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1. Introducción
La motivación de este artículo surgió a partir del anuncio oficial de que las actas de sesiones de Consejos de ministros se harían públicas de forma virtual. Luego nuestra indagación se centró en saber cuáles fueron sus acuerdos respecto a La Cantuta,1 concebida como «el alma máter de la educación peruana», la cual, en distintos periodos, se vio inmersa en conflictos que se produjeron entre esta y el poder ejecutivo.
En las sesiones del Consejo de ministros (1950-1980) que abordan tópicos sobre educación ―registradas en actas digitalizadas y disponibles en el repositorio de la biblioteca Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ― 2 se evidencian las decisiones que fueron tomadas respecto a la antigua Escuela Normal Superior y, luego, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNEEGV). El recorte temporal obedece al criterio que en las Actas de sesiones de Consejos de ministros hay referencias directas a los casos tratados sobre La Cantuta.
Para desarrollar este trabajo, Trinidad y Morillo revisaron toda la información contenida en los archivos institucionales de la UNEEGV, mientras que Mazzi se abocó a contrastar cada decisión en Consejo de ministros en diarios y revistas en la Biblioteca Nacional del Perú. La investigación estuvo financiada con recursos del Fondo de Desarrollo Universitario.
La metodología utilizada recurre al diseño de teoría fundamentada y ofrece una interpretación histórica de un caso institucional de la educación superior peruana, buscó comprender los hechos históricos acaecidos a partir de la interpretación del fenómeno del poder mediante los conceptos de pleonexia y comunitarismo en los procesos que se entrelazan sincrónicamente para contextualizar tres hitos temporales del conjunto de eventos que afectaron a la Universidad Nacional de Educación, originados debido a las decisiones tomadas desde la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, las que fueron anotadas en Actas a partir de 1939, y estas revelan, entre otros, la agenda confidencial de los debates, así como discrepancias en torno a las decisiones tomadas en cada gobierno.
Parte del estudio antecedente de nuestra investigación fue publicado por Zapata y Aljovín3 donde analizan el problema del poder político durante el primer gobierno de Manuel Prado (1939-1945). Ambos estudiaron la ideología de la oligarquía peruana, sus decisiones de gobierno que afectaron a la población peruana y que quedaron registradas en Actas de sesiones de Consejos de ministros. Además, como parte de la literatura revisada de carácter testimonial que guarda correspondencia con el estudio de las decisiones ejecutivas sobre La Cantuta, tomadas en sesiones de Consejos de ministros, se encuentran y revisaron Mendoza,4 Peñaloza5 y Espinoza,6 que brindan información fidedigna acerca de los sucesos estudiados. Además, la revisión de diarios permitió sincronizar los acuerdos de ministros con el contexto político y educativo.
El estudio de las sesiones de Consejos de ministros permite comprender mejor los desenlaces en los periodos de crisis en la educación que afrontaron los distintos gobiernos, así como sus decisiones controversiales. Se colige que hubo «acuerdos tácitos» que no se transcribieron en las actas de sesiones, cuyas «soluciones cruciales» se encargó a los ministros de Gobierno -luego del Interior- y de las Fuerzas Armadas.
Las actas de sesiones durante los gobiernos militares muestran el sello de «confidencial» y «secreto». Días antes de culminar el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), se acordó en Consejo de ministros7 que todos los libros de sesiones se depositasen en el Cuartel General del Ejército, aunque estos fueron recuperados durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry.8
Una lectura minuciosa de lo sustentado por cada ministro de Educación durante las sesiones descubre decisiones controversiales sobre la administración de la educación pública, que se afectó desde una posición de poder al promulgar normas legales ilegítimas desplegadas en detrimento de los sectores más empobrecidos y por pleonexia. Asimismo, la atención gubernamental en materia de educación muestra una perspectiva estratégica precaria ante el progresivo crecimiento demográfico y el consecuente incremento de su demanda, así como un deficiente presupuesto anual de la República para la atención de la infraestructura, edificación de escuelas y sueldos de los educadores y personal administrativo, entre otros muchos.
La relación entre La Cantuta y cada gobierno no siempre fue de respeto ni cordialidad. Tanto el ejercicio de la autonomía, como la adopción del humanismo integral y de las pedagogías libertarias originaron suspicacia y desconfianza en cada gobierno, que la percibió como un peligro para el statu quo.
Las Actas de sesiones de Consejos de ministros revelan la oculta historia política del Perú, los conflictos políticos en relación con los sectores populares y los partidos políticos que aspiraban al poder. Ante la nueva información que proporcionan, los estudios sobre la historia política del Perú deben revisarse y reactualizarse.
En el caso del presente estudio, se interpretan las decisiones tomadas en relación con La Cantuta, exteriorizando la perspectiva gubernamental pleonéxica en la formación conservadora de los educadores, que, secretamente, se ha mantenido como política de Estado.
2. Pleonexia y educación como bien común
Se considera que la doctrina de la justicia se sitúa como el fundamento básico en todo postulado sobre el poder y gobernabilidad. La filosofía política es parte de la filosofía moral, basada en su utilidad. La filosofía política y moral resultan importantes para el estudio de la potestad gubernativa cuando recurren a conceptos jurídicos de dominio en relación con la doctrina del bien común o comunitarismo.9 La noción de bien común alude a la construcción social con características de libertad, redistribución e igualdad. El ejercicio pleno de ciudadanía representa un ideal social que guarda correspondencia con una visión social de acuerdo con la que deben comprenderse los objetivos de la cooperación social.10 En esa línea de ideas, el poder político y la teoría de la justicia son concomitantes al estudiar las relaciones y consecuencias de las decisiones políticas que se toman en las esferas más altas del poder11 y, en este caso, sirven como ejes para el análisis de las decisiones del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la educación superior. Dos condiciones recíprocas y, a la vez, contrarias representan una decisión de gobierno: sumisión y desobediencia. En el contexto educativo, esto resulta oscilante: denota conformidad ante un estado de bienestar, tenaz resistencia del afectado ante una decisión ilegítima y arbitraria.
Pleonexia puede definirse como el deseo de obtener más que los otros, caracterizado por la suma ambición, avidez y búsqueda de ventaja y éxito.12 Asimismo, su significado puede entenderse para referir acciones de gobierno que no se ajustan a condiciones de justicia en el marco del bien común, sino que favorecen al grupo gobernante o dominante desde una posición de poder, para lo cual recurren a normas jurídicas espurias que erosionan el bien común y causan la quiebra de las instituciones del Estado encargadas de preservarlo.13
La noción referida indica el hecho de obtener para sí mismo un beneficio mediante el apoderamiento de propiedades, remuneraciones o afines de otros, o de negarles lo que les corresponde, sea una promesa, pago o el debido respeto, por ejemplo;14 es decir, una condición del gobernante que obtiene ventajas de su ascendencia y de la predominancia de sus decisiones, aprovechando del poder ejercido sobre los gobernados o del abuso del poder, amparado en la jerarquía de sus decisiones, y abusando de sus prerrogativas.
La educación como bien común conduce a situarla como parte de la filosofía política, que considera que existe una relación dialéctica entre política y educación en la medida que existe acto político en la praxis educativa y en la educabilidad, lo que no agota la comprensión crítica sobre su praxis.15 La comprensión del contexto de la praxis educativa reside en que expresa una función teleológica, por lo que debe preguntarse: ¿en beneficio de quiénes es o a quiénes sirve? y ¿cuál es la disposición del bienestar común que se tiene sobre la educación? En ese sentido, puede afirmarse que no existe praxis educativa neutra ni apolítica, pues un educador debe interrogarse acerca de qué modelo de ser humano está formando con su acción y praxis y al servicio de qué teleología está orientada su labor pedagógica.16 Esto demanda comprender el propósito de su praxis, requiere distinguir la propuesta política que existe detrás de cada contenido curricular que regula y controla un proceso cognitivo, y concluir que todo acto educativo, como se señaló, es también un acto político.
La praxis educativa como un acto neutro resulta una condición irreal en la medida que un gobierno ejecuta políticas prescindiendo de dicha «neutralidad». La educación debería representar la maximización del bien común como función ineludible de un Estado, considerando que la escuela es una institución que cumple objetivos políticos y que los diversos sistemas escolares resultan ser el reflejo de políticas e ideologías de grupos gobernantes o dominantes en las sociedades en que se desarrollan.17 Asimismo, la crisis y el fracaso de la escuela se originan porque su dimensión política no es reconocida, lo que explica los resultados de las reformas educativas, en las que el cambio educativo se abordó parcialmente y desde un carácter tecnocrático y utilitarista.18 Además, tanto la neutralidad como la apoliticidad en el proceso educativo resultan falsas, ya que todo gobierno siempre ha reflejado en los programas educativos sus orientaciones ideológicas y sus propósitos para el control social.19
La supuesta neutralidad educativa propende a un adoctrinamiento para constituir una ciudadanía dócil ante decisiones de gobierno que puedan resultar ilegítimas y arbitrarias, para lo cual requiere vigilar la formación de los educadores, como mediadores competentes para la reproducción de los contenidos ideológicos, por lo que establece un conjunto de normas para evitar que se desvinculen del propósito establecido en la política curricular.
El proceso educativo puede ser concebido como parte de un aparato reproductor ideológico que sostiene la superestructura social, mediante la asunción de ideas y modos de pensar, al instalar como un hábito asumir el carácter persuasivo, insistente y repetitivo de sus contenidos, para preservar la herencia ideológica sobre lo «oficial» y «legítimo». Como bien común, solo es percibida como un regulador político, cuya función esencial es desplegarla en la mayor parte de sus ciudadanos para formarlos como individuos libres, democráticos y críticos, para así evitar sujetos alienados, reproductores y perpetuadores de estructuras económicas y sociales injustas,20 y para prepararlos a favor de la gestación de un orden democrático donde el binomio escuela-bienestar común sea parte inherente de toda política de gobierno.21
Locatelli propone que la educación como bien común se rija bajo criterios de justicia, como los siguientes: (a) bajo responsabilidad inherente del Estado, que debe asumir su financiación y regulación; (b) propensa a la integralidad de la formación del educando como persona, dotándola de condiciones propicias para su desarrollo integral; (c) reconocedora y protectora de la diversidad cultural e idiomática, así como de la educación intercultural dentro del conjunto social; y (d) potenciadora de la formación de los educadores con libertad de conciencia, pensamiento y crítica.22
Concebir la educación como bien común implica adoptar un criterio comunitarista, permite evaluar la aplicación de políticas educativas que se formularon y ejecutaron a través del Ministerio de Educación. Nos permite comprender cómo estas se han reflejado en decisiones en sesiones de cada Consejo de ministros del Perú respecto a La Cantuta.
3. Las sesiones de Consejos de ministros
3.1 Gobierno del general Manuel Arturo Odría (1948-1956). El Plan de Educación Nacional
El 31 de octubre de 1948, fue designado ministro de Educación el coronel Juan Mendoza, quien desplegó un Plan de Educación Nacional basándose en un diagnóstico situacional. Planteó metas de atención, financiación para cumplirlas, optimización del sistema administrativo de su Ministerio, mejora de la preparación académica de los normalistas y mantenimiento del ritmo de la acción.23
El plan incorporó guías de aprendizaje, que permitieron circunscribir interculturalmente a la población originaria, pues debía ingresarse al seno de las comunidades indígenas y comprendérselas atendiendo a las particulares geografías físicas y humanas que tiene el Perú, con el propósito de integrarlas a la nación y sentirlas con espíritu social.24 Dicho plan planteó distintas soluciones a problemas diversos de la administración educativa peruana: centralización formativa del magisterio, mejora de la condición de la población escolar, optimización de la infraestructura educativa, mecanismos de participación social y medios financieros para la captación de fondos para futuros proyectos educativos.
La noción de potencialidad como la posibilidad latente e inmediata para expandir el desarrollo educativo hacia determinadas metas para el desarrollo nacional, doctrinariamente, se sustentó en el pensamiento conservador de José de la Riva-Agüero.25
El plan requirió un ideario nacional que integrase al Perú como una nación diversa, pero unida, y, para ello, propuso líneas de acción para alcanzar el nuevo potencial. Para su ejecución, se construyeron «Grandes Unidades Escolares», así como el edificio monumental del Ministerio de Educación, y se concretó la compra de un terreno para edificar la nueva Escuela Normal.26 Asimismo, se estableció una doctrina y sistemas relativos a la educación nacional para la formación de los normalistas en una sede central, y se impulsó el perfeccionamiento magisterial, así como un nuevo estatuto orgánico para el magisterio.27 Para lograr las metas planteadas, se creó el Fondo de Educación Nacional y se obtuvo rentas especiales para la construcción de más escuelas primarias debido a la incesante demanda por educación.28 El presupuesto de educación pública respecto al presupuesto general de la República (1947-1956) osciló entre el 12.50% y el 15.92%,29 una cifra superior en comparación con las de los gobiernos posteriores.
Mendoza,30 Myers31 y Peñaloza32 destacan la intervención directa norteamericana (1944-1962) en la educación peruana, mediante la suscripción de un programa de ayuda técnica denominado Servicio Cooperativo Peruano- Norteamericano de Educación (SECPANE). La contribución financiera norteamericana demandó que el gobierno peruano aportase dos tercios de la financiación33. El convenio estuvo auspiciado bajo la «doctrina de la seguridad nacional» en función de la «defensa hemisférica», esto es, la protección geoestratégica de los intereses norteamericanos ante la expansión de la influencia soviética en América Latina.
El SECPANE acrecentó su presencia durante el gobierno del general Manuel A. Odría. El presidente Dwight David Eisenhower socorrió a un régimen dictatorial que le proporcionó estabilidad política en el hemisferio sur, canalizando fondos económicos para la realización de proyectos considerados de suma importancia por su patrocinado.
Fuente. Tomado de Mendoza, Juan. Nuevo potencial para la educación peruana (Lima: Imprenta del Colegio Militar Leoncio Prado, 1956), p. 246.
*El aporte del SECPANE en dólares ($) fue cambiado a moneda del Perú según la tasa de cambio de los años 1948 a 1956.
Figura 1 Financiamiento SECPANE-Gobierno del Perú (1948-1956)
El lema «Hechos y no palabras» del gobierno de Odría expresó la necesidad de dar atención prioritaria a demandas urgentes en temas de salud, educación y trabajo. Acometió contra el problema educativo a partir de sus debilidades estructurales en lo económico y social, impulsando el desarrollo de la infraestructura educativa y centralizando la formación de los normalistas.
3.2 La Escuela Normal Central
La Escuela Normal tiene su antecesora en la Escuela de Preceptores, fundada por el general José de San Martín el 6 de julio de 1822. El 28 de enero de 1905 fue reabierta como Escuela Normal de Preceptores. El presidente Augusto B. Leguía la transformó en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones (IPNV) el 2 de julio de 1927 y amplió la formación del normalista para educación secundaria. Durante los años 1932 y 1933, fue clausurada por el comandante Luis Sánchez Cerro, y reabierta durante el primer gobierno de Manuel Carlos Prado y Ugarteche, en 1939, año a partir del que logró la estabilidad institucional.
En el punto IV del convenio Perú-SECPANE, se contempló la necesidad de formar educadores de alto nivel, y se determinó que se tracen planes para establecer una «escuela normal ‘ideal’», que promueva el desarrollo del talento local.34 El ministro de Educación, Juan Mendoza, manifestó la decisión del gobierno de que, a partir del antiguo IPNV, se constituya en Escuela Normal Central, que consideró como el alma máter de los maestros del país.35 Para la ejecución de este importante proyecto, fue convocado como director Walter Peñaloza Ramella.
Para tal fin, en 1951 se adquirió un terreno de 500,000 m2 en el lugar denominado «La Cantuta», en el distrito de Lurigancho-Chosica.36 Desde ese año, la firma constructora Rimsa edificó pabellones para la administración, un auditorio, el comedor estudiantil, el área de servicios y un edificio destinado a dormitorios para 200 estudiantes. Al año siguiente, se encargó a la empresa Jaime Olaechea la construcción del edificio de Educación y el Colegio de Aplicación.
La nueva sede fue inaugurada el 6 de julio de 1953. En 1954, se construyó el segundo pabellón de dormitorios y 20 casas para los docentes. En marzo de 1956, se encargó al arquitecto Héctor Velarde la construcción del pabellón de la Biblioteca Central.37 El costo final de su edificación ascendió a S/27’398,754.84.38
3.3 Conflictos en torno a la autonomía de la Escuela Normal Superior
Durante la celebración de las bodas de oro (1905-1955) de la antigua Escuela Normal de Preceptores, Peñaloza testimonió que el exestudiante y senador odriísta por Puno José Antonio Encinas sustentó la necesidad de que la Escuela Normal Central se convirtiese en Escuela Normal Superior, basada en el modelo académico-administrativo de la École Normale Supérieure de París.39
La jerarquía como Escuela Normal Superior fue aprobada y promulgada por el Congreso de la República el 31 de diciembre de 1955, mediante Ley N.o 12502. Esta norma modificó de forma radical a la institución: por primera vez en el Perú, la formación de los normalistas se realizó dentro del «nivel postsecundario universitario».40 La instalación de un gobierno autónomo y la graduación de los normalistas con rango universitario generaron un enfrentamiento con los directivos del Ministerio de Educación, quienes percibieron al gobierno autónomo como un «peligro» para la formación de los normalistas.
Mendoza, al reasumir como ministro de Educación, en enero de 1956, y, como premier, el 13 de julio del mismo año, se encontró ante un complicado escenario político, debido a la proximidad de las elecciones para el cambio de gobierno. Testimonió que recibió la «penosa información» de que los miembros de la Escuela Normal asumían una «equivocada interpretación» de la Ley N.o 12502 al considerarla con autonomía plena y no como un mandato que simplemente la reconocía como institución destacada en la formación de normalistas.41
En la sesión de ministros realizada el 8 de junio,42 denunció que la Escuela Normal Superior, al amparo de la Ley N.o 12502, se había declarado en franca rebeldía ante la autoridad ministerial, y señaló que el conflicto implicaba caracteres especiales, debido a que La Cantuta era un centro de formación exclusiva para normalistas de todo el país, que atendía las necesidades de las diferentes regiones y que estos, al culminar su formación, regresaban a enseñar a sus provincias de origen. Consideró que el Estado, además de invertir en su instrucción, los sostenía brindándoles tanto vivienda como alimentación durante todo el tiempo que demandaran sus estudios,43 con lo que manifestó así una visión paternalista sobre la función del Estado, ya que el dinero invertido provenía de los fondos públicos.
Lo informado en sesión de ministros resumió la intención de eliminar su autonomía y rango universitario. Su intervención expresó un propósito pleonéxico: la formación de los educadores solo debía realizarse bajo la condición de «normalistas», y la praxis educativa, como un apostolado.44 La autonomía plena y el rango universitario adquiridos excedieron los propósitos básicos planteados en 1948 en el Plan de Educación Nacional,45 ya que, según el ministro Mendoza, se contraponían a los verdaderos intereses del país. Pero ¿qué intereses invocó el ministro? Equiparó las preocupaciones del gobierno odriísta como el bien común de toda la población. Sustentó que, para revertir los efectos «nocivos» de su autonomía plena y rango universitario, debía desplegar acciones persuasivas, invocar al «espíritu institucional y patriótico» de sus miembros y advertirles del error, que afectaría de forma negativa la obra formativa del magisterio, por lo que, más adelante, en caso de ser necesario, habría que aplicar las «medidas correctivas» en función de preservar el orden y la paz pública.46 Mendoza denunció que la influencia del Partido Aprista entre los maestros se evidencia con la conformación del SINPES y una relativa organización sindical obrera a través de la CTP.47 El ascenso de las organizaciones sindicales y políticas al final de su gobierno, le generó conflictos a la hora del cambio de gobierno.
El general Manuel A. Odría intervino ante la dificultad y señaló que, para dar solución al conflicto, lo conveniente era esperar la realización de las elecciones presidenciales y evitar, así, que se produjera mayor movimiento en lo que respecta al estudiantado.48 El acuerdo de la sesión fue aplazar la decisión sobre la autonomía y rango universitario de la Escuela Normal Superior. La pugna, sin duda alguna, alcanzó ribetes políticos, ya que, si bien, por un lado, se reconocía que orientó a personas muy capaces, por otro lado, pronto La Cantuta rechazó a sus «padres adoptivos norteamericanos».49
La revocación de la autonomía de la Escuela Normal Superior fue asumida como «política de Estado». Se respaldó en los acuerdos del Consejo Nacional de Educación (CNE), presidido por Víctor Andrés Belaúnde. El ministro Mendoza indicó que la Escuela Normal debía mantenerse como un plantel dependiente de forma directa del Ministerio de Educación Pública,50 para lo cual demandó derogar la Ley N.o 12502, y esta declaración fue el encargo que recibió el gobierno siguiente.
4. Gobierno de Manuel Prado y Ugarteche (1956-1962)
El gobierno de Manuel C. Prado y Ugarteche erosionó la Ley N.o 12502, reduciendo progresivamente el pliego presupuestal a La Cantuta con el propósito de provocar su colapso económico, en el afán de que retornase a la administración del Ministerio de Educación. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley N.° 12875 del Presupuesto General de la República, en 1958 se creó una extraña instancia de gestión presupuestal, denominada «Patronato», para intermediar la gestión económica para su funcionamiento bajo su nueva condición de autonomía.51
El conflicto sobre su autonomía administrativa se agudizó en 1960. El 16 de marzo, la Cámara de Diputados promulgó la Ley del Estatuto Universitario N.o 13417. A último momento, el senador oficialista por Huancavelica, Celestino Manchego Muñoz, agregó, en el artículo adicional 87, que la función esencial de la Escuela Normal era la formación de maestros primarios y secundarios, y, por ello, depende, en este caso, del Ministerio de Educación Pública tanto a nivel económico como administrativo, por lo que se decretó que la Ley N.º 12502 quedaba derogada.52 La maniobra legislativa concretada se debió a que muchos de esos políticos consideraban que La Cantuta era un ejemplo vivo de subversión, por funcionar con corrección y honestidad, lo que no debía tolerarse, sino sancionarse.
En la sesión de ministros del 8 de abril, el ministro de Educación, José Rubio, informó que, horas después, iba a promulgarse la Ley del Estatuto Universitario N.º 13417.53 Aunque no se registró en el acta de sesiones, para prevenir una respuesta violenta de los afectados, se presume que el presidente Prado y Ugarteche y los ministros autorizaron al ministro de Gobierno, Carlos Carrillo Smith, el cerco del campus de la Escuela Normal Superior en el distrito de Lurigancho-Chosica.54 La justificación política del asedio se publicó en el diario La Prensa,55 al comentar que fue promulgado un nuevo estatuto universitario, donde se establecía que La Cantuta no era autónoma. Se denunció que su línea editorial era tan retorcida que en tal se halla un modelo perfecto de desinformación y manipulación de la opinión pública, por medio de la alteración de la verdad y de la velada calumnia.56
Promulgada la Ley N.o 13417, el 12 de abril, se emitió la Resolución Suprema N.o 139, que nombra una Comisión de Gobierno con el propósito de realizar un despido masivo de docentes, así como la expulsión de estudiantes. Al día siguiente de realizada la sesión de ministros, la guardia de asalto arremetió en reiterados intentos contra el campus, aunque fue rechazada por estudiantes, docentes y trabajadores. Peñaloza57 testimonió que fue un cerco que tuvo consecuencias nocivas, lo que también puede leerse en el diario El Comercio,58 en ediciones del mes de abril.
El cerco policial enfrentó la resistencia del claustro de la Escuela Normal Superior durante nueve días. El conflicto se evaluó en sesión de ministros el 22 de abril.59 El ministro de Educación informó sobre las consecuencias del asedio a la que estaba sometida, así como de la intervención del juez Francisco Ayala y del representante del Ministerio de Educación, José Ignacio Vigil. Ante el rechazo a la intervención por parte del claustro normalista, el ministro planteó como respuesta la emisión de un comunicado a la opinión pública con la intención de fijar «las cosas en su verdadero lugar».60 El canciller Raúl Porras Barrenechea opinó que debía publicarse un comunicado en el que se anunciara la suspensión momentánea de la Escuela Normal y su clausura definitiva en caso de que los docentes y estudiantes no regresaran a la normalidad académica. No obstante, a pesar de las propuestas señaladas, el presidente Manuel Prado y los ministros acordaron que esperarían unos días con el objetivo de observar las derivaciones que se producirían a partir del conflicto.61
El asedio al campus de la Escuela Normal culminó de improviso a causa del deceso del hijo de un trabajador, producido debido a la imposibilidad de romper el cerco policial para trasladarlo a un hospital. Ante la instalación de la Comisión Interventora, el 22 de abril, los estudiantes, encabezados por la Federación de Estudiantes de la Escuela Normal Superior (FEENS), decidieron abandonar masivamente el campus y realizaron una multitudinaria marcha de protesta durante toda la noche en dirección a la capital.62
En la sesión de ministros del 29 de abril,63 se realizó un balance sobre los acuerdos tomados y, ante el ascenso de las protestas y marchas contra el Congreso de la República, los ministros de Educación, José Rubio, y de Relaciones Exteriores, Raúl Porras Barrenechea, plantearon una propuesta con el objetivo de resolver el problema relativo a la autonomía de la Escuela Normal Superior de La Cantuta.64 El conflicto con La Cantuta tuvo como desenlace la renuncia de los ministros de Gobierno, Carlos Carrillo Smith, y de Educación, José Rubio, causada debido a que, durante las protestas, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue apresado y recluido en el penal. El Sexto, donde sufrieron terribles vejámenes por parte de los presos comunes. Además, una huelga estudiantil y una huelga magisterial respaldaban la petición para restaurar su autonomía y jerarquía universitarias.65
La solución parcial del conflicto quedó explícita en el Decreto Supremo N.o 256, emitido por el Ministerio de Educación, en el que se determinó que, al ser la Escuela Normal Superior de La Cantuta dependiente del Ministerio, asumiría un estatus especial, de acuerdo con el que se le otorgarían determinados derechos, como seguir sus propios planes de estudio e intervenir en el nombramiento de nuevos docentes.66
Ante la tenacidad de los integrantes de la Escuela Normal por reivindicar su autonomía, el gobierno de Prado y Ugarteche renunció a considerarla como parte del control en la formación de los normalistas, para lo cual resucitó una institución caducada: el IPNV. En la sesión del 7 de julio,67 se anotó que el ministro de Educación, Alfonso Villanueva Pinillos, informó sobre la reapertura del Instituto Pedagógico, acto al que acudió el presidente Prado y Ugarteche ante el entusiasmo del profesorado nacional y debido al aplauso que recibió esta obra del gobierno.68
5. Gobierno de la Junta Militar (1962-1963)
Diez días antes de culminar su mandato, Prado y Ugarteche fue derrocado por una Junta Militar liderada por el general Ricardo Pérez Godoy, quien tachó de «fraudulento» el proceso electoral a partir de las denuncias del partido Acción Popular y del diario El Comercio ante los resultados electorales, que dieron como vencedor al Partido Aprista. No obstante, nuevamente, las Fuerzas Armadas asumieron un rol deliberante para vetar la asunción al poder del Partido Aprista, considerado como una organización «subversiva» y un aliado político del gobierno anterior. Finalmente, se convocó a nuevas elecciones presidenciales para el 9 de junio del año siguiente.69
Para financiar el presupuesto de 1963, la Junta Militar de Gobierno (JMG) promulgó la Ley del Presupuesto de la República, que elevó desmesuradamente los impuestos, lo que, a su vez, generó una masiva protesta en el Perú. Para contenerla, los primeros días del mes de enero de 1963, la Junta ejecutó medidas represivas, tales como encarcelar a cientos de dirigentes sindicales y a políticos de izquierda en un penal ubicado en Sepahua, en la región Ucayali, en la selva inhóspita del Perú.70
El ministro de Marina, en sesión de ministros del 3 de agosto,71 alertó que diferentes estudiantes que participaron en la conferencia mundial por la paz realizada en Moscú, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a su regreso alentaban el incremento ideológico del comunismo en las universidades públicas. En la Escuela Normal Superior, surgió un conflicto debido a la publicación del periódico mural Eralí, donde se criticaba el aislamiento internacional contra Cuba decretado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sumisión del gobierno militar a la política exterior norteamericana. Espinoza testimonia de las medidas coercitivas que sufrieron y que incluso fue expulsado como dirigente estudiantil de la FEENS, bajo la acusación de que propagaba valores opuestos a la doctrina oficial del Estado.72
De acuerdo con la sesión de ministros del 14 de febrero,73 ante la creciente protesta de los estudiantes de la Escuela Normal en demanda de la inmediata restitución de su autonomía y rango universitario, el ministro de Educación, el vicealmirante Franklin Pease Olivera, propuso, a consideración de los ministros, la reorganización de la Escuela Normal de La Cantuta, que debía ser ejecutada por técnicos y profesores extranjeros. Después de un breve debate, los ministros acordaron dejar al pendiente ese tema con miras a someterlo a un estudio más detallado.74
Debido al relevo del general Ricardo Pérez Godoy en la presidencia de la JMG el 3 de marzo de 1963 por el general Nicolás Eduardo Lindley, el caso de la Escuela Normal Superior no llegó a tratarse nuevamente en las siguientes sesiones de ministros. Lindley llevó a cabo las elecciones presidenciales en mayo de 1963.75
6. Primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963- 1968)
Electo presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry decidió como política de Estado atenuar el conflicto con la Escuela Normal Superior. Las sesiones de ministros no registran alusión alguna a La Cantuta. Durante su mandato, enfrentó a una mayoría parlamentaria opositora, conformada por una alianza de antiguos enemigos acérrimos: el Partido Aprista y la Unión Nacional Odriísta. Dicha alianza política constantemente erosionó su gobierno, al interpelar y censurar a sus ministros con argumentos banales. Además, la agenda parlamentaria opositora incluyó el tema de los contratos petroleros de La Brea y Pariñas, y llevó a laudo internacional contra la Standard Oil Company, cuyo desenlace, años más tarde, originó un golpe de Estado.76
Los estudiantes y docentes de la Escuela Normal mantuvieron sus reclamos respecto a la restitución de su autonomía académica y administrativa. Diversos testimonios dan cuenta de los efectos de la huelga estudiantil de mayo de 1964, en exigencia de la restitución de la autonomía y de la categoría universitaria de La Cantuta.77 La presión estudiantil logró que la Cámara de Diputados aprobase un dictamen favorable que le otorgó la categoría y nombre de Universidad Nacional de Educación «Enrique Guzmán y Valle», para lo cual se promulgó la Ley N.o 15519 el 23 de abril de 1965.78
La transformación de Escuela Normal Superior en Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle transformó el esquema de la formación de educadores, al acreditarla como una carrera profesional, aunque mantuvo al magisterio en la precariedad salarial.
7. Gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968- 1975)
Debido al escándalo de corrupción en la firma del contrato suscrito entre el gobierno de Belaúnde y la International Petroleum Company, que resultó lesivo para el Perú, pues se perdió la soberanía de los pozos petroleros de La Brea y Pariñas, el 3 de octubre de 1968, una JMG liderada por el general Juan Velasco Alvarado depuso a Fernando Belaúnde y se instaló como gobierno de facto.
Un giro político presentó el gobierno militar con su suscripción al Plan Inca, que caracterizó las decisiones del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFFAA). Se establecieron relaciones diplomáticas con la URSS y los países de la órbita soviética para la adquisición de armamento militar con tecnología avanzada. Asimismo, se expropiaron los pozos petroleros de La Brea y Pariñas y la refinería de Talara, se estatizaron los enclaves mineros de la Cerro de Pasco Copper Corporation y se declaró la soberanía del mar peruano, con una extensión de 200 millas a lo largo de la línea costera, en respuesta a la depredación pesquera realizada por embarcaciones norteamericanas. Esto evidenció el distanciamiento político, económico y militar respecto a los Estados Unidos.79
Un conflicto con la educación pública debido a la visión pleonéxica en el GRFFAA se hizo patente luego de que el ministro de Educación eliminó la gratuidad de la enseñanza mediante el Decreto Supremo N.o 006-ME. Esta decisión gubernamental produjo una protesta generalizada por parte de la población de las ciudades de Huamanga y Huanta, en Ayacucho, así como, en respuesta, una violenta represión los días 21 y 22 de junio de 1969, con un muy elevado saldo de muertos.80 El GRFFAA, al eliminar la gratuidad de la enseñanza, renunció a cubrir el financiamiento del gasto educativo en el presupuesto de la República, por lo que este debía ser asumido directamente por sus usuarios. Para la solución del problema educativo, se planteó un viraje y, para lograr tal, se creó una Comisión de Reforma de la Educación (1970), conformada por distinguidos educadores y filósofos, tales como Emilio Barrantes, Walter Peñaloza y Augusto Salazar Bondy, entre otros.
La reforma de la educación peruana resultó ser uno de los ensayos realizados más importantes sobre modelos educativos en América Latina, que estableció la «educación inicial» y la «educación intercultural». No obstante, a pesar de contener propuestas para el progreso educativo peruano, no logró la participación plena de todos los implicados, sobre todo del magisterio peruano.81
En el plano universitario, el GRFFAA promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Peruana N.o 17437. En la sesión de ministros del 28 de enero,82 el ministro de Educación informó que, para la redacción de la referida ley de bases universitarias, se consideraron diversos principios, tales como la representación estudiantil, la organización, la autonomía y la gratuidad.83
Las sesiones de ministros del GRFFAA registran dos referencias directas sobre la Universidad La Cantuta: durante la sesión del 23 de diciembre,84 el ministro de Educación dio cuenta del pedido de La Cantuta relativo al ingreso al Perú de delegaciones deportivas de Rusia y Cuba para participar de un campeonato deportivo americano por realizarse en enero de 1969.85 Al respecto, los ministros acordaron rechazar la petición para el visado de las delegaciones deportivas de ambos países, y decretaron su estricto cumplimiento. Otra mención ocurrió en la sesión del 18 de febrero,86 tras la aprobación del Decreto Ley N.o 17437 y ante la posibilidad de una violenta reacción en rechazo a la norma de facto, el ministro de Gobierno, general Armando Artola, informó que, en el campo estudiantil de La Cantuta, se realizaría un Congreso de Estudiantes en contra de la Ley Universitaria, que se encontraba pendiente.87
El GRFFAA, en su primera fase, respetó la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento y crítica entre los estamentos universitarios frente a la implementación de la política educativa expresada en el Decreto Ley N.°19326.88
8. Gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980)89
El general Juan Velasco fue derrocado el 28 de agosto de 1975 mediante un golpe de Estado liderado por su premier, el general Francisco Morales Bermúdez. La asonada tuvo como precedente la huelga policial del 5 de febrero, que debilitó su influencia en el interior de las Fuerzas Armadas. Su relevo reinstaló la influencia norteamericana entre los altos mandos militares.
El GRFFAA de la «segunda fase» debió cumplir con el pago de la deuda externa y los compromisos contraídos por el Perú ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), lo que tuvo como consecuencia el agravamiento de la crisis económica: en mayo de 1976 y junio de 1977, se aplicaron shocks económicos que perjudicaron el poder adquisitivo entre la población, lo que generó grandes protestas y que se declare el estado de emergencia. Los constantes «reajustes económicos» incrementaron la inflación y la precariedad salarial, y produjeron la reducción del empleo, así como una extensión de la pauperización.
La crisis económica aceleró la inestabilidad política del GRFFAA, ante lo cual este implementó una política interior drásticamente represiva, que dejó un elevado saldo de muertos. Un documento desclasificado de la Agencia Central Inteligencia (CIA) evidenció su secreta adscripción al Plan Cóndor desde mayo de 1976.90 El secuestro y posterior asesinato de tres ciudadanos argentinos hizo visible su realización en territorio peruano. En la sesión de ministros del 12 de junio,91 el general Morales Bermúdez informó que, en mayo de 1979, durante su visita oficial a Buenos Aires, suscribió con el gobierno militar de Argentina acuerdos de lucha contra la subversión en el ámbito operativo,92 y reveló la suscripción de un tratado secreto que encubría secuestros y asesinatos. Posteriormente, en 2015 fue condenado por crímenes de lesa humanidad por un tribunal italiano junto a otros generales peruanos.
El GRFFAA de la «segunda fase» mostró una tendencia abiertamente pleonéxica en la política educativa al desmontar todo lo avanzado en la reforma educativa. El presupuesto para educación se redujo drásticamente. El ministro de Educación, el general Ramón Miranda Ampuero, en la sesión del 28 de diciembre,93 expresó sus objeciones en relación con el presupuesto de la República asignado a educación, pues no cubría ni el mínimo de los gastos proyectados, lo que dejó en entrevisto futuros conflictos con las universidades públicas y, posteriormente, provocó dos grandes huelgas magisteriales.
La Cantuta es nuevamente referida en la sesión de ministros del 1 de febrero.94 El general Morales Bermúdez solicitó al nuevo ministro de Educación, el general Otto Eléspuru, un informe sobre «el problema universitario de La Cantuta». Su evaluación se basó en un documento secreto proveniente de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas, producido en agosto de 1976. El ministro manifestó que no solo La Cantuta se había politizado, sino que era una de las pocas en la que grupos radicales o ultras habían logrado el control de las autoridades y los profesores, cuya actividad académica resultaba muy irregular.95
Se analizó la decisión de su Consejo Ejecutivo de no ceder a la intención de establecer un ciclo académico para maestros de tercera categoría (sin título profesional), que, desde diciembre de 1976 y el verano de 1977, habían iniciado el periodo de clases sin contar con los recursos económicos, por lo que decidieron realizarlo fuera de su sede, en una gran unidad escolar (GUE) de Lima, con la intención de ahorrar en gastos de alojamiento y alimentación de sus estudiantes.96 Dicha decisión generó dificultades presupuestales al GRFFAA,97 aunque esto se originó por el recorte de la financiación para el funcionamiento de todas las universidades públicas.98
El ministro Otto Eléspuru informó que, ante el agravamiento del conflicto con los estudiantes, el propio Consejo Ejecutivo acordó la suspensión de las actividades académicas e indicó que la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (FEUNE) se había pronunciado en contra de esa suspensión y amenazaba con aplicar nuevas medidas de fuerza.99
En la misma sesión, planteó la ejecución de medidas correctivas inmediatas:
Concreción de una declaratoria del Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) de reorganización integral de La Cantuta ante la descomposición de ese centro de estudios y otorgarle facultades para despedir al personal docente, administrativo y expulsar alumnos cuyo mantenimiento resultara perjudicial para la universidad.
Aprobación de un decreto ley que autorice al CONUP a reorganizar universidades, con potestad ejecutiva para separar al «personal conflictivo», como norma que se mantendrá con carácter de reserva hasta que se declare la reorganización de La Cantuta en los siguientes días.
Inmediata instalación de una Comisión Reservada constituida por funcionarios del CONUP y de los Ministerios del Interior y Educación, encargada de planear la operación «de recuperación», mediante su intervención policial e instalación de una Comisión de Gobierno.
Establecimiento de una política por parte del Ministerio de Educación respecto a los programas de Educación de La Cantuta.100
En la sesión de ministros, se aprobó el decreto ley que autorizaba al CONUP a reorganizar universidades en las condiciones señaladas, y se precisó que no debía publicarse hasta que el ministro de Educación lo señalara según la actitud que asumiera el CONUP.101 Mediante Resolución N.o 4662, el Consejo Directivo del CONUP se autoconstituyó como el organismo encargado de la intervención y receso de La Cantuta, pese a que no contaba con las prerrogativas legales para ejecutar dicha medida, y actúo bajo un marco jurídico ilegítimo, con normas publicadas y aplicadas con retroactividad en relación con los hechos, pues los Decretos Leyes N.os 21878 y 21982 fueron emitidos, respectivamente, cinco y ocho meses después del acuerdo tomado el 1 de febrero de 1977.
En la misma sesión, el presidente del GRFFAA demandó que el Ministerio de Educación precisara su política de Estado respecto a los programas de Educación de las universidades públicas.102 Para el caso de La Cantuta, propuso tres alternativas posibles mientras durase su ocupación y receso:
La diversificación de sus programas académicos insertando otras carreras profesionales, para dejar de ser únicamente un «Centro Superior de Educación».
El traslado de sus integrantes a una nueva sede, ubicada en la provincia de Huaraz, en el departamento de Áncash.
Su conversión en un «centro de perfeccionamiento» al más alto nivel para educadores marcharía coordinada con las atenciones de la carrera magisterial.103
En la sesión de ministros del 15 de febrero,104 el general Eléspuru dio cuenta de que el CONUP había cursado un oficio al rector de La Cantuta, en el que se le autorizaba para que actuase drásticamente en caso de que se alterase la vida universitaria en dicho centro de estudios.105 Mediante el oficio N.° 011-77-R del 27 de enero, el rector de La Cantuta respondió al CONUP que no requería intervención externa de la Policía.
El 20 de febrero de 1977, veinte días después del acuerdo de la sesión de ministros, se intervino el campus universitario y se apresó a 650 estudiantes. Alrededor de 300 efectivos policiales rodearon los edificios de la residencia estudiantil y luego trasladaron a los estudiantes al Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima, donde quedaron «alojados». El gasto que demandó el operativo corrió a cuenta del presupuesto de la misma universidad.106
Al siguiente día, los diarios informaron: «Intervención policial en Univ. de La Cantuta»,107 «Propaganda subversiva y armas contundentes hallaron en La Cantuta»,108 «Fue recesada La Cantuta; GC y PIP desalojaron a más de 600 estudiantes».109 También, en estos, se publicó la resolución N.o 4661-CONUP, que designó una Comisión Interventora encabezada por Hugo Pacheco Garmendia y secundada por Carlos Santander García y Octavio Linares Alencastre.
Durante la intervención policial, falleció el estudiante Walter Eleazar Bravo Trinidad. Su hermana Isabel denunció que ocurrió debido a los fuertes golpes que recibió en la cabeza. El Ministerio del Interior justificó su muerte como consecuencia de una hemorragia por ruptura de un «aneurisma cerebral».110 Por su parte, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) acusó al ministro del Interior, al general Luis Cisneros Vizquerra, como el directo responsable del deceso, rechazó la ocupación policial del campus universitario y exigió la inmediata libertad de todos los detenidos. Quedaron en reclusión solo 46 dirigentes en la cárcel pública del Callao bajo los cargos de cometer los delitos de ultraje a la nación, a sus símbolos y a los institutos armados, así como de daños.111
En la sesión de ministros del 1 de marzo,112 se trasladó al Ministerio del Interior la responsabilidad del control de las protestas, la ocupación policial y el receso de La Cantuta. Durante su habitual recuento del «frente interno», el general Cisneros Vizquerra informó que la ultraizquierda pretendía concretar, para el día 4 de marzo, un paro de 48 horas en el ámbito nacional, y alertó sobre las protestas que estaban ocurriendo en las universidades públicas, por su ocupación y el asesinato del estudiante Walter Bravo, y que se proyectaba que se incrementasen, a la vez que advirtió de la conformación de piquetes en la UNMSM «para defender el campus», que la Universidad José Carlos Mariátegui había declarado, para el día 3 de marzo, un duelo nacional -debido al crimen contra el referido estudiante-, y del rechazo estudiantil por la presencia en el Perú del teniente general Jorge Rafael Videla.113
Durante la sesión de ministros del 15 de marzo,114 el general Cisneros Vizquerra informó acerca del panorama de las protestas en rechazo de la intervención a La Cantuta, y advirtió que la ultraizquierda mantenía en contra del gobierno militar una campaña psicológica al considerar que la «segunda fase» del proceso representaba, en realidad, un «viraje a la derecha» y de unión contra este, por considerarlo una «dictadura represiva». Señaló que estos estaban explotando el hecho de la muerte de los estudiantes de la UNI (Fernando Lozano) y La Cantuta (Walter Bravo), y que también el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) pretendía utilizar los hechos luctuosos como bandera para una tercera huelga magisterial, convocada para fines de mes.115 En la siguiente sesión del 10 de mayo,116 agregó que la ultraizquierda, a través de la FEP y por medio de revistas estudiantiles, auspiciaba labores negativas, como la formación de piquetes de lucha contra el gobierno.117
El contundente paro nacional del 19 de julio de 1977 consideró en su plataforma reivindicativa la no intervención de las universidades en alusión a lo sucedido con La Cantuta.118 El presidente de la Comisión Interventora elaboró un sombrío análisis sobre La Cantuta con base en informes secretos preparados por las Fuerzas Armadas, despidió arbitrariamente a una gran cantidad de docentes, paralizó la labor académica e instaló el terror en el campus universitario.119
La contienda por su reapertura expuso dos hitos importantes: por un lado, la resistencia estudiantil mediante persistentes protestas a pesar de la dura represión sufrida (en mayo de 1979, durante cuarenta días, seis estudiantes realizaron una huelga de hambre exigiendo su inmediata reapertura),120 y, por otro lado, la solidaridad del magisterio peruano (en 1978 el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Peruana ―en adelante SUTEP―121 después de una prolongada huelga nacional, acordó con el GRFFAA su pronta reapertura; sin embargo, el gobierno no cumplió con lo suscrito y,) al año siguiente, otra huelga magisterial persistió en solicitar el reinicio de sus actividades académico-administrativas y tampoco pudo conseguirlo).
En la sesión de ministros del 26 de junio, ante la reiterada solicitud en función de su reapertura, se anotó que el jefe de Estado recordó que el acuerdo tomado el 1 de febrero de 1977 refiere que se reabriría como centro de perfeccionamiento del magisterio.122 El GRFFAA, debido al pronto traspaso del poder, intentó desesperadamente «trasladar obligatoriamente» a los estudiantes de La Cantuta a distintas universidades de Lima, para reiniciar la vida académica apolítica, pero no pudo lograrlo a causa de la resistencia estudiantil ante dicha medida.
El discurso del GRFFAA de la «segunda fase», en materia de educación, expresó la visión pleonéxica de la formación magisterial; consideró que La Cantuta se erigiría en «centro de perfeccionamiento» distante de sus funciones como universidad especializada en formar educadores. Bajo dicha consideración, el ministro de Educación, el general José Francisco Guabloche Rodríguez, remitió el 8 de mayo de 1980 el oficio N.° 617 ME/AT-80 al presidente de la Comisión Interventora, en el que le indicó las «necesidades educativas básicas», que consistían en «acentuar ideológicamente en los profesionales de Educación su rol clave en la formación de ciudadanos», que coadyuven a la cohesión nacional y a contrarrestar agresiones contra tal.
Concluida la nueva Constitución del Perú en 1979, las elecciones presidenciales el 18 de mayo de 1980 y diez días antes del cambio de poder, el GRFFAA reabrió La Cantuta, mediante Resolución Suprema N.o 0114-80-ED del 10 de julio de 1980 y Resolución Ministerial N.o 0878-80-ED.
El retorno a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) permitió a La Cantuta normalizar sus actividades académico- administrativas, aunque con precariedad. En cambio, durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), no se encuentran alusiones directas a esta en las sesiones de Consejo de ministros. Los temas referidos a las universidades pasaron a ser competencia del Congreso de la República.
Al normalizar su funcionamiento autónomo, las actividades académicas para la formación de los educadores, prosiguió dentro de un plan de estudios que contempló un diseño curricular integral, heredado de la propuesta de Walter Peñaloza y la reforma de los planes de estudios para la carrera profesional del educador.
4. Discusión
La publicación en versión digital de las actas del Consejo de ministros apertura un amplio campo para la investigación en ciencias sociales, redefiniendo interpretaciones y teorías sobre hechos históricos en Perú. Esta fuente primaria permite acceder a información importante para interpretar cada decisión del Consejo de ministros, que afectó la vida política de Perú. Se espera que este estudio sea percibido como un espacio para comprender lo que se ha denominado «verdad oficial» y la real dimensión de las decisiones que se toman en organismos del Poder Ejecutivo.
Nuestra presunción inicial buscó interpretar las decisiones políticas sobre la formación de los educadores que demostraba una postura oligárquica pleonéxica, la que se anotó en las Actas de sesiones de Consejo de ministros. Debido a que recientemente se ha accedido a la información virtual de las mismas, es la primera publicación que estudia el caso de una universidad pública de Perú que se vio afectada por la visión pleonéxica sobre la educación universitaria, esperamos que el futuro haya más publicaciones que refieran nuestro tema desarrollado. No obstante, hay publicaciones asociadas parcialmente al tema en discusión.
Antonio Zapata123 sostiene que durante el ochenio del general Odría (1948-1956) se consideró a La Cantuta como la principal institución encargada para la formación de los normalistas en Perú. Sobre el control de su funcionamiento académico-administrativo el gobierno mostró rigidez doctrinaría desde el Ministerio de Educación, expresado en el Plan de Educación Nacional formulado por el coronel Juan Mendoza.124 Sin embargo, se evidencia, que en sentido contrario y paralelamente se aplicó el curriculum integral sustentado y promovido por Walter Peñaloza.125 El Plan de Educación Nacional ― aprobado en 1950―, buscó formar normalistas que reprodujeran el proceso educativo en favor de los grupos económicos dominantes: agroexportadores de azúcar y algodón y gran minería.
En el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962) se denunció que la antigua Escuela Normal Superior no servía a los modelos de reproducción social y económica de la oligarquía peruana, por lo que se le despojó el rango universitario generando protestas para que se le restableciera la condición superior universitaria. La experiencia pedagógica impulsada por Peñaloza fue desmontada, al imponérsele la ley 13417 que desestructuró su autonomía y por consiguiente la nueva experiencia curricular. Se impuso un criterio pleonéxico en la consideración que la educación no debía ser considerada como carrera profesional y que los educadores debían ser formados como apóstoles religiosos «de la conciencia cívica del niño y adolescente».
El problema se agudizó durante la Junta Militar de Gobierno (JMG) de los generales Ricardo Pérez y Nicolás Lindley (1962-1963) al solicitarse su intervención y clausura. Se evidenció una visión militarista como guía de la gobernabilidad «eficiente» en la resolución de conflictos sociales basado en el discurso «fuerza, orden y disciplina».
Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968) se le concedió reconocimiento como universidad pública, afianzando su autonomía y el desarrollo de programas de estudios que no necesariamente reflejaron la visión pleonéxica de la oligarquía peruana. También durante el gobierno del general Juan Velasco se entendió que, en la ejecución de la reforma educativa, la formación del educador debió orientarse hacia el bien común.
Durante el gobierno militar del general Francisco Morales-Bermúdez (1975- 1980) se consideró a La Cantuta como un «foco de agitación subversiva». Desde el Consejo de ministros se aprobaron normas de control, escarmiento y sanción en caso que sus estamentos docente y estudiantil participasen en protestas en contra del gobierno. Los estudios académicos debían apartarse de cualquier compromiso social a la que estuvo llamada a participar como proyección social. Esta visión confrontaba los principios de la reforma universitaria y la necesidad de su autonomía académica y administrativa.
Ante la gravedad de la crisis económica, los presupuestos de la república favorecían los intereses económicos y políticos de la casta castrense. La conmoción social se agravó y el Gobierno Revolucionario de las FF. AA. (1975-1980) la consideró como un «peligroso foco de subversión», justificando su intervención y receso (1977- 1980). Morales Bermúdez126 reveló cómo la mentalidad militar trató los problemas universitarios a partir de la doctrina de seguridad nacional que relativizó los derechos humanos.
Al retorno de la democracia, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985), la organización académica y administrativa universitaria de La Cantuta fue respetada relativamente. En cambio, durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), La Cantuta sufrió los embates de su política interior concebida desde una doctrina de seguridad interior, ante el embate de los grupos subversivos, se consideró que al interior de las viviendas universitarias se fraguaban ataques contra la sociedad civil.
Las Actas oficiales de las sesiones de Consejos de ministros solo se pueden visualizar hasta el 28 de julio de 1990, por lo que sucesos posteriores acaecidos aún pueden revelar los motivos y acuerdos tomados sobre la principal universidad formadora de educadores.
