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Introducción
Centroamérica había sido, históricamente, un área de importancia marginal para la Argentina. Esto cambiaría significativamente hacia finales de los 70, como resultado de un escenario local e internacional complejo y variable, del que resaltaremos tres características. En primer lugar, un cambio de la política exterior de Estados Unidos de la mano de su entonces presidente, J. Carter (1977-1981). Este cambio estuvo determinado por el énfasis en el respeto a los derechos humanos como variable gravitante en las relaciones exteriores (Cisneros & Escudé, 2000), lo cual fue interpretado por aquellos comprometidos con la "lucha antisubversiva" como el abandono de su rol de garante de la seguridad continental e implicó un distanciamiento entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos (como Argentina y Guatemala). En segundo lugar, en el período estudiado, especialmente alrededor del año 1978, esta coyuntura se combinó con un aspecto del escenario local: los militares argentinos en el poder comenzaron a considerar neutralizado el "enemigo interno" en el territorio nacional (Canelo 2008) y contaban con recursos humanos entrenados y crecientemente disponibles (Armony, 1999). Y, en tercer lugar, la región centroamericana estaba atravesando por una aguda crisis política que se manifestaba en una inédita movilización popular y la consolidación de diversas organizaciones político militares (Torres Rivas, 2004).
En este contexto se produjo el acercamiento entre el régimen somocista y los militares argentinos del "Proceso de Reorganización Nacional" que ocuparon el poder entre 1976 y 1983. Estos dieron inicio a una serie de actividades de creciente envergadura en el exterior. Así, dictaduras que se percibían enfrentadas a un enemigo común, que no era limitado por fronteras geográficas, se acercaron considerablemente, trabando relaciones de coordinación y colaboración contrasubversiva (Rostica, 2022, p. 2).
Aunque mayormente clandestinas, estas relaciones fueron detectadas y descriptas muy tempranamente por textos periodísticos -como Selser (1980), Pyes (1994), Cardoso et al. (1983), Verbitsky (2006), entre otros)- y luego abordadas más sistemáticamente por las ciencias sociales, como la obra pionera de Armony, de 1999. En el último lustro surgió una serie de estudios -como Rostica (2021a, 2021b, 2022), Rostica et al. (2020, 2023), Sala (2020) y Balerini (2020), entre los más sustantivos-. Estos se basaron en el análisis de documentación oficial de archivos ubicados fuera de Estados Unidos y lograron documentar -de manera minuciosa y sólida- los procesos de transnacionalización de la violencia política entre Argentina y Centroamérica durante la Guerra Fría.
Esta investigación se ubica en esa línea. Sus fuentes primarias están constituidas por documentos de tipo oficial, los que presentan una solidez y confiabilidad significativa. Se trata de documentos presentes en el Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) de Argentina conocidos como "Colección Forti" (Agrupamiento Documental "94AH").1 Dichos documentos -de carácter público, secreto y reservado- comprenden comunicaciones diplomáticas emitidas a otros países latinoamericanos durante la última dictadura militar de nuestro país (Comisión Memoria Histórica, s. f.). Para su análisis, en el marco de la presente investigación se consultaron las planillas resumen (elaboradas por el Archivo) de alrededor de 1500 documentos, de los cuales se seleccionaron 500 que sirvieron de insumo principal. Este trabajo de archivo no buscó exhaustividad (para ello, debería haberse complementado con la revisión de otros reservorios), sino que apuntó a tomar una muestra limitada, pero sólida, de documentos que brinden indicios para plantear una serie de ideas, de carácter exploratorio, que serán sometidas a nuevas revisiones en próximas investigaciones.
El análisis, aunque limitado a dicha muestra, permitió detectar que, en las lecturas, motivaciones y actividades extraterritoriales, prescriptas por los militares argentinos en el poder, existió un cambio significativo alrededor de dos variables: la fecha o momento histórico (primer y segundo semestre de 1979 y 1980) y el tipo de diplomacia al que se abocaba el sector/institución/emisor (diplomacia militar, diplomacia económica o diplomacia oficial), variables con las que se construyó el cuadro que se presenta al final. El presente escrito sistematiza la documentación relativa al periodo 1977-1979.2
Observando en particular, entonces, las circunstancias que rodearon al ascenso de la conflictividad en Nicaragua (desde 1977 hasta mediados de 1979) y el desarrollo de los primeros meses del Gobierno de Reconstrucción Nacional (segundo semestre de 1979), este escrito apunta a aportar al debate, más general, sobre los condicionantes sociohistóricos de las relaciones de colaboración y cooperación contrasubversiva entre Argentina y Centroamérica en su conjunto.
Los estudios que avanzan en este debate en particular, pueden ordenarse en cuatro grupos:
En primer lugar, se encuentran aquellos trabajos que enfatizan en el modo en que, dado el escenario cambiante de finales de los 70, el Gobierno dictatorial argentino vio la oportunidad de reemplazar, de alguna manera, el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contrainsurgente del continente, buscando erigirse como su "sucedáneo calificado" (Armony, 1999). El trabajo de Russell y Tokatlian (1986) también se encuentra en esta línea.
Otra parte importante de la literatura, quizás la más numerosa, afirma que, para los militares de la última dictadura argentina, embarcarse en actividades territoriales en Centroamérica respondió a una "visión mesiánica" de su función y el intento de perseguir a militantes de las organizaciones armadas fuera de sus fronteras, como el trabajo de Dickey (1987). En una línea similar se encuentra el reciente trabajo de Lisinska (2019).
Una tercera serie de trabajos, cuyo texto más saliente es el de Uncos (2012), cuestiona este tipo de causalidades y -siguiendo autores de las relaciones internacionales como J. C. Puig- propone matizar las explicaciones simplistas, dando cuenta de una manera compleja y profunda del contexto internacional y los factores (estructurales y coyunturales) que moldearon la política exterior de nuestro país, cuya orientación caracteriza como "autonomía heterodoxa".
Podemos distinguir una última serie de argumentos, dispersos en numerosos trabajos, que afirman que la denuncia de los crímenes de la dictadura en el exterior, especialmente en Nicaragua, presentó para los militares argentinos un nivel de peligrosidad tal, que explica en buena medida las actividades contrainsurgentes desarrolladas en Centroamérica (Lascano, 2009; Armony, 1999).
Partiendo de los avances de estas series de trabajos, la presente investigación busca aportar al debate mediante la inclusión de las dos variables ya mencionadas, que considero que se encuentran subestimadas: en primer lugar, el tipo de diplomacia al que se atribuye la lectura, evaluación y actividad desarrollada (especialmente la militar y económica, que distingue Russell (1984), a las que también agrego la diplomacia oficial). En segundo lugar, los distintos momentos históricos (1977-1979 y segundo semestre de 1979) que marcaron el estallido de la revolución nicaragüense.
El presente artículo propone, entonces, analizar cómo estos dos momentos impactaron en la lectura de los militares argentinos sobre seguridad nacional y en los vínculos entre Argentina y Nicaragua. Y plantea que esto se dio de manera diferente en cada canal diplomático (diplomacia económica, diplomacia militar y diplomacia oficial). Estos canales dieron forma a una política exterior "errática" y "contradictoria" (Moneta, 1982) en un contexto de división de recursos y responsabilidades de Gobierno entre las tres armas de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), y de fuerte enfrentamiento entre liberales y nacionalistas (Canelo, 2008).
En el apartado que sigue, se profundizará en una de las variables (el tipo de diplomacia, militar, económica u "oficial"), dando cuenta de sus características y mostrando brevemente sus variaciones (entre 1976 y 1979). Lo relativo a la segunda variable -los dos escenarios distintos (antes y después de la revolución nicaragüense)- se explicitará al inicio de los apartados I y II.
Las diplomacias paralelas
Los militares que ocuparon el poder en Argentina, entre 1976 y 1983, dieron forma a un modelo institucional complejo que buscaba repartir el poder de manera equitativa entre las tres fuerzas que componían las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina o Armada y la Fuerza Aérea (Canelo, 2008, 2012; Novaro & Palermo, 2003). Buscaban con esto evitar los conflictos internos y la personalización del poder que había caracterizado a los Gobiernos militares anteriores. Así, de los ocho ministerios existentes, cada arma quedó a cargo de dos y otros dos quedaron en manos de civiles.
El esfuerzo por lograr el equilibrio interno entre fuerzas y por mostrar una imagen monolítica fracasó. En lo relativo a la política exterior, área de nuestro interés, el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó en manos de la Marina, pero formalmente, los asuntos externos debían ser definidos por: la Junta Militar (donde estaban representadas las tres fuerzas), los Estados Mayores de cada fuerza, el presidente (que formalmente respondía a la Junta) y los Servicios de Inteligencia de cada fuerza (Moneta, 1982, pp. 366-367; Lisinska, 2019, pp. 58-66). Se generó "una estructura decisoria de alto nivel de conflictividad, donde se exacerbaron las rivalidades entre las tres armas, las internas dentro de cada arma y las luchas personales por controlar mayores espacios de poder" (Cisneros & Escudé 2000). Se conformaron así tres instancias o canales que presentaban diversas orientaciones, actores y objetivos: la diplomacia centrada en objetivos económicos, la diplomacia centrada en objetivos militares (en ese momento, esto quería decir mayormente lucha contra la subversión, pero también se atravesaron litigios con países limítrofes como Chile, Brasil y Paraguay) y, de menor relevancia por su debilidad en el período, la diplomacia conducida a través del canal diplomático tradicional (Cancillería), que podía asumir los objetivos económicos o militares, o desarrollar acciones propias, típicas del intercambio diplomático tradicional. Por la gravitación del equipo económico y de los objetivos político económicos sobre otros objetivos, especialmente a partir de fines de 1978, la diplomacia oficial tendió a plegarse a los objetivos de la diplomacia económica.
En lo que sigue, describiremos en profundidad cada una de estas tres diplomacias y sus principales referentes.
Russell enumera las características de la "diplomacia económica" así: orientación pragmática, estrechas vinculaciones con el mundo de los negocios de los países desarrollados, aceptación del statu quo internacional (lo que se encuentra en las antípodas de la actitud "expansiva" de otros sectores de las Fuerzas Armadas), defensa de "la magia del mercado", percepción del Estado como obstáculo y "lucro como el motor esencial de la acción humana" (Russell 1984, pp. 173-174). Uno de los objetivos básicos de la diplomacia económica fue la ampliación de las relaciones económicas comerciales y financieras de Argentina "sin limitaciones de tipo ideológico" (Russell 1984, p. 186).
El referente indiscutido de la "diplomacia económica" fue el ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz (1976-1981), y los principales apoyos militares de la política económica fueron Jorge R. Videla (presidente entre 1976 y 1981) y Albano Harguindegui (ministro del Interior entre 1976 y 1981). Con una estabilidad llamativa en su cargo, Martínez de Hoz, el "superministro", invadió numerosos ámbitos del Estado (la mayor parte de los embajadores correspondientes a países del primer mundo -fuente de los créditos internacionales- le respondían) e imprimió sus propios objetivos a buena parte de la política exterior, la cual, en consecuencia, presentó un marcado sesgo "pragmático" y "economicista". Utilizó sus fluidos contactos con empresarios y entidades financieras en el exterior para revertir la imagen negativa de la Argentina en materia de violaciones a los derechos humanos (Cisneros & Escudé, 2000).
En lo que respecta a Videla y Harguindegui, ambos entonces generales, eran parte de los sectores denominados "liberales", "moderados" o "palomas", una de las fracciones en las que se dividían las Fuerzas Armadas. En el Ejército, los liberales estuvieron representados por Videla, Roberto Viola (presidente en 1981) y un grupo de generales jóvenes. La convivencia de estos sectores liberales con la fracción nacionalista, los duros o los halcones, tuvo puntos de contacto y de conflicto. Entre las coincidencias se anotan, en política interior, el respaldo a los métodos represivos adoptados, especialmente al inicio de la dictadura, cuando estos resultaron funcionales a las necesidades del modelo liberal ortodoxo. El apoyo liberal a la política económica de Martínez de Hoz fue uno de los puntos de conflicto. El otro fue su apoyo a las soluciones negociadas en los conflictos con países limítrofes (Cisneros & Escudé, 2000).
La diplomacia con objetivos militares, o diplomacia militar, estuvo manejada mayormente por los sectores duros de las Fuerzas Armadas. Fueron ellos quienes imprimieron una orientación nacionalista a la política exterior: postulaban "una suerte de 'destino histórico' [de Argentina] en la región, cuyo objetivo fundamental sería impedir los avances de la 'subversión marxista'" (Russell, 1984, p. 173). En lo económico, defendían un rol importante para el Estado en el desarrollo, que consideraban indispensable para evitar "nuevos brotes terroristas". Fuertemente anticomunistas, fueron los principales críticos de la política exterior de Carter y del sesgo economicista que imprimió Martínez de Hoz a las relaciones exteriores (Russell 1984, p. 173). Los duros tuvieron fuerte gravitación en el Ejército, sobre todo entre aquellos militares conocidos como los "señores de la guerra". Se trataba fundamentalmente de los comandantes de cada uno de los cuerpos en que el Ejército había divido el país (especialmente los generales Guillermo Suárez Mason, Ramón G. Diaz Bessone, Luciano B. Menéndez y Santiago O. Riveros). A ellos se sumaban otras figuras gravitantes, como I. Saint Jean, gobernador de Buenos Aires (1976-1981) y Ramón Camps (jefe de la Policía Federal Argentina 1977-1979).
En la división de tareas que regía dentro del Ejército, los comandantes de cuerpo pasaron a ser los altos oficiales más comprometidos en la lucha contra la subversión. Esto les confirió "dominio territorial sobre los centros clandestinos de detención y, por supuesto sobre el botín de guerra que obtuvieran en ellos" (Seoane & Muleiro 2001, p. 222). Durante 1979, Suárez Mason encabezó, además, el Estado Mayor del Ejército, a cuya Jefatura II (Inteligencia) reportaban organismos como las agregadurías militares en el exterior (Rostica, 2022, p. 12).
El marcado anticomunismo, antiperonismo y "sesgo fascistoide" de los integrantes de este sector los llevó a:
Concebir un proceso militar que no tenía plazos para el retorno a la democracia [y donde la] represión lisa y llana [...] del conjunto de la sociedad, pasó a ser un fin en sí misma, más que el medio para recuperar el orden y la estabilidad perdidos. (Cisneros & Escudé, 2000)
En ese sentido, se enfrentaron con el equipo económico de la dictadura por su énfasis economicista, que consideraban podía ir en detrimento de criterios "políticos" como la lucha antisubversiva (Russell 1984; Canelo, 2008).
La fracción dura encontró aliados en el alto mando de la Armada, especialmente durante la comandancia del almirante Emilio Massera (1973 a 1978). Cercano al nacionalismo, la orientación ideológica de Massera estaba en realidad al servicio de un proyecto político propio y personal. Para ello, se opuso a las recetas liberales de Martínez de Hoz y a cualquier otra medida que aumentara el margen de maniobra de la tríada Videla-Viola-Martínez de Hoz (Cisneros & Escudé, 2000; Uriarte, 1992).
Finalmente, la diplomacia oficial reflejó los vaivenes del organismo que la llevó adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Este Ministerio, como resultado del inicial reparto tripartito, quedó en manos de la Armada, dominada por Massera. Massera puso a la cabeza dos figuras que le respondían: César Guzzetti (1976-1977) y Oscar Montes (1977-1978). Cuando la influencia de Massera comenzó a menguar, el Ministerio pasó a manos de la Fuerza Aérea, la menos gravitante de las tres armas, y al frente del mismo quedó el brigadier Carlos Pastor (1978-1981), familiar de Videla (Canelo, 2012). La elección de embajadores sumó complejidad a esta distribución y constituyó uno de los motivos de disputa en el interior de la Junta Militar.
La designación de los embajadores respondió a diversos criterios. Los embajadores destinados a países del Primer Mundo constituyeron en gran parte "coto privado del Ministerio de Economía" (Uriarte, 1992, p. 125). Esto reflejó "la alta prioridad que el régimen asignaba a la renegociación de la deuda externa Argentina y a la afluencia de créditos, y muestra la estatura de 'super-ministro' que Martínez de Hoz conquistó desde los primeros días" (Uriarte, 1992, p. 125). En países de menor importancia financiera, los embajadores tendieron a ser figuras provenientes de partidos políticos tradicionales y de tendencia conservadora (Uriarte, 1992; Cisneros & Escudé, 2000). Esto respondía tanto a objetivos económicos (revertir la imagen negativa en el exterior y contrarrestar las denuncias sobre derechos humanos que habían bloqueado el acceso a créditos internacionales) como políticos (estrechar relaciones con civiles como modo de prepararse para una eventual transición) (Canelo, 2008).
La forma en que el régimen designó a los embajadores, profundizó el papel subordinado (Bosoer, 2005, p. 38) que desempeñó la Cancillería durante la dictadura, fuera del sistema de decisiones en cuestiones clave y limitada muchas veces "a la recepción de información sobre hechos consumados o a la implementación de políticas diseñadas en otros ámbitos de gobierno" (Russell, 1984, p. 173).3
Diplomacia económica, diplomacia militar y diplomacia oficial constituyeron canales paralelos, cuyo desarrollo dio como resultado la superposición de "múltiples actores con participación en las decisiones, dotados de veto, pero sin capacidad de imponer una decisión" (Moneta, 1982, p. 367), dando lugar a una política exterior errática y a decisiones que, "en muchas ocasiones resulta[ron] no solo discordantes entre sí, sino antagónicas" (Moneta, 1982, p. 367).
A continuación, se realizará un sintético recorrido cronológico del desarrollo de cada uno de dichos canales diplomáticos.
En los dos primeros años de la dictadura, la Armada encabezada por Massera controló el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta su retiro, en 1978, Massera utilizó dicho lugar para disputar espacios de poder presionando sobre la designación de embajadores, obstaculizando las relaciones del presidente Videla con otros países y montando en algunas embajadas estructuras propias de espionaje y contrainteligencia, como el Centro Piloto de París (Uriarte, 1992; Bosoer, 2005; Cisneros & Escudé, 2000).
Hacia mediados de 1978, sin embargo, la presión internacional por el respeto a los derechos humanos comenzó a impactar negativamente en las finanzas argentinas. Las denuncias de Estados Unidos, algunos países europeos y Naciones Unidas se multiplicaron. Por un lado, los militares argentinos en el poder decidieron estrechar lazos con diversos países latinoamericanos, con el objetivo de sumar votos a favor en los organismos internacionales.4 Por otro lado, ante las denuncias, la cúpula militar ensayó un planteo que sostenía que, lograda la eliminación del fenómeno subversivo, se concretaría una transición hacia una democracia "ordenada" (Cisneros & Escudé, 2000). "Terminaba la etapa militar [...] el poder de los comandantes de cuerpo iba perdiendo la centralidad que había alcanzado en el pasado" (Canelo, 2008, p. 136). El poder de Videla y, consecuentemente, de Martínez de Hoz, se había visto además fortalecido con una reforma ministerial en octubre de 1978. Ese mismo mes, la renuncia de Montes al cargo de ministro de Relaciones Exteriores "marcó el fin de los cancilleres de origen naval y el inicio de una mayor influencia del Ejército" (Cisneros & Escudé, 2000). El reemplazante de Montes, Carlos Washington Pastor, era cuñado del presidente Videla, por lo que su designación prometía mayor concordancia entre presidencia y Cancillería (Cisneros & Escudé, 2000; Seoane & Muleiro, 2001, p. 385).
Este recambio que se repitió en varios ministerios, buscaba "dar tiempo y el mayor espacio posible de maniobra a la conducción económica" (Canelo, 2008, p. 107). Se asistió a "una casi imparable profundización del poder del ministro [de Economía]" (Canelo, 2008, p. 103) y una primacía de los objetivos económicos por sobre otros objetivos en todas las áreas. En política exterior, esto se evidenciaba en el desenlace del conflicto con Chile (Uriarte, 1992, p. 218) y en el anuncio, en diciembre de 1978, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), que también respondía a cuestiones económico financieras (véase sección ii). La lucha antisubversiva había comenzado a perder centralidad detrás de otras urgencias (Canelo, 2008, pp. 131-150).
Con una serie de ascensos y retiros fueron reemplazados, en 1979, varios referentes de los sectores duros. Sin embargo, ese mismo año, Suárez Mason -parte de estos sectores duros- quedó al frente del Estado Mayor del Ejército (emge). Suárez Mason fue señalado como uno de los principales promotores de las actividades extraterritoriales argentinas en Centroamérica (Armony, 1999).5 La Jefatura de Inteligencia del emge constituyó la instancia a la que reportaban las agregadurías militares, por encima de las embajadas (Rostica, 2022, p. 12).
Las dos secciones que siguen, buscan mostrar cómo se conjugaron estos vaivenes de los distintos canales diplomáticos con el escenario cambiante que marcó el estallido de la revolución nicaragüense, y cómo esto impactó en las evaluaciones que los militares argentinos realizaban y en las actividades extraterritoriales o vínculos con Nicaragua en consecuencia.
I. Nicaragua como "cáncer" (junio 1977 a mediados de 1979)
Los primeros pasos de la cooperación argentino-nicaragüense se dieron en un contexto de distanciamiento entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, Nicaragua y Argentina entre ellos (Cisneros & Escudé, 2000).6
La región centroamericana se encontraba atravesando una aguda crisis política que se manifestaba en una inédita movilización popular y la consolidación de diversas organizaciones político militares (Torres Rivas, 2004). En Nicaragua, una amplísima coalición opositora era liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) (Bulmer-Thomas, 2001). En ese contexto, en la Conferencia de Ejércitos Americanos (Managua, junio de 1977) es donde numerosos investigadores ubican la realización de un "pacto secreto" entre Anastasio Somoza y los militares argentinos Roberto Viola y Emilio Massera (Uncos, 2012; Lisinska, 2019; Duhalde, 1983).
En virtud de ese pacto, los militares del proceso respaldaron y contribuyeron con la estrategia represiva del somocismo, apoyados en una consolidada reputación internacional en lo relativo a lucha contrainsurgente. Esto coincidió, a partir de 1978-1979, con un momento en el que -como explicitamos- la lucha contrainsurgente perdió centralidad a nivel interno, especialmente para los sectores moderados al frente del régimen militar argentino, lo cual impactó en los sectores directamente comprometidos con la lucha contra la subversión, los sectores duros, conformados por quienes habían encabezado esas tareas en el terreno (como los comandantes de Cuerpo, que tenían a su cargo los centros clandestinos de detención) (Canelo, 2008, pp. 131-150). Estos se encontraron en ese momento con una masa de recursos disponibles y experimentados en la materia, que fortalecería la colaboración ya iniciada con Nicaragua.
La lectura de los militares: las metáforas organicistas
A partir de enero de 1978, y especialmente durante 1979, el crecimiento de las fuerzas "subversivas sandinistas" inquietó crecientemente a los funcionarios argentinos y constituyó "una preocupación constante" (Cabrera, 2019, p. 9). En los documentos oficiales relevados puede verse, además, que los principales ejes de lectura sobre la situación nicaragüense giraban alrededor de metáforas que asimilaban la expansión de la conflictividad a una "mancha roja [...] extendiendo [se] por un gran número de países [...] y un número mayor de países [se está tornando] rosa intenso"7 (Centro de Estudios Legales y Sociales et al., 2019 2021, DOCID-33067494, p. 2).
Este tipo de metáforas mecanicistas, como la teoría del dominó, en las que la conflictividad social es explicada por las leyes de la física, se relaciona en ese sentido con las metáforas médico-biológicas como cáncer o virus.8 Muy frecuentes en la ideología nacionalista (Finchelstein, 2016), ambos tipos de lectura eran resultado, además, de la influencia del integrismo católico (Périès, 2009), el pensamiento eugenésico español (Capuano & Carli 2012) y la doctrina militar contrarrevolucionaria francesa. Esta última, en particular, agregaba además un fuerte énfasis en el enfoque ideológico y global del fenómeno de la insurgencia, no imitado por las fronteras nacionales (Périès, 2009).
En su conjunto, este tipo de metáforas enfatizaba en el orden natural y el rol que las FFAA tenían en su defensa. La conflictividad social alteraba ese orden natural y su neutralización era entonces la restauración del orden natural o una intervención en nombre de la "voluntad de Dios" (Finchelstein, 2016). Asimismo, esta lectura omitía relacionar el conflicto social con las condiciones económicas o políticas locales, concentrando la explicación en factores externos (la influencia soviética y cubana, y el accionar de la "mano roja"). En línea con funcionarios norteamericanos, que denunciaban el "papel rector de Cuba en la promoción de la violencia e inestabilidad" en Centroamérica9, el ministro de Relaciones Exteriores manifestaba que el sandinismo seguía "instrucciones especiales de Cuba".10 (Centro de Estudios Legales y Sociales et al., 2019-2021, DOCID-33067494, p. 2)
Este tipo de lecturas -que en el período bajo estudio era mucho más fuerte entre los sectores duros de las fuerzas armadas argentinas- constituye un elemento clave para entender las motivaciones y justificaciones de la empresa extraterritorial argentina (Lisinska, 2019).
Principales actividades desarrolladas en el periodo: apoyo político y transmisión del "know how"
En este escenario, cuya percepción se encontraba moldeada por las ideas descriptas, las principales actividades desarrolladas por los militares argentinos en la Nicaragua somocista fueron: el envío de asesores en guerra psicológica e interrogatorio, la venta de equipo militar, la ayuda económica, el entrenamiento de guardias nacionales en territorio argentino y el apoyo político al Gobierno somocista.
En lo relativo al envío de oficiales argentinos a Nicaragua, este respondió al acuerdo ya mencionado entre Somoza, Viola y Massera. Se afirma que, alrededor de seis asesores en guerra psicológica y especialistas en interrogatorio se desempañaron en la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería de Nicaragua, unidad creada en 1976 especializada en el combate al sandinismo en ascenso (Uncos, 2015). Uncos plantea que fue centralmente el Ejército, "a través de su Batallón de Inteligencia 601 [el que] decide intervenir directamente en la región de Centroamérica" (Uncos, 2012, p. 20), pero esta afirmación no tiene un respaldo claro en documentos oficiales, como demuestra Rostica (2021b). Sin embargo, sí podemos afirmar que el Batallón 601 ocupaba un lugar central dentro del aparato represivo del Ejército. Por su especialización en tareas de inteligencia, durante la dictadura había logrado ampliar su autonomía y contaba con vastos recursos materiales y personal especializado en lucha contrainsurgente (Armony, 1999, pp. 51-52; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015).
En lo relativo a la ayuda argentina a través de la venta de equipo militar, esta se consolidó hacia 1978, cuando la asistencia proveniente de Estados Unidos se vio limitada. Fue ese año cuando Argentina, junto a Israel, se constituyó como el más importante proveedor de armas de Nicaragua. La mayor parte de las armas argentinas enviadas a Nicaragua en el período, fueron enviadas por la Empresa de Desarrollos Especiales (EDESA), administrada por la Marina, y el Transporte Aéreo Rioplatense controlado por la Fuerza Aérea (Seoane & Muleiro, 2001; Lisinska, 2019; Fitz Patrick & Crucianelli, 2019). Esta información circuló en la prensa, en medios de alcance nacional, lo cual fue relevado e informado por el embajador argentino en Nicaragua.11 También circuló en medios cercanos a la militancia de oposición al régimen, por ejemplo, Radio Noticias del Continente12 difundió información muy precisa sobre la ayuda prestada por Argentina al Gobierno de Somoza.13
La ayuda argentina incluyó, en tercer lugar, el envío de dinero en forma de préstamos. Los documentos revisados mencionan convenios entre los bancos centrales de ambos países para cubrir "necesidades industriales y agrícolas ganaderas" y mencionan un préstamo por 10 millones de dólares14 que la bibliografía especializada también identifica (Uncos, 2015). En tanto tratativas entre los Bancos Centrales, podemos señalar a funcionarios del Ministerio de Economía como partícipes de las mismas.
En lo que respecta a la ayuda constatada en forma de entrenamiento de miembros de la Guardia Nacional nicaragüense en territorio argentino, se encontraron algunos documentos sobre el otorgamiento de becas a guardias nacionales nicaragüenses por parte de la Policía Federal Argentina.15 Otros investigadores sostienen que militares somocistas fueron recibidos y adiestrados en la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" en Campo de Mayo (Uncos, 2015). La intervención en estas actividades -en particular de la Policía Federal (dirigida entonces por R. Camps) y de las instalaciones de la Guarnición Militar Campo de Mayo (a cargo de Santiago O. Riveros, quien también ocupó el cargo de comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978)- nos acerca a los sectores considerados duros. La investigación de Rostica, por su parte, que incluye la revisión de numerosos archivos, logra identificar al menos ocho miembros de la Guardia Nacional somocista que asistieron a cursos brindados por el Ejército en Argentina entre 1978 y 1979 (Rostica, 2021b, p. 19).
Finalmente, militares argentinos mantuvieron un sólido apoyo político al régimen somocista (Cabrera, 2019). Esto se encuentra en línea con el intento de fortalecer vínculos con otros países latinoamericanos, también afectados por las sanciones de Estados Unidos, como Guatemala (Rostica, 2022, p. 9). En el caso de Nicaragua, el apoyo se refleja en los documentos y se sostiene inclusive cuando el somocismo ya era fuertemente criticado en el ámbito internacional16 y, en vísperas de la revolución, cuando ya había roto relaciones con países como México y Costa Rica.17 El propio Somoza, un mes antes de su caída, reveló a la prensa "la ayuda del pueblo y Gobierno argentinos" y manifestó: "[espero] que los argentinos me acompañen en esta lucha que libro prácticamente solo con la ayuda del pueblo nicaragüense y también del pueblo y Gobierno argentinos".18 La diplomacia oficial, a través de la embajada argentina en Nicaragua, gestionó numerosos salvoconductos para exguardias nacionales19 una vez volteado el régimen. Esto generó dificultades con el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) nicaragüense. Numerosos documentos dan cuenta de incidentes como el retiro (por parte de sectores del GRN) de nombres que homenajeaban a la República Argentina en edificios públicos.20
Aunque luego tendría una envergadura mucho mayor, esta primera etapa de la colaboración argentino-nicaragüense (de 1977 a mediados de 1979) constituyó el puntapié inicial que permitió forjar un vínculo estrecho entre el somocismo y los militares argentinos que, como vimos, se relacionaron mediante diversos recursos y con diversos objetivos, en una línea que vincula a los distintos sectores o tipos de diplomacias descriptas.
II. Nicaragua como refugio (julio 1979 a diciembre 1979)
El 19 de julio de 1979, la coalición opositora liderada por el Frente Sandinista derribó al régimen somocista. Conformó el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) que el sandinismo fue controlando hasta dominar completamente (Bulmer-Thomas, 2001). Esos álgidos meses constituyeron un momento bisagra, el fin de una lectura geopolítica y la ratificación de las lecturas más agoreras en Estados Unidos sobre el "avance rojo". La solidaridad internacional -que había generado el sandinismo entre organizaciones de izquierda- y el involucramiento de agentes estatales externos -que había propiciado el somocismo- dieron al proceso nicaragüense una profunda dimensión geopolítica. Nicaragua se ubicó, así, entre las principales preocupaciones de los regímenes militares comprometidos con la "guerra sin fronteras" contra el comunismo, como los de Argentina y Chile (Avery, 2021). Se observaron cambios importantes en la política interna de los países centroamericanos (especialmente El Salvador y Guatemala) y cambios en la política exterior de otros países americanos, de los que nos detendremos en el caso argentino.
La lectura de los militares: refugio de "delincuentes subversivos" y peligro más concreto
Como veremos, los documentos oficiales reflejan de diferentes maneras un cambio de escenario: la amenaza comunista (antes presentada de manera vaga, a través de metáforas o imágenes como "cáncer") se corporiza. Tiene ahora nombres, estrategia, dinámica, ideología de izquierda concreta y comprobable. Y, especialmente, comienza a constituirse o, al menos, a presentarse como un desafío a la seguridad nacional argentina.
La preocupación dominante de los militares argentinos -en los meses posteriores a la revolución- fue que Nicaragua se transformó en un refugio para los "delincuentes subversivos". Efectivamente, el sandinismo había trabado fuertes nexos con organizaciones revolucionarias y partidos políticos de izquierda del resto del mundo y el caso argentino no fue la excepción (Fernández, 2012). Se ha marcado el inicio de vínculos entre el sandinismo y organizaciones revolucionarias argentinas alrededor de 1977-1978, para el caso de la organización peronista Montoneros (Cortina, 2020), y hacia 1979 en lo relativo a la organización marxista-leninista Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) (Armony, 1999). Pero la presencia de militantes de la cúpula de estas organizaciones revolucionarias en Nicaragua fue solo un poco anterior al triunfo sandinista (Lascano, 2009; Confino, 2022) y despertó inmediata atención entre las Fuerzas Armadas argentinas.
Los documentos oficiales del mes siguiente a la revolución muestran cómo, de las preguntas o sospechas, se pasó a la evidencia clara de la presencia de militantes argentinos en Nicaragua. Nicaragua mostraba ser un territorio seguro para emigrados políticamente activos, lo que se refleja en la instalación de la cúpula de Montoneros allí (Confino, 2022). La primera mención sobre a la presencia de integrantes de esa organización en Nicaragua aparece tempranamente (abril de 1979).21 La siguiente referencia al tema (en los documentos revisados) aparece ya después de la revolución. Un cable de julio da cuenta de las sospechas del embajador argentino en Nicaragua sobre la presencia de altos dirigentes montoneros (F. Vaca Narvaja y E. Firmenich) y colaboradores (R. Debray).22 La presencia de los líderes montoneros es confirmada por la prensa poco después.23
Desde Argentina se solicitó al embajador en Managua información que permitiera determinar "eventual participación agrupación montoneros en reciente proceso revolucionario [...] recursos humanos, económicos o materiales utilizados para instrumentar dicha participación"24, entre otros detalles. Confirmada la presencia de dirigentes Montoneros en Nicaragua, lo que inquietaba a la Embajada era que, además, se encontraran militarmente activos y que ocuparan cargos públicos. Un cable de septiembre confirmaba "que Vaca Narvaja encuéntrase en Managua y se desempeña como segundo jefe [de] informaciones [del] ejército sandinista".25
Esto es un indicio de la importancia que tenía para la dictadura argentina la presencia de integrantes de Montoneros en Nicaragua (Balerini, 2020). Los trabajos de Armony (1999) y, especialmente, Uncos (2012) vinculan estos elementos con las reacciones que se generaron entre los sectores nacionalistas o duros o cruzados occidentalistas (Uncos, 2012). Pero lo que muestran los documentos oficiales es el movimiento intenso que el tema generó en las embajadas argentinas de Nicaragua y El Salvador, en un momento en el que, como describimos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba ya fuera de la órbita de los sectores duros. Se trató de un momento, además, en que, dadas las urgencias económicas, la primacía de las cuestiones financieras en las relaciones internacionales era cada vez más clara. Es imprescindible una investigación más profunda para llegar a conclusiones firmes, pero lo que sugiero aquí es que el tema trascendió los sectores duros y alcanzó también a sectores moderados, aunque probablemente por distintos motivos.
Entre esos motivos, se destacan dos que tuvieron mayor importancia en Nicaragua en este período (segundo semestre de 1979): la denuncia de los crímenes de la dictadura y el uso del territorio nicaragüense para concentrar y reconectar a miembros de organizaciones revolucionarias.
En primer lugar, la denuncia de los crímenes de la dictadura constituyó una tarea de primer orden para militantes exiliados de Argentina tras el golpe de 1976 (Franco, 2008; Lascano, 2009). Fue, consecuentemente, un punto de inquietud entre 1979 y 1981 para ciertos sectores de las Fuerzas Armadas argentinas; actividades como "organizaciones de solidaridad y estaciones de radio instaladas en el exterior que se entrometen abiertamente en los asuntos internos del país" fueron considerada por el comando en jefe del Ejército como "uno de los principales ataques contra el Proceso de Reorganización Nacional" (Directiva 604/79, citada en Armony, 1999, p. 57). La preocupación alrededor de este tipo de actividades de militantes en el exterior se relacionaba con que, en este momento en particular, las denuncias encontraron un nivel de escucha nunca antes experimentado en muchos Gobiernos europeos y también en el Gobierno estadounidense liderado por Carter. Aunque la documentación relevada no resulta aún suficiente, el recorrido que en este escrito se sugiere puede aportar elementos para analizar cómo este tema impacta de manera diferente en cada sector: en los sectores del Ejército, que habían estado al frente de la gestión cotidiana de la represión, la difusión de las denuncias impactaba porque mostraba activas a las organizaciones supuestamente derrotadas. Y en los sectores a cargo de la política económica y las carteras con ella relacionadas (los liberales), probablemente porque complicaba la imagen externa del país.
Uno de los medios que difundió este tipo de denuncias fue Radio Noticias del Continente. Perteneciente a Montoneros y al servicio del sandinismo desde enero de 1979, TIRL Radio Noticias del Continente había comenzado a trasmitir a fines de 1978 desde Costa Rica con un gran alcance. Inicialmente pensada para quebrar, desde el exterior, la censura implantada en Argentina, pronto se convirtió en instrumento de difusión de luchas revolucionarias en América Latina y especialmente, Centroamérica (Lascano, 2009; Cortina, 2020). La actividad de la radio generó amplia preocupación y un despliegue de la actividad diplomática en las embajadas de los países involucrados, especialmente El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En los cables revisados se describe detalladamente su actividad y se logra fechar con bastante precisión el inicio de sus transmisiones (entre marzo y abril de 1979).26 También se muestra cómo sus transmisiones eran un tema de conversación importante, especialmente con funcionarios de Costa Rica, país donde estuvo asentada.27 Se trataba de uno de los dos temas que generaban malestar hacia el Gobierno de Costa Rica y el presidente de ese país en persona estaba al tanto del tema.28 Finalmente, luego del estallido de la revolución nicaragüense, la emisora fue clausurada por el Gobierno de Costa Rica y los equipos se trasladaron a Nicaragua (Lascano, 2009).
La segunda actividad de los militantes argentinos en el exterior que generó amplia preocupación entre los militares fue el uso del territorio nicaragüense para reunir (y reconectar con la práctica militante) a miembros de la organización. Este no fue un objetivo menor para organizaciones que, como Montoneros, poseían en el exilio una militancia muy dispersa y, en muchos casos, muy poco experimentada. La reunión en suelo nicaragüense permitió fortalecer los vínculos tanto entre los militantes, como entre militantes y conducción. Algunos testimonios indican que sirvió como paso previo al reingreso a Argentina (Cortina, 2020). En ese sentido, se destacan dos iniciativas de Montoneros: la Brigada Sanitaria "Adriana Haidar" -de la que los cables recogen cuantiosa información29- y el Grupo de Combate "General San Martín". Estos grupos eran resultado de pactos entre el sandinismo y Montoneros, que buscaban brindar apoyo técnico, humano y financiero a los revolucionarios nicaragüenses. También, al menos una organización integrada por miembros del ERP -la Brigada Internacional Simón Bolívar- se instaló en Nicaragua con similares fines: sobre ella existe mucha menos información y aparece brevemente referida en los cables.30
La trascendencia de estas agrupaciones, no es tanto la actividad que efectivamente realizaron en este país, sino más bien la compleja red de relaciones que revelaban: para desarrollarse, grupos como la Brigada Sanitaria, utilizaron la infraestructura generada en Costa Rica por Montoneros y sus integrantes contaron con el apoyo -directo, indirecto o tácito- de funcionarios oficiales mexicanos y cubanos (Cortina, 2020).31 Esto llama a no subestimar la preocupación que generaron estas iniciativas entre los militares argentinos, por motivos distintos, pese a que la sola presencia de exiliados políticos activos no alcanza para explicar por sí sola la envergadura de la empresa extraterritorial argentina (Uncos, 2012). Sin embargo, la preocupación se evidencia en los cables revisados. También surge de los minuciosos y precisos informes de inteligencia revelados en el marco de la llamada "Causa Contraofensiva".32
Principales actividades desarrolladas en el periodo: romper el bloqueo y contener la amenaza
La revolución nicaragüense implicó una serie compleja y cambiante de desafíos y supuestas amenazas para los militares argentinos y también cambios en el escenario internacional que aceleraron algunas tendencias de la política exterior del régimen (Rostica, 2022, p. 24). La multiplicidad de actividades desplegadas refleja, además, la pluralidad de intereses y centros de decisión que, como ya se dijo, condicionaron la empresa extraterritorial argentina dando lugar a "diplomacias paralelas". Refleja también las diferencias de criterio entre la Junta y la administración de Carter, y las diferencias de criterio entre los distintos sectores de las FFAA argentinas.
Las diferencias de criterio con la administración de Carter, en esta etapa (segundo semestre de 1979), se tornaron mucho más explícitas y públicas, en tanto se dan en un contexto que muchos califican como un momento de "disminución relativa del poder positivo de los Estados Unidos" (Uncos, 2012).33
La disidencia de Carter con la llamada línea dura o "nacionalista" es explícita. En un cable distribuido entre las embajadas norteamericanas en Latinoamérica, a fines de julio de 1979, se confirma la presencia de dirigentes montoneros en Nicaragua y que Firmenich "planea una campaña grande de Montoneros antes de que termine este año".34 Seguidamente, se afirma:
La intensa preocupación del Gobierno argentino sobre los eventos en Nicaragua se agudiza. Esta es la clase de cosas que le da coraje a los Suárez Mason de esta parte del mundo, que usan este tipo de desafíos para justificar sus propias respuestas extremas".35 (Centro de Estudios Legales y Sociales et al. (2019-2021, C06278928, DS-1990)
Lo anterior deslegitima una de las justificaciones que estos sectores utilizaban para su proyección internacional, las considera "excusas", pese a no ignorar que una campaña grande estaba siendo planeada.
En lo relativo a los sectores moderados o liberales, los desacuerdos con Carter también se tornaron explícitos. Funcionarios norteamericanos presionaban a Argentina para que sostuviera la ayuda al Gobierno revolucionario, con la intención de fortalecer a los sectores moderados de la coalición antisomocista. A lo que Pastor respondía que el crédito por este esfuerzo se lo llevarían los sandinistas que, de acceder a las elecciones, "serían los lógicos ganadores y el comunismo tomaría el relevo"36 (Centro de Estudios Legales y Sociales et al., 2019-2021, DOClD-33067494, pp. 2-3; NARA 239, DOCID-33067504). Este malestar se suma a las medidas de Carter, que afectaron directamente a las áreas manejadas por el sector liberal, como la economía y el intercambio comercial. Efectivamente, entre 1978 y 1979 se produjo la negativa del banco Eximbank a financiar la obra hidroeléctrica Yacyreta (alegando la "crítica situación" del país en materia de derechos humanos)37 y la aprobación en Estados Unidos de la enmienda Humphrey-Kennedy a la ley de Asistencia Extranjera (que prohibió la aprobación de créditos relacionados con compra de armamentos o capacitación militar a países donde se violaran los derechos humanos). También en 1978, Estados Unidos inicia una seguidilla de 98 votaciones contra Argentina o abstenciones por razones de derechos humanos en los bancos de desarrollo multilaterales (Russell, 1984; Canelo, 2008).
Ante este complejo escenario, ¿cuáles fueron las principales actividades desplegadas por los militares de la dictadura argentina en Nicaragua en el período (segundo semestre de 1979)?
En primer lugar, pese a las diferencias referidas -y como muestra de buena voluntad con la gestión de Carter-, Argentina apoyó con donaciones y recursos económicos al Gobierno revolucionario nicaragüense. Así, se continuaron enviando donaciones de trigo y ayuda humanitaria38, se refinanció la deuda de nicaragüenses con exportadores argentinos a través del Banco de la Nación Argentina39 y se concedió un crédito de U$S2.8 millones al Banco Central de Nicaragua.40 Este tipo de movimientos diplomáticos se dieron en fechas muy cercanas a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina, hecho que despertó controversias en el interior de la Junta, pero cuyo desarrollo impulsó personalmente Videla. Efectivamente, existe consenso alrededor de la relación entre la invitación realizada por la dictadura argentina a la CIDH y las urgencias económicas y el aislamiento internacional financiero que esta atravesaba (Ross, 2018).41
La segunda actividad fue el seguimiento -por parte de funcionarios de las embajadas argentinas en países centroamericanos- de la presencia de militantes y exiliados argentinos. En ese sentido, aunque comúnmente esta actividad se relaciona con el envío de asesores por parte de los sectores duros, la presencia de exiliados argentinos en Nicaragua fue un tema que preocupó también a los moderados, afectando de manera transversal a los diferentes sectores de las ffaa argentinas en el poder. Este tema aparenta haber movilizado tanto a organismos que gozaban de gran autonomía (como los servicios de inteligencia) (Armony, 1999, pp. 46-52; Mittelbach, 1986, p. 13), como a acciones oficiales, canalizadas por la vía diplomática y por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esto puede verse en los numerosos movimientos diplomáticos concentrados en el mes de agosto de 1979. En ese sentido, los cables revelan que la presencia de figuras como Firmenich en Nicaragua era el tema principal de la entrevista entre el embajador argentino y el canciller de ese país.42 También dan cuenta de la solicitud de Cancillería argentina de información detallada sobre la "eventual participación agrupación Montoneros en reciente proceso revolucionario".43 Ese cable fue respondido poco después con cuantiosa información.44 También se pidió, a través de un oficio judicial, que se detuviera a Firmenich en Nicaragua45 y se transcribieron las declaraciones de Ortega sobre la "participación [de] extranjeros en [la] revolución".46
En el cable enviado el 13 de agosto de 1979 se enumera a todos los miembros de Montoneros presentes en Nicaragua y se agrega: "esta información podría ser ampliada por agregados militares con jurisdicción en Nicaragua y sede Panamá, ya que precisamente allí se adiestraron brigadas internacionales que combatieron y posiblemente recibieron ayuda económica".47 Se evidencia así distintos circuitos de comunicación y cierta división de tareas y de flujos de información diferenciados entre la embajada y las agregadurías militares. Asimismo, como se describió antes, el seguimiento de la actividad de Radio Noticias (vinculado a la presencia de Montoneros en Centroamérica y a la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina) preocupó considerablemente a los moderados.
La tercera actividad argentina en Nicaragua que se rastreó en los documentos oficiales fue el adiestramiento del ejército "contra". Se trata de la actividad más explorada por la literatura específica, pero su desarrollo difícilmente aparece en documentos oficiales como los revisados (a diferencia del entrenamiento a fuerzas legales, como la Guardia Nacional somocista). Sin embargo, distintas investigaciones se han focalizado en esta actividad y las coincidencias apuntan a afirmar que fueron los sectores más vinculados a la gestión de la lucha contrainsurgente (sectores nacionalistas, duros y, más específicamente, cruzados occidentalistas o globalistas) quienes sostuvieron estas actividades en defensa de la civilización occidental, ofreciendo sus conocimientos especiales de contrainsurgencia (Uncos, 2012; Russell & Tokatlian, 1986 citado en Rostica, 2021b).
Conclusiones
El presente artículo apuntó a poner en contexto las diversas lecturas y actividades extraterritoriales que los militares argentinos desarrollaron en Nicaragua frente a la expansión de la conflictividad social y el sandinismo triunfante (1977-1979). Se tomaron para ello una serie de documentos que, pese a no resultar exhaustivos (corresponden a lo identificado como "diplomacia oficial"), resultan sólidos y abarcan el período completo. Aunque dan cuenta de manera incompleta de las actividades desarrolladas por los otros sectores o canales diplomáticos (razón por la cual se apeló a fuentes secundarias en este tema), sí contienen evaluaciones y lecturas políticas de los militares argentinos en el poder, elemento que se resalta en el presente escrito.
Aún con estas limitaciones, el análisis realizado sobre esta serie de documentos (y el diálogo establecido con fuentes secundarias) permite organizar la información en el siguiente cuadro, con la intención de someterlo a revisiones en futuros trabajos:
Se buscó así mostrar cómo lecturas y actividades no responden a un solo motivo sino a numerosos elementos (como el seguimiento de exiliados argentinos en Centroamérica, la neutralización de las denuncias a la dictadura y sus crímenes desde el exterior, la difusión de su estrategia contrainsurgente, entre otros) y que el análisis debe tener en cuenta las variaciones entre cada tipo de "diplomacia paralela" (que presentaban diversas orientaciones, actores y objetivos) y los diversos escenarios (Nicaragua antes y después de la revolución). Estos elementos modificaron prioridades, intereses y relaciones de fuerza hacia el interior de la Junta y en el escenario internacional.
En ese sentido, se identificó, en la primera etapa, la Nicaragua prerrevolucionaria (junio 1977 a junio 1979), una lectura del conflicto influenciada por la perspectiva organicista que señalaba a Nicaragua y a la influencia creciente del sandinismo como epicentro de una "mancha roja" que iba tiñendo la región. Se trataba de un peligro aún difuso para la seguridad nacional argentina, a diferencia de la evaluación de la situación de El Salvador o Guatemala, directamente afectados por los desarrollos nicaragüenses. La serie de actividades desplegadas en ese sentido, obedecen mayormente a la transmisión del know how (como el envío de asesores en contrainsurgencia y entrenamiento de guardias nacionales en Argentina) que podemos relacionar con el intento de ganar influencia en la región (o, en extremo, erigir a Argentina como un sucedáneo calificado de Estados Unidos en la lucha contrasubversiva). A ganar influencia en la región se abocaron, principalmente, los sectores nacionalistas a través de instituciones, como la Policía Federal Argentina, sobre las que tenían algún tipo de control. También encontramos actividades compatibles con las anteriores, que apuntaban a sostener y demostrar apoyo político al régimen somocista en decadencia, lo que se canalizó a través de las embajadas argentinas en Centroamérica, dominadas por los sectores liberales.
En una segunda etapa, tras el triunfo revolucionario del sandinismo, que se extendió de julio a diciembre de 1979, la amenaza comunista, antes presentada de manera vaga, a través de metáforas como "mancha roja", se corporiza y se presenta como un desafío a la seguridad nacional argentina: Nicaragua se transforma en un refugio de "delincuentes subversivos". Pese a que esta amenaza es generalmente relacionada en la literatura especializada con los nacionalistas o cruzados occidentalistas, se mostró cómo el tema trascendió este sector y movilizó también al sector moderado o liberal.
La lectura de los documentos revisados brindó elementos para pensar que la presencia de militantes argentinos políticamente activos en Nicaragua preocupó a todos los sectores, pero probablemente por motivos diferentes. Por un lado, se esgrimía su peligrosidad y la continuidad de su capacidad militar -lo que Estados Unidos consideraba excusas de "los Suárez Mason [sectores duros] de esta parte del mundo"-; y, por otro lado, se buscaba neutralizar su eficacia en la denuncia de los crímenes de la dictadura, en tanto estas dificultaban el intento de mejorar la imagen internacional de Argentina y acercar posiciones con Estados Unidos, con el objetivo de romper el bloqueo económico, en un momento de urgencia en ese plano.
Las actividades desarrolladas en el segundo semestre de 1979 parecen responder entonces a esos dos objetivos: romper el bloqueo y enfrentar la amenaza comunista. Así, se detectó la extensión de ayuda económica y humanitaria al Gobierno nicaragüense. Esto, por un lado, muestra la intención de los sectores a cargo de la economía del país (liberales) de acercar posiciones con Estados Unidos, alineándose a Carter en su idea de apoyar a los sectores moderados del antisomocismo para evitar la consolidación sandinista; pero, por otro lado, es contradictorio con actividades como el entrenamiento de las fuerzas "contra", que la literatura especializada relaciona con el sector "nacionalista".
Pese a su carácter provisional, estas conclusiones proporcionan una clave de lectura potente para las actividades extraterritoriales argentinas durante la última dictadura militar.
