Método de investigación

Nuestros hallazgos se basan en entrevistas y observación participante llevadas a cabo en Bangladesh por parte de uno de los autores, analizadas en conjunto con una variedad de fuentes primarias y secundarias publicadas.⁵ En particular, nos basamos en veinticuatro entrevistas semiestructuradas realizadas entre noviembre de 2017 y octubre de 2019 por Mayesha Alam en bengalí e inglés con trabajadores humanitarios (incluidos especialistas médicos y psicosociales), activistas de la sociedad civil, investigadores de derechos humanos (que recopilaron testimonios de sobrevivientes y testigos de violencia sexual) y expertos en Myanmar, incluidos funcionarios de las Naciones Unidas.⁶ Las visitas a los campamentos de refugiados de Kutupalong y Balukhali en Cox's Bazar (Bangladesh) fueron realizadas con la ayuda de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección de los refugiados dentro de esos campamentos. El norte del estado de Rakáin ha estado y sigue estando cerrado a los investigadores.

También usamos datos cualitativos y cuantitativos (incluidos testimonios/entrevistas publicadas, con N-grande de refugiados rohinyás y estadísticas descriptivas) obtenidos de informes de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, así como periodismo investigativo sobre la operación de despeje y literatura académica relevante.

Violencia sexual contra los rohinyás

Los rohinyás son un grupo étnico de mayoría musulmana que se concentra geográficamente en el norte del estado de Rakáin. Tras la violencia intercomunitaria en la zona en 2012 y la intensificación de la represión estatal contra las comunidades rohinyá, los emigrantes rohinyás en Arabia Saudí crearon el ARSA (véase el material complementario en línea para más detalles) (^{Alam, 2021}, pp. 107-108; International Crisis Group, 2016). Los primeros ataques del ARSA en 2016 fueron confrontados con una operación de contrainsurgencia limitada pero brutal por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar. La operación, dentro de la cual se reportaron incidentes de violencia sexual en contra de civiles, forzó a decenas de miles de rohinyás a refugiarse en Bangladesh.

El 25 de agosto de 2017, el ARSA atacó treinta puestos de seguridad del Estado (US Department of State, 2018, p. 6). El Tatmadaw, como se conoce localmente al ejército de Myanmar, respondió a los ataques del ARSA lanzando una operación masiva de despeje caracterizada por ataques colectivos dirigidos (es decir, violencia selectiva con base en la identidad étnica) contra los rohinyás, lo que llevó a la expulsión de más de medio millón de personas en el transcurso de un mes (Inter Sector Coordination Groups [ISCGl, 2017).

Las tropas perpetraron actos de violencia sexual mientras las aldeas eran arrasadas, durante las masacres y mientras los rohinyás huían hacia Bangladesh (ilFFMM, 2019; ^{Wheeler, 2017}). Un trabajador humanitario internacional asignado a Cox's Bazar en septiembre de 2017 señaló: "La violencia sexual y la violencia de género [por parte del ejército de Myanmar] no son nuevas. Lo que es diferente esta vez [contra los rohinyás en 2017] es el alcance, la escala y la velocidad con la que sucedió".⁷

Lo resumió así:

Los militares llegaban a una aldea, a veces con el apoyo de turbas budistas, y comenzaban a quemar casas. Separaban a los hombres y mujeres rohinyás por sexo y luego por grupo de edad, con el fin de atacar a los hombres y mujeres jóvenes por separado. Recibimos reiterados informes de que las mujeres que los rohinyá consideraban más hermosas eran separadas nuevamente para ser abusadas sexualmente. Los ancianos, en general, eran obligados a presenciar la violencia. Generalmente, los hombres eran llevados por miembros del ejército de Myanmar para ser torturados, maltratados y asesinados. Posteriormente, las mujeres eran agredidas sexualmente en sus hogares o en espacios públicos, y luego saqueaban sus hogares, robaban objetos de valor e incendiaban las casas, a menudo frente a otros miembros de la familia que no pudieron huir (como niños pequeños que aún no caminaban, o los discapacitados y ancianos), quienes eran encerrados en el interior y quemados vivos.⁸

Mientras que los militares atacaban las aldeas, las mujeres y las niñas a veces eran sacadas de sus hogares y trasladadas a escuelas, mezquitas, cuarteles militares y puestos de avanzada, o llevadas a la selva, donde eran retenidas contra su voluntad durante horas o días, tiempo durante el cual eran agredidas sexualmente y sometidas a amenazas e intimidación. Tanto en 2016 como en 2017 se denunciaron este tipo de actos de violencia y abusos (^{MacGregor, 2016}; Sakhawat, 2017; ^{Sultana, 2018}; US Department of State, 2018; ^{Wheeler, 2017}). Algunas víctimas secuestradas por la fuerza fueron asesinadas después de haber sido sometidas a violencia sexual, mientras que otras fueron liberadas o abandonadas:

Un patrón reportado comúnmente era que las niñas, adolescentes y mujeres de unos 20 años eran llevadas a casas abandonadas en su propia aldea o en aldeas vecinas y posteriormente eran abusadas dentro de las casas. Dos o más soldados entraban con las mujeres y se turnaban para violarlas. Posteriormente mataban a las mujeres o incendiaban las casas con las jóvenes dentro. Algunas de ellas lograron escapar y narraron los hechos. En otros casos, grupos de aproximadamente 6 a 8 niñas eran llevadas juntas dentro de una casa. Los soldados se turnaban para violarlas y las que no estaban siendo violadas eran obligadas a mirar.⁹

Las fuerzas del Estado ejercieron violencia sexual tanto en espacios públicos como privados.¹⁰ En algunos casos, los soldados montaron espectáculos públicos que aterrorizaron tanto a las víctimas como a la población en general, como en el siguiente ejemplo:

Los militares llevaron a unas 40 mujeres de entre 15 y 40 años al centro de la aldea. Estas mujeres fueron obligadas a desnudarse y luego fueron abusadas sexualmente en el centro de la aldea durante varias horas. Había hombres ancianos presentes, quienes eran obligados a acostarse boca abajo en posiciones de estrés durante el tiempo que duraban los abusos de las mujeres. Posteriormente, las mujeres fueron llevadas a otro lugar y a la mañana siguiente regresaron a la aldea con todos los indicios de que habían sido golpeadas y maltratadas físicamente. Durante ese tiempo, los hombres en edad de trabajar fueron llevados por separado y desde entonces no se les ha vuelto a ver.¹¹

Aunque las mujeres y niñas fueron los principales objetivos de la violencia y durante ella, los hombres y los niños no se salvaron. La mutilación, la quema, la castración, la amputación del pene y la violación anal contra hombres y niños a veces precedían a las ejecuciones, especialmente en contra de líderes comunitarios educados, líderes religiosos, adolescentes varones y personas detenidas por la fuerza (Women's Refugee Commission, 2018, p. 9).

El nuevo patrón de la VSRC contra los rohinyás durante la operación de despeje de 2017

El patrón de violencia sexual durante la operación de despeje se asemeja en algunos aspectos a los patrones de violencia sexual contra los rohinyás denunciados anteriormente, pero difiere en otros. Como lo explicó un alto funcionario de la ONU familiarizado con el contexto de Myanmar:

Por supuesto que habíamos recibido informes de violaciones individuales y en grupo en el pasado [contra los rohinyás]. Pero esta vez separaron a los hombres y mujeres antes de violar a las mujeres en grupo. A los niños les cortaban la garganta delante de los ojos de sus madres. Las niñas que fueron violadas en grupo fueron violadas delante de sus padres. Los niños pequeños fueron literalmente arrojados al fuego. Arrojaban las cabezas de los niños decapitados a los arrozales. Nunca antes había oído hablar de este tipo de violencia. El alcance y la escala de la violencia fueron diferentes.¹²

Sin duda, establecer con exactitud la frecuencia de la violencia sexual es prácticamente imposible, sobre todo porque muchas víctimas fueron asesinadas o puede que hayan fallecido a causa de las lesiones físicas que sufrieron. Además, el trauma, el estigma social y el miedo contribuyen a que no se denuncien los casos de violencia sexual en muchos contextos, incluido Myanmar (^{Davies & True, 2017}).

Sin embargo, una encuesta representativa de 1.024 refugiados rohinyá que huyeron del norte de Rakáin y se encontraban en Cox's Bazar encontró que el 51 % de los encuestados fueron testigos de violencia sexual y el 45 % presenciaron violaciones (US Department of State, 2018, p. 16).¹³ Así mismo, en 875 entrevistas con supervivientes y testigos, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar (IIFFMM) también concluyó que "la violencia sexual y de género se cometió a gran escala" en 2017 (^{IIFFMM, 2019}, p. 4).

Testigos y sobrevivientes que huyeron a Bangladesh denuncian innumerables formas de abuso y violencia sexual, entre las que se incluyen, por ejemplo, registros corporales invasivos, acoso y humillación, tocamientos sexuales no deseados, mutilación (de pechos, genitales y otras partes del cuerpo), violación, violación en grupo, secuestro, desnudez forzada, separación forzada y detención forzosa (^{IIFFMM, 2019}).¹⁴ Esos informes incluyen violaciones individuales y en grupo en veintisiete localidades del norte del estado de Rakáin, donde se concentraban geográficamente los rohinyás violaciones (US Department of State, 2018, pp. 8,15). Las violaciones denunciadas fueron más frecuentes en las aldeas situadas a lo largo de la frontera con Bangladesh (^{Sultana, 2018}, p. 34).

La violación por parte de múltiples perpetradores fue notablemente prevalente, reportada en al menos veinticuatro de las veintisiete localidades. Del mismo modo, el IIFFMM informó que los soldados perpetraron violaciones en grupo "en al menos diez zonas de aldeas" en las que "hasta 40 mujeres y niñas [rohinyás] fueron violadas o violadas en grupo conjuntamente" ( ^{IIFFMM, 2019}, pp. 8-9). La ONU reportó que el 80 % de las violaciones que se documentaron durante la operación de despeje de 2017 fueron violaciones en grupo (^{IIFFMM, 2019}, p. 4).

La mutilación de partes del cuerpo asociadas con el sistema reproductivo, la extracción del útero de mujeres embarazadas y la quema de mujeres que fueron violadas en grupo, también fueron ampliamente denunciadas como hechos ocurridos en 2017, hechos que no se habían reportado anteriormente. Las mujeres embarazadas eran golpeadas, asesinadas y mutiladas (y los bebés eran arrancados de sus vientres), los bebés fueron asesinados, y las parteras u otras personas que asistían los partos a los rohinyás también fueron blanco de ataques. Los ataques contra las mujeres embarazadas provocaron la destrucción de fetos y el incremento de la mortalidad y morbilidad materna, mientras que los ataques contra las mujeres no embarazadas en edad fértil provocaron lesiones graves, posiblemente permanentes, en sus órganos y capacidad reproductiva. Este tipo de violencia, incluida la violación y la agresión de mujeres en embarazos tardíos, "no fue aleatoria ni arbitraria", sino que fue dirigida "específicamente" y "repetidamente".¹⁵

La alta prevalencia de violaciones en grupo de niñas y mujeres rohinyás y la puesta en peligro de su capacidad reproductiva son indicativas de una ampliación significativa del repertorio de violencia durante la operación de despeje de 2017. Junto con la aparente mayor frecuencia de la VSRC documentada anteriormente, el patrón de la VSRC contra los rohinyás ofrece un marcado contraste con los patrones de la VSRC contra otras minorías étnicas, a los que nos referiremos a continuación.

Patrones de violencia sexual contra otras minorías étnicas

El Tatmadaw tiene un largo historial de violencia sexual contra otras minorías étnicas, en particular contra grupos sospechosos de apoyar a organizaciones armadas. Los patrones son similares a los de los rohinyás en algunos aspectos, pero difieren en otros.

Un marcado contraste es evidente en los patrones de violencia sexual dentro del estado de Rakáin, donde el ejército de Myanmar ejecuta una vasta operación de contrainsurgencia contra el Ejército de Arakan, una organización rebelde separatista budista de Rakáin. Entre 2011 y 2017 se denunciaron casos de violencia sexual contra mujeres de la etnia rakáin, coincidiendo con el acaparamiento de tierras, la extorsión y el secuestro para realizar trabajos forzados (^{IIFFMM, 2019}, p. 25). Sin embargo, cuando estalló el conflicto entre el Ejército de Arakán y el Tatmadaw, los investigadores de la ONU no encontraron pruebas de que las fuerzas de seguridad del Estado "participaran en actos de violencia sexual generalizada contra civiles como parte de su estrategia militar para combatir al [Ejército de Arakan]". Señalaron que esto estaba "en marcado contraste" con la violencia sexual contra los rohinyás durante la operación de despeje de 2017, especialmente teniendo en cuenta que "algunas de las mismas unidades militares"¹⁶ estaban presentes. Además, un alto funcionario de la ONU confirmó que, aunque muchos elementos¹⁷ de los patrones de violencia contra los aldeanos [budistas] de Rakáin durante las operaciones del Tatmadaw contra el Ejército de Arakan en 2020 eran similares a los dirigidos contra los rohinyás en 2017, "no se documentó ninguna violación, sobre todo ninguna violación en grupo a las rakanes".¹⁸

Tanto en incursiones limitadas como en operaciones de contrainsurgencia más amplias contra insurgentes no rohinyás, tales como el Ejército de Independencia de Kachin, el Ejército de Liberación Nacional de Ta'ang, el Ejército del Estado de Shan y el Ejército de Liberación Nacional Karen, las tropas de Myanmar, especialmente las Divisiones de Infantería Ligera (LID) encargadas del combate de élite y de contra-insurgencia (^{Selth, 2018}, p. 15), presuntamente han cometido varios tipos de violencia sexual de manera recurrente. Los sobrevivientes y testigos han denunciado intimidación, acoso, esclavitud sexual, violación y violación en grupo.¹⁹ Los investigadores de la ONU descubrieron que el Tatmadaw cometió actos de violencia sexual mientras luchaba contra rebeldes separatistas en el noreste de Myanmar, "con la intención particular de castigarlos o deshumanizarlos por su identidad de género, étnica y religiosa" (^{IIFFMM, 2019}, pp. 29-30).²⁰

No es posible realizar una comparación precisa de la frecuencia de la violencia sexual contra los diferentes grupos étnicos debido a la falta general de información y la falta de encuestas amplias y representativas con los grupos étnicos no rohinyás. Sin embargo, las tasas extremadamente altas de violencia sexual contra los rohinyás en agosto de 2017, combinadas con el repertorio extremadamente amplio, brutal y a menudo público de violencia sexual, parecen ser únicas y sin precedentes. En particular, los ataques a la capacidad reproductiva en contra de otras minorías étnicas fueron rara vez reportados y documentados en las fuentes revisadas.²¹ El contraste es particularmente sorprendente dado que algunas de esas insurgencias, en particular las rebeliones separatistas Kachin, Karen, Shan y Arakan, son mucho más grandes, más organizadas y representan amenazas mucho más fuertes para el Estado de Myanmar que el ARSA.

Explicaciones existentes sobre los patrones de violencia sexual en los conflictos armados

¿Por qué, en un contexto donde existen organizaciones insurgentes mucho más fuertes que el ARSA, los militares ejecutaron un repertorio de violencia sexual más amplio (en particular, ataques a la capacidad reproductiva), con técnicas distintas (en particular, una mayor proporción de violaciones en grupo y también exhibiciones públicas de violencia sexual) y con mayor frecuencia en contra de la población rohinyá? Las teorías clásicas presentadas para explicar la VSRC, incluida la masculinidad militarizada, la cultura patriarcal y las mayores oportunidades en contextos de conflicto armado, entre otras, no explican la diferencia en el patrón de VSRC del ejército de Myanmar contra los rohinyás en comparación con el de otros grupos étnicos. Las teorías generales de la violencia durante el conflicto tampoco explican las diferencias entre los patrones de violencia sexual contra distintas insurgencias étnicas por parte de un mismo Estado.

La literatura reciente se centra en determinar la medida en que una organización armada logra abordar los desafíos principal-agente en el ejercicio de la violencia, incluida la VSRC, a través de la construcción de instituciones de disciplina y socialización (^{Hoover Green, 2016}, 2018; ^{Hundman, 2021}; ^{Manekin, 2013}; ^{Mitchell, 2004}; ^{Richardot, 2014}). Un tema recurrente (al que volveremos más adelante) es el papel de la ideología, que, en diversos grados, dependiendo de la organización, prescribe subpatrones particulares de violencia y también instituciones para su implementación (^{Gutiérrez-Sanín &Wood, 2014}).

En organizaciones que no cuentan con instituciones sólidas de disciplina y socialización, los combatientes pueden ejecutar actos de vsRC que no han sido ni ordenados ni autorizados. Por esto, los académicos cada vez cuestionan más la afirmación de que las violaciones en tiempos de guerra, cuando son frecuentes, son ipso facto una estrategia de guerra (^{Agirre Aranburu, 2010}, 2012; ^{Baaz & Stern, 2013}).²² Por el contrario, las violaciones a civiles pueden ser frecuentes sin ser necesariamente una estrategia de guerra. Por ejemplo, en testimonios ante tribunales civiles, veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam, nunca afirmaron que la violación y otras formas de violencia sexual contra civiles habían sido autorizadas u ordenadas, en contraste con su afirmación de que la violencia letal en las "zonas de muerte" sí lo había sido (^{Wood, 2018}).

En tales casos, más que una estrategia de guerra, la violación es una práctica que (1) es tolerada por los comandantes y (2) es impulsada por preferencias privadas (oportunismo) de gratificación o retribución sexual y/o dinámicas sociales de unidades pequeñas, como el deseo de adecuarse a los comportamientos de otros combatientes al violar a civiles o para evitar el castigo o el ostracismo por no hacerlo (^{Wood, 2018}). Por ejemplo, Dara Cohen muestra que muchas organizaciones armadas que dependen del reclutamiento forzado se involucran en la violación en grupo como una práctica tolerada que crea cohesión social (^{Cohen, 2013}, 2016).

El concepto de práctica difiere crucialmente del de una política de ejercer alguna forma de violencia. Por política, nos referimos a una adopción deliberada por una organización armada en algún nivel de mando y como parte de la búsqueda de sus objetivos. Cuando se trata de una política, se expiden órdenes escritas o verbales de ejercer la violencia sexual, generalmente contra una población en particular, o se autoriza por medio de un lenguaje que se pretende sea interpretado como una señal de permiso. Algunas organizaciones adoptan la violación como estrategia militar (un tipo de política) como parte del genocidio, como en el caso de las fuerzas hutus en Ruanda.²³ Algunas organizaciones adoptan una forma de violencia sexual como política organizativa, no como una estrategia militar sino para gestionar la vida sexual y reproductiva de sus miembros, como en el caso de la política del Estado Islámico de esclavitud sexual de niñas y mujeres yazidíes (^{Revkin & Wood, 2020}). Del mismo modo, la retención de las llamadas mujeres de consuelo por parte de las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial fue una política para controlar la vida sexual de los combatientes, no una estrategia militar.

Es importante destacar que una política no tiene que ser necesariamente ordenada, y a menudo no lo es. Por ejemplo, a los soldados japoneses se les autorizó, pero no se les ordenó, usar esos servicios sexuales. A los combatientes del Estado Islámico no se les ordenó retener esclavas sexuales, pero se les autorizó a hacerlo bajo ciertas condiciones. La autorización puede ser implícita, como en el caso de los códigos clandestinos de funcionamiento que guiaron la violencia de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la segunda Intifada (^{Ron, 2000}).

Nuestra teoría

Nuestra teoría se basa en trabajos recientes que han explorado cómo la ideología de una organización, en mayor o menor medida, prescribe y legitima su patrón de violencia contra civiles, en particular la violencia sexual. En el caso de la victimización de civiles por parte de organizaciones no estatales, muchas teorías -incluidas las centradas en la dotación de recursos, el oportunismo en tiempos de guerra, la cultura patriarcal, el reclutamiento forzado y la masculinidad militarizada- predicen que la ideología de grupo tiene poco efecto (^{Sarwari, 2020}). Sin embargo, los académicos enfatizan cada vez más que la ideología puede ser un determinante importante de la presencia o ausencia de violencia sexual en tiempos de guerra. Por ejemplo, las insurgencias de izquierda parecen ser menos propensas a participar en actos de violencia contra civiles, incluida la violencia sexual, porque respaldan las normas de igualdad de género y ven a los civiles como posibles futuros miembros de la organización (en cuyo caso la violencia sería contraproducente) y (en muchos casos) dependen de ellos para su sobrevivencia (^{Hoover Green, 2016}, 2018; ^{Kalyvas & Balcells, 2010}; ^{Nordás & Cohen, 2021}; ^{Sarwari, 2020}; ^{Thaler, 2012}).

Por el contrario, algunas ideologías autorizan la violencia sexual contra civiles, tales como las que siguen organizaciones rebeldes que buscan preservar (o imponer) normas tradicionales, incluidas normas de género (^{Sarwari, 2020}). En particular, ^{Sarwari (2020)} encontró que los grupos rebeldes islamistas eran más propensos a participar en actos de violencia sexual (al igual que los grupos religiosos no islamistas que recibían apoyo de actores externos conservadores). Una ideología puede no solo autorizar, sino explícitamente justificar y regular una política particular de violencia sexual, como en el caso de la esclavitud de niñas y mujeres yazidíes por parte del Estado Islámico (^{Revkin & Wood, 2020}).

Sin embargo, se ha escrito mucho menos sobre la ideología del Estado y la vsRC (^{Nordás & Cohen, 2021}; ^{Sarwari, 2020}).²⁴ Para desarrollar nuestra teoría, nos basamos en trabajos recientes sobre las configuraciones etnopolíticas del poder y la violencia estatal, que muestran (entre otras cosas) que las guerras civiles son más probables en los Estados que excluyen a algunos grupos sociales de la política (^{Wimmer et al., 2009}).²⁵ Sin embargo, nos distanciamos de estas teorías al no asumir que los grupos sociales dentro de los límites territoriales de un Estado son ciudadanos. Usamos también el trabajo de Scott Straus, quien muestra cómo la percepción estatal de una mayor amenaza por parte de grupos étnicos minoritarios excluidos de su narrativa fundacional hace que esos grupos sean particularmente susceptibles a la violencia estatal, incluido el genocidio (^{Straus, 2012}, 2015).

En Estados con configuraciones etnopolíticas de poder que excluyen a determinados grupos étnicos no sólo del poder sino también de la ciudadanía, la ideología del Estado establece límites claramente definidos sobre quiénes pertenecen al grupo central de referencia, con poca tolerancia a la ambigüedad. Cualquier desafío a la configuración del poder será percibido por los líderes como una amenaza planteada por los "otros" excluidos. Ya sea que esa percepción de amenaza sea sincera o se utilice como pretexto, es probable que la ideología del Estado prescriba la violencia sostenida para institucionalizar y defender esa configuración de poder, ordenando o autorizando, como política, un subpatrón específico de violencia contra los excluidos que no sería igualmente permisible contra otros grupos que se consideran ciudadanos. En el contexto de la insurgencia armada en nombre del "otro" excluido, la respuesta del Estado a una creciente amenaza puede incluir la limpieza étnica, incluida la violencia sexual.

La limpieza étnica, es decir, la expulsión forzosa de un grupo étnico de un territorio, tiene mayor probabilidad de ocurrir durante conflictos armados en contextos políticos donde el objetivo, el grupo étnico, es percibido como un "otro" indeseable y como una amenaza para el Estado (^{Bulutgil, 2016}; ^{Straus, 2012}, 2015; United Nations, 1994; ^{Valentino et al., 2004}). La limpieza étnica se distingue de otras formas de desplazamiento forzado en tiempos de guerra, como la despoblación o la reubicación, en que la expulsión violenta es selectiva en función de la identidad étnica (en lugar de indiscriminada, independientemente de la identidad étnica), pretende ser permanente y sigue una orientación hacia el exterior, de modo que el grupo étnico objetivo suele ser expulsado de las fronteras territoriales de un Estado y hacia otro (^{Lichtenheld, 2020}, p. 257). Aunque ciertos actos que comprenden la limpieza étnica (por ejemplo, el traslado forzoso de una población, la tortura y la violencia sexual) pueden constituir crímenes de lesa humanidad, la limpieza étnica en sí misma no está definida como un crimen en el derecho internacional. Como veremos a continuación, la operación de despeje de agosto de 2017 lanzada inmediatamente después de los ataques del ARSA tiene el sello distintivo de una campaña de limpieza étnica.

En el caso de un Estado caracterizado por una configuración etno-política del poder que excluye a un grupo social tanto de la ciudadanía como del poder, predeciríamos lo siguiente. En primer lugar, que la exclusión de ese grupo debe institucionalizarse de manera duradera, incluida la regulación de su reproducción y movimiento. En segundo lugar, que si surge una insurgencia armada que aborde los agravios de ese grupo, el patrón de violencia estatal será notablemente diferente al que se aplica contra las minorías étnicas que se consideran ciudadanos. En tercer lugar, que es probable que la violencia estatal incluya la limpieza étnica a través de asesinatos masivos o expulsiones. En cuarto lugar, que las fuerzas estatales atacarán colectivamente al grupo excluido con un repertorio más amplio que probablemente incluiría violencia sexual, e incluso ataques contra la capacidad reproductiva, con mayor frecuencia que contra las minorías consideradas ciudadanas.

La ideología del ejército de Myanmar y sus implicaciones en cuanto a los patrones de violencia contra los rohinyás

Atribuimos la extrema violencia contra los rohinyás a su extrema marginalización en la ideología de un Estado que los percibe como una amenaza. Entendemos la ideología de una organización armada como

un conjunto más o menos sistemático de ideas que incluye la identificación de un grupo de referencia (una clase, etnia u otro grupo social), una enunciación de los agravios o desafíos que enfrenta el grupo, la identificación de objetivos a perseguir en nombre de ese grupo (cambio político o defensa contra amenazas), y un programa de acción (así sea vagamente definido). (^{Gutiérrez-Sanín & Wood, 2014}, p. 215)

El Tatmadaw ha dominado la política en Myanmar desde los primeros días de la independencia en 1948, pero luego de un golpe de Estado liderado por Ne Win en 1962, los militares asumieron una posición dominante sin precedentes convirtiéndose en la institución gobernante del país. Ne Win institucionalizó el concepto de taingyintha -o "razas nacionales"- "de ser un término de relevancia política limitada a convertirse en el paradigma de la estatalidad dominada por los militares" (^{Cheesman, 2017}, p. 465). Una ley de ciudadanía introducida en 1982 excluyó a la mayoría de los rohinyás de la ciudadanía, y en su lugar los consideró "huéspedes o mestizos", es decir, extranjeros de la era colonial que se asentaron en Birmania debido al comercio y la administración británicos y que nunca se fueron (^{Win, 1982}).

Varios años más tarde, la junta utilizó el taingyintha para designar a 135 razas nacionales como nativas de Myanmar, pero excluyó a los "rohinyás". La exclusión reflejaba las persistentes narrativas nacionalistas que surgieron durante la era colonial sobre el reemplazo demográfico de los budistas por musulmanes (de ascendencia india).²⁶ Los militares también buscaron rediseñar demográficamente la región fronteriza. Por ejemplo, el coronel Tha Kyaw, un alto oficial militar, fue el autor de una estrategia de once puntos en 1988 para fortificar la frontera de 170 millas entre Bangladesh y Myanmar, también conocida como la "puerta occidental" del país, como una forma de consolidar el control militar y asentar a los budistas en las áreas donde vivían los rohinyás para cambiar la composición étnica de la región (^{Wade, 2017}, pp. 71-72).

En 1990, la junta introdujo tres "causas nacionales" para apuntalar la ideología gobernante del Tatmatdaw: la no desintegración de la Unión, la no desintegración de la solidaridad nacional y la perpetuación de la soberanía nacional. Estas tres causas aluden a dos temores centrales, la invasión extranjera y la insurgencia interna, que han preocupado al Tatmadaw desde la independencia y han fomentado una mentalidad de asedio (^{Alam, 2021}; ^{Myoe, 2009}, pp. 33-34). El primero evoca la colonización de Birmania por los británicos y la ocupación por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial; el segundo alude a las diversas insurgencias étnicas concurrentes y consecutivas que surgieron desde los primeros días de la independencia de Birmania.

Desde la década de 1960, la ideología del Tatmadaw incluyó un programa de acción para derrotar a estas insurgencias conocido como los "cuatro cortes", que buscan cortar su suministro de alimentos, fondos, inteligencia y reclutamiento de la población local. En la práctica, sin embargo, los militares a menudo no distinguen entre combatientes y civiles.²⁷ Más específicamente, en las regiones periféricas donde el Estado se enfrenta a las insurgencias kachin, karen y shan, la violencia estatal bajo los "cuatro cortes" ha incluido la despoblación de algunas áreas en un esfuerzo por recuperar el control territorial, lo que su vez ha provocado que las comunidades locales huyan a veces a sitios internos y otras veces a Estados vecinos como Tailandia y Bangladesh.²⁸

Si bien el repertorio de violencia de las fuerzas armadas puede no ser idéntico en todos los contextos, por lo general ha incluido el saqueo de propiedades, la extorsión, el trabajo forzado y la violencia letal y no letal, incluida la violencia sexual (^{Callahan, 2003}; ^{IIFFMM, 2019}; ^{Selth, 2018}). Incluso cuando Myanmar se democratizó entre 2011 y 2021, los "cuatro cortes" siguieron siendo un elemento fijo del enfoque militar para preservar la seguridad y la integridad territorial frente a muchas rebeliones étnicas, incluidas aquellas en el estado de Rakáin, donde tanto los budistas (de etnia rakáin) como los musulmanes (de etnia rohinyá) vienen desde hace décadas presentando una serie de reivindicaciones de su autodeterminación. Más recientemente, la preocupación de los militares por proteger la "puerta occidental" de Myanmar también se ha reflejado en un aumento de la islamofobia en el contexto de la "guerra global contra el terrorismo".²⁹

Minorías como los kachin, karen, shan y rakáin son reconocidas oficialmente como taingyintha, aunque pueden ser vistas como desleales y atacadas colectivamente durante las operaciones militares. Por el contrario, los rohinyás son vistos como extranjeros invasores que quedan fuera de la configuración étnica y la política nacional de Myanmar y carecen de derechos políticos como ciudadanos y derechos territoriales sobre la tierra que habitan.³⁰

Dado que los rohinyás son un grupo excluido tanto del poder como de la ciudadanía, argumentamos que su exclusión es profundamente institucionalizada, incluyendo restricciones a su capacidad reproductiva y a su libertad de movimiento. De acuerdo con nuestra teoría, después de la aparición del ARSA, es de esperarse que las fuerzas armadas atacaran colectivamente a los rohinyás con un repertorio más amplio de violencia, incluyendo violencia sexual y ataques a la capacidad reproductiva, y con una mayor frecuencia dado el contexto de limpieza étnica.

Evaluación de nuestra teoría

En esta sección, evaluamos hasta qué punto la ideología del ejército de Myanmar explica su violencia hacia los rohinyás, tanto antes como durante la operación de despeje de 2017. Sugerimos que el patrón de violencia hacia los rohinyás desde 2017 es una política estatal de limpieza étnica, que incluye un repertorio más amplio y una mayor frecuencia de violencia sexual en comparación con otras minorías étnicas. En la siguiente sección, argumentamos que la violencia sexual era en sí misma una política autorizada, no una práctica tolerada.

Antes de la operación de despeje de 2017

Una de las grandes consecuencias de la ideología excluyente del Estado ha sido la persecución continua que han sufrido varias generaciones de los rohinyás. Myanmar se niega a reconocer a los rohinyás como ciudadanos o incluso a utilizar el término "rohinyá". Por el contrario, los funcionarios del gobierno los denuncian como bengalíes que han cruzado desde Bangladesh y que se han establecido ilegalmente en la región fronteriza del estado de Rakáin (^{Cheesman, 2017}). Esta percepción es común entre las élites gobernantes y amplios sectores de la sociedad birmana (^{Zin, 2015}). En un esfuerzo continuo por rediseñar demográficamente el norte del estado de Rakáin, el gobierno de Myanmar promulgó sucesivas leyes y políticas para negar a la población rohinyá la oportunidad de identificarse, vivir libremente o ejercer derechos políticos y civiles básicos. Los rohinyás quedaron fuera del Censo Nacional de 2014, el primero de este tipo en décadas, lo que hace muy difícil tener una estimación precisa de la población total del grupo en Myanmar antes de la operación de despeje de 2017.³¹

El gobierno también ha tratado de frenar su presencia y el crecimiento de la población, incluso a través de las Leyes de Protección de la Raza y la Religión de 2015, diseñadas para limitar la reproducción de grupos minoritarios no deseados, evitar las conversiones religiosas y restringir el matrimonio interreligioso y la poligamia. Aunque las leyes no especificaban a los rohinyás, el discurso público y oficial en torno a la legislación a menudo sí lo hacía. Como lo explicó un activista kachin: "El objetivo son los rohinyás" (^{Dinmore & Myint, 2015}; ^{Mahmood et al., 2017}; ^{Walton et al., 2015}). Estas leyes fueron precedidas por medidas de control de la población introducidas en décadas anteriores en respuesta a las preocupaciones planteadas por las autoridades locales sobre la alta tasa de fertilidad de los musulmanes en el norte de Rakáin (^{Davies & True, 2017}, p. 8; ^{Fortify Rights, 2014}). Un experto en derechos humanos de la ONU explicó que los rohinyás no tienen igualdad de acceso al registro de nacimientos, y que las leyes de control de la población adoptadas antes de la operación de despeje de 2017 se aplicaron selectivamente contra las mujeres rohinyás.³² También se han documentado casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra rohinyás durante períodos de escasa actividad de contrainsurgencia, así como durante operaciones militares en décadas anteriores, aunque no con tanta vehemencia como en 2017 ni en formas tan extremas y públicas.³³

Limpieza étnica durante la operación de despeje de 2017

Desde hace varias décadas, el ejército de Myanmar había tratado de consolidar el control sobre el norte del estado de Rakáin con operaciones como la Operación "Rey Dragón" en 1978 y la Operación "Nación Limpia y Bella", lanzada en 1991. Sin embargo, los civiles rohinyás que fueron desplazados a Bangladesh desde el norte del estado de Rakáin durante esas campañas militares fueron repatriados posteriormente por Myanmar (^{Alam, 2021}). Por el contrario, el gobierno se ha negado a repatriar a los rohinyás desde la operación de despeje. Como explicamos más adelante, los rohinyás fueron aterrorizados para que huyeran de sus hogares, dirigidos hacia Bangladesh con la advertencia de los militares de que no volvieran, y las tierras de las que fueron desalojados fueron posteriormente reutilizadas por el Estado. Esto sugiere que el Tatmadaw no buscaba simplemente derrotar al ARSA, sino alterar la composición étnica del norte del estado de Rakáin expulsando permanentemente y en masa a los rohinyás.

Hay evidencia sólida que sugiere que la operación de 2017 fue una campaña militar cuidadosamente coordinada que requirió preparativos logísticos y planificación táctica. En las semanas y meses posteriores a los primeros ataques del ARSA en octubre de 2016, las fuerzas de seguridad fortalecieron su presencia en la región. Las tropas del Comando Occidental del Tatmadaw y los batallones LID, como el 33 y el 99, encargados del combate de élite y la contrainsurgencia, fueron transportados por aire a la capital de Rakáin, Sittwe, y enviados hacia el norte (^{Selth, 2018}, p. 15). Las imágenes satelitales muestran que, en el transcurso de las semanas siguientes, el ejército arrasó docenas de aldeas rohinyás en un área que se extiende a lo largo de setenta millas a través de los tres municipios más cercanos a la frontera con Bangladesh, incluidos Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung (^{Thomas et al., 2019}). A medida que se desarrollaba la operación de despeje, que además coincidía con el aniversario del 11 de septiembre, los operativos del Tatmadaw difundieron activamente propaganda anti-rohinyá en Facebook, advirtiendo sobre la inminente violencia yihadista, "de la que solo podrían salvarse con la protección de los militares" (^{Mozur, 2018}).

Los comandantes ordenaron a las tropas que "dispararan", "mataran" y "exterminaran" a los kalars, un término peyorativo utilizado comúnmente para referirse a los rohinyás (^{Wu, 2020}). Las tropas utilizaron un lenguaje similar mientras atacaban a hombres, mujeres y niños, los dirigieron hacia Bangladesh y los amenazaron con que no podían volver jamás (Public International Law and Policy Group [PiLPG], 2018; ^{IIFFMM, 2019}; ^{Myo, 2020}). En general, el gobierno de Myanmar se ha negado a repatriar a las personas refugiadas y, en cambio, ha reemplazado los nombres y reutilizado las tierras de las que fueron desalojados los rohinyás (^{Thomas et al., 2019}).

Ningún otro grupo étnico de Myanmar ha sido atacado colectivamente de manera tan vasta y deliberada para expulsar a la mayoría de su población a través de una frontera internacional. Por ejemplo, en su prolongado conflicto armado con el Ejército de Arakan, el gobierno no ha atacado colectivamente a civiles budistas de Rakáin ni ha expulsado en masa a la población budista de Rakáin. En otras regiones, como los estados de Kachin, Karen y Shan, el ejército ha atacado a civiles durante décadas, incluso de forma selectiva por su presunto apoyo a los insurgentes y de forma indiscriminada para despoblar zonas donde el Tatmadaw no tenía control territorial. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no expulsaron en masa a las poblaciones minoritarias ni se han documentado órdenes de exterminarlas.³⁴

Además, durante la operación de despeje de agosto de 2017 en el norte del estado de Rakáin, la mayoría de las aldeas que fueron "despejadas" estaban pobladas en su totalidad por rohinyás. Por el contrario, en las aldeas mixtas compuestas por budistas de Rakáin, hindúes y otros no rohinyás, solo se destruyeron viviendas rohinyás y los residentes rohinyás fueron atacados, incluso con violencia sexual, y expulsados (^{PILPG, 2018}, p. 33).

Por lo tanto, la ideología del Estado explica la limpieza étnica de los rohinyás excluidos, en contraste con la violencia contra otras minorías étnicas en las que el desplazamiento forzado no es tan masivo ni pretende la expulsión permanente de un grupo ideológicamente excluido. Esta evidencia sugiere fuertemente que fue una política por parte de las fuerzas estatales.

La ideología también explica el patrón contrastante de la VSRC contra los rohinyás en comparación con otros grupos étnicos. Anteriormente documentamos el repertorio más amplio (incluidos los ataques a la capacidad reproductiva) y la mayor frecuencia de VSRC, así como su entorno generalmente público. Además, el lenguaje usado por los soldados que obligaron a los rohinyás a huir también respalda nuestro argumento. Las amenazas comúnmente reportadas, que incluían connotaciones sexuales y étnicas, acompañaron a la violencia sexual y apuntan a percepciones populares oficialmente sancionadas de la población rohinyá como "miembros ilegítimos de una comunidad política" (^{Straus, 2012}, p. 551).

Por ejemplo, en agosto de 2017, un comandante de la División Liv 33-infamemente conocido por perpetrar actos de violencia extraletal, incluidos actos de violencia sexual- según reportes, advirtió a los líderes de la comunidad rohinyá de la aldea de Chut Pyin que no dieran refugio a "terroristas bengalíes", diciéndoles: "Nos portamos muy mal en Kachin, y ellos son ciudadanos. Ustedes no son ciudadanos, así que ya se podrán imaginar lo que haremos" (^{Lewis et al., 2018}). En otro ejemplo, un refugiado denunció que, mientras atacaban su aldea, los soldados amenazaron: "Este no es tu país. Si te quedas, violaremos a tus mujeres, te quemaremos. ¡Fuera, bengalí!" (^{PILPG, 2018}, p. 14).

Ahora evaluamos si la violencia sexual contra los rohinyás fue adoptada deliberadamente en algún nivel de mando como una política, en consonancia con las políticas anteriores e institucionalizadas de discriminación y abuso.

Violencia sexual contra los rohinyás : ¿política o práctica? Evidencia e implicaciones

Varias décadas de guerra civil prolongada en múltiples frentes han contribuido a crear profundas divisiones entre los Tatmadaw y las minorías étnicas en las zonas en disputa. Sin embargo, la violencia contra los rohinyás, incluida la violencia sexual, fue decididamente más extrema -con un repertorio más amplio y una frecuencia más alta-que contra otras minorías, incluidas otras del norte del estado de Rakáin. En esta sección, evaluamos la evidencia para determinar si la violencia sexual contra los rohinyás constituyó una política (adoptada deliberadamente por los militares, en algún nivel de mando, con fines organizativos), una práctica (tolerada pero no ordenada o autorizada por los comandantes), o tal vez una evolución entre ambas.

El Tatmadaw es extremadamente reservado, pero tiene una "organización claramente definida, una división lógica de las responsabilidades de los especialistas, una estructura jerárquica de rangos y una cadena de mando identificable [con] un sistema probado de comunicaciones internas y un código disciplinario reconocible" (^{Selth, 2018}, p. 20). Sin embargo, el Tatmadaw no es omnipresente en todo el territorio de Myanmar, ni es omnipotente. Si bien el Tatmadaw puede parecer una estructura de mando muy centralizada y eficaz, también existe una "red compleja y a menudo oculta" de relaciones clientelistas entre los comandantes de campo y sus subordinados (^{Selth, 2018}, p. 22). Desde el punto de vista operacional, también existen lagunas entre los mandatos oficiales emitidos a nivel central y su aplicación en el terreno (^{Callahan, 2007}). Las órdenes de los niveles más altos del mando del Tatmadaw a veces se dan de manera amplia, vaga y/o informal.³⁵ A menudo no se registran o se transmiten en forma codificada, y su interpretación se deja en manos de los comandantes locales. Como resultado, se ocultan las prescripciones controvertidas y se oculta su verdadero significado (^{Selth, 2018}, p. 28). Las tropas estacionadas en regiones periféricas explotan y extorsionan regularmente a civiles de grupos étnicos minoritarios para su propio beneficio personal, incluso mediante la extracción de dinero, trabajo no remunerado y sexo (^{IIFFMM, 2019}).

Por lo tanto, no es evidente si al menos algunas formas de violencia sexual contra los rohinyás son políticas organizativas. A continuación, evaluamos la evidencia pertinente disponible.

Los informes recibidos hasta la fecha sugieren que la gran mayoría de la violencia sexual contra los rohinyás durante la operación de despeje fue perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado, incluso en los casos en que los vigilantes budistas de Rakáin participaron en saqueos o provocaron incendios. Sin embargo, es difícil establecer qué estrategias y tácticas específicas fueron ordenadas para guiar la operación de despeje de las fuerzas armadas a finales de agosto de 2017. No obstante, como mostramos anteriormente, los comandantes tenían el control efectivo sobre sus fuerzas: la campaña estaba planificada y las ofensivas estaban estrechamente coordinadas entre las unidades, lo que constituye una prueba fuerte, posiblemente incontrovertible, de la responsabilidad del mando.

Los testimonios de sobrevivientes y testigos documentan una amplia distribución geográfica de la violencia sexual, lo que sugiere que los abusos no se limitaron a una aldea o municipio en particular, sino que se cometieron en toda el área expansiva de las operaciones militares (US Department of State, 2018, p. 15). Algunos sobrevivientes entrevistados en Bangladesh recordaron haber visto uniformes con estrellas, flechas y otros distintivos que representan diferentes ramas del Tatmadaw, pero es difícil conectar perpetradores individuales a unidades específicas.³⁶

A pesar de la documentación cada vez más detallada de violencia sexual generalizada en contra de los rohinyás, las autoridades han negado sistemáticamente que esto haya ocurrido.³⁷ Lo único que ha habido son gestos simbólicos de rendición de cuentas. Por ejemplo, en junio de 2018, después de que se impusieran sanciones internacionales, el general de división Maung Maung Soe, que anteriormente dirigió el Comando Regional Occidental del Tatmadaw, fue despedido del ejército. El Tatmadaw culpó a Soe de su "debilidad" en la defensa del Estado frente a los "ataques terroristas" de octubre de 2016 y agosto de 2017, pero no reconoció las atrocidades, incluida la violencia sexual, cometidas por él o sus subordinados (^{McLaughlin, 2018}). Incluso Aung San Suu Kyi, quien en 2011 afirmó que la violación fue utilizada por el Tatmadaw "para intimidar a las nacionalidades étnicas" y "contra aquellos que solo quieren ... hacer valer sus derechos humanos básicos", se ha negado a reconocer la violencia sexual contra los rohinyás (^{IIFFMM, 2019}, p. 4; ICJ, 2019).

El hecho de que el Tatmadaw ha fallado en prohibir y prevenir de manera efectiva la violencia sexual, a pesar de que su incidencia está cada vez mejor documentada, deja muy claro que persiste una cultura de impunidad. Este fracaso, que viene ya de hace tiempo, también se ve reflejado en la impunidad de las atrocidades y abusos, bastante documentados, cometidos por el ejército contra las minorías étnicas en otras áreas en disputa, incluida la violencia sexual que persiste a pesar de que el gobierno firmó en 2014 la "Declaración de compromiso para poner fin a la violencia sexual en los conflictos" (KWO, 2016). Aunque tanto la Ley de Servicios de Defensa de 1959 como el Reglamento de Servicios de Defensa de 1960 prohíben los ataques letales y no letales contra civiles, se han realizado pocos esfuerzos para disciplinar o enjuiciar a los perpetradores. En los raros casos en los que se han iniciado procedimientos de rendición de cuentas, se han hecho estrictamente bajo los auspicios de tribunales militares y se han mantenido en secreto.³⁸ A pesar de estas políticas existentes y de las promesas de los dirigentes del Tatmadaw de imbuir una fuerte cultura disciplinaria en sus filas, con respecto a la conducta profesional, "existe una enorme brecha entre la retórica y la realidad" (^{Selth, 2018}, p. 23). Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), la Constitución redactada por el Tatmadaw en 2008 consolidó el control militar y la impunidad "a perpetuidad" (^{International Center for Transitional Justice, 2009}).

Dada la historia de impunidad de la violencia contra civiles, no es sorprendente que los comandantes como mínimo toleraran la violencia sexual en la operación de despeje de 2017. Hasta donde sabemos, ninguna fuente creíble ha presentado pruebas de órdenes escritas o verbales de los comandantes a los soldados para que cometieran actos de violencia sexual contra los rohinyás de forma frecuente y colectiva. Sin duda, la ausencia de tales pruebas no es una prueba de su ausencia: muchos rohinyás no entienden ni hablan birmano y es poco probable que hubiesen escuchado las órdenes militares. Como ya hemos señalado, es claro que existen lagunas entre los mandatos oficiales emitidos a nivel central y su aplicación sobre el terreno.

El hecho de que los soldados del ejército de Myanmar participaran en un amplio repertorio de abusos sexuales y violencia durante las operaciones, a menudo en público, y en el mismo contexto que otros actos de violencia, muy probablemente ordenados, contra los rohinyás, se usa, a veces, como prueba de que se trataba de una política (^{Sultana, 2018}, p. 11). El hecho de que ocurra a gran escala, con evidente coordinación entre diversas unidades, con patrones similares en diferentes sitios y a lo largo del tiempo, con lo que parece ser una plena confianza en la impunidad, es tomado por algunos como evidencia de la "colusión de todo el ejército" (^{Sultana, 2018}, p. 11). Sin embargo, su ocurrencia pública junto con la violencia que ciertamente es política no es evidencia ipso facto de que los delitos sexuales en sí mismos son una política en lugar de actos tolerados. Tales interpretaciones son ciertamente consistentes con una política, pero el patrón de impunidad de larga data entre múltiples unidades y comandantes también habría facilitado el aprendizaje o la imitación por parte de los soldados dentro de las unidades y entre ellas, y de ahí las similitudes en escala y tipo entre las unidades a lo largo del tiempo.

Una prueba más contundente proviene de elementos concretos del repertorio de violencia sexual contra los rohinyás documentados anteriormente, a saber, el hecho de que las mujeres embarazadas y las mujeres en edad fértil fuesen objeto de violaciones y mutilaciones sexuales suficientes como para destruir o dañar profundamente su capacidad reproductiva. La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, observó que "la violencia se infligió a las mujeres, incluidas las embarazadas, que son vistas como custodias y propagadoras de la identidad étnica, así como a los niños pequeños, que representan el futuro del grupo" (^{United Nations, 2018}, p. 16).³⁹

El IIFFMM ha afirmado que la violencia sexual en el estado de Rakáin puede activarse y desactivarse a voluntad de los comandantes, identificando una "nueva tendencia" según la cual "los niveles más altos del mando [del Tatmadaw] parecen ser capaces de controlar cuándo sus tropas utilizan o no la violencia sexual durante los ataques contra civiles y poblaciones civiles" (^{IIFFMM, 2019}, p. 25). Estamos de acuerdo: no se han observado los patrones de violencia sexual documentados contra los rohinyás en el conflicto entre el Tatmadaw con el Ejército de Arakan, una insurgencia étnica rakáin. Además, aunque se ha documentado violencia sexual por parte de las tropas desplegadas en los estados de Kachin y Shan durante las operaciones terrestres y en zonas fuertemente militarizadas antes y después de la operación de despeje de 2017 en el norte del estado de Rakáin, las formas y la escala de la violencia sexual perpetrada contra los rohinyás parecen ser significativamente más amplias (^{IIFFMM, 2019}, pp. 27-40).

Recientemente han surgido pruebas más directas, aunque provisionales, de que la violencia sexual estaba autorizada. En 2020, dos exsoldados desertaron del Tatmadaw y fueron capturados por el Ejército de Arakan. Durante su cautiverio y antes de ser trasladados a la Corte Penal Internacional (CPI), el Ejército de Arakán grabó testimonios en vídeo de los dos desertores en los que ofrecían relatos reveladores sobre los ataques contra los rohinyás en 2017.⁴⁰ Ambos afirmaron que se les ordenó matar a hombres, mujeres y niños y que participaron en el saqueo de propiedades y la destrucción de viviendas (^{Wu, 2020}). Uno de los soldados admitió haber violado a una mujer rohinyá, pero no especificó si se le ordenó hacerlo (Wu, 2020). El otro relató que, debido a su bajo rango, estaba destinado como centinela en el exterior mientras los oficiales de mayor rango violaban a las mujeres rohinyás, nombrando a un teniente coronel, dos capitanes, cuatro sargentos y dos cabos (^{Zaw, 2020}, p. 2). Esa participación de los comandantes no sólo sirve de modelo, sino que también la autoriza como política en ese nivel de mando.

De ser ciertos, sus testimonios contradicen directamente las negaciones de los funcionarios de Myanmar sobre la violencia sexual (y de otro tipo) contra civiles y son consistentes con la sugerencia del IIFFMM de que los comandantes pueden controlar cuándo y quién perpetra la violencia sexual. Asimismo, confirman que los batallones a los que pertenecían -el Batallón de Infantería Ligera No. 353 y el Batallón de Infantería Ligera No. 565, ambos bajo el Comando de Operaciones Militares 15 (MOC-15)- perpetraron actos de violencia sexual. En particular, el primero fue desplegado en el municipio de Maungdaw, mientras que el segundo fue desplegado en el municipio de Buthidaung, lo que corrobora los testimonios de los refugiados de que la violencia sexual estaba geográficamente extendida.

La combinación de los siguientes factores sugiere fuertemente que al menos algunos elementos del repertorio de violencia sexual contra los rohinyás fueron autorizados como política: (1) la ideología excluyente y de larga data del régimen, que niega la ciudadanía a los rohinyás, y su historial de ingeniería demográfica para limitar su reproducción, (2) la política militar de limpieza étnica y el control efectivo que ejercían los comandantes sobre las tropas, (3) la evidencia de que los militares ejecutan un patrón diferente de violencia sexual contra los rohinyás (en comparación con otras minorías étnicas, incluso en el norte del estado de Rakáin), en particular la destrucción de la capacidad reproductiva y las violaciones públicas y ejemplarizantes durante las masacres y el desplazamiento forzado, y (4) un largo historial de impunidad y tolerancia continua de la VSRC.

Pruebas adicionales, aunque provisionales, sugieren que algunos comandantes participaron en actos de violencia sexual, modelando así y autorizando implícitamente la violencia sexual por parte de sus subordinados. Sin duda, pruebas que demuestren que los propios soldados del Tatmadaw comprendían que la VSRC contra los rohinyás era una política autorizada por sus comandantes reforzaría nuestro argumento. Sin embargo, ese material de la operación de despeje de 2017 es extremadamente difícil de conseguir.