Introducción

La movilización campesina en Colombia se ha caracterizado por la transformación ocurrida en los últimos cincuenta años, no solamente en términos de los ciclos de protesta, sino también en términos de sus contenidos: a la clásica consigna de "tierra para quien la trabaja", se han sumado otras demandas del sector, aspectos más profundos, como la lucha por el territorio, los derechos humanos y una ciudadanía plena (^{Montenegro, 2016}; ^{Devine et al., 2020}). Estas demandas se encuentran atravesadas por la búsqueda de una autonomía relativa del campesinado respecto al Estado, a la toma de decisiones y al desarrollo de acciones concretas en el orden territorial, dada su actual condición normativa y constitucional, como mero receptor de políticas sociales en el contexto rural (^{Guiza et al., 2020})

Una de las aristas de esta ansiada autonomía tiene que ver con la aspiración a una seguridad comunitaria propia, como respuesta a los modelos hegemónicos de seguridad impuestos por el Estado colombiano en el marco del conflicto sociopolítico armado, caracterizado por la presencia mayoritaria de una "mano dura" militar en los territorios rurales de alta conflictividad armada, con el propósito de combatir a las insurgencias. Este ejercicio cuenta con una base ideológica contrainsurgente, la cual no procura solo perseguir a los actores armados sino también a los diferentes actores que, según la institución castrense, consideran "aliados" a sus propósitos (^{Franco, 2009}).

En esa lógica, el conflicto sociopolítico armado ha provocado una crisis de derechos humanos en muchos territorios rurales, puesto que sus pobladores son acusados por integrantes de los distintos actores armados -estatales, rebeldes, paramilitares- como auxiliadores del "enemigo", lo que conlleva a una victimización que, posteriormente, termina en hostigamiento contra dichas poblaciones, como amenazas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. De esta forma, surgió la necesidad de establecer una estrategia de autoprotección y autocuidado del territorio -de carácter no-armado-, que interpelara al Estado, a los rebeldes y a los criminales, ya que estos actores se tornaron ineficientes para resolver los conflictos y las violencias presentes en los territorios.

Dicha estrategia es reconocida a nivel nacional como las Guardias Campesinas, que retoman el legado de las Guardias Cívicas -creadas en la década de los ochenta por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (^{Caicedo et al., 2022})-, y cuya propuesta fue reconocida en el marco del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, desarrollado en el 2011 en la ciudad de Cali (^{Prieto & León, 2017}). Las primeras Guardias se constituyeron en el 2012, en el departamento del Cauca, gracias al trabajo de figuras como la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEUCA) y organizaciones del Norte del Cauca adscritas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Por su parte, a raíz de la movilización del Paro Agrario regional del año 2014, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) decidió configurar su propia Guardia Campesina (^{Vargas, 2017}; ^{Estrada et al., 2019}; ^{Alba et al., 2020}), como una forma de representar el mandato de las comunidades campesinas en resistencia, que exigen condiciones para mejorar la subsistencia de su población y rechazan la política de militarización y de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito presentes en la región.

Si bien es posible relacionar literatura que asocie las capacidades de instituciones comunales campesinas en el manejo de los conflictos rurales, en contextos particulares de guerra -como es el caso de las Juntas de Acción Comunal (JAC) (^{Gutiérrez, 2019}; ^{Espinosa, 2010}; ^{Cancimance, 2017}; ^{Arjona, 2016}; ^{Kaplan, 2017}; ^{Blair et al., 2022})- el campo de estudio de las Guardias Campesinas y su aporte al manejo de dichos conflictos es, apenas, emergente (^{Estrada et al., 2019}; ^{Alba et al., 2020}; ^{Albarracín et al., 2022}; ^{Caicedo et al., 2022}). Dentro de este campo, sus aportes han girado en torno a analizar procesos históricos de conformación, estructura y dinámicas de casos concretos, el reconocimiento de dichas dinámicas como parte de los repertorios de organización y movilización campesina; así como ubicar dichas iniciativas como portadoras de transformación territorial, en clave de una responsabilidad estatal por reconocer los derechos de la población campesina; y a pensar otras formas de seguridad en contextos rurales.

A partir de la experiencia de la Guardia Campesina del municipio de Pradera, Valle del Cauca, impulsada por la Asociación de Trabajadoras/es Campesinas/os del Valle del Cauca (ASTRACAVA), queremos aportar a este campo de estudio, argumentando que las Guardias Campesinas son iniciativas que, además de apostar a la construcción de un modelo de seguridad comunitaria para un territorio campesino, pueden fortalecer la construcción de un modelo de seguridad comunitaria en el marco de la construcción de Estado (statebuilding) en el país, máxime en un contexto de construcción de Paz Territorial, el cual emerge del Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Con ello, el presente artículo aporta a la discusión sobre las políticas de seguridad al pretender ubicar a las comunidades campesinas en el centro de la construcción de dichas políticas en los territorios campesinos, así como proyectar su protagonismo en las apuestas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (^{Rojas & Dessein, 2023}). De la misma manera, contribuye a la literatura sobre la construcción de Estado al invitar a repensar la relación de las Guardias Campesinas con el statebuilding en dos sentidos: primero, que las instituciones estatales reconozcan el protagonismo de las Guardias Campesinas al momento de autoprotección y preservación de la convivencia ciudadana en las zonas rurales, y segundo, ubicar estas Guardias como garantes de un uso responsable del monopolio estatal de la violencia, invitando incluso a una revisión al modelo de seguridad existente (^{Ansorg & Kurtenbach, 2022}).

La experiencia de la Guardia Campesina de Pradera nos permite evidenciar un proceso que emerge de la necesidad de afrontar nuevos retos relacionados con la salida de las FARC-EP del municipio de Pradera y el surgimiento de nuevos conflictos rurales que se asocian a unos ya existentes en materia socioterritorial. No obstante, en dichos conflictos no se presentan disputas territoriales con el resguardo indígena Kwet Wala, que hace presencia en el municipio -conflictos interculturales que sí ocurren en el departamento del Cauca (^{Duarte, 2015}) y en la región del Catatumbo, Norte de Santander (^{"Las tensiones tras...", 2017})-. Por el contrario, este artículo pretende mostrar la posible juntanza de formas diversas de seguridad comunitarias, siempre y cuando existan horizontes de sentido conjunto por la defensa mutua de los territorios.

Si bien existe una fuerte inspiración en las Guardias Indígenas para su constitución, se ha decidido que el alcance de la investigación cubra solamente el terreno de la Guardia Campesina de Pradera. Esto se da mediante su abordaje como un Estudio de Caso Único, el cual se caracteriza por el planteamiento de lo particular, en el que su efectividad remplaza la validez de la generalización (^{Neiman & Quaranta, 2006}). Es decir, la elección del caso es resultado del recorte temático y del interés en el mismo, donde el acento se ubica en la profundización y el conocimiento global del caso, no en la generalización de los resultados por encima de este.

Para ello, el presente estudio contiene el desarrollo de seis entrevistas realizadas por el investigador a integrantes de ASTRACAVA-Pradera (cuatro hombres y dos mujeres), entre los meses de agosto y septiembre de 2020; los entrevistados son integrantes de la Junta Directiva y personas que hacen parte de la Guardia Campesina. A esto se suma la revisión documental de tesis, informes y artículos que dan cuenta de la situación del conflicto armado y construcción de paz en el municipio de Pradera. Por último, se llevó a cabo una revisión del Diario de Campo que el investigador redactó en sus visitas cortas entre los años 2020 y 2021, acerca de la construcción de Paz Territorial en el municipio.

Como resultado, el presente documento consta de las siguientes partes: un abordaje conceptual sobre la relación entre statebuilding -como enfoque de construcción- y los modelos de seguridad institucional y comunitario-campe-sino; una contextualización del municipio de Pradera y su política de seguridad institucional; la conformación de la Guardia Campesina de Pradera; un análisis sobre las posibilidades de relacionar esta forma de seguridad comunitaria con el statebuilding, en un contexto de Paz Territorial Campesina; y finaliza con unas conclusiones sobre la necesidad de reconocer las iniciativas, potencialidades y capacidad de incidencia de las comunidades campesinas y sus iniciativas propias de seguridad comunitaria en la construcción de Estado y de Paz.

Entre el statebuilding y la búsqueda de un modelo de seguridad campesino

Uno de los debates que surgen en los escenarios de construcción de paz pasa por la implementación de los modelos de seguridad, incluyendo los promovidos por las comunidades desde sus bases organizativas y territoriales. En el caso colombiano, la implementación del afp se ha pensado desde la óptica del statebuilding, en clave de un modelo de "Paz Territorial" (^{Bautista, 2017}). Dicha óptica se enfoca en la construcción y/o fortalecimiento de instituciones gubernamentales capaces, autónomas y legítimas en países con presencia de conflictos armados (^{Paris & Sisk, 2009}). No obstante, este artículo parte de una perspectiva crítica, pues algunos autores evidencian en su implementación el desconocimiento institucional de iniciativas llevadas a cabo por poblaciones rurales y organizaciones sociales, al momento de configurar un ordenamiento social y del territorio (^{Richmond, 2013}; ^{Bautista, 2017}; ^{Vélez-Torres et al., 2022}; ^{Blair et al., 2022}; ^{Rojas & Dessein, 2023}). Dichas críticas apuntan también a evidenciar las complejidades en su implementación en contextos concretos, como el colombiano.

Una de ellas tiene que ver con la manera como se aborda el tema de la seguridad, pues su implementación plantea temas ligados a la integridad física del territorio y el control de las amenazas externas al país, hasta la universalización de valores y derechos humanos, la legitimidad, la transparencia y la democratización de las funciones de la fuerza pública (^{Baker, 2010}; ^{Tickner, 2020}). En términos operativos, un modelo de seguridad eficaz pasa, no solamente por la implementación de una política llevada a cabo por el Ministerio de Defensa, sino también por todas aquellas en las cuales exista una integración entre el Estado central y los territorios, en términos de "prevención y contención de cualquier situación que amenace los derechos, acceso a recursos necesarios y la vida de los ciudadanos" (^{Caicedo et al., 2022}, p. 8).

En el caso de los territorios rurales colombianos, el principal problema del modelo de seguridad implementado históricamente radica en su militarización, es decir, la reducción de la presencial estatal mediante la presencia del Ejército Nacional en territorios periféricos, con alta concentración de pobreza y desigualdad social. Esta situación se da, entre otros factores, por la reducción conceptual de la seguridad al orden público, direccionado a su vez por la doctrina del "enemigo interno", producto de las directrices importadas desde los Estados Unidos en su lucha global por contener al "fantasma" del comunismo, aterrizadas a nivel local en la lucha contra las insurgencias armadas (^{Gutiérrez-Sanín, 2020}).

Esta reducción se afinca, en los últimos veinte años, en el desarrollo de dos modelos de seguridad en el país: el primero, denominado "Política Nacional de Consolidación Territorial" (PNCT), implementado durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), mediante el fortalecimiento de la estrategia contrainsurgente y la política antidrogas, junto con la puesta en marcha de planes políticos, sociales, de desarrollo económico y de justicia estatal en las zonas en disputa (^{Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2011}). Con la implementación del AFP, el Gobierno de Iván Duque promovió las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o "Zonas Futuro", las cuales

representan la continuidad de las políticas de consolidación de Uribe-Santos, en tanto que condicionan las políticas sociales derivadas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) al aseguramiento militar de los territorios, como paso previo para garantizar el Estado de Derecho (^{Vélez-Torres et al., 2022}).

En la práctica, estos modelos de seguridad convirtieron a los territorios rurales (en especial las fronteras agrícolas) en "teatros de operaciones", donde la población civil se ve limitada en sus derechos por parte del Ejército Nacional -mediante prácticas como detenciones arbitrarias, perfilamientos y control de la movilización de personas, alimentos y medicamentos, hasta el punto de limitar el ejercicio político de organizaciones y movimientos sociales contrarios al régimen político existente y acusaciones generalizadas de colaboración con las guerrillas- lo cual desencadena en afectaciones a la integridad de personas y comunidades enteras (^{Ramírez, 2001}, ²⁰¹⁹; ^{Mondragón, 2002}; ^{Ciro, 2020}). De esta forma, se ha configurado una "ilegalización" del campesinado, reflejada en aspectos como las políticas de erradicación de cultivos de coca, el decomiso de productos de producción campesina por carecer de certificados fitosanitarios y, recientemente, en iniciativas contra la deforestación de bosques en el sur colombiano (^{Acero & Thomson, 2022}).

Se aprecia, entonces, una reducción de la presencia estatal en territorios rurales periféricos y, como consecuencia, una presencia militar deslegitimada por las comunidades que los habitan, incluso en el actual escenario "postacuerdo" de paz con las FARC-EP, lo que obliga a reflexionar sobre las complejidades del modelo de statebuilding en las zonas más marginalizadas (^{Rojas & Dessein, 2023}). Esta situación, sumada a la ausencia de diálogo y reconocimiento de experiencias de convivencia promovidas por las poblaciones rurales, como los Comités de Convivencia y Conciliación de las JAC (^{Espinosa, 2010}; ^{Gutiérrez, 2019}; ^{Kaplan, 2017}), podrían conllevar a socavar los esfuerzos institucionales por un aterrizaje efectivo del AFP en dichos territorios, profundizando la desconfianza existente con las comunidades rurales (^{Acero & Thomson, 2022}).

Dicha falta de legitimidad hacia el accionar militar (y la ausencia policial en estos territorios) ha despertado en algunas comunidades rurales la necesidad de enfrentar, por su propia cuenta, las violencias que sufren, tanto por actores estatales como por actores rebeldes y criminales, mediante mecanismos de vigilancia civil no-estatal, no-armada (^{Baker, 2010}), con el propósito de garantizar el mantenimiento del orden social, la seguridad y la paz, a través de elementos de prevención, disuasión, investigación de infracciones, resolución y sanción. A diferencia de los actores armados legales y rebeldes, las Guardias Comunitarias de tipo indígenas, afrodescendientes y campesinas, no hacen uso de medios violentos de coerción y de confrontación directa con la fuerza pública (^{Caicedo et al., 2022}), sino que establecen mecanismos de auto-protección y autoreconocimiento de aspectos identitarios y organizativos en el ordenamiento de su territorio (^{Rojas & Useche, 2022}), sin hacer uso de herramientas letales sino, más bien, de elementos simbólicos como los "bastones de mando".

Gracias a la ampliación diferencial de derechos con la Constitución de 1991, insertos en un paradigma multicultural (^{Guiza et al., 2020}), las comunidades indígenas han logrado un amplio reconocimiento de derechos, como el reconocimiento institucional de las Guardias Indígenas -su figura de auto-protección territorial- mediante la Ley 270 de 1996, la cual reglamenta su Jurisdicción Especial Autónoma. En el caso de las comunidades afrodescendientes y campesinas, a pesar de ciertos reconocimientos de territorialidad, sus formas propias de seguridad -las Guardias Cimarronas y Campesinas- aún carecen de reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Respecto a las Guardias Campesinas, estas cargan con el problema estructural de la falta de reconocimiento político del campesinado como un sujeto de derechos -pues, hasta el 2023, la Constitución de 1991 los había ubicado más como un sujeto económico que como un sujeto cultural y étnico-, alejándoles de mecanismos de participación específicos a su favor, como sí ocurre con las comunidades indígenas y afrodescendientes (^{Guiza et al., 2020}). No obstante, esto no les ha impedido adelantar procesos reivindicativos y políticos, en pro de su lucha por una figura de territorialidad campesina, como las Zonas de Reserva Campesina (^{Méndez, 2015}; ^{Fajardo, 2019}), por su reconocimiento institucional como sujetos de derechos (^{Guiza et al., 2020}) y por el reconocimiento de las Guardias Campesinas como figura de seguridad comunitaria no-violenta y no-armada, que acompaña a las expresiones sociales y políticas campesinas en escenarios de reclamo de derechos, diálogo y concertación (^{Malagón & Forero, 2022}).

De este modo, podemos ubicar a las Guardias Campesinas como una figura, no solo de vigilancia civil no-estatal, no-armada, frente a las violencias generadas por actores armados rebeldes, criminales y estatales en los territorios rurales, sino también como garantes de los derechos humanos de las comunidades campesinas en términos del ejercicio de sus dimensiones productivas, territoriales, culturales y organizativas (^{Saade, 2018}). De la misma forma, ubicamos las Guardias Campesinas desde su papel pragmático en la construcción de paz (^{Alba et al., 2020}), en tanto mediadoras de conflictos rurales y promotoras, no solo de una seguridad física, sino también de una seguridad política, medioambiental y sanitaria, en clave comunitaria.

Dicho esto, pensar el rol de las Guardias Campesinas dentro una perspectiva crítica de statebuilding implica reconocer al Estado colombiano como un proceso inacabado, en permanente construcción, el cual vincula de manera heterogénea a una diversidad de actores, espacialidades y temporalidades, con intereses conflictivos, e incluso, antagónicos (^{González, 2014}). Dentro de este proceso, las Guardias Campesinas representarían un lugar cardinal, dada su capacidad de incidencia en la toma de decisiones concertadas con las instituciones locales y nacionales en materia de seguridad (^{Caicedo et al., 2022}). Estas dinámicas son claves para la construcción de experiencias exitosas de statebuilding reconociendo, inclusive, que experiencias como las Guardias Campesinas se caracterizan por la búsqueda de diversos niveles de autonomía respecto al Estado, en tanto que, ellas apuestan también por principios de autodeterminación al momento de configurar órdenes sociales, para que sean reconocidos sus derechos y puedan interpelar los modelos de seguridad estatales, los cuales han ocasionado graves impactos durante el conflicto sociopolítico armado y sus dinámicas asociadas.

Dinámica del conflicto sociopolítico armado y modelo de seguridad institucional en Pradera

Siguiendo la premisa de ^{Baker (2010)} de caracterizar la Guardia Campesina de Pradera, es necesario analizar el panorama contextual donde esta se asienta: Pradera es un municipio ubicado al costado suroriental del departamento del Valle del Cauca, en medio de una diversidad de suelos y paisajes, que van desde las planicies cubiertas por el monocultivo de la caña de azúcar hasta los pisos térmicos templado, frio y páramo por el flanco izquierdo de la Cordillera Central. De acuerdo con ^{Ordóñez (2023)}, la expansión de la industria azucarera en las tierras planas y el conflicto sociopolítico armado, generaron un proceso de poblamiento en las tierras altas y medias del municipio por parte de comunidades campesinas, las cuales, desde entonces, comparten el territorio con las comunidades indígenas nasas recogidas en el resguardo Kwet Wala.

En estas tierras medias y altas es donde se manifiesta, a mayor escala, la conflictividad armada del municipio de Pradera. Desde finales de la década de los setenta, se reconoce la presencia de grupos insurgentes, como el Movimiento 19 de abril (m-19) y las FARC-EP. Este último actor insurgente es protagónico en el municipio, donde opera el Sexto frente y las columnas móviles Gabriel Galvis y Arturo Ruiz, salvo una breve disputa por el control territorial por parte del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los años 2002 y 2005. En 2004, las FARC-EP propuso al Gobierno Uribe la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida para un intercambio humanitario de rehenes por presos políticos, la cual nunca llegó a concretarse (^{Espinel, 2016}).

Posterior al año 2006, el Gobierno Uribe promueve la creación de la "Estrategia de Consolidación de Control Territorial" como continuación a la PNCT. En la distribución de las zonas del país donde se implementaría esta estrategia, se seleccionó el municipio de Pradera, como parte de la Zona de Consolidación de la cordillera Central (^{Buenaño, 2018}). Producto de ello, se fortaleció la presencia del Ejército Nacional con la ubicación de la Brigada Móvil N.° 17 de la Fuerza de Tarea Apolo, en las zonas medias y altas del municipio. Estas unidades del ejército, además de adelantar las operaciones militares propias de su jurisdicción, se encargaron de entregar herramientas a la comunidad campesina, mejorar vías terciarias y construir infraestructura deportiva en la zona urbana del municipio. De igual forma, la estrategia preparó un equipo de prevención, emergencias y retornos, que actuaba al momento de ocurrir emergencias humanitarias en las que la población civil resultaba afectada, por cuenta de las confrontaciones entre la fuerza pública y las FARC-EP.

Con la firma del AFP en 2016, el municipio de Pradera fue catalogado como uno de los 170 municipios priorizados para la implementación de los PDET. Así mismo, Pradera fue reconocida como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y priorizada para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR). No obstante, la dejación de armas de las FARC-EP, en el municipio, ha provocado la visibilización de diversos conflictos de índole socioambiental, relacionados con la construcción de infraestructura eléctrica en territorios indígenas; las intenciones por cuenta de empresas multinacionales por extraer minerales como cobre, oro, petróleo y carbón, en los corregimientos de La Feria, Bolo Blanco, El Nogal y La Fría; y la existencia de conflictos por el uso indebido de suelos de vocación agrícola, por parte de particulares, para fines recreativos y vacacionales (apuntes del diario de campo). Estos conflictos fueron cruciales para reconocer el accionar de la Guardia Campesina en el municipio.

Conformación de la Guardia Campesina de Pradera

La presencia de la fuerza pública en el municipio se caracterizó por la permanente vigilancia de la Policía en el casco urbano y su zona plana, mientras que el Ejército, desde la PNCT, adelantaba patrullajes intermitentes en la zona montañosa, donde las FARC-EP tuvo en su momento control territorial. Fue en el desarrollo de dichos patrullajes, cuando se presentaron dificultades en la relación del Ejército con sectores de la población civil, pues -debido al temor de relacionarse con el "enemigo", en el marco de la confrontación armada- algunas personas evitaron interactuar con los militares, ante posibles represalias de las FARC-EP (^{Kaplan, 2017}), durante la implementación de los proyectos sociales relacionados con la PNCT.

No obstante, la principal dificultad evidenciada en las entrevistas tiene que ver con la existencia de tensiones en la relación entre militares y campesinos, en especial durante los patrullajes militares, en los que la población denunciaba la apropiación de elementos que pertenecían a particulares, el ingreso y pernoctación indebida de militares en predios, así como el uso de casas -con familias adentro- como "escudos humanos" en medio de las confrontaciones armadas con integrantes de las FARC-EP. En ese sentido, la percepción de un sector del campesinado pradereño es que la presencia del Ejército en la zona rural no representaba la existencia de condiciones de seguridad en el territorio.

Hay que estar pendiente porque hay soldados que no tienen la disciplina o hace parte de su política molestar a la gente, cuando se roban las cosas que están a la mano. Hay un caso reciente del Ejército en donde se llevó la moto a un señor que dejó al borde de carretera. Ese tipo de cositas así pasaban con el Ejército en los tiempos de las FARC y sigue pasando ahora. (Islenio, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020)

En el marco de la PNCT, en el 2008, se conformó ASTRACAVA como una organización que apuesta por trascender de las reivindicaciones sociales de tierras e insumos para la producción agraria de organizaciones veredales, a reivindicaciones de orden político, como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el municipio, como figura de ordenamiento territorial propio (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020). Una de las discusiones que emerge dentro de la organización es la necesidad de conformar una Guardia Campesina en el municipio como apuesta de seguridad comunitaria, que permita interpelar las dinámicas del Estado local y su concepción de seguridad en los territorios rurales ligada a la militarización de la comunidad campesina. No obstante, una prolongada disminución de las dinámicas de la confrontación armada en el municipio, debido al Proceso de Paz de La Habana (^{Defensoría del Pueblo, 2018}), hizo que la propuesta inicial de Guardia no se concretara.

Con la firma del AFP en 2016 se retomó la apuesta de una Guardia Campesina en Pradera. Cuando las FARC-EP abandonaron el territorio, los lugareños de la zona urbana de Pradera y localidades vecinas aprovecharon la oportunidad para establecerse en las zonas media y alta del municipio, principalmente para desarrollar actividades deportivas y turísticas. Esto condujo a una preocupación por parte de la comunidad de la zona por conductas cometidas por la población foránea, como las siguientes:

Entonces las personas de los corregimientos llegan a organizarse en guardias civiles y más que todo estar pendiente de los bienes de la comunidad, porque se han presentado robos o personas que no pertenecen a los territorios llegando a consumir sustancias psicoactivas. (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020)

En ese sentido, la necesidad de conformar una Guardia Campesina resurgió, no solo para la interpelación al modelo de seguridad ligado exclusivamente a la militarización de la zona rural, sino también para establecer un control en el ingreso y permanencia de personas foráneas al territorio, así como la protección de sus bienes ante amenazas de hurtos. Es así como el día 7 agosto del 2017, se conformó la Guardia Campesina de Pradera el marco del xii Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos en el corregimiento de Bolo Blanco. Durante el evento mencionado, sus participantes le confirieron legitimidad y autoridad a la naciente Guardia, rescatando su importancia en desarrollar labores preventivas y protección a los derechos humanos, así como la resolución de conflictos en la zona rural del municipio por la vía del diálogo y la conciliación (^{Movimiento Regional por la tierra, 2018}).

Estructura, dinámica y alcance de la Guardia Campesina de Pradera

La Guardia Campesina inició su ejercicio de autoprotección territorial en las veredas donde astracava tiene mayor trabajo organizativo, es decir, en los corregimientos de Bolo Blanco, San Isidro y La Fría. Su estructura organizativa está compuesta por un coordinador municipal, un subcoordinador por cada uno de los corregimientos donde dicha figura hace presencia y las personas que conforman las bases de las Guardias Campesinas en los corregimientos, para cuya inclusión, básicamente, deben contar con la disposición de participar en las actividades planeadas (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020).

La forma de trabajo de la Guardia se caracteriza por convocar a unas reuniones, en las que se definen las actividades a desarrollar y sus respectivas responsabilidades. Su indumentaria de trabajo, como las demás Guardias Campesinas existentes en el país, se reduce a portar un chaleco que les identifica ante las personas de la comunidad, un radio-comunicador y una "peinilla" -machete-, que se utiliza única y exclusivamente cuando se llegue a presentar una situación que comprometa la vida del guardia. Ante la falta de un reconocimiento jurídico en la normatividad colombiana para su accionar, los pocos recursos con que cuentan los han obtenido, en exclusiva, por la autogestión y la solidaridad de otras organizaciones sociales, principalmente asociaciones campesinas del norte del Cauca adscritas a FENSUAGRO, de quienes han recibido capacitaciones sobre derechos humanos, autoprotección y cuidado colectivo, así como en temas de formación política y organización popular de carácter clasista.

El fin primordial de la Guardia Campesina de Pradera ha sido el control del ingreso a la población, con un enfoque preventivo de conductas como el consumo de sustancias psicoactivas y los hurtos a los bienes de la comunidad, situaciones que se han presentado, entre otras cosas, por la ausencia prolongada de la figura institucional de seguridad en la zona: el Ejército Nacional. En ocasiones, dicho control poblacional se lleva a cabo en medio de eventos organizados por la propia comunidad, como el Encuentro de Sabores y Saberes Campesinos, evento que legitimó el accionar de la Guardia en el municipio.

Al respecto, estas acciones perfilan una forma de comprender la seguridad, por parte de quienes integran esta Guardia, como un ejercicio de "soberanía", en términos de "definir técnicas, prácticas y contextos de seguridad, en que las personas no solo se protejan a sí mismas sino también a su territorio" (Claudia, comunicación personal, 08 de septiembre de 2020). De esta forma, la autoprotección es una manera de expresar un poder propio por parte de la comunidad, con un cierto nivel de autonomía frente al Estado colombiano, dadas sus profundas diferencias en sus concepciones de seguridad.

La seguridad para nosotros es estar pendiente de las situaciones que se presenten en los territorios, de actores externos que se presentan, y ser vigilantes y actuar de manera conjunta. Eso es el ejercicio de la seguridad y va de la mano de la misma comunidad. Que, si a algún vecino le suceda algo que la comunidad reaccione ante esa situación, porque la seguridad no la presta la fuerza pública, ella está de paso, la que presta la seguridad somos las comunidades, protegernos entre nosotros mismos de manera permanente, de manera civil, no armarnos. (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020)

Para el Estado, la seguridad es tener armas, entonces, de por sí la persona ya está protegida. Pero luego vemos que no, porque con las armas yo puedo matar a otra persona y me puedo matar a mí. No por tener un arma, voy a estar seguro. El plus está en la conciencia que tiene la gente de valorar lo que es la protección de sí mismo o del territorio, más allá de tener un arma para defenderse. (Claudia, comunicación personal, 08 de septiembre de 2020)

Una clara muestra de autonomía se vio reflejada durante la pandemia del covid-19 en 2020, situación que obligó a las comunidades rurales a desarrollar iniciativas de autoprotección que limitara la transmisión del virus en las áreas rurales. En el caso de la zona rural de Pradera se instalaron puestos de control para el ingreso y salida de la población que requería circular de esta zona al casco municipal de Pradera y viceversa, restringiendo el ingreso al personal externo, que representara un riesgo de contagio para la población. Esta actividad se llevó a cabo, de manera conjunta, entre la Guardia Campesina y la Guardia Indígena del resguardo Kwet Wala, entre los meses de marzo y agosto, en una muestra de trabajo conjunto de contención de la pandemia en sus territorios.

Dichos puestos, ubicados en los corregimientos de ubicados en El Pedregal, El Nogal, La Fría y Bolo Blanco, consistieron en guaduas atravesadas en mitad de la carretera, cada persona que quería atravesar el punto debía indicar a las Guardias su lugar de procedencia y el propósito de visita al territorio. De igual forma, las Guardias verificaban si estas personas se encontraban dentro de las excepciones impuestas por el Gobierno nacional, como medidas de confinamiento aplicadas a todo el territorio nacional. No obstante, dicho ejercicio desencadenó tensiones entre las Guardias y actores institucionales: el día 21 de abril del 2020, la Policía Nacional e integrantes de la administración municipal arribaron al punto de control ubicado en El Pedregal y rechazaron el ejercicio de control al ingreso realizado por las Guardias, considerando que ninguno de los grupos "contaba con las competencias para llevar a cabo dicho ejercicio" y que la población campesina "no contaba con el derecho de adelantar el control al ingreso a la zona", lo cual se tradujo en amenazas, por parte de los cuerpos institucionales, para levantar por la fuerza dicho punto de control (Alex, comunicación personal, 03 de agosto de 2020). Dichas amenazas no prosperaron y, por el contrario, varios días después se llevó a cabo una reunión entre Alcaldía Municipal, Policía e integrantes de ambas Guardias, donde los primeros reconocieron las actividades de control territorial de las últimas y llegaron a acuerdos conjuntos sobre dicho ejercicio.

El cuidado conjunto de las poblaciones indígenas y campesinas -de las zonas media y alta de Pradera- por parte de las Guardias no resultó de un acuerdo fortuito por la coyuntura de salud a nivel mundial, pues una de las características contextuales identificada en el municipio es la ausencia de conflictos interculturales por disputas en el territorio, como sí ocurre en otros territorios del país donde existen Guardias Campesinas, como en el Cauca (^{Duarte, 2015}) y en la región del Catatumbo, Norte de Santander (^{"Las tensiones tras...", 2017}). Ello no exime que puedan existir diferencias entre ambos sectores, para lo cual existe un mecanismo interno de diálogos entre ASTRACAVA y el Resguardo Kwet Wala, como se afirma a continuación:

Nosotros aquí tenemos una unidad con los indígenas, trabajamos conjunto con ellos en el proceso territorial. Por ejemplo, nosotros tenemos un territorio en conjunto y eso es importante. Es una dinámica de la Asociación Campesina, podemos nosotros encontrarnos para hallar propuestas de desarrollo social de las comunidades, sin mirar quién es campesino o es indígena... Ha habido malos entendidos, pero nos hemos reunido entre las partes y hemos logrado llegar a acuerdos porque la unidad entre campesinos e indígenas se halla bajo una estructura. (Jesús Ever, comunicación personal, 02 de agosto de 2020)

Un aspecto en el que coinciden las personas entrevistadas es que, dado el control adelantado por las Guardias Indígena y Campesina para limitar el ingreso de personas a la zona montañosa de Pradera, su ejercicio se elevó en términos de reconocimiento y legitimidad, por parte de las comunidades campesinas. Incluso, esto llegó al punto en el que algunas personas, que no se habían acercado antes al ejercicio de la Guardia, ni a las JAC ni a ninguna otra forma organizativa, se sumaron a las actividades de control. Con ello, dicha actividad dejó de entenderse como una necesidad individual, para pasar a ser una necesidad colectiva de protección del territorio (Karol, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020). No obstante, dicha tensión con la Policía les recuerda también el rechazo y la estigmatización que, como Guardia, reciben por parte de la propia institucionalidad a nivel local:

La no aceptación por parte del Gobierno municipal, nunca se ha visto con buenos ojos porque se ha visto como una sustitución de la Policía. Pero en vista de que la Policía no puede ejercer allá, entonces tenemos que hacerlo nosotros, el ejercicio de seguridad. De todas maneras, salen muchas campañas de desprestigio frente a lo que hacemos, diciendo que eso son cosas de las milicias, de la guerrilla, y pues esos son retos que tenemos que posicionar, que somos una fuerza civil, porque si no hay quien la haga, entonces la comunidad tiene que hacerlo de manera autónoma. (Islenio, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020)

Ahora bien, frente a la presencia militar en la zona rural, la postura de la Guardia Campesina de Pradera es clara: si bien critican su accionar hostil y estigmatizante hacia la población, no pretenden una confrontación directa contra los militares, ni contra otros actores armados, sobre todo cuando se reporta, desde la firma del afp, la presencia de actores armados postdesmovilización de las FARC-EP (^{Defensoría del Pueblo, 2018}). Ante posibles encuentros (los cuales no se han presentado), la Guardia ha procurado, dentro de sus principios de trabajo, el diálogo con dichos actores, con el propósito de que estos no vulneren los derechos de la población. Esto ubica a la Guardia Campesina dentro de un rol mediador de conflictos en la zona rural, con base en la normatividad existente, lo cual resulta fundamental en un contexto de reconfiguración del conflicto sociopolítico armado:

La Guardia Campesina lo que tiene en su lógica es la conservación de la paz de los territorios. Nos sentamos a conversar y mirar qué es lo que está pasando. No podemos reaccionar de una forma agresiva, esa no es la lógica. Analizamos cuál es la situación y podemos actuar bajo los principios de la Constitución, que es garantizar la vida y la honra de las personas (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020)

Como se puede apreciar, el trabajo desarrollado por la Guardia Campesina de Pradera es de un alcance sumamente localizado, enfocado principalmente en las veredas donde ASTRACAVA cuenta con mayor incidencia política. Sus actividades giran en torno, principalmente, a las actividades de control en el ingreso de población foránea al territorio y protección de los bienes de la población rural, con lo cual han logrado conquistar un reconocimiento por parte de campesinos e indígenas y, en términos parciales, de la Alcaldía Municipal. No obstante, su falta de reconocimiento jurídico y el estigma que cargan, les genera profundas limitaciones en su accionar, por lo cual, es necesario avanzar hacia un efectivo proceso de statebuilding, enfocado en una perspectiva de Paz Territorial, elemento que será puesto en conversación a continuación.

Seguridad comunitaria, statebuilding y posibilidades de una Paz Territorial campesina

A pesar de la promesa de una "paz estable y duradera", el modelo de seguridad del postacuerdo, en los territorios rurales, persiste en los enfoques de "orden público", "militarización" y "contrainsurgencia" (^{Ramírez, 2019}), en gran medida por la continuidad de la violencia posterior a la firma del afp en 2016 (^{Sánchez, 2019}; ^{Gutiérrez-Sanín, 2020}). Es por ello que, con base en las necesidades, organización y actividades desarrolladas por la Guardia Campesina de Pradera, sus integrantes han reflexionado acerca de la necesidad de construir una concepción propia de la seguridad, que interpele la concepción estrecha de la seguridad institucional y, a su vez, aporte a una nueva comprensión de seguridad integral en los territorios campesinos, centrada en la población.

De acuerdo con el caso descrito, es posible relacionar la seguridad comunitaria, por parte de la Guardia Campesina de Pradera, con la necesidad de estar pendiente frente a las situaciones que se puedan presentar en los territorios, estar vigilantes y actuar de manera conjunta con la comunidad, en una clara relación entre la seguridad comunitaria y una sensación de tranquilidad en el transcurrir de la vida cotidiana campesina en las veredas. De esta forma, la seguridad comunitaria se piensa en función de la autoprotección y la autorregulación del comportamiento cotidiano (^{Prieto & León, 2017}) frente a amenazas externas al territorio, que van desde la presencia de diversos actores armados hasta la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas y portadores de enfermedades como el covid-19.

En un contexto de construcción de paz, las iniciativas de autoprotección -como las Guardias Campesinas- resultan fundamentales para el Estado en términos de reconocer diferentes proyectos territoriales, que aportan a la superación de las causas estructurales que han motivado la confrontación armada de diferentes actores insurgentes y criminales contra el Estado colombiano. Una de estas causas ha sido, sin lugar a dudas, el desconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, deuda que ha sido subsanada mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, el cual reconoce a este sector como sujeto de especial protección con relacionamiento particular, entre otras cosas, con formas organizativas y culturales propias. De igual forma, en el Congreso de la República se radicó el proyecto de Ley 052/2022, con el cual se buscaba reconocer las Guardias Campesinas a nivel nacional como "un mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina" (^{Senado de la República, 2022, párr. 1}). No obstante, de acuerdo con el portal Congreso Visible, de la Universidad de los Andes, este proyecto de ley no prosperó y fue archivado por tránsito de legislatura.

Este reconocimiento normativo, sin duda, contribuye al proceso de statebuilding, pues sería reconocer la seguridad comunitaria impartida por el campesinado desde la autoprotección y el autocontrol territorial, sin desconocer ni confrontar las figuras de seguridad existentes. Como señalan ^{Rojas y Dessein (2023)}, se requiere repensar la relación guardias campesinas con el statebuilding, no como un desafío al Estado por parte de las comunidades campesinas, sino para brindarles un protagonismo civil en aspectos de la seguridad como garantía de la convivencia ciudadana, sin renunciar al monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. A esto se suma ^{Caicedo et al., (2022)}, quienes referencian esta relación como un ejercicio de "gobernanza híbrida":

Tal vez sea útil pensar en implementar políticas de seguridad que contemplen la articulación con las autoridades comunitarias reconocidas para adelantar acciones con los distintos actores no violentos que proveen seguridad en los territorios de modo tal que se maximicen sus fortalezas y se minimicen sus debilidades. (^{Caicedo et al., 2022}, p. 71)

Este reto implica, por su parte, la necesidad de problematizar y hacer ajustes al modelo de seguridad existente, el cual -al estar pensado bajo un enfoque de "orden público", la militarización y la doctrina contrainsurgente- ha sido cuestionado por la población rural, las comunidades han denunciado acciones llevadas a cabo por militares en contra ellas, como requisas exhaustivas, no con un propósito preventivo, sino tras la búsqueda de supuestos "auxiliadores de la guerrilla" (^{Ramírez, 2019}). En ese sentido, una afirmación potente, extraída de una de las entrevistas, manifiesta que "la seguridad es más que tener un arma para demostrar poder" (Isidro, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020), lo cual sugiere que se debe entender una concepción de seguridad que supere una lectura de dominación militar y política de un grupo humano sobre otro, entenderla como un ejercicio de protección comunitaria, a partir de la prevención de hechos que amenacen la convivencia ciudadana, que garantice el pleno goce de los derechos.

Lo anterior implica pensar la implementación de un modelo de seguridad en contextos rurales, donde no se cuenta con criterios políticos e ideológicos para determinar sus actividades, salvo la preservación de los intereses de la comunidad campesina a partir de la reducción de la violencia o los desacuerdos entre los miembros de la comunidad (^{Voyvodic, 2021}). Es decir, la Guardia procura respetar el monopolio legítimo de la violencia estatal, pero exige un uso responsable de dicho monopolio por parte del Ejército Nacional, desde el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

La presente experiencia nos permite entender la seguridad comunitaria como un componente de la ampliación del espectro político, en el que las comunidades campesinas han apostado a establecer figuras, que no solamente se encarguen de proteger y establecer un control autónomo de los territorios, sino que también se encarguen de establecer decisiones autónomas, frente a las tomadas, de forma unilateral, por parte de los Gobiernos central y local. Esto se relaciona con el caso de la Guardia Campesina del Catatumbo:

La Guardia es una de las respuestas de los campesinos a la violencia en diferentes manifestaciones, se constituye como movimiento contrahegemónico, el cual pretende cambiar el orden social, político y económico existente, mediante la movilización del pueblo elevado moral y políticamente, para constituirse como un sujeto protagonista en la política en sus diferentes ámbitos, con el fin de lograr la emancipación del ser humano en todos sus aspectos, dándole un carácter propio, local y realizable a las causas. (^{Vargas, 2017}, párr. 15)

De este modo, la experiencia de ASTRACAVA en Pradera nos demuestra la posibilidad de que las Guardias Campesinas, además de apostar a la construcción de un modelo de seguridad comunitaria para un territorio campesino, pueden también fortalecer la construcción de un modelo de seguridad comunitaria, en el marco del modelo statebuilding de implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. En el nuevo ciclo de violencia por el que atraviesa el conflicto colombiano, el diálogo entre instituciones comunitarias territoriales (entre ellas, las Guardias Campesinas) y las instituciones estatales de diversos niveles, puede configurarse como una estrategia efectiva para prevenir que nuevos actores armados copen los espacios desocupados por las farc-ep y se configure una suerte de "eterno retorno" de la misma (^{Sánchez, 2019}). Esto puede desarrollarse en la relación complementaria que proponen ^{Blair et. al, (2022)}, las instituciones comunitarias suelen tener una legitimidad local, resuelven disputas a nivel local y cuentan con acceso a información privilegiada de la que carecen los Estados, mientras que los Estados (incluso los débiles) suelen disponer de recursos materiales y capacidad coercitiva de los que carecen las instituciones comunitarias.

Ahora, para que dicho modelo de seguridad prospere es necesario, no solo el reconocimiento de las formas de seguridad comunitaria y la problematización del actual modelo de seguridad, se requiere también, por parte del Estado colombiano, reconocer la diversidad de iniciativas de construcción de paz promovidas a nivel local en los territorios rurales, basadas muchas de ellas en principios de autonomía, organización y acción colectiva frente a la idea gubernamental-liberal de "Paz Territorial" adoptada desde la firma del AFP. Esta posibilidad de Paz Territorial Campesina parte de interpelar -desde la visión de organizaciones campesinas- la existencia de conflictos socioterritoriales ligados a los proyectos minero-energéticos, la existencia de cultivos de uso ilícito, las territorialidades bélicas en continua disputa y, en general, la persistencia de una ineficiencia estatal en torno a resolver la "cuestión agraria" existente en el país, ligada a una falta de voluntad política, por parte de los Gobiernos Santos y Duque, a implementar puntos del AFP relacionados con la Reforma Rural Integral y la solución al problema de las drogas ilícitas.

Para el caso de Pradera, en ASTRACAVA se piensa la Paz Territorial Campesina partiendo de la implementación de una figura de ordenamiento territorial, que existe desde 1994: las ZRC, las cuales se encuentran en un avanzado proceso de constitución. Más allá de lo normativo, desde ASTRACAVA reconocen esta figura como un medio para proteger elementos socioculturales relacionados con la identidad y tradición campesina, que se han venido perdiendo a lo largo de los años con las dinámicas de desplazamiento del campesinado a las zonas urbanas y los proyectos desarrollistas que se llevan a cabo en la zona rural del municipio (^{Ordóñez, 2023}). En relación con la Guardia Campesina, en ASTRACAVA se ha pensado esta figura como garante de la seguridad al interior de la Zona: "el territorio es de uno y hace parte de uno como persona, entonces, si yo defiendo mi territorio, defiendo mi comunidad, y si mi comunidad se siente bien, yo me siento seguro" (Kennedy, comunicación personal, 07 de septiembre de 2020).

De esta forma, se puede apreciar un símil en las experiencias de las Guardias Campesinas de Pradera y del Catatumbo por anclar su apuesta de seguridad campesina a la ZRC, por cuanto las Guardias han repercutido en el empoderamiento del territorio a través de su defensa y respaldo a la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial pensado por el campesinado (^{Alba et al., 2020}). Así pues, las discusiones sobre las formas y los actores protagónicos de la seguridad dentro de los territorios rurales se insertan en las discusiones acerca del carácter procesual, precario, continuo y socioespacial de la construcción de la paz. ^{Koopman (2011)} nos brinda elementos para aterrizar las apuestas institucionales a la cotidianidad de los territorios rurales, sobre todo, por la premura que implica una necesaria coordinación de actividades entre actores estatales y campesinos, dadas las complejidades de la ruralidad y las conflictividades que permanecen en ellas.

Conclusiones

La construcción del Estado (y la paz dentro de él) supone reconocer, tanto las formas como los actores que participan. Implica también reconocer las dificultades existentes en este proceso, entre ellas, la configuración e implementación de sus modelos de seguridad en contextos rurales, así como sus consecuencias en términos de militarización de la vida cotidiana y profundización de la crisis de derechos humanos, que de por sí ya se evidencia en vastos territorios a causa del conflicto armado.

De ahí la importancia de reconocer al campesinado como actor con iniciativa para configurar su propio modelo de seguridad comunitario, como una forma, no solamente de interpelar el modelo de seguridad institucional, sino también como demanda de participación dentro del statebuilding. De esta forma, analizar este proceso desde la experiencia de la Guardia Campesina de Pradera implica desplazar los cánones tradicionales que abordan el Estado como un aparato monolítico, que integra homogéneamente a las regiones desde el centro, cuyos actores relevantes son, esencialmente, quienes participan de la administración del mismo. Esta experiencia nos invita a revisar las visiones tradicionales del statebuilding para posicionar una más compleja y comprensiva de la construcción de Paz Territorial en el contexto colombiano.

En su trayectoria, se identifica la Guardia Campesina de Pradera como producto de una necesidad provocada por el accionar del Ejército Nacional en el marco de la PNCT, pero que logra materializarse en los inicios de la implementación del AFP, cuando las FARC-EP se desmovilizan y abandonan el territorio rural de Pradera, pero surgen nuevas conflictividades asociadas a la llegada de pobladores urbanos que alteran la tranquilidad y el ecosistema del municipio. El fin primordial de esta Guardia, desde su conformación, ha sido el control en el ingreso de la población, con un enfoque inicialmente preventivo hacia el consumo de SPA y la ejecución de delitos, pero que, con la pandemia, se convirtió en un control de ingreso a la población para la contención del contagio. Esto generó legitimidad en la población, pero también despertó el rechazo de otro sector más cercano a la institucionalidad, pues les recordó la tensión de dichas prácticas con el marco legal existente.

La experiencia de la Guardia Campesina de Pradera nos invita a pensar, en primer lugar, en la necesidad del reconocimiento institucional a esta figura como un mecanismo de autoprotección y cuidado del territorio campesino; a pensar en un proceso complementario al reconocimiento normativo del campesinado como sujeto de derechos donde este sector participe, junto con las instituciones, en un manejo conjunto de la seguridad rural. En segundo lugar, se requiere problematizar el modelo de seguridad existente en los territorios rurales, dado su enfoque de "orden público", militarista y contrainsurgente, y posicionar, en cambio, un enfoque de seguridad, garante de los derechos humanos en el ejercicio del monopolio estatal, el cual no debe ser violento con la comunidad campesina, y que comprenda el concepto de legalidad.

La experiencia de la Guardia Campesina de Pradera invita, así mismo, a la posibilidad de promover diálogos académicos e interinstitucionales con otras figuras de seguridad comunitarias territoriales, como las Guardias Indígenas y Cimarronas, no solo por la recepción que las organizaciones campesinas han tomado de las experiencias étnicas de autoprotección territorial sino, también, por el potencial que tiene el reconocimiento de concepciones diversas de seguridad, las cuales abarcan legados de movilización, organización y resistencia manifiestas en los contextos rurales, al momento de pensar las formas diversas de construir Estado (^{Albarracín et al., 2022}).

El artículo concluye que es necesario implementar una Paz Territorial Campesina dentro del modelo actual de Statebuilding, que permita, no solo el análisis crítico de los conflictos socioambientales y la implementación integral el afp, sino también reconocer las experiencias de las Guardias Campesinas en relación con un empoderamiento del territorio a través de su defensa y respaldo a la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial pensado por el campesinado.