La Convención Constitucional y la continuidad institucional del estallido social

Los convencionales sostenían una perspectiva dual respecto al significado de la cc. Una visión predominante entre la diversidad de convencionales activistas era que la cc, pese a las limitaciones de diseño según el Acuerdo por la Paz (ej. quórum de votaciones), representaba la revuelta social a nivel institucional y abría una oportunidad para realizar transformaciones profundas. En cambio, los convencionales de partido reconocían el rol del estallido en el origen de la Convención, pero sostenían que correspondía a un momento político distinto.

Estas diferencias interpretativas perfilaron la distancia inicial en la interacción entre ambos grupos.

En particular, los convencionales activistas sostienen generalmente una visión crítica de la cc como espacio institucional. Si bien la cc abre la oportunidad para concretar cambios postergados, el Acuerdo por la Paz limitó considerablemente las atribuciones del órgano, contraviniendo el espíritu del estallido social de 2019. Por ejemplo, Javiera, una convencional de PuCo, considera que el pacto político que facilitó el llamado a plebiscito y allanó el camino a la Convención,

Fue una salida táctica que utilizaron los partidos políticos para poder salvarse el pellejo. Porque lo que nosotros buscábamos era que se fueran todos los políticos, nosotros queríamos reformas. Y nos dieron esta salida de la Convención Constitucional con muchas trabas, onda, ¿quién puede hacer una Convención Constitucional en un año? Con tantos problemas económicos, con, no sé, con tantas limitaciones en la forma o en el quórum de votación. Eso no era algo democrático, porque, además, el Acuerdo por la Paz ni siquiera fue paritario y no incluyó a los escaños reservados y dejó la paridad binaria. (Javiera, comunicación personal, julio de 2022)

Este comentario comprende críticas transversales a la salida institucional frente al estallido, por parte de este grupo de convencionales. La primera crítica se refiere a que canalizar institucionalmente el cambio constitucional habría sido una estrategia de una elite homogénea (que el estallido impugnaba) para preservar el status quo. Y la segunda es la fijación de normas que restringían el funcionamiento interno de la Convención, como el escaso tiempo para redactar la propuesta constitucional (un año), y el umbral de dos tercios para aprobar normas constitucionales. Este último se consideraba excesivamente alto, transformándose en un tema álgido durante la etapa reglamentaria, al considerarse que daba poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales para oponerse a las demandas populares levantadas durante el estallido. De hecho, la mayoría de este grupo de convencionales activistas propuso rebajar el umbral de aprobación de normas a tres quintos en septiembre de 2021, aunque sin tener los apoyos necesarios para alcanzar dicho objetivo.

Sin embargo, los convencionales activistas matizan este juicio al considerar que, pese a sus limitaciones, este órgano capturaba parte de la esencia del estallido; no por su diseño ni estructura, pero sí por su composición, ya que la elección arrojó una preferencia ciudadana por candidaturas independientes y de activistas sociales. Por tanto, la Convención era un órgano heterogéneo que incorporó representantes del estallido social que podían transmitir la voz del pueblo a nivel institucional.

Un ejemplo simbólico de esta conexión con el estallido social ocurrió el 4 de julio de 2021, durante la ceremonia inaugural de la Convención. Previamente, convencionales independientes y activistas acordaron marchar desde distintos puntos de la capital hacia el edificio del antiguo Congreso Nacional (que albergó la cc). La Lista del Pueblo marchó desde la Plaza Baquedano, rebautizada como Plaza Dignidad, punto neurálgico del estallido social de 2019, mientras que convencionales feministas partieron desde la Biblioteca Nacional y los escaños reservados hicieron una ceremonia en el monumento a los pueblos originarios en la Plaza de Armas de Santiago. El recuerdo del estallido social continuó presente una vez comenzó la instalación de la Convención, debido al enfrentamiento entre las personas que acompañaron a los convencionales en sus respectivas marchas con las fuerzas de seguridad, lo que obligó a suspender temporalmente la ceremonia.

Junto al simbolismo de las marchas inaugurales, los convencionales activistas veían su diversidad grupal como una muestra de la institucionalización del estallido social. En palabras de Carla, convencional de los Msc:

Había gente muy distinta a uno, de lugares muy distintos, de experiencias muy distintas, que ve el mundo de manera radicalmente distinta, que tiene horizontes diferentes, que entiende las cosas de una manera distinta. [La Convención] es un espacio democrático, es decir, está representada la sociedad en su diversidad dentro de lo que se puede representar a una sociedad tan compleja como la nuestra, algo que yo no le asignaba un valor previamente, como a las instituciones de la democracia representativa del Estado... Empecé a pensar 'bueno, a esta instancia yo vengo con un mandato, y puedo debatir con otra gente que viene con otros mandatos'. (Carla, comunicación personal, julio de 2022)

Así, la Convención representaba la pluralidad social que se hizo visible durante el estallido, incluyendo voces, perspectivas y trayectorias usualmente ausentes en la política tradicional. Este tipo de convencional se declara escéptico de la representatividad de espacios políticos como el Congreso y los partidos, que no reflejarían la diversidad nacional y no sintonizarían con las demandas ciudadanas. Sin embargo, valoran la Convención dada la inclusión de nuevos rostros y por las posibilidades que ofrece para dar respuesta a demandas sociales largamente postergadas. Por tanto, la diversidad de origen de los convencionales se contrasta constantemente con un Congreso elitista, tornando la Convención en el órgano más representativo de la historia democrática chilena.

Junto a estas consideraciones, los "mandatos" también son fundamentales para comprender tanto los objetivos que tienen los convencionales activistas, como su rol de transmisores del estallido social a nivel institucional. Los mandatos de los convencionales surgen principalmente de discusiones en asambleas o cabildos territoriales con organizaciones que nacieron o se articularon al alero de la revuelta social. Estas asambleas elaboraron listas de demandas a partir de problemas locales, especificando derechos y temas que debían ser abordados por la nueva constitución. Muchos de los convencionales activistas eran líderes de estas asambleas y buscaron seguir en contacto con ellas a lo largo del proceso. Tal como señala Eduardo (PuCo), actuar como voceros de estas demandas en la Convención les permitía seguir siendo "fieles al estallido social".

Adicionalmente, los convencionales activistas crearon espacios dentro de la cc que dieran cabida al estallido. Por ejemplo, durante la etapa reglamentaria se creó la Comisión de Derechos Humanos, que tenía entre sus objetivos: proponer bases de rango constitucional de protección de Derechos Humanos y promover los principios de verdad, justicia, memoria y reparación en la nueva constitución. Según Carmen, de PuCo, esta comisión se hizo presente y conectó a la Convención con las experiencias y los grupos visibilizados durante el estallido social:

Se dedicó a escuchar los dolores de toda la gente que quiso decir cosas, de gente con detenidos desaparecidos, de torturados de la dictadura, del estallido social, de los pueblos indígenas, de las disidencias sexuales, desde la prostitución, desde los trabajadores, desde la niñez, gente con discapacidad. Todos los dolores de Chile fueron escuchados. Y no teníamos por qué no hacerlo, porque nunca se había hecho. (Carmen, comunicación personal, mayo de 2022)

En conjunto, la pluralidad de los convencionales activistas y su capacidad para extender por su intermedio las demandas y experiencias territoriales, configuraron la cc como un espacio que desplegaba institucionalmente el estallido de 2019. Esta percepción morigera las críticas que estos convencionales hacen a las limitaciones de diseño de la cc, resaltando la oportunidad histórica de definir un nuevo orden político. Adicionalmente, plantea que los convencionales activistas observaban su rol en contraposición al de la institucionalidad vigente. Por tanto, desde el inicio hubo una percepción, tanto de escepticismo como de antagonismo sobre la posibilidad de generar vínculos con los representantes del status quo, como los convencionales de partidos políticos.

En cambio, los convencionales partidistas no percibían el Acuerdo por la Paz y la Convención como una continuación institucionalizada del estallido social. Para ellos, el Acuerdo corresponde a un mandato político del Congreso, definido por representantes electos por la ciudadanía, que permite inaugurar un nuevo capítulo político a nivel nacional respetando la legalidad. Asimismo, concuerdan en que la Convención representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas sustantivas y que estuvieron bloqueadas por la Constitución de 1980. Finalmente, comparten la idea de que la Convención se explica por el sentido de urgencia de dar una salida institucional a la crisis originada por el estallido y que tiene un perfil mucho más diverso que otros órganos del Estado. Sin embargo, también consideran que la Convención es un espacio político formal, distinto al estallido, y que debe observar los bordes impuestos por el Acuerdo por la Paz. Como tal, y respondiendo a su relevancia política, debía insertarse como una institución más dentro del Estado. En palabras de Cristián, convencional del Colectivo Socialista:

[La Convención] seguía siendo una institución estatal que debía de relacionarse con el Poder Legislativo, con la Corte Suprema, en cuanto cabeza de lo que hasta hoy día se conoce como Poder Judicial y con el presidente de la República, por más que ese presidente de la República fuera de un signo político opuesto al de la mayoría de la Convención. (Cristián, comunicación personal, julio de 2022)

Los convencionales de partido consideraban que la Convención, a pesar de la excepcionalidad de su origen y objetivo, era un espacio institucional similar a los ya establecidos y que marcan la pauta de la política "normal". Este juicio implica desprenderse de la idea de ser un actor delegado por la revuelta social, como sostienen los convencionales activistas, para adoptar en su lugar dinámicas de deliberación y negociación similares a las que ocurren en otras instituciones como el Congreso.

Las visiones contrapuestas entre los convencionales activistas y de partido -sobre el marco de acción de la Convención y su rol en ella- grafican una distancia inicial importante entre ambos grupos. Si bien hay un reconocimiento transversal de la Convención como un espacio institucional, que abre la puerta a cambios sustantivos, para los convencionales activistas esta institución parte con limitaciones por el Acuerdo por la Paz, mientras que para los convencionales de partido ese acuerdo es lo que valida el proceso de cambio constitucional observando la legalidad vigente. Como se verá a continuación, este juicio inicial influyó en la forma y los límites de negociación durante la discusión y aprobación de normas, así como las posibilidades de cooperar y desarrollar vínculos y convergencias.

La imposibilidad de congeniar: legados y estilos de los políticos partidos

Las apreciaciones iniciales de los convencionales sobre la institución se tornaron relevantes en su interacción al comenzar la discusión de normas constitucionales a nivel de comisiones. Además, a estas se sumaron luego las experiencias que cada grupo desarrolló con su contraparte y que moldearon la viabilidad de dialogar, negociar y crear redes que cruzaran los límites entre colectivos de activistas y de partidos.

Los problemas denunciados durante el estallido -como el costo de la vida, la desigualdad y precariedad económica, la degradación medioambiental y problemas de género, entre otros (^{Aguilera & Espinoza, 2022})- han sido recurrentes en las movilizaciones que ha experimentado el país por al menos diez años (^{Somma et al., 2021}) y los convencionales activistas, usualmente, se movilizaron por uno o más de estos problemas. A través de estas experiencias, desarrollaron una visión negativa hacia las autoridades estatales, dada su incapacidad (o desidia) en resolverlos, y que extendieron hacia los partidos, creando una sospecha de base hacia los convencionales de ese sector. Por ejemplo, Jorge es un convencional de la Coordinadora Plurinacional que explica la dificultad de confiar en los convencionales de partido:

Es difícil confiar en los sectores políticos, que son bastante tradicionalistas en términos de contener la lucha de toda la sociedad civil. No hay que olvidar que los partidos políticos son los que no han permitido hacer cambios importantes no solo dentro del proceso constitucional, sino del modelo económico de este país. Por lo tanto, es más fácil que se pongan de acuerdo entre ellos a que nos pongamos de acuerdo nosotros, 154 personas con miradas distintas, diversas y que buscamos un objetivo: incidir en el proceso desde lo que nosotros demandamos y desde nuestra particularidad.

[Entrevistador: ¿Esta desconfianza, se extiende al Frente Amplio, al Colectivo Socialista o al Partido Comunista?]

Sí, esto fue transversal. Porque de la derecha lo esperábamos, era obvio de que íbamos a tener nosotros una muralla, en términos de avanzar en demandas que nosotros como pueblo hemos venido señalando, no ahora, sino por varios años y que nunca se pudieron dar porque los partidos tradicionales nunca dieron la venia. (Jorge, comunicación personal, julio de 2022)

El comentario de Jorge ejemplifica varios puntos que sustentan la distancia que han desarrollado los movimientos sociales chilenos hacia el sistema de partidos (^{Bidegain, 2017}; ^{Rozas & Maillet, 2019}). Si bien el reproche y la desconfianza hacia las fuerzas políticas tradicionales no son compartidos con la misma intensidad entre los convencionales activistas, todos los partidos (de izquierda a derecha) habrían impedido sistemáticamente (por acción u omisión) la concreción de reformas sustantivas que atendieran las demandas sociales. Otra visión extendida entre los convencionales activistas es que los partidos compartirían un consenso tácito sobre sus intereses por ser parte de la institucionalidad, lo que favorece su capacidad para coordinarse en contra de las demandas ciudadanas.

En cambio, los activistas, ahora en una posición de poder, no cuentan con la ventaja de la uniformidad que comparten los partidos, debiendo administrar su diversidad grupal para definir acuerdos colectivos sobre sus objetivos y tácticas. Así, reconocen que replicar en la cc las prácticas asamblearias de toma de decisiones a las que están acostumbrados dificulta su coordinación grupal. Sin embargo, consideran que este método confiere legitimidad a sus acuerdos frente a los procesos jerárquicos de los partidos. Esta forma asamblearia se dio en dos niveles. Primero, muchos convencionales mantuvieron contacto con organizaciones territoriales para definir posturas en la cc (presencialmente o vía WhatsApp). Segundo, los distintos colectivos en esta categoría (PuCo, Msc o Coordinadora Plurinacional) solían abrir espacios de discusión interna en los que coordinaban la adopción de posturas comunes. Aunque estos procesos deliberativos otorgaban legitimidad de base a los acuerdos, eran lentos para la prontitud que demandaban las negociaciones en la Convención. Contrastando esa experiencia con la de los partidos Felipe, un convencional de PuCo señala que:

[Tomar decisiones] es un problema que hemos tenido todos los independientes. Los partidos políticos operan de otra manera, no operan con la deliberación de los colectivos, sino que de acuerdo a la doctrina del partido. Y nosotros nos damos cuenta en las votaciones: todos los socialistas votan igual, o casi siempre igual. Porque hay intervención de los partidos políticos (desde fuera) en las decisiones de ellos, eso a nosotros por lo menos nos parece. (Felipe, comunicación personal, junio de 2022)

Un corolario de este modelo de toma de decisiones averso a la verticalidad fue la fragmentación de las votaciones de los colectivos. Aunque una parte de estos convencionales valora esta diversidad interna de posturas políticas, también reconocen que es una debilidad para negociar votaciones en el pleno, como bloque. No obstante, estos convencionales se resisten a la disciplina de los convencionales de partido, al considerarla una imposición de criterios externos que contravienen los intereses del pueblo. Así, recelaban a los partidos no solo por experiencias anteriores al estallido social (como su falta de disposición para hacer reformas), sino además por considerar que sus motivaciones de acción política se confundían con la búsqueda de réditos políticos externos.

Los activistas también reclaman la selectiva fragmentación de los votos de los convencionales de partido, incluso en el marco de un acuerdo mutuo. Sin embargo, esta fragmentación no es interpretada como diversidad o indisciplina, sino como una táctica dirigida a frustrar la aprobación de un artículo. Según los activistas, esta fue una experiencia cotidiana al momento de votar artículos en el pleno, ya que varias de sus demandas fueron rechazadas por pocos votos, lo que incrementaba su recelo hacia los partidos durante el proceso.

La desconfianza entre los convencionales activistas y de partido se percibió con más claridad durante la discusión de normas constitucionales. Aquí, cada comisión elaboraba un informe con propuestas de articulado, que eran negociadas previamente a su votación en el pleno. En estas negociaciones, usualmente, se acordaba votar a favor de un informe en general, para luego aprobar o rechazar cada artículo en particular. Un momento tenso ocurrió cuando el último informe de la Comisión de Medio Ambiente fue totalmente rechazado pocos días antes del plazo final para la aprobación de artículos desde las comisiones temáticas. Dicho informe era ampliamente respaldado por los colectivos activistas y el grupo transversal EcoConstituyente, pero no contó con el respaldo de los partidos. Este traspié motivó una improvisada funa⁴ de algunos convencionales hacia los miembros del Colectivo Socialista, quienes habrían declarado previamente su apoyo al informe, según los activistas. Esta funa gatilló un debate a nivel nacional sobre la forma de hacer política en la Convención y que Karen, convencional de PuCo, justificó como sigue:

[La funa fue] una forma más honesta y transparente de hacer política que la de ellos (partidos), hablando una cosa frente a la cámara y haciendo algo distinto en reuniones. Creo que son abiertamente groseros, que faltan a su palabra, que no son personas transparentes y creo que eso te hace una mala persona, ellos se escudan en decir "¡Oh!, ¡qué agresivos!, ¡qué violentos!", cuando ellos en reuniones privadas son groseros al faltarle el respeto al dolor de la gente en su casa. Esa moralina no se las permito porque ellos no tienen ni ética ni moral, el Colectivo Socialista quedó ante la opinión pública como los traidores del pueblo. (Karen, comunicación personal, junio de 2022)

La funa no estuvo exenta de diferencias entre los convencionales activistas, luego que algunos manifestaran posteriormente y en privado su discrepancia con ella. Asimismo, dicha acción no impidió que los activistas de este grupo avanzaran pragmáticamente en las negociaciones con los convencionales de partido, en los días posteriores para sacar adelante un nuevo informe. No obstante, tanto su realización como la cita de Karen confirman una desconfianza compartida (con distinta intensidad) hacia los partidos y ejemplifica la permanencia del modo de actuar activista en la cc. Asimismo, este desacuerdo con los convencionales de partido fue otra confirmación de las desconfianzas latentes hacia ellos y que se prolongó hasta el final de la cc.

Dado el compromiso hacia sus organizaciones territoriales y la centralidad del activismo en sus biografías, varios convencionales activistas defienden la importancia de no adaptar totalmente su acción política a la Convención. Por esta razón, parte de los entrevistados percibieron no ser vistos como iguales por sus pares de partidos, siendo objeto de un trato percibido como condescendiente, si no desdeñoso de su parte, al no adoptar los códigos de la política tradicional, reforzando las desconfianzas mutuas. Así, una táctica como la funa, aunque cuestionable externamente, es una herramienta familiar para enfrentar a actores institucionales tradicionales (como los convencionales de partidos políticos) cuando incumplen acuerdos.

El voluntarismo e inexperiencia del activismo como un obstáculo para la política

Los convencionales de partidos políticos tampoco desarrollaron una opinión favorable sobre sus colegas activistas. Molestos con lo que calificaban como la superioridad moral de los activistas al criticar la legitimidad de los partidos, estos convencionales reivindicaban el valor de la militancia, que demostraría un compromiso y sacrificio de intereses personales en favor de un proyecto colectivo. Además, los convencionales de partido cuestionaban que los convencionales activistas fueran vistos como intachables por el hecho de ser independientes, citando varios errores y situaciones que dañaron la imagen pública de la Convención.

Desde el Estallido Social hubo un cuestionamiento de todo lo que fuera institucional y ahí se cometió el error de que mucha gente empezó a beatificar a los movimientos sociales, a la Lista del Pueblo, a los independientes. Entonces, al final la falta de disciplina o de orgánica interna en los movimientos sociales les pasó la cuenta y creo que la sociedad se apuró mucho en beatificar a agrupaciones de base y movimientos sociales, y ponerlos en los podios de moral vacíos que dejaron los políticos de antaño porque eran como los representantes del pueblo llano. Pero se les olvidó que son tan representativos del pueblo de Chile que también tenían que tener cosas malas. (Héctor, comunicación personal, julio de 2022)

El comentario de Héctor ilustra un descontento extendido con la situación posterior al estallido social, en la que todo lo institucional fue visto como corrupto, y que continuó reverberando al interior de la Convención. Además, resalta la falta de una estructura consolidada como la debilidad central de los activistas, que obstaculizaba que los partidos negociaran y alcanzaran acuerdos amplios con ellos. Esta debilidad se manifestaba en tres críticas desde el mundo partidario. Primero, la inexperiencia y poca adaptación de los activistas a espacios institucionales, ejemplificada en reducir diferencias de opinión a disputas morales entre buenos y malos, denunciar disensos vía redes sociales o realizar acciones como la funa. Estos comportamientos, ajenos a las dinámicas legislativas tradicionales, minaban la posibilidad de forjar lazos de confianza y un diálogo mutuo.

Segundo, la falta de priorización de demandas dado el voluntarismo de los colectivos activistas. Por ejemplo, los militantes de partido consideraban que colectivos como la Coordinadora Plurinacional, al incluir representantes de diversas causas sociales, no solían establecer una jerarquía de objetivos imprescindibles y otros transables. Por tanto, no comprometían, moderaban o matizaban sus demandas, lo que impedía encontrar puntos comunes.

Finalmente, la fragmentación interna de los colectivos activistas impedía que comprometieran sus votos en una negociación. La cercanía generada por la convivencia diaria facilitaba las conversaciones informales y la consecución de acuerdos personales y circunstanciales en las comisiones. De hecho, en estos espacios se crearon vínculos de confianza entre convencionales activistas y de partido que permitieron construir mayorías en torno a proyectos de norma. No obstante, la fortaleza de los lazos interpersonales disminuía en las votaciones del pleno, donde los convencionales de partido criticaban a los colectivos de activistas por la fragmentación de sus votos.

Sin embargo, al ser consultados, los convencionales de partido matizan esta crítica general señalando diferencias entre los colectivos activistas. Así, Msc era capaz de enfrentar negociaciones, llegar a acuerdos y votar cohesionadamente para respaldar una iniciativa, en cambio, los líderes de PuCo solo lograban comprometer una cantidad relativa de votos, dependiendo del tema en discusión. Finalmente, la Coordinadora Plurinacional era el colectivo más fragmentado e incapaz de cumplir acuerdos. Estos matices surgieron con el tiempo, ya que el curso de la cc y la convivencia diaria permitieron identificar estas regularidades inicialmente ocultas. Según Luis, un convencional del Colectivo Socialista, la diferencia entre colectivos se debía a las distintas habilidades de sus líderes y a la consistencia de sus acuerdos base:

Era más difícil dialogar con la Coordinadora por esta falta de estructura. Yo creo que tiene que ver con los liderazgos, obviamente cuando tienes una agenda clara y no eres como una pegatina de cuestiones, como era la Coordinadora Plurinacional, es más fácil conversar. Entonces, yo al menos identificaría esos dos factores. Una agenda clara y liderazgos [por ejemplo] msc cumplía su palabra, msc te ponía los votos cuando daba su palabra. (Luis, comunicación personal, Julio de 2022)

Si bien hay una distancia mutua entre activistas y militantes de partido en la Convención, esta cita refleja que la criticada falta de orgánica y estructura no era transversal, al existir grupos capaces de discutir y negociar cohesionadamente. Eso explica que activistas y militantes pudieran negociar durante la redacción de artículos constitucionales. Además, apunta al rol de los liderazgos grupales para generar confianza en torno a intereses comunes, hacer valer acuerdos y tender puentes en temas puntuales. Este hallazgo es similar a los patrones de vinculación que existen entre movimientos sociales y legisladores en Chile, donde los liderazgos son vitales para crear lazos entre activistas y autoridades (^{López, 2023b}).

La posibilidad de congeniar y los obstáculos del tiempo

A nivel general, en esta segunda etapa surgió transversalmente una reflexión sobre la experiencia del proceso constitucional y la imposibilidad de lograr una cooperación robusta entre colectivos. Más allá de las desconfianzas iniciales, el principal obstáculo ha sido la carga de trabajo durante la discusión reglamentaria y de comisiones. El ritmo de la Convención absorbió el tiempo de sus miembros, que debieron usarlo para discutir y aprobar normas, a costa de generar y consolidar cercanías intergrupales. En este punto es bueno constatar la congruencia de las opiniones de Ana, una convencional de los Escaños Reservados, y de Héctor, convencional de Apruebo Dignidad:

El estar encerrados de lunes a lunes preparando indicaciones, leyendo textos, estudiando comparados, no nos permitía generar espacios de diálogo como el que estamos teniendo (en la entrevista). Si las decisiones políticas no se toman en la comisión, se toman en la conversación de pasillos, en el almuerzo. O sea, ahí tú te permites conocer a este otro, conocer su postura para después trabajar en conjunto una indicación o una propuesta. Y eso nos faltó, no por falta de voluntad, sino porque no tuvimos el tiempo. (Ana, comunicación personal, junio de 2022)

Había muchas personas que venían de movimientos que eran bien antipartidistas, pero que después, viendo el trabajo de cada uno, se fueron cayendo esas suspicacias [pero] Nos faltó mucho, nos faltó mucho reírnos, nos faltó mucha camaradería, nos faltó mucho distender el proceso, nos faltó tiempo. Me imagino que en espacios comunes distendidos hubiésemos tenido más libertad para poder deliberar, o discutir normas, o consensuar normas. Y esos espacios lamentablemente no se dieron de la Convención. (Héctor, comunicación personal, julio de 2022)

Ambas posturas apuntan al demandante ritmo de trabajo para explicar la falta de cooperación y permanencia de la sospecha. Por tanto, si bien las suspicacias entre militantes de partido y activistas continuaron, en general, había convencionales en ambos grupos con la intención personal de generar acuerdos amplios, pero fueron truncados por la falta de tiempo. Ana menciona posteriormente que, de no haber tenido esa limitación, habría sido posible tender puentes incluso con los sectores liberales de la derecha. Para ello, cita conversaciones personales recientes con algunos convencionales de ese sector, en las que se percató de puntos de convergencia que hubiesen aportado a generar discusiones transversales desde el comienzo del proceso.

La persistencia de la desconfianza

A pesar de estos matices a nivel personal, las desconfianzas grupales persistieron. Por un lado, los convencionales activistas sostenían que la Convención continuaba conectada con las demandas ciudadanas que surgieron durante el estallido social, citando logros del borrador como el derecho a la vivienda, a la interrupción voluntaria del embarazo y al agua. Sin embargo, temían que los convencionales de partido dilataran su implementación. Estos temores no eran infundados ya que el 28 de junio de 2021, en la última votación de las normas transitorias (y de la Convención), no se aprobó una norma de agua que era crucial para los activistas. Entrevistados de este grupo sostienen que se había negociado y comprometido el apoyo de los colectivos de partidos de izquierda. No obstante, convencionales del Frente Amplio y del Colectivo Socialista se abstuvieron o votaron en contra de la norma, impidiendo su aprobación. Esto llevó a que una convencional de la Coordinadora Plurinacional exclamara abiertamente luego de la votación: "¿y acaso les sorprende?", y a que el resto de los convencionales del sector activista coreara en el hemiciclo: "¡El pueblo, unido, avanza sin partidos!".

Por otro lado, las suspicacias de los convencionales de partido tampoco se despejaron. Varios entrevistados de este grupo sostuvieron que se dieron cuenta, en esta segunda etapa, de que debían asumir un papel más asertivo, al estar disconformes con varias normas del borrador. Este rol se reflejó en una oposición más directa a varias propuestas de los movimientos sociales, que tildaban de maximalistas. No obstante, al interior de este grupo también había críticas cruzadas al que considerar que dicho maximalismo fue compartido por varios convencionales de partido. Los más críticos de este grupo sostenían que muchos de sus pares se obnubilaron por el protagonismo y la visibilidad de los convencionales activistas, plegándose a normas que no apoyaban realmente. Por tanto, varios convencionales de partido adoptaron la postura de ser quienes aportaran la sensatez, que estimaban había faltado durante el proceso, en contraposición a los independientes y activistas, e incluso algunos de sus pares. Esta postura crítica de los partidos en esta segunda etapa también resintió los lazos con varios convencionales activistas. La búsqueda de la "sensatez" fue tildada de paternalista por estos últimos, quienes sentían que sus pares de partido establecían un trato desigual hacia ellos y que subestimaba las legítimas diferencias de opinión que surgieron en las negociaciones finales.

Sin embargo, hacia el final del proceso, varios convencionales activistas expresaron su disconformidad con la falta de voluntad de diálogo y de responsabilidad observados a lo largo de la Convención. Claudio, de msc, explica estos problemas apuntando a la intransigencia de los convencionales activistas, más empecinados en llevar adelante sus mandatos de origen, y la extiende a los convencionales de partido. Asimismo, advierte el continuo desdén y condescendencia que percibieron, desde el grupo partidista, por no provenir de la institucionalidad y por no compartir los códigos institucionales a cabalidad, que fue una barrera constante en el proceso para tender puentes entre grupos:

Estábamos jugando con fuego. De algunos constituyentes (activistas) más radicalizados en el discurso, me enojaba la falta de sentido de responsabilidad, estábamos haciendo una operación a tajo abierto al sistema político chileno que era muy complicada y no podíamos cometer errores. Entonces ahí había irresponsabilidad, mucho ego también. Importaba más poner el punto político a ser responsable y que el sistema quedara coherente. Pero eso también pasó en los partidos, donde muchas veces hubo falta de visión. Del otro lado hay inexperiencia y también mucha de esa "otra experiencia" de creer estar en lo cierto porque vengo del sistema. (Claudio, comunicación personal, junio de 2022)

En consecuencia, la experiencia adquirida en esta etapa final motivó a algunos convencionales a matizar sus percepciones iniciales sobre sus pares, gracias a la incipiente cercanía interpersonal que generaron. No obstante, las dificultades impuestas por el diseño de la Convención y del proceso -como los ajustados plazos de discusión, sumado a la continuidad de las aprehensiones y desconfianzas grupales iniciales- dificultaron la emergencia y consolidación de espacios deliberativos informales, que facilitaran la cooperación y el trabajo en conjunto entre colectivos. Esta falta de transversalidad fue una limitación que minó la imagen pública de la cc y que contribuyó al fracaso de su propuesta constitucional en el plebiscito de salida (^{Alemán & Navia, 2023}; ^{Larraín et al., 2023}).