Habitar la Ciudad Desigual en Tiempos de Pandemia

La importancia de una vivienda adecuada se mostró de manera dramática con el comienzo de la pandemia. Mientras no se sabía mucho sobre las particularidades infecciosas del virus y no había vacunas, 'quedarse en casa' fue la primera y principal medida de cuidado individual establecida por gobiernos alrededor del mundo. Algunos autores como Bou ^{Akar (2021)} observan que la medida de quedarse en la casa para mitigar el efecto de la pandemia supuso un modelo de vida urbana uniforme y global -familias nucleares, unidades residenciales individuales y concepciones precisas de propiedad privada y pública (^{World Health Organization, 2020})- que está lejos de la realidad de las mayorías. Otros reclaman que las políticas de cuidado durante la pandemia se enfocaron más en mantener la infraestructura básica de las circulaciones capitalistas basadas en el valor de cambio de la vivienda (^{Vilenica et al., 2020}) que en el bienestar de la población. La crisis resaltó las grandes desigualdades urbanas preexistentes (^{Perelman & Di Virgilio, 2021}) e, iluminando las insuficiencias de la disponibilidad y de las características del espacio privado, evidenció la importancia vital de la vivienda (^{Walker, 2020}).

Las desigualdades raciales, étnicas y de clase se reflejaron también en los efectos de la pandemia, que perjudicaron especialmente a los residentes de bajos recursos y a las minorías. Esto tanto por las consecuencias negativas de las desigualdades urbanas preexistentes -que causan las comorbilidades- como por la falta de espacio público seguro (terrazas, jardines, parques), además de la necesidad de salir de la casa para ganarse la vida (^{Campello Torres & Jacobi, 2020}; ^{Walker, 2020}). Por otra parte, la vivienda está inmersa en relaciones de poder que no la hacen segura para todas las personas (^{Vilenica et al., 2020}). Así, las tasas de abuso de ninas y mujeres, e incluso de feminicidios, subieron de manera drástica durante la pandemia (^{Cavallero et al., 2021}). Al mismo tiempo, el espacio doméstico ha sido 'híper explotado', pues los confinados tuvieron que trabajar desde la casa, montar negocios u organizar otras formas de ingreso económico, mientras seguía la expectativa de la labor reproductiva sin remuneración. Los padres y madres, además, se volvieron profesores de sus hijos.

La pandemia iluminó especialmente los efectos negativos de la financiarización de la vivienda -que subyace a la política de incentivar la construcción en Colombia-, que la convirtió en un instrumento del capital, desconociendo su función social de ofrecer un lugar para vivir (^{Farhar & Porter, 2017}; ^{Madden, 2020b}). Estudios anteriores a la pandemia ya habían mostrado cómo las intervenciones derivadas de las políticas de vivienda orientadas hacia el mercado no solo reproducen las tendencias preexistentes a la segrega-ción y ayudan a consolidar las desigualdades urbanas (^{Valenzuela et al., 2021}), sino que producen también nuevas marginalidades y desigualdades (^{De Groot & Lemanski, 2021}; ^{Franco Calderón, 2020}; ^{Ortiz-arrieta et al., 2020}). Vivir en grandes proyectos de vivienda de interés social periférica implica para muchas personas tener barreras permanentes para el acceso a la vivienda adecuada y a la ciudad. En pandemia, la falta de acceso a servicios vitales, como el agua o alcantarillado; la exposición a elementos tóxicos, tanto en el entorno como dentro de las casas mismas; el encerramiento con abusadores emocionales, físicos, y sexuales; la ausencia de conectividad tecnológica, entre otros, son desafíos que enfrentan miles de residentes de bajos recursos y que, en esta coyuntura, se volvieron literalmente asuntos de supervivencia. Al mismo tiempo, la población más desfavorecida se ve constantemente amenazada de perder su residencia cuando no puede pagar sus arriendos o cuotas de hipotecas. La desigualdad e inseguridad laboral afecta a más de la mitad de la población adulta en el país y tiene repercusiones graves sobre sus condiciones de hábitat.

Estas circunstancias produjeron (resucitaron) llamados a entender la vivienda como un derecho, como un elemento clave del cuidado (^{Franco et al., 2020}; Ortiz & ^{Boano, 2020}), y a planear mejor el espacio doméstico. Estudios de la vida diaria de personas en el sur global muestran que, enfrentados con políticas estatales insuficientes o ausentes, las redes informales de apoyo frecuentemente son esenciales para la sobrevivencia, especialmente de los más desfavorecidos (^{Akar, 2021}). Esta observación resalta la importancia de la planeación, la arquitectura y el diseno urbano, que permiten y apoyan la interacción social, los encuentros ocasionales y los espacios para socializar en barrios, conjuntos residenciales y en la ciudad en general (^{Blanco, 2020}; ^{Malagón & Velásquez, 2021};

^{McFarlane, 2021}). La pandemia nos advirtió que la vivienda debe ser repensada para ser más amena y adaptable a diferentes necesidades, menos aislada, más cercana a servicios esenciales y más propicia a la interacción social. Como resaltan ^{Boano & Astolfo (2020}, p. 222), la habitabilidad podría ser concebida como "una forma de cuidado que resulta de encuentros sobrelapados, simultáneos, e incrementales con y entre diferentes personas, lugares, y servicios, y las prácticas espaciales que desarrollan para soportar y mantener la vida".

La Investigación

El estudio en el que se inscribe este trabajo fue un análisis sociológico, antropológico y arquitectónico, con énfasis en la convivencia, de las dinámicas cotidianas y de la experiencia de los residentes de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria -espetíficamente de una de las constructoras más grandes del país-. Revisamos documentos, bases de datos y planimetría de los conjuntos, y aplicamos una encuesta electrónica autoadministrada a 1,200 residentes (de 308 conjuntos en distintos municipios del país). Por la emergencia del COVID-19, para el trabajo etnográfico de profundización contratamos residentes de 11 conjuntos en cuatro regiones como auxiliares de campo. Con ellos hicimos entrevistas individuales, recorridos guiados, levantamiento de datos espaciales, registro fotográfico y de video de cada conjunto, muros virtuales de discusión y grupos focales virtuales con residentes. A través de esta combinación de técnicas, exploramos la experiencia de los residentes en sus viviendas y sus relaciones con los espacios comunales, con las administraciones y con los vecinos. Los datos de la encuesta los analizamos con tablas dinámicas de Excel y, con los datos cualitativos (entrevistas, observación, muros virtuales, grupos focales y preguntas abiertas de la encuesta), realizamos un análisis de contenido temático, con los programas Atlas ti y Nvivo. En este artículo nos centramos en las instancias en que los efectos de la pandemia se hicieron visibles en las formas de habitar y convivir en estos proyectos de vivienda, por lo que en las secciones siguientes presentamos principalmente los resultados del componente cualitativo, usando la información que en la codificación emergió como asociada a la pandemia. Sin embargo, antes de profundizar en estos hallazgos, incluimos algunos datos de contexto del análisis cuantitativo y espacial.

Los Proyectos de Vivienda y sus Residentes

El estudio incluyó 308 conjuntos desarrollados por una constructora privada en cuatro regiones del país. La mayoría de los proyectos, excepto en Bogotá -donde hay proyectos construidos desde el año 2000-, fueron construidos a partir de 2015, y son de un gran tamaño: el 49% de los proyectos están en el rango de 300 a 600 viviendas por conjunto, y el 35% están en el rango de 600 a 1,200 viviendas por conjunto (ver Gráfica 1). El 93% de las unidades de vivienda pertenecen a la categoría de VIS y el 7% restante a la de VIP (ver Tabla 1).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1 Conjuntos estudiados por región (color), año de construcción (eje x) y unidades de vivienda por proyecto (eje y). 

Tabla 1 Datos generales proyectos de vivienda social incluidos en el estudio 

Fuente: Elaboración propia.

Exceptuando dos urbanizaciones abiertas de vivienda unifamiliar en el Valle del Cauca (Jamundí y Candelaria), todos los proyectos son conjuntos cerrados, multifamiliares y de uso exclusivamente residencial. Gran parte de ellos está ubicada en suelos de expansión urbana, algunos asociados a figuras como los Macroproyectos de Interés Social Nacional, en fase inicial de consolidación, donde apenas se empiezan a implantar usos exclusivamente residenciales. Estas áreas de nueva urbanización periférica comparten características morfológicas, problemas de accesibilidad, falta de equipamientos y desconexión con los centros urbanos, que pueden impactar la vida cotidiana de los residentes.

La mayoría de los conjuntos estudiados son bloques de vivienda multifamiliar de cinco a seis pisos, con administraciones centralizadas, zonas de acceso para peatones y vehículos, portería, espacios libres para la recreación y zonas de aislamiento. Esta disposición estándar de conjuntos es similar en ciudades de clima cálido, como las de Atlántico, Magdalena, Valle y Tolima, y frío, como Bogotá y las ciudades de Cundinamarca. La única diferencia es que algunos conjuntos de clima cálido tienen piscina en las áreas comunes.

Las viviendas son un producto estandarizado, rígido y repetitivo, con diferencias marginales de áreas y tipologías: apartamentos de 30 a 50 mts2, con habitaciones divididas por muros delgados con función estructural, lo que limita la flexibilidad para modificar las viviendas. Este patrón de diseno no aplica en los dos proyectos del Valle del Cauca, que son viviendas unifamiliares en lotes alineados en manzanas abiertas.

Tabla 2 Síntesis datos sociodemográficos por región en las encuestas 

Fuente: Elaboración propia

Según la encuesta aplicada, la mayoría de los residentes son propietarios de vivienda por primera vez: del 94% de propietarios[³], el 82% antes era arrendatario. 84.9% de residentes viven por primera vez en propiedad horizontal. 35.6% de los residentes reporta un ingreso[⁴] entre 1 y 2 millones de pesos, seguidos por el 33.76%, que reporta entre 500 mil y 1 millón de pesos. Un 11.7% cuenta con entre 2 y 3 millones, y casi el mismo porcentaje con entre 0 y 500 mil pesos mensuales. Solo el 8.59% de los residentes consideran sus ingresos mensuales suficientes para cubrir los gastos mínimos de sus hogares.

Un 19% de los adultos tiene educación superior (universitaria o posgrado), 28.6% tienen educación técnica o tecnológica, 40.4% bachillerato y 10.7% tienen la primaria completa. 13% de los adultos en los hogares encuestados está desempleado. Las ocupaciones de los adultos del hogar más mencionadas son auxiliar (de enfermería, de odontología, de contabilidad), administrador y similares, independiente, docente, empleados varios y desempleados. También hay alta presencia de 'trabajadores por cuenta propia', quienes frecuentemente realizan sus actividades económicas dentro de las viviendas (fabricación o venta de productos).

En entrevistas y grupos focales, los residentes resaltaron problemas comunes de convivencia (ruido, manejo de mascotas, basuras, uso de zonas comunes, faltas de respeto y roces cotidianos) y desafíos por las condiciones estructurales de los conjuntos. Estas nuevas urbanizaciones periféricas todavía no ofrecen la infraestructura de soporte necesaria para las actividades cotidianas. Sobre todo en los proyectos más recientes falta acceso a transporte público, y, en la mayoría, falta comercio y equipamientos (de salud, educativos, de integración social), carencias que son difíciles de suplir por los mismos residentes.

En síntesis, los proyectos de vivienda de interés social desarrollados por constructoras privadas en distintas regiones de Colombia son muy parecidos: ubicados en periferias metropolitanas, de gran tamaño, en zonas de nueva consolidación, con uso casi exclusivamente residencial y desconectados de bienes y servicios urbanos. La mayoría de los hogares son de ingresos medios y bajos, en situaciones laborales precarias o inestables, que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad horizontal. Muchos de los hogares tienen problemas para sostener sus costos de vida (gastos de cuota hipotecaria, administración, transporte y acceso a servicios de salud y educación), lo que implica retos para la vida individual y colectiva en los conjuntos. A estas condiciones, se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia.

Las Disrupciones de la Pandemia: Propiedad Horizontal en Crisis

La pandemia hizo que la gente tuviera que permanecer más tiempo dentro de sus viviendas. Desde el comienzo de la cuarentena general en Colombia, en marzo de 2020, hasta septiembre del mismo año, el mandato 'quédate en casa' rigió a la mayoría de la población del país, introduciendo gradualmente excepciones para ciertas ocupaciones que podían movilizarse fuera de sus hogares. Gran parte del 2021 ha transcurrido, también, con limitaciones en las actividades económicas y sociales en el país.

Además de los impactos negativos económicos y sanitarios que sufrió la población en Colombia, especialmente aquella de ingresos medios y bajos en los conjuntos VIS, la pandemia tuvo impactos específicos en las relaciones entre los habitantes y los espacios residenciales y comunales, en las relaciones entre vecinos y en la regulación de actividades y comportamientos en propiedad horizontal.

Para comenzar, la pandemia resalta aspectos físico-arquitectónicos de los conjuntos, principalmente los relacionados con la construcción misma, que afectan de manera negativa tanto la experiencia de la vida allí como la convivencia entre los residentes. Con los residentes confinados en las viviendas y realizando actividades cotidianas dentro de los apartamentos, las limitaciones constructivas de las viviendas (unidades pequenas y muros delgados) salieron a relucir. La falta de privacidad y aislamiento entre las unidades de vivienda se hizo evidente, y el ruido de las actividades en los apartamentos causó tensiones que afectaron de manera negativa la convivencia en los conjuntos. Adicionalmente, la suspensión de obras hizo que los residentes vivieran en apartamentos, conjuntos y entornos urbanos sin terminar (las viviendas se entregan en obra gris). Algunos tuvieron que posponer la mudanza por demoras en la entrega o por las restricciones de la cuarentena nacional. Este estado de suspensión en entornos residenciales cuya consolidación estaba apenas iniciando afectó también el acceso a infraestructura, servicios y equipamientos: en Tolima la construcción del colegio público de la zona quedó suspendida, mientras que en otras regiones se suspendieron rutas circulares de transporte que suplían la carencia de transporte público.

Las medidas de aislamiento y cuarentenas afectaron la convivencia y relaciones vecinales: la suspensión de actividades comunitarias, deportivas o religiosas dentro y fuera de los conjuntos, como misas, 'viejotecas', bingos y otros eventos, redujo la interacción. La mayoría de los espacios comunales en los conjuntos (salones comunales, piscinas y parques infantiles) quedaron clausurados, y aquellos que estaban en construcción quedaron indefinidamente incompletos. Esto afectó especialmente a niños y jóvenes, que debieron permanecer encerrados en sus (incompletas) viviendas, con los colegios suspendidos y sin cuidados, porque muchos residentes tenían que continuar con sus actividades laborales.

En actividades como jornadas comunitarias de limpieza y mantenimiento del espacio público, la participación de residentes bajó dramáticamente, generando deterioro. Las copropiedades se vieron afectadas por reducciones en el pago de cuotas de administración por parte de residentes afectados económicamente. Además, hubo conflictos frente al seguimiento (o falta de seguimiento) de los protocolos de bioseguridad.

Sin embargo, ligadas a estos impactos negativos de la pandemia, surgieron también nuevas instancias de cooperación, solidaridad y cuidado mutuo, así como de comunicación entre residentes. En contraste con nuestra investigación anterior, donde los residentes senalaron un ideal de "no meterse con nadie" (^{Hurtado-Tarazona et al., 2020}), ahora identificamos instancias de ayuda económica o de cuidado entre vecinos a los hogares más negativamente afectados por la pandemia. Algunos entregaron mercados a otros residentes que perdieron la salud o el empleo. También, ayudaron en el cuidado de hijos a quienes por su trabajo tenían que salir de sus casas en medio de la cuarentena. Residentes profesionales de la salud ofrecieron orientación médica o toma de signos vitales. Se abrieron canales de comunicación -principalmente por WhatsApp- que antes no existían, con el propósito de hacer circular información para enfrentar la crisis. Por otra parte, las rígidas normas que prohíben la actividad económica en los conjuntos, especificamente los negocios en las viviendas, se flexibilizaron. Es decir, como se mostró en otros lugares (^{Akar, 2021}), se formaron redes informales de apoyo que se volvieron claves para el bienestar de los residentes. En los conjuntos de vivienda de interés social periférica, la propiedad horizontal, sus principios y regulaciones entraron en crisis con la pandemia. Como mostramos a continuación, esto ha implicado al mismo tiempo abrir nuevas posibilidades para la vida colectiva, mediante la flexibilización de algunas regulaciones, y cerrar otras, endureciendo ciertas restricciones.

La Necesidad Económica como Motivo para la Flexibilización de Regulaciones

Como mencionamos anteriormente, muchos residentes de los proyectos de vivienda de interés social están en una situación económica vulnerable, con precariedades laborales, que amenaza su sostenibilidad económica, dado el alto costo de vivir en estas localizaciones periféricas. Así, desde antes de la pandemia funcionan negocios en las viviendas, aún cuando estos están explícitamente prohibidos, por ser conjuntos de uso exclusivamente residencial. La falta de comercio en las zonas vecinas a los conjuntos suscita estas infracciones. Una residente de un conjunto en Barranquilla senaló:

Yo no puedo decir que voy a ir al [centro comercial] Bellavista a comprar algo, no... Yo tengo que salir de aquí en un vehículo, entonces cuando Alameda [ciudadela donde queda el conjunto] la crean, aquí no había nada. Si necesitábamos una gaseosa, por ejemplo, no había dónde comprarla. Entonces ante la necesidad se crea la solución y en este momento el conjunto tiene muchos negocios.

Como reacción a las restricciones a la movilidad y a la crisis económica desencadenada por el COVID-19, estos negocios en las viviendas se han multiplicado. Si bien para algunos esto es problemático, especialmente por la venta de licor y el ruido en horarios inadecuados, varios residentes expresaron que los negocios representan una solución a las necesidades diarias (tiendas de víveres y productos básicos, preparación de almuerzos, sastrerías, cuidado de niños). En contraste con estudios anteriores en entornos similares (^{Hurtado-Tarazona et al., 2020}), pudimos identificar una disposición más alta de la comunidad y de las administraciones a aceptar los negocios. Esta disposición se tradujo en la flexibilización de algunas medidas por parte de las administraciones de los conjuntos. Un residente de un conjunto en Ibagué, Tolima, cuenta que antes de la pandemia en el conjunto operaban algunos emprendimientos como salones de belleza, pero sin publicidad, pues la administración sancionaba los negocios en los apartamentos. Con la cuarentena uno de los vecinos puso una tienda en su apartamento, con la autorización de la administración, y fue una fuente de suministro de bienes de primera necesidad para los vecinos durante las medidas más estrictas de aislamiento social.

En un conjunto de Soacha, a las afueras de Bogotá, una residente reportó que la administración, que antes tenía estrictamente prohibido fijar avisos en las ventanas anunciando ventas de productos u ofreciendo servicios, permitió usar una cartelera en la portería para este fin. Según ella, estas medidas son transitorias: "La administración ha sido un poco consciente de la situación difícil económicamente que ha implicado la pandemia y por tanto se ha mostrado tolerante con los negocios en los apartamentos mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria". En otros conjuntos, la flexibilización de las restricciones ha sido parcial, como cuenta un residente de otro conjunto de Ibagué:

Con la pandemia, a muchos residentes despidieron de su trabajo y muchos de ellos optaron por poner en sus apartamentos pequenos negocios: venta de huevos, leche, carne, comidas rápidas, etc. La administradora facilitó estos negocios con el compromiso de que se manejaran los protocolos de bioseguridad y que quienes tienen negocio no ofrecieran de manera abierta, sino que a través de WhatsApp se promocionan y solamente se hacen bajo pedido. Sin embargo, en las ventanas de los apartamentos sí se han puesto avisos tipo 'tienda aquí' donde se venden diferentes tipos de artículos.

El hecho de que, en sectores con difícil acceso a comercio, con limitaciones a la movilidad debido a la pandemia, y con residentes en necesidad económica, se permita gestionar negocios en las viviendas resulta conveniente para muchos residentes; sin embargo, la recepción de esta flexibilización de restricciones es mixta entre los vecinos. Aunque existe cierta resistencia y se dan quejas por los negocios en las viviendas, en la práctica los negocios han crecido y los vecinos son sus principales clientes. Una residente de un conjunto en Santa Marta, Caribe, contó que antes de la pandemia unos residentes operaban una tienda tipo minimarket en un apartamento y que, por quejas de los vecinos, incómodos con el flujo de personas dentro del conjunto, los duenos tienen un proceso abierto ante la administración, proceso que "puede finalizar incluso en quitarles el apartamento a los propietarios". Sin embargo, según ella

la gente se queja por los negocios, pero también hacen uso de ellos. Con el tema de la pandemia, las personas de las tiendas han aprovechado mucho la situación y el negocio ha crecido, tanto así que la propietaria de la tienda [que estaba en proceso de sanción] alquiló otro apartamento para vivir ahí y dejar el otro apartamento únicamente para la tienda.

En síntesis, con la pandemia, tanto administraciones como residentes aumentaron su tolerancia a los negocios en las viviendas; las primeras establecieron medidas parciales o temporales de autorización de negocios, mientras que los segundos afirmaron su necesidad en esta coyuntura. Aunque subsisten algunos desacuerdos entre los vecinos, la flexibilización de restricciones a actividad económica en las viviendas ha mostrado ser beneficiosa para la vida colectiva, y podría contemplarse la manera de regular estas actividades para hacer de ellas oportunidades económicas permanentes.

La Bioseguridad como Justification para el Endurecimiento de Restricciones

Desde antes de la pandemia, las urbanizaciones de conjuntos cerrados de vivienda de interés social establecieron fronteras rígidas entre los espacios interiores y el exterior; además, la preocupación por la seguridad ha guiado siempre los reglamentos de propiedad horizontal. Esto lo interpretamos en estudios anteriores como una manera de consolidar una estética de vivienda de clase media, en la que a la preocupación por la seguridad subyace una preocupación por la exclusividad y el orden que excluye todo lo que se parezca a los barrios populares o de origen informal (^{Hurtado-Tarazona et al., 2020}).

Con la pandemia, estas restricciones que refuerzan la separación entre los conjuntos y su entorno aumentaron y, a la preocupación por la seguridad, se sumó la preocupación por la bioseguridad y la higiene. En varios conjuntos las administraciones establecieron reglas más estrictas de acceso y de uso de zonas comunes. Esto generó roces entre vecinos, pues algunas personas defienden las medidas, mientras que otras las ven como excesivas y restrictivas de sus libertades individuales.

Un residente en Bogotá cuenta cómo en su conjunto se restringió la entrada de domicilios, visitantes o vehículos distintos a los de los residentes, lo que molestó a unos residentes cuando sus familias no podían entrar. Otros se quejaron de los nuevos protocolos de ingreso para visitantes. Además, relata que los vigilantes están sobrecargados con las tomas de temperatura y desinfección de zonas de contacto.

El uso 'adecuado' de las zonas comunes en tiempos de pandemia también generó desacuerdos. En la mayoría de los conjuntos, durante los primeros meses de la pandemia todas las áreas de uso común (parque infantil, salones comunales, piscinas) fueron clausuradas. Aunque con el paso del tiempo estas se han reabierto, numerosos residentes expresaron que algunos vecinos no acatan las normas de bioseguridad: en Ibagué y Cali los residentes comentaron que niños y jóvenes usan las zonas comunes, aunque no esté permitido, y que los vecinos se molestan si se les hace notar que están infringiendo los protocolos de bioseguridad. En otros conjuntos los residentes senalaron que los niños salen sin tapabocas y sin supervisión de sus padres.

Incluso el uso de los espacios privados causó roces entre vecinos. Hubo desacuerdos sobre si se debería permitir dejar zapatos afuera de las entradas de los apartamentos; algunas administraciones lo permitieron, otras no, pues esto violaba las normas de uso de las áreas de circulación, donde generalmente está prohibido dejar objetos personales. En varios conjuntos identificamos roces también por el ruido de los vecinos en las noches, lo que ha sido siempre un problema, pero en esta coyuntura los residentes aluden, además, a las normas de aislamiento social para denunciar reuniones sociales no permitidas. Mientras muchos residentes están a favor de estas restricciones reforzadas, otros, como un residente en Soacha, están en contra: "me gustaría que fuéramos más tolerantes con las necesidades puntuales durante la cuarentena, zapatos afuera, además que seamos conscientes de que ahora cada apartamento es una oficina de trabajo".

Hacia afuera de los conjuntos también se profundizaron los conflictos; si bien desde antes de la pandemia había rechazo a los puestos de ventas de comida u otros artículos en la calle, por considerar que son sucios, desordenados y que desvalorizan el sector, durante la pandemia surgieron nuevos motivos para denunciarlos, como cuenta una residente en Bogotá:

Necesitamos hacer gestión para el tema de los vendedores ambulantes que no cumplen con las normas de salubridad por COVID y que además generan ruidos, olores y desorden hasta altas horas de la noche, incomodando a los residentes de la Torre 7.

El trabajo con residentes en las cuatro regiones mostró retos relacionados con el incumplimiento de las normas de convivencia en la propiedad horizontal y con lo que muchos residentes suelen senalar como "'alta de cultura', algunos haciendo referencia a la 'cultura ciudadana'. Como lo sintetiza un residente en Barranquilla:

Para vivir en un conjunto se requiere responsabilidad por asuntos como el cumplimiento en los pagos, en los horarios de sacar las basuras, en el asumir las actividades de los niños, en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y de bioseguridad en estos momentos de pandemia.

Estos retos de convivencia son esencialmente los mismos que existían antes de la pandemia, pero bajo la justificación de la higiene y la bioseguridad se abrió el camino para excluir más a ciertas personas y para denunciar algunos comportamientos no deseados.