1. LA LITERATURA SOBRE IMPACTO JUDICIAL

La literatura sobre impacto judicial ha tendido a enfatizar en distintos factores a la hora de explicar los mayores o menores niveles de cumplimiento e implementación de las decisiones de los tribunales. Como muestran Langford et al.¹⁶, algunos autores han enfatizado en factores que se encuentran del lado de la oferta -variables legales y parámetros socioeconómicos-, mientras otros se han centrado en factores que están del lado de la demanda -variables políticas y relacionadas con las características de la sociedad civil-. Entre los primeros, varios autores han llamado la atención sobre el rol de los tribunales, argumentando que los jueces pueden contribuir por sí mismos a fortalecer la implementación de sus decisiones cuando, por ejemplo, expiden órdenes que establecen procesos de ejecución claros y plazos de cumplimiento perentorios¹⁷, y cuando disponen la creación de mecanismos de monitoreo orientados a supervisar la ejecución de sus fallos¹⁸. Entre los trabajos centrados en la demanda, algunos autores han planteado que la presencia de élites políticas favorables a las decisiones judiciales es un factor crucial para el cumplimiento de los fallos¹⁹. Otros han destacado el rol fundamental de distintos tipos de estructuras de movilización -por ejemplo, de estructuras como los movimientos sociales, las estructuras de apoyo y los legal constituencies-, en la medida en que éstas se encargan de coordinar las campañas de litigio y poner a disposición sus recursos para impulsar la implementación de las decisiones judiciales²⁰.

Este artículo pretende aportar a esta literatura a partir de examinar el papel que cumple la movilización en el impacto de las decisiones judiciales. En particular, en este estudio exploro el rol que desempeñan los mecanismos legales que permiten la participación de actores no judiciales en los procesos de revisión constitucional, como es el caso de los escritos de amicus. La literatura sobre amicus ha demostrado que las intervenciones presentadas por terceros interesados ante los tribunales pueden influir de manera significativa en las decisiones judiciales, tanto por la información nueva y valiosa que proporcionan a los jueces como por la autoridad y legitimidad que poseen quienes intervienen²¹. Sin embargo, como explicaré a continuación, los escritos de amicus no solo son importantes por esta razón, sino también porque abren oportunidades para la movilización y la acción colectiva, cuyas repercusiones pueden extenderse más allá de los fallos.

1.1. El rol de los escritos de amicus curiae en la movilización y el impacto judicial

Los amicus curiae son una figura jurídica muy antigua, cuyo origen se remonta al derecho romano²². Algunos autores, como Krislov²³, han señalado que los escritos de amicus originalmente nacieron como una herramienta para auxiliar el trabajo de los jueces -de ahí el nombre de "amigos de la corte"-, pero con el tiempo se fueron transformando en un mecanismo de incidencia al servicio de actores como los grupos de interés, los movimientos sociales y los actores gubernamentales. Aunque la literatura sociolegal ha tendido a considerar que los escritos de amicus son un mecanismo relevante dentro del litigio principalmente por su potencial para influir en los resultados de las decisiones judiciales²⁴, su importancia no solo radica en esto. En este trabajo argumento que los escritos de amicus también pueden tener repercusiones significativas sobre el impacto de las decisiones judiciales. Estas repercusiones, como plantearé a continuación, se derivan de los efectos que los escritos de amicus pueden tener sobre la movilización y la acción colectiva.

Para empezar, la creciente adopción del mecanismo de los escritos de amicus por distintos tribunales domésticos e internacionales en el mundo ha abierto mayores oportunidades para la movilización legal²⁵; particularmente, al permitir que en el proceso de revisión judicial intervengan no solo las partes directamente involucradas en el litigio, sino también otros actores interesados en los resultados de las demandas. Estas oportunidades, como muestran para el caso de Colombia los trabajos de Albarracín²⁶ y Jaramillo Sierra y Alfonso Sierra²⁷, han sido aprovechadas por distintos movimientos sociales para impulsar la movilización colectiva entre sus integrantes y aliados. A su vez, el uso de este mecanismo ha propiciado la articulación y formación de redes de movilización legal entre distintos actores que deciden colaborar para la presentación de escritos de amicus conjuntos²⁸.

Por otra parte, a diferencia de los repertorios de acción que son más transgresores y acarrean costos más altos para los participantes (como es el caso de la protesta), el carácter más institucional de los escritos de amicus ha atraído la participación de otros actores -distintos a los activistas y las organizaciones de los movimientos sociales- en los procesos de movilización legal. Por ejemplo, actores como los abogados, los académicos, las asociaciones profesionales y los funcionarios y autoridades gubernamentales con frecuencia han empleado los escritos de amicus para intervenir en acciones legales. Si bien este mismo carácter institucional y a su vez especializado de los escritos de amicus podría excluir a las organizaciones de base o en general a actores con menos experticia legal, esto no necesariamente ocurre en todos los casos. En primer lugar, porque depende de qué tan exigentes sean las reglas que regulan el uso de este mecanismo legal. Si estas reglas, como sucede en el caso de la CCC, son flexibles e imponen requisitos poco sofisticados sobre los intervinientes, el mecanismo termina siendo accesible también para grupos no tan profesionalizados ni especializados²⁹. Por otro lado, el hecho de que los tribunales autoricen la presentación de escritos de amicus en coautoría, como muestran, por ejemplo, Côrtes y Jaramillo³⁰, permite que los actores con menos experticia legal se asocien con aquellos con mayores recursos para participar conjuntamente en acciones legales.

Otra razón importante por la que los escritos de amicus pueden impulsar la movilización está relacionada con la potestad que tienen varios tribunales para promover por sí mismos el uso de este mecanismo. En Colombia, por ejemplo, trabajos como los de Romero Tobón³¹ y Jaramillo³² muestran que los jueces de la CCC han contribuido a incentivar la participación de actores no judiciales en el proceso de revisión de las demandas gracias a las invitaciones formales que dirigen a actores gubernamentales y de la sociedad civil para que presenten intervenciones en las demandas. Para los efectos de la movilización estas invitaciones no solo son importantes porque incentivan la participación de un número más alto de actores, sino también porque pueden llevar a que otros actores, que de otro modo no participarían en las demandas, se involucren en las acciones legales para responder a la convocatoria de los jueces.

En suma, los escritos de amicus son un mecanismo con el potencial de incentivar y fortalecer la movilización legal de redes más amplias y variadas de actores; esto es, no solo la movilización de activistas y organizaciones de derechos humanos, sino también de otros actores como los académicos, las organizaciones profesionales y los funcionarios estatales. Esta movilización multisectorial, como propongo aquí, puede tener efectos positivos no solo sobre los resultados de la decisión judicial, sino también sobre el impacto de las sentencias. En efecto, es muy posible esperar que los mismos actores -o al menos una parte de ellos- que recurren a los escritos de amicus para intervenir en los litigios estén también interesados en movilizarse después de la promulgación de los fallos en aras de impulsar su implementación³³. Además, al propiciar la articulación entre actores interesados en intervenir conjuntamente ante los tribunales también podría esperarse que este espacio de articulación sea empleado por los actores no solo para la elaboración de escritos de amicus, sino también para la planeación de acciones orientadas a promover la implementación de los futuros fallos. No menos importante: la composición multisectorial de las redes de actores que participan en la movilización legal puede potenciar el impacto de las decisiones judiciales en la medida en que distintos tipos de actores pueden aportar diferentes recursos y repertorios de acción a favor de la implementación de las sentencias.

Por último, en la literatura sobre impacto judicial se han propuesto distintas conceptualizaciones y marcos analíticos para caracterizar y evaluar los efectos de las decisiones judiciales. En este trabajo me baso en el marco conceptual que proponen Botero y Brinks³⁴, el cual se caracteriza por atender a los diversos efectos que pueden resultar de las sentencias más allá de lo exclusivamente ordenado por los jueces. Es decir, este marco no se limita a examinar el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino que apunta a una evaluación más completa de los múltiples efectos que pueden desencadenar los fallos. Como muestra la tabla 1, Botero y Brinks conceptualizan el impacto como un fenómeno con tres dimensiones o campos -social, político y legal- en los cuales se manifiestan diferentes tipos de cambios -en las ideas, en los discursos, en las organizaciones y en lo material.

3. LA SENTENCIA T-063 DE 2015 Y EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

3.1. La demanda, la decisión y sus órdenes

La sentencia T-063/15 tuvo su origen en una demanda presentada en mayo de 2014 por Sara Valentina López en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, Registraduría). La demandante, una mujer trans de Medellín, interpuso una tutela en contra de esta entidad después de que una notaría de esta ciudad rechazara su solicitud para corregir el componente sexo en sus documentos. En su demanda, López argumentó que la falta de correspondencia entre "su cuerpo y su nombre femenino" y "la indicación de sexo masculino en sus documentos de identidad" la sometía a situaciones de discriminación social y laboral que afectaban su estabilidad emocional³⁶. Antes de ser admitida por la CCC, la tutela de López había contado con una primera decisión negativa del Tribunal Superior de Medellín. Para este tribunal, en su fallo del 21 de mayo de 2014, las correcciones de sexo debían realizarse a través de un proceso de jurisdicción voluntaria en el que un juez evaluaría las pruebas aportadas por la persona interesada sobre su "condición sicológica y psiquiátrica", sus "tratamiento[s] hormonal[es]" y el "procedimiento quirúrgico adelantado para la reafirmación de su sexo"³⁷.

La tutela de López fue seleccionada por la CCC el 20 de octubre de 2014 y asignada a la magistrada María Victoria Calle Correa de la Sala Primera de Revisión, compuesta también por los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez. Con dos votos a favor y uno en contra, esta sala decidió fallar a favor de la demandante el día 13 de febrero de 2015^[38]. En su fallo, la CCC afirmó que el proceso de jurisdicción voluntaria que debían seguir las personas trans para lograr que sus documentos reflejaran su identidad de género vulneraba sus derechos por varias razones. La Corte argumentó que este proceso era lento y costoso en la medida en que requería de la representación legal de un abogado. Además, en palabras de la CCC, el proceso era "patologizante" y tenía un "carácter invasivo" debido a que usualmente se obligaba a las personas trans a proporcionar un diagnóstico de disforia de género, junto con certificaciones médicas que demostraran la realización de transformaciones corporales³⁹. La CCC consideró que nada de esto debía ser obligatorio en tanto iba en contra del derecho de las personas "a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género" y, en este sentido, propuso que, en lugar de la jurisdicción voluntaria, las personas trans pudieran modificar sus documentos a través de un procedimiento más simple y rápido como lo era la vía notarial:

La corrección por vía notarial reduce los obstáculos y exclusiones que padecen las personas transgénero en razón de los mayores costos y tiempos de espera que supone el recurso a un proceso judicial, y que en sus particulares condiciones de marginación y exclusión se convierten en una carga especialmente dura de afrontar; asimismo [...] [la vía notarial] contribuye a eliminar la tendencia hacia la patologización de la identidad de género. Se trata, por tanto, de un medio menos lesivo en términos de afectación a derechos fundamentales⁴⁰.

Pese a lo trascendental y, como lo señaló una participante, "progresista"⁴¹ que fue este fallo, la CCC no expidió órdenes con efectos generales -como en otras ocasiones lo había hecho en relación con los derechos de la población LGBT-, sino que se limitó a proteger los derechos particulares de la demandante. Lo hizo de dos maneras: una, ordenando la corrección de sus documentos a la Notaría Doce de Medellín y a la Registraduría y, dos, ordenando a la Defensoría del Pueblo "apoyar, acompañar y vigilar" el cumplimiento del fallo⁴². El expediente de este caso, disponible parcialmente en el archivo digital de la CCC, sugiere que en julio de 2015 estas órdenes ya habían sido cumplidas.

3.2. Más allá del cumplimiento: el impacto legal, político y social de la sentencia T-063 de 2015 ^{[ 43 ]}

A pesar de que las órdenes emitidas por la CCC fueron bastante moderadas y se limitaron al caso concreto, la sentencia T-063/15 desencadenó efectos notables que trascendieron lo estrictamente decidido. En este apartado, siguiendo la propuesta de evaluación presentada antes (tabla 1), examino algunos de sus efectos más relevantes en los campos legal, político y social.

3.2.1. El impacto legal

La T-063/15 marcó un hito legal para la población trans al proteger de manera más sólida su derecho al reconocimiento legal de la identidad de género, entendido como el derecho de las personas a tener documentos que reflejen correctamente el género con el que se identifican⁴⁴. Antes de esta sentencia, en un fallo temprano de 1993 (T-594/93), la Corte había afirmado que las personas trans podían cambiar su nombre en los documentos de identificación a través de la vía notarial⁴⁵. Posteriormente, en la sentencia T-504 de 1994, la Corte señaló que también podían modificar el componente sexo en sus documentos, aunque solo después de atravesar por un proceso de jurisdicción voluntaria, "por cuanto se requiere hacer una valoración de las pruebas con las cuales sea posible verificar el cambio fisiológico y/o psicológico"⁴⁶.

Con algunos matices, esta línea de interpretación fue mantenida hasta la promulgación de la sentencia T-063/15^[47]. En este fallo, como se explicó antes, la CCC consideró que las condiciones que hasta entonces se habían exigido a las personas trans -esto es, la validación de un juez, los procedimientos médicos de reafirmación sexual y el diagnóstico de disforia de género- eran innecesarias y vulneraban sus derechos fundamentales.

Este cambio en su interpretación significó un avance trascendental al establecer que el derecho a la identidad de género debe basarse en el principio de la autodeterminación, según el cual son las mismas personas quienes tienen "la potestad de decidir sobre el sexo que desean que se comunique a los demás"⁴⁸. Desde una perspectiva comparada, se trataba de una sentencia bastante progresista en la medida en que introducía un cambio legal que hasta ese momento (y aún hoy) muy pocos países habían adoptado, dado que la mayoría o bien no reconocían la existencia de un derecho a la identidad de género, o bien, en caso de hacerlo, exigían a las personas trans presentar certificaciones médicas⁴⁹.

En el campo legal, la sentencia T-063/15 ha tenido otras dos repercusiones relevantes. En primer lugar, la sentencia fue utilizada en los años siguientes para justificar la ampliación del derecho a la identidad de género a las personas trans menores de edad. Así, en los fallos T-498 y T-675 de 2017 la CCC estableció que el cambio de nombre y sexo también podía ser realizado por las personas trans que estuvieran próximas a cumplir la mayoría de edad (los 18 años en Colombia)⁵⁰. Posteriormente, en el fallo T-447 de 2019^[51] la CCC consideró que este cambio podía realizarse a una edad más temprana siempre que se considerara la "capacidad evolutiva" de los menores de edad; en particular, como explican Lozano y Estrada, su "capacidad [...] para la toma de decisiones sobre su identidad sexual y de género"⁵².

En segundo lugar, la sentencia T-063/15 ha contribuido a consolidar una línea de interpretación que sostiene que el derecho a la identidad de género no se limita exclusivamente a los documentos de identificación, sino que tiene implicaciones en el espectro más amplio de los derechos, los deberes y las obligaciones legalmente asignados a las personas de acuerdo con su sexo. Por ejemplo, un año antes del fallo T-063/15 la CCC había establecido que las mujeres trans, al haber construido su identidad como mujeres, tienen derecho a estar exentas del servicio militar, obligatorio solo para los hombres en Colombia⁵³. En fallos posteriores, la CCC ha reiterado esta interpretación, aplicándola a otros ámbitos como el de la seguridad social⁵⁴.

4.1. Los escritos de intervención y la emergencia de la movilización legal

El caso T-063/15 ilustra cómo el mecanismo de las intervenciones puede jugar un papel clave en la activación de la movilización legal. Después de la admisión de la demanda que dio lugar a la sentencia T-063/15, la magistrada Calle Correa decidió convocar a un conjunto de diecinueve actores de la sociedad civil y siete instituciones estatales para que presentaran pruebas y conceptos "para mejor proveer"⁶⁵. A cuatro de estos actores la magistrada les ordenó aportar pruebas, mientras que a los veintidós restantes los invitó a presentar conceptos de manera voluntaria⁶⁶. Todos los primeros acataron la solicitud de la CCC, mientras la invitación realizada a los segundos fue respondida por trece de ellos. Adicionalmente, otros tres actores intervinieron en la demanda sin haber sido invitados; estos fueron las organizaciones integrantes o aliadas del movimiento trans: Hombres en Desorden, Parces ONG y Fundación Procrear.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 1 RED DE ACTORES INTERVINIENTES ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

La figura ilustra los veinte actores que intervinieron ante la Corte (nodo negro en el centro) durante la fase de revisión judicial de la demanda: diez de ellos lo hicieron de manera individual, mientras que los otros diez trabajaron juntos en la presentación de un mismo escrito de intervención⁶⁷. En suma, la CCC recibió once intervenciones. En sus conceptos, quince de estos actores consideraron que la CCC debía fallar a favor de la demandante, o bien autorizar un mecanismo más simple para el cambio de sexo (nodos verdes), cuatro señalaron que debía mantenerse el proceso de jurisdicción voluntaria (nodos rojos) y uno más respondió en términos más técnicos, sin manifestar una posición claramente a favor o en contra (nodo amarillo).

Entre los actores que se involucraron en la demanda, buena parte de ellos eran "participantes recurrentes" ante la Corte (repeat players, como los denominó Galanter⁶⁸) y, como tal, habían acumulado una experticia legal significativa a lo largo de sus años como litigantes o intervinientes. Este es el caso de las organizaciones de derechos humanos Dejusticia y Colombia Diversa, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario y de las dos clínicas jurídicas pertenecientes a la Universidad de los Andes: la clínica PAIIS y el Grupo de Derecho de Interés Público (GDIP). Del lado estatal, también eran participantes recurrentes actores como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.

Adicionalmente, varios de estos actores habían acumulado una destacada experticia legal en el campo específico del litigio por los derechos LGBTQ. Por ejemplo, antes del caso T-063/15, la organización LGBTQ Colombia Diversa, en alianza con Dejusticia y el GDIP, había actuado como demandante en varias de las sentencias de la CCC que reconocieron derechos a favor de las parejas del mismo sexo⁶⁹. Su trayectoria como intervinientes en distintos litigios LGBTQ también era notable⁷⁰. Con todo, valga señalar que hasta entonces su participación en demandas relacionadas específicamente con los derechos de la población trans había sido limitada, en parte, como lo señaló un entrevistado, porque para ese momento estas organizaciones no se habían "tom[ado] en serio los derechos trans desde el punto de vista del litigio"⁷¹.

Algo distinto ocurría con las seis organizaciones trans que participaron, y que hacían parte de la coalición llamada Aquelarre Trans⁷². Para esta coalición, los derechos trans y en particular el derecho a la identidad de género sí representaban un tema central dentro de su agenda, pero, a diferencia de los anteriores, su experticia legal era reducida. Se trataba principalmente de colectivos u organizaciones de base, con un nivel bajo de profesionalización y algunas de ellas con pocos años de haberse creado. En los años previos a la demanda, algunas de estas organizaciones, inspiradas en cierta medida en el ejemplo de la Ley de Identidad de Género aprobada en Argentina en 2012, habían comenzado a movilizarse para "liberalizar la regulación legal sobre identidad de género"⁷³. Con este objetivo en mira, integrantes del Aquelarre habían comenzado a establecer alianzas con distintos expertos legales, entre ellos con la clínica PAIIS, con la cual algunos tenían cercanía gracias a su vinculación como estudiantes de la Universidad de los Andes⁷⁴.

Para el momento en que el caso T-063/15 llegó a la CCC ya existía, pues, una estructura de apoyo con experticia legal en materia de derechos LGBT, así como con cierto trabajo acumulado en relación con el tema particular de la identidad de género. Sin embargo, como se dijo antes, esta demanda no fue el resultado de una acción legal de las organizaciones del movimiento LGBTQ o del movimiento de derechos humanos en general, sino que provino de una demanda individual. Aunque no es posible afirmarlo con certeza, es bastante probable que sin la invitación realizada por la magistrada ponente esta demanda hubiera pasado desapercibida, al menos durante la fase de revisión judicial. Su decisión de convocar a actores no judiciales dio entonces visibilidad a la demanda y abrió oportunidades legales para la participación, con dos efectos importantes: activó la movilización legal de un conjunto de actores sociales y políticos, y propició la articulación entre varios de ellos y su decisión de organizarse para incidir tanto en los resultados de la demanda como en la implementación del fallo.

Una de estas articulaciones fue la que dio lugar a la intervención conjunta entre el Aquelarre Trans, Colombia Diversa, la Universidad de los Andes y Dejusticia; una alianza que combinó la experticia legal de unos con el conocimiento más práctico que tenían otros -particularmente las organizaciones del Aquelarre- respecto a las condiciones de vida de las personas trans. El escrito de intervención presentado por estos actores ante la Corte reflejó esta composición al incluir la argumentación más jurídica y especializada, junto con los testimonios escritos por siete integrantes del Aquelarre sobre sus experiencias de discriminación y violencia asociadas a la falta de un derecho a la identidad de género⁷⁵.

Paralelamente, algunos de los actores anteriores, aprovechando sus redes personales y profesionales con actores estatales, buscaron que instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia -ambas también convocadas por la CCC- presentaran intervenciones a favor de la demanda. Esta incidencia, en especial con el Ministerio de Justicia, fue muy exitosa en tanto desencadenaría la serie de acciones que culminaron en la expedición del Decreto 1227. En efecto, el Ministerio de Justicia, quien inicialmente había enviado a la CCC una intervención de carácter técnico, la cual, según el mismo resumen presentado en el fallo, "se limitó a exponer la regulación vigente sobre la materia"⁷⁶, decidió presentar unos días después una nueva intervención manifestando una posición decididamente a favor de la demanda. Esta segunda intervención, como lo confirmó un participante, estuvo motivada por la conversación que funcionarios del Ministerio habían tenido con uno de los actores académicos que hizo parte de la intervención conjunta con el Aquelarre:

Entonces hubo una reunión, nosotros oímos la cosa, y nos enteramos de la que eventualmente sería la T-063. Nos contaron un poquito cuál era la problemática, y ahí vimos que ya había una primera intervención. Esa intervención la hizo la oficina de la asesora jurídica [del Ministerio], porque, en realidad, al despacho no subían esas cosas, entonces ya la había hecho. Y nosotros llegamos y dijimos: "no, mire, nosotros tenemos una lectura distinta de la norma"⁷⁷.

La lectura distinta de la norma, como me lo explicaría esta misma persona, consistía en señalarles a los jueces que el cambio en el componente sexo debía entenderse como la corrección de un error antes que, como una alteración del estado civil, lo cual tenía importantes implicaciones. En particular, este enmarcamiento legal implicaba que el trámite de cambio de sexo debía poder realizarse a través de la vía notarial ya que el decreto que regula esta materia, Decreto 1260 de 1970, dispone que esta es la vía adecuada para modificar los documentos cuando se trata de "errores en la inscripción"⁷⁸. En su intervención, además, el Ministerio argumentaba que el mecanismo tradicional de la jurisdicción voluntaria resultaba "lesivo de los derechos de la población transgénero en Colombia", tanto porque implicaba una patologización de la identidad de género como por los mayores costos económicos que acarreaba⁷⁹.

Pero más importante que esta nueva intervención fue lo que vino después. Para el Ministerio, como lo diría la misma persona citada antes, era "claro que la Corte se quería mover para un lado", esto es, avanzar hacia la protección del derecho a la identidad de género⁸⁰. Esta expectativa los llevó internamente a preguntarse cómo podrían apoyar la aplicación de un futuro fallo que asumían que sería favorable. Para ello se consideraron dos opciones: la presentación de un proyecto de ley y la expedición de un decreto reglamentario. La primera opción fue sin embargo descartada, en parte porque se veía al Congreso como un foro poco receptivo. En cambio, se decidió trabajar en la formulación del decreto: una alternativa que resultaba novedosa ya que hasta entonces no se había considerado, o al menos tomado en serio, la idea de utilizar la vía administrativa para avanzar en los derechos de la población LGBTQ.

La decisión de trabajar en un decreto reglamentario dio lugar a una serie de reuniones entre el Ministerio de Justicia, el Aquelarre Trans y las organizaciones aliadas de esta coalición -particularmente, Colombia Diversa, Dejusticia y la clínica PAIIS-. Estas reuniones ocurrieron a la par que la Corte adelantaba la revisión judicial de la demanda. Para febrero del 2015, estos actores ya contaban con una "una versión concertada"⁸¹ del decreto y, una vez el fallo fue publicado el 13 de mayo de 2015, el Ministerio recogió los argumentos expuestos por la CCC para incorporarlos en dicha versión. Además del trabajo conjunto con actores de la sociedad civil, el Ministerio se encargó de gestionar la aprobación del decreto en el interior del Gobierno. Para ello, consiguió que el Ministerio del Interior aceptara aparecer como cofirmante del decreto, lo que era importante ya que este ministerio era propiamente el responsable de promover los temas LGBTQ dentro del Gobierno nacional. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia logró que la Superintendencia y la Registraduría emitieran conceptos a favor del proyecto de decreto antes de que éste llegara a la oficina jurídica de la Presidencia. Finalmente, una vez en el despacho del Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1227 el 4 de junio de 2015, tan solo 22 días después de la publicación del fallo.

La posibilidad de intervenir en la demanda tuvo así un efecto movilizador significativo. Distintos actores aprovecharon el espacio de participación promovido por la CCC para articularse y organizarse. Bajo el objetivo común de presentar una intervención ante la Corte y promover la implementación del fallo, actores que antes no habían colaborado entre sí -como ocurrió con el Ministerio de Justicia y algunas organizaciones del Aquelarre Transse unieron para impulsar y coordinar acciones a favor del caso T-063/15. Este espacio de encuentro e interacción ayudó a la consolidación de una red de movilización que, como mostraré en la próxima sección, desempeñó un papel crucial en la implementación de la T-063/15 y su decreto reglamentario.

4.2. La red de actores después del fallo: la movilización ante las instituciones y en las calles

Luego de la promulgación del fallo y el Decreto 1227, varios de los mismos actores que hicieron parte de la red de movilización legal a favor de la demanda se involucraron en su implementación. En este apartado muestro que la participación de distintos tipos de actores -académicos, organizaciones LGBTQ, organizaciones de derechos humanos y actores estatales- hizo que la movilización no solo contara con más recursos de variado tipo, sino que además se desarrollara a partir de distintos repertorios de acción y apuntara a variados objetivos.

En primer lugar, uno de los principales objetivos que orientaron la movilización postsentencia fue garantizar que las personas trans interesadas en cambiar sus documentos efectivamente pudieran hacerlo a través de la vía notarial. Las acciones que se desplegaron con este objetivo fueron variadas. A nivel institucional, el Ministerio de Justicia se encargó de incidir ante algunas de las entidades con competencia en los asuntos de registro, como era el caso de la Registraduría, la Superintendencia y los consulados. Varias de estas instituciones, como se mostró antes, tomaron medidas orientadas a garantizar la aplicación del fallo y el decreto.

Simultáneamente, algunas organizaciones que tenían trabajo previo de incidencia con instituciones como la Registraduría, como era el caso de Colombia Diversa, recurrieron a funcionarios de esta entidad buscando contrarrestar las barreras que imponían algunas notarías al negarse a realizar cambios en los documentos. Este trabajo de incidencia, como lo sugiere el siguiente testimonio de un antiguo empleado de la Registraduría, resultaba estratégico debido a la autoridad que tenía esta entidad en materia de registro civil:

Había unas [mujeres] de Colombia Diversa que iban mucho a la oficina y las atendíamos, y ellas eran las que me decían que los notarios no las querían apoyar. Yo los llamaba y los requería. Incluso yo acompañaba: yo cogía mi carro, tenía un carro oficial que me llevaba a todo lado, e iba donde ellos: "y bueno, señor notario, ¿por qué no está cumpliendo con eso?". Yo, como autoridad, varias veces lo hice, y aperturaba, hice muchos requerimientos al superintendente de esa época para que les llamara la atención a ellos⁸².

Además, las organizaciones del Aquelarre Trans pusieron en marcha diversas acciones de difusión y pedagogía. El Aquelarre utilizó sus redes sociales y otros espacios, como las marchas del Día del Orgullo, para socializar el fallo y el decreto y difundir guías y modelos de formatos que explicaban cómo solicitar ante una notaría la corrección del sexo y cómo presentar la declaración juramentada requerida para este fin. En conjunto con otros actores de la red, como la Clínica PAIIS, las organizaciones del Aquelarre también organizaron varios talleres pedagógicos y eventos para socializar el fallo y el decreto.

Por otro lado, para atender a las barreras económicas que encontraban las personas trans para cambiar sus documentos, hacia octubre de 2015 el Aquelarre lanzó la campaña "Patrocina un tránsito" con el fin de recolectar fondos para cubrir los gastos notariales de las personas trans con menos recursos. Con este mismo propósito, en 2017 dos organizaciones del Aquelarre, la Fundación GAAT y Santamaría Fundación, emprendieron una campaña de cedulación más ambiciosa, "Transidentifiquémonos", con la financiación obtenida del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida⁸³. Adicionalmente, como me lo explicaría un funcionario vinculado a la Alcaldía de Bogotá⁸⁴, la Fundación GAAT, a través de sus conexiones personales con actores gubernamentales y su trabajo de incidencia institucional, desempeñó un papel clave en la decisión que tomó la Alcaldía de Bogotá de crear algunos años después el programa de cedulación "Reafírmate: el chuchú de la cédula".

Un segundo objetivo que orientó el trabajo de la red de movilización consistió en defender el Decreto 1227 de la demanda que presentó la Procuraduría General ante el Consejo de Estado con el fin de solicitar su nulidad y suspensión provincional⁸⁵. Para ese entonces la Procuraduría estaba a cargo de Alejandro Ordóñez, un activista conservador religioso quien desde su llegada a la institución en 2009 venía sistemáticamente utilizando el poder y los recursos de la Procuraduría para oponerse a los avances legales a favor de la población LGBTQ y los derechos sexuales y reproductivos en general⁸⁶. Siendo bien conocido por su activismo "antigénero", las entrevistas con distintos participantes mostraron que la demanda presentada por Ordóñez no solo no tomó por sorpresa a las organizaciones, sino que además éstas pudieron organizarse rápidamente para hacerle frente. Como lo explicaría una integrante de la clínica PAIIS, una de las estrategias que desde la red emprendieron para defender el Decreto 1227 fue la de promover "que la mayor cantidad de gente trans se acogiera al decreto"⁸⁷ bajo la idea de que su nulidad sería más difícil si ya muchas personas habían hecho uso de esta norma. En palabras de esta misma participante:

Toda la movilización fue para que la mayor cantidad de gente trans que lo quisiera hacer se acogiera al decreto y cambiara sus documentos de identidad, porque son derechos adquiridos. Sería mucho más difícil que esta demanda prosperara si hay miles de personas que se han cambiado el sexo y nombre en sus documentos, y el Estado va a decir ¿qué?, ¿qué va a reversar esas acciones?, ¡pues no! porque son derechos adquiridos. Entonces, mucha de la movilización fue implementar el decreto a toda marcha.

Adicionalmente, las organizaciones recurrieron de nuevo al mecanismo de las intervenciones para defender el Decreto 1227 ante el Consejo de Estado. En este caso, varios de los actores que antes habían intervenido de manera conjunta en el fallo T-063/15 decidieron presentar intervenciones por separado; una estrategia que a menudo han utilizado activistas y otros actores para incrementar el número de intervenciones que recibirán los jueces. Así, el Aquelarre Trans⁸⁸, Colombia Diversa, Dejusticia y la clínica PAIIS presentaron cada una su propia intervención. Además, a través de sus redes de aliados, PAIIS consiguió que dos actores internacionales se sumaran a esta movilización legal presentando escritos de amicus: la Comunidad Homosexual Argentina y la profesora Laura Saldivia Menajovsky, vinculada a las facultades de derecho de la Universidad de Palermo y la Universidad Nacional del General Sarmiento. En suma, durante la revisión judicial, el decreto fue respaldado por trece actores distintos, incluyendo al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, quienes en calidad de partes demandadas también defendieron la norma que habían expedido.

En suma, lo que muestran las anteriores páginas es que los múltiples efectos que desencadenó la sentencia T-063/15 fueron a su vez el resultado de la actuación de múltiples actores. La secuencia en la que ocurrieron los hechos es aquí importante para entender cómo emergió esta movilización tan potente a favor de un litigio individual. En particular, la admisión de la demanda por parte de la Corte y la invitación a presentar escritos de intervención realizada por una de sus magistradas contribuyeron a activar la movilización de actores sociales y políticos. Estos actores comenzaron a trabajar en la elaboración de intervenciones de manera individual o en articulación con otros. Esta acción propició su apropiación de la demanda, contribuyó a la consolidación de una red de movilización y condujo a la planeación y puesta en marcha de acciones a favor de la implementación del fallo. No menos importante, a través de sus redes personales y profesionales, algunos de estos actores lograron que otros más se involucran en este proceso de implementación.