Introducción

Una de las variables que permite aproximarse a la magnitud de la crisis es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2020}), el PIB mundial va a crecer cerca de un -2%, la caída más fuerte en la producción global desde 1929; siendo mayor el choque en los países desarrollados que en los países emergentes, mientras China, a pesar de esperar una tasa de crecimiento positiva, será mucho menor a la pronosticada a inicio de año (Ver Tabla 1). El crecimiento negativo que se observa en la tabla mencionada tiene varios determinantes, tanto del lado de la oferta como de la demanda. En primer lugar, las cadenas de abastecimiento y logísticas de las empresas en el mundo han sido interrumpidas debido a las medidas adoptadas para reducir la velocidad de propagación del virus de la COVID-19. Adicionalmente, la política de confinamiento implementada en gran parte del mundo impide que muchos trabajadores puedan asistir de forma normal a sus lugares de trabajo, interrumpiendo así el normal funcionamiento de las firmas. Así mismo, el confinamiento ha provocado que el consumo de los hogares se reduzca considerablemente o en el mejor de los casos se concentre en bienes de primera necesidad (^{CEPAL, 2020}).

Tabla 1: Proyección tasa de crecimiento económico 2020 

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{CEPAL (2020)}.

Por su parte, el flujo de comercio internacional, que no había podido recuperarse del todo del último golpe recibido con la crisis del 2008, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, experimentó una caída de entre el 13% y el 32% (^{OMC, 2020}). Si bien este es un ítem que ha venido decayendo desde años anteriores, gracias a la repercusión sobre las cadenas globales de valor, de las barreras comerciales impuestas entre Estados Unidos y China. Esta situación tiene un impacto mucho mayor para los países suramericanos. Primero, la caída en la actividad económica de los países desarrollados entorpece las cadenas de valor de importantes sectores productivos. Segundo, el patrón de especialización productiva es otro obstáculo que deben enfrentar, ya que la caída en la demanda y en el precio de las materias primas, hace prever una reducción en el valor de las exportaciones totales, en el caso de Latinoamérica, se espera que esta caída sea del 14.8% (^{OMC, 2020}).

Por otro lado, a nivel interno las economías también experimentan convulsiones, la más trascendental de todas es tal vez el empleo. En el caso colombiano, el desempeño en la creación de nuevos empleos ya venía preocupando desde antes de iniciar la pandemia, para el mes de marzo de 2020 la tasa de desempleo fue de 12.6% casi dos puntos porcentuales más que el año anterior, cuando fue de 10.8% (^{DANE, 2020}). En esto tiene que ver, nuevamente la estructura del país, ya que los sectores productivos que representan un poco más del 90% del producto nacional, se han visto afectados por la pandemia (principalmente minas, comercio y turismo), mientras sectores como el agropecuario, que no han recibido un impacto negativo, sólo representan un 6% (^{DANE, 2020}). Esta situación se ve ampliada si se tiene en cuenta la informalidad, la cual llega al 50% de la economía, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (^{DANE, 2020}), y en su mayoría son trabajadores que reciben ingresos diarios por sus actividades productivas y que no cuentan con las condiciones mínimas de protección social (salud y pensiones), por lo tanto, el quedarse en sus casas es sacrificar las posibilidades de obtener los recursos de sustento de sus familias. Por último, las condiciones financieras de las empresas también es un tema preocupante; de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), la capacidad de ahorro de las unidades productivas en el país es de alrededor del 15%, esto representa recursos para soportar sus costos fijos aproximadamente por un mes sin recibir ingresos, poniendo en riesgo el empleo de aproximadamente el 34% de la población ocupada de manera formal (^{ACOPI, 2020}).

Lo anterior tiene efectos en otros indicadores de bienestar social como por ejemplo la pobreza, de acuerdo con estimaciones de ^{Sánchez y Chaparro (2020)}, la tasa de pobreza en Colombia habría pasado del 18 al 32% en las principales ciudades, mientras la pobreza extrema pasaría del 4.5 al 16.7%, lo cual representa un retroceso de dos décadas en el avance de esta variable y evidencia que la población que dejó de ser pobre en los últimos decenios, se convirtió en una clase media vulnerable con una alta exposición a los choques económicos. Pero además de la pobreza, la persistente desigualdad puede verse profundizada por la ampliación de brechas en los hogares ricos, quienes tienen un mayor ingreso por rentas del capital y los hogares pobres, cuyos ingresos dependen principalmente del trabajo. Lo anterior hace evidente que, salvar el ingreso laboral, es la estrategia más adecuada para que la población acceda a los bienes básicos e impida una crisis peor.

Las restricciones y las interrupciones en las cadenas de suministros afectan de igual manera a las unidades productivas del sector rural. Algunos trabajadores agrícolas han debido frenar sus actividades diarias, incrementando la tasa de desempleo en estas zonas (^{DANE, 2022}). Sin embargo, se considera que el mayor efecto sea sobre las cadenas de suministros alimentarias, en especial de productos de un alto cuidado por tanto alto costo de producción y, finalmente la caída en la demanda sin duda mantendrá los precios bajos, impactando directamente los ingresos de las familias campesinas.

Por último, la fragilidad del modelo de desarrollo rural implementado en los países en vías de desarrollo como Colombia, demanda la búsqueda de alternativas transformadoras para la post pandemia, que apunten a la generación de empleo formal, la superación de la pobreza en territorios rurales, el acceso a oportunidades y el cierre de brechas económicas entre todos los ciudadanos del campo y la ciudad. Es por esto por lo que nos preguntamos ¿qué alternativas de desarrollo rural existen para generar propuestas en el marco de la reactivación económica después de la crisis sanitaria de la COVID-19?

Metodología

En este artículo se analizan las alternativas de desarrollo rural con el fin de generar propuestas para la post pandemia en el sector rural en Colombia, utilizando una metodología cualitativa, basada en la revisión de la literatura. Según ^{Gutiérrez (1985)}, la revisión bibliográfica es la forma de analizar los documentos, los métodos comúnmente utilizados para esto son el método de tabulación y el método interpretativo. En este estudio se utilizó un método interpretativo; con base en lo anterior, se identificaron las publicaciones realizadas sobre modelos de desarrollo rural en Colombia en el periodo de 2009 a 2019. La selección del periodo se hizo por motivos de conveniencia y saturación. Se identificó cuales eran los estados del arte que ya se habían realizado hasta el momento sobre la temática y luego se consideró la necesidad de un periodo reciente para el acceso fácil a los documentos de manera virtual. Se revisaron bases de datos como Sinab y SciElo, también se visitaron los repositorios de universidades como la Universidad nacional de Colombia, la Universidad de la Salle y la universidad Javeriana. Se utilizaron palabras clave como: agricultura, desarrollo rural, ruralidad, campesinado, desarrollo agrícola y desarrollo rural integral. Inicialmente se reconoció la revista Cuadernos de Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana como la mas relevante en esta temática y se revisaron las publicaciones de organismos como: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el ^{Banco de República}, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fedesarrollo. Se identificaron algunos autores que han tratado la temática en sus publicaciones: Carlos Salgado, Antonio García, Absalón Machado, Doris Ochoa, Darío Restrepo, Olga Castillo, Olga Huertas, Marlon Méndez, Lorena López, María Farah, Álvaro Gutiérrez y otros que serán citados en el presente artículo.

Para el análisis de los resultados se utilizó como técnica el resumen analítico especializado, lo que permitió organizar y categorizar las 37 publicaciones identificadas. Se presenta a continuación la herramienta utilizada para la realización de los resúmenes analíticos especializados (Tabla 2).

Tabla 2: Resumen analítico especializado 

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Modelos de desarrollo rural en Colombia

Las políticas públicas del sector rural en el mundo han sido el resultado de la evolución de la definición del concepto de desarrollo rural surgido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. En Colombia, el sector rural se ha desarrollado bajo la implementación de los principales postulados de estas teorías (^{Fonseca et al., 2017}). Los modelos de desarrollo se ubican en cuatro momentos históricos. Primero, de los años cincuenta a los setenta se originan las teorías de la modernización y el estructuralismo; luego, entre la década de los sesenta y setenta aparece la teoría de la dependencia; después, en los años ochenta surge el neoliberalismo hasta la actualidad; y, finalmente en la década de los noventa aparecen las críticas al desarrollo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se origina el modelo de la modernización, en el cual Estados Unidos y Europa llevarían el conocimiento, las capacidades, la tecnología, la organización, las instituciones, las actitudes empresariales y el espíritu innovador a los países pobres. En Colombia esta transición se llevó a cabo a través del Programa de Desarrollo Rural Integrado -DRI ( ^{Vargas y Sánchez, 2020}).

Después de la Segunda Guerra Mundial, el estructuralismo tuvo influencia en Colombia. Este modelo considera que la industrialización es el principal factor de modernización del sector rural. Fue así, que se incorporó en algunos países latinoamericanos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El estructuralismo aumentó la crisis del sector rural y generó varios procesos de importación de alimentos básicos en el país.

La teoría de la dependencia buscaba explicar la variedad que existía entre los países desarrollados y los subdesarrollados, en cuanto a industrialización. “El enfoque neoliberal se concentra en gestión fiscal, privatización, mercado de trabajo, comercio y mercados financieros, como estrategias para sacar a los países de la crisis de la deuda en los años 80” (^{Pérez, 2002}, p. 34).

A partir de la década de los años 70 aparece una nueva escuela de pensamiento económico en Europa, obteniendo la mayor profundidad teórica en Francia, la denominada Teoría de la regulación; su objetivo es entender las causas de las grandes crisis. La teoría ha sido abierta a la interdisciplinariedad (como la historia, la ciencia política y la sociología) y recurre a variables cualitativas a diferencia de otras teorías.

La Economía ecológica se origina en la década de los años ochenta como respuesta a la crisis ecológica que surge con la aparición del hoyo en la capa de ozono. Esta teoría económica integra elementos de la economía, ecología, termodinámica, ética entre otras ciencias que permiten entender las interacciones entre economía y medio ambiente.

A principios de los años noventa emerge el enfoque neoestructuralista como respuesta al modelo neoliberal. El neoestructuralismo comparte la postura básica del estructuralismo.

El neoestructuralismo también ha sometido a un detallado examen crítico algunas presunciones claves del estructuralismo, especialmente aquéllas que se asientan sobre una confianza excesiva en un intervencionismo estatal idealizado, así como su exagerado pesimismo respecto a las posibilidades de la exportación y el reconocimiento insuficiente de la importancia del despliegue oportuno y adecuado de estrategias que aborden los desequilibrios macroeconómicos, particularmente ha revisado sus infravaloraciones de los aspectos financiero y monetario. (^{Kay, 2007}, p. 23)

El desarrollo a escala humana aparece en la década de los años ochenta y con el, diversos paradigmas conceptuales como el Etnodesarrollo, Desarrollo Comunitario-DC, Desarrollo Humano-DH, Desarrollo Local-DL y Desarrollo Sostenible-DS. A pesar de las críticas, en estos modelos se destacan elementos del DH.

Para las Naciones Unidas, el DH se refiere al desarrollo de los seres humanos en todos los estadios de la vida, y consiste en una armoniosa relación entre personas, sociedad y naturaleza que asegura el florecimiento completo del potencial humano, sin degradar, arruinar o destruir la sociedad o la naturaleza. (^{Carvajal, 2009}, p. 246)

Las perspectivas de DH conllevaron debates en torno a las formas tradicionales de medición de la calidad de vida, especialmente centrados en el PIB. Los debates formularon nuevas mediciones e indicadores que involucraban variables para caracterizar la pobreza; por ejemplo, se implementó el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que muestra el porcentaje de hogares que tienen al menos una Necesidad Básica Insatisfechas. También, se formuló desde un enfoque multidimensional el Índice de Desarrollo Humano (IDH) el cual mide si el país genera un ambiente adecuado para que las personas alcancen un mayor desarrollo, aquí se tienen en cuenta tres variables: la esperanza de vida al nacer, la educación en relación con el nivel de estudios alcanzados y el PIB que permite saber si la sociedad dispone de recursos para vivir de manera digna.

La revolución que inician los modelos alternativos del desarrollo se trunca al no lograr cumplir todas las promesas universales de minimizar la inequidad, como indica ^{Escobar (1999)} “la idea del desarrollo está perdiendo fuerza por su incapacidad para cumplir sus promesas” (p. 129). De esta forma, el creciente descontento con el desarrollo en países en vías de desarrollo da origen a nuevas y renovadas ideas de decrecimiento, deconstrucción, postdesarrollo, transdesarrollo, buen vivir o vivir bien que involucran discursos postestructuralistas de la realidad, la cultura, la pobreza, el neoliberalismo y otros, desde el pluralismo y la plenitud colectiva en busca del bien social, la buena vida y el bienestar.

A continuación, se presenta una tabla recapitulativa de los modelos de desarrollo que han tenido influencia en el desarrollo de rural de América Latina y particularmente en Colombia (Tabla 3).

Tabla 3: Tabla recapitulativa de los modelos de desarrollo 

Fuente: elaboración propia basado en ^{Acosta (2010)}, ^{Carvajal (2009)}, ^{Escobar (1999}; ²⁰¹⁶), ^{Fonseca et al., (2017)}, ^{Kay (1991}; ²⁰⁰¹; ²⁰⁰⁷), ^{Latouche y Harpages (2010)}, ^{Nussbaum (2012)}, ^{Nussbaum y Sen (2000)}, ^{Pérez (2002)}, ^{Sen (1998)}, ^{Tortosa (2011)}, ^{Unceta (2009)}.

¿Qué otros modelos de desarrollo rural se pueden identificar en Colombia?

La economía solidaria aparece de manera transversal en los diferentes modelos de desarrollo a nivel mundial y es relacionada de diferentes maneras con estos. Por ejemplo, en Europa las organizaciones de economía solidaria y particularmente las cooperativas, fueron utilizadas como herramienta para volver a construir el sector agrícola después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos y Canadá han servido como impulsadoras del desarrollo rural y han logrado que a través de estas los campesinos tengan acceso a una infraestructura y servicios de asistencia técnica que de manera individual nunca hubieran logrado.

En América Latina han sido dos las corrientes que han tratado de explicar este modelo; por una parte, la corriente ético-moral de autores como Luis Razeto o Pablo Guerra. Esta corriente presenta un modelo de desarrollo que logra integrar la ética con la economía (^{Dávila et al., 2018}). En América Latina ha tenido gran influencia la Iglesia Católica con la presencia de varias comunidades religiosas que inicialmente cubrían las necesidades básicas de salud y educación que el Estado no cubría. Actualmente, todavía quedan las comunidades con presencia sobretodo en el sector educativo en colegios y universidades. Por consiguiente, la corriente económica con autores como José Luis Coraggio, Max Neef y Singer (^{Dávila et al., 2018}). Estos autores reconocen los aportes de la corriente ético-moral, pero a diferencia de esta última, dialogan con otras disciplinas como la antropología y la sociología.

En Colombia, es necesario

mantener el debate teórico, conceptual y epistemológico alrededor del concepto que aún esta en construcción y que se entiende como economía solidaria. Este estudio plantea la necesidad de reconocer todas aquellas formas de organización que responden a las prácticas de ayuda mutua, solidaridad y reciprocidad. (^{Dávila et al., 2018}, p. 5)

Como organizaciones de economía solidaria y que podrían responder a la crisis sanitaria para conservar empleos o para desarrollar estrategias para la post pandemia.

Sin embargo, de acuerdo con la normativa colombiana¹, las organizaciones del sector solidario se dividen en dos grupos. El primer grupo se denomina economía solidaria y el segundo grupo lo llaman solidarias de desarrollo. El primer grupo reconoce tres organizaciones: las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Este grupo de organizaciones es vigilado por la Superintendencia de Economía Solidaria - Supersolidaria. El segundo grupo registra una serie de Entidades Sin Ánimo de Lucro-ESALES sin tener muy claro dónde están los límites.

En el segundo grupo se encuentran las Juntas de Acción Comunal - JAC, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, los grupos de voluntariado, a veces también las mal conocidas como Organizaciones No Gubernamentales - ONGs. Estas organizaciones hacen su registro en las cámaras de comercio de cada ciudad donde se encuentren ubicadas y la vigilancia y control esta a cargo de los gobernadores de los departamentos y el alcalde mayor de Bogotá o de Medellín. Esta diferenciación de las organizaciones no ha permitido que los datos sean homogéneos y que se puedan analizar de manera completa. A pesar de esto, en este artículo se reconoce a todas las entidades sin ánimo de lucro como parte del sector solidario en Colombia; esto debido, por un lado, a la incidencia que estas organizaciones han tenido en el desarrollo de los territorios rurales en Colombia (^{Matiz Piza et al., 2017}; ^{Sánchez y Vargas, 2017}; ^{Vargas et al., 2017} y ²⁰¹⁹; ^{Vargas y Castañeda, 2018}; ^{Vargas y Yepes, 2018}). Por otro lado,

el segundo reporte global de cooperativas y empleo publicado por CICOPA, indica que en el mundo existen cerca de 2,94 millones de cooperativas, las cuales generan fuentes de empleo para 279,4 millones de personas, lo cual representa el 9,46% de la población ocupada en el mundo. (^{Hyung, 2017}, p. 32)

Además,

Las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA representan cerca del 8,61% del total de organizaciones cooperativas y generan más de 12 millones de puestos de trabajo. Estudios recientes han señalado el potencial de las CTA para contribuir en la formalización del empleo informal. (^{Hyung, 2017}, p. 6)

En Colombia, el acceso de los datos de las organizaciones solidarias ha sido difícil y únicamente se cuenta con datos de las organizaciones que vigila la Supersolidaria. Al revisar el número de entidades de naturaleza solidaria que reportaron información a diciembre de 2019 a la superintendencia, se evidencia que, de un total de 3.280,105 son asociaciones mutuales, 1.365 son fondos de empleados, 1.810 son cooperativas. Así, se observa que la mayor cantidad de organizaciones que reportaron su información, con corte a diciembre de 2019 son cooperativas con el 55,2% y los fondos de empleados con el 41,5%.

Con el fin de identificar el sector donde se encuentran, se realizó una revisión del Código Industrial Internacional Uniforme - CIIU, el cual es la clasificación internacional de todas las actividades económicas que puede desarrollar una empresa. Se encontró que las cinco actividades más representativas son las actividades financieras, el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y la construcción (Tabla 4).

Tabla 4: Actividades más representativas de las organizaciones solidarias en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos de Supersolidaria (2019).

Es así, que se evidencia que el sector agropecuario en Colombia ha sido desarrollado de manera importante gracias a las organizaciones solidarias y particularmente por las cooperativas.

Adicionalmente, el cooperativismo se duplicó entre 2003 y 2010, obteniendo una representatividad importante en la economía, pues participa en casi el 2% del PIB nacional y representa el 3% del empleo en Colombia (^{Alarcón y Álvarez, 2018}). ^{Bustamante (2019)}, analiza algunas prácticas de gestión humana realizadas en las organizaciones solidarias que generan el desarrollo de las capacidades de los asociados, en términos de ^{Nussbaum (2012)} protegiendo la situación laboral de los asociados y sus familias.

Estas prácticas son la información, la formación y la participación. Se podría afirmar entonces que la economía solidaria ha sido un modelo de desarrollo que no se ha considerado en los estudios sobre este tema. Sin embargo, ha existido a lo largo de la historia en el mundo y se ha demostrado que las organizaciones solidarias podrían facilitar la reactivación económica en el campo, garantizando el acceso al empleo formal en Colombia. La Figura 1, presenta la relación entre el número de organizaciones del sector solidario y el Índice de Pobreza Multidimensional por departamentos de Colombia.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia Solidaria y ^{DANE (2020)}.

Figura 1 Índice de pobreza multidimensional (IPM) y Número de organizaciones solidarias por departamentos 

Como se observa en la Figura 1, los departamentos con más altos niveles de pobreza son los que tienen el menor número de organizaciones solidarias, esto demuestra un enorme potencial y responsabilidad para las organizaciones del sector solidario, ya que su capacidad para llegar a las regiones puede ayudar a cerrar las brechas observadas entre las poblaciones del país ubicadas en diferentes departamentos, tanto en los niveles de ingresos como en el acceso a bienes. Un mayor volumen de asociación por parte de los habitantes de una región puede facilitar el acceso a capital físico, capital social, capital político y educación, lo cual redunda en mayores índices de desarrollo (^{Icaza, 2002}). Es por ello indispensable la presencia de más y mejores organizaciones del sector solidario en las regiones y zonas más apartadas.

Conclusiones

La crisis del modelo de desarrollo económico amenaza la supervivencia de la especie humana, algunos autores han denominado esto como una crisis civilizatoria (^{Acosta, 2010}; ^{Escobar, 2016}; ^{Tortosa, 2011}; ^{Unceta, 2009}). Esta crisis se caracteriza por varias dimensiones. Las cuatro principales son la crisis ecológica, la crisis climática, la crisis energética y la crisis alimenticia. En este contexto, las tensiones entre los modelos de desarrollo dominantes (basados en el consumo, la financiarización y el extractivismo) y la sostenibilidad, se han hecho más fuertes, haciendo al mundo entero, más frágil y vulnerable a diferentes choques negativos, como el que atraviesa con la actual pandemia del COVID-19.

En el caso de Colombia, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, el modelo de desarrollo implementado durante los últimos treinta años ha causado una alta dependencia del dólar y la profundización del financiamiento de largo plazo por medio de la inversión extranjera directa (IED), llevando al país a adquirir un patrón de especialización concentrado en la extracción de materias primas, ya que es aquel que genera altas rentas y por lo tanto atrae un mayor flujo de capitales externos, descuidando otros sectores productivos e impactando negativamente el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental.

El efecto, sin embargo, no ha sido lineal y las poblaciones rurales han padecido en mayor medida. Esto se ve reflejado en la ampliación de la brecha rural-urbana, ya que se ha experimentado una reducción en los ingresos medios de los hogares rurales debido a la caída en los precios relativos de los productos agrícolas y por supuesto las menores tasas de ocupación (^{Ocampo, 2018}), además de los efectos del conflicto armado y la debilidad de las instituciones del Estado.

A través del estado del arte de los modelos de desarrollo en Colombia, se identificó como alternativa de desarrollo rural para generar propuestas en el marco de la reactivación económica después de la crisis sanitaria de la COVID-19, el modelo de desarrollo propuesto por la economía solidaria. Una propuesta que, a pesar de existir históricamente en nuestras comunidades, no ha sido estudiada con rigurosidad y por esto su implementación en Colombia no es muy conocida.

A continuación, se presentan cuatro estrategias que podrían desarrollar las organizaciones solidarias. En primer lugar, las cooperativas y las asociaciones de productores tienen una representatividad importante en los territorios y por eso tienen la capacidad de trabajar en equipo con diversas organizaciones como los bancos cooperativos, las ONGs, las Juntas de Acción Local - JAL y las JAC, con las fundaciones, corporaciones y demás organizaciones sin ánimo de lucro presentes en los territorios. De esta manera, se pueden agremiar y conformar organizaciones de segundo piso que tengan peso en la gobernanza participativa de sus territorios.

En Francia la constitución de este tipo de organizaciones se ha realizado a través de fusiones, de la creación de grupos de transformación y comercialización con una actividad dominante y creando grupos polivalentes (^{Vargas, 2014}). De esta forma, estas organizaciones han podido incidir en política pública y controlar la industria agroalimentaria del país. La gobernanza de las organizaciones solidarias es original porque se basa en el principio de democracia. Según los principios del cooperativismo, los asociados están involucrados en la selección de los dirigentes, el control y la gestión, y también en la elección de la estrategia de la organización. Esto se ve reflejado en el principio “una voz, un voto”, el cual garantiza el equilibrio de poderes, pues cada asociado tiene el derecho de votar, independientemente del tamaño de su explotación o de la cantidad de sus aportes.

Esta forma de gobernanza auto gestionada exige que no se pierda el principio de la organización y que no haya una gobernanza híbrida (modo asociativo y modo accionarial) (^{Vargas, 2014}), sino que el modo asociativo de gobernanza sea dominante. El modo asociativo se caracteriza porque su objetivo es la maximización del valor asociativo y no del capital. Este objetivo se refleja en la creación de excedentes y no de utilidades y que estos excedentes sean reinvertidos en el objeto social de la organización.

Este tipo de uniones, fusiones o alianzas podrían desarrollar las cadenas de valor a través de negocios inclusivos, contratos de compras públicas, adquisición de certificaciones, entre otras propuestas de agricultura sostenible, que garantizan no solo la competitividad individual sino el bienestar colectivo.

En segundo lugar, durante el siglo XXI la asistencia técnica ha sido reconocida a nivel mundial por su capacidad de crear conocimiento al codificar el conocimiento tácito de los agricultores y traducirlo en técnicas innovadoras. La relación de servicio entre los técnicos y agricultores permiten la producción de conocimiento (Vargas y ^{Sánchez, 2020}). De esta manera, las organizaciones solidarias que prestan el servicio de asistencia técnica son consideradas como instrumentos para la difusión y organización de la asistencia técnica (^{Vargas, 2013}).

A través de estas organizaciones se podría acceder a más y mejor información técnica en los territorios, por ejemplo, a la agricultura de precisión, a la agroecología, producción orgánica la construcción de huertas urbanas, a la optimización del uso del agua, pero también de la energía con el uso de paneles solares, se podrían impulsar medidas de anti-erosión de los suelos, reducción de pérdidas de cosechas, entre otras muchas posibilidades que ofrece hoy en día la tecnología.

En tercer lugar, generar autonomía de sus asociados: los productores deben decidir qué tipo de cultivo trabajan, sea agroecológico u orgánico, pero son los campesinos los que deciden qué y cómo producir, más allá de las restricciones impuestas por los acuerdos de integración económica adquiridas por la nación. La autonomía se adquiere con el fortalecimiento de la identidad y esto se podría lograr a partir de la protección e implementación de los “saberes ancestrales”². Para las comunidades campesinas, los saberes ancestrales se vincula de manera directa a todas sus actividades diarias y reivindica la dignidad y sentido de pertenencia, incrementando considerablemente los índices de productividad económica, organización política y vínculos sociales (^{Barogil et al., 2014}).

Finalmente, en cuarto lugar, ofrecer opciones de distribución y comercialización a partir de la recuperación de lo local. Esto implica orientarse y promover la autosuficiencia alimentaria y financiera para que lo proyectos locales agrícolas, artesanales, industriales y de servicios prosperen. Para esto, hay que garantizar que los flujos monetarios se queden en los territorios el mayor tiempo posible y que la planeación económica y monetaria se realice teniendo en cuenta la diversidad de las regiones y de los territorios. En este sentido, el papel de las monedas sociales, por ejemplo, es una estrategia que permitiría movilizar con mayor dinamismo, los bienes y servicios hacia una demanda insolvente hoy en día (^{Latouche y Harpagès, 2010}).

Un elemento esencial de recuperación económica después de la pandemia es el fortalecimiento de las cadenas de valor a través de los circuitos cortos, esto impulsaría la economía de los territorios al reducir el costo del transporte internacional por ejemplo y esto es posible permitiendo el arraigo, en zonas rurales y periurbanas de una economía social y solidaria. En la actualidad, se encuentran algunas alternativas viables: canastas de mercados, producción agroecológica, eco amigable, mercados campesinos, ferias rurales, el desarrollo de mercados locales a través de circuitos cortos donde eliminan a los distribuidores. Sin embargo, para tener un efecto de gran escala, es necesario desarrollar alianzas y convenios institucionales a nivel nacional.