1. INTRODUCCIÓN

La situación de discapacidad de las víctimas residentes en Montería persiste. Es un fenómeno que se ha mantenido porque el Estado no ha logrado cumplir con sus obligaciones respecto a toda la población afectada. Se ha dado incluso la revictimización.

El diseño del Estado de derecho necesita ser desarrollado en forma integral en asuntos de reparación y rehabilitación en Latinoamérica, Colombia y en Montería. El informe del Dane con cifras elevadas de necesidades básicas insatisfechas demuestra una dificultad que debe superarse (^{Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane], 2012}).

Los niveles reales de atención a la población en situación de discapacidad residente suministrados por la administración municipal de Montería y la eficacia de las políticas públicas de inversión según los criterios de la Convención Internacional permiten indicar algunos criterios de obligación estatal sobre cómo cumplir la normativa internacional en concordancia con la Constitución Política, la Ley de Víctimas y la jurisprudencia emanadas de la Corte Constitucional colombiana sobre derechos fundamentales. Así mismo, las necesidades básicas insatisfechas son la base de reclamo que deben estar vinculadas a los planes de inversión con el fin de garantizar sus derechos (^{Ángel et al., 2016}).

En este artículo se aplica el análisis descriptivo. Se apoya en fuentes documentales específicas sobre las personas en situación de discapacidad conforme a los criterios de la Convención Internacional. Presenta un análisis conceptual con apoyo en categorías del conocimiento. Se revisó la literatura científica y jurídica. Da cuenta de reflexiones críticas socializadas en diferentes partes de Colombia a través de encuentros de investigación. El proceso de registro de datos fue riguroso, y el diseño de los cuestionarios permite ubicar el contexto de la población mediante cifras formales que arroja la muestra. Estos datos se articulan con base en los fundamentos de la justicia distributiva planteada por Jhon ^{Rawls (2006)} en la medida que propone la necesidad de promover el máximo de beneficio y utilidad para el mayor número de personas posibles, como resultado de un utilitarismo social. También siguiendo a ^{Luhmann (2006)} respecto a los sistemas sociales y bajo los criterios de inclusión y equidad sociales en la que predomina la necesidad de integrar los procesos de comunicación entre los diferentes niveles sociales en pro de los derechos humanos.

Según ^{Rawls (2001)}:

Nuestra esperanza en el futuro de nuestra sociedad descansa en la creencia de que la naturaleza del mundo social permite a las democracias constitucionales razonablemente justas existir como miembros de la sociedad de los pueblos. En un mundo como ése, los pueblos liberales y decentes alcanzarían la paz y la justicia dentro y fuera de sus territorios. La idea de esta sociedad es utópica de modo realista en cuanto describe un mundo social alcanzable que combina equidad política y justicia para todos los pueblos liberales y decentes en una sociedad de los pueblos. (p. 15)

Rawls plantea en un minimalismo que no compagina con la sociedad global en clave con el concepto de dignidad y derechos humanos que va más allá de las fronteras conceptuales propuesta por el autor. La posibilidad del tratamiento de segunda para Rawls se destaca en una sociedad jerarquizada moderna que no cumple las expectativas y que, para el caso colombiano, aunque regulada en la Ley de Víctimas como prioridad no alcanza su desarrollo como política pública sistemática y coherente acorde con un plan de desarrollo que los vincule necesariamente. Esta falencia permite hacer los cuestionamientos que los entrevistados revelan

El objetivo general fue determinar las estrategias jurídicas y políticas llevadas a cabo por parte del gobierno municipal de Montería y su implementación en derechos humanos encaminadas a la rehabilitación y reparación integral de la población en situación de discapacidad y que además es víctima del conflicto armado.

Con este artículo se procura mostrar la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población partiendo de la misma realidad observada y estudiada que exige de viva voz apoyo estatal.

2. METODOLOGÍA

Se hizo uso del modelo epistémico estructuralista con tipo de investigación analítica. El método utilizado fue el del análisis estructural de las políticas públicas y los principios de inclusión social y equidad. Las técnicas de análisis fueron la documental en bases de datos sobre normas, jurisprudencia y artículos de investigación. También, sobre el análisis aplicado a datos recogidos en técnicas de entrevistas y encuestas. Se organizaron los textos con base en el uso de categorías del conocimiento teniendo en cuenta los criterios encontrados en la Convención Internacional (^{Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006}). Los conceptos básicos, las palabras claves se usaron conforme al análisis de "matriz de categorías" (^{Hurtado, 2012}, p. 859). Se accedió a la información de antecedentes de investigación mediante la búsqueda en bases de datos de Google y repositorios de diferentes universidades, que sirvieron para el diseño de entrevistas y encuestas. Se tomó como población la registrada en bases de datos: 129 886 víctimas (informe de la Coordinación Regional de Víctimas). La población referenciada la conformaron 501 víctimas con discapacidad y 144 registradas. Se aplicó muestreo aleatorio simple, a 16 personas en total: 4 víctimas del conflicto armado en (prueba piloto), 4 exmilitares, mediante entrevista semiestructurada, y 8 víctimas desplazadas del conflicto, mediante encuesta; todas ellas, residentes en la ciudad. Se obtuvo el consentimiento informado de todas ellas, previa explicación del objeto y fin del instrumento, tanto para la prueba piloto como para las demás. Luego de ello, y habiendo confirmado su utilidad, se procedió a la aplicación formal de los instrumentos. La encuesta contenía 26 preguntas simples relativas a los criterios de la Convención Internacional. Se aplicó entrevista semiestructurada a cuatro exmilitares y encuesta con base en los mismos criterios de la Convención Internacional a 8 personas. En el procedimiento de aplicación intervinieron dos estudiantes del semillero de investigación Scientiuris, de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería. La encuesta se aplicó en la Coordinación Regional de Víctimas. Los estudiantes apoyaron el proceso de forma coordinada y la aplicaron las encuestas, mientras que las entrevistas fueron aplicadas por el investigador en tiempos diferentes durante noviembre de 2017. Para llevar a cabo la decodificación de la información se organizó la información recogida, se tabuló mediante la identificación de cada ítem en formularios de registro de la información identificando pregunta por pregunta, con valores asignados previamente para su medición. Seguidamente, se procedió a interpretar la información con base en las categorías asignadas y los registros obtenidos en orden numérico para cada pregunta. Luego se procedió a la elaboración de informe de resultados mediante la contrastación de la información obtenida con los objetivos de la investigación y el problema de investigación.

3. RESULTADOS

La prueba piloto. Para este procedimiento se aplicó la técnica de análisis de la entrevista apoyados en las bases de datos dada por la Unidad Regional de Víctimas, que facilitó inicialmente el contacto con esas personas para que proceder a su aplicación en día y hora concertados. La selección de la muestra fue aleatoria de personas que se hallaban en la Unidad de Víctimas y que permitieron su contacto. La prueba dio como resultado que todas las personas entrevistadas se consideran víctimas. Tres de ellas trabajan en forma independiente en oficios varios. Una de ellas no lo hace. Todas afirmaron haber recibido apoyo municipal, pero al momento de la entrevista expresaron no estar recibiendo el apoyo económico debido a que la entidad les manifiesta la falta de recursos presupuestales. Todas ellas expresaron ser desplazadas. Una persona expresó haber sido víctima de violación sexual, pero sobre el caso no se hizo justicia. Los resultados indican una desprotección del Estado.

La prueba aplicada inicialmente no reflejó ninguna dificultad, por lo que se extendió a otros entrevistados, y de manera concreta a víctimas desplazadas residentes en la ciudad y también a exmilitares. Fueron 26 en total las cuales hicieron referencia a su situación actual. En efecto, ocho de las personas entrevistadas son víctimas desplazadas. Siete afirmaron ser víctimas del conflicto armado, para un porcentaje de (87.5 %). Así, cuatro de ellas expresaron serlo por parálisis corporal, en un rango del (50 %), otra persona por retraso mental (12.5 %), parálisis corporal inferior (12.5 %), ser ciego, sordo y mudo (12.5 %). De esas personas, seis afirmaron, que no han recibido apoyo del Estado, es decir, un 75 %; solo una expresó que ha recibido ayuda, para un 12.5 %, y finalmente, la otra persona no respondió. Respecto a la pregunta sobre discriminación; solo dos expresaron haber sido discriminadas en rango de 25 %, y seis expresaron que no lo han sido; es decir, en un 75 %, lo que significa un margen alto del fenómeno.

Por otra parte, ninguna de ellas afirmó estar en un programa de ayuda municipal, lo que refleja un aspecto negativo del (100 %) de apoyo y que se interpreta como ausencia de la presencia del Estado. Esta respuesta hay que contrastarla con otras para confirmar ello.

Respecto a la vinculación a instituciones educativas con programas de tecnologías, solo una de las encuestadas, equivalente al 12.5 %, expresó estar vinculada. Mientras las otras siete personas, expresaron no encontrarse vinculadas a ninguna, para un 87.5 %. Esta información se muestra relativamente inconsistente si se compara con la respuesta negativa anterior, ya que afirmaron no haber recibido apoyo.

Respecto al criterio y categoría haber participado en campañas pedagógicas en el municipio, solo dos lo admiten. Dando un resultado del 25 %, pero para actividades pretéritas.

En cuanto al criterio reconocimiento por méritos, solo tres expresan haber recibido alguno de ellos, lo que equivale al (37.5 %).

En relación con el criterio capacidad y actividad laboral, dos personas encuestadas dijeron que sí estaban activas laboralmente, lo que corresponde al (25 %), y cinco dijeron que ya no, es decir, un 65 % de los encuestados, mientras que una de ellas no respondió.

Tres personas encuestadas dijeron que no tienen acceso o facilidad de movilidad, lo que indica alguna dificultad, equivalente en ese sentido al (37.5 %), mientras que en cuanto a la facilidad de información y comunicación de los encuestados, estos respondieron en forma dividida: cuatro personas afirmaron tener facilidad y otras cuatro expresaron no tener facilidad de comunicación. Sin embargo, todos coincidieron, en no tener restricciones en su derecho a la libertad. Tampoco frente al derecho a la intimidad, lo que se contrapone a la versión de una de ellas, que manifestó haber sido torturada, mientras que siete personas, expresaron no haber sido sometidas a tortura.

En cuanto al ítem explotación y abuso sexual, solo una de estas personas no respondió (estaba en situación especial de ser ciego sordo y mudo), las demás afirmaron no haber sido objeto de explotación, indicando, en consecuencia, una situación positiva frente a la población encuestada. Sin embargo, ese tipo de respuestas puede tener otro tipo de causas.

A la pregunta apoyo a la movilidad, ninguna de ellas declaró haberla recibido, y en ese sentido habrá qué revisar que ha pasado con los subsidios o apoyos.

Respecto a la conformación de un núcleo familiar, tres dijeron tenerla, lo que corresponde al 37.5 % de los encuestados; cinco personas, afirmaron que no la han conformado algún núcleo familiar, para un margen de (65 %).

Igual situación se presentó respecto al criterio apoyo a la educación, el cual arrojó registros homólogos.

En cuanto al criterio afiliación al sistema de salud, casi todos los encuestados, coincidieron en estar afiliados al régimen de salud, lo cual es positivo. Su equivalente corresponde al (87.5 %), lo que guarda correspondencia cuando se les preguntó sobre el hecho de recibir o no un buen servicio por parte de esas entidades prestadoras del servicio de la salud. Es de anotar que solo una persona se siente inconforme, aunque ninguna expresa ser beneficiaría de un programa de rehabilitación. Este resultado evidencia una deficiencia en la prestación del servicio de las terapias psicológicas.

Como elemento en común tienen la no participación en política, ya que siete personas, es decir, el 87.5 %, afirmaron no participar.

Con respecto a los eventos culturales o deportivos, la respuesta fue idéntica, en cuanto expresaron, no participación.

Sobre el hecho de estar vinculados a una ONG, fundaciones o asociaciones, solo una persona dijo que sí (12.5 %) y las otras siete, el (87.5 %), dijeron que no se encuentran vinculadas.

El estudio también se refiere a la situación de los exmilitares víctimas del conflicto armado residentes en Montería. Se entrevistó a cuatro personas. Tres de ellas, expresaron estar reconocidas como víctimas, lo que da un margen de diferencia interesante; por ello, sus relación o vinculación como soldados, les han permitido acceder a la pensión de invalidez por estar consagrado en las normas de la entidad y del Estado colombiano, pero afirmaron que solo han recibido apoyo del Ejército colombiano por estar afiliados al sistema de salud y pensión nada más. Consideran que el apoyo es mínimo e insuficiente. Además, argumentan que su situación de discapacidad es parcial y que, por tanto, ellos aún pueden realizar ciertas actividades en forma autónoma, razón por la cual exigen más apoyo institucional del Estado. Solo dos de ellos, expresaron haber recibido capacitación adicional al respecto y esperan lograr una nueva vinculación laboral para mejorar sus condiciones actuales de vida. Tres de ellos, sin embargo, realizan actividades independientes para mejorar sus ingresos mediante emprendimiento y actividades comerciales. Manifestaron dudas sobre los programas de apoyo que ofrece el Gobierno para estas personas; reconocieron tener acceso a la movilidad, e incluso uno de ellos se transporta en vehículo propio. El 75 % de la población militar entrevistada coincidió en la no participación en eventos culturales. Respecto al criterio de vinculación con ONGS internacionales, expresaron no tener relación alguna. Asimismo, un 50 % de los entrevistados, se siente discriminado frente a las demás personas. Se puede afirmar sobre la necesidad de ampliar la cobertura de rehabilitación psicológica a estas personas.

En cuanto al apoyo educativo y terapia psicología, todos expresaron no estar recibiéndolo en estos momentos. pusieron de manifiesto la falta de eficacia en la prestación de los servicios y la deficiencia de las políticas públicas en pro de las víctimas exmilitares.

4. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Hace falta coordinación e implementación de políticas públicas de rehabilitación integral (el 50 % de exmilitares entrevistas lo exige), lo mismo que atención parcial a los procesos de reparación de víctimas. Se necesita revisar los procesos por parte de los órganos de control, tanto internacional como nacionales, para que se ejecuten como se acordaron en la Convención Internacional. Se han dado pasos importantes, pero son insuficientes por la movilidad y crecimiento de la población debido a la persistencia del conflicto. Hace falta una política integral coordinada y permanente en la que participen todos los actores que necesitan el restablecimiento de sus derechos mediante la planeación estratégica del Estado.

La vinculación de la población a los programas culturales y deportivos permite una mejor resocialización e inclusión social que ayudará a la recuperación de la salud mental, ampliando la cobertura de los servicios de salud conforme al sistema. Otro aspecto importante es la necesidad de superar las discriminaciones de esta población, lo que implica un proceso pedagógico y psicológico de la colectividad en forma intensa.

Son claras las necesidades y derechos constitucionales como la educación, vivienda y demás que complementan el universo de necesidades insatisfechas de la población. Las víctimas del conflicto se sienten afectadas y exigen ampliar la cobertura de beneficios para lograr la rehabilitación integral.

El resultado registrado en las encuestas (87.5 %), sobre la falta de vinculación a ONG, asociaciones o fundaciones en consenso, conforme a la muestra, releja la falta de asesoría o pedagogía institucional que al otorgárseles les permitiría un excelente contacto de inclusión social en cuanto las asociaciones, fundaciones o programas de ONG, entre otros, que pueden ayudar en el proceso de reparación y apoyo en capacitaciones.

Otorgar algunos subsidios y afiliación al sistema de salud no satisface por completo a la población, que expresó sentirse todavía útil laboralmente, lo que en muchos casos ha obligado a exigir la transformación de las políticas públicas que guarden coherencia con la Constitución y la ley.

En consideración de lo anterior, mediante una política efectiva se puede elaborar proyectos educativos, culturales y demás que beneficien en forma integral y masiva a toda la población víctima del conflicto armado en los que participen diferentes actores y se logren superar los niveles de marginalidad. Contrario sensu, la falta de participación política de las víctimas refleja una dificultad que debe ser resuelta para propiciar independencia y autonomía en pro de la integración social democrática.

La población de la muestra no ha recibido el suficiente apoyo del Estado, y en especial de la administración municipal e Montería, en dimensiones como los servicios públicos, vivienda, trabajo, recreación, movilidad, seguridad social, educación o capacitaciones, asesorías, defensa frente a la discriminación, programas de ayudas, en salud, rehabilitación, terapias, subsidios, transporte, comunicación. Igualmente, en consideración a que Montería se ha convertido en una capital receptora de desplazados y víctimas del conflicto armado, donde día a día se incrementa la población, por lo que la cobertura de los servicios públicos y atención a víctimas exige su ampliación.

La teoría de Rawls alcanza a mostrar elementos mínimos que han sido propuestos contractualmente en la carta política colombiana como prueba del contractualismo constitucional, pero siguen existiendo debilidades en la práctica de ese mínimo derrotero propuesto en la posición original que el autor invoca como etapa inicial y que se formuló en el Estado social de derecho como pauta social que exige aplicación y desarrollo mediante una política pública generalizada.