I. Antecedentes de la Ley sobre Tramitación Electrónica

La justicia civil en Chile, como en otras partes, requiere un urgente cambio, pues los acostumbrados reclamos sobre su lentitud y exceso de burocracia son actualmente un eco, que dispensa demostración². Desde hace un poco más de diez años comenzó a gestarse la posibilidad de reformar el proceso, primero mediante un anteproyecto³, que luego se transformó en el proyecto de ley que crea un nuevo código procesal civil. Al poco andar, este chocó con la falta de estudio sobre el impacto de la eventual reforma en el Código Orgánico de Tribunales según dispuso el Senado. Así, su tramitación parlamentaria se encuentra suspendida desde el año 2014[⁴]. Ese mismo año, la Corte Suprema de Chile dicta un auto acordado⁵ que regula la tramitación electrónica de los tribunales con competencia civil⁶. Este es la antesala de la ley en referencia. Busca mitigar la lentitud de la tramitación de los procesos judiciales, mediante la instauración de una plataforma virtual de causas. En diciembre del año siguiente, por fin se promulga la Ley n.° 20.886 que modifica el código de procedimiento civil. Pero este estudio no pretende dar a conocer todos los aspectos de la referida ley, sino que específicamente se centrará en un tema particular⁷, a partir del siguiente artículo:

Artículo 2.°- Principios. La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales:

[.··]

d) Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.

El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.

Llama la atención que, si bien la ley buscó regular una materia tan específica como la introducción de un soporte informático para la tramitación de los pleitos, haya a su vez incorporado una norma tan general como la transcrita. En la LTE se observan once artículos. Estos intentan regular los diversos pormenores del traslado desde una tramitación escrita a una digital. Sin embargo, no se ve en ellos una clara conexión entre los fines y objetivos de la ley, y los fines y objetivos del artículo en referencia. La buena fe procesal abarca todas las formas y los imperativos del proceso; en cambio, la tramitación electrónica es el soporte computacional donde este se vierte. Aquello es un aspecto muy puntual de índole administrativa.

Las luces sobre la reflexión tenida en cuenta para la inserción de la citada norma legal pueden encontrarse en algunas opiniones que fueron expresadas en la tramitación del proyecto de ley por el entonces presidente de la Corte Suprema de Chile, en el segundo trámite constitucional realizado en la Cámara de Diputados:

... fraude es para toda conducta reñida con el buen hacer, juego limpio, mirarse a la cara y no ocultar nada, no tener doble estándar. Lo contrario es el fraude y abuso. Colusión no era un concepto frecuente, pero habría que entenderlo como una de esas conductas. Asimismo, que la contravención de los actos propios es muy relevante, no contradecir una conducta propia. El aspecto del acto propio es un concepto muy fuerte, nadie puede guardar una incoherencia con su actuar anterior.

Lo señalado es muy acorde con una sentencia dictada en la sala donde el mismo ministro desempeñaba sus funciones antes de ejercer la presidencia. Se cita literalmente lo dicho en ella:

Dicha actitud es contraria a derecho, ya que contraviene el principio jurídico de la doctrina de los actos propios, de acuerdo a la cual nadie puede legítimamente contrariar los actos propios. En efecto, conforme a la señalada doctrina, se impide jurídicamente el que una persona afirme o niegue la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto, hecho una afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto, pues de acuerdo a este principio, nadie puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo, con perjuicio de un tercero.

Los actos propios encuadran el derecho de los litigantes, en forma que no puedan pretender que cuando han reclamado o negado la aplicación de una determinada regla en beneficio propio, puedan aprovechar instrumentalmente la calidad ya negada precedentemente, con perjuicio de los derechos de su contraparte.

Como se verá a continuación, lo dicho en el fallo no es del todo correcto. Es un enunciado general sobre la esencia de la TAP. Pero, aquella generalidad no retrata con rigor todos los parámetros necesarios para que el principio opere en la práctica, como asimismo la TAP. Una mirada muy amplia de la idea de la contradicción aplicada a una relación procesal desconoce implícitamente los límites y la estructura del proceso.

II. La teoría de los actos propios en el derecho sustantivo

A. Marco general

La doctrina de los actos propios se funda en dos aspectos: el principio general de la buena fe, y la confianza que produce en una persona la actuación de otra. Esta permite suponer un curso de acción similar y constante de las acciones que asumen ambas. Debido a lo expuesto, si cualquiera realiza una conducta distinta a un curso natural o esperable que nace del precedente afianzado por el paso del tiempo, la confianza entre ellas merma. Así, queda en entredicho la buena fe del que intempestivamente cambia de parecer. Este, sin un fundamento razonable, ha variado el curso de condiciones iniciales y luego mantenidas en el tiempo.

Ello siempre y cuando se produzca una consecuencia jurídica relevante que reporte alguna desventaja para la otra parte.

III. Los requisitos sustantivos de la doctrina versus los parámetros del proceso

No es concluyente afirmar que la dogmática civil nunca tuvo en mente la conformación actual del proceso -más cercana a lo público que a lo privado-, para elaborar los requisitos de la TAP y hacerla aplicable en su interior. Pero esa presunción al menos resulta indiciaria para dar un punto de partida a las ideas que se expresarán a continuación. Estas se centran en demostrar que en una relación tan estrecha y mecánica como la adjetiva no resulta operativo ninguno de los requisitos sustantivos vistos antes. El punto de encuentro entre ambas solo se ubica en un lugar muy abierto e impreciso: las conductas contradictorias que ocasionan daño deben ser proscritas.

Se esbozó en el acápite anterior que la pretensión idónea no puede desprenderse de un acto aislado, como para deducir que los sujetos han tenido una actitud en uno u otro sentido. Ellos deben estar convencidos de sus actitudes. Esta convicción se sustenta en un rumbo fijo previsible por ellos y por los destinatarios de sus conductas. Si un individuo paga la pensión familiar a la que está obligado después de mucho tiempo, y en ese intertanto se ha relacionado con su acreedor, el alimentario, en varias circunstancias normales donde han asumido obligaciones recíprocas cumplidas por ambas partes, el primero pensará válidamente que el segundo no le cobrará intempestivamente la pensión. Si esto ocurre, este podrá reclamar del primero el abrupto cambio de circunstancias, versus el statu quo generado. Aquello que válidamente le hizo pensar que esa deuda no sería cobrada de sopetón.

En estos casos no se ha producido un contrasentido aislado del acreedor, sino más bien una serie de actos desarrollados en el tiempo. Si fuese una manifestación de voluntad en el momento de hacerse exigible la obligación, no existiría ningún reproche. La voluntad en cierto sentido se deduce de varios actos. Se trata de las cuestiones propias de las relaciones de carácter sustantivo que se mueven en planos multidimensionales²⁸.

Entonces, cabe preguntarse si en el estrecho margen procesal existe el tipo de circunstancias descrito precedentemente. El proceso busca tutelar los intereses transgredidos de los particulares. Esto se vierte en un singular acto. La presentación de una demanda con una causa de pedir y un objeto pedido único. Todas las cuestiones fácticas se encapsulan en la causa, el fundamento de la acción. Luego, aquellas se vierten en el objeto, es decir, en la petición sometida al fallo del tribunal. Posteriormente, las actitudes tanto del demandante como del demandado se encaminarán a probar sus puntos de vista. No será posible en tan constreñido escenario valorar la dirección de un comportamiento de la forma requerida por la TAP. La pretensión en sentido procesal es mucho más concreta y específica, en tanto se define como la potestad del Estado para provocar la actividad jurisdiccional.

La elaboración dogmática de la TAP considera también el establecimiento de una limitante al ejercicio abusivo de los derechos subjetivos²⁹. Ello, porque una facultad perfectamente delimitada por el derecho no puede manifestarse abruptamente, cuando produjo una legítima expectativa de pasividad en la contraparte³⁰. Aquello es contrario a la buena fe. En el proceso civil, tal fenómeno resulta ajeno a la conformación de los imperativos que le son propios. Cargas, deberes y obligaciones se entrelazan para el avance mecánico del iter procesal. Estos vectores ya están previstos en ley. La presentación de la demanda, la producción de prueba, la posibilidad de plantear incidentes para las partes. Entre otros, el deber de dictar sentencia para el juez. No hay posibilidad para ejercer facultades en los términos libres de la relación de fondo.

Por otra parte, la regla adversus factum suum quis venire non potest no puede estimarse de aplicación general. Se somete a una específica figura legal. Díez-Picazo es enfático en esto. La TAP debe quedar adherida a un mecanismo jurídico existente. En el derecho de fondo se plantea como una limitación al ejercicio de un derecho subjetivo³¹.

En la LTE se intentó concretizar mediante el establecimiento de una serie de deberes judiciales consistente en "prevenir, corregir y sancionar cualquier acción u omisión que importe contravención de actos propios"; pero no se señalaron las consecuencias específicas para el desacato. Así, la figura creada carece actualmente de valor práctico. No obstante, suponiendo la asignación de consecuencias, tampoco sería un mecanismo eficiente. Ello, porque en un proceso judicial no hay derechos subjetivos -en sentido sustantivo- que analizar³². Como se dijo antes, existen cargas, deberes y obligaciones.

IV. El cauce incorrecto: la aplicación de la doctrina sustantiva al proceso

A estas alturas del desarrollo del derecho procesal ya no se discute, como antaño, de su subordinación al derecho de fondo. Tampoco se argumenta en torno al sobrevalorado problema de la acción³³ o a la naturaleza jurídica de la relación procesal³⁴. El estudio del proceso se ha constituido como una rama autónoma del derecho público³⁵. Su objeto de estudio -el proceso- es una herramienta que sirve a la solución de los problemas del derecho sustantivo. En tanto instrumento, si bien a primera vista reviste un carácter accesorio, posee márgenes, parámetros y contornos delimitados. Es un ente independiente, cuya observación intrínseca sigue contribuyendo al desarrollo de su estructura.

Álvaro de Oliveira propone un nuevo rumbo en la ya cimentada área de estudio. Plantea la asunción de un formalismo valorativo. Ello significa, en sus palabras que "no se puede concebir que el carácter formal del proceso lo reduce a una ordenación técnica de fases instituidas por el legislador"³⁶. El autor ve en las conductas que se desenvuelven en su interior un sustrato axiológico que debe ser tenido en cuenta. En gran medida porque considera que el proceso, al estar inmerso en una sociedad determinada³⁷, es un "fenómeno cultural"³⁸. En ese entendido las formas por las que se sostiene son en sí mismas un paraguas frente a cualquier acción que pueda constituir una arbitrariedad por parte del juez³⁹. Porque aquellas se predeterminan normativamente y así, tanto este como las partes, saben de antemano las reglas por las que se desenvolverá⁴⁰.

En el esquema que se viene presentando, el juez desempeña un papel más relevante que la mera ejecución de lo señalado en una directriz. Ejerce una operación mucho más compleja que esa simple tarea⁴¹. Para comprenderla se parte de la base de un principio de colaboración⁴² por el que la decisión jurisdiccional solo podrá fundarse en un empowerment de los sujetos procesales. Para ello es necesario un juez activo, en conjunción con los demás participantes del proceso, dentro de un marco de lealtad⁴³.

El derecho civil discurre por márgenes completamente diversos a la estructura del proceso. En este último no hay niveles de relación, sino una breve yuxtaposición. En la armazón abstracta del proceso, la relación sustantiva es el antecedente que sirve como causa de pedir de la acción. La relación sustantiva se desarrolla fuera del proceso. No nace espontáneamente. La condición es que esta no siga su curso normal y esperable⁴⁴. La adjetiva, en cambio, se encamina a aspectos independientes y singulares. La interacción se encamina al desenvolvimiento adecuado de las formas, para que el procedimiento llegue a su destino natural: la sentencia o alguno de sus equivalentes. Independiente de los resultados que la decisión conlleve. En el mismo orden de ideas, Díez-Picazo señala que los casos de aplicación de la teoría identificables como procesales en realidad se refieren a la preclusión⁴⁵. No obstante, hay doctrina⁴⁶ que desconoce esos aspectos. También jurisprudencia⁴⁷ que rompe los límites de la TAP y se vierte sobre cuestiones procesales⁴⁸. Sucede que el brocardo adversus factum suum quis venire non potest contiene un contrafuerte muy alto. Este se utiliza como fundamento suficiente para que la contradicción que un sujeto manifieste en cualquier área del derecho confiera una entidad jurídica suficiente para que sea inmediatamente repelida⁴⁹. Pero ello obedece, lejos de una reflexión, a una pulsión basada en el sentido común. La TAP fue elaborada exclusivamente para el examen y solución de los fenómenos que pueden ocurrir en el derecho de fondo, no para el proceso.

Hay autores que subsumen todas las exigencias de la TAP en la denominada exceptio doli, que, como su nombre lo indica, sirve para impugnar las actitudes contrarias a la buena fe⁵⁰. No hay un análisis que pase por sobre la vinculación al principio general. Se trata de un argumento concreto que se agota en cada caso. No alcanza el grado de abstracción necesario para clarificar las incoherencias procesales. Zeiss⁵¹, un referente en esta materia, formula un par de ejemplos. La infracción a un acuerdo de no utilizar facultades procesales que luego es infringido. Se trata de un compromiso de desistimiento de demanda que luego no se cumple. También se refiere a un pacto de indemandabilidad⁵² que luego se infringe. Si se examinan dichos casos, no se está frente a una cuestión de carácter procesal. En ellos únicamente las partes hacen referencia a un proceso. Es una cuestión civil contractual cuyos remedios son exigir ante la justicia ordinaria el cumplimiento o la resolución del acuerdo, con indemnización de perjuicios.

V. La vertiente adecuada: la generación del deber de coherencia

No debe confundirse el lector pensando que en la relación adjetiva no existen contradicciones. Aquí se ha intentado establecer algo distinto. La TAP no tiene cabida en el proceso; pero es completamente cierta la incoherencia de las conductas humanas ejercidas en el desarrollo del iter procesal. Estas acontecen y deben ser enmendadas. Ocurren, por ejemplo, cuando una parte confiesa su calidad de padre en la contestación de una demanda, pero luego deduce apelación de la sentencia condenatoria porque su contraparte no probó dicha circunstancia.

Para la solución convincente de las contradicciones procesales es necesaria la concurrencia de tres condiciones: la actitud cooperativa de los sujetos de la relación, el marco jurídico adecuado y el procedimiento correcto de adjudicación por parte del juez.

La primera condición se encuadra en el principio de colaboración procesal⁵³, mencionada en el parágrafo anterior. Este consiste en un sistema donde los sujetos participantes de la contienda, a pesar de sus diferencias, buscan un mismo fin: la correcta decisión de la controversia. El accionar de los intervinientes se encamina a aquello, más allá de sus intereses particulares. Objetivo que no obsta a las facultades de dirección del ente rector, en aras de encauzar el debate hacia los puntos atinentes de la contienda. Uno de ellos es la tutela de la buena fe. El punto complejo de este escenario ideal es la manera como el juez entiende formar parte de él. Hoy, puede ocurrir que en la conciencia del sentenciador se erija una figura de sí mismo demasiado preeminente, autoritaria y alejada de las partes. Un paradigma asentado sobre un exagerado entendimiento del juez como un "tercero imparcial"⁵⁴, unida a la comprensión demasiado laxa del principio dispositivo⁵⁵. Fenómeno con raigambre compleja ubicada en la Revolución francesa que no es del caso ahondar aquí⁵⁶.

De cualquier manera, se trata de una labor judicial, donde el sentenciador no actuará sin control. Dentro del mismo cuadro colaborativo expuesto, las figuras específicas emanadas del principio general se tallan con el aporte de las partes. Primordialmente, con el uso de sus derechos impugnativos en los diversos niveles previstos por el ordenamiento.

El segundo requisito parte de la base de un sistema donde está reconocido el instituto de la buena fe como principio procesal⁵⁷. En forma implícita, como ocurría en Chile antes de la LTE, o expresamente, como ocurre ahora con su entrada en vigencia. En este último caso, la norma no se cierra a un listado de conductas atentatorias contra el principio. Se trata de una cláusula abierta⁵⁸. Ideal, porque no será posible prever la ocurrencia de todas las acciones inconsecuentes de los participantes del litigio. En este orden de ideas, no hay un deber de buena fe⁵⁹. Como se verá a continuación, existen una serie de deberes específicos emanados del principio.

La tercera parte del esquema propuesto consta de dos fases consecuenciales. La primera comienza con un ejercicio de razonamiento judicial. Este consiste en la identificación de la situación específica y compleja sobre la que el juez es llamado a resolver. Una vez aislada la cuestión de hecho, las circunstancias se cotejan con la cláusula abierta. En ese instante se apreciará a contraluz si estas se plasman o no dentro de aquellas conductas consideradas contrarias a la directriz. El análisis de los aspectos éticos de la cuestión es imprescindible. No resulta posible la concurrencia de un contrasentido procesal, sin algún tipo de intención de perjuicio hacia alguno de los sujetos de la contienda. De esta manera se va desarrollando progresivamente un mayor nivel de abstracción. Aquí cabe preguntarse: ¿dónde se encuentra el sostén axiológico de la conducta, para reconducirla a una acción contraria al actuar de buena fe? Como se anunció, no se encuentra en la consumación de un contrasentido, sin más. Una persona puede manifestar posiciones contrarias en una disputa, y no todas las veces aquello será reprochable. En ese caso, se tratará de una conducta desordenada. El quid del asunto se halla en el desvalor de la mentira localizada detrás de la contradicción⁶⁰. En efecto, en el fenómeno descrito se identifican dos actitudes en una sucesión. La afirmación en un sentido, y la misma en la dirección inversa. Lógicamente, una de ellas debe ser cierta, la otra no. La falsedad predicada por un sujeto no está dentro del catálogo de actitudes laudables en el marco de la convivencia social. A la inversa, lo coherente encuentra fundamento en la verdad⁶¹. Algunas teorías⁶² estiman a la coherencia como un supuesto básico de lo verdadero⁶³'. Teniendo presente un concepto abierto y relativo como el precitado. Debido a ello, se trata de una contigüidad al significado de lo "verdadero", de acuerdo con las circunstancias⁶⁴. En este sentido, resulta interesante el vínculo establecido por Rescher. Según su punto de vista, dentro de una análisis epistemológico, en ciertas condiciones ideales, la coherencia es inherente a "la verdad genuina"⁶⁵ de las cosas⁶⁶, dentro de un marco conformado por las circunstancias cotidianas e imperfectas⁶⁷.

En la segunda etapa, el juez plasmará en una decisión/resolución el resultado producido al acoplar los dos componentes provenientes del método descrito en el párrafo anterior. Por una parte, la esencia del imperativo, es decir, la proscripción de la deshonestidad, por la otra, la conducta socialmente deseable⁶⁸. En efecto, las personas deben proceder coherentemente en sus relaciones interpersonales⁶⁹. El contraste y unión entre ambos genera y da nombre al imperativo: el deber de coherencia. Si en los hechos el sujeto obra en contravención a él, la secuela será la indicada por el ordenamiento jurídico. Normalmente la consecuencia se encontrará en la norma jurídica donde se haya tipificado el principio.