COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA NACIONAL

 

Exclusión económica y violencia en Colombia, 1990-2008: una revisión de la literatura*

 

Economic exclusion and violence in Colombia, 1990-2008: a review

 

 

Germán Darío Valencia Agudelo**; Deiman Cuartas Celis***

** Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y miembro de los grupos de investigación Hegemonías, guerras y conflicto y Microeconomía Aplicada de la misma universidad. Dirección electrónica: german.valencia@udea.edu.co y gdvalencia@yahoo.com.

*** Profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo de investigación Hegemonías, guerras y conflicto. Dirección electrónica: dlcuartas@gmail.com.

 

–Introducción. –I. La exclusión social y económica y la violencia. –II. Exclusión económica y violencia: la realidad colombiana entre 1990 y 2008. –A. Exclusión económica: algunos indicadores de su evolución reciente; –B. La violencia en Colombia: algunos indicadores de su evolución reciente. –III. Dinámica de los estudios sobre la violencia y las causas objetivas en Colombia. –A. Los estudios de la violencia en Colombia antes de 1995; –B. Dinámicas recientes de estudios sobre la violencia y la exclusión económica.–IV. Conclusiones. –Referencias bibliográficas.

 

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RESUMEN

El artículo hace una revisión de la literatura que se ha producido en Colombia en las últimas dos décadas sobre la relación entre exclusión económica y la violencia. Muestra como a partir de 1995, con el trabajo de Malcom Deas y Fernando Gaitán, los análisis sobre la violencia se ha dividido en dos grupos: los que argumentan que ésta es causada por factores subjetivos (individuos racionales que usan la violencia como mecanismo para lograr beneficio y poder) y los que ponen el énfasis en las condiciones objetivas (señalan a la desigualdad, la pobreza y las debilidades del Estado para responder a las demandas sociales, entre otros, como causantes de la violencia). El artículo se sitúa en esta última perspectiva; aunque propone que para tener una visión más comprensiva y cercana a la realidad, que dé soluciones efectivas a la violencia en Colombia, se deben considerar ambas perspectivas.

Palabras clave: Exclusión económica, inequidad, pobreza, violencia, criminalidad.

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ABSTRACT

This article makes a revision of the literature that has been produced in Colombia in the last two decades on the relationship between economic exclusion and violence. It shows how, starting in 1995 with the work of Malcom Deas and Fernando Gaitan, the analyses of violence have been divided into two groups: those which argue that it is caused by subjective factors (rational individuals who use violence as a means of gaining benefits and power) and those which emphasize objective conditions (pointing to inequality, poverty and weaknesses of the State in responding to social demands, among others, as the causes of violence). The article is placed in the last perspective; however, it proposes that, in order to have a more comprehensive and more realistic view, one that produces effective solutions to violence in Colombia, both perspectives need to be taken into account.

Key words: Economic exclusion, inequity, poverty, violence, crime rate.

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RÉSUMÉ

L'article présente une révision de la littérature colombienne concernant la relation entre exclusion économique et la violence pendant les deux dernières décennies. Cette révision montre comment à partir de 1995 -et notamment avec le texte de Malcom Deas et Fernando Gaitán-, les analyses sur la violence ont été divisées en deux groupes. Tout d'abord, ceux qui soutient que la violence obéit à des facteurs subjectifs (individus rationnels qui utilisent la violence comme un moyen d'obtenir des avantages et du pouvoir) et, ensuite, ceux qui soutient que la violence obéit à des conditions objectives (l'inégalité sociale, la pauvreté, la faiblesse de l'État pour répondre aux demandes sociales, etc). Cet article se place dans cette dernière perspective, même si nous considérons également le premier facteur pour rendre une analyse plus compréhensible et surtout plus proche de la réalité, vu notre intérêt de proposer des solutions efficaces à la violence en Colombie.

Most clef: exclusion économique, inégalité, pauvreté, violence, criminalité.

Clasificación JEL: H56, I32, I38, Y3

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Introducción

La violencia es reconocida como uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad colombiana en las últimas décadas. Esto debido a los efectos negativos que tiene sobre todos las esferas sociales, entre ellas la económica. Particularmente en ésta esfera, causa significativas caídas en los niveles de producción, empleo e inversión; además destruye los diversos capitales (social, humano, físico y natural) con que se generan riqueza y desarrollo. De allí el interés de muchos por explicar, comprender y presentar soluciones este dañino fenómeno.

Pero los trabajos sobre la violencia no solo se dirigen a mostrar los efectos perversos, también existe un marcado interés por explicar sus causas. En el país es común encontrar, desde antes de la década de 1970, estudios que tratan de explicar los factores que dan origen a la violencia. Estos enfatizan en la debilidad del régimen político (Leal, 1989), en la precariedad del Estado (Oquist, 1978), en dificultades institucionales (Montenegro y Posada, 2001) o en la confluencia de muchos factores (Camacho y Guzmán, 1990; Comisión de Estudios sobre la violencia, 1987; Gaitán y Montenegro, 2000; Moser, 1999).

Trabajos, que a pesar de su riqueza multicausal, se han venido agrupado en dos bandos a partir de 1995 con el trabajo de Malcom Deas y Fernando Gaitán. El primer grupo argumenta que la violencia es causada por factores subjetivos, es decir, el origen de la violencia colombiana, se asocia con el comportamiento de los individuos que, como actores racionales, la utilizan como un mecanismos para obtener y acumular poder para beneficio propio y el de sus familias (Echeverry, Salazar y Navas, 2001; Gaitán y Deas, 1995; Gaitán y Montenegro, 2000; Gutiérrez, 2001; Martínez, 2001; Montenegro y Posada, 1995; Sánchez y Núñez, 2001; Sánchez, 2007)¹. El segundo grupo explica la violencia desde las causas objetivas; argumentan que son situaciones sociales como la inequidad, la pobreza, la desigualdad en los ingresos, la carencia institucional y falta de políticas sociales del Estado, entre otras, las que producen acciones violentas (Briceño-León, 2008; Moser, 1999, Sarmiento, 1999; Valenzuela, 2002).

En los últimos tres lustros se han generalizado en Colombia los estudios sobre la primera explicación. Argumentan que son factores subjetivos los que explican la violencia, y que el enfoque de las causas o condiciones objetivas carecen de sustento teórico y están sesgados ideológicamente (Gutiérrez, 2001). Reducen las causas a razones netamente individuales o grupales, con una visión economicista. El objetivo de este artículo es mostrar que el segundo enfoque no es nada desdeñable, y que existe evidencia fuerte de la relación que hay entre la violencia y la exclusión económica en Colombia, siendo esta una de las aristas que se desprende de la explicación por las denominadas causas objetivas.

El artículo se divide en cuatro secciones: la primera, hace una exposición teórica sobre los acercamientos a la delimitación sobre lo que es exclusión social y económica y lo que se entiende por violencia. La segunda, muestra el comportamiento de la exclusión económica y la violencia en Colombia entre 1990 y 2008, tratando de evidenciar, con la literatura revisada, que tal relación de causalidad existe y es bastante explicativa. La tercera revisa por los trabajos que se han realizado en Colombia sobre las condiciones objetivas de la violencia, en donde se argumenta la idea de que la violencia es causada por un gran número de factores, pero priman sobre los demás los factores objetivos, que en este caso son los socioeconómicos. Finalmente, en la cuarta sección, a manera de conclusión, se hace una invitación a trabajar en este enfoque, buscando no remplazar el enfoque de las causas subjetivas, sino complementarlo, dándole una visión más integral a la explicación y comprensión de las causas de la violencia colombiana y, por tanto, acercarse más a algunas propuestas para su solución.

Para realizar lo anterior, en el texto se consideran una gran cantidad de trabajos que se han producido, tanto en Colombia como por fuera, en las últimas dos décadas. Y, a pesar que se enfatiza en la exclusión económica, se presenta también otros trabajos que tratan de explicar las causas de la violencia.

 

I. La exclusión social y económica y la violencia

La humanidad se ha caracterizado históricamente por vivir en sociedad. En ella las personas luchan por obtener los recursos con los cuales consideran lograr unas condiciones de vida deseadas. Sin embargo, muchas veces la sociedad o grupos de ella, no les permiten acceder a escenarios económicos, políticos, sociales o culturales, causando un descontento y deteriorando los niveles de vida. A este fenómeno, que ha sido tan estudiado en las ciencias sociales, se le ha llamado exclusión social.

La exclusión social ocurre cuando a una persona o grupo poblacional se les impide o imposibilita beneficiarse del desarrollo social. Por ejemplo, se le excluye de las esferas de la producción, la distribución, el intercambio o el consumo, no se les permite acceder y participar en los espacios de deliberación y decisión social como concejos o asambleas, o no logran utilizar servicios como la educación o la salud (Tézanos, 1999). Así, estas personas o grupos tienen desventajas frente a otros en acceder a los diversos servicios, generando un deterioro relativo de este grupo excluido de sus condiciones de vida (González, 2002). Por su parte, cuando una persona o un grupo familiar no tienen la oportunidad de beneficiarse del desarrollo económico e institucional que posee el mercado y el Estado, se habla que estos están sometidos a una exclusión económica (Garay, 2002; Max-Neef, 1986; Pnud, 2003; Sarmiento, 1999; Sen, 2000). De esta manera, la exclusión económica se presenta cuando un grupo poblacional se le impide generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Estas personas carecen de acceso a escenarios de acumulación de riqueza, de compra y venta de bienes y servicios, de capital humano y, en general, de los recursos que posibilitan el desarrollo económico.

Esto se aprecia en comportamientos irregulares del ingreso, carencia de recursos, acceso a activos productivos como tierra, capital, crédito o mano de obra, a canales de distribución o de consumo, y a problemas para el disfrute de estos bienes o servicios colectivos de todas las personas (Camacho, 2001). Cuando esto ocurre se producen deficiencias en la sociedad que dan origen a fenómenos perversos como la desigualdad en el ingreso y la riqueza (concentración del ingreso y del capital), altos índices de pobreza, ausencia de oportunidades de acceso al mercado laboral, alto desempleo y subempleo y precariedad del mismo, entre otros (Castiblanco y Gordo, 2002)².

Pero el problema mayor de la exclusión económica está en el circulo vicioso que se genera, al no posibilitar a las personas que están excluidas salir de los problemas que esta generó. Así, por ejemplo, el no poseer recursos genera en el grupo poblacional la imposibilidad de suministrase todos los bienes y servicios útiles y necesarios para la vida, así como los recursos para acceder a la acumulación de capital financiero, físico y humano. Una persona sin recursos difícilmente accede a la educación superior, por ejemplo, lo que le reduce la probabilidad de salir de la pobreza; o una persona sin acceso al mercado financiero, difícilmente logra iniciar o mantenerse en el mercado de bienes y servicios.

Sin embargo, los problemas que genera la exclusión económica no paran allí. Las personas intentando salir de esta situación de exclusión y buscando ser incluidas en todos los mercados o escenarios económicos, utilizan muchas veces la violencia como un medio para lograrlo. En términos de Hanna Arendt (1970), la violencia se produce cuando los individuos con el objetivo de lograr un fin, utilizan la fuerza y producen daños a otros. Se trata, por lo tanto, de un término que se esgrime para significar una gran variedad de situaciones; en este sentido, como se habló de la exclusión, la violencia también puede ser económica, jurídica, sexual, infantil, cultural, etc.³

Lo anterior ha servido a los ''violentólogos'' para dividir y clasificar la violencia según la persona que la sufre (por ejemplo, mujeres, niños y ancianos), según la naturaleza de la agresión (física, psicológica y sexual, entre otras), según la motivación (que puede ser política, económica o social, entre otras) o según donde ocurra el hecho (en la casa, en el trabajo o en la calle, por ejemplo), entre otras muchas formas (Sanmartin, 2004). Lo que posibilita que se pueda hablar de violencias de distinto orden: violencia política (la causada por movimientos insurgentes y grupos paramilitares, entre otros); violencia doméstica (la dada en el núcleo familiar por relaciones asimétricas); o la violencia común o social (que erosionan la ciudadanía, pero que se caracterizan por ser difusas y por provenir de múltiples causas).

De manera particular, se habla de violencia económica, cuando, por ejemplo, en el sector primario se dan luchas por poseer y dominar recursos mineros (atentados a oleoductos, masacres, muertes selectivas, etc.) o por poseer y utilizar la tierra productiva (causando, por ejemplo, muertes, desplazamientos, entre otros). También, se produce violencia en los mercados ilegales de armas y drogas, allí los grupos delincuenciales utilizan la fuerza, la intimidación y el terror para conseguir un dominio en estos mercados. Para colocar un último ejemplo, se puede hablar de violencia económica cuando se atenta o destruye el capital físico, el humano o el natural; causando, incluso, variaciones negativas en los ciclos económicos (Pizarro, 2004).

 

II. Exclusión económica y violencia: la realidad colombiana entre 1990 y 2008

El objetivo de este segundo apartado es mostrar de manera muy general algunas cifras de exclusión económica y violencia en Colombia entre 1990 y 2008, solo con el objetivo de evidenciar la problemática y dejar sentado que existe una relación entre estos fenómenos en el país. Evidencia que se complementará con los múltiples estudios que se señalaran en la tercera sección, donde se han estudiado de manera empírica la relación directa entre violencia y exclusión económica, y han mostrado la relación existente entre ambos fenómenos.

Como se mostró en el apartado anterior, la exclusión económica es una de las múltiples formas de exclusión social. Esta se puede presentar en cualquiera de los mercados que integran la economía (bienes y servicios, financiero, laboral, de activos, internacional, etc.). En este orden, el coeficiente de Gini uno de los indicadores más utilizados para aproximarse a una medida de exclusión económica, aunque también se pueden utilizar variables como la precarización del empleo o los ciclos bajos de la economía (Pizarro, 2004). Lo mismo ocurre con la violencia, que como se vio, puede ser observada y medida desde muy diversas formas, como por ejemplo, mediante el número de delitos, la tasa de homicidios o el desplazamiento de población, entre otras.

A. Exclusión económica: algunos indicadores en su evolución reciente

La literatura es recurrente en mostrar que Colombia es uno de los países con mayor grado de exclusión en la región y en el mundo (Garay, 2002). Esto se evidencia aún más al observar la evolución que ha tenido el Coeficiente de Gini en las últimas décadas, destacando como éste es significativo y su evolución reciente no muestra mejoras substanciales. Desde la década de 1990, éste coeficiente, se encontraba en una cifra de 0,55, pasando a 0,56, una década más tarde, dos años después se sitúa en 0,58 y finalmente, asciende a 0,59 para el 2008 (Bonilla, 2009)⁴. Esto significa que aproximadamente el 20% de los hogares colombianos posee cerca del 62% de los ingresos del país en 2008.

Lo anterior, se constata cuando se analiza la concentración en los activos productivos. Se calculaba que para 1994 en Colombia, cerca del 46% de la población estaba excluida de un acceso real a activos productivos y otras formas de riqueza, como el capital financiero, lo que genera una incapacidad en la gente para invertir⁵ (Trujillo, 1994). Siendo uno de los activos más concentrados, la propiedad de la tierra: al iniciar la década de 1990 el 1,08% de la población poseía el 53% de la tierra (Machado, 1999), proporción que se elevó en 2005 a 0,45% de propietarios y 57,3% de la tierra (con propiedades en promedio superiores a las 5.000 hectáreas); en contraste, los pequeños propietarios han tendido a reducirse (Machado, 2007). Apropiación que muchas veces se da por causas de la violencia asociada con el conflicto armado y el narcotráfico que hace que los campesinos sean desplazados de sus parcelas.

Otra medida que indica significativos niveles de concentración es el mercado de capitales y accionario. En cuanto al primero se observó que en 1999, cómo las 10 empresas más grandes del país absorbían el 75% del mercado de capitales. El acceso al crédito es restringido: los 50 mayores deudores del sistema financiero absorben el 20% del crédito comercial, mientras que los 1.500 mayores deudores concentran el 75%. Y en cuanto al segundo, el índice de concentración de la propiedad accionaria se ubicaba en 0,93 (Garay, 2002).

La exclusión económica en Colombia también se puede analizar geográficamente. En 2002 el PIB se concentraba en tres regiones, estas representan cerca la mitad de la producción de todo el país: Bogotá producía el 23,26%, Antioquia el 14,73% y el Valle del Cauca el 11,84%. En esta misma lógica las personas de estas regiones reciben ingresos superiores a las demás (el ingreso de los bogotanos es un 66% superior al resto del país). En contraste, los 10 departamentos con menores ingresos aportan solo el 3,5% del PIB (Castiblanco y Gordon, 2002)⁶.

Finalmente, otro indicador utilizado para medir la exclusión económica son los asociados al mercado laboral. En Colombia, se acepta que el acceso a éste es cada vez más difícil, las condiciones laborales han empeorado su calidad y la remuneración en promedio ha bajado. Esto afecta indudablemente las condiciones de vida de la población al no permitirles una fuente regular de ingresos. En el periodo analizado, la tasa de desempleo pasó de 10,8% en 1990 a cerca del 20% en 2000, y luego en 2008 aunque la tasa bajó, se situó por encima de la que se tenía al inicio del periodo (11,8%) (gráfico 1), esto a pesar del buen dinamismo de la economía en el último lustro (Bonilla, 2009). En cuanto a la informalidad, la tasa pasó de una cifra cercana al 55% en 1990 a una de 56,5% en 1998, en 2000 sube a 61,4% y en promedio entre 2002 y 2005 estuvo en el 60% (Vélez, 2006: 13). Informalidad donde se ubican la mayoría de personas sin estudios superiores y donde los salarios están cercanos al salario mínimo.

 

B. La violencia en Colombia: algunos indicadores en su evolución reciente

En lo relacionado con la violencia, el país también se presenta como uno de los más violentos de la región. Esto se constata rápidamente mirando la tasa de homicidios, que ha sido una de las más altas, no solo en la región, sino también en el mundo. Esta es una de las formas más graves de violencia, pues con este acto se elimina el acceso y disfrute de todos los derechos de las personas. En Colombia, el número de homicidios entre 1990 y 2005 fue de 405.572, es decir, una tasa promedio de 63 homicidios por cada 100 mil habitantes (gráfico 2), que la hace una de las más altas en el mundo y comparadas con los países latinoamericanos, triplica la de Brasil o México, cuadriplica la de Venezuela y quintuplica la de Perú y Ecuador (Oppdh- Dih, 2008)⁷.

 

Salama (2008) y Salama y Camara (2004) hacen un estudio comparado entre América Latina y Colombia y muestra como la violencia homicida tiene un fuerte componente económico. La violencia es fruto, en buena parte, de la dinámica económica, pues también tiene factores sociológicos y antropológicos. Aspecto que afecta la violencia no solo en momentos de caída de la economía sino también durante la recuperación económica, donde la desigualdad y la pobreza son fuertes. Idea en la que coinciden con Sheanan (1988: 184) citado por (Gutiérrez, 2001: 63) para quien

La principal diferencia entre las democracias de América Latina y las del Norte con respecto de las consecuencias de las fuerzas del mercado es que en buena parte de América Latina aquellas estimulan la desigualdad extrema y dejan amplias porciones de la población casi completamente al margen de las ganancias del crecimiento, mientras que en el Norte han sido generalmente crecientes para prácticamente todo el mundo. Si un sistema económico ofrece ganancias a la mayoría de la población tiene una alta probabilidad de ser protegido por todas las partes en un sistema político con elecciones libres. Si concentra las ganancias en una minoría entonces o la mayoría debe ser mantenida en la ignorancia de qué está sucediendo o, si se apercibe de ello, el sistema será destruido⁸.

Otra variable, igualmente contundente que la anterior es la relacionada con los delitos. En Colombia, el número de delitos ha crecido en los últimos cincuenta años: inicia en la década de 1960 con un número de delitos cercanos a 70.000, se elevan hasta la década de 1980, iniciando esta con 210.000, se estabiliza hasta 2000 con 230.000 delitos y de nuevo se elevan hasta más de 370.000 en 2006 (gráfico 3)⁹. Teniendo como mayor participación los delitos contra el patrimonio económico (la propiedad), seguidos en importancia por los delitos contra la vida e integridad personal (gráfico 4). Los primeros han tenido dos picos significativos: el primero en casi toda la década de 1970 y los segundos durante esta última década (2000-2007).

 

 

En Colombia, dada la característica de tener un conflicto armado interno y múltiples actores armados que actúan tanto en el campo como en las ciudades, es significativo analizar la violencia que se ejerce a través de las acciones que, como el desplazamiento forzado de población, vulneran el Derecho Internacional Humanitario, configurándose con ello un complejo escenario de crisis humanitaria. Entre 1990 y 2002 en Colombia se produjeron casi dos millones de desplazados a causa de la violencia y, aunque desde 2002 esta cifra venía cayendo, en 2008 de nuevo llegó el número de desplazados a una cifra semejante a la de 2002, situándose la tasa de desplazamiento para este año en 888 desplazados por cada cien mil habitantes. En total se habla de 4.628.882 desplazados en Colombia, cerca de un millón de familias, entre 1985 y 2008, situación esta que afecta a más de un 10% de la población colombiana (gráfico 5).

 

El anterior fenómeno está asociado directamente con el despojo y abandono de tierras. Colombia es reconocida como un país donde la población campesina se convirtió en objetivo militar, y sus tierras y bienes pasaron a manos de los grupos armados que a través de estos actos criminales, despojan, destierran y asesinan a las familias campesinas10. En término de abandono de tierras se habla de 5,5 millones de hectáreas (10,8% del área agropecuaria del país), que genera 49,7 billones de lucro cesante (11,6% del PIB). Con ello la población perdió activos, capital social, tierras y estabilidad laboral, con lo cual, la exclusión económica se elevó. Situación que se agrava si se considera que la mayoría de los desplazados son mujeres y niños (52%) (Codhes, 2009). Población que viene a ampliar los cinturones de miseria de las ciudades¹¹.

Finalmente, al igual que la concentración de la riqueza geográficamente, también el número de homicidios se concentra en Colombia: entre 1990 y 2005, el 55% de las muertes violentas se concentró en tres departamentos Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca y en 20 departamentos (equivalente a dos terceras partes del total) se registra solo el 20% (Oppdh-Dih, 2008). Igualmente se encuentra que la concentración de los homicidios se da en los grandes centros urbanos. En la ciudades se presentan el 30% de las muertes violentas, lo que hace pensar en la importancia de los escenarios urbanos para entender la violencia homicida y sus características y no tanto asociada con las expresiones solo en los entornos rurales (Comisión de Estudios sobre la violencia, 1987). Sin embargo, a pesar que la violencia se ha reducido desde 1990, aún es significativa en Colombia (gráfico 6).

 

III. Dinámica de los estudios sobre la violencia y las causas objetivas en Colombia

El interés por estudiar las causas de la violencia ha sido una constante en la literatura internacional (Becker, 1963; Bourguignon, 1999; Briceño-León, 2008; Ehrlich, 1996; Fajnzylber, Lederman y Loayza, 1999 y 2001; OMS, 2002; Pizarro, 2004; Salama, 2004; Valenzuela, 2002). Particularmente en la relación entre exclusión económica y violencia la discusión se ha enriquecido y dinamizado desde la década de 1970 (Coser, 1970; Gurr, 1970; Hann, 1999; Kurt, 1996; Muller, 1985, Muller y Sligson, 1987, Weede, 1987).

En Colombia, con el objeto de sintetizar una amplia literatura que sobre las causas de la violencia se ha realizado, se podría dividir en dos grandes momentos: la violencia ocurrida y analizada antes de 1995¹², donde primaban las explicaciones sociológicas, que enfatizaban en las causas objetivas (Gutiérrez, 2001); y la que ocurre y es analizada después de esta fecha donde se produce un giro hacia los factores subjetivos, con un marcado acento económico, estadístico y econométrico (Gaitán y Montenegro, 2000). La intención en este último apartado es revisar la literatura colombiana reciente donde se relaciona a esta con la violencia. Para ello se mostrará, primero la dinámica de los trabajos antes de 1995, para luego pasar a la que se da en la época reciente.

A. Los estudios de la violencia en Colombia antes de 1995

En Colombia, los estudios de la violencia son muy amplios. Desde la década de 1960 se han generado una serie de estudios que analizan las causas de la violencia. Estos se inician con los primeros trabajos sobre el periodo de la Violencia, el transcurrido entre la muerte de Jorge Eliecer Gaitán (1948) y el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Hasta los sesentas los estudios sobre la violencia se caracterizaron por el carácter descriptivo y especulativo; pero con la aparición del libro de Guzmán, Fals y Umaña (1963) se comienza a dar un carácter más académico e investigativo a estos asuntos. A este trabajo les siguen los de Oquist (1978), Pecaut (1987, 1995), Sánchez (1977, 1985, 1990), Weinert (1966), Williamson (1965), que desde una perspectiva política analizan la violencia. Todos estos trabajos se caracterizan por atribuir el origen de la violencia con un carácter marcadamente político.

Pero con la irrupción del narcotráfico y el desarrollo de las ciudades en Colombia, desde mediados de 1970, se comienza a dar un giro en las causas de la violencia, Lo que quedó documentado prolíficamente en 1987, cuando el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) conformó una Comisión de Estudios sobre la Violencia que puso en evidencia el cambio en la estructura de la violencia en Colombia, mostrando el surgimiento de otras violencias, complementarias a la política, como la producida por el narcotráfico y los diversos problemas de convivencia social en los escenarios urbanos. Por ello a partir de ese momento se pasó a hablar de las violencias: política, urbana, organizada, étnica, etc. Así, las causas de la violencia se ampliaron a factores como la exclusión social, el desequilibrio regional, la pobreza y la desigualdad, entre otros.

Este trabajo se caracterizó por tener un enfoque multidisciplinario, donde enfatizaban en la visión de conjunto que debía dársele al estudio de la violencia. Es un esfuerzo analítico integral que incluye las múltiples miradas sobre la violencia, en este sentido tiene la virtud de recoger las diversas visiones de los ''violentologos'' en Colombia, tanto en sus definiciones como en la explicación de las causas¹³. Reconoce a Colombia como un territorio donde la violencia no es solo política, sino también, socio-económica, socio-cultural e incluso territorial. Los colombianos se matan ''más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado''; reconocen, igualmente, que la violencia se está apoderando de las ciudades y que esta no es ''negociable'', como si lo es la de los aparatos armados que luchan por el poder político. En resumen, lo destacable de éste trabajo es que reconoce el papel que juega las condiciones de vida y las relaciones sociales en el origen de la violencia; muestra como el deterioro de las condiciones de vida de grupos poblacionales, a causa del magro o incluso precario desarrollo y la concentración de la riqueza, tienen como efecto acciones violentas de los excluidos.

Este estudio, a pesar de la múltiples críticas que se le han realizado (Deas y Gaitán, 1995; Gaitán y Montenegro, 2000; Rubio, 1997), generó en Colombia una dinámica en la producción literaria que enfatizó en uno u otro componente, de los muchos señalados por la Comisión. Por ejemplo, el trabajo de Salazar (1994), que plantea la violencia en las ciudades como causa de la pobreza, de la precariedad del Estado para atender las demandas sociales y de la reconfiguración socio-espacial que ha producido acelerados cambios en la cultura y el sistema administrativo. En conclusión, el hacinamiento creciente en las ciudades produce violencia, además de aquella generada por la ilegitimidad del Estado.

O el trabajo de Melo un año después (1995), el cual hace un esfuerzo por relacionar pobreza y violencia y aunque encuentra empíricamente poca relación, advierte que esto ''encubre un sofisma de población''. Pues la gente pobre, dado las dificultades que tiene para acceder a diversos espacios, como el mercado laboral, el educativo, el de bienes y servicios, etc., está muy propensa a utilizar la violencia para buscarle salida a sus desfavorables condiciones, que muy difícilmente de otra forma lo lograrían transformar.

En síntesis, antes de 1995 predominaban en Colombia trabajos que a pesar de sus deficiencias cuantitativas y evidencias empíricas, explicaban las causas de la violencia de manera más amplia. Se tenía una comunidad científica que trabajaba en las diversas aristas de la violencia, se comportaba el conjunto de trabajos como una escuela, donde partiendo de un trabajo amplio, con múltiples hipótesis, los diversos estudios se dirigían a comprobar o debatir las ideas señaladas en él (Camacho, 1990; Camacho y Guzmán, 1990; Carrión, 1993; Leal, 1989; Pécaut, 1987; Sarmiento, 1993; Vargas, 1994).

B. Dinámicas recientes de los estudios sobre la violencia y la exclusión económica

El giro sobre los estudios de la violencia en Colombia lo causó el trabajo que en 1995 realizó M. Deas y F. Gaitán, que unido al trabajo de Montenegro y Posada (1995), provocaron un énfasis en las causas subjetivas de la violencia. A partir de esta fecha se comienza a hablar de la violencia como fruto de acciones racionales de los agentes, quienes vinculados a estructuras armadas poderosas, como organizaciones criminales, grupos guerrilleros o paramilitares, utilizan la violencia como un medio para conseguir sus fines. Estos agentes y organizaciones realizan sus cálculos de ganancia ante un sistema de justicia débil para que los logre controlar o castigar.

Tanto en este trabajo, como en el realizado por la Comisión (1987), hace un recorrido por la literatura internacional sobre la violencia, donde presenta definiciones y clasificaciones. Pero tiene el ''vicio'' de agruparlas en dos bandos: las motivaciones individuales y las colectivas; borrando con ello las múltiples miradas que hay sobre las causas de la violencia. En este sentido, Deas y Gaitán (1995) dan un giro en los estudios sobre la violencia en Colombia al plantear que la tarea de los investigadores no es reconocer la multiplicidad de factores que causan la violencia sino ofrecer una explicación de causación donde se prime el factor más importantes, que según su apreciación es el individual: ''los hombres, sin excepción, son motivados por su deseo de poder, prestigio y riqueza'' (Citado por Bonilla, 2009: 3). Con esto se pasa de una visión amplia de la violencia, mas socioeconómica o sociológica si se quiere, a una visión microfundamentada, basada en la idea de una elección racional, cuantitativa y reduccionista.

Esta nueva propuesta, llamada causas subjetivas de la violencia, a pesar de sus aportes en términos metodológicos, cuantitativos, econométricos, empíricos y parsimónicos, debe analizarse críticamente, pues deja a un lado el enorme cúmulo de estudios que desde hacía ya casi cuatro década se venían realizando y acumulando en Colombia. Se pasa de una visión holística a una reduccionista, que quiere simplificar todo a un acto racional, propio de una visión particular de la ciencia económica.

Sin embargo, el trabajo tuvo un efecto beneficioso, sin quererlo, para los estudios de las causas objetivas. Con Deas y Gaitán (1995) se inicia una serie de estudios que quieren mostrar que las causas objetivas son importantes. Se provoca una reacción de la comunidad académica que había estudiando la violencia por varias décadas y que se sentían defraudados con este ''nuevo'' enfoque. Para ellos el carácter reduccionista, simplista y nada universalista de la perspectiva subjetiva debía ser evidenciado. Por ello a partir de estos momentos se dinamiza la producción de trabajos que enfatizan sobre las causas objetivas, particularmente los que ven la violencia como causada por la exclusión económica. Trabajos como los de Camacho y Guzmán (1997), Cubides, Olaya y Ortiz (1998), Moser (1999) y Bolívar, González y Vásquez (2003), por solo citar algunos, muestran que este enfoque aun es válido y que requiere ser tomado con seriedad. A continuación, se sintetizarán algunos de estos resultados.

Camacho y Guzmán (1997), por ejemplo, atribuyen la violencia, particularmente la que se vive en las ciudades, a las desigualdades económicas, a las precariedades del sistema de justicia, a la aparición de delincuencia común y a una débil cultura ciudadana. La violencia, para entenderla, hay que ubicarla y analizarla en escenarios. Allí se dan intereses complejos que sabiéndolos entender se comprenden las causas de la violencia, pues ella es diferente en cada uno de ellos.

Le sigue Carolina Moser (1999), especialista del Banco Mundial, quien reconoce el carácter multifactorial que tiene la violencia en Colombia. Explica ésta debido a factores políticos, económicos y sociales. En los económicos está la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza; en los políticos están la precariedad del Estado para monopolizar el uso de la fuerza y la administración de justicia y la impunidad; y en los factores sociales, la falta de oportunidades educativas y laborales, la persistente utilización de la fuerza para dirimir disputas y la fragmentación social, entre otros factores. Considera que estas categorías no son excluyentes, que el fenómeno es complejo y hay que analizar con responsabilidad cada una de ellas.

Finalmente, otros trabajos que se presentan como respuesta a los trabajos de Deas y Gaitán (1995) y Montenegro y Posada (1995) y que se inscriben en la explicación de las causas objetivas son, los de Banco Mundial, 2004; Bourguignon, 1999; Camacho, 2001; Castiblanco y Gordo, 2002; Cisalva, 1998; Cuellar, 2000; Daza, 2001; DNP, 1998; Franco, 1999; González, 2002; Hann, 1999; Jimeno y Roldan (1996); Jimeno, 1998; Latorre, 2004; López y García, 1999; Pnud, 2003; Sarmiento, 1999¹⁴.

 

Conclusiones

De lo presentado anteriormente quedan varias cosas claras: primero, que la violencia es un fenómeno multicausal y, como argumenta Moser (1999), esta ''obedece a un conjunto de factores económicos, sociales, históricos y políticos''. Dentro de ellos, la exclusión social, que como se vio, es un fenómeno social que se reconoce cuando a las personas se les priva de diversos aspectos de la vida colectiva, como el acceso a la justicia y la ley, al uso de instituciones públicas, a espacios donde se logre aumentar el bienestar. Por ello visiones simplistas como las presentadas por los estudios subjetivos, que resaltan un aspecto pero deja por fuera muchos otros deben ser cuestionados. Aspectos como la desigualdad, la exclusión y la pobreza, que ponen en evidencia las difíciles condiciones de vida, provocan mayor probabilidad de causar inseguridad y violencia (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2001). Actos criminales como el robo o el atraco donde se causan lesiones fatales o no fatales, pueden ser inducidos por la carencia de un empleo, el hacinamiento de la vivienda y las deficiencias nutricionales, estos fenómenos se presentan en general en sectores de ingresos bajos, con deficiencias educativas, excluidos de oportunidades sociales. Esto no quiere decir que la violencia solo se deba a ello, pues también puede ser causada por actores armados y excluidos políticamente, o por actores que con cálculos racionales utilizan la fuerza para lograr sus fines.

Segundo, que es necesario marchar hacia trabajos más multidisciplinarios, con múltiples objetos de análisis de la violencia, si se quiere tener una visión más comprensiva de las causas de la violencia en Colombia. Los trabajos presentados aquí, como los de la Comisión de Estudios sobre la violencia (1987), el del Departamento Nacional de Planeación (1998), el de Sarmiento (1999) y los de Salama (2004, 2008), entre muchos otros, tienen en común el estudiar la violencia desde múltiples enfoques, tratan el problema de la violencia en su orígenes, naturalezas y formas de solucionarla. Reconocen que la violencia es multidimensional y, por tanto, multidisciplinar y transdisciplinar; que para tener una visión comprensiva de ella se requiere compartir metodologías y componentes (Briceño- León, 2008; Franco, 1999; Martínez, 2001; Salama, 2008).

Y tercero, que dado el carácter multidimensional de la violencia y transdisciplinar para su estudio, también se requiere pensar en soluciones que tengan esta mirada. Como propone Garay (2002), los comportamientos violentos se logran corregir cuando la sociedad, a través de sus acuerdos colectivos, logra crear consensos que comprometen a todos. Acuerdos mínimos aceptados que posibiliten la inclusión en todos los espacios (económicos, políticos, culturales, etc.). Esto permite lograr una cohesión social y un ejercicio maduro de la ciudadanía. En situaciones como estas se crean instituciones legítimas, duraderas y respetadas.

Se requiere de políticas efectivas que favorezcan la reducción de la violencia. Políticas públicas que no apunten solo al fortalecimiento de la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a reducir la violencia por otras vías como, por ejemplo, aquellas que reduzcan la exclusión económica. De igual forma que logren brindar oportunidades de acumular capital, al acceso al mercado laboral, a créditos, a espacios para ofrecer, intercambiar y consumir bienes y servicios. Programas de lucha contra la pobreza y la exclusión económica podría ofrecer soluciones integrales a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la violencia. Del éxito de estas lecturas y sus traducciones en formas de intervención y políticas puede depender la sostenibilidad de los actuales niveles de violencia, y las posteriores mejoras que este grave flagelo comportan para una sociedad como la colombiana.

 

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Primera versión recibida el 7 de septiembre de 2009; versión final aceptada el 30 de octubre de 2009

 

 

Notas

* Este artículo hace parte de los productos derivados del Proyecto de Investigación ED1469 ''Estrategia para la sostenibilidad de los grupos A y A1 para el año 2009'', financiado por el Comité de Apoyo a la Investigación –Codi– de la Universidad de Antioquia y desarrollado por el Grupo de Investigación Hegemonías, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad. Línea regulación, conflicto y economía.

1 La visión de las causas subjetivas tiene como uno de sus máximos representantes a Gary Becker (1968), quien partiendo de individuos racionales, plantea el crimen, el delito y la violencia como un acto individual, donde los agentes establecen probabilidades de captura y condena, hacen cálculos sobre el sistema de premios y castigos y toma decisiones con estos (Valencia, 2006: 144).

2 Una forma, por ejemplo, de mirar la exclusión económica es a través de los problemas asociados con la vivienda como relación de hogares con o sin vivienda, ubicación de la vivienda, legalidad o no de la vivienda, grado de hacinamiento, permanencia en la vivienda o rotación de los habitantes, son todos estos indicadores que muestran desde lo económico el grado de exclusión en esta variable.

3 La violencia puede tener un doble fin, sirve para buscar la inclusión o para excluir a otros. Sin embargo, hay que advertir que no solo se excluye con violencia, también se puede lograr mediante actos impropios como la corrupción, el clientelismo, la informalidad y la criminalidad.

4 Este índice se ubica en 0.25 en países desarrollados como Dinamarca o Noruega y asciende un poco en países pobres y con un nivel inferior de desarrollo como India o Indonesia donde se ubica en 0.3. Colombia comparte con Brasil y Guatemala uno de los niveles más altos de desigualdad en América Latina, países donde este coeficiente es cercano a 0.6, siendo esta una de las regiones más desiguales del planeta (Cepal, 2009).

5 Esto se refleja en la capacidad de ahorro de los colombianos, quienes en promedio ahorran el 18% del PIB, presentándose una caída en la última década.

6 La exclusión económica geográfica se produce en otro sentido: la población rural en el período analizado ha sufrido una fuerte desagriculturización fruto de desplazamiento y empobrecimiento del campesinado que ha tenido que migrar a los centros urbanos, por la confrontación armada. La lucha en el campo ha producido de nuevo más concentración, ha reducido las posibilidades de modernización y tecnificación. La población desplazada aun no se logra incorporar de manera creativa y productivamente al mercado laboral. Esto explica por qué la brecha en ingresos entre sector rural y urbano y entre los tres grandes centros económicos y el resto del país (Garay, 2002).

7 Sarmiento (1999) relaciona la tasa de homicidio con el Índice de Calidad de Vida (ICV), el coeficiente Gini, la escolaridad promedio del hogar, la participación política y el gasto estatal por habitante muestra que se da una relación inversa entre ellos, enfatiza en la inequidad como una de las causas más visibles de la violencia homicida y como esta crece con la desigualdad.

8 Esta afirmación deja sobre la mesa nuevamente la hipótesis de las causas objetivas para toda América Latina. Establece que en las sociedades más inequitativas habrá tendencialmente menos lealtad y, por tanto, más inestabilidad, lo cual genera violencia. Es importante agregar que esta hipótesis no implica que la causa inmediata de toda insurrección sea la inequidad, ni que la base social de los insurgentes sean los pobres, ni que la violencia se produzca en las regiones o municipios más deprimidos, ni que las rebeliones siempre son justas; sólo está planteando una correlación nacional entre variables socioeconómicas y violencia (Gutiérrez, 2001: 64).

9 Recordemos que estos son solamente los delitos reportados ante la ley, que según estudios recientes sobre victimización y seguridad equivalen entre un 20 y un 40% de los delitos totales (Acero y Pérez, 2008).

10 Pero no es sólo la salida forzada presionada por quienes imponen el control hegemónico en una zona o por quienes disputan un territorio, también el desplazamiento está asociado al interés de grupos económicos legales o ilegales, nacionales o internacionales, que promueven macroproyectos, explotación de recursos naturales o imposición de monocultivos para la producción de agrocombustibles en zonas de conflicto.

11 Tomando como referencia el número de personas que llegaron desplazadas, las regiones más afectadas fueron Bogotá (56.087 personas desplazadas), Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879 personas). Los departamentos que presentaron los mayores incrementos en el número de personas recepcionadas fueron en su orden: Magdalena con un incremento del 143% respecto a 2007, Guaviare 132%, Córdoba 101%, Antioquia 78%, Guainía 65%, Cesar 42%, Valle del Cauca 38%, Meta 34%, Cauca 33% y Arauca 32% (Codhes, 2009: 4).

12 Algunos analistas de las ciencias sociales, y de forma concreta desde la economía (Martínez, 2001; Bonilla, 2009), sugieren que el ''quiebre'' en los análisis de los estudios de la violencia en nuestro país, se dio a mediados de las década de 1990, cuando desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se comisionaron varios trabajos para actualizar los enfoques sobre el análisis del tema. Trabajos como los de Deas y Gaitán (1995) y Montenegro y Posada (1995), entre otros, configuraron este giro ''copernicano'', en los estudios de la violencia nacional, al pasar de las explicaciones ''sociológicas'' a las explicaciones derivadas de los esquemas formales de la ''elección racional''.

13 La Comisión recogió los diversos trabajos anteriores, como el de Huntington (1968), que presentan la hipótesis de la violencia como el desfase entre el desarrollo económico y el institucional de las sociedades en crecimiento como la causante de desordenes políticos y sociales.

14 Hay que resaltar el trabajo que Bolívar, González y Vásquez realizan en 2003 con el objetivo de ahondan en la compresión de la violencia, particularmente política, establecen que el conflicto colombiano se da por la tensión que entablan con el Estado los violentos, quienes optan por el uso de la violencia como una forma de conseguir poder en contextos de construcción del Estado y ausencia del monopolio de la fuerza.