INTRODUCCIÓN

A largo de la historia, el hombre ha considerado la Administración Pública y la Gobernanza como los pilares fundamentales del sistema político, el cual propende por el desarrollo social de las comunidades organizadas. Desde esta perspectiva, naturalmente se deduce el concepto de que la administración pública configura una organización integrada por personal profesional, preparado para poner en práctica las decisiones idóneas que la sociedad requiere para lograr el bienestar a través del gobierno.

Sin embargo, en los países en desarrollo como Colombia, en el que se evidencian graves problemáticas de desigualdad, marginación, pobreza, inequidad, inseguridad e ineficiencia administrativa, sumadas a las grandes tendencias de desarrollo mundial que tendrán impacto en la región (^{Bitar, 2014}, pp. 12-28), tales como: escasez de recursos naturales, cambios demográficos, tecnologías disruptivas, cambios climáticos, urbanización de ciudades y gobernabilidad democrática, se imponen grandes desafíos y la generación de estrategias y planes a largo plazo encaminados a fortalecer la administración pública y la gobernanza.

Por ende, el abordaje de estas complejas dinámicas, implica cambios en las instituciones democráticas y reformas en las organizaciones sociales, que fortalezcan la acción del Estado y de los partidos políticos, con miras a erradicar prácticas abominables como el clientelismo y la corrupción que generan retraso en el desarrollo social. Es decir, será necesario reflexionar en el papel que ha tenido la formación del capital humano que lidera la administración pública, y repensar las características particulares que debe tener este importante recurso para transformar las realidades que aquejan al contexto colombiano.

Para facilitar el análisis, en este documento se hará un tránsito por el desarrollo de los procesos educativos existentes para la formación de competencias ciudadanas, y otros elementos específicos establecidos para la educación de administradores públicos y sus implicaciones en la problemática colombiana.

EL CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO

Colombia es un Estado Social de Derecho. La Constitución de 1991 reconoce los derechos y deberes que tienen las personas colombianas. La estructura del Estado colombiano se enmarca dentro del modelo de Gobierno Presidencial con un Congreso Bicameral conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, tiene dentro de sus propósitos atender las necesidades de educar al pueblo colombiano, para lo cual, a través de un sinnúmero de instituciones en cabeza del Ministerio de Educación (MEN), ha diseñado modelos de enseñanza de cara al modelo de sociedad reinante en el contexto nacional.

En la Constitución Política colombiana para mencionar el caso en concreto, el artículo 67 consagra:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

Adicionalmente, se especifica que se trata de un servicio público que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Este precepto constitucional fue regulado por la Ley General de Educación expedida en 1994, en la cual se establecen las características que deben cumplirse en la prestación el servicio público educativo y las modalidades de atención educativa en Colombia, exceptuando la educación superior, la cual es regulada por la Ley 30 de 1994.

Los programas de educación a lo largo del desarrollo histórico colombiano han sido implementados, evaluados, replanteados, modificados y adaptados a los cambios sociopolíticos inmersos en Políticas Públicas desarrolladas por la administración pública de cada estamento de acuerdo a la estructura del Estado.

Para poder ampliar la cobertura educativa, el Estado colombiano se ha apoyado en las figuras de la descentralización territorial, administrativa y por servicios, permitiendo con ello, entregar la responsabilidad y el compromiso a los gobernantes de cada región del país. De ahí, surge la participación de los diferentes gobernadores quienes en sus planes de desarrollo deben reflejar como uno de sus propósitos el diseño de políticas públicas en torno a la educación, situación que no es ajena a los alcaldes de cada municipio del territorio nacional que deben propender por el establecimiento de medidas de carácter educativo en sus proyectos y planes de desarrollo.

POLÍTICAS EDUCATIVAS EN COLOMBIA

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria: cinco grados y secundaria: cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2016).

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, se renuevan conceptos que obligan a modificar las directrices en cuanto a educación se refiere. De hecho, de conformidad con lo establecido en su artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución” (Constitución Política Nacional, 1991), existe la obligatoriedad de esta instrucción y de poner en práctica pedagogías para hacerla una práctica vivencial, que redunde en el desarrollo de conocimientos, sentimientos, hábitos y actitudes requeridas para el idóneo ejercicio de la ciudadanía (MEN, 1998).

De la mano de este propósito, se renovaron los lineamientos curriculares en cuanto a formación ética, toda vez que se reconoce la importancia de la ética en los actos educativos visionando la educación como un acto político. Así, los lineamientos se centraron en la formación de niños, niñas y jóvenes a partir de los componentes de autorrealización, autocontrol, identidad y sentido de pertenencia, conciencia, confianza y valoración de sí mismo, sentido crítico, capacidad creativa y propositiva, formación ciudadana, conciencia de derechos y responsabilidades, y competencias dialógicas y comunicativas.

Atendiendo a la necesidad de fortalecer el sistema educativo colombiano en respuesta a las tendencias internacionales, desde el 2003, los esfuerzos del MEN se orientaron al mejoramiento de la calidad de la educación, para lo cual se definieron estándares básicos que permitieron unificar criterios en torno a la formación de habilidades comunicativas, matemáticas y científicas, indispensables para enfrentar el desafío de la sociedad de la información y el conocimiento, sino también, y tal vez lo más importante, desarrollar competencias ciudadanas, lo que dio oportunidad de iniciar la educación de una nueva generación de colombianos comprometidos, capaces de relacionarse con otras personas y participar activamente en la construcción social como actores políticos, que deliberan para llegar a acuerdos para el bien común. De esta forma, se empoderan a niños, niñas y jóvenes para participar democráticamente en la sociedad y desarrollar las competencias necesarias para el uso constructivo de esta participación (MEN, 2006).

Las metas de esta formación ciudadana se resumen en fomentar el conocimiento ciudadano a la par con el desarrollo de competencias, cognitivas y emocionales para el desarrollo moral, considerado el avance cognitivo y emocional que permite a las personas tomar decisiones cada vez más autónomas que reflejen preocupación por el bien común (MEN, 2006). Desde este modelo, se busca que las instituciones educativas practiquen situaciones que permitan que los estudiantes se enfrenten a situaciones que implican dilemas y desarrollen competencias para solucionarlas responsablemente.

A partir de las competencias mencionadas, es posible que las nuevas generaciones tengan mayores capacidades para aportar a la construcción de la convivencia y la paz y participen políticamente por medios democráticos desde la familia, la escuela, el barrio, identificándose como miembros de grupos humanos y entendiendo que la creación conjunta de acuerdos y normas tienen sentido, pues permiten regular la vida en comunidad y favorecen el bienestar común.

Este modelo de formación en competencias ciudadanas, constituye el primer eslabón tangible de educación formal debidamente diseñado e implementado por el gobierno colombiano, que aporta no solo bases de conocimiento para empoderar a niños y adolescentes de su rol político, en las dimensiones de convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, sino que pretende la integración y desarrollo de comportamientos personales y colectivos que generen una transformación en la cultura política del país.

De esta educación inicial, se puede inferir entonces que cualquier ciudadano colombiano cuenta hoy con competencias que le permiten evidenciar un sentido ético, el cual es considerado por autores como Ferrer, como rasgo inequívoco de la responsabilidad y que es coherente con el fundamento del modelo de competencias ciudadanas colombiano que finalmente se traducirá en “ser responsable consigo mismo, ser responsables con respecto a los demás, y por último ser responsable a un estado de cosas” (Gómez & Arango, 2012).

Sin embargo, en lo referente a educación superior, la legislación vigente establece que esta se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, lo que implica que cada institución puede organizar autónomamente la forma de prestar el servicio y el cumplimiento de su cabal función inspeccionado y vigilado por el MEN.

El sistema de educación superior en Colombia está organizado en dos niveles: Pregrado y Posgrado. El primero está integrado por los niveles de formación técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional. El segundo consta de nivel de especialización, nivel de maestría y nivel de doctorado.

Los programas de educación superior de los distintos niveles deben cumplir con requisitos establecidos por la Ley 1188 de 2008 para ser ofertados por instituciones que según su carácter académico se clasifican en Instituciones técnicas profesionales, Instituciones tecnológicas, Instituciones universitarias o Universidades. Adicionalmente, teniendo en cuenta el origen de su creación, las instituciones pueden ser públicas o privadas. Las instituciones de educación superior públicas o estatales gozan de autonomía en términos de contratación y manejo especial presupuestal y aportes del gobierno nacional.

No obstante, el financiamiento de las instituciones públicas por parte del gobierno está basado en un modelo que mide la relación entre la capacidad de cada institución y los resultados obtenidos con los recursos recibidos, lo que ha suscitado marcadas diferencias en los aportes que perciben instituciones regionales, que al no alcanzar los indicadores exigidos por el MEN, acceden a menos recursos, lo que redunda en problemas administrativos, que ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones, afectan la calidad de la educación y encarecen los costos de matrículas, dificultando el acceso a las poblaciones más vulnerables y alejadas de grandes centros urbanos.

La diferencia con el sector privado es marcada, a este acceden quienes tienen el poder económico o están muy cerca de él. En estas instituciones educativas se han implementado políticas de educación desarrolladas bajo un esquema de abundancia, esto es, acceso a la tecnología sin limitantes, permitiendo con ello que los educandos tengan mayores posibilidades para acercarse a posiciones privilegiadas, como formar parte del gobierno de las diferentes ramas del poder público dominando así el entorno social, económico y político de una nación.

Frente a estas graves realidades, el gobierno ha generado desde el 2007 políticas de educación inclusiva, que pretenden a partir de claras estrategias y acciones fortalecer el acceso y permanencia de todas las personas a la educación superior. Se incluyen créditos a largo plazo, becas por méritos académicos, capacitación a docentes, fortalecimiento de infraestructura y medios didácticos, sistemas de vigilancia a la calidad de la educación superior, sistemas para seguimiento a egresados, modernización y flexibilización de currículos, regionalización de la educación superior, programas de articulación entre la educación básica y media y la educación superior, entre otras (MEN, 2013).

En síntesis, el sistema educativo colombiano surge de una base constitucional que establece una clara obligatoriedad de formación política que está definida por el MEN desde los niveles de educación primaria, básica y media. Esta dinámica se interrumpe para muchas personas en el nivel de educación superior, en el que no se cumple la condición de gratuidad, por lo que se establece un conjunto de políticas públicas que aunque pretenden cerrar las brechas de acceso, no han logrado que todos tengan esa oportunidad y puedan culminar estudios superiores que les permitan oportunidades reales de participación en el desarrollo del país.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La historia de la educación superior para formar administradores públicos se remonta en Colombia al año 1958, cuando con el fin de modernizar la administración pública se creó la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Con esta institución de educación superior de carácter público, se dio inicio a una reconocida escuela que desde su creación se ha dedicado a la formación de gerentes públicos, capaces de contribuir a la modernización del Estado. Así, se fue consolidando como la principal escuela de formación de administradores públicos del país durante varias décadas y fue implementando programas de especialización y maestría en el área, que permitieron desarrollar un capital humano profesional capacitado en el área en todo el territorio nacional, a través de sus centros de formación a distancia, en un reconocimiento claro de que son necesarios espacios de formación de fácil acceso para quienes aspiran a ocupar los cargos de la administración pública y para quienes los ocupan, facilitando la cualificación de sus conocimientos, en procura de desarrollar una gestión acorde a las necesidades de la población.

Actualmente la ESAP forma parte del sistema de carrera administrativa existente en Colombia y se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Función Pública, y se rige por las normas que regulan el servicio público de educación superior. Cuenta con dos programas de pregrado en Administración Pública y Administración Pública Territorial; nueve programas de especialización en Gestión Pública, Gerencia Ambiental, Gerencia Social, Finanzas Públicas, Proyectos de Desarrollo, Gerencia Hospitalaria, Alta Dirección del Estado, Derechos Humanos y Administración Pública Contemporánea, y un programa de Maestría en Administración Pública (ESAP, 2014).

De lo anterior se infiere que la ESAP tiene múltiples funciones asociadas a la gestión educativa que incluyen crear, desarrollar y difundir el saber científico y tecnológico, que orienta a la administración y de la gestión pública, promover la investigación en el área, desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno, e impartir la inducción al servicio público y prestar un buen apoyo a la alta gerencia de la administración pública. Además, apoya la gestión local, regional, desde las Direcciones Territoriales. Contribuye a garantizar la unidad de propósitos de la administración, mediante el intercambio de experiencias administrativas. Es una institución consultora que fortalece y amplía las relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales, de derecho público o privado (ESAP, 2014).

Sin embargo, la oferta de formación profesional en administración pública se ha ampliado y actualmente hay otras instituciones de educación superior que forman administradores públicos, en programas presenciales y en modalidad virtual, lo que permite contar con varios enfoques de formación que apuntan al logro de un amplio perfil profesional que posea conocimientos, valores y habilidades para el idóneo abordaje del fenómeno administrativo público. Actualmente los programas capacitan a sus estudiantes para desempeñarse como líderes de organizaciones públicas, asesores de entidades públicas, funcionarios públicos vinculados a entidades estatales, y líderes políticos responsables de un cargo del gobierno, tal como alcalde, concejal, gobernador, senador, diputado, y ejercer la docencia y la investigación del área.

El diseño curricular de los programas de Administración Pública en consonancia, considera en su plan de estudios la formación en disciplinas relacionadas no solo con el manejo administrativo y financiero de las empresas, sino con otras disciplinas que inciden en la gestión pública. Incluye cursos como Historia del pensamiento político, Derecho constitucional colombiano, Derecho administrativo, Microeconomía, Macroeconomía, Finanzas públicas, Contabilidad, Presupuestos públicos, Derechos humanos y Negociación de conflictos, Ética empresarial, entre otras.

De otro lado vale la pena destacar que, la profesión de Administrador Público está debidamente regulada en Colombia a través de la Ley 1006 de 2006, la cual en su artículo 2 establece que el administrador público tiene como función social las actividades que comprenden el desarrollo de las funciones del Estado y del manejo de los asuntos públicos, además de actividades orientadas a generar procesos que mejoren la capacidad estatal y de las organizaciones no estatales que tienen responsabilidad en el manejo de recursos públicos (Congreso de la República, 2006). Esta normatividad establece así todas las condiciones legales, gremiales y éticas que deben cumplir los profesionales de esta importante área, asignándoles un lugar importante en el contexto laboral colombiano.

No obstante, capacitarse profesionalmente en administración pública no es requisito para ejercer cargos de alta gerencia en la Administración Pública del orden nacional. Por lo que mediante Ley 489 de 1998 se creó el programa de Escuela de Alto Gobierno, el cual es desarrollado por la ESAP, a través del cual se debe contribuir a la inducción, formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado, en las distintas disciplinas y técnicas de la función de gobernar, para elevar la eficacia del gobierno en medio de las complejidades propias de la construcción de la democracia de participación. Así, funcionarios públicos determinados por el gobierno y autoridades electas deben tomar cursos de inducción antes de posesionarse en sus cargos; igualmente altos directivos del Estado cuentan con una oferta permanente de capacitación en temas de interés (ESAP, 2014).

¿CÓMO FUNCIONA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA

El recorrido realizado por los niveles educativos existentes en Colombia, ha permitido confirmar que existe una organización curricular y unos lineamientos legales que regulan el desarrollo de competencias éticas y ciudadanas y la formación profesional de las personas interesadas en desempeñarse en cargos políticos o de administración pública.

Aun así, las características del Estado cambian rápidamente y en Colombia durante las últimas décadas han implicado reformas a la administración pública, en busca de cumplir el mandato constitucional de ser un Estado Social de Derecho.

Para avanzar en el análisis de la importancia de la educación en la administración pública y la gobernanza, es pertinente traer a consideración que el Estado actualmente está influenciado por tres tendencias: el desarrollo sostenible, la gobernanza democrática y la globalización, que le imponen nuevos retos y responsabilidades.

Y que en este sentido, el Estado colombiano debe enfrentar esas tendencias de cara a las realidades que caracterizan actualmente al país, que en este caso serían según los expertos en el tema, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento territorial en el marco de la descentralización, la transparencia en las acciones del Estado y el afianzamiento de la participación del sector privado y de la ciudadanía en la solución de los problemáticas nacionales, el proceso de postconflicto, el conflicto como tal y la situación de derechos humanos, y mitigar los efectos del cambio climático a través de la economía verde y las fuentes alternativas de energía (ESAP, 2014).

En congruencia con estas tendencias y situaciones, la administración pública debe armonizar su gestión en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, generando esquemas de trabajo abiertos que favorezcan la interacción y participación de la sociedad en la gestión de nuevas políticas públicas y mayores niveles de transparencia, así como fortalecimiento de la capacidad de las instituciones y de la calidad del servicio.

Diversos expertos consultados por la ESAP examinaron las tendencias que debe tener la administración pública, considerando que su primera misión es la garantía de los derechos del ciudadano, entre ellos el derecho a la educación, configura un asunto de prioridad nacional. Otra tendencia es la regulación de la calidad, para la cual consideraron que “el sector público necesita que los empleados públicos tengan una educación de altísimo nivel para saber qué pasa en los diferentes ámbitos de cooperación público-privada que son tan complejos. El Estado debe tener personas que sean capaces de entender que está pasando dentro de cada proceso” (ESAP, 2014, p.10).

Otra tendencia identificada es la relativa a replantear el empleo público, con miras a lograr una administración pública basada en méritos. Por lo que la formación nuevamente se reitera como el primer asunto a tratar para el sector público, pero entendida como una formación de toda la vida que enfatice en el desarrollo humano, social y la adquisición de valores y virtudes que todo administrador público debe poseer.

A propósito, la ESAP considera con base en estudios internacionales que un administrador público actualmente se forma en competencias para el manejo de la globalización, es decir, conoce contextos económicos, políticos, sociales y ecológicos y las responsabilidades del Estado; manejo de la gobernanza, esto es, comprende las instituciones, su marco legal y las interacciones entre actores gubernamentales; posee capacidad de Análisis Estratégico y Acción, comprende los entornos financieros, políticos y económicos en donde el gobierno opera, posee conocimientos técnicos y cuantitativos para evaluar las diferentes etapas del proceso de políticas públicas; tiene competencias para la Gestión Organizacional, la cual consta de la comprensión de comportamientos individuales y organizacionales, las relaciones entre la organización y sus clientes, la capacidad de manejar la diversidad, habilidades de trabajo en equipo, y capacidad de liderazgo efectiva. Por último, desarrolla prácticas éticas apropiadas, bilingüismo y excelencia profesional.

Sin embargo, estas actualizaciones en la formación de administradores públicos no garantizan en Colombia que tales profesionales ocupen los cargos de alta gerencia del sector público. Un estudio de seguimiento a egresados de la ESAP evidenció que al 2011 se contaba con aproximadamente 31.000 egresados. El 64 % de los egresados se encuentra laborando en el sector público, el 19 % en el sector privado y el 10 % restante está desempleado (ESAP, 2014, p.20).

Una proporción importante de empleados públicos de la muestra se desempeña en cargos profesionales (46 %) seguido de cargos directivos (18 %). Sin embargo, todavía el 28 % de la muestra a pesar de contar con un título profesional siguen desempeñándose en cargos técnicos y asistenciales (ESAP, 2014, p.19).

Estas cifras corroboran que buena parte de los cargos de la administración pública son ejercidos por personas que no cuentan con la formación profesional específica, ya que existen otras variables distintas a la educación, tales como el carácter político, económico y social que confluyen para permitir que cualquier persona, incluso sin formación académica en el área de gestión pública, pueda acceder a cargos de alto nivel, pasando por alto el derecho de las personas a la oportunidad en razón a los méritos académicos que ostenta.

De otro lado, se han evidenciado en las últimas décadas graves escándalos de corrupción administrativa que involucran a los actores que son elegidos popularmente para ejercer cargos públicos, dejando evidente la carencia de ética de los gobernantes que conforman la administración pública.

El problema que subyace no se limita únicamente a aquellos delitos conocidos penalmente como el prevaricato por omisión o por acción, el cohecho, la concusión, sino a la complicidad de los administrados en permitir que con su voto al momento de acudir a las urnas eligen y reeligen a quienes son ya conocidos por un pasado lleno de investigaciones sobre inhabilidades e incompatibilidades para acceder a cargos públicos y que muy a pesar de ellas, regresan a la administración pública sin un Control de Tutela que permee su acceso a la administración.

Así por ejemplo, en Colombia lamentablemente en las últimas elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea, concejales, se denunciaron cuadros de corrupción y de indiferencia frente a personajes como la gobernadora electa por el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien muy a pesar de haber sido investigada por enriquecimiento ilícito, haber sido privada de la libertad previa a su campaña con una investigación aún vigente, ocupa el tan relevante cargo, dejando entrever un despropósito en el contexto de la administración pública reflejando vacíos en los mecanismos de control del Consejo Nacional Electoral, que no hacen exigible los principios éticos y morales para que una persona con un pasado cuestionable se postulara a los diferentes cargos públicos del país.

No muy lejos, se conoció públicamente, la elección de un alcalde de un municipio de Yopal, quien muy a pesar de encontrarse retenido intramuros en una penitenciaría fue elegido en su cargo por la población constituyente primario, lo que evidencia la carencia de Ética tanto de quienes registran a los candidatos que aspiran al cargo público, como de quienes acuden a las urnas, confundiendo los preceptos constitucionales sobre el derecho a elegir y ser elegido.

Dadas estas situaciones, surgen preguntas inquietantes: ¿Qué modelo de desarrollo social puede estructurarse por parte de una administración que carece de ética para evitar estos despropósitos ya mencionados?, ¿Con qué criterio moral los administrados exigen el cumplimiento de los deberes por parte de los gobernantes?, ¿Qué políticas públicas pueden implementarse dentro del marco de estas irregularidades?, ¿Cómo se puede hablar de igualdad social cuando no se controlan estas situaciones de las cuales son responsables tanto los electores como los elegidos?

De lo anterior se puede inferir que existen graves problemáticas y retos en la administración pública colombiana, y que la promulgación de la llamada Ley de Transparencia y Ley Anticorrupción son acciones legales tangibles que pretenden controlar estas situaciones, es importante reconocer que sí existen vacíos en el ordenamiento pedagógico colombiano, que la Educación es débil frente al modelo de gobierno que actualmente rige los destinos del Estado colombiano y que urgen acciones tendientes al fortalecimiento de la formación ética, a la capacidad de control social de los ciudadanos y a garantizar que el talento humano con mejor perfil profesional sea el que ocupe los cargos que permitan la modernización del Estado.

Las instituciones educativas deben preparar a los educandos no solo en conceptos generales de gobierno, gobernanza y administración pública en cátedras magistrales, sino que deben asumir controles sobre los diferentes procesos que permitan formar verdaderos líderes desde los distintos niveles educativos, dentro de un contexto que evidencie la realidad en la que viven quienes darán un paso a los claustros universitarios preparándose para que a mediano plazo asuman el rol de administrar las instituciones del Estado colombiano.

Tal como se ha presentado en este documento, existen en Colombia lineamientos de formación ética y ciudadana en el sistema educativo formal, desde donde se pretende que cada persona interiorice y sea capaz de aplicar en su vivencia diaria un conjunto de valores sociales deseables para el mantenimiento y mejoramiento de una convivencia pacífica, democrática y participativa. Sin embargo, tal como lo mencionan Gómez y Arango (2012) debe propiciarse en las instituciones una cultura ética que trascienda en valores institucionales congruentes con la misión y visión del servicio público, de modo que se permee y se motive en los individuos la práctica de acciones basadas en un claro esquema de valores personales e institucionales congruentes con el servicio público y la ética pública.

Sin duda, la gestión de la ética es la clave para propiciar los cambios en las acciones de la administración pública colombiana, pues una masa crítica de ciudadanos con claros valores, serán capaces de generar los cambios institucionales requeridos para dejar atrás las conductas corruptas y acciones poco transparentes que generan desconfianza y están lejos de solucionar las necesidades de los ciudadanos y reducir la desigualdad social.

No obstante, es importante reconocer que los esfuerzos realizados por instituciones de educación superior como la ESAP, de profesionalizar en el área de la administración pública constituye un eslabón complementario y necesario a la hora de pensar en el desarrollo de una cultura ética, puesto que el desarrollo de los valores éticos del servicio público, la rendición de cuentas, la transparencia, la calidad en el servicio, entre otros aspectos, son características necesarias de quienes dicen tener vocación de servicio público y están comprometidos con el progreso de la sociedad.

CONCLUSIONES

La educación constituye un factor fundamental en la construcción de modelos de administración pública y gobernanza requeridos para dar respuesta a las cambiantes dinámicas del Estado contemporáneo. Su influencia radica en la construcción de una cultura ética personal desde los inicios de la vida y debe ser fortalecida cuando cada persona accede al sistema educativo formal.

Es necesario que la administración pública sea liderada y manejada por personas que hayan accedido a capacitación formal para profesionalizarse en los temas inherentes a la gestión y donde se fortalezcan los valores éticos del servicio público requeridos para comprender y apropiarse de las prácticas idóneas que requiere la administración pública moderna y que exige la sociedad.

Las graves problemáticas de la administración pública colombiana requieren, además de medidas de control legal ya comentadas, el fortalecimiento de los procesos educativos, con miras a garantizar el acceso a todos los ciudadanos al sistema educativo que permita contribuir a la construcción de un equilibrio entre la cultura ética y los valores cívicos requeridos para participar en la administración pública y liderar las acciones requeridas para modernizar el Estado y contribuir a la gobernabilidad de la democracia (^{Puelles & Urzua, 2006}).

Finalmente, cabe resaltar la responsabilidad que atañe a quienes nos preparamos para trabajar en esta área de reflexionar en la importancia de dar cumplimiento a la articulación de los valores, y la enseñanza, ser veedores de la atención del rol o desempeño del gobierno y de los particulares responsables de los procesos educativos quienes deben propender por la institucionalización de una generación preparada para los cambios, la cual debe ser crítica, respetuosa y competente para evitar la manipulación de quienes han de querer convertir la educación en un negocio más que un cimiento para el desarrollo de una sociedad, evitando con ello los descalabros económicos, sociales, administrativos, religiosos y políticos que se nos ha obligado a aceptar.

Depende de cada ser humano, evaluar la importancia de aprender a aprehender, de opinar y de aportar a la sociedad para que reine la cordialidad y el bienestar social general.