Introducción

Di vuelta a la manija metálica del grifo y puse mis manos bajo la llave. No salió agua. Salió un poco de aire y se escuchó un sonido extraño. Esperé un momento, pensando que quizá el agua tardaría unos minutos en llegar de las tuberías al grifo. Pero la espera fue en vano. Salí del pequeño cuarto que estaba arrendando hacía ya unos días en un barrio de Buenaventura y busqué a Claudia¹, la dueña de la casa y quien era mi persona de confianza. Pretendí ser espontáneo y no hacerlo pasar por un reclamo: “Se fue el agua”, le dije. Se disculpó y por unas escaleras subió al último piso de la vivienda. Regresó a los pocos minutos con una tubería de plástico partida en dos. “Esto se reventó otra vez y hay que arreglarlo”. Me entregó un balde y me dijo que fuera al otro tanque, al “de abajo”, que tomara toda el agua que necesitase y que, más tarde o mañana, ya habría agua del grifo. Seguí sus instrucciones y me fui al otro tanque para lavarme las manos. Después tomé mi pequeño cuaderno e hice una entrada en mi diario de campo: Buenaventura, 17 de noviembre de 2019. Escribí lo que acababa de evidenciar y esbocé un dibujo. Salí a la calle empolvada y al calor, y fui a la ferretería, de la que Claudia es dueña y donde trabajé como ayudante durante mi investigación. “¿Qué fue lo que pasó con el agua?”, pregunté. Llevaba pocos días en Buenaventura y desconocía aún las dificultades inmediatas que representa para la población el suministro interrumpido de un bien público tan esencial como el agua; y las prácticas cotidianas de construcción, reparación y manutención que se practican para permitir el acceso a este recurso.

Ciudad Blanca es un barrio pobre, ubicado en la zona continental del casco urbano del municipio de Buenaventura. Está atravesado por calles en muy mal estado; algunas de pavimento agrietado, otras de tierra. Las casas son de “material”; es decir, de ladrillo con techos de zinc. Las construyó la alcaldía a finales de los años noventa en uno de sus proyectos de desarrollo urbano. La mayoría de las casas cuentan con conexiones regulares al sistema de acueducto. Sin embargo, se pueden ver tanques de almacenamiento de agua sobre los techos. Esto se debe principalmente a que no hay un suministro regular del servicio: los habitantes se ven obligados a almacenar agua “hasta que vuelva”; dos días después, por lo general, y por tan solo algunas horas (seis aproximadamente). Por tanto, deben construir pequeñas obras de infraestructura para conducir el agua hasta un tanque desde donde se reparte por gravedad al resto de la vivienda en los días de “sequía”. Ocurre también que, debido a eventuales daños en el sistema de acueducto, el agua tarda más de dos días en llegar. Por esta razón, las personas recolectan agua lluvia como fuente alternativa de abastecimiento (^{Furlong 2014}; ^{Lawhon et al. 2017}). En los casos más extremos, cuando hay una interrupción del servicio y además escasean las lluvias, las personas de Ciudad Blanca se ven obligadas a comprar agua en otros sectores de la ciudad² . Sin embargo, gran parte del año hay una prestación del servicio cada dos o tres días, la cual permite abastecer los pequeños sistemas de almacenamiento. Como se evidencia en la viñeta etnográfica, estas construcciones son frágiles, ya que fueron improvisadas y están expuestas al sol, la lluvia, el salitre y las irregulares presiones con que llega el agua del acueducto. Las reparaciones y adaptaciones son parte de la cotidianidad material en Ciudad Blanca y otros barrios en Buenaventura.

Este artículo examina la infraestructura para la provisión de agua en Casa Blanca, un barrio de la zona continental de la ciudad. Aquí, entiendo la infraestructura como un terreno de lo político en el cual se negocia el acceso a los recursos públicos (^{Schnitzler 2016}, 107). Más que un sistema de distribución homogéneo y cerrado que gobiernan los entes estatales, la infraestructura representa una “acumulación de procesos sociomateriales que se constituyen a través de una relación con cuerpos, discursos y otros objetos (suelo, agua)” (^{Anand 2017}, 13)³. El estudio de caso permite analizar las conexiones domésticas en cuanto lugar clave de este “proceso sociomaterial” que es el sistema de infraestructura hidráulica en la ciudad. Argumento que las pequeñas construcciones de infraestructura doméstica conectadas y articuladas al acueducto coproducen el aparato estatal, al mismo tiempo que negocian y redefinen sus límites. Al encontrarse fuera de lo que ^{Graham y Marvin (2001)} llaman un ideal infraestructural, las personas de Ciudad Blanca crean sistemas “piratas” de almacenamiento de agua y conexión al sistema de acueducto. Como han argumentado diversos autores (^{Appel, Anand y Gupta 2018}; ^{Degani 2015}; ^{Larkin 2004}; ^{Simone 2006}), la piratería es parte constituyente del entramado urbano del sur global. Según Simone, esta consiste en la “multiplicación de los usos que se les pueden dar a documentos, tecnologías, casas, infraestructuras” (2006, 358). Así, la provisión de agua en Ciudad Blanca responde a este fenómeno de piratería en cuanto apropiación, expansión y alteración del sistema centralizado del acueducto.

Diversas etnografías en centros urbanos del sur global han abordado las formas a través de las cuales los sistemas de infraestructura (re)configuran la relación entre los sujetos marginados y el aparato estatal en el marco de políticas neoliberales de desregulación económica y descentralización⁴ . Las investigaciones de ^{Mains (2019)} y ^{Fredericks (2018)} han demostrado cómo el Estado, en el contexto de políticas neoliberales, fomenta la participación ciudadana en proyectos de infraestructura urbana a través de programas institucionales y organizaciones no gubernamentales. Por su parte, Tatiana ^{Acevedo (2019)} muestra, para el caso de Barranquilla (Colombia), la manera en que el Estado promueve la autoconstrucción de sistemas de electricidad en barrios marginales, proveyendo a los ciudadanos con los materiales necesarios y evadiendo así, de forma parcial, su responsabilidad de construir sistemas de infraestructura para la provisión de un servicio público como lo es la energía eléctrica. Esto se relaciona con el fenómeno de desregulación y nueva repartición de responsabilidades por parte de los Estados, lo que ^{Mbembe y Roitman (1995)} denominan do-it-by-yourself-bureaucracy. Por otro lado, etnografías como las de Antina von ^{Schnitzler (2016)} en Sudáfrica y Michael ^{Degani (2015)} en Tanzania apuntan a la alteración y apropiación de sistemas de infraestructura en cuanto fenómenos de negociación, a través de la materia, con los regímenes técnicos y legales del aparato estatal.

Mi estudio de caso se alinea con estas investigaciones, ya que aborda la cuestión de la infraestructura como terreno político de negociación y disputa donde convergen el aparato estatal y los ciudadanos. Sin embargo, la construcción de sistemas de almacenamiento de agua en Buenaventura por parte de la población no se enmarca en programas fomentados por el Estado y constituye, por tanto, una forma improvisada de autogestión frente al desabastecimiento. El aparato estatal, por su parte, prevé un mejoramiento en los sistemas de abastecimiento y difiere el cumplimiento de su responsabilidad a un futuro cercano⁵. Argumento aquí que la autoconstrucción de sistemas de infraestructura tiene profundas implicaciones en la formación y manutención del aparato estatal en Buenaventura.

A través de la construcción de sistemas de almacenamiento y la acometida de conexiones irregulares, los habitantes de Ciudad Blanca (y gran parte de Buenaventura) coproducen el aparato estatal y, al mismo tiempo, trascienden sus límites a través de la piratería (^{Mitchell 1991}). La coproducción del Estado en cuanto ente garante de la provisión continua de servicios públicos se evidencia en la construcción misma de estos sistemas de almacenamiento por parte de la población, que hacen posible subsanar el desabastecimiento parcial y la irregular provisión del servicio. El término coproducción apunta a las formas de articulación con el acueducto y el almacenamiento del agua en cuanto bien público, lo cual permite que esta corra por las tuberías domésticas aun en las horas de “sequía”. Se trata de entrelazamientos con el sistema central de infraestructura hidráulica a través de los cuales se posibilita la provisión del servicio, una responsabilidad del Estado anclada en la Constitución. Por su parte, estos sistemas de almacenamiento son tolerados por los entes estatales y entendidos como la solución a una necesidad inmediata. Con una proyección a un futuro próximo a través de programas de desarrollo para el mejoramiento de la provisión de servicios, el Estado difiere su responsabilidad en el tiempo.

Por otra parte, entiendo las acometidas irregulares del sistema de acueducto como una estrategia de piratería que redefine los límites del Estado y sus regímenes de gobernanza y regulación, ya que se evaden pagos y se altera el sistema central del acueducto. Como asegura Larkin, las infraestructuras “generan la posibilidad de su propia corrupción y parasitismo”, en referencia a la potencial capacidad que estas contienen de evadir los marcos técnicos y legales dentro de los cuales fueron planeadas y diseñadas, como muestra el ejemplo de las perforaciones (2004, 289). A través de estas se evaden los pagos de facturación y las regulaciones del consumo de agua. Funcionarios públicos denuncian constantemente las acometidas irregulares, argumentando que generan altas pérdidas para el sistema. Al mismo tiempo, y dado que el Estado no garantiza una conexión regular en todos los barrios de la ciudad, estas acometidas son toleradas.

Diversos estudios sobre Buenaventura y la región del Pacífico identifican la ausencia del Estado y la deficiente prestación de servicios públicos como una de las problemáticas centrales de la ciudad, y analizan las dinámicas económicas e institucionales que han sido constituyentes de este fenómeno de “abandono” (^{CNMH 2015}; Díaz ^{Vargas 2015}; ^{Varela Barrios, Martínez Sander y Delgado Moreno 2013}). En este artículo, más que mostrar la manera en que el Estado incumple sus funciones, me centro en las prácticas sociomateriales de las que se valen los sujetos para lidiar con el parcial desabastecimiento de un recurso vital como es el agua y cómo, de esta forma, se coproduce el Estado y se negocian sus límites (^{Silver 2014}; ^{Simone 2006}). No busco así representar el desabastecimiento y los sistemas de infraestructura doméstica como una anomalía de las prácticas estatales y la constitución de lo urbano; por el contrario, pretendo demostrar aquí la importancia de pensar el desabastecimiento como una realidad social en diversos espacios urbanos alrededor del mundo y como punto de partida para entender la morfología de los aparatos estatales.

El artículo está dividido en tres partes. En primera instancia hago una breve introducción a mi estudio de caso y describo la metodología de mi trabajo haciendo referencia a mi posición dentro del campo. En la segunda parte demuestro cómo la construcción y manutención de los ensamblajes de infraestructura doméstica representa una forma de coproducir el Estado en el contexto de una provisión limitada de servicios. Además, me ocupo de los diseños y lógicas de los ensamblajes, con especial alusión a las formas de almacenamiento, presión y distribución del agua. En una tercera parte expongo un fenómeno relacionado con las construcciones de infraestructura doméstica: las acometidas irregulares del sistema de infraestructura. Aquí, las analizo como una forma de negociar los límites del aparato estatal, su régimen técnico y legal de regulación, el cual funciona a través de la facturación y la burocracia. Por último, resumo los resultados de esta investigación y planteo un debate sobre la reparación y manutención de estas construcciones en vista de su evidente fragilidad.

“Un puerto sin comunidad”: precariedad y desabastecimiento en Buenaventura

Buenaventura es una de las ciudades con los más altos índices de pobreza, desempleo y violencia en Colombia. Con cerca de 430 000 habitantes, es la urbe más grande de la región del Pacífico colombiano y cuenta con el puerto más importante del país. Su infraestructura urbana es precaria: las calles, el acueducto, el alcantarillado y el cableado eléctrico son insuficientes para la prestación adecuada de servicios públicos. Esto se debe a que las agendas políticas que marcaron el ritmo del desarrollo urbano en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX entorpecieron la construcción, ampliación y adaptación de los sistemas de infraestructura en la ciudad, tanto por falta de inversión como por el poco fomento de un régimen institucional robusto (^{Acevedo Guerrero 2021}; ^{Acevedo Guerrero, Furlong y Arias 2016}). El fenómeno global de privatización de algunas entidades públicas en la décadas de los noventa y la del 2000 (entre ellas la encargada de la prestación del servicio de agua) hizo que la situación empeorara aún más, ya que los regímenes laborales y la parcial mercantilización de ciertos servicios públicos los hicieron inasequibles para el grueso de la población (^{Bakker 2010}; ^{Björkman 2015}). A esto se sumó el crecimiento irregular de asentamientos urbanos como consecuencia de la migración y el desplazamiento forzado de las zonas rurales. La ciudad, habitada en su mayoría por afrocolombianos, es, como gran parte de la región del Pacífico, un espacio racializado en el que se articulan discursos de segregación y marginalidad (^{Leal 2018}; ^{Serje 2011}; ^{Zeiderman 2018}). Sin embargo, en las últimas décadas la movilización social en Buenaventura ha abierto espacios de negociación con el Estado central, lo cual ha dado paso a grandes proyectos de desarrollo e inversión en materia de infraestructura urbana. Por medio de las protestas y los discursos de organizaciones de base, se han hecho visibles estas prácticas estatales de marginalización en materia de infraestructura y prestación de servicios públicos. El momento más importante de esta movilización social fue el paro general que tuvo lugar entre mayo y junio de 2017, puesto que generó una gran resonancia mediática y una reacción del Gobierno central. Como consecuencia de la movilización, que también incluía una serie de bloqueos al puerto, el Gobierno y los representantes de las movilizaciones firmaron un acuerdo de inversión en temas de infraestructura, salud y educación, y de esa manera proyectaron una sustancial mejoría en la provisión de recursos públicos (^{Jaramillo, Parrado y Mosquera 2020}). Sin embargo, a la fecha las promesas hechas por el Estado no se han cumplido a cabalidad y la ciudad sigue a la espera de contar con un servicio regular de agua.

Recientes etnografías de la infraestructura estudian la prestación de servicios públicos en el marco de los regímenes neoliberales instaurados en las décadas de los ochenta y noventa (véanse ^{Björkman 2015}; ^{Degani 2015}; ^{Fredericks 2018}; ^{Mains 2019}). Estos son caracterizados por procesos de privatización y desregulación -es decir, por la exteriorización de una responsabilidad estatal y su reproducción por parte de empresas privadas y ONG-, y una baja inversión en infraestructuras públicas (^{Appel, Anand y Gupta 2018}). Los llamados ajustes estructurales permearon gran parte de los aparatos estatales en el sur global y transformaron las formas de planeación y manejo de las infraestructuras públicas (^{Gupta y Sharma 2006}). También así en el caso de Colombia (Ahumada 1996). En Buenaventura la operación del servicio de acueducto se concedió en los años 2000 a un ente privado: Hidropacífico (^{Acevedo Guerrero 2021})⁶. Aunque el fenómeno de desabastecimiento excede esta periodización (la prestación de servicios siempre ha sido deficiente), las últimas décadas en Buenaventura han estado marcadas por la urbanización irregular y una administración caracterizada por escándalos de corrupción, lo cual ha agudizado esta problemática. Debido a esto, la población se ha visto forzada a llevar a cabo estas construcciones. Y aunque no de forma deliberada, la emergencia de las construcciones para el almacenamiento de agua en Buenaventura se relaciona con el fenómeno generalizado de un Estado neoliberal y las lógicas de desregulación bajo la necesidad y el imperativo de “hacerlo uno mismo” (^{Mbembe y Roitman 1995}).

El sistema de acueducto en Buenaventura, desde su construcción a mediados del siglo XX, ha sido insuficiente para la prestación adecuada del servicio de agua. Esto responde principalmente a tres fenómenos: la poca inversión en las infraestructuras públicas; la falta de robustas instituciones estatales para el manejo y mantenimiento del acueducto (como en los casos de Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades del país); y las formas aceleradas e irregulares de urbanización (^{Acevedo Guerrero, Furlong y Arias 2016}). La “sequía” que por momentos vive la ciudad contrasta fuertemente con la cantidad de fuentes hídricas que la rodean: los varios ríos que nacen en la cordillera Occidental y desembocan en el océano Pacífico. Sin embargo, existe una dependencia material de un sistema deficiente de acueducto que se enmarca en el moderno ideal infraestructural (^{Graham y Marvin 2001}). Actualmente, el sistema de acueducto se surte del río Escalerete, en la zona rural del municipio ubicada a 140 metros de altura por encima del casco urbano. Así, las dos tuberías principales del acueducto transportan el agua por gravedad para distribuirla a las líneas de conexión con los barrios de la ciudad. Existen dos antiguos tanques de almacenamiento (llamados tanques de compensación) construidos en hormigón y en muy mal estado. Desde 2017, en el marco de un proyecto de desarrollo ejecutado por el Gobierno central y financiado con un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se adelantan obras para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la ciudad: el PTSP. Una de las obras principales de este plan son los tanques de almacenamiento de Loma Alta, cuya construcción fue terminada en 2020 pero aún no están en funcionamiento. Estos tanques podrán almacenar y distribuir el recurso en caso de que, por razón del clima (sequía o fuertes lluvias) o del acelerado aumento de la demanda, el acueducto no funcione adecuadamente y no dé abasto (como es el caso actualmente). Los tanques se erigen a la entrada de Buenaventura con una enorme valla del PTSP, y contrastan con las viejas tuberías del acueducto y los antiguos tanques.

El Pacífico colombiano es un vivo ejemplo de un fenómeno generalizado de formas precarias e irregulares de urbanización, acrecentadas y aceleradas por las dinámicas en los espacios rurales: las olas de violencia, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la constitución de economías ilegales (^{Zeiderman 2018}). En Buenaventura, un “puerto sin comunidad” (^{CNMH 2015}), los sistemas de infraestructura a nivel local se convirtieron en frágiles y precarios ensamblajes supeditados a constantes reparaciones y transformaciones. Del lado de acá del puerto, cuyo crecimiento exponencial se debió en gran medida a la apertura económica y los tratados de libre comercio, se continuó tejiendo una ciudad muy precaria marcada por la pobreza y el desabastecimiento (^{Appel 2012}). Las infraestructuras modernas del puerto -vehículos de carga, carreteras de última generación y regulados sistemas de bodegaje- están diseñadas para el transporte y almacenamiento de mercancías de exportación e importación, mientras que en gran parte de la ciudad llega el agua solo día de por medio. No insinúo, sin embargo, que estos patrones de desigualdad y desabastecimiento hayan surgido recientemente con los paradigmas neoliberales de la apertura económica; por el contrario, esta marginalidad de los habitantes en los espacios urbanos del litoral responde a una longue durée de relaciones de desigualdad, desposesión y dominación (véase ^{Restrepo 2013}). El desabastecimiento de recursos públicos se alinea con este fenómeno.

Ciudad Blanca está ubicada en la comuna Yépez, en la parte continental del casco urbano del municipio de Buenaventura. Está conformada por un conjunto de casas construidas en cinco diferentes etapas a partir de 1998, como parte de un programa estatal de vivienda (Lerma ^{Bonilla 2019}, 91). Se erigió en inmediaciones de la carretera alterna, una vía paralela a la principal, construida en la década de los 2000 para mejorar el flujo de vehículos de carga procedentes del interior del país con destino al puerto y cuyo propósito es evitar el embotellamiento de mercancías (véase ^{Melly 2017}). Ciudad Blanca colinda con los asentamientos irregulares de La Conquista y La Carolina. Sus casas, construidas por entes estatales, de ladrillo y estructuras prefabricadas de concreto con diseños ortogonales, contrastan con las viviendas de palafito de los asentamientos colindantes, en su mayoría elaboradas por la población misma y las cuales se encuentran en constante transformación. De igual forma, las casas diseñadas y construidas por el Estado en Ciudad Blanca también crecen: se construyen más pisos, se amplían sus patios delanteros, se pintan y transforman sus fachadas, y se crean sistemas de seguridad para proteger las puertas y ventanas. Ciudad Blanca está marcada por su relación con la carretera alterna y con los barrios colindantes, a los que se une por calles autoconstruidas.

La ferretería de Ciudad Blanca fue uno de mis lugares principales de pesquisa en Buenaventura por un periodo de cinco meses, en diferentes estadías entre noviembre de 2018 y febrero de 2020. Conocí y permanecí con Claudia y su familia durante mi investigación, tiempo en el cual alquilé una habitación en el primer piso de su casa y trabajé como ayudante en su ferretería. Conocí a Yeison y a Alexánder, sus ayudantes, con quienes pude entablar una amistad. Sostuve largas conversaciones con ellos sobre la transformación urbana, la política local, el Estado y la violencia en el barrio. Visité también sus casas y conocí sus historias de vida, el ritmo de sus rutinas y sus formas de subsistencia en una urbe empobrecida, racializada y hostil. Supe de sus biografías atravesadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la pobreza; pero también de su inventiva, guiada por una serie de “prácticas, sensibilidades y tácticas que les permiten [y les han permitido] ajustarse a las cambiantes realidades de la ciudad” (^{Simone 2015}, 22; véase también ^{Han 2018}). Los dos provienen de familias desplazadas por la violencia de la zona rural del Pacífico, tienen alrededor de veinte años y trabajan por un ingreso diario en la ferretería. Con el tiempo han aprendido sobre materiales y construcción (pueden explicar a los clientes cómo hacer un arreglo de plomería o cómo ensamblar unos tubos). Conocen los precios, las características de los objetos y las formas de improvisar. Viven con poco dinero en un barrio aledaño a Ciudad Blanca y son el sustento de una parte de su familia. A través de ellos, y en medio de ese paisaje urbano en constante transformación, marcado por el ruido y el polvo, supe de esas formas de construcción y reparación, objeto de pesquisa de este artículo. Las historias que fui consignando en mi diario de campo en la mesa de la ferretería se relacionaban con esa silenciosa intromisión de lo ordinario propuesta por Asef ^{Bayat (1997)}: las sutiles políticas cotidianas de imaginación y resistencia que pretenden forjar y mantener sustentos y formas de vida para los marginados.

Claudia, la dueña de la ferretería, es proveniente del interior de país, como la mayoría de los comerciantes en la costa pacífica. Durante mi estancia de investigación en Buenaventura, ella fue una de mis personas referentes, ya que, además de haber sido mi anfitriona, conoce muy de cerca el fenómeno local de la construcción. Los “paisas”, como se denomina a los migrantes mestizos provenientes del interior del país, desempeñan un interesante papel en las relaciones económicas y sociales de Buenaventura. Como Claudia, muchas de estas personas se aventuraron en la década de los noventa a migrar a los centros urbanos (y a algunas zonas rurales) del Pacífico colombiano y probar suerte con pequeños negocios como tiendas de abarrotes, hoteles, ferreterías y restaurantes. En su mayoría, mantienen relaciones comerciales con grandes comerciantes del interior del país, con lo que facilitan la circulación y el movimiento de mercancías hacia el Pacífico. En Buenaventura, estos pequeños comerciantes gozan de cierto respeto por parte de la población, afrocolombiana en su mayoría, ya que generan empleo y permiten el acceso a diversos productos del mercado en espacios como Ciudad Blanca. Yeison y Alexánder, aunque de forma irregular, pueden generar un sustento con su trabajo en la ferretería. Pensar en Buenaventura como un lugar en constante construcción y transformación hace de estos comerciantes, sus productos, infraestructuras, relaciones sociales y formas de generar valor una interesante “matriz de objetos y herramientas” en estos espacios urbanos. Claudia funge en Ciudad Blanca como un medio para la circulación de esos pequeños dispositivos para la reparación, alteración y manutención de las infraestructuras locales. La ferretería desempeñó para mí el papel de un prisma para ver (y escuchar) de estas prácticas sociales (figura 1). Se formaba ahí un nodo de ese intenso flujo de materiales, crédito, dinero, chistes y afectos que dan forma a la vida social y económica en Buenaventura. Fui testigo de la cotidianidad de improvisaciones con la construcción y la reparación; de acometidas irregulares del sistema de infraestructura hidráulica de la ciudad; de modos de adquirir y financiar pequeños créditos: las prácticas de inscribirse en el espacio y las formas de pertenencia generalizadas en las tantas “ciudades piratas” del sur global (^{Simone 2006}). Más allá de esto, evidencié y fui partícipe de otra serie de prácticas de manutención de la vida social a través del afecto, el humor y las conversaciones informales, prácticas que entiendo como “formas de crear, mantener y extender canales a través de los cuales circulan diversos tipos de recursos”, siguiendo a Julia ^{Elyachar en su investigación sobre los barrios marginales de El Cairo (2010}, 455).

Fuente: fotografía tomada por el autor, noviembre de 2019.

Figura 1 Ferretería de Ciudad Blanca 

Coproducir el Estado

Las primeras construcciones que saltan a la vista en Ciudad Blanca, y los barrios aledaños, son los diversos tanques de plástico y acero instalados sobre los techos de las casas (figura 2), algunos de los cuales se venden también en la ferretería. En principio, asumí que servían para la recolección de agua lluvia -supuse que se trataba de una fuente alternativa de abastecimiento-. Yeison y Alexánder me corrigieron, matizando mis suposiciones y mi “conocimiento” de cómo funcionan las cosas en la ciudad. Me contaron que los tanques son para el almacenamiento del agua que se suministra, día de por medio y con diferentes niveles de presión, por las tuberías urbanas. “Uno necesita agua”, me dice Yeison, “por eso tiene que almacenarla para las horas en las que no hay servicio”.

Fuente: fotografía tomada por el autor, enero de 2020.

Figura 2 Tanques de almacenamiento 

El método principal consiste en prolongar la tubería del acueducto, primero con una manguera y después con otra tubería que sube hasta el último piso de la vivienda, donde se encuentra un tanque fabricado en plástico o acero que recoge y almacena agua. En la mayoría de casos, las tuberías están al aire libre y la conexión sube por las paredes externas de la casa, expuesta al sol y la lluvia. El agua recogida en el tanque puede distribuirse, por gravedad, y a través de un ensamblaje de tuberías y mangueras, a los diversos lugares de la vivienda durante los días en que se interrumpe el suministro de agua. La mayoría de estos sistemas cuentan con una boya o flotador que, al llenarse el tanque, hace que la llave de paso se cierre para así no desperdiciar el agua. Los diseños para estas construcciones deben ser adaptados a la vivienda: su altura, la ubicación de las tuberías del acueducto, la presión del agua, entre otros aspectos. Hay diversos tipos de tanques y sus precios varían dependiendo del tamaño y el material con que están construidos. Los más grandes, con capacidad para almacenar 1 000 litros y hechos en PVC, tienen un costo muy alto (130 000 pesos, aproximadamente 34 dólares), tomando en cuenta los bajos ingresos de la población. Otros, de 250 litros, cuestan la mitad. Por razones económicas, la mayoría de las personas compran por 15 000 pesos (4 dólares) cilindros metálicos que se reciclan en el puerto e, improvisando una tapa de cemento, los convierten en tanques para el almacenamiento de agua. Esto, sin embargo, hace que la construcción y la reparación sean aún más dispendiosas.

Las fugas en estas construcciones resultan ser también un problema. Un día un joven del barrio se acercó a la ferretería con su factura de agua en la mano. Me dijo que le estaban cobrando cuatro veces más de lo que había consumido, por una fuga de esas tantas que se presentan en las tuberías domésticas y llevan a que los contadores registren un alto consumo del servicio (además de no permitirle llenar el tanque). Las fugas generan altos pagos y hacen responsables a los ciudadanos en medio de un desabastecimiento general. Por tanto, es necesario reparar y adaptar las construcciones constantemente. Los bajos e irregulares ingresos de los habitantes no les permiten tener siempre a mano los objetos necesarios para llevar a cabo las obras o reparaciones. Por otra parte, la exposición de estas construcciones al sol, la humedad y la lluvia hace que sean aún más vulnerables a los daños. Evidentemente, no se trata de ensamblajes estables, sino de improvisaciones mediadas por los materiales, los ingresos económicos y la capacidad de inventiva de las personas.

En su investigación sobre centros urbanos en África, ^{Simone (2004)} argumenta que los sujetos marginados articulan objetos, espacios y relaciones sociales como plataformas para la reproducción de la vida. Esta “informalidad” estaría compuesta de complejas capas de relaciones cuyo funcionamiento se escaparía a las estadísticas y los marcos interpretativos del Estado y las ONG. En Buenaventura, el caso de la construcción de obras para el almacenamiento de agua responde a estas formas de reproducir la vida por medio de relaciones sociomateriales, ya que permite el abastecimiento de un recurso vital como el agua. Sin embargo, argumento que, más que un sistema de relaciones informales por fuera de la legibilidad estatal, estas construcciones representan una “coproducción” del Estado en cuanto ente responsable en la adjudicación de servicios públicos. Los días en los que no hay una prestación regular del servicio, ellas emulan una prestación continua de este.

Es pertinente anotar que esta coproducción del Estado está mediada por la fragilidad y vulnerabilidad de los materiales utilizados para llevar a cabo las construcciones. Es decir, resulta ser un sistema inestable para permitirse un acceso a los recursos. “Los tanques de las casas siempre tienen que llenarse cuando hay agua”, me dice Yeison mientras caminamos por Ciudad Blanca; “la gente tiene que almacenar agua. Además, hay que tener un buen sistema de distribución en la casa para que el agua se reparta por gravedad. Entre mejores tuberías y materiales tenga, pues mejor”. Por ejemplo, en la casa de Claudia hay una fuerte estructura de tubos de PVC y dos tanques de 250 litros del mismo material. Regularmente, no hay escasez de agua en su casa, ya que dispone de los materiales de la ferretería y el conocimiento necesario para hacer las instalaciones. Hay personas, por el contrario, que no construyen un sistema de almacenamiento elevado, para así evitar las constantes reparaciones y los gastos que esto significa. Jorge, un joven que algunos días a la semana trabajaba también como ayudante en la ferretería, me contó que los tanques de su casa los tenían en el primer piso de la vivienda y los habían construido con una mezcla de cemento sobrante. Lo miré asombrado y le pregunté cómo se distribuía desde ahí el agua a los otros espacios de su casa, ya que no podía ser por la fuerza de gravedad. “Con baldes”, me dijo, “llevamos el agua al lavamanos, al lavaplatos, así”. Yeison me dijo que la familia de Jorge era muy pobre, y que no le alcanzaba el dinero para comprar y constantemente reparar unas tuberías que pudieran llevar el agua al segundo piso de la vivienda.

Las conexiones al acueducto deben ser precisas para evitar fugas y pérdidas en el sistema. El ente prestador del servicio se encarga de hacer una conexión desde la tubería (llamada red de distribución), pasando por un contador, hasta la vivienda. De allí, utilizan un convertidor de polietileno (llamado PF-Pipe Fitting) para pasar de la manguera a la tubería doméstica que surte los tanques. Para hacer estas conexiones, se necesita un cierto conocimiento de plomería que los habitantes de Ciudad Blanca van obteniendo por medio de la práctica y las asesorías de expertos locales como Yeison y Alexánder. El reto consiste en poder adaptar los sistemas de almacenamiento a las condiciones y necesidades de cada vivienda, como la altura y la distribución de los espacios. También, y dado que las personas amplían sus viviendas cada tanto (construyendo otros pisos, por ejemplo), los sistemas deben ser transformados. Como mencioné, la fragilidad de las conexiones y los materiales obliga a las personas a llevar a cabo arreglos periódicamente y de esta forma “estabilizar” los sistemas de almacenamiento.

^{Anand (2011)} argumenta que la constitución física del agua (los diversos yacimientos, su volatilidad y capacidad de dispersión) excede los regímenes estatales (y tecnopolíticos) que la enmarcan y pretenden gobernar en los espacios urbanos. De esta forma, las poblaciones marginadas encuentran fuentes alternativas de abastecimiento para hacerle frente a la deficiente provisión a través del acueducto, como pozos subterráneos o agua lluvia (véanse ^{Furlong 2014}; ^{Lawhon et al. 2017}). Ciertamente, algunos barrios de Buenaventura se abastecen de los ríos aledaños y el agua lluvia como alternativas al deficiente sistema de acueducto. Sin embargo, las construcciones para el almacenamiento de agua en Ciudad Blanca dan cuenta de un fenómeno diferente. Los sistemas domésticos de infraestructura a los que hago referencia en este artículo reproducen las tecnologías y diseños del acueducto central de la ciudad construido y gobernado por el Estado. Más que existir por fuera de los regímenes de ingeniería estatal, estas construcciones se articulan con el sistema de infraestructura pública centralizada. Frente a la necesidad de contar con tales sistemas para el abastecimiento de bienes públicos en los espacios urbanos, el Estado moviliza recursos para la construcción, el mantenimiento y la adaptación de estas infraestructuras. En Buenaventura, como consecuencia de un sistema insuficiente, la población coproduce la provisión del servicio público mediante la realización de obras pequeñas de infraestructura a escala doméstica y de forma descentralizada (figura 3). Los tanques de almacenamiento, las mangueras que los surten, las conexiones y las llaves de paso se engranan al sistema de infraestructura hidráulica de la ciudad.

Fuente: fotografía tomada por el autor, diciembre de 2019.

Figura 3 Conexiones improvisadas 

Aunque estas construcciones se adhieran al ensamblaje de infraestructura hidráulica y no se enmarquen por tanto en una informalidad por fuera del ámbito estatal, sino articulada a este, existen profundas diferencias entre aquello que construye y gobierna el Estado y las construcciones domésticas. La primera diferencia está relacionada con los materiales utilizados para las construcciones. Como anoté, las personas en Ciudad Blanca (y en otros barrios de la ciudad) se ven obligadas a utilizar materiales reciclados que son adaptados para almacenar el agua. En las llamadas chatarrerías compran neveras y tanques obsoletos a los que se les construye una base de cemento. Además, el agua que almacenan puede contaminarse con el cemento y los líquidos que contienen, y se trata de recipientes propensos a las fugas y los daños. Esta improvisación dista de las formas en que el Estado planea y construye sus sistemas de ingeniería. Aunque a pequeña escala puedan encontrarse también formas improvisadas de construcción y reparación por parte de los empleados públicos (^{Coss-Corzo 2020}), la mayoría de materiales utilizados en las obras de infraestructura son aptos para los fines propuestos. Otra importante diferencia es la predictibilidad y el manejo del agua: mientras que las personas en los barrios están sujetas a los tiempos irregulares de suministro y los cambios de presión, el Estado cuenta con herramientas y tecnologías de medición y control de los flujos de agua. Los cambios en los niveles de presión pueden averiar las construcciones domésticas o no permitir que se almacene agua; sobre los niveles de presión no se informa a los habitantes, por lo que no se pueden adaptar a ellos. Otra diferencia central es el conocimiento técnico y la experticia. Por un lado, los ciudadanos en Ciudad Blanca construyen un conocimiento empírico de plomería (en algunos casos apoyados por personas de la comunidad que tienen algún tipo de formación profesional en el área) e improvisan con las herramientas con las que cuentan. Por su parte, el Estado construye a través de conocimiento técnico y profesional, con tecnologías y burocracias que permiten una cierta estabilidad en las obras de infraestructura, menos propensas a los daños.

La coproducción del Estado por medio de la construcción de un sistema de infraestructura doméstico responde a la necesidad que tiene la población de hacerle frente a un suministro irregular del servicio. Valiéndose de tecnologías análogas a las estatales, los habitantes de Ciudad Blanca no buscan, en primera medida, abastecerse de agua más allá del ámbito estatal y sus sistemas de infraestructura centralizados, sino articularse a este. Sin embargo, existen también algunas prácticas que muestran cómo la población procura evadir algunas medidas estatales de regulación, como lo son el cobro del servicio y el imperativo de contar con conexiones regulares al sistema.

Negociando los límites del Estado

Durante los primeros días de mi trabajo de campo, mientras laboraba en la ferretería, pregunté prudentemente por las acometidas irregulares del sistema de infraestructura hidráulica que suelen instalar los habitantes de barrios marginales para asegurarse un acceso a este servicio público. Ya en mis entrevistas y encuentros previos con políticos e ingenieros de la ciudad había conocido que esto era una práctica común en Buenaventura. Claudia me dijo que así era, que aquel collarín de PVC (un pequeño elemento que se amarra a las tuberías principales para instalar la acometida con una manguera) era uno de los productos más vendidos en la ferretería. Unos días después, Yeison me llevó en la moto para mostrarme los lugares por donde pasan las tuberías enterradas a pocos metros del suelo y las mangueras que de ahí se desprenden, algunas de las cuales salen a la superficie. Fuimos al atardecer para no levantar sospechas. La luz de la moto alumbraba el camino y Yeison me señalaba las mangueras que salían de la tierra, para después seguir el recorrido que él sospechaba seguían estas bajo la superficie hasta llegar al llamado tubo madre: la tubería principal del sistema de acueducto. Le pregunté esa noche, cuando volvimos a la ferretería y estábamos ya limpiando y organizando los materiales para cerrar, si todas las personas estaban “pegadas” irregularmente de la tubería. “No todos. Algunos lo hacen por no pagar, otros porque no tienen de otra”.

Yeison me contó que en muchos barrios colindantes, como La Conquista y La Carolina, no hay conexiones regulares al servicio y que las personas se ven obligadas a conectarse de forma irregular. Estos barrios, llamados “invasiones” en la jerga local, representan puntos ciegos en el mapa de las políticas urbanas de gobernanza y son asentamientos irregulares en los llamados “terrenos baldíos”. En la medida en que estos lugares no figuran en los planes de ordenamiento territorial (POT), los documentos centrales de planeación y desarrollo, y matrices de las políticas urbanas, no se llevan a cabo en ellos conexiones al sistema de infraestructura por parte del Estado, cuya responsabilidad es la adjudicación de recursos. El proceso de reconocimiento es lento y está mediado por complejos entramados burocráticos, y estas personas deben habitar un lugar desabastecido por un lapso indefinido. En estos casos, “pegarse del tubo” es una imperante necesidad para sobrevivir como cuerpos y sujetos.

Como conté, la mayoría de los habitantes de Ciudad Blanca (pero no así en los barrios colindantes) cuentan con una instalación formal del servicio, el cual se presta, como en gran parte de la ciudad, de forma intermitente. Estas conexiones están mediadas por una tecnología de regulación: el contador. Esto inserta a los sujetos en una economía formal de pagos, facturas, mediciones y reclamos. Ya que la prestación del servicio está a cargo de una empresa privada (Hidropacífico), es este el ente encargado de las mediaciones burocráticas, a través de reclamos y peticiones. En una de mis visitas a las instalaciones de Hidropacífico en el centro de la ciudad, hablé con varias personas de Ciudad Blanca que estaban haciendo una larga fila al calor del mediodía, esperando respuestas a sus reclamos, relacionados con daños en las tuberías y errores en la facturación. Me expresaron su disgusto con la empresa y toda la burocracia de la entidad. De hecho, la empresa calcula que su prioridad no puede ser el trámite de reclamos, como me lo contó su gerente general en una reunión que sostuvimos en su oficina. Dijo que la prioridad sería mantener la presión en el sistema, y agregó: “Esta gente es muy difícil. Ellos tienen esas conexiones irregulares en sus casas y a mí nadie me responde por eso. El sistema pierde mucha presión por esas cosas”.

Ciertamente, las fugas generadas por las acometidas irregulares son muy frecuentes. Una tarde, Alexánder me llevó en la moto al asentamiento irregular de La Carolina, el cual colinda con Ciudad Blanca. Allí se pueden observar las conexiones clandestinas a uno de los tubos madre del acueducto, construido en cemento (figura 4). Las personas perforan, con taladros o varillas, el tubo madre para insertar unas mangueras que van a sus casas, ya que el caserío no cuenta con una provisión regular del servicio. Las fugas son evidentes: se puede ver cómo el agua se filtra entre las mangueras y el tubo de cemento cuando aumenta la presión.

Fuente: fotografía tomada por el autor, diciembre de 2019.

Figura 4 Acometidas irregulares 

Por otro lado, los habitantes de Ciudad Blanca también incurren en estas prácticas. A pesar de tener una conexión regular al sistema, las personas construyen una conexión paralela que sale de la línea de suministro y va, sin pasar por el contador, directamente a la vivienda. Para no levantar sospechas, algunos días dejan correr el agua por el contador para que este marque un cierto consumo, mientras el resto del tiempo se abastecen con la manguera “alterna”. De esta forma pueden evadir parte del pago del servicio y los altos costos que generan las eventuales fugas en el interior de la vivienda. Estas conexiones irregulares, por las que me interesé desde el día en que llegué a la ferretería, representan un fenómeno sociomaterial que se inserta en las prácticas de construcción, improvisación y manutención de estas pequeñas obras de infraestructura a escala doméstica. Por otra parte, y ya que se entienden como un acto “ilegal”, las personas no hablan abiertamente de este tema. En los casos en que se trata de una necesidad (como en el barrio de La Carolina), sus habitantes argumentan que “tienen que pegarse del tubo” porque de lo contrario no tendrían agua. Cuando, en cambio, se construyen conexiones paralelas para evitar altos pagos de facturas, las personas dicen no ser ellas quienes tienen estas conexiones. “Hay mucha gente que lo hace”, me contó Yeison, “pero pues a nadie le gusta decir porque eso es ilegal, claro. Y menos se lo van a decir a usted. Pero yo le aseguro que la mayoría de gente en este barrio tiene esa conexión paralela”.

En una conversación que sostuve con un ingeniero hidráulico que trabaja para un proyecto estatal cuyo propósito es mejorar el sistema de acueducto, me dijo que las personas debían ser educadas en una “cultura del consumo”. Muchos habitantes, según él, construyen estas acometidas irregulares que generan fugas y deprimen el sistema debido a que las mangueras son conectadas a las tuberías de forma “artesanal”. Es interesante observar cómo la infraestructura hidráulica, en cuanto sistema relacional (muy deficiente por la escasa movilización de recursos estatales), abre un marco interpretativo en el que estas frágiles construcciones de los ciudadanos emergen como un aparente causante del desabastecimiento.

Ocurre también que la empresa corta el suministro a aquellas personas que han excedido la fecha límite de pago. Para esto, insertan un tapón de silicona a unos dos metros de profundidad en la manguera de suministro, obstruyendo el correr del agua. Víctor, un plomero local que trabaja cerca a la ferretería, se encarga de sacar el tapón con una varilla de tres metros, construida de forma artesanal solo para este fin. Por 10 000 pesos (3 dólares), Víctor permite que las personas, burlando las políticas nacionales de regulación, tengan nuevamente el suministro de agua. Un plomero de Hidropacífico con quien hablé varias veces sobre este tema, mientras íbamos en su moto por Ciudad Blanca, me contó que esto solía ocurrir en todos los barrios de Buenaventura, ya que la gente no siempre cuenta con ingresos suficientes para pagar las facturas.

Las conexiones paralelas hacen parte de las prácticas de construcción y manutención a escala doméstica y representan, como argumento aquí, una forma de evadir y redefinir los límites del Estado. La construcción de obras de infraestructura para el almacenamiento de agua representa una necesidad y una forma de habitar los espacios urbanos parcialmente desabastecidos, al mismo tiempo que una coproducción del aparato estatal en su función de abastecer a los ciudadanos con recursos públicos. Además, las conexiones irregulares se insertan en esta lógica de necesidad porque muchas personas no pueden pagar las facturas del prestador del servicio (y otras, sin conexiones regulares, no podrían siquiera abastecerse). Mientras las construcciones coproducen una responsabilidad estatal, a través de estas acometidas se negocian sus límites.

Consideraciones finales

En este artículo mostré cómo, en el contexto de desabastecimiento de recursos públicos, se articulan y reproducen prácticas sociomateriales para enfrentar el parcial desabastecimiento, producto de la poca inversión del Estado, sus débiles instituciones y una reciente ola de privatización. La construcción y manutención de estas obras para el almacenamiento de agua, así como las llamadas acometidas irregulares del sistema central del acueducto, (re)configuran las relaciones entre los sujetos y el Estado, al mismo tiempo que este último se coproduce y se redefinen sus límites. Mi argumento apunta a que las construcciones reproducen las tecnologías estatales cuando se trata del almacenamiento y repartición del agua; o bien sobrepasan los regímenes legales y materiales que el Estado dispone a través de acometidas irregulares, con lo que se redefinen sus límites.

De igual forma, estas prácticas están supeditadas a la fragilidad y volatilidad de los materiales (^{Bennet 2010}). Para Stephen ^{Graham y Nigel Thrift (2007)}, los constantes daños, rupturas y descomposiciones de las tecnologías e infraestructuras urbanas producen momentos significantes de transformación. El fenómeno mismo de la reparación genera una movilización de técnicas y recursos que conllevan un constante “aprendizaje, adaptación e improvisación” (^{Graham y Thrift 2007}, 5). Por lo demás, la reparación no significa una intacta restauración de aquello averiado, sino un mejoramiento, canibalización y reciclaje. Estas prácticas forjan así una heterogeneidad de técnicas y ritmos alrededor de las construcciones necesarias para la provisión de agua a una escala doméstica. Las instalaciones aludidas en este artículo no representan entonces formaciones estables. No se trata de soluciones replicables a un problema de desabastecimiento, marcadas por ritmos y procedimientos estructurados. Son, por el contrario, el resultado de coyunturas específicas: formas de improvisación y experimentos de plomería ligados a la circulación de dinero, las condiciones del clima y la presión del agua (^{Simone 2006}). Se enmarcan, por lo tanto, en un contexto de vulnerabilidad (^{Callén y Sánchez Criado 2015}). Estas formas de reproducir, mimetizar y oponerse al Estado son, a fin de cuentas, una estrategia para habitar los espacios urbanos marcados por el desabastecimiento y la pobreza. Son acciones políticas, siguiendo el argumento de la silenciosa intromisión de lo ordinario propuesto por Asef ^{Bayat (19979}. Un activista social me dijo en una caminata por Ciudad Blanca que él no quisiera fomentar las acometidas irregulares del acueducto en la ciudad, pero que, frente a tal situación de desabastecimiento, la gente tendría que acceder de alguna u otra forma al recurso. “Entonces yo le digo a la gente: ‘si usted ve cómo pegarse del tubo, pues péguese'”. Mientras no haya un sistema funcional, estas construcciones son una forma de coproducir el Estado en su función de adjudicar los recursos públicos; y una estrategia más de supervivencia en una urbe tan hostil como Buenaventura.