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Con base en lo anterior, sostenemos la tesis de que la privatización del agua potable en el marco del régimen neoliberal ha provocado problemas severos en el acceso universal al agua, generando vulnerabilidades multiescalares en el sistema urbano.
Introducción
En el año 2002, The Millennium Development Goals Report de las Naciones Unidas (United Nations, 2002) estableció que para 2015 se debería reducir en un 50% la proporción de personas sin acceso a agua potable. Luego, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció "que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos" (Naciones Unidas, 2010: 3), dado que no todos los habitantes de las ciudades del Sur Global poseen acceso al agua. Esta carencia, al cruzarse con la realidad de los asentamientos informales, genera tres conflictos. El primero se refiere a una vulnerabilidad urbano territorial y sanitaria asociada a la precariedad infraestructural expresada en la no existencia de una red de agua potable, colectores y alcantarillados (Schmitt, Morgenroth y Larsen, 2017). El segundo se liga a la precariedad de los mecanismos, estrategias y/o constructos que los habitantes han de realizar para obtener el recurso vital (Wutich, Beresford y Carvajal, 2016; Nganyanyuka, et al., 2014). El tercero manifiesta la confrontación del derecho de propiedad (tenencia del terreno) frente a derechos universales básicos (acceso al agua) (Guimarães, Malheiros y Marques, 2016).
En Chile, los asentamientos informales son denominados oficialmente como campamentos y/o asentamientos precarios. La región de Valparaíso, a menos de cien km de Santiago, la capital del país, cuenta con el mayor número de asentamientos informales de la nación, con 188 de los 822 catastrados por la ONG TECHO para el año 2018. Por su parte, la ciudad de Valparaíso tiene 57 campamentos (en los que residen 2.716 familias), equivalentes al 30,3% de la tasa regional (Techo, 2018).
La ciudad de Valparaíso tiene una estructura geográfica subdividida en 69 quebradas, las cuales atraviesan y drenan la ciudad, acumulando sedimentos en las zonas planas y en su planicie litoral (conocida como Plan). Estas quebradas han sido históricamente determinantes en el proceso de poblamiento, ya que posibilitaron la disponibilidad de agua potable a los navegantes y, hasta mediados de 1880, constituían las fuentes principales de agua dulce que poseía la ciudad (Pino, 2015; Araya, 2009; Vela Ruiz, 2004).
La relación entre agua y poblamiento se hace más evidente a partir de finales del siglo XIX, cuando las quebradas fueron intervenidas mediante la construcción de bóvedas de hormigón que se extendieron hasta una altura aproximada de 100 msnm. Estas tuvieron como objetivo la separación de las vías de circulación peatonal y vehicular de los cursos de agua natural, propias del discurso higienista de las topografías médicas que se instaló en las ciudades puerto durante el siglo XIX.
En el marco de esas intervenciones urbanas se dio una solución definitiva al abastecimiento de agua potable con la construcción del embalse Peñuelas en 1901, que se localizará en la zona más alta del Valparaíso de aquella época. Con esta acción, sumada al aumento de la población, las quebradas serán subutilizadas y estigmatizadas por el discurso higienista dominante, cuestión trascendente cuando los asentamientos informales comienzan a localizarse en las adyacencias de las quebradas para proveerse del recurso.
Elaboración: Lautaro Ojeda, Andrea Pino y Manuela Penas (CINVIT).
Figura 1 Cartografía de sistema hídrico de la ciudad de Valparaíso: sistemas de vertientes naturales frente a sistemas de colectores artificiales
Más tarde, en 1958, se construyó el sistema Las Vegas, un acueducto de conducción gravitacional de 76 km, que capta las aguas del río Aconcagua, proveniente de la cordillera de Los Andes; y, en 1972, se creó un nuevo embalse: Los Aromos. Las tres obras hidráulicas mencionadas conforman el sistema actual de abastecimiento de agua potable de la ciudad.1
En Chile, la creación del Código de Aguas de 1981 (Decreto con Fuerza de Ley 1.122 del 13 de agosto de 1981), estableció que las aguas terrestres (no marítimas) son bienes nacionales de uso público que pueden ser objeto de aprovechamiento de particulares mediante concesiones estatales. Esto implicó, en gran medida, que el Estado dejara de administrar el recurso hídrico y sus redes, transformándolo en un recurso privado que se consume, vende, explota y provee como tal. Con ello, los más afectados han sido los grupos étnicos, las poblaciones tradicionales dedicadas a la agricultura familiar y los habitantes de los asentamientos precarios y/o informales, dadas sus limitaciones para negociar con la autoridad su derecho al acceso (Panez-Pinto, Mansilla-Quiñones y & Moreira-Muñoz, 2018).
Los rasgos principales del Código de Aguas de 1981 pueden expresarse en los siguientes términos:
El agua está definida como un bien nacional de uso público y, simultáneamente, como un bien económico. Esto significa que se facilita la propiedad privada de las aguas, las cuales se encuentran, en cerca de un 90%, en manos de grupos extranjeros.2
Los derechos de aprovechamiento (consumo, venta, explotación) son entregados en concesión por el Estado a un privado de manera gratuita y, en la mayoría de los casos, a perpetuidad. Con ello, la cesión se incorpora como el patrimonio de un particular, pudiéndose consumir (utilizar), comprar, vender y/o arrendar.3
Se establece una diferencia entre aguas consuntivas y no consuntivas, es decir, entre las que deben ser devueltas o no al caudal del curso. Esto significa que algunas pueden ser derivadas para otros fines y no en beneficio de las poblaciones, por ejemplo, traspasando derechos, vendiendo o arrendando a compañías eléctricas, entre otros.4
En este contexto, la cobertura de agua potable, alcantarillado, red seca y colectores de aguas lluvias de los asentamientos informales ubicados en zonas de interfaz urbano-forestal de Valparaíso queda atrapada en un problema de reconocimiento de la calidad legal del sitio ocupado.5 Por lo tanto, sus habitantes acceden al agua a partir de una serie de estratagemas espaciales de carácter precario o mediante la acumulación de agua en pequeños estanques de 1000 litros que son abastecidos semanal o mensualmente por el Municipio a través de camiones aljibes.
En lo que respecta a los asentamientos informales, el Estado chileno los identifica bajo dos componentes macro: la irregularidad de la tenencia (ilegalidad) y la habitabilidad precaria, que implica condiciones nulas o insuficientes de acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad6 (MINVU, 2013). En este contexto precarizado, de exclusión y de denegación de condiciones de habitabilidad, cabe preguntarse si todos los habitantes son sujetos de derechos por igual, especialmente, cuando en Chile la cobertura de agua potable es del 97.3%. Interrogación necesaria, ya que, como sujetos de derecho, en Valparaíso quedan cuestiones pendientes en temas de integración y definiciones: ¿qué ocurre con las 2.716 familias de los asentamientos informales sin acceso a agua potable y alcantarillado? ¿Cuál es el límite de participación del Estado y de la empresa privada frente a la demanda esencial de estos sujetos? Independiente de la disyuntiva legal implícita en los asentamientos informales, ¿puede dejarse sin cobertura de agua a los territorios expuestos a riesgo de incendio forestal?
Con base en lo anterior, sostenemos la tesis de que la privatización del agua potable en el marco del régimen neoliberal ha provocado problemas severos en el acceso universal al agua, generando vulnerabilidades multiescalares en el sistema urbano. Para ello, analizamos once sistemas urbanos de asentamientos informales localizados en la Zona de Interfaz Urbano Forestal de la ciudad de Valparaíso con el objeto de determinar si el acceso universal al agua genera o no una vulnerabilidad territorial para sus habitantes.
Marco teórico: los asentamientos informales y el acceso al agua
Los asentamientos informales se destacan en la producción socioespacial de la ciudad en el Sur Global (Roy, 2005; UN-HABITAT, 2003) y dan cuenta de la forma como los habitantes más vulnerables de las sociedades deben realizar prácticas de autogestión del hábitat residencial, para hacer frente a un déficit de vivienda que se ha estancado (Hardoy y Satterhwaite, 1987). Al respecto, Abramo (2012: 41) señala que la informalidad urbana puede ser entendida como "un conjunto de irregularidades -o (a) regularidades", condición general que transita y se despliega entre las formas urbanas, la economía y las interacciones sociales.
Las investigaciones sobre informalidad urbana en Latinoamérica coinciden en que la consolidación de políticas urbanas neoliberales ha provocado una desregulación del uso del suelo y ha consolidado la proliferación de los asentamientos informales en sus periferias. Esto se puede apreciar cuando se analizan los indicadores internacionales, los cuales señalan que, entre 1990 y 2014, el porcentaje proporcional de habitantes viviendo en asentamientos informales bajó un 12,6% (de 33,7% en 1990 a 21,1% en 2014) (Sandoval y Sarmiento, 2018) y, a pesar de ello, el número total de personas viviendo en asentamientos informales en 2015 se estancó en 104.000.000 (UN-HABITAT, s.f.). Es en ese marco de naturalización de la informalidad urbana (Roy, 2005; 2011), que la tasa promedio de la población latinoamericana que vive en asentamientos informales ha alcanzado el 25%7 (UN-HABITAT, s.f.).
En Chile se presentan diferencias enormes en los catastros e indicadores de asentamientos informales. Mientras en el año 2016 ONU-Habitat señalaba que el 9% de la población vivía en asentamientos informales, el gobierno de Chile declaraba que era solo el 0.49%. Este delta responde a que el enfoque utilizado por el gobierno se centra en la tenencia legal del suelo y la vivienda8 (Pino y Ojeda, 2013; Calderón Cockburn, 2011), invisibilizando el déficit infraestructural y urbano asociado a dichos asentamientos (Ojeda, Bacigalupe y Pino, 2018; Inostroza, 2017), así como aquellos de origen informal9 (Pino, 2015; Paz Castro, et al., 2015). Es decir, los asentamientos informales (sin tenencia) suelen estar contiguos a asentamientos de origen formal (con tenencia), lo que genera sistemas socioespaciales de alta precariedad infraestructural y urbana10 (Pino, 2015; Paz Castro, et al., 2015).
Fernandes (2008: 27), señala que la informalidad urbana latinoamericana tiene un denominador común: "la ausencia de infraestructura urbanística y ambiental adecuada de equipamientos colectivos y de servicios públicos". Esto se debería a cuatro causas: la incapacidad estructural sistémica del Estado para enfrentar adecuadamente los déficits de viviendas; los criterios elitistas de la planificación urbana que no toman en cuenta la realidad socioeconómica de los territorios sobre los cuales actúan; la autonomía limitada de los municipios para generar actuaciones de impacto sistémico sobre sus territorios; y una legislación urbana conservadora que promueve el derecho a la propiedad individual sobre la colectiva.
Si bien, en el año 2015 la tasa promedio de los asentamientos informales en Latinoamérica se había reducido a un 25% (UN-HABITAT, s.f.), se estima que un 70% de los asentamientos actuales son de origen informal (Mertins, 2009), lo que deja entrever que los esfuerzos por regularizar la tenencia de suelo no han sido suficiente para resolver la proliferación de los asentamientos informales y, mucho menos, para resolver las carencias infraestructurales de los mismos (Gouverneur, 2015; Paz Castro, et al., 2015). Esto se debe a que los asentamientos informales (sin regularización en la tenencia) y los de origen informal (con regularización en la tenencia) se han localizado, principalmente, en las periferias, en zonas de baja plusvalía y/o en zonas de riesgos de desastre, así como en áreas que presentan conflictos normativos con los planes locales de ordenamiento territorial. En su conjunto, la carencia urbano infraestructural es la manifestación de la convergencia de impedimentos normativos, económicos y políticos del Estado para generar acceso a servicios básicos, como el acceso al agua.
En este sentido, en Latinoamérica la privatización de los modelos de gestión urbana del agua ha implicado que el sector privado sea el encargado de definir la oferta de servicios, mientras el Estado la regula (Mansilla, 2013), lo que no se traduce en una sincronía entre rentabilidad y política o interés público en el marco de un contrato social. Sin embargo, no todo corresponde a la contraposición público-privada, tal como señalan Budds y McGranahan (2003: 88), ya que "el debate privado versus público sesga la variedad de roles que las empresas privadas podrían desempeñar en los servicios de agua y saneamiento, y desvía la atención de los problemas que no tienen nada que ver con la privatización".
Un ejemplo de los problemas invisibilizados por este debate es el hecho de que las empresas privadas, los gobiernos locales, los organismos internacionales y la comunidad científica tiene cada uno su propia definición sobre la distribución universal del agua. Sin embargo, las investigaciones científicas apuntan a ampliarla al considerar el uso cotidiano que la comunidad podría darle a este recurso (cocinar, beber, riego, estanques, entre muchos otros) (Nganyanyuka, et al., 2014).
De acuerdo con Guimarães, Malheiros y Marques (2016), el acceso universal al agua se divide en seis estados que pueden ser o no complementarios: provisión, conexión, calidad del agua, regularidad, calidad del servicio e infraestructura de calidad. A esto se agrega el planteamiento de Nganyanyuka, et al. (2014) sobre el uso del agua, puesto que tener provisión y conexión a ella no garantiza su control y gestión y podría provocar, entre otros, almacenamientos inadecuados y contaminaciones asociadas a canalizaciones urbanas precarias y/o informales.
Los estudios sobre asentamientos informales suelen demostrar que el acceso al agua solo ha resuelto la etapa de provisión y que esta no necesariamente es realizada por el sector privado y/o público, sino por estrategias de autogestión de los habitantes y gracias el apoyo de instituciones externas que median la negociación (negotiated institutions) con el sector público-privado. En el caso de las primeras, Nganyanyuka, et al. (2014) han identificado siete tipos de estrategias de obtención de agua: robo de pozos profundos privados; instalación de bombas de agua y tanques de reserva; compra de agua a vendedores informales; compra de agua a vecinos; compra de agua a mezquitas o iglesias; compra de agua envasada; y conexiones ilegales y/o robo.
El caso del acceso al agua mediante el apoyo de instituciones negociadoras se enmarca en la política de UN-HABITAT, expresada en The challenge of slums. Global report on human settlements (UN-HABITAT, 2003). Dicho reporte que sostiene que las posibilidades de permanecer en un asentamiento informal, sin ser propietario, aumenta con la dotación de servicios básicos, ya que esta regularización (facilitación) implica un reconocimiento a su condición de poseedores irregulares de un sitio, lo que evitaría tácitamente la erradicación de los habitantes que viven en condición de tenencia informal del sitio en el que habitan (Hylton y Charles, 2018).
Sobre este punto, por ejemplo, existen antecedentes que demuestran que en Brasil y Colombia se presentan casos donde algunas ONG y los gobiernos locales han regularizado las conexiones informales (ilegales) a los servicios básicos, lo que ha conducido al reconocimiento de la tenencia irregular y/o informal. Esto avala que el acceso a servicios expresa formas de negociación de diversos intereses entre el Estado, la empresa privada y la ciudadanía, las que no necesariamente tienen que ver con formas y canales institucionales. Más aún, se trataría de un ejercicio de ciudadanía desde la precariedad.
Asimismo, los estudios sobre el acceso a los servicios básicos de los asentamientos informales son recientes, dando cuenta de la importancia que tiene pensar en alternativas de acceso a servicios básicos, sin que ello implique necesariamente procesos futuros de regularización de la tenencia de estos asentamientos (Ahlers, et al., 2014). Dos de los casos más emblemáticos de dicha forma alternativa de acceso a los servicios básicos en el Sur Global son el de Ahmadabad (India), donde unos asentamientos informales lograron tener acceso a la electricidad gracias a la mediación de dos ONG (Hylton y Charles, 2018) y el de Dar Es Salaam (Tanzania), el cual se destaca por la autogestión de sus habitantes para obtener agua por medio de estrategias diversas (Nganyanyuka, et al., 2014). En contraposición a estos ejemplos está Bujumbura (Burundi), donde los problemas de abastecimiento de agua potable por efecto del cambio climático, la pobreza, el acceso a la red de servicios básicos y los conflictos de poder han impedido pensar alternativas para su gestión (de Keijser, 2017). Otro caso destacable es Manila (Filipinas), ciudad en que la privatización del agua ha impedido la cobertura en lugares considerados de baja rentabilidad (Cheng, 2014).
En Latinoamérica se destaca el caso de Río de Janeiro (Brasil), donde los habitantes de sus favelas, mediante un proceso de coproducción con el sector privado, lograron acceso a la electricidad (Pilo', 2017), así como el de las favelas de San Pablo que, con la instalación de medidores de agua a través del programa Água legal, se han reconocido tácitamente las conexiones ilegales, sin que ello haya significado una mejora en el servicio (Hylton y Charles, 2018). De otra parte, en el año 2007 se implementaron en los asentamientos informales de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Argentina) los programas Agua + Trabajo y Cloacas + Trabajo, los que, al igual que en el caso de Río de Janeiro, posibilitaron el acceso al agua mediante procesos de coproducción entre habitantes y empresa privada (Besana, 2014). Si bien los casos mencionados han producido procesos de coproducción, implicando a la comunidad para acceder a los servicios básicos, uno de los efectos colaterales es que los ciudadanos coproductores se convierten en clientes colaboradores (Pilo', 2017).
Contrario a lo anterior, el caso de Cochabamba (Bolivia) se destaca por los conflictos generados tras la incorporación de modelos de privatización de las sanitarias en las zonas periurbanas, donde existían anteriormente formas comunitarias de autogestión, dando paso a la denominada guerra del agua (Marston, 2014) e impidiendo posibles procesos de mediación. De esta manera, lejos de reemplazar los sistemas informales de gestión del agua, el sistema formal ha incidido sobre aquellos alternativos que abastecen los espacios intersticiales sin cobertura de las empresas formales. Eso evidencia que los sistemas formales e informales de acceso a los servicios básicos como el agua no operan en esferas diferentes, sino que interactúan entre ellos (McGranahan, 2015; McGranahan y Mitlin, 2016).
En este marco aparece el concepto de paisajes del agua (waterscapes), el cual cuestiona las formas de comprender la relación entre la sociedad y el agua como una expresión dicotómica y considera las relaciones complejas de interdependencia generadas por las transformaciones que experimenta el agua (Ahlers, et al., 2014) en el acceso, el uso y la distribución desigual. De igual manera, tiene en cuenta la ecología y la economía política y pone al frente las relaciones de poder, al considerar la red de agua como un artefacto político, que manifiesta las asimetrías entre los grupos sociales que habitan la ciudad (Karpouzoglou y Vij, 2017). En ese sentido, el concepto de paisajes del agua es clave para comprender y tratar el acceso al agua como un indicador de exclusión socioespacial.
En el caso chileno y, en particular, en la ciudad de Valparaíso, lo que está en juego es la ausencia de cobertura de agua potable, alcantarillado, red seca y colectores de aguas lluvias dentro del límite urbano11. Condición que, además de ser una exigencia de la Ley 20.038,12 demuestra que el acceso al agua es una de las tantas expresiones de inequidad socio urbana en Chile y de los países del Sur Global.
Metodología
El artículo presenta los resultados de una investigación mixta que consistió en la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos de once sistemas urbano de asentamientos informales de la ciudad de Valparaíso, así como el relevamiento de datos secundarios a partir de la revisión de fuentes oficiales del Estado chileno.
Datos primarios:
Relevamiento ortofotogramétrico mediante dron. Entre enero y junio de 2018, mediante el uso de un dron profesional, se realizaron relevamientos ortofotogramétricos de los 57 asentamientos informales de la ciudad de Valparaíso, con el objetivo de identificar y clasificar los asentamientos en grandes sistemas urbanos. Se seleccionaron once de ellos, los cuales están localizados en la Zona de Interfaz Urbano Forestal expuesta a riesgo de incendio.
Entrevistas semidirectivas. Entre enero y septiembre de 2018 se realizaron entrevistas semi-directivas a veinte habitantes de cuatro sistemas urbanos de asentamientos informales (Torres de Mesana, Cuesta Colorada, Violeta Parra y Los Lancheros), acotando la muestra de estudio con el objetivo de identificar las estrategias y formas de provisión de agua de cada asentamiento.
Catastro planimétrico de sistemas de almacenamiento de agua. Se realizó un catastro in situ para realizar cartografías detalladas de los cuatro sistemas urbanos seleccionados, permitiendo, entre otras cuestiones, identificar los artefactos de almacenamiento de agua, la presencia o no de red seca, alcantarillado y colectores
Datos secundarios:
• Informes de gestión del sector sanitario. Se revisaron los informes de gestión del sector sanitario emanado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) del Gobierno de Chile.
• Cartografías oficiales de redes de agua. Se espa-cializaron en la plataforma GIS los datos cartográficos obtenidos en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y en la Empresa Privada ESVAL.
• Catastros de asentamientos precarios (informales). Se espacializaron en plataforma GIS los datos cartográficos de los asentamientos informales catastrados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y de la ONG TECHO.
• Catastro de tenencia (propiedad de suelo). Se espacializó en la plataforma GIS el registro comunal de tenencia obtenido en el Ministerio de Bienes Nacionales (MBBNN), con el objetivo de detectar los asentamientos informales que no han sido catastrados.
Tras la sistematización de la totalidad de la información cartográficos en la plataforma GIS, se pudo apreciar la magnitud de la inexistencia de cobertura de agua potable, alcantarillado, red seca y colectores de aguas lluvias en la zona alta de la ciudad, donde se emplazan los asentamientos informales.
Resultados
Valparaíso es una ciudad puerto, geográficamente dividida entre una planicie litoral estrecha que alberga el 7,2% de sus habitantes y sus cerros y quebradas, donde vive el 92,8% de la población. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS, 2015), la región de Valparaíso posee una cobertura de agua potable del 99,4% y del 93,4% de alcantarillado.13 A nivel de la comuna de Valparaíso, el censo de población y vivienda del año 2017 arrojó que, de un total de 117.196 viviendas, la cobertura de agua y alcantarillado es del 97,3%, lo que implica que existen 3.122 viviendas dentro del límite urbano que no poseen acceso a agua potable ni alcantarillado. A esto se deben sumar las viviendas de los asentamientos informales que están por fuera del límite urbano (INE, 2018).
Al superponer los datos cartográficos de fuentes oficiales con los levantamientos ortofotogramétricos, se constata que la mayoría de los asentamientos informales de Valparaíso se localizan en la Zona de Interfaz Urbano Forestal (Ojeda, Bacigalupe y Pino, 2018) y se encuentran entre la cota 100 y 400 msnm, teniendo como frontera el llamado "camino de cintura" o avenida Alemania que une distintos cerros de la ciudad y que opera simbólicamente como un límite entre lo formal y lo informal, entre lo consolidado y lo no consolidado (Pino, 2015).
Sistemas urbanos de asentamientos informales y el acceso al agua en la Zona de Interfaz Urbano Forestal
Al analizar el relevamiento ortofotogramétrico con los datos secundarios se constata que el catastro oficial de asentamientos precarios (informales) no considera los asentamientos que agrupen a menos de ocho familias en posesión irregular de un terreno. Con ello se invisibiliza el 67% del universo del territorio ocupado por viviendas informales, el cual representa un total de 124,15 hectáreas, frente a las 72,72 hectáreas catastradas por la ONG TECHO y el Ministerio de vivienda y Urbanismo (MINVU) (ver Figura 2). Tanto estas viviendas informales no catastradas como los asentamientos de origen informal, se encuentran contiguos a los asentamientos informales catastrados, constituyendo grandes sistemas urbanos con alta precariedad infraestructural.
Elaboración: Lautaro Ojeda y Andrea Pino (CINVIT).
Figura 2 Cartografía de los asentamientos informales.
Para efectos del análisis hemos categorizado los asentamientos informales en sistemas urbanos según su realidad geográfica (mesetas y/o quebradas). Esta subdivisión reveló que existen once sistemas localizados en quebradas, once en mesetas y dos que combinan ambas características geográficas. Otro resultado fue que solo tres de los 24 sistemas urbano geográfico de asentamientos informales se encuentran fuera del límite urbano definido por el Plan Regulador Comunal, lo que implica que los demás sistemas deberían presentar infraestructuras urbanas formales, como la cobertura de agua potable, alcantarillado, red seca y colectores de aguas lluvias (Figura 3 y Figura 4).
Elaboración: Lautaro Ojeda y Andrea Pino (CINVIT).
Figura 3 Cartografía de cobertura de agua en asentamientos informales en Valparaíso
Elaboración: Lautaro Ojeda y Andrea Pino (CINVIT).
Figura 4 Cartografía de la ausencia de cobertura de agua en la ZIUF de Valparaíso
Finalmente, 11 de los 24 sistemas se encuentran localizados en lo que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha denominado la Zona de Interfaz Urbano Forestal (ZIUF), la cual está expuesta a riesgo de incendio por la sustitución del bosque esclerófilo por especies introducidas extremadamente combustibles (pinus radiata y eucaliptus globulus), alterando el sistema ambiental de la ciudad (Magrini y López Varela, 2016).
El análisis de la cobertura de agua potable, alcantarillado, red seca y colectores de aguas lluvias revela que en la zona suroeste de la ciudad la red de agua potable y alcantarillado llega hasta los 260 msnm. Sin embargo, entre los 260 y los 410 msnm de dicha zona se localizan once sistemas urbanos de asentamientos informales: Los Lancheros, Pueblo Hundido, Pezoa Veliz, Pasaje Lorena, Violeta Parra, Mesana, La Ruda, Manuel Rodríguez, El Vergel Alto, Cuesta Colorada y La Isla Alto. Esta ZIUF, expuesta a riesgo de incendio, no cuenta con ninguno de los 1.131 hidrantes de la red seca que tiene la ciudad, los 22 estanques de agua que identifica la autoridad, ni con un colector de aguas lluvias.
Discusión final
Al analizar los once sistemas urbanos presentes en la ZIUF (Figura 3) se evidencia que, en nueve de ellos, el acceso al agua se realiza por medio de pozos, vertientes, conexiones informales y compra de agua potable distribuida por el camión aljibe municipal,14 lo cual obliga a que los habitantes tengan que auto-construir sistemas informales de distribución y almacenamiento de agua, no necesariamente herméticos y/o bien sellados (Figura 5).
Elaboración: Lautaro Ojeda y Andrea Pino 2018.
Figura 5 Fotos de sistemas informales de almacenamiento de agua
Los antecedentes presentados permiten dar cuenta de las diferentes escalas y dimensiones en las que se manifiesta el problema del agua. Sin embargo, su comprensión se vuelve más aguda en los marcos de la precarización urbana, informalidad y exposición a riesgo de desastre. Frente a un problema esencial y sensible como el acceso al agua, el caso de Valparaíso resulta paradigmático, debido al modo en que el código de aguas chileno y el mercado del agua excluyen a los grupos sociales vulnerables.
En efecto, la privatización de los servicios y el acceso desigual al agua tiene un ejemplo claro en la ZIUF, donde se emplazan los asentamientos informales de Valparaíso. Estas zonas se caracterizan por la ausencia de infraestructura destinada a canalizar, almacenar y distribuir las aguas potables, tratadas, grises y lluvias. Al mismo tiempo, la indisponibilidad de agua contrasta con la presencia de monocultivos altamente combustibles (pinus radiata y eucaliptus globulus) próximos a los asentamientos informales, que las convierten en zonas de alta vulnerabilidad ante el riesgo de incendio forestal urbano. En un país como Chile, expuesto a diversos riesgos de desastre (sismo, tsunami, incendios, aluviones, erupciones volcánicas), no deberían existir zonas sin infraestructuras urbano territoriales destinadas a mitigar la vulnerabilidad de sus asentamientos y, en una ciudad como Valparaíso, en la que la Zona de Interfaz Urbano Forestal se encuentra expuesta permanentemente a riesgo de incendio, la ausencia de cobertura de agua constituye un problema de ordenamiento territorial y medio ambiental.
El agua, pensada únicamente en su condición de recurso hídrico en la perspectiva del mercado, se presenta contraria a su reconocimiento como derecho humano. Al no ser un bien público, fortalece la posición de rentabilidad de la empresa propietaria de los derechos de agua regionales y se vuelve un negocio más significativo de cara a los asentamientos informales. Los resultados revelaron que las familias que habitan este tipo de asentamientos son proveídas mediante camiones aljibes, en un promedio mensual de 24.000 litros, cifra que supera el promedio nacional de consumo familiar de agua, que es de 19.000 litros mensuales. Esto se debe a que, ante la inexistencia de redes urbanas de distribución de agua, los habitantes se ven obligados a autoconstruir sus propios sistemas de distribución y almacenamiento y, dado que no están construidos por profesionales certificados, pueden presentar fallas y fugas que implican un mayor consumo. El valor por litro es bastante similar a la tarifa de 0.0016 dólares por litro que ofrece el mercado formal privado. Sin embargo, a diferencia del mercado privado, esta provisión municipal no incluye los servicios de alcantarillado y mantención de las redes, por lo que la cobertura de agua de los asentamientos informales sigue siendo un servicio sanitariamente deficiente. Asimismo, los habitantes de los asentamientos informales de Valparaíso reconocen que existen incertidumbres con respecto a la provisión del agua: no hay un proceso transparente que garantice la calidad del recurso que se les entrega; los factores climáticos y geográficos como la lluvia y la topografía abrupta influyen en la irregularidad e incertidumbre de la provisión; y la ausencia de redes urbanas de distribución de agua los obliga a descargar las aguas grises en su entorno inmediato, lo que genera un problema sanitario y un deterioro geotécnico paulatino del suelo sobre el cual se localiza el asentamiento.
De este modo, el acceso desigual al agua que se presencia en los asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo mantiene y/o refuerza las condiciones de exclusión y segregación socioespacial implícitas en este tipo de asentamientos.
