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Introducción
La caída del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, se dio en el contexto de un estallido social en octubre y noviembre de 2019. Esto resulta un tanto paradójico, ya que su ascensión a la presidencia en 2006 se dio también en relación directa con otro estallido social: el ciclo de movilizaciones en el periodo 2000-2005. El partido político de Morales, el Movimiento al Socialismo (mas), se originó en la movilización social y se consolidó como una opción electoral significativa en ese periodo. El mas llevó al líder indígena a la presidencia, alcanzando una inédita mayoría absoluta del 53,7%1 de la votación en las elecciones de 2005 y el éxito electoral sería reiterado en las elecciones del 2009, 2014, 2019 y 2020. Asimismo, el estallido social detonado por las elecciones fallidas de octubre del 2019 guarda relación con las alianzas entre partidos políticos y movimientos sociales. Dichas alianzas fueron exitosas en la articulación con el rechazo de una nueva presidencia de Morales, que fue crucial para el estallido social que derivó en su derrocamiento. Sin embargo, las alianzas mostraron resultados electorales disimiles, tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2020. En este contexto, el presente artículo plantea las preguntas: ¿cómo se desarrollan los vínculos entre movimientos sociales y partidos políticos, en torno al estallido social de octubre de 2019 y durante la consecuente crisis? ¿De qué manera impacta esto sobre su desempeño electoral en las elecciones 2019 y 2020?
Como se verá, el rol de los movimientos sociales es significativo al construir las condiciones para el estallido y marcar la evolución de la crisis hacia su resolución, a través de nuevas elecciones en 2020. En combinación con la cercanía de los momentos electorales, como detonador y solución del estallido social, se presenta una oportunidad particular para estudiar cómo las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos inciden en el desempeño electoral. Desde una perspectiva orientada al actor,2 se caracteriza la evolución de vínculos entre movimientos sociales y opciones electorales, recogiendo datos de fuentes secundarias y primarias (datos electorales, informes instituciones e informes de prensa), además de observaciones y datos recogidos a través de comunicaciones personales in situ en octubre de 2019 y enero del 2020. Se argumenta que -en un contexto caracterizado como 'Estado protesta' (Moseley, 2018) y marcado por el estallido social y la crisis- la cualidad del vínculo entre movimientos sociales y partidos políticos es de particular efecto en el desempeño electoral, donde el poder contencioso (Tarrow, 1998) aparece como un requisito de éxito electoral.
El artículo comienza discutiendo las bases teóricas que fundamentan el análisis, revisando conceptos relevantes que permiten la conceptualización de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos. Seguidamente, se caracteriza el escenario político boliviano de las últimas décadas como 'Estado protesta' (Moseley, 2018). Sobre estas bases teóricas y contextuales, se examina la evolución de los vínculos en cuatro instancias: Movimiento al Socialismo (mas), Comunidad Ciudadana (cc), Bolivia dice No y Creemos, en dos periodos que corresponden con dos momentos electorales: el primero, referente a las elecciones y el estallido social de fines del 2019, y el segundo, que inicia poco después de la instalación del Gobierno interino de Jeaninne Áñez hasta las elecciones de octubre de 2020. Se observa variaciones en el vínculo relacionadas con el desempeño electoral. Las conclusiones recogen los principales hallazgos del estudio.
Vínculos entre movimientos sociales y partidos políticos, y éxito electoral
Sintetizando una amplia literatura, un colectivo puede considerarse un movimiento social cuando reúne las siguientes características: (1) una identidad colectiva relativamente compartida, (2) un nivel de organización, (3) estructuras de redes, (4) participación y movilización activa, y (5) movilización en función de cambio (política contenciosa) (Burman, 2022). En el contexto de estallido social, el movimiento social tiende a tomarse como objeto central de análisis. Este trabajo busca contribuir a la discusión moviendo el foco del movimiento social a la dinámica de vinculación movimiento social y partido político. Con ese objetivo, trabaja también con la definición del fenómeno como 'procesos organizativos' (organizing processes) propuesta por De Bakker et al. (2017). Los autores observan que en el contexto reciente los movimientos sociales han encontrado nuevas formas de organizarse, conectarse y promulgar acciones colectivas; particularmente, como resultado de la innovación tecnológica, dando lugar a formas más volátiles de organización. En ese sentido, si bien las categorías de movimiento social y de organización del movimiento social retienen un valor analítico, es necesario reconocer la fluidez y la continuidad que les caracteriza como procesos. Ello permite apreciar cómo dichos procesos organizativos fluyen y desbordan las fronteras (analíticas) que distinguen a los movimientos sociales, sus organizaciones, los partidos políticos y el Estado como entes separados.
Existe una vasta literatura que da cuenta de la relación entre las formas movimiento social y partido político, que varían desde la autonomía y la cooptación, hasta formaciones híbridas como partido movimiento y partido orgánico. De acuerdo con Herbert Kitschelt, el partido movimiento presenta una figura de transición entre el movimiento social y el partido político. Los partidos movimiento constituyen en realidad coaliciones de activistas políticos, que emergen de la lucha social, y que aplican las prácticas organizativas y las estrategias características del movimiento social en la arena de la competición partisana. De esta manera, se caracterizan por la combinación de actividades políticas formales con movilizaciones por fuera del ámbito institucional, como también por la ausencia de una organización interna fuerte (Kitschelt, 2006, pp. 280-281). Por su carácter transicional, el partido movimiento se presenta como un fenómeno inestable, con dos probables destinos: su desaparición, al no lograr expandir su base de apoyo, o bien su transformación en un partido político formal al ser absorbido por tendencias oligárquicas michelsianas3 de burocratización (Kitschelt, 2006, pp. 282-284). El partido orgánico, identificado por Roberts (1998)), refiere al partido político que mantiene una conexión intrínseca con los movimientos sociales. En un artículo reciente, Anria et al. (2022) analizan los casos del mas en Bolivia y del Frente Amplio en Uruguay, como dos ejemplos claros del fenómeno, observando una conexión orgánica "a través de vínculos permanentes, formales e informales, que unen las posiciones programáticas del partido con las preferencias de los grupos sociales, independientemente de los resultados electorales" (Anria et al., 2022, pp. 385-386). El partido orgánico corre también el riesgo de desarrollar tendencias michelsianas y debilitar los vínculos con sus bases sociales, perdiendo el carácter orgánico de la conexión.
Las figuras de partido movimiento y partido orgánico han encontrado resonancia en varios estudios que examinan las esquivas barreras que separan a los movimientos sociales de los partidos políticos (Schönwälder, 1997; Desai, 2003; Glenn, 2010; Deonandan & Close, 2007; Van Cott, 2005, 2008; Dufour, 2009; Anria, 2013; Goldstone, 2010). Así, vale la pena recordar que, el movimiento social y el partido político comparten en realidad un mismo origen histórico en la construcción del Estado, que convirtió al Gobierno nacional en el punto central para las demandas ciudadanas. El crecimiento y consolidación del Estado fue acompañado de la necesidad de considerar la voluntad popular (Tarrow, 1998). Un primer modelo de mandato, en el que se estimula la fusión de la protesta con el voto, fue gradualmente remplazado por un modelo de administración (trustee). Más tarde, en el siglo xx, este modelo dio lugar a la teoría de élite o pluralista de la democracia liberal, en el cual la voz directa y la protesta pasaron a ser consideradas como disfuncionales al régimen democrático (Aminzade, 1995), relegando al movimiento social a su posición marginal en la política institucional.
Por último, es necesario explicitar brevemente qué se entiende en este trabajo por éxito electoral. Se parte de la base de que, la cantidad de votos a obtener es -en última instancia- finita, por lo cual, la competencia electoral implica que el incremento de la votación de una opción electoral va en directo perjuicio de la votación de las otras. El éxito electoral se entiende como obtener el primer lugar de la votación (ganar las elecciones) y/o incrementar la votación significativamente (y sostenidamente).
Estado protesta y movimientos sociales bajo el último gobierno de Evo Morales (2014-2019)
Moseley (2018) ha propuesto un enfoque teórico innovador en torno al concepto de 'Estado protesta'. Según el autor, los altos niveles de protesta social observados en la región latinoamericana responden al proceso dual de disfunción política y crecimiento y desarrollo económico. La disfunción se refiere a los bajos niveles de desempeño de las instituciones del Estado, que resultan en bajos niveles de confianza. Paralelamente, el desarrollo económico conlleva un mayor acceso a información y recursos organizativos, sentando la base para una sociedad civil más fuerte y comprometida. Así, desde la década de 1970, distintos estudios en el mundo han demostrado que un mayor status socioeconómico incrementa los chances de participación en la protesta (Somma et al., 2020). En contextos de disfunción política en combinación con el desarrollo económico, la protesta social se convierte en una forma convencional de participación ciudadana, en particular para grupos pertenecientes a los estratos de ingresos medios, pero también para las elites económicas. Asimismo, en el 'Estado protesta', la protesta social no emerge únicamente desde la sociedad civil organizada en oposición al Estado, sino también desde la política, donde los partidos políticos invierten en la construcción y/o mantención de poder contencioso, también en apoyo al Gobierno estatal.
Es necesario notar que Bolivia conoce una larga tradición de protesta social como mecanismo de participación para amplios sectores populares e indígenas, históricamente marginalizados de la política institucional, que ha sido ampliamente documentada en la literatura.4 El 'Estado protesta' marca, sin embargo, dos diferencias importantes con dicha tradición. En primer lugar, la protesta social deja de ser exclusiva de grupos marginados y es adoptada también por las personas de estratos de ingresos medios y altos. En segundo lugar, la protesta social no emerge exclusivamente desde el ámbito de la sociedad civil organizada y en oposición al Estado, sino que es promovida desde los espacios institucionales, también en apoyo al Gobierno estatal. Así, se observa que el periodo que antecede el estallido social de octubre de 2019 se caracteriza por niveles sostenidos de protesta, vinculados tanto al gobierno del mas como a distintas fuerzas antihegemónicas (Wolff, 2020; Mayorga, 2020).
La emergencia del 'Estado protesta' en Bolivia puede ubicarse en el ciclo de movilizaciones del periodo 2000-2005, en el marco de una fuerte crisis de legitimidad del sistema de partidos políticos. Los movimientos sociales indígenas y populares obligaron la renuncia de dos presidentes en 2003 y 2005, frenaron políticas de Estado cruciales, catapultaron a la presidencia a su líder, a través de su instrumento político mas, y definieron una agenda política refundadora que incluía un proyecto de nueva constitución y la nacionalización de recursos estratégicos. De esa manera quedó en evidencia la efectividad de la protesta social ante un sistema político deficiente. Construyendo dicho poder contencioso y dependiendo de él, el gobierno del mas reforzó la narrativa de la virtud política de los movimientos sociales, como auténtica expresión de la voluntad del pueblo y como los verdaderos canales de participación ciudadana. Así, el mas, primero como instrumento político y después como gobierno de los movimientos sociales, tuvo un éxito relativo en el acaparamiento de su capital político, evidenciado en su desempeño electoral (incrementó su votación del 53,7% en 2005 al 63,9% en 2009 y 61,0% en 2014).
Al mismo tiempo, la hegemonía política del mas restringió considerablemente el margen de acción de las fuerzas opositoras en el ámbito institucional. En tanto la movilización social se construía y entendía como forma efectiva y legítima de participación, la debilidad de los partidos políticos de oposición fue acompañada de una creciente articulación de la oposición en la protesta social, incorporando nuevos sujetos de sectores de ingresos medios y altos de la población (Burman, 2022). Aquí se observa también el efecto del desarrollo económico. El crecimiento sostenido desde comienzo de siglo dio lugar a la duplicación del pib per cápita y a la reducción a la mitad de los niveles de pobreza y desigualdad (Knaack, 2020; Arauz et al., 2019). El consecuente crecimiento de los estratos de ingresos medios5 supone un mayor acceso a la información y a recursos organizativos, sentando las condiciones para una mayor participación en la protesta social. Así, se articulan una variedad de demandas que, en la medida en que no obtenían resultados en los canales institucionales, se expresaron con más fuerza en las calles (Zegada, 2019a).
¿Qué explica que dichos niveles de protesta alcancen un punto álgido en octubre de 2019? Existen centenas de trabajos que han analizado dicha crisis, y con distintas perspectivas, por ejemplo, Toward Freedom Global Reports (2020) , Velasco Guachalla et al. (2021b) y Bonifaz y Faguet (2021). Valdivia (2021) muestra el carácter multidimensional que da cuenta de una complejidad de factores a considerar. Este trabajo pretende contribuir al análisis tratando un aspecto menos explorado: la relación entre movimientos sociales y partidos políticos. Aunque en medio del supuesto fraude electoral, se expresó la consigna 'renuncia de Morales y la democracia', las causas del estallido social de 2019 son más complejas. Los movimientos sociales que marcaron el camino hacia la crisis comprendieron una variedad de posiciones y demandas. En este análisis se les caracteriza en tres tendencias antihegemónicas de acuerdo al grado de antagonismo con el gobierno del mas: una primera, caracterizada por tensión y conflicto que busca presionar al Gobierno hacia un reajuste o cambio de políticas públicas; una segunda, preocupada por el estado de la democracia y que busca bloquear la cuarta candidatura de Morales a la presidencia; y una tercera, más radical, orientada al desplazamiento del mas y la reversión de las transformaciones que se dieron bajo su gobierno.
La primera tendencia tiene como base las resistencias locales a la implementación de grandes proyectos neoextractivistas y de (mega) infraestructura, que fueron percibidos como la traición del discurso de defensa de los derechos indígenas y de los derechos de la Madre Tierra. La expresión más cercana al estallido se observa en las movilizaciones encabezadas por el Comité Cívico Potosinista (comcipo), derivando en huelgas que duraron semanas en 2010 y 2015. Las reivindicaciones eran principalmente materiales, como la construcción de un aeropuerto y la asignación regional de los beneficios de las exportaciones de recursos. En un nivel más profundo, el descontento político reflejaba la percepción de que el gobierno del mas no había transformado radicalmente la economía del país -manteniendo su dependencia de la exportación de recursos naturales primarios y de la inversión de capital extranjero-, un sentimiento compartido incluso por las juventudes locales, que de otro modo apoyaban al mas ("El paro cívico de Potosí...", 2010).
La segunda tendencia se movilizó en torno al estado de la democracia en Bolivia, señalando el mal funcionamiento de las instituciones estatales y su deterioro hacia un régimen autoritario. El referéndum del 21 de febrero, en el que un 51,3% del voto rechazó una reforma constitucional que permitiría la cuarta candidatura de Morales, fue crucial para la articulación de estos movimientos. Así lo señalaron distintos actores -incluyendo miembros y simpatizantes del mas, antiguas autoridades públicas y miembros del movimiento anti-MAS Pititas- durante mis entrevistas en octubre del 2019 y enero del 2020. La campaña por el no logró unificar preocupaciones en torno a la persistente corrupción, la lentitud y uso arbitrario de la justica, la conducción de la política económica y disidencias del mas, articulando intereses de los sectores urbanos medios y acomodados con los de los sectores emergentes (Achtenberg, 2016). Se ha identificado una relación directa entre el surgimiento de las llamadas plataformas ciudadanas y el 21f (Zegada, 2019b), que se articuló con más fuerza después de un controversial fallo del Tribunal Constitucional en noviembre de 2017, que abría el camino hacia la reelección, obviando los resultados del referéndum. Ello dio ímpetu a consignas articuladoras como 'Bolivia dijo no' y 'Mi voto se respeta'. En los meses previos al fallo se movilizaron miles de personas en diferentes ciudades del país. Hacia junio del 2018 unos 240 colectivos, con una base joven y una fuerte presencia en las redes sociales, celebraban su primer congreso en defensa del 21f ("Tras la trinchera de las plataformas...", 2018).
Sobre estos 'movimientos' 21f (Zegada, 2019b), vale la pena subrayar que en Bolivia existe una tendencia en el debate (público) a utilizar el rótulo de movimiento social casi exclusivamente para colectivos populares e indígenas (relacionados con el mas) (Burman, 2022; Salman, 2011), que por lo general tienen un largo recorrido y estructuras consolidadas. Ello marca un contraste con las formas incipientes de activismo ubicadas, predominantemente, en el ámbito de las redes sociales y con menores niveles de organización. No obstante, las plataformas ciudadanas reúnen las características del fenómeno movimiento social: estructuras organizativas de red, participación y movilización activa de sus miembros, una clara orientación al cambio y elementos de identidad (Diez & Arequipa, 2019). Como se verá más adelante, las diferencias cualitativas son significativas, pero desde el punto de vista teórico, existe un continuo en niveles de organización, en los que formas más volátiles de organización, así como organizaciones más estructuradas, pertenecen al mismo fenómeno.
La tercera tendencia emana de los intereses particulares de una élite económica desplazada del poder político institucional (Sologuren & Salman 2011; Wolff, 2016), y expresa las actitudes más elitistas, racistas y clasistas, que ven en el proceso de cambio masista la pérdida de privilegios y posición (Goodale, 2020). Una importante expresión de ello se observa en los movimientos por la autonomía regional (McNelly, 2021). Su articulación más visible se observa actualmente en el ultraderechista Comité Cívico Pro-Santa Cruz. Esta organización social representa a la élite cruceña (Farthing, 2019), con conexiones al capital agro-industrial extranjero, predominantemente brasileño (Mckay, 2020). Después de 2009, una serie de acuerdos entre el gobierno del mas y la agroindustria sirvieron para apaciguar la resistencia, creando una "alianza Estado-capital" que favoreció los intereses del agro-negocio mientras aseguraba el poder político institucional del mas (Mckay, 2020). Sin embargo, esta sería solo temporal. El Comité Cívico Pro-Santa Cruz se constituyó en un aliado de los movimientos 21f, llegando a una confrontación abierta y explícita con el gobierno del mas en el estallido social de 2019.
El estallido social de octubre-noviembre de 2019
El estallido social se generó en torno a las elecciones fallidas de octubre de 2019, llevando a la renuncia de Morales y la instalación del gobierno interino de Áñez. Estuvo marcado por fuertes y sostenidas movilizaciones de la ciudadanía, con el protagonismo de vecinos urbanizados autoorganizados, las plataformas ciudadanas, las organizaciones de sectores populares, la oea, la policía y las fuerzas armadas. La confrontación -que se condensó en la narrativa 'Golpe vs. Fraude'- ha sido caracterizada como choques entre sectores populares y sectores de clase media, sosteniendo una y otra posición respectivamente (Díaz-Cuéllar, 2020). Sin intención de restar importancia a dichos actores, aquí se destaca el rol de ciertos movimientos y actores en el periodo inmediato anterior y durante el estallido, por su relevancia con relación al objeto de estudio.
Cerca de los comicios de octubre de 2019, en un proceso cumulativo, las tres tendencias descritas anteriormente, confluyeron en su oposición a la posible reelección de Morales. En julio de 2019, bajo el liderazgo de Marco Pumari, comcipo se unió a otros comités cívicos regionales exigiendo que Morales declinara su candidatura. A pesar de que la mayoría de los sondeos, previos a las elecciones, daban a Morales como favorito, o quizás a razón de ello, el discurso en torno a la falta de legitimidad de su candidatura comenzó a trasladarse al proceso electoral, cuestionando la independencia del tribunal electoral y advirtiendo un próximo fraude. El Comité Cívico Pro-Santa Cruz continúo las movilizaciones junto a los movimientos 21f, lanzando a su líder Luis Fernando Camacho a la escena nacional. Días antes de las elecciones, en una concentración multitudinaria, Camacho afirmó que se produciría un fraude electoral y llamó a la desobediencia civil en caso de una victoria del mas ("Cabildo llama a controlar elecciones...", 2019). Las movilizaciones sociales fueron clave para esparcir la sospecha de fraude, amplificada por los medios y redes sociales, hasta convertirse en una creencia generalizada, en septiembre de 2019 el 68% de la población creía que se produciría un fraude electoral (Hinojosa, 2019b).
El caldeado ambiente sociopolítico encontró un detonador en las irregularidades observadas durante la noche de los comicios. El sistema informativo de conteo rápido sufrió una misteriosa interrupción. Cuando se restauró, 24 horas más tarde, la brecha entre el mas y cc era mucho mayor a lo proyectado antes de la interrupción, suficiente para evitar por un margen mínimo una segunda vuelta. El abrupto corte expandió la sospecha previamente instalada y en los días siguientes, las principales urbes presenciaron movilizaciones denunciando el fraude y exigiendo la renuncia de Morales. A estas se sumaron otras. Por un lado, semanas antes de las elecciones Pumari había liderado un nuevo paro de comcipo, exigiendo la anulación del Joint Venture entre el Gobierno y la empresa alemana aci para la explotación e industrialización del litio potosino. La movilización pronto se fusionó con las que alegaban fraude electoral y exigían la dimisión de Morales, proyectando a Pumari al escenario nacional como uno de los líderes del levantamiento ciudadano. Camacho, ya montado sobre los movimientos 21f, encabezó las movilizaciones en la región oriental, consolidándose como el líder oriental del levantamiento ciudadano. El candidato presidencial de cc, Carlos Mesa, también se sumó y alentó las denuncias de fraude, llamando y liderando movilizaciones ciudadanas ("Mesa llama a la movilización ciudadana.", 2019), lo cual más tarde levantaría cuestionamientos sobre su rol en los hechos de violencia que derivaron de dichas movilizaciones ("A dos años del supuesto fraude...", 2021). Estas movilizaciones causaron una respuesta por parte de organizaciones sociales simpatizantes de Morales y del mas, que se dieron también a las calles, en protesta y defensa del resultado electoral.
Morales renunció a la presidencia el 12 de noviembre, después del levantamiento de las fuerzas policiales, el informe preliminar de la oea sobre el presunto fraude y la sugerencia de su renuncia por parte de las fuerzas armadas. En un escenario caótico y una cuestionada interpretación y aval de la sucesión constitucional, se instaló un Gobierno interino. Las protestas ciudadanas protagonizadas principalmente por simpatizantes del mas, denunciado un 'golpe de Estado', fueron objeto de una represión desproporcionalmente violenta, con puntos álgidos en las masacres de Senkata y Sacaba, con al menos 37 muertos y cientos de heridos como saldo de la crisis (Méndez et al., 2021).
Evolución de los vínculos entre movimientos sociales y partidos políticos, y el desempeño electoral: elecciones 2019 y 2020
Las elecciones de 2019 muestran la construcción y afianzamiento de vínculos con los partidos políticos de oposición y un debilitamiento de los mismos en el caso del mas. Hacia las elecciones de 2020, se observa que el mas acude a una reconstrucción de los vínculos mientras que las otras opciones políticas muestran cuadros diversos.
Elecciones 2019
Los movimientos 21f fueron clave en la articulación de la segunda tendencia preocupada con el estado de la democracia. Ello explica en parte su protagonismo durante el estallido, pero este debe entenderse también con relación a las alianzas con partidos políticos que se forjaron en el camino hacia las elecciones de 2019. El proceso de 'electoralización' ("Plataformas Ciudadanas 21f son...", 2018) causó divisiones en la medida en que las plataformas se iban plegando a alianzas ("Alianzas causan divisiones...", 2019; Pereyra, 2019), ya que algunas mantenían una aversión a la política partidaria (Quispe, 2018). A mediados de 2019, las principales opciones electorales acumulaban más de cien alianzas firmadas con plataformas ciudadanas (Hinojosa, 2019a). Aquí se destacan Bolivia dice No y cc por su desempeño electoral.
Bolivia dice No nace en noviembre del 2018 como alianza política entre la plataforma Bolivia dice No y los partidos políticos Frente de Unidad Nacional (un) y Movimiento Demócrata Social (mds) ("Demócratas y un forman la alianza...", 2018). La alianza se proponía llevar las reivindicaciones del 21f al Gobierno. Su presentación recibió críticas de varias plataformas en el espacio de las redes sociales, acusándole de 'apropiación' de las movilizaciones ciudadanas ("Demócratas y un llaman a su alianza...", 2018), pero ello no impidió que cerrara alianzas con varias plataformas, integrando algunos activistas a sus listas,6 como Álvaro Puente, fundador de la plataforma Bolivia dijo No (Mendoza, 2019; "Bolivia Dice No presenta sus candidatos.", 2019). El carácter circunstancial de las alianzas se hizo notorio en su frugalidad. En julio de 2019, el candidato vicepresidencial Edwin Rodríguez, exdirigente cívico de Potosí, renunció a la alianza. Rodríguez justificó su decisión en el desacuerdo de sus bases con la estrategia de ataque al candidato de cc, Carlos Mesa, quien lideraba la intención del voto anti-MAS, porque así se reforzaba la posición de Morales dividiendo el 'voto útil'. Varias plataformas en el departamento de Potosí retiraron su apoyo.7 En el mismo mes, otras tres plataformas 21f quebraron con la alianza expresando su desacuerdo por la falta de unidad, la falta de espacios de diálogo con la cúpula y la poca participación ("Dos plataformas retiraron apoyo...", 2019). Sobre estos antecedentes, Bolivia dice No obtuvo el 4,2% de la votación, aunque ello no afectaría su capacidad de movilización durante el estallido social. Bolivia dice No muestra así características de partido movimiento, incorporando activistas que emergen de la lucha social, combinando estrategias activistas con la política institucional y con una estructura débil e inestable.
cc apostó desde un principio a presentar la candidatura de Mesa como la única que podía hacer frente al oficialismo. Apuntaba a evitar una mayoría absoluta del mas y a reducir la brecha a menos de 10 puntos porcentuales para obligar a una segunda vuelta y posibilitar la unificación efectiva de la votación anti-MAS. Así, el objetivo electoral convergía significativamente con los movimientos 21f. cc comenzó la coordinación con las plataformas 21f con la firma de una serie de alianzas en octubre de 2018 ("Mesa firma alianza...", 2018; Pereyra, 2018). Esto se tradujo más tarde en la incorporación de algunos de los activistas en las listas de cc.8 La fuerza de su candidatura le significó cierto apoyo, aunque informal, del movimiento cívico en Potosí ("Audio filtrado vincula a líder cívico...", 2019). cc buscó también un acercamiento con las movilizaciones 21f en Santa Cruz y con el Comité Cívico Pro Santa Cruz ("Carlos Mesa expresa su apoyo...", 2019), pero Camacho negó cerrar filas detrás de una candidatura única de cc ("Cívico cruceño se negó...", 2019). La presentación de las listas causó alejamiento de algunas plataformas alegando la falta de participación y representatividad ("Dirigentes de Cochabamba se alejan...", 2019). Así también, el sociólogo Julio Aliaga Lairana, conocido activista digital, que apoyaba la candidatura de Mesa, expresó varías críticas sobre el manejo de cc. Con relación al vínculo con las plataformas ciudadanas sostuvo:
La última orden interna en Comunidad Ciudadana fue que las plataformas aliadas deben autodestruirse, porque dentro de Comunidad Ciudadana no se aceptan corporaciones, ni gremios, ni sindicatos, ni nada de nada que quiera expresarse orgánicamente a su interior; aunque sí aceptan a las personas como individuos, uno por uno. (Martínez, 2019)
Se observa, entonces, un carácter más circunstancial del vínculo, alejado de una participación más sustancial u orgánica como movimiento social.
La sintonía procurada con las tres tendencias le significó un éxito electoral notable, logrando captar el 36,5% del voto como segunda fuerza en el país. Da cuenta de ello el resultado en Santa Cruz (49,9%), pero sobre todo en Potosí, donde, con el 49,4% de la votación, dio un fuerte golpe al mas, que cayó del 69,5% en 2014 al 32,8% en 2019. Los vínculos verían un afianzamiento durante el estallido. Mesa jugó un papel importante en promover la narrativa del fraude y convocó y protagonizó movilizaciones en rechazo. De ese modo, en las semanas después de los comicios transitó entre la política electoral e institucional y la protesta social, emulando de cierta manera la estrategia del liderazgo de Evo Morales, generando y apoyándose sobre poder contencioso. Sobre la base del vínculo que ya se había establecido con las plataformas, pudo proyectarse como una figura central del estallido social.
Por último, el mas presenta un fenómeno particular desde su inicio como instrumento político de los movimientos sociales. Ha sido objeto de análisis en una amplia literatura. Para el propósito de este trabajo, hacemos referencia al excelente y comprensivo trabajo de Anria et al. (2022), que ofrece una explicación detallada del funcionamiento de la 'conexión orgánica' entre organizaciones y movimientos sociales, y el partido. Siguiendo a los autores, el mas se destaca por su capacidad de incorporar las demandas e intereses de la sociedad civil, organizada desde abajo hacia arriba, mantiene una estructura organizativa más informal, con un rol determinante de la cúpula partidaria en la dirección del partido que, a su vez, permite momentos significativos de constreñimiento por la acción de las bases. De esa manera el mas ha podido contrarrestar (parcialmente) tendencias michelsianas y mantener un vínculo relativamente fuerte con los distintos movimientos sociales que forman su base de apoyo.
Es necesario notar también que en el largo recorrido político del mas ha habido confrontaciones y disidencias importantes, con episodios claros de pugna por el liderazgo del instrumento entre Evo Morales y Alejo Véliz hacia las elecciones de 1999, las concesiones a la elite terrateniente en la nueva constitución, el 'gasolinazo' en 2010 y el conflicto del tipnis en 2011. Este último fue particularmente doloroso porque vio la confrontación y represión de movimientos sociales con participación de poblaciones indígenas, resultando en divisiones y fracturas de algunas de sus organizaciones. Sin embargo, ello no impidió el crecimiento del electorado del mas, dando cuenta de la complejidad de la relación movimientos sociales-MAS. El escenario de, relativamente, alta representación institucional de sus demandas, junto a un continuo asedio por fuerzas de oposición, conlleva a distintas lecturas de la urgencia de demandas, resultando en procesos organizativos divergentes que reciben rótulos como 'cooptación', 'fragmentación', 'división', 'debilitamiento' (Farthing, 2019, Achtenberg, 2016). Sin restar importancia y validez a dichas caracterizaciones, es necesario no sobredimensionar a las organizaciones y liderazgos de los movimientos sociales, ni perder de vista la agencia de las bases. La fluidez de los movimientos sociales, en tanto procesos organizativos, muestran relacionamientos variantes, de oscilación entre apoyo y cooperación, y rechazo y confrontación. Así, se pueden dar quiebres o alejamientos (al nivel de la organización) sobre una determinada cuestión -por ejemplo, la construcción de una carretera- y convergencia en otro -por ejemplo, la contienda electoral-.9 Esto permite entender que los quiebres y divisiones de las organizaciones y lideres de algunos de los movimientos durante el conflicto del tipnis, en 2011, coexista con el incremento de la votación en las elecciones del 2014.
Así, las confrontaciones y disidencias en el interior del mas no resultan suficientes para comprender los acontecimientos en torno a las elecciones de 2019. El vínculo movimientos sociales-MAS se vio significativamente afectado por la obtención del control de dos tercios del legislativo en 2014, con tres efectos importantes. Primero, prácticamente se neutralizó a la oposición a nivel institucional, empujándola hacia el ámbito de la política contenciosa, en donde adoptó una estrategia de desestabilización y descrédito del Gobierno. Para hacer frente a ello, en el 'Estado protesta', el gobierno del mas recurrió a los movimientos sociales como fuente de legitimidad y de poder contencioso. Segundo, el crecimiento del mas significó una creciente absorción de cuadros, despojando a los movimientos sociales de liderazgos forjados en la lucha y resistencia, remplazándolos por nuevos, de un recorrido más corto y menos marcado por la lucha social (Valdivia, 2019, 2021). Tercero, los dos tercios restaron importancia a la consulta con las bases. Así, el director nacional del programa de construcción de liderazgos indígenas nina, explicaba que, en lugar de ser el instrumento político de los movimientos sociales, los movimientos sociales se habían convertido en instrumentales del mas. Las demandas y propuestas dejaron de fluir desde las bases del mas hacia el legislativo, y los movimientos sociales fueron reducidos a una función de ratificación o aval (W. Limache, comunicación personal, 15 de enero de 2020; Zuazo, 2010). Dichos efectos desarrollaron un modus operandi durante los últimos años del gobierno de Morales que, aunque eficaz en contener las fuerzas de oposición, erosionarían los vínculos entre el mas y sus bases. Ello tuvo un efecto 'desmovilizador' (desde el punto de vista del mas), expresado en las mermadas protestas en defensa de Morales y del mas durante el estallido social (Stefanoni, 2020a). El mas alcanzó el 47,1% de la votación.
La cualidad del vínculo se relaciona con el desempeño electoral. El 36,5% de cc puede interpretarse como un éxito, ciertamente, en comparación con los resultados obtenidos por las candidaturas desafiantes previas, que no alcanzaron en ningún momento a llegar al tercio de la votación: 28,6% en 2005, 26,7% en 2009 y 24,5% en 2014. Así, aparece como la opción electoral más exitosa en captar el voto de las tendencias antihegemónicas identificadas anteriormente. Presentándose como la única opción factible y mostrando alianzas con los movimientos del 21f, le restó apoyo a Bolivia dice No. Por la fragilidad de sus vínculos, Bolivia dice No no pudo proyectarse como una alternativa factible, esto explica que solo alcanzara el 4,2% de la votación. La construcción de vínculos por dichas fuerzas fue efectiva en reducir el margen de diferencia con el mas, a la vez que, este vio la reducción de su apoyo también como efecto del vínculo deteriorado con sus bases. El margen fue lo suficientemente estrecho para respaldar la duda sobre el fraude, que fue clave para el incendio del escenario político.
El estallido social dio lugar a la unificación de las fuerzas anti-MAS en el llamado movimiento Pititas, en el que las tendencias antes señaladas confluyeron en torno a la denuncia del fraude y la renuncia de Morales. El movimiento fue crucial para inferir legitimidad e investir de 'legalidad' los procedimientos y maniobras que, ciertamente en retrospectiva, pueden calificarse de golpistas (Valdivia, 2021). La construcción de vínculos entre los partidos opositores y los movimientos sociales antihegemónicos, además del relativo éxito electoral, fue sobre todo exitosa en su objetivo de derrocar a Evo Morales e instalar una fuerza alternativa en el poder.
Elecciones 2020
El mas ganó las elecciones en 2020, con el 54,7% de la votación. cc vio una pérdida con el 29,2%. La alianza Bolivia dice No se disolvió y no participó de las elecciones, mientras que una nueva alianza, Creemos, incursionó con relativo éxito como tercera fuerza, captando el 14,1% de los votos. Estos resultados se relacionan con la evolución del vínculo hacia las elecciones.
El gobierno de Áñez representó claramente los intereses y demandas de la tercera tendencia. Responde al esfuerzo por recuperar los espacios del poder político institucional por parte de una élite económica oligárquica desplazada (Stefanoni, 2020a), principalmente la élite (agro) empresarial de la región de Santa Cruz (Gustafson, 2021), que nuevamente mostró los mismos vicios que había denotado durante los años 90, esta vez como populismo de derecha (Molina, 2020). Desde el principio quedó claro que, lejos de su papel formal interino, dicho Gobierno se propuso revertir el rumbo político del antecesor (Wolff, 2020), excediendo abiertamente su mandato a través del ejercicio de violencia racista (Farthing, 2020). A ello se sumaron escándalos de corrupción e impunidad (Montero, 2020) que causaron el repudio de la sociedad.
Habiéndose logrado evitar el cuarto gobierno de Morales, los movimientos del 21f se desinflaron. Más importante aún, la gran expectativa de la 'restauración' de la democracia se encontró con todo lo contrario. Dichas demandas fueron (literalmente) pospuestas a la vez que el Gobierno experimentaba numerosos episodios de conflicto, contradicción y crisis ("En nueve meses de gestión.", 2020). Esto causó el distanciamiento de aquellos sectores de la sociedad que vieron la traición a los reclamos por los que se habían movilizado. Según Peñaranda (2020), esa fue la razón que llevó a muchos ciudadanos frustrados a optar por el mas en las elecciones de 2020. El debilitamiento de los movimientos 21f incidió sobre la alianza Bolivia dice No, que se disolvió en enero de 2020 cuando los partidos fundadores formaron una nueva alianza (Juntos) para llevar adelante la candidatura de Áñez (Cuiza, 2020). Esto evidencia la primacía del cálculo electoral en el vínculo con los movimientos 21f, por encima de ideales o proyectos políticos. Como expresión de la segunda tendencia, los 21f fueron descartados a favor de la tercera tendencia que en ese momento proyectaba mejores chances de éxito electoral. Las secuelas del estallido significaron ciertos niveles de aprobación a Áñez, que pronto comenzaron a caer, llevando finalmente a que Juntos se retirara de la competencia política en septiembre de 2020 ("Jeanine Áñez baja su candidatura.", 2020).
La incursión de una nueva alianza, Creemos, se interpreta como otro intento de capitalizar electoralmente el poder contencioso, uniendo a los dos lideres regionales del estallido social en el binomio Camacho-Pumari. Obtuvo un considerable 14,1% de la votación, que permite hablar de éxito electoral. Su desempeño a nivel departamental muestra, sin embargo, el efecto de vínculos diferentes. En Potosí, donde Pumari había forjado su liderazgo, su candidatura fracasó, captando solo el 2,8% de la votación. Al contrario, en el departamento de Santa Cruz, Creemos obtuvo su máxima votación: 45,1%. Creemos representó los intereses de la tercera tendencia, evidenciando una conexión más cercana con los movimientos articulados en torno al Comité Cívico Pro Santa Cruz; y concentró su voto en la región oriental, no en las demandas e intereses de la primera tendencia. En Potosí, esas bases no se vieron representadas más en el liderazgo de Pumari y retornaron en buena parte al mas, que incrementó su votación del 32,8% (2019) al 57,6% (2020). Aquí nuevamente se evidencia la fluidez del movimiento social y, por tanto, la importancia de no sobredimensionar los liderazgos o estructuras por encima de la agencia de las bases. Las bases percibieron perspicazmente el instrumentalismo electoral de una alianza a nivel de líderes, confirmado en su disolución poco después de las elecciones ("Creemos logra su personería jurídica.", 2020).
cc continuó su estrategia de ataque al mas y de presentarse como la única opción política factible ante la persistente primera posición del mas en las encuestas. cc preservó vínculos con el debilitado activismo 21f, como se nota al mantener algunos nombres en sus listas,10 pero se vio severamente afectado por la pérdida del apoyo de otros, como resultado de la fragmentación de los movimientos que se habían unificado durante el estallido y que habían respaldado el Gobierno interino. Los resultados a nivel departamental muestran que el poder contencioso capitalizado por Creemos mermó su base de apoyo: cc fue del 46,9% al 17,3% en Santa Cruz. Distintos análisis convergen en que Mesa no pudo alcanzar el voto más allá de la clase media ni de los votantes indecisos (Molina, 2020; Stefanoni, 2020b; Peñaranda, 2020).
En el mas se observa una dinámica de reconstrucción. El mas tuvo un incremento de la votación, alcanzando el 54,7% y ubicándose como la primera fuerza del país. Las expresiones de racismo y clasismo, y el asedio y represión política de intereses fundamentales de sus bases tradicionales, constituyeron factores importantes para estimular la cohesión. Asimismo, las candidaturas del exministro de economía, Luis Arce, y del líder indígena y excanciller, David Choquehuanca, proponían la estabilidad y racionalidad de la exitosa política económica del mas, en un escenario de fuertes golpes a la economía a causa de la pandemia, como también las reivindicaciones indígenas de su proyecto político. En ese sentido, se puede decir que hubo factores externos que empujaron el regreso de las bases sociales al mas, como otros internos de atracción y reconstrucción (Velasco Guachalla et al., 2021b). En ello primó el proyecto político 'proceso de cambio', forjado en décadas de luchas históricas por un número de movimientos mejor organizados y estructurados, que constituye una base común de articulación política con alcance nacional. Aunque los vínculos con una diversidad de movimientos muestran fluctuaciones importantes, un carácter más orgánico y de base permite una importante estabilidad, evidenciada en el constante éxito electoral ininterrumpido, que se ve en el incremento de la votación desde su inicio, en 1997, y su consolidación como primera fuerza del país desde 2005. De esta manera, el mas presenta la figura de 'partido orgánico' con vínculos intrínsecos con organizaciones y movimientos sociales. Como explican Anria et al.:
El retorno [del mas] puede ser en parte explicado por la realineación de movimientos principales detrás del mas o por la habilidad del partido de reparar conexiones orgánicas entre el liderazgo y su base social después de que esos vínculos se hubieran raído considerablemente. Este retorno revela también que el mas no puede ser reducido a un instrumento personalista de un líder carismático o entenderlo simplemente como una máquina cooptativa bajo el tutelaje de un liderazgo unificado. Desempeña funciones representativas clásicas para mayores segmentos de la población y se mantiene como la única fuerza de nivel nacional que está anclada en los sectores populares de Bolivia.11 (Anria, 2022, p. 397)
Dicha conexión orgánica forma un contraste claro. Los movimientos 21f articuladores de la segunda tendencia, emergen solo en 2016 y sus bases organizativas son comparativamente menos estructuradas, moviéndose muchas veces sobre todo en el ámbito de las redes sociales. En consecuencia, las alianzas forjadas a partir del 2018 muestran un carácter circunstancial, de cálculo electoral y más frágil, brindando menor sustento a la opción electoral.
Conclusión
Este trabajo contribuye a la discusión, moviendo el foco de análisis que apuntaba al movimiento social -foco predominante en las discusiones sobre los estallidos sociales-, para centrarlo sobre los vínculos entre el movimiento social y los partidos políticos, y su efecto en el desempeño electoral. El escenario político boliviano reciente puede ser caracterizado como un 'Estado protesta', marcando dos diferencias importantes con la tradicional de protesta social como mecanismo de participación ciudadana. La protesta social observa una expansión y es adoptada por los sectores de ingresos medios y altos. Asimismo, ya no emerge exclusivamente desde el ámbito de la sociedad civil organizada, sino que es también promovida desde los espacios institucionales. En ese contexto, el poder contencioso emerge como un factor clave en el ejercicio político, en el que las vinculaciones tienen por lo general un efecto electoral positivo, aunque diferenciado, dependiente de la cualidad del vínculo. Así, se observa que los vínculos permiten importantes victorias para cc en 2019 y para Creemos en 2020. Cabe también subrayar que las vinculaciones de cc y Bolivia dice No juegan un papel importante durante el estallido social en tanto legitiman el derrocamiento de Morales y la instalación del Gobierno interino, si bien no en los medios, son exitosos en el objetivo.
Bolivia dice No muestra características de 'partido movimiento'. Se trata de una alianza electoral con movimientos 21f, combinando la campaña electoral con el activismo social. El líder del movimiento Bolivia dijo No actúa como cofundador de la alianza, y activistas pasan a formar parte de sus listas. Muestra una estructura interna débil, con vínculos frágiles y termina desapareciendo, tal como lo predice el modelo. cc articula el vínculo, principalmente, en la integración de algunos activistas en sus listas. Como se pudo observar, dicho relacionamiento es relativamente superficial y frágil, alejado de una participación sustancial en la estructura organizativa.
En el caso de Creemos se observa un intento por capitalizar electoralmente los liderazgos regionales que emergieron durante el estallido social y sus conexiones directas con los Comités Cívicos. Esto le significa un vínculo fuerte sobre todo en el departamento de Santa Cruz, permitiendo un éxito electoral relativo como la tercera fuerza del país, pero los datos muestran también que Creemos no logra expandir el apoyo más allá de su base regional. En suma, en estas vinculaciones prevalece la lógica electoral, que da lugar a alianzas más circunstanciales, que no permiten la participación y representación de intereses más amplios. Ello se evidencia en que, ante la inminente victoria del mas en las elecciones 2019 y 2020, no se produzca una alianza detrás de una sola candidatura con una propuesta política unificadora. La propuesta se redujo a un sentimiento anti-MAS, incluso cuando quedó claro que el partido y el líder no eran lo mismo. Por el contrario, la 'conexión orgánica' que caracteriza al mas, con base en luchas históricas y estructuras organizativas a nivel nacional, ha construido en los más de 20 años de vida una agenda política propositiva con visión de país, que trasciende o predomina sobre el cálculo estratégico electoral.
No obstante, las diferencias en calidad, se observa que la vinculación con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil emerge como requisito en la contienda política. Esto responde a la caracterización del escenario político boliviano como 'Estado protesta' en el que la protesta social se constituye en canal convencional de participación política y articulación de demandas ciudadanas. La combinación del poder político institucional con el poder contencioso acarrea el riesgo de desbordar los marcos procedimentales y legales que definen la democracia. El estallido social, el gobierno de Áñez y las masacres de Senkata y Sacaba son prueba de ello. Por lo que, debe ser considerada y ejercida con un sentido crítico y responsable. Por otro lado, puede entenderse también como un intento de recuperar el origen histórico que une al movimiento social y el partido político, volviendo al modelo de mandato, que ensambla a la protesta con el voto. El 'Estado protesta' en la Bolivia actual sugiere una transformación en la cultura política, en la que la voz directa y la protesta no son consideradas disfuncionales al régimen democrático, sino complementarias o intrínsecas a la política institucional.
