victimarios participantes en el estudio obedeció a una muestra de carácter intencional condicionada a la voluntariedad de participación con el estudio de condenados por hurto y homicidio, conformada por 46 reclusos (Cárcel El Buen Pastor y Cárcel La Picota), 28 sindicados y condenados por el delito de hurto (71 % mujeres y 29 % hombres), 18 sindicados y condenados por el delito de homicidio (56 % mujeres y 44 % hombres). El 50 % del total de la población tenía menos de 35 años, el 25 % menos de 25 y el restante más de 36. El 53 % de la población terminó la secundaria, el 23 % primaria y el 24 % restante tenía título de formación técnica, de pregrado, tecnológico o de posgrado.
Funcionarios del Sistema Judicial: La muestra correspondiente a los funcionarios estuvo conformada por diez miembros de policía judicial de las Áreas Investigativas de Delitos contra la Vida e Integridad Personal y Delitos contra el Patrimonio Económico de la DIJIN, cuatro jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y dos fiscales adscritos a las fiscalías seccionales de hurto y homicidio de Bogotá. En concreto; el total de los 26 funcionarios del sistema judicial lo conformaron 20 hombres y 6 mujeres (rango de edad 35 y 45 años -todos con estudios de postgrado: fiscales y jueces). El criterio de participación de los funcionarios judiciales en el estudio se rigió por la voluntariedad de participación y vinculación con la investigación judicial de los delitos de hurto y homicidio.
Víctimas
Para evitar su victimización secundaria2 se utilizaron los resultados de las encuestas de percepción y victimización, de convivencia y seguridad ciudadana realizadas en Bogotá.
Instrumentos
Para indagar sobre percepción de impunidad en víctimas se retomaron encuestas de percepción y victimización, de convivencia y seguridad ciudadana realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Encuesta de Cultura Política y Democracia en Colombia y las Américas 2012, del Barómetro de las Américas (Proyecto de Opinión Pública de América Latina - LAPOP).
La selección de este tipo de encuestas tuvo como objetivo analizar los indicadores de victimización y percepción de inseguridad en la ciudad capital, como variables que se encuentran intrínsecamente asociadas con la temática de estudio, las cuales conllevan a identificar la existencia o no de un escenario de percepción de impunidad social en la ciudadanía.
En tal sentido, se buscó medir la incidencia de este fenómeno respecto a la decisión ciudadana de denunciar o colaborar con la justicia, como elemento que afecta la criminalidad (hurtos y homicidios) y repercute de manera negativa en la efectividad del aparato judicial, lo cual motiva a delinquir. Connotación derivada de la presunción con respecto a la incidencia de la percepción de impunidad, como un fuerte incentivo negativo frente al deber de denuncia ciudadana; ya que si la percepción ciudadana respecto a la posibilidad de una judicialización y condena efectiva es baja, la probabilidad de denuncia y colaboración se hace menor, lo cual acrecenta las cifras de impunidad y se consolidan escenarios de percepción de la misma.
En los victimarios, previo diseño y validación por parte de un equipo de jueces tripartito, se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas, cada una compuesta por 57 preguntas, dirigidas a sindicados y/o condenados por los delitos de hurto y homicidio. Se buscó indagar sobre la existencia de escenarios de percepción de impunidad desde su experiencia personal y su afectación en el momento de tomar la decisión de hurtar o asesinar por primera vez o de manera reincidente.
En cuanto al abordaje de los funcionarios del sistema judicial3, se utilizó un cuestionario compuesto por 52 preguntas dirigidas a establecer desde su experiencia laboral la existencia de un escenario de percepción de impunidad y su influencia en las decisiones que adoptan.
Estructura de los instrumentos
Los formatos de entrevistas semiestructuradas estuvieron compuestos por cuatro secciones. La primera indagó por datos sociodemográficos; la segunda buscó determinar si existe desde la visión de cada actor un escenario de percepción de impunidad como variable predictora para continuar con una tercera dirigida a indagar sobre la influencia de esta percepción en la generación de criminalidad frente a los delitos de hurto y homicidio como variable criterio, siendo estas dos secciones las más relevantes. Se finalizó con una cuarta, que preguntó a cada actor sobre posibles líneas de acción o estrategias desde cada rol.
Procedimiento
Antes de iniciar la aplicación de los instrumentos se entregó la propuesta de investigación a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para el estudio de su viabilidad y evaluación de la pertinencia, y obtuvo un concepto favorable de viabilidad. Igualmente, para el acceso a la población participante en el estudio se realizaron reuniones y trámites administrativos, y se obtuvo la autorización de las diferentes instancias en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario4 (Inpec), Fiscalía General de la Nación5, Policía Nacional6 y Juzgados7 de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá para la aplicación de los instrumentos con los participantes de la investigación.
Previo a la aplicación de las entrevistas cada actor diligenció un formato de consentimiento informado, en el cual se les dio a conocer el objetivo de la investigación, procedimientos, justificación y manejo confidencial de la información para fines investigativos, acorde con los postulados éticos que requiere esta clase de estudios.
Los instrumentos se aplicaron a 46 victimarios (28 de hurto y 18 de homicidio) y 26 funcionarios judiciales (10 de policía judicial, 12 fiscales de hurto y homicidio, 4 jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá).
Posteriormente se efectúo la transcripción, tabulación y análisis de la información y se obtuvo la identificación de escenarios y aspectos desde la perspectiva de los tres actores escogidos, para finalizar con la aplicación del análisis con la Teoría de Elección Racional para los resultados de víctimas y victimarios y la Teoría de Juegos para los resultados de funcionarios judiciales, con miras a entender las decisiones de los actores y la delimitación de recomendaciones.
• Teoría de Elección Racional (TER):Abitbol y Botero (2005) y el premio nobel de economía en 1992 Gary Becker8 abordan el proceso de decisión de los individuos bajo la suposición del contenido detrás de las decisiones de una persona, en el cual se comparten dos propiedades:
- "Intencionalidad de la acción", referida a la consecución de los objetivos de la persona al momento de tomar decisiones.
- "Racionalidad", dirigida a la búsqueda de la maximización de la utilidad esperada, entendiendo que una acción racional es aquella que se elige porque su agente cree que los beneficios superan los costos (Abitbol & Botero, 2005; Becker, 1968).
• Teoría de Juegos: El enfoque planteado por el premio nobel de economía en 1994 John Forbes Nash hace posible entender las lógicas de interacción entre sujetos, basando la decisión individual en el resultado que se espera del otro. Con otras palabras, analiza el comportamiento estratégico de dos o más individuos, y plantea un esquema en que los individuos toman decisiones "racionalmente" de manera colectiva e interactiva, haciendo énfasis en la posibilidad de lograr maximizar sus beneficios individualmente al menor costo bajo dinámicas colectivas de simultaneidad (Nash, 1996; Monsalve, 2003).
RESULTADOS
De acuerdo con las variables principales9 definidas para la consecución del objetivo del estudio, en la tabla 1 se condensaron los resultados generales de la investigación, los cuales deben ser leídos frente a cada grupo poblacional que conformó la muestra: víctimas, victimarios y funcionarios judiciales. Los actores se relacionaron en la columna 1 (grupo poblacional y número de participantes), plasmando frente a cada uno, en las columnas 3 y 4, que constituyen la columna vertebral de la tabla, la respuesta obtenida respecto a si existe un escenario de percepción de impunidad y su influencia en la generación de criminalidad respecto a los delitos de hurto y homicidio en la ciudad capital, respectivamente. Y en la última columna (5) se plasmó la principal posible línea de acción identificada por cada actor. Respecto a los tres grupos poblacionales se concluyó que sí existe un escenario de percepción de impunidad, el cual influencia y motiva la generación de criminalidad respecto a los delitos de hurto y homicidio en Bogotá.
Percepción de impunidad en víctimas
Los resultados fueron organizados en Indicadores de victimización, Percepción de inseguridad, La denuncia y Posibles líneas de acción como resultado de la aplicación de la Teoría de Elección Racional (TER).
• Indicadores de victimización: Al analizar el estudio realizado por LA-POP (2012) en veinticuatro países de Latinoamérica, Bogotá ocupó el quinto puesto de hogares victimizados por la violencia, con un indicador del 53 %, y donde existe victimización directa (29.5 %) e indirecta10, cuya cifra es mayoritaria (40.5 %), lo cual refuerza la existencia de una cifra oculta de criminalidad que origina impunidad so-cial11, repercutiendo en la formación de un escenario de percepción de impunidad.
Al examinar los indicadores de victimización a lo largo del tiempo, conforme a la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, se observó que para el segundo semestre de 2012 se reportó un 31 % de victimización, cifra que aumentó a un 38% para el primer semestre de 2013, lo cual evidencia un aumento en relación con 2011 (20 %). El hurto a personas y homicidio común constituyeron los delitos que más preocupan a los ciudadanos (ver figura 1).
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2013).
Figura 1 Indicador de victimización 1998-2013. (CCB, 2013)
• Percepción de Inseguridad: En el segundo semestre de 2012, el 40 % de los encuestados percibió que la inseguridad había aumentado respecto a la encuesta anterior de la Cámara de Comercio de Bogotá, con una diferencia no tan significativa del 2 %, porcentaje que al ser comparado con el primer semestre de 2013 aumentó en un 7 % (ver figura 2).
Las cifras de los indicadores del DANE (2012) mostraron que es un problema sostenido en el tiempo, y confirmaron la existencia de dinámicas de percepción de impunidad, representadas en las víctimas directas e indirectas de los punibles de hurto y homicidio (ver figura 3).
Dicha percepción de inseguridad está fuertemente relacionada con la calificación del servicio proporcionado por las instituciones estatales y bajos niveles de confianza en el sistema. Conforme a la encuesta de LAPOP (2012), la Policía Nacional, que hace parte del sistema judicial, puntuó con 53.5 %, y el sistema de justicia, integrado por otras instituciones del orden nacional, en 2012 solo obtuvo 48.9 %, lo cual es coherente con la existencia de un escenario de percepción de impunidad. En suma, en contraste con los resultados de la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá del primer semestre de 2013, se identificaron bajos niveles de confianza en el desempeño de la justicia, y se priorizó como criterio de menor confianza la falta de rapidez y efectividad del sistema judicial, con un 8 % para 2013, y al compararlo con 2012 disminuyó en un 10 %, lo cual demuestra la necesidad de mejorar la imagen del sistema de justicia como un todo integral.
• Denuncia. Según el análisis de los resultados de la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá (2013), tan solo una de cada cuatro víctimas denunció el delito ante las autoridades, y se observa que el valor promedio de denuncia en la ciudad capital durante los últimos 14 años fue de 33 %, y presentó un decremento durante 2011 y 2012 (ver figura 4). Entre las razones para no denunciar se encontró la falta de confianza en las autoridades, con un 28 %. Aspectos como las demoras (19 %) y trámites complicados (15 %) coadyuvan a incrementar la desconfianza y la no denuncia.
• Aplicación de la Teoría de Elección Racional
Partiendo del factor que más incidió en la generación de percepción de impunidad como precipitante de criminalidad: la no denuncia y ausencia de colaboración ciudadana12, se planteó un escenario orientado a conocer las lógicas con las que la ciudadanía toma decisiones en contextos de alta percepción de impunidad, en el que la mejor opción para el ciudadano es no denunciar ni colaborar pero verse beneficiado por factores externos relacionados con un buen funcionamiento y articulación del sistema judicial (ver figura 5).
Con la aplicación de TER se observó una debilidad que se debe fortalecer, enfocada a mejorar la articulación de la ciudadanía con las autoridades que integran el sistema judicial, sobre la base de la no denuncia y colaboración ciudadana.
Percepción de impunidad en victimarios
La información se organizó en Percepción de impunidad, Factores que según los victimarios generan criminalidad a partir de esta percepción, Posibles líneas de acción que ellos consideran pertinentes para combatir esta problemática y Aplicación de la teoría de elección racional.
• Percepción de impunidad. Los entrevistados por el delito de hurto consideraron que la justicia, entendida como sistema judicial, no hace bien su trabajo en un 74 % y un 79 % estimó que hay percepción de impunidad. En lo que atañe a homicidio, coincidieron en señalar que la justicia no hace bien su trabajo en un 86 % y un 94 % señaló que hay percepción de impunidad.
• Factores que generan criminalidad. Los principales factores que los victimarios de hurto y homicidio identificaron y concatenaron como generadores de percepción de impunidad son: congestión judicial por falta de funcionarios y recursos logísticos, abstención de denuncia y capacitación inadecuada a los funcionarios judiciales; situación que repercute en ineficiencia del sistema judicial por falta de aplicación efectiva de la ley, lo cual con lleva a una baja probabilidad de condena y, por tanto, redunda en la libertad personal del victimario
En consecuencia, respecto al hurto y homicidio, respectivamente, el 81 y el 93 % de los victimarios consideraron que esta percepción tiene una influencia importante sobre la decisión de llegar a hurtar o asesinar posteriormente. Concluyeron que las leyes sí son efectivas para evitar su comisión, pero la probabilidad de una condena y una privación de la libertad ejemplar acorde con ella, según su percepción, es baja, y en función de esto, su estadía en la cárcel no llega a tener un impacto realmente significativo para evitar la reincidencia.
• Posibles líneas de acción. Los victimarios se inclinaron hacia medidas que converjan en una adecuada y efectiva aplicación de la ley, a través de una justicia más enérgica que se materialice en condenas ejemplares, como mecanismo disuasivo para prever la criminalidad desde un ámbito represivo, lo cual repercutirá en el ámbito preventivo respecto al tema de reincidencia. Esta apreciación coincide con el porcentaje de delitos que según su propia experiencia y relato no fueron sancionados y/o condenados (45 % para el caso de hurtos y 77 % para homicidios).
Lo anterior de la mano de estudios de disuasión que estiman que las sanciones, en función de la severidad, la celeridad, la fuerza del castigo, es decir, la duración de las penas y la rapidez con la que se castigue, tienen un impacto importante en el comportamiento de los sujetos y la decisión de cometer un delito (Trajtenberg & Aloisio, 2009). Esta afirmación debe apreciarse en función de la aplicación efectiva de la ley, acorde con lo señalado por los victimarios entrevistados, que coincidieron en afirmar que las leyes, como mecanismo disuasivo, sí son efectivas para evitar la comisión de hurtos y homicidios, pero debido, según su propio relato, a la baja probabilidad de captura y condenas ejemplarse, su estadía en la cárcel no llega a tener un impacto realmente significativo para evitar la reincidencia. En este contexto, el 43 % de los victimarios de hurto consideró que las leyes sí son efectivas para evitar la comisión de delitos; proporción que aumentó para los de homicidio en un 60 %.
• Aplicación de la Teoría de Elección Racional (TER) frente a resultados de victimarios
La decisión preponderante que influyó los escenarios de percepción de impunidad como precipitante de criminalidad frente a su decisión de delinquir o no hacerlo se tomó en función de su libertad13, como variable que mejor aprecia este actor, planteando con base en ella la teoría de elección racional para tomar la decisión de delinquir o no hacerlo, que constituye la segunda variable, en la que valora la posibilidad de recibir un beneficio al menor costo: delinquir sin ser capturado y/o condenado a una pena ejemplar por falta de aplicación efectiva de la norma (ver figura 6).
Partiendo de las variables A (delinquir) y B (no delinquir), los tres escenarios que podrían presentarse son: A: valoración 0,2 = el victimario tiene la posibilidad de delinquir y ser capturado; A: valoración 0,8 = el victimario tiene la posibilidad de delinquir y no ser capturado, y B: valoración 1= el victimario no delinque, y por lo tanto no es capturado; constituyendo esta última la peor opción para el delincuente por no cometer delito alguno en razón de que su forma de vida se fundamenta en la comisión de algún delito (es la de mayor ponderación). Como resultado se tomó como la mejor opción para el victimario la de poder delinquir y no ser capturado (ver figura 6).
En suma, la estrategia debería dirigirse a robustecer dentro de un marco preventivo de la seguridad pública el sistema de justicia para una adecuada aplicación de la ley como variable principal, incluyendo el procedimiento, sanción y ejecución de la condena, que se encuentra atada a variables secundarias como la congestión judicial, falta de capacitación y limitación de recursos, que pueden ser administrados y potencializados de una mejor manera.
Percepción de impunidad en funcionarios judiciales
La información se clasificó en Percepción de impunidad, Factores que generan criminalidad y Aplicación de la teoría de juegos.
• Percepción de impunidad. El 92 % de los funcionarios del sistema judicial consideró que sí existe una percepción de impunidad alta en Bogotá, que se acentúa más para el delito de hurto, siendo la experiencia propia (19 %), seguida de los efectos producidos por los medios de comunicación (11 %), los factores que consideraron más influyentes en la creación de esta percepción.
Al indagar si la percepción de impunidad podría llegar a incidir respecto a cometer hurtos y homicidios en Bogotá, los funcionarios del sistema judicial concordaron positivamente en un 88 % para hurto y en un 70 % para homicidio.
• Factores que generan criminalidad. Desde su actuar, el factor preponderante en la generación de escenarios de percepción de impunidad que se tomó como variable principal y se tuvo en cuenta para la aplicación de la Teoría de Juegos fue la falta de sinergia institucional entre los funcionarios del sistema (policía judicial, fiscales y jueces de la república); la cual puede estar influenciada por otras variables que por ser ajenas a su voluntad se tomaron como secundarias (falta de recursos: humanos, logísticos y financieros), las cuales a su vez inciden en congestión judicial. Estas variables repercuten igualmente en la aparición de otros factores, como baja probabilidad de captura y condena, identificada en el escenario de los victimarios y la abstención de denuncia que puntuó en el escenario de las víctimas. En este sentido, el 52 % de los entrevistados contempló que su trabajo pudo haber generado percepción de impunidad.
• Aplicación de la Teoría de Juegos
Para la aplicación del árbol de decisión se tuvo en cuenta, respecto a cada actor, la opción de cooperar adecuada y simultáneamente con los otros funcionarios y auxiliares del sistema judicial, como elemento primario, en la que en una escala de 1 a 4, 1 representó el menor puntaje de cooperación y 4 el mayor (ver figura 7).
La policía judicial (actor A) como pilar esencial de la investigación judicial es quien plantea las bases del juego, el fiscal (actor B) direcciona y decide a partir del escenario planteado, y el juez (actor C) decide a partir de las actuaciones y decisiones de policía judicial y del fiscal, siendo los posibles escenarios:
• 4-1-3 = la policía judicial efectúa una excelente recolección probatoria; la Fiscalía realiza una deficiente labor, y el juez juzga acorde con el recaudo probatorio.
• 4-1-1 = la policía judicial realiza una excelente labor; la Fiscalía no hace una adecuada valoración probatoria, que se refleja en la abstención de apertura formal de investigación.
• 4-2-3 = la policía judicial hace una excelente recolección probatoria; la Fiscalía realiza una valoración aceptable del material probatorio, y el juez desarrolla una sobresaliente valoración probatoria.
• 2-4-2 = la policía judicial hace una aceptable recolección probatoria; la Fiscalía redirecciona el recaudo faltante del material probatorio, pero el juez efectúa una regular valoración.
• 3-1-3 = la policía judicial hace una sobresaliente recolección de las pruebas; la Fiscalía realiza una deficiente labor, y el juez hace un trabajo sobresaliente.
• 1-3-2 = la policía judicial hace una deficiente recolección probatoria; la Fiscalía realiza una buena labor, y el juez hace una regular labor.
• 1-4-4 = la policía judicial desarrolla una inadecuada recolección probatoria; la Fiscalía realiza una excelente labor, redireccionando el recaudo faltante del material probatorio, y con base en ello el juez hace una sobresaliente labor.
• 1-4-2 = la policía judicial hace una deficiente labor; la Fiscalía efectúa una excelente labor, y el juez realiza un trabajo regular.
En razón de que la investigación penal va encaminada a la búsqueda de la verdad material y real con fundamento en la prueba, se tomó y ponderó como la labor más importante la desarrollada por la policía judicial, y se escogió como mejor opción el escenario 4-2-3, donde esta es la que más está dispuesta a cooperar. Como resultado, los esfuerzos deberían dirigirse a fortalecer la sinergia interinstitucional y la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros para la adecuada recolección, manejo, direccionamiento, valoración y apreciación de las pruebas. Ello repercutirá en la calidad y especialización de este servicio, y posibilitaría la descongestión judicial y mejor y mayores resultados. El rol del investigador judicial es protagónico, y es necesaria su preparación con altos estándares de calidad.
CONCLUSIONES
Con la información y análisis realizado en la investigación se puede pensar en la existencia en Bogotá de una percepción de impunidad alta, relacionada con el inadecuado funcionamiento del sistema judicial como elemento común para los tres actores (víctimas, victimarios y funcionarios judiciales), basado ello en la identificación desde el actuar y la apreciación de cada uno con respecto a las variables primarias y secundarias catalogadas como debilidades (se relacionan a continuación). Por tanto, al entrelazarse estas desarrollan un círculo de realimentación que motiva la generación de criminalidad respecto a los delitos de hurto y homicidio (ver figura 8).
• Desde la perspectiva de los funcionarios judiciales, se identificó como variable principal la falta de articulación y sinergia entre las instituciones que hacen parte y colaboran con el sistema judicial (policía judicial, fiscales y jueces). Ello obedece en gran medida (según sus palabras) a que su trabajo no es valorado por los otros actores del sistema, lo cual repercute en congestión judicial. Lo anterior asociado a variables secundarias (por ser ajenas a su voluntad), tales como falta de funcionarios, recursos logísticos, financieros y capacitación adecuada; en particular respecto al desarrollo de funciones de policía judicial, como soporte ineludible de la investigación, judicialización, condena y ejecución de la misma. En consonancia, al presentarse un desequilibrio entre oferta y demanda por no contar con los recursos propicios, se evidencian atrasos en el proceso, lo cual conlleva a una victimización directa que repercute en la victimización indirecta en la creación del constructo social de percepción de impunidad por parte de la ciudadanía.
La debida articulación de los operadores judiciales del sistema y la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros, dentro de cada etapa del proceso penal y entre ellas, con sujeción a los principios del derecho penal y procesal penal, que logre evidenciar una adecuada sinergia y coordinación interinstitucional, incluyendo el seguimiento, control y redireccionamiento de los procesos, podría ser la base para contrarrestar las dinámicas de percepción de impunidad, y posibilitaría la descongestión judicial y mejores y mayores resultados. Así mismo, la falta de sinergia institucional e interinstitucional incide en los resultados de las investigaciones y la percepción de impunidad; componente argumentado por los funcionarios judiciales, quienes manifestaron que en cualquiera de las etapas del proceso es desalentador ver su labor carente de resultados o creer que es así, por lo que la falta de eficiencia del sistema en general o la ausencia de información objetiva sobre los resultados puede generar ineficiencia individual y percepción de impunidad.
• Los victimarios atribuyen la debilidad del sistema judicial a la aplicación inadecuada de la norma como variable principal, lo cual genera en su sentir baja probabilidad de ser capturados y condenados como variable secundaria, lo cual motiva el imaginario colectivo de que es posible archivar un proceso sin llegar a condenar al culpable y esto motivó su decisión de delinquir. Con otras palabras, contribuye a generar más criminalidad y a desarrollar dinámicas de reincidencia. (Se aclara que su evaluación sobre la ley penal es positiva; la debilidad radica en su debida aplicación).
• Las víctimas abogan por la opción de no denuncia como la mejor decisión aplicable al hurto, que se asocia a abstención de colaboración para el caso del homicidio, argumentando como motivante y variable principal la falta de confianza en las autoridades, enfrentada con variables secundarias relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial (demoras de tiempo para la formulación de la denuncia y trámites complicados), lo cual repercute en bajos resultados del sistema judicial y continúa con el ciclo rotativo (figura 8).
• Como elemento transversal se identifica, producto del análisis de las encuestas de percepción elaboradas por CCB, DANE y LAPOP, la influencia de los medios de comunicación en la representación que se tiene del mal funcionamiento del sistema de justicia (repercusión en percepción de impunidad), lo cual repercute no solo en el actuar de víctimas y funcionarios judiciales, sino en los victimarios.
5. RECOMENDACIONES
Para la elaboración de algunas recomendaciones derivadas de este estudio, se pretendió lograr el diseño de una estrategia incluyente, que intentara abordar y prevenir la aparición de las variables principales y secundarias, las cuales debilitan la imagen y percepción sobre los resultados poco favorables del funcionamiento del sistema judicial, implicando el fortalecimiento de la Seguridad Pública. Ello, partiendo del necesario acceso y manejo de información objetiva como eje central y primario para facilitar el seguimiento y articulación desde la denuncia o inicio de la investigación preliminar hasta la ejecución de la condena, si es del caso, y entre este y la ciudadanía, apuntando a una modernización del Estado, desarrollo institucional, organizacional del sistema judicial y optimización de recursos humanos, logísticos y financieros.
Para tal fin es necesario contar con un Sistema Unificado Integral de Información, que asegure sinergia entre las distintas instituciones, y coadyuve al funcionamiento del sistema judicial de manera integrada y no por entidades segmentadas, lo cual repercutiría en la efectividad y rapidez para dar solución a las distintas problemáticas; cuyos resultados difundidos a través de los medios de comunicación mejorarán los escenarios de percepción de impunidad, lo cual motivaría la denuncia y colaboración activa de la ciudadanía, lo cual a su vez impactaría en la eficacia del sistema judicial (ver figura 9).
Este sistema no solo permitirá efectuar un seguimiento a las investigaciones hasta su culminación, brindando la oportunidad de redireccionar y maximizar los esfuerzos y recursos, sino que puede manejar variables para que los operadores judiciales prioricen la investigación de delitos de alto impacto a la seguridad ciudadana y percepción de la misma. Lo anterior contribuirá a la descongestión judicial, optimización de recursos humanos y logísticos, mayor coordinación y trabajo en equipo, mejores resultados en la aplicación efectiva de la ley, que al ser difundidos a través de los medios de comunicación mejorarán los escenarios de percepción de impunidad, lo cual motivará la denuncia y colaboración activa de la ciudadanía. Al articular la labor entre los funcionarios del sistema judicial con la participación activa de la ciudadanía y de los medios de comunicación, se podrá contar con una herramienta útil para que los operadores judiciales identifiquen con mayor facilidad los delitos de impacto en la seguridad ciudadana: hurto y homicidio, y se lograría:
Su priorización frente a la investigación, judicialización y condena.
Articulación de la labor de los actores del sistema judicial en cada una de las etapas del proceso penal.
Seguimiento, hasta la finalización del proceso, de las acciones desarrolladas, que permita a los responsables de cada etapa redireccionar las mismas en caso necesario.
Optimización de recursos, agilidad de trámites.
Descongestión judicial.
Mejores y mayores resultados respecto a la aplicación de la ley (sentencias y condenas).
Replicar los resultados de los procesos penales a través de los medios de comunicación hacia la ciudadanía.
Contrarrestar la percepción de impunidad.
Motivar la denuncia y colaboración de los ciudadanos.
Desmotivar la reincidencia y generación de criminalidad en los victimarios.
Este esquema sobre la base e impulso de:
• Un cambio de cultura en los funcionarios integrantes del sistema judicial: a través de la generación de programas de concientización a funcionarios que intervienen en las diversas etapas de la investigación y proceso penal, permitiéndoles entenderse como parte vital de la edificación de escenarios de percepción de impunidad. Con dicha acción se propone generar cambios de cultura que conlleven a un sentido de responsabilidad y corresponsabilidad en los procesos a su cargo.
• Capacitación a los funcionarios: es indispensable preparar a los funcionarios del sistema judicial respecto al manejo eficiente de las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación eficaz, garantizando el debido proceso; en particular en materia de policía judicial, que repercutirá en la calidad y especialización del servicio como soporte ineludible de la investigación, judicialización y sanción, y posibilitará la descongestión judicial, mejores y mayores resultados.
• Aumento de las herramientas dirigidas a optimizar los recursos, agiliza-ción y facilitación de los trámites y procedimientos requeridos a través de la priorización de delitos como el hurto y homicidio; siendo importante que las víctimas vivencien desde su primer contacto con los funcionarios judiciales del sistema judicial encargados de la recepción de la denuncia que su caso es importante, mediante la agilización y la facilitación de la denuncia y trámites administrativos.
• De la mano del tema de aplicación efectiva de la ley, medidas encaminadas a la relación existente entre la impunidad y el derecho a la igualdad: una de las razones que alimenta la percepción de impunidad en la sociedad se relaciona con la falta de aplicación de sanciones proporcionales entre diferentes hechos, por la similitud o magnitud de las faltas cometidas; es decir, sancionar de forma no satisfactoria a un criminal por un hecho determinado e imponerle una dura sanción por hechos muy similares, con lo cual se envía un mensaje negativo a la ciudadanía, que reacciona o espera una pena más alta, en particular respecto a delitos como el hurto y homicidio, por su impacto en la seguridad ciudadana.
• Ampliación y fortalecimiento de mecanismos de reparación y justicia res-taurativa14como parte de una adecuada aplicación de la ley: parte de la población fundamenta su percepción de impunidad no solo en la ausencia de penas, sino en la falta de una proporción adecuada entre el daño causado y la pena impuesta; siendo uno de los factores de más difícil superación en el contexto colombiano el hecho de comprender que la idea de venganza no debe ser asociada a los criterios de justicia. Por consiguiente, se debe apostar al tema de aplicación efectiva de la ley, fortaleciendo los mecanismos de reparación integral a víctimas, incluyendo un desarrollo acorde con el principio de oportunidad, que permita superar el hecho victimizante.
• Resolución de crímenes y resocialización: debe priorizarse en igual medida, para evitar la reincidencia y la acentuación de la percepción de impunidad, con la aplicación de tratamiento penitenciario diferencial en cada victimario, soportado en programas integrales de prevención de la reincidencia delictual y reinserción social positiva del victimario.
Finalmente, teniendo en cuenta que la investigación aquí presentada, y como sucede en cualquier ejercicio de análisis científico de un fenómeno, solo se centró el estudio en un número de variables y actores se debe realizar más investigaciones sobre percepción de impunidad, por considerarse un factor indispensable al momento de pensar en impunidad, cuyos resultados deben trascender en tiempo y espacio para el abordaje óptimo de la problemática, con miras a contar con más argumentos de carácter científico a la hora de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento de la seguridad pública, en beneficio de la eficiencia de la administración integral de justicia.
