Disposición de suelo e inflexiones del neoliberalismo urbano

En los últimos diez años, diversos investigadores internacionales se han enfocado en el estudio de los recientes procesos de privatización de tierra pública. Si, por un lado, una serie de investigaciones se abocó al análisis de las landgrabbing, es decir, a la masiva adquisición de grandes porciones de tierra por parte de empresas transnacionales, individuos o aun gobiernos, muchas veces ubicadas en localidades remotas respecto al lugar donde se toma la decisión, otros investigadores hacen referencia a los "nuevos cercamientos" de tierra urbana en las principales ciudades del mundo (^{Christophers, 2018}). Dicha transferencia ha sido asociada a fenómenos de desposesión vinculados con el neoliberalismo y la financiarización (^{Christophers, 2018}; ^{Pedersen & Buur, 2016}; ^{Shatkin, 2017}; ^{Whiteside, 2019}) que han convertido a la tierra en un nuevo asset class, es decir, un activo/recurso valorado y valorizado por los inversores especializados.²

Así mismo, y siguiendo la afirmación popularizada de Harvey según la cual la tierra se convierte en un "activo puramente financiero" (1982, p. 21), numerosos investigadores han centrado su atención en cómo la financiarización ha profundizado (o mutado) al neoliberalismo urbano o al empresarialismo municipal (^{Harvey, 1989}). Para ellos, las agencias estatales no solo han facilitado el proceso de mercantilización y financiarización de la tierra (^{Christophers, 2017}; ^{Fields, 2013}), sino que también -en los casos extremos- se han convertido ellas mismas en agentes financieros activos que especulan con la propiedad pública mediante mecanismos institucionales, legales, contables, etc. (^{Beswick & Penny, 2018}).

De forma tal que, podemos afirmar, estamos ante un proceso multiescalar y trasnacional (^{Brenner, 2004}) de puesta a disposición de tierras para el desarrollo de emprendimientos urbanos, para la obtención de renta o simplemente para conformar un stock de tierras en manos de inversores internacionales. Dicho fenómeno existente hace décadas parece haberse intensificado globalmente luego de la crisis de 2008 como respuesta a una búsqueda de activos reales, supuestamente más seguros para los inversores (^{Christophers, 2017}), dando lugar a mutaciones en el "urbanismo neoliberal" del que daba cuenta la bibliografía internacional cuando terminaba la década de los noventa (^{Theodore et al., 2009}).

Ahora bien, en economías donde los procesos de financiarización en el segmento inmobiliario no son generalizados o encuentran varios límites (^{Fernández & Aalbers, 2019}), como es sin duda el caso argentino (^{Socoloff, 2019}), la venta de terrenos públicos responde muchas veces a los intentos de las autoridades de impulsar la construcción en momentos de vulnerabilidad económica producidas por el propio proceso de financiarización. Allí, y como relatan otras investigaciones, el papel de las autoridades nacionales y locales es clave, junto con el de los desarrolladores locales, quienes, en alianza (o en disputa) con los inversores internacionales, se apropian de las tierras puestas a disposición por parte de las autoridades (^{Socoloff, 2019}).

Para analizar estas dinámicas, sin embargo, partimos de elementos aún más básicos en el marco de este artículo. Por un lado, entendemos que la tierra es un bien imprescindible para la supervivencia humana, que posee materialidad y localización, y que es pasible de convertirse en un "recurso" (¿natural?) solamente por medio de la coconstrucción de una serie de dispositivos de inscripción que son ellos mismos parte integral del proceso de "ensamblaje" (^{Murray Li, 2014}). Medirla, localizarla, mapearla, cercarla, valuarla, trabajarla, etc., son todas tareas de este proceso que regula y gobierna la ocupación y distribución de las personas en el espacio. Ahora bien, como nos aclara ^{Murray Li (2014)}, los ensamblajes no son estables, sino que se encuentran en disputa: es decir, son estabilizados mediante diversos mecanismos que incluyen sustancias, tecnologías, discursos y prácticas. Así, la tierra puede ser técnicamente mercantilizable, pero no plenamente, ya que es condición para la vida.

Recuperando entonces la noción de la tierra que deviene 'recurso' que debe ser 'explotado' en contextos de profundización/mutación del neoliberalismo urbano a la luz de la financiarización (del interés creciente hacia la tierra en tanto asset class), es que nos interesa particularmente analizar las estrategias de disposición de tierras y bienes inmuebles por parte de diversas autoridades en Argentina en el período 2015-2018. Al respecto algunas de las grandes preguntas que orientan este texto son: ¿cómo fue concebida la tierra pública urbana en los recientes discursos y prácticas de las autoridades? ¿Qué dispositivos se crearon para disponer de ella? Dentro de los límites de esas preguntas, no abordaremos aquí el conjunto de disputas que enmarcan esos procesos, sino que nos enfocaremos específicamente en: 1) la descripción breve de algunas tecnologías y técnicas que han permitido la creación de instituciones parademocráticas en el seno del gobierno local y nacional, que se encuentran en tensión con el poder legislativo y con la normativa vigente; y 2) el análisis de las racionalidades que orientan contradictoriamente el diseño de las tecnologías antes mencionadas.

La disposición de la tierra en Buenos Aires en los noventa: breve consideración

Con la reforma del Estado y el proceso de privatizaciones en Argentina durante los años noventa, gran parte de los servicios públicos y de otros servicios urbanos³ de Buenos Aires pasaron a manos privadas: en este período, un gran número de inmuebles pertenecientes a organismos estatales (como las Fuerzas Armadas, el Banco Hipotecario o las compañías ferroviarias) y a empresas públicas privatizadas fueron transferidas a grupos económicos y a desarrolladores privados. Así mismo, se concesionaron plazas y terrenos públicos (como los predios ubicados sobre la Costanera Norte)⁴ y otras políticas controvertidas como la permisión de instalación de áreas comerciales en instituciones educativas públicas, llamadas coloquialmente 'escuelas shopping'.

De acuerdo con ^{Pírez (2006)}, el fenómeno que tuvo lugar en la Región Metropolitana de Buenos Aires en los años noventa fue de privatización urbana, proceso que ha tenido un carácter doble: por un lado, la privatización de la producción urbana (es decir, la subordinación de las lógicas de urbanización a la dinámica de acumulación del capital privado); y, por el otro, la privatización de los productos urbanos (es decir, la exclusión del consumo de bienes y servicios urbanos a segmentos importantes de la población) (pp. 32-33).

En el mismo período, se produjo a su vez una expansión de la tierra urbanizable como efecto de la construcción de autopistas y de la conversión en uso residencial de predios anteriormente inundables o sin servicios urbanos a partir de la aplicación de tecnologías por parte de los desarrolladores privados (^{Cravino et al., 2000}; ^{Torres, 2000}). A su vez, a lo largo de la década de los noventa se introdujeron excepciones y modificaciones parciales y generales al Código de Planeamiento Urbano, lo cual amplió las posibilidades de los desarrolladores de captar la renta del suelo (^{Clichevsky, 1996}; ^{Socoloff, 2015}).⁵ Para llevar adelante estas privatizaciones, algunos dispositivos institucionales novedosos fueron creados, entre los que se destacaron las 'corporaciones' (Corporación Puerto Madero y Corporación Sur), que permitieron, con diferencias entre sí, la gestión de amplias superficies de suelo sorteando algunos "obstáculos" institucionales.⁶ Sin embargo, con la sanción de la nueva constitución y la autonomización de la ciudad durante la segunda mitad de la década de los noventa, se introdujeron algunas limitaciones y nuevos requisitos a los cambios de normativas de usos del suelo y a las privatizaciones de bienes públicos, como fueron las nuevas mayorías legislativas, los procesos de doble lectura, los requisitos ambientales, entre otros (^{Ciccolella & Mignaqui, 2008}; ^{Mignaqui, 2012}).

Todo lo cual, si bien permitió desacelerar parcialmente algunos de los efectos de la privatización y mercantilización del suelo en el interior de la ciudad de Buenos Aires,⁷ no impidió que durante las décadas siguientes proliferaran la "verticalización" y la suburbanización residencial (^{Ciccolella & Vecslir, 2012}), y la normativa "facilitadora" de emprendimientos inmobiliarios en toda la Región Metropolitana de Buenos Aires (^{Guevara, 2013}; ^{Socoloff, 2013a}), especialmente durante el ciclo expansivo de la economía 2002-2011 (^{Baer, 2011}; ^{Baer & Kauw, 2016}; ^{Del Río et al., 2014}).

Esta política urbana se inscribió en un discurso (aún presente en la actualidad) en torno a la necesidad de 'modernizar la ciudad' favoreciendo la participación del sector privado, y ubicando al Estado en la posición de facilitar y promover la actividad económica de estos capitales, regulando tan solo algunos aspectos del gobierno urbano. Como presentaremos a continuación, los procesos observables en el período analizado pueden ser entendidos como una continuidad del fenómeno de privatización urbana originada en décadas anteriores, aunque por medio de mecanismos novedosos que constituyen su especificidad.

La mercantilización de terrenos del GCBA por medio de proyectos legislativos

Analizaremos, en primer lugar, las estrategias orientadas a la mercantilización de terrenos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad por medio del tratamiento de proyectos parlamentarios en la Legislatura, que fueron aprobados entre diciembre de 2015 y abril de 2018 (figura 1). Se trata de once proyectos que si bien en una primera instancia fueron promovidos por el poder ejecutivo de la ciudad (encabezado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) con la intención de sancionarlos por decreto, finalmente fueron aprobados en el ámbito legislativo. Así mismo, si bien la mayor parte de los terrenos públicos a los que refieren estos once proyectos habían sido objeto de intentos anteriores de enajenación o concesión previo a diciembre de 2015, recién a partir de entonces se resolvió que se trabajasen en el recinto legislativo local, en buena medida gracias a la composición favorable al partido gobernante.⁸

Fuente: elaboración de los autores con base en la normativa nacional y local.

Figura 1 Mapa de proyectos sobre terrenos en CABA aprobados por la Legislatura (dic. 15-dic. 17) 

Consideramos destacable el hecho de que la mayor parte de estos once proyectos incluyen precisiones acerca del destino de los fondos que ingresarán al Estado local con la enajenación o concesión de los terrenos, elemento que previamente no se incluía en las normativas: por ejemplo, el proyecto de venta de la Manzana IQ en el barrio de Puerto Madero dispone que los montos generados por su enajenación serían destinados a la construcción del Paseo del Bajo;⁹ o el proyecto de venta vía corporación de terrenos del Parque de la Ciudad para la construcción de la Villa Olímpica y el financiamiento de las obras de reurbanización de la Villa 20. Entendemos que el hecho de que estos proyectos incluyeran una disposición específica de lo recaudado hacia obras de interés público operó como argumento a favor de su aprobación en el recinto legislativo, opacando en algunos casos ciertas controversias en torno a la mercantilización de terrenos públicos. Igualmente, observamos una fragmentación presupuestaria como la que refiere ^{Fix (2012)}, ya que, al ordenar la inversión de los montos recaudados en obras o entidades determinados por la propia normativa, se garantizaría así el 'autofinanciamiento' de otros proyectos urbanos (figura 1).

Algunos de estos proyectos dispusieron que la enajenación de los terrenos fuera gestionada por instituciones o entidades de gestión con participación del Estado local y del sector privado. En algunos casos, se dispuso la creación de nuevas instituciones con articulación público-privadas para concretar la venta de los terrenos y la gestión de los emprendimientos: es el caso de la venta de terrenos ubicados en el Autódromo de la Ciudad por vía de un fideicomiso financiero a 30 años (cuyo directorio está integrado por el Gobierno de la Ciudad, el Banco Ciudad, desarrolladores y entidades del automovilismo); o el proyecto de venta de Tiro Federal por medio de una agencia autorizada por la Legislatura. En otros casos, la enajenación de los terrenos fue encargada a organismos de participación público-privada ya existentes creados entre fines de los años ochenta y el año 2000, como los proyectos de venta de parcelas del Parque de la Ciudad para la creación de la Villa Olímpica por medio de la Corporación Buenos Aires Sur,¹⁰ o la venta de los terrenos de Empalme Norte y Manzana IQ a través de la Corporación Puerto Madero.¹¹

A su vez, algunos de estos proyectos fueron encuadrados dentro de la política de distritos económicos en la Ciudad de Buenos Aires, originada en los primeros años de la década de 2000 y profundizada a partir del año 2008.¹² La política de distritos busca promover la radicación de empresas especializadas en una misma rama en un espacio territorial delimitado (en la mayor parte de los casos, en barrios con bajo dinamismo económico), por medio de beneficios como exenciones impositivas o infraestructura especializada en el sector que se busca atraer (Arqueros & González, 2017). Por ejemplo, se destaca por un lado el proyecto de creación del Distrito Joven, que consistió en la concesión de grandes extensiones de espacio público en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires para favorecer la instalación de locales gastronómicos, bares y boliches bailables; por otra parte, los proyectos de la Villa Olímpica y el Autódromo fueron encuadrados dentro del Distrito del Deporte, creado en 2014.

Finalmente, en algunos de estos proyectos (tabla 1) se destaca la presencia de pedidos de 'contraprestaciones' económicas, sociales o culturales a cambio de la concesión o venta de terrenos públicos. Por ejemplo, mientras que el permiso de uso de un terreno público a la Universidad Di Tella (entidad educativa privada) exige una contraprestación de becas a empleados del poder ejecutivo y el uso por parte de los vecinos de un sector del predio mediando una autorización, los cánones de la concesión del Zoológico de Buenos Aires incluyen la condición de sostenimiento del patrimonio y el desarrollo del Ecoparque.¹³ Sin duda, estas contraprestaciones implican la fragmentación del suelo urbano en zonas o regiones, donde se pretende construir una 'sinergia' entre las obras realizadas, o bien entre ellas y los usos preexistentes del suelo.

La enajenación de tierras del Estado Nacional por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

En este apartado, analizaremos las estrategias de enajenación de parcelas pertenecientes al Estado Nacional ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha intervenido la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en la gestión y concreción de las transacciones. Este organismo público fue creado en el año 2012 por medio de un decreto del poder ejecutivo nacional (encabezado en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner), con el objetivo de constituirse en "órgano rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional, ejerciendo en forma exclusiva su administración, cuando no corresponda a otros organismos estatales" (Decreto 1382/2012). No obstante, con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en diciembre de 2015, se produjo un quiebre en la función de este organismo: en 2016, el poder ejecutivo otorgó mediante decreto la potestad a la AABE para enajenar inmuebles del Estado Nacional sin previa autorización del Congreso de la Nación.

Existe una controversia en torno a la constitucionalidad de la modificación a la función de la AABE introducida en 2016. Los representantes del poder ejecutivo nacional afirman estar amparados por una ley del año 1981, sancionada durante la última dictadura militar en Argentina, que, según afirman distintas organizaciones de la sociedad civil, fue derogada implícitamente en la reforma constitucional de 1994, donde se estableció que la facultad de disponer el uso y la enajenación de los inmuebles del Estado Nacional correspondía al Congreso de la Nación.

A pesar de esta polémica, tras el decreto presidencial de 2016 la AABE atravesó una reestructuración interna que ordenó la institución en torno a cuatro ejes: 1) enajenación de inmuebles; 2) reasignación de usos o redistribución de tierras entre instituciones del Estado; 3) revisión y renegociación de concesiones a título oneroso o gratuito; y 4) alianzas con el sector privado para el desarrollo de emprendimientos en las parcelas públicas. El organismo realizó a su vez el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, un listado exhaustivo de todos los inmuebles que conforman el patrimonio del Estado Nacional, información que hasta ese momento se encontraba descentralizada y dispersa entre diversos organismos estatales de los distintos niveles de gobierno. Este trabajo de relevamiento sistemático, de carácter inédito en Argentina, introduce una tecnología novedosa de control del patrimonio nunca antes desplegada con el objetivo explícito de enajenar propiedades del Estado.

De esta manera, a partir de 2016 todo acto de disposición de inmuebles de propiedad del Estado Nacional, cualquiera sea su jurisdicción de origen, debe ser centralizado por la AABE. Entre agosto de 2016 y abril de 2018 se autorizó la convocatoria a subasta de 111 bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y en el exterior, 60 de los cuales se encuentran ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (el equivalente al 54 % de las parcelas enajenadas, ver tabla 2). Para septiembre del año 2018, 26 de las 111 parcelas ya habían sido vendidas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el parque de activos en venta es sumamente heterogéneo, ya que cuenta con terrenos cuyas dimensiones van de los 30 m² hasta casi 2 hectáreas. Destacamos que no solo la ciudad capital concentra la mayor cantidad de inmuebles puestos a la venta en el período analizado (54 % de las 111 propiedades), sino que a su vez estos terrenos se ubican mayormente en dos barrios de la ciudad: Retiro¹⁴ y Palermo,¹⁵ con 24 y 14 inmuebles, respectivamente. La concentración de los inmuebles en estos dos barrios representa más del 60 % del total de inmuebles en venta por medio de la AABE de la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo, la mayor parte de los terrenos públicos ya vendidos o concesionados hasta septiembre de 2018 están también ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habla del alto interés de las autoridades en enajenar aquellos inmuebles económica y simbólicamente más valiosos.

Elementos para pensar las racionalidades de la disposición de tierras

Una multiplicidad de discursos se ha desplegado para fundamentar los proyectos de concesión y privatización del suelo de la Ciudad de Buenos Aires en curso desde 2015. Hemos identificado las siguientes líneas temáticas en los discursos orientados a construir el problema de la gestión y racionalización del suelo porteño: a) la ociosidad o subutilización de las parcelas mercantilizadas; b) la enajenación de las tierras como oportunidad para el desarrollo económico y la financiación de obras públicas, en particular en el sur de la ciudad; c) la promoción a la participación público-privada; d) la puesta en valor del espacio público de la ciudad y la recualificación urbana; y e) la preservación de la identidad urbana y el urbanismo sustentable.

En primer lugar, la racionalización del suelo público de la ciudad es presentada como forma de reparación al diagnóstico de subutilización de las parcelas en el presente y frente al potencial de utilidad que podrían alcanzar en el futuro. Fuera de la órbita de lo público donde esas tierras -según se afirma- "no se necesitan", el suelo devenido en recurso recobraría su utilidad óptima. Así, se sostenía "que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados, que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las diferentes jurisdicciones dependientes del Estado Nacional, resultando menester la optimización de su gestión" (AABE, Resolución 98/2016).

Conjuntamente al diagnóstico de 'ociosidad y subutilización', las parcelas en venta o concesión son presentadas como áreas degradadas, desaprovechadas o vacantes, para las cuales se propone la privatización como estrategia para su re-cualificación. Por ejemplo, la zona costera fue descrita como "sin vida ni movimiento" en la presentación del proyecto de Distrito Joven, y su concesión a privados fue presentada como "un resurgimiento para darle un nuevo aire innovador" (audiencia pública, 19 de abril de 2016).

En segundo lugar, los proyectos de concesión y privatización del suelo público desde 2016 a su vez han sido fundamentados por distintas autoridades como grandes 'oportunidades' económicas, inmobiliarias y de financiamiento de la obra pública. Dos tipos de discursos han apuntalado esta línea de argumentación: por un lado, el fomento al crecimiento económico y la dinamización del mercado en zonas determinadas de la ciudad; y, por el otro, el financiamiento de grandes obras de infraestructura y vivienda a partir de la enajenación de los inmuebles públicos. Nuevamente, el proyecto de Distrito Joven sirve de expresión para el primer tipo de discursividad, ya que de él se ha afirmado que generaría "un crecimiento económico general, no solamente para los locales bailables y los sectores gastronómicos que van a estar involucrados, sino también para el turismo externo y para la comunidad de la región que se vería muy fortalecida y enriquecida", y que constituiría una "incubadora de emprendimientos" (audiencia pública, 19 de abril de 2016).

De la misma forma, ciertos proyectos de concesión y privatización del suelo público incluyeron disposiciones acerca del destino de la riqueza económica que se obtendrá por la enajenación de las parcelas, como mencionamos anteriormente. En los casos en que el proyecto fue planteado de esta forma, las autoridades se concentraron en determinadas áreas, sobre la base de un supuesto "pensamiento estratégico de la ciudad" al proponer conjuntamente distintas vías de explotación y desarrollo de zonas determinadas de la ciudad, que generasen una sinergia entre las obras realizadas, o bien entre ellas y los usos preexistentes en esas parcelas. En esta categoría podemos destacar los proyectos de: a) Empalme Norte y Manzana IQ, dos parcelas ubicadas en el barrio de Puerto Madero cuya enajenación contribuiría al financiamiento de la construcción del Paseo del Bajo; b) el proyecto de Tiro Federal, histórico campo de tiro deportivo del barrio de Núñez cuya venta financiaría las obras de reurbanización de la Villa 31 y 31bis en Retiro (también en la zona norte de la ciudad); c) y el de Villa Olímpica, proyecto de nuevas viviendas en el barrio de Villa Soldati cuya enajenación apoyaría económicamente el proceso de reurbanización de la Villa 20, asentamiento precario ubicado a metros de distancia.

En tercer lugar, se destaca en los discursos predominantes sobre la racionalización del suelo porteño la generación de proyectos de articulación entre el sector público y el privado. En estos proyectos, el Estado es presentado como garante de las actividades e inversiones de capital del sector privado, asumiendo el riesgo económico e interviniendo en favor del funcionamiento y dinamización del mercado. Los proyectos de concesión y privatización se proponen generar activamente emprendimientos inmobiliarios rentables para el sector privado: es el caso del megaemprendimiento del Autódromo de Buenos Aires, el cual se plantea el objetivo de crear "un desarrollo comercial conexo a la actividad deportiva que permita la instalación en parte del predio del Autódromo [...] de locales comerciales, empresas e industrias relacionadas con el automovilismo y motociclismo, en todas sus variantes" (Plan Integral para la Recuperación del Autódromo, Ley 5732, artículo 2°).

Sobre la cuarta cuestión -la puesta en valor del espacio público- observamos que este suele ser representado por las autoridades como el lugar imbuido de neutralidad donde se encuentran sujetos iguales que entablan relaciones sociales imbuidas de civismo.¹⁶ De esta forma, las autoridades plantean dos ideas en tensión: por un lado, manifiestan la pretensión de crear nuevos espacios públicos y generar vida social dentro de los parámetros considerados deseables y legítimos; y, por otro, afirman que la puesta bajo dominio privado de las tierras públicas de la ciudad es el medio adecuado para realizarlo. Esta dimensión fue expresada de la siguiente manera a propósito del proyecto de Plaza Houssay: "De este modo, la concesión de obra pública, que el presente proyecto de ley propicia autorizar, apunta al desarrollo del espacio referido orientado a mejorar la interacción social, fomentar el desarrollo barrial, incrementar el aspecto cultural, mientras se preserva el medio ambiente, y generando en consecuencia un foco de actividad social, cultural y gastronómico que atraiga a las personas a la Plaza Dr. Bernardo A. Houssay" (mensaje de elevación al recinto, 29 de octubre de 2015).

Finalmente, ciertos discursos de las autoridades pueden ser enmarcados en el paradigma del urbanismo sustentable, herramienta de planeamiento urbano que, desde la intervención en lo ambiental, lo social y lo económico, se orienta a transformar a las metrópolis que han experimentado un crecimiento desorganizado y que, en dicho proceso, han perdido identidad, funcionalidad y valor estético (^{Hernández Moreno, 2008}). Esta forma contemporánea de planeamiento urbano contempla cuestiones de calidad arquitectónica, diseño, conectividad, movilidad, diversidad y equilibrio en los usos del suelo. Desde la perspectiva del urbanismo sustentable se pretende recuperar, fortalecer o preservar la identidad de un lugar de la ciudad, en este caso, por medio de la mercantilización de tierras públicas y de emprendimientos inmobiliarios rentables. A modo de ejemplo, pueden destacarse el objetivo de promover buenas prácticas ambientales por parte de los negocios instalados en el Distrito Joven; el propósito de "desarrollo equilibrado, integrado e inclusivo (locución en la Sesión Ordinaria de la Legislatura del 24 de noviembre de 2016)" sostenido por las autoridades respecto al proyecto de la Villa Olímpica; la intención de "realzar las características académicas que le dan identidad" (mensaje de elevación al recinto, 29 de octubre de 2015) a la Plaza Houssay -ubicada frente a las facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires-; y la determinación de "sostener esas tierras que desde hace más de sesenta años son un autódromo para que siga habiendo un autódromo" (locución en la Sesión Ordinaria de la Legislatura del 7 de diciembre de 2016) en la parcela del sur de la ciudad.