2.1 Grupos de poder en el marco de políticas de restitución

Enfoques críticos plantean que existe una intencionalidad en el hecho de que las políticas de reparación revictimicen (^{FCSPP, 2020}). Por ello, además de aspectos como los obstáculos institucionales, respuestas a tal fenómeno surgen de la posición e intencionalidad de grupos de poder para que los procesos de reparación simplemente no cumplan su propósito (^{FCSPP, 2020}) y refuercen una concentración de medios, incluida la propiedad rural.

Estudios previos y declaraciones de excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia ante los Tribunales de Justicia y Paz (^{CNMH, 2010}), entre otros, señalan que, en el caso del Caribe colombiano, desde finales de la década de los 80, e incluso antes, ha existido un predominio paramilitar, así como un ejercicio compartido con redes de poder económico y político que no solo se han opuesto a un orden insurgente sino a una distribución más equitativa la propiedad rural (^{Gutiérrez, 2012}; ^{Uribe, 2009}; ^{Reyes, 2009}; ^{Reyes et al., 2007}; ^{CNMH, 2018b}).

(…) lo que parecía un recurso a la defensa propia frente a la depredación del ELN y de las FARC, y que recibió el apoyo decidido de buena parte de la elite cesarense, se convirtió pronto en un pretexto para expulsar a decenas de familias de sus tierras y tomarse la administración del Estado en los órdenes municipales y departamentales (^{Gutiérrez, 2012}, p. 35).

El presente trabajo destaca que la sistematicidad en la violencia del conflicto armado, de la victimización y revictimización proviene, entre otras, de las formas de concentración de poder de élites locales o grupos con poderío económico, militar y político (^{Cárdenas, 2012}; ^{Higley, 2008}; ^{Pearce, 2018}). Siendo la tierra un elemento que ha atizado el conflicto armado por décadas, esfuerzos de restitución y redistribución vía reparación se han enfrentado a una oposición de quienes concentran la tierra, aunque no se reduce a ellos. Por ello, existen redes y grupos de poder terrateniente que pueden obstruir por la vía administrativa procesos de restitución, al usar el sistema y los vacíos que este tiene, para conservar intacto el régimen de la propiedad. Lo anterior ocurre mientras se generan otras violencias de carácter armado que terminan por afectar a las organizaciones comunitarias y a los liderazgos sociales de la región.

En el caso del Caribe colombiano, se ha mostrado cómo vacíos en el diseño de políticas transicionales de reparación han impedido un avance en la restitución y titulación en favor de campesinos que tienen posesión y hacen uso productivo de la tierra (^{CCJ, 2018b}; ^{CCJ et al., 2019}). Para avanzar de manera más efectiva en la reparación de tierras a víctimas en estado de vulnerabilidad, trabajos como los de la Comisión Colombiana de Juristas (^{CCJ, 2018b}), la ^{CCJ et al. (2019)} y la Fundación Comité́ de la Solidaridad con los Presos Políticos (^{FCSPP, 2020}), entre otros, muestran un universo de obstáculos desde los niveles de recepción de solicitudes por parte del sistema de reparación hasta instancias de tribunales y juzgados de restitución (URT).

La persistencia de un régimen de la propiedad inequitativo y violento puede ser visto como resultado de lo anterior. En innumerables ocasiones, cuando víctimas de desplazamiento forzado, despojo violento y abandono de tierras en el Caribe colombiano han demandado del Estado acciones que permitan el retorno seguro de la población desplazada, garantías a un modo de vida digno en el campo o mecanismos para la resolución de vacíos jurídicos en temas catastrales precedentes al abandono de tierras, se encuentran con una serie de acciones institucionales que profundizan la revictimización, llegando incluso a desalojos por parte de las instituciones militares (^{CCJ, 2018b}; ^{CCJ et al., 2019}; ^{FCSPP, 2020}). En dicho orden, este trabajo pretende mostrar cómo en el marco de una política de reparación de tierras, familias opositoras tienden a usar el sistema de restitución y algunos de sus vacíos para defender sus propiedades, perpetuando así tal régimen.

Finalmente, el conflicto por la tierra en el departamento del Cesar enfrenta tres tipos de violencia: dos tipos que son reconocidos por ^{Gutiérrez (2012)}; 1) de las élites y 2) de las bases (violencia ejercida entre grupos de la sociedad). La violencia de las élites se caracteriza como una violencia “ejercida desde arriba, protagonizada por los grandes propietarios que se amparó en las estructuras del poder local y regional, fue ejecutada por la fuerza pública o los grupos paramilitares” (^{Gutiérrez, 2012}, p. 38). Esta investigación agrega una tercera, expresada en al ámbito institucional y materializada en obstáculos e impedimentos y una negación sistemática a las acciones legales emprendidas por los campesinos, colonos, indígenas, trabajadores rurales y/o víctimas, en busca de un derecho a la restitución y a un acceso formal a la propiedad.

5.1 Orígenes de la revictimización. Disputas por la tierra, desplazamiento y abandono

Con base en un análisis del corpus de sentencias construido para esta investigación, se establece una posible línea de tiempo (la propuesta por la comunidad) que indicaría que las 24 familias llegan al predio una vez el dueño de La Esperanza autoriza su ingreso y permite al administrador la interlocución con parceleros con quienes se pueda adelantar un posible acuerdo de uso y transferencia de recursos. Esta negociación priorizaría la entrada de familias que usufructuarían la tierra, ofreciendo dos tipos de retorno a la familia Girón-Flórez: primero, un retorno por el suelo ocupado y las cosechas comercializadas, lo que permitiría la supervivencia de las familias campesinas recién asentadas, y segundo, una bolsa de recursos comunitaria acumulable con la cual los parceleros de la Esperanza comprarían el predio en el futuro (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2020}).

Originalmente, la finca perteneció a un propietario ajeno a la familia Girón y, desde 1988, Andrés Girón Franco recibe la titularidad del mismo por parte del INCORA como cabeza de la familia Girón-Barrios (Folio matricula inmobiliaria No. 190-133). Entre 1988 y 1992, Andrés Girón cede los derechos de sucesión (escritura pública No. 2064) sobre el predio a su hijo y esposa, la familia Girón-Flórez (los primeros reclamantes en este estudio de caso). En 1993, cuando se alega una primera incursión armada de hombres de las FARC, la señora Flórez era la única propietaria del predio La Esperanza. Sin embargo, no hay una referencia documental que indique que la señora Flórez y su esposo hayan visitado o conocido esa propiedad. Andrés Girón Franco la adquiere, pero no hay evidencia documental de que sus sucesores hayan vivido o por lo menos conocido tal hacienda. Este elemento es importante porque la Corte Constitucional ha interpretado -para este caso en particular- quién puede ser considerado víctima (por lo que se indaga si una familia que, al parecer, nunca vivió en la zona puede ser tratada como tal o simplemente como poseedora de unos derechos patrimoniales compensables) y sobre quién debe prevalecer la restitución material: si sobre una familia que ha estado ausente durante tres décadas (posiblemente nunca conocieron la zona) o sobre una comunidad de parceleros que ha demostrado presencia, desplazamiento forzado y abandono de tierras desde 1993.

Los Girón-Flórez, como unidad ausente, afirman que en 1993 fueron amenazados de tal manera que no pudieron volver a hacer uso de su finca tras un robo de cabezas de ganado y la incursión armada de posibles combatientes de las FARC en su propiedad (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2017}). Esta versión ha sido cuestionada tanto en las sentencias consultadas como en algunas de las entrevistas realizadas, pues continuamente se indaga sobre la credibilidad de un robo masivo de cerca de 200 cabezas de ganado en una zona que no es ganadera y en contra de una familia que al parecer no vivió ni visitó la Esperanza. De este modo, de acuerdo con testimonios de la comunidad:

La Ley de restitución de tierras se prestó para que aparecieran falsas víctimas, el problema está en que muchas veces a las falsas víctimas, como es este caso, no las calificaron como tal, contaron con la suerte que la Unidad de Restitución de Tierras los consideraba realmente víctimas, pero si usted habla con todos los de la comunidad, te van a decir que nunca hubo tal robo de ganado, que no es cierto que las FARC les robó ganado; sin embargo, la declaración de ellos fue tomada en cuenta como tal, no se sometió a pruebas y quedó registrada como tal (A. Tolosa, equipo social CCJ, comunicación personal, marzo 18 de 2021).

Diferentes sentencias evidencian que, entre 1991 y 1993, cuando la titularidad recaía sobre los propietarios iniciales, se da una primera llegada de parceleros a la hacienda La Esperanza en condiciones similares a las expuestas anteriormente. Se manifiesta entonces:

Que, en ese grupo de campesinos autorizados para ingresar y explotar agropecuariamente el predio, bajo la condición de entregar parte de las ganancias a los propietarios hasta completar el predio, se encontraban entre otros, los aquí́ reclamantes (…), quienes iniciaron su posesión aproximadamente en los años 1991 y 1992 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2017, p. 3).

Las dinámicas de negociación cambian cuando la titularidad del predio pasa de la familia Girón-Barrios a la familia Girón-Flórez, especialmente cuando la señora Alba Lilia Flórez se convierte en la única propietaria remota de la hacienda. De tal cambio en las reglas de juego se desprende un primer conflicto visible entre las dos partes reclamantes. En las sentencias analizadas se señalan diferentes intentos -todos infructuosos- de negociación entre la comunidad de parceleros (que creció de manera progresiva hasta llegar a 25 familias) y la señora Flórez durante el periodo 1994-1999. En este último año, por primera vez, los apoderados de la señora Flórez demandan, ante diferentes instancias civiles y judiciales, la legalidad de la ocupación de la Esperanza por parte de estas 25 familias. Es así como se elevan tanto denuncias por ocupación ilegal de predios como requerimientos de desalojo ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Cesar y la Décima Brigada del Batallón del Cesar, entre otros (^{Corte Constitucional de Colombia, 2019}).

Este primer conflicto pone de presente una tensa situación entre los potenciales primeros reclamantes (familia Girón-Flórez) y la comunidad de parceleros de La Esperanza, por la ocupación del predio, mucho antes de los eventos de desplazamiento y muertes que derivaron en un abandono de tierras por parte de la comunidad y el subsecuente proceso de reparación en mención. Desde 1991 hasta 2001, cuando la comunidad sale de la zona ante el asesinato de dos parceleros, el destierro de uno más y la muerte de ocho soldados en la colindante finca El Carmen, se aviva una disputa en la cual los parceleros hacen pública una situación generalizada de estigmatización. En ella:

[El acompañamiento legal de la señora Flórez] inició una serie de denuncias contra todos los parceleros de la comunidad “La Nueva Esperanza” ante la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, el Batallón, la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Agricultura, sindicándolos “de manera temeraria y sin ningún fundamento, de ser milicianos y colaboradores del Frente 41 de las FARC. Denuncias que por supuesto han sido desvirtuadas en su totalidad toda vez que precisamente esta comunidad ha sido víctima reiterada de las acciones tanto de la guerrilla como de los paramilitares (^{Corte Constitucional de Colombia, 2019}, p. 7).

La precaria condición de la comunidad parcelera -en disputas legales y señalada de pertenecer a los mismos grupos armados que estaban asesinando a sus miembros- se agrava ante la salida masiva de personas, dado el recrudecimiento del conflicto y el abandono de predios ya parcelados. En 2001, se produce un abandono de tierras y ni los Girón-Flórez ni las 24 familias asentadas en diferentes parcelas, entre ellas, La Esperanza, Los Cañitos, Bella Lía, Los Manantiales, los Jardines, Villa Patricia, Los Placeres 1 y 2, Atenas, La Cosecha, y Villa Luci, encuentran garantías de seguridad para permanecer en Codazzi (^{Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, 2015}).

Tres hechos victimizantes se unen para entender la calidad de víctimas de la comunidad de parceleros de La Esperanza. El primero es el asesinato de dos miembros de igual número de familias (familias G. y Ll.), el destierro de una tercera por coerción directa de las FARC (familia O.) y el desplazamiento final de 22 unidades, producto del recrudecimiento del conflicto en Codazzi. Es tal la condición de deterioro y daño material, emocional y cultural, así como el impacto colectivo que el conflicto armado dejó en la comunidad La Esperanza, que en 2007 se inicia un proceso de retorno sin acompañamiento institucional y un posible camino de reparación que la comunidad adelantaría una vez reasentada en la zona y que incluiría un proceso de restitución colectiva de tierras. Es este camino plagado de obstáculos, violencias cotidianas y espinas que han florecido desde el aparato institucional de la reparación, lo que ha derivado en un proceso sistémico y sistemático de revictimización⁵.

5.2 Obstáculos de la institucionalidad para la restitución de tierras

Las cifras tanto de despojo y abandono como de restitución de tierras en el Cesar, y en Codazzi en particular, dan cuenta de dinámicas complejas de abandono, especialmente del derivado del accionar paramilitar, y de negación, rechazo y oposición en miles de solicitudes de registro y sentencias de restitución⁶.

En el Cesar, de acuerdo con información de ^{Bernal (2004)}, desde 1996 hasta 2003 -en el pico de la violencia armada-, cerca de 18.000 hectáreas, concentradas en su gran mayoría en Valledupar (4.121), Codazzi (2.841), Chiriguaná (2.795) y Astrea (2.297), fueron oficialmente expropiadas de manera violenta. En mayor proporción, información de Pastoral Social, citada por ^{Reyes (2009)} y ^{Reyes et al. (2007)}, indica que las hectáreas abandonadas durante el periodo 1997-2007 se acercaron a las 74.743 hectáreas, siendo Valledupar (20.562), Agustín Codazzi (8.123), Curumaní (8.169), Chimichagua (7.109), El Copey (6.970) y La Jagua de Ibirico (4.210) los municipios más afectados. Dicho contexto de abandono por incidencia de grupos paramilitares (31.476 hectáreas a nivel departamental) y de otros actores (43.267), ha servido de fondo para un proceso de restitución de tierras que ha sido altamente fragmentado, y que ha quedado a merced de muchas de las fuerzas que han soportado históricamente al paramilitarismo y, en menor medida, a las guerrillas (^{CNMH, 2018a}).

En Cesar, con base en la información de la URT (^{El Tiempo, 2018}) para el periodo 2011-2018, los rechazos en la etapa administrativa representaron el 52% de las solicitudes, mientras que en Colombia esa cifra correspondía al 26%, duplicando el porcentaje promedio de rechazos nacionales. Para 2019 (de acuerdo con cifras más precisas y depuradas de la administración y operación de la restitución), los rechazos en etapa administrativa oscilaron entre el 65% y 68% del total de solicitudes presentadas. Así mismo, mientras en Colombia entre el 5% y el 5,8% de los casos han terminado con una sentencia proferida, en Cesar esta proporción disminuye al 3% (227 sentencias sobre 7.500 solicitudes en 2018 y 412 en 2020), convirtiéndola en la segunda región con la tasa más baja de emisión de sentencias entre los 20 departamentos con mayor número de casos evaluados por la URT⁷.

Este problema no solo se concentra en aspectos cuantitativos del número de solicitudes o decisiones tomadas, sino que connota un problema sociopolítico por la naturaleza de las decisiones adoptadas; en la medida en que se presentan diversas dificultades propias de las dinámicas de complejización y distanciamiento de las estructuras burocráticas, consistente en la generación de trabas y obstáculos para que la sociedad pueda conocer y acceder a los servicios y derechos propios del Estado.

Así, en los informes de valoración de los procesos de restitución de tierras realizados por el ^{CINEP (2015)}, la ^{CCJ et al. (2019)} y ^{Moncada-Carvajal (2012)}, se señala que este fenómeno no puede ser entendido de manera aislada, sino que es posible establecer una tipología de obstáculos, en los que los razonamientos técnico-administrativos del proceso terminan generando un acceso asimétrico a los beneficios, y en donde se camuflan dinámicas de poder focalizadas en un manejo de estadísticas de eficiencia y resultados.

El primero de estos obstáculos tiene que ver con la complejidad del proceso de restitución de tierras que emana de la Ley 1448 de 2011 (^{Congreso de la República de Colombia, 2011}) y de sus distintos decretos. En las entrevistas realizadas a funcionarios activos y retirados de la Unidad, se señala que las víctimas llegan a la entidad con expectativas que superan las posibilidades de acción de la entidad, ya que no comprenden que en el proceso de restitución de derechos interviene un andamiaje institucional en el que se articulan distintas entidades; así mismo, plantean que los tiempos administrativos y judiciales de la entidad tienden a ser muy largos, por la dificultad procesal para establecer todos los requisitos de información requeridos, haciendo que el proceso demore varios años.

Esto lleva a que, en casos como el de Nueva Esperanza, los demandantes terminen con representación jurídica propia. Si bien dentro del proceso de restitución, dicha comunidad fue representada por un tercero, mediante un proceso legal de terciarización al que se somete la URT, los tiempos de litigio fueron tan altos y la indeterminación frente a procesos en su contra tan palpable, que la comunidad decide iniciar trámites por su cuenta.

En el caso de Nueva Esperanza, funcionarios de la URT, la UPBD y la CCJ han planteado que, durante este proceso de restitución, se ha materializado un debate jurídico que tiende a ser resuelto a favor de aquellos que tienen más recursos judiciales y económicos para intervenir: quienes llegan primero y en calidad de propietarios con títulos (contrario a la situación de segundos ocupantes sin título de propiedad) avanzan en el proceso de una manera más efectiva, pues cuentan con la documentación requerida y conocen los procedimientos del sistema de reparación, lo que profundiza los obstáculos a víctimas en situación de precariedad material, como los parceleros de Nueva Esperanza (L. Giraldo, abogada, antigua funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras, comunicación personal, junio 18 de 2020; O. Carreño, funcionario UBPD, comunicación personal, junio 17 de 2020; A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021).

De acuerdo con funcionarios entrevistados, si a ello se suma, la celeridad en las sentencias favorables de casos que no cuentan con oposición, se vislumbra cómo el diseño institucional de la política de restitución favorece a un tipo de caso y reclamante distinto al que representa Nueva Esperanza (J. Mojica, abogada y representante de víctimas ante URT, comunicación personal, marzo 8 de 2021). Al respecto, algunos funcionarios se preguntan si la familia Girón-Flórez puede ser considerada víctima, pese a no probar una cohabitación en la zona durante 30 años. O si, por el contrario, se le deben reconocer unos derechos patrimoniales compensables en calidad de propietarios ausentes (J. Mojica, comunicación personal, marzo 8 de 2021).

En la medida en que la URT elabora el caso de restitución de tierras de la familia Girón-Flórez y lo avala para ser presentado ante tribunales de tierras en Valledupar y niega ese mismo acompañamiento directo a la comunidad de Nueva Esperanza, subcontratando a un tercero para que lo haga sin una justificación clara, abre un abanico de preguntas sobre las condiciones y los privilegios que un reclamante debe tener para contar con un derecho directo de acompañamiento en la restitución.

En dicho contexto, el manejo del caso de la comunidad de Nueva Esperanza es paradójico por diversos motivos. Primero, porque durante las entrevistas realizadas tanto a expertos en temas de tierras, como a funcionarios de la URT y líderes de la comunidad, nunca se logró establecer por qué la URT actuó como apoderado de unas de las partes reclamantes y desistió de hacerlo en el caso de un segundo reclamante que solicitaba lo mismo. Si bien se presume que la calidad de segundos ocupantes de la comunidad de parceleros y el hecho de que fueran opositores en el primer caso, pudo haber incidido en esta decisión, esto nunca fue corroborado o desvirtuado en las entrevistas realizadas.

Segundo, si bien la CCJ entró como un tercero apoderado de la comunidad de Nueva Esperanza, lo hizo varios meses después, con lo cual el trámite de ambos casos ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) y los Tribunales de Tierras tomó una ventaja importante a favor del primer reclamante. En el caso del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), el predio La Esperanza es registrado por la familia reclamante en octubre de 2014 y por la comunidad de parceleros en marzo de 2015. La diferencia en el registro de los casos ante Juzgados Especializados en Restitución de Tierras es un poco superior, siendo el ingreso de la familia reclamante ante instancias judiciales en mayo de 2015 y el de la comunidad, en diciembre del mismo año.

Si bien este factor no fue identificado como definitorio en el hecho de que solo sobre el caso elaborado por la familia Girón (cuyo apoderado era la URT) se profiriera sentencia, sí deja entrever los tiempos con los cuales los Juzgados Especializados estudiaron material probatorio para ser evaluado.

Tercero, al tener en cuenta que todos los casos de restitución que pasan la etapa administrativa y que son elaborados por terceros, incluidos los de la CCJ, deben ser avalados por la URT, llama la atención que solo sobre el caso en el cual la URT actúa como apoderado, se profiere sentencia. Esta situación genera dos cuellos de botella judiciales con sendas implicaciones sociales. Primero, en el caso sentenciado, cuyo actor reclamante es la familia Girón-Flórez, se hacen continuas aseveraciones sobre un carácter victimario de la comunidad de parceleros en las que destacan no solo sus relaciones cuestionables y “oscuras” con especuladores y negociantes de tierras de la región (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2017}), sino su condición de “malandrines, peligrosos y gente de malas condiciones” bajo el control de un predio “a merced de las ambiciones y de los intereses del mayordomo y sus familiares, como de otros sujetos que fueron ocupando arbitrariamente terrenos” (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2020}, p. 3).

Segundo, una resolución de dicha sentencia a favor de la familia Girón y en contra de la comunidad de parceleros significó una serie de actos administrativos, judiciales y policiales, altamente victimizantes que terminaron con la puesta en marcha de tres desalojos policiales de los cuales hablaremos al finalizar la sección de hallazgos (^{Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 2017}).

Frente a la posesión material del predio y a la pregunta de quién debe ser expulsado, algunos entrevistados se preguntan quiénes son los ocupantes reales del predio y cómo no se terminan afectando los derechos de propiedad de terceros, especialmente si estos aparecen como segundos ocupantes y no logran mostrar títulos de propiedad, aun cuando llevan viviendo décadas en ellas (A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021). Estos debates técnicos -con implicaciones sociales- inciden negativamente en el desarrollo de los procesos, tal y como sucedió en el caso de Nueva Esperanza:

El caso de la Avianca, era muy similar al de Alba [reclamante inicial y oponente de la comunidad de parceleros Nueva Esperanza], pues había una persona que pidió la restitución de tierras de todo el predio de mayor extensión; había una comunidad que había llegado allí y que también fueron víctimas. La diferencia es que dicha comunidad fue víctima, desplazada y masacrada, denominados los vianqueros que eran a quienes nosotros representábamos, y después de ellos llegó otra comunidad como ocupantes secundarios, entonces lo que era un pueblo antes, ahora era un corregimiento con dos poblaciones que disputaban derechos y la Unidad de Tierras, por una razón que uno no entiende, se aceleró el proceso de restitución de tierras de la primera solicitante y sacó el registro de tierras, cuando a nosotros nos dieron el poder, fue tarde (…) (J. Mojica, comunicación personal, marzo 8 de 2021).

En citas como la anterior se cuestiona el proceder de una institucionalidad que actúa en contra de una comunidad que busca reparación. ¿Por qué la URT solo elabora y avala el caso de una familia ausente y se abstiene de intervenir directamente en el de una comunidad que solicita lo mismo? ¿Por qué la URT acelera el envío de casos de una parte reclamante y no sigue la misma directriz cuando la comunidad Nueva Esperanza solicitó lo mismo? ¿Por qué el Juzgado Especializado de Valledupar (ente autónomo a la URT) emite sentencias sobre un caso que tiene una segunda demanda en curso sin fallar nada sobre esta última? Los anteriores son limbos jurídicos recurrentes en este caso y que hacen que se lea a la Comunidad Nueva Esperanza como un real oponente a vencer.

La difícil situación de esta comunidad refleja cómo el diseño institucional de una política de reparación a nivel nacional y sus mecanismos de implementación en el plano regional, sin ser los únicos, se convierten en aspectos causantes de un buen número de prácticas que devinieron en violencia institucional y revictimización.

Si bien, por una parte, la restitución de tierras para el porcentualmente reducido número de reclamantes que superan la etapa administrativa -entre el 35% y 38% del total de casos (^{CCJ, 2018b})- genera beneficios como la representación judicial, la presunción de despojo y la inversión de la carga de la prueba, existen aspectos que van desde su implementación hasta los intereses de ciertos grupos regionales que limitan y niegan los beneficios de la restitución, especialmente para quienes actúan como segundos ocupantes.

El primero de ellos es la ambigua y regresiva situación de segundos ocupantes sin título de propiedad, quienes como en el caso de Nueva Esperanza, terminaron como oponentes de un reclamante con títulos y vistos como causantes de un proceso de abandono de tierras donde medió la violencia directa. El grupo de Nueva Esperanza entró rezagado a un proceso en el cual su posición ni siquiera existía en la legislación transicional. Segundos ocupantes en calidad de parceleros, en estado de vulnerabilidad y necesidad extrema, y sin relación directa con grupos armados ilegales, testaferros y compradores de mala fe, no estaban contemplados en la Ley 1448 de 2011 (^{Congreso de la República de Colombia, 2011}). Fue la aparición de grupos como Nueva Esperanza y Avianca la que aceleró la aparición de legislación sobre segundos ocupantes. Desde la aprobación del Decreto 4829 de 2011 hasta la aparición del Acuerdo 018 de 2014 de la UAEGRTD y del decreto 440 de 2016 de la URT, que reconoce formalmente la calidad de segundos ocupantes, la situación de los parceleros fue crítica, pues se avanzó en un proceso en el que difícilmente ellos eran reconocidos como una figura legal (^{Martínez, 2019}).

El segundo problema, relacionado con lo anterior, es el tiempo que tomó el desarrollo del caso. Desde 2011, que se crea la Ley y que se llevan a cabo los primeros intentos por registrar La Esperanza ante la UAEGRTD, hasta el año 2017, año en el cual se responde al caso de la familia Girón-Flórez, la situación de los parceleros que derivan su sustento económico de dicho predio fue de total incertidumbre. De poco sirve tener representación judicial tercerizada, si un proceso que atañe a familias en grado extremo de vulnerabilidad toma más de seis años en oficinas y además se resuelve de manera confusa y desfavorable para los parceleros.

Los testimonios de algunos líderes entrevistados (A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021) y el proceso mismo de empatía de los investigadores dan cuenta de una vulnerabilidad de familias que se levantan a diario durante varios años sin saber qué va a pasar con lo que ellos consideran suyo; sin tener claro de qué van a vivir y qué van a comer al día siguiente. Esta incertidumbre, que sobrepasa las cuestiones jurídicas de si se tiene o no un abogado, es la base de un sufrimiento emocional, alimentario, socio-ambiental y colectivo que ha sido abordado en contextos de políticas públicas fallidas (^{Vélez-Torres y Lugo-Vivas, 2021}), en los que grupos históricamente marginados han sufrido daños por los resultados perversos y no deseados del fracaso de políticas transicionales.

El tercer aspecto se relaciona con la resolución del caso, en el que se otorgaron derechos de restitución a la familia Girón-Flórez, sin haber resuelto demandas de un segundo proceso, en el que dicha familia era la oponente. En términos judiciales, este fue el escollo más grande para los parceleros en la medida en que los dos procesos en curso fueron acumulados y luego separados. Inicialmente, el Juzgado Segundo Civil en Restitución de Tierras de Valledupar llevó el caso de la familia Girón, mientras que el Juzgado Tercero hizo lo mismo con el de los parceleros. Por acción de la comunidad, las dos solicitudes fueron acumuladas en el proceso de la familia Girón y el caso fue trasladado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Sin embargo, en el 2016, el mismo Tribunal que avaló dicha acumulación para partir de las etapas iniciales del caso más precario y hacer el proceso más garantista ordenó la ruptura de los dos procesos (^{CCJ, 2018c}), sin que la comunidad de Nueva Esperanza tuviese una respuesta clara del porqué de dichas decisiones.

Al indagar sobre la lógica que soportó dicha ruptura, ningún entrevistado identificó una causa jurídica. Para los entrevistados fue un sinsentido lo que se hizo, a menos que existieran otros intereses ocultos (A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021). Adicionalmente, cuando se resolvió uno de los dos casos, este fue el de la familia Girón-Flórez. Así, los parceleros quedaron maniatados, sin razones claras del porqué de tal ruptura, con una sentencia desfavorable (la URT ganó un proceso de restitución, sin embargo, lo hizo en contra de una comunidad) y con un estatus de segundos ocupantes que los dejaba ad portas de un desalojo policial.

En dicho orden, comunidades campesinas en contextos de violencia -ya sea institucional o armada- recurren a diferentes repertorios para contestar tales órdenes (^{Prada, 2004}). En informes de monitoreo y entrevistas realizadas para esta investigación hay un elemento que pone de presente la invisibilización institucional de la comunidad Nueva Esperanza. En este caso, la presencia de la CCJ fue central para ampliar la capacidad de agencia de las comunidades reclamantes. Sin esta presencia, los mecanismos y enclaves de poder de las élites hubiesen generado mayores obstáculos en la restitución de derechos:

Aquí se mueve a través del dinero, debajo de la mesa, entonces, esta señora que peleaba esas tierras con estos campesinos tenía mucho poder, mucho poder económico, entonces ella le dio algo muy importante a la Unidad de Restitución de Tierras, que fue la fuerza de ella, y ella buscó muchos políticos, entonces ella se sintió apoyada por la institucionalidad, mientras que los campesinos estaban solos (Integrante Asociación Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, comunicación personal, marzo 25 de 2021).

Esta acción externa de organizaciones y colectivos jurídicos fue central para lograr resultados positivos en algunos casos, pero también es objeto de debate y discusión. En entrevistas realizadas, se señala que esto trae consigo dos elementos a analizar: en primer lugar, los grados de dependencia que produce, y la necesidad de que las intervenciones vengan acompañadas de procesos de transmisión de conocimiento y fortalecimiento del liderazgo autónomo; y, en segundo lugar, la presencia -puntual y no generalizada- de entidades que se aprovechaban para brindar asesorías amañadas para generar beneficios propios (A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021; M. Ricardo, dirigente Asociación Campesina del César por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, comunicación personal, marzo 25 de 2021). Frente a este último punto, algunos entrevistados plantean la existencia de funcionarios de la Unidad que se beneficiaron de estos procesos abriendo empresas para asesorar a las víctimas y generar un lucro particular o en su defecto salir de la URT para trabajar en empresas que se verían impactadas por casos actuales de restitución⁸.

De manera adicional, uno de los aspectos que mejor describe los obstáculos institucionales en la zona tiene que ver con la congestión de procesos, derivada del contexto generalizado de violencia y despojo de predios en el departamento y en el municipio, lo que terminó por generar una estrategia de cumplir metas, negar derechos (^{CCJ, 2018b}), denominada así por un funcionario de la Comisión Colombiana de Juristas entrevistado para esta investigación. Esto se complementa con otro dato relevante: tanto el Juzgado como el Tribunal de Restitución de Tierras desarrollaron para el municipio de Agustín Codazzi un total de 51 resoluciones entre el año 2012 y el año 2015, de las cuales en su mayoría son pronunciamientos de procedimiento y de sustanciación; sin que se tomaran decisiones de fondo frente a las reclamaciones de las víctimas. Argumento que coincide con las conclusiones del informe periodístico “Restitución de tierras en Cesar, más papel que realidad” (^{Rodríguez-González, 2018}), derivado del trabajo de Pax Colombia en la región y con las entrevistas desarrolladas. Es decir, que se desarrolló una estrategia consistente en negar sistemáticamente y/o dilatar el proceso a partir de resoluciones de sustanciación que no llegaban a ningún pronunciamiento de fondo, evidencias significativas de estas formas de indiferencia institucional por los derechos de las víctimas.

Esto abre una discusión doble derivada de los planteamientos de los distintos entrevistados (I. Daza, economista, docente, lideresa política nacional, comunicación personal, junio 12 de 2020; J. C. Gamboa, funcionario Defensoría del Pueblo, comunicación personal, junio 20 de 2020; L. Giraldo, comunicación personal, junio 18 de 2020; A. Tolosa, comunicación personal, marzo 18 de 2021), y de los informes consultados.

Aunque el caso que aborda este artículo está determinado por la acción de las FARC-EP, el contexto departamental y municipal presentó amplias dinámicas de victimización y despojo por cuenta de la acción sistemática del paramilitarismo, lo que hizo que la Unidad de Restitución colapsara en esta región por el alto número de demandas. Así, la necesidad de descongestionar a la entidad llevó a que se profirieran masivamente resoluciones de rechazo, entendiendo que las acciones de revisión o apelación que de allí se derivaban exigían recursos y asesorías jurídicas que no siempre tenían las comunidades afectadas. Tal situación llevó a que, en el municipio de Agustín Codazzi, el número de rechazos en etapa administrativa fuera cercano al 68% (^{CCJ, 2018b}); lo que indica que más de dos terceras partes de las solicitudes de restitución de tierras presentadas venían casi con un destino predeterminado.

Ahora bien, el contexto de violencia generalizado no solo devino en un obstáculo nominal al aumentar el número de demandas, sino que provocó un tercer escollo, al crear unos contextos de intimidación y amenaza para los reclamantes. Así, no solo se ciernen sobre estas víctimas formas de revictimización por cuenta de las violencias institucionales y burocráticas, sino que estas últimas se desarrollan en contextos de violencia directa, asesinatos selectivos y amenazas contra reclamantes de derechos y líderes sociales (^{Defensoría del Pueblo, 2016a}).

Este panorama muestra procesos de revictimización de forma masiva y sistemática en Agustín Codazzi, incluyendo a las familias de Nueva Esperanza. Las comunidades víctimas del despojo no solo padecieron la presión para salir de sus predios, sino que después descubrieron que, a pesar de la institucionalidad estatal destinada a restituir sus derechos, diversos obstáculos políticos, violentos y burocráticos hicieron que fueran objeto de nuevas formas de victimización, esta vez por cuenta de la acción irregular del Estado (^{Franco-Gamboa, 2016}).

Las 45 entrevistas realizadas a parceleros despojados develaron también otra realidad dolorosa como es la revictimización que han sufrido muchos de los reclamantes, tal y como se lo denunciaron los campesinos a la periodista: “varios de ellos no saben leer ni escribir y creen que los funcionarios se aprovecharon de eso para hacer cambios en las solicitudes de reclamación”. El agujero negro en el que se ha convertido los trámites administrativos que se adelantan por restitución de tierras en este departamento, el poco acceso a la información y la dilación de los procesos judiciales, entre otros, ha llevado a que muchos de los campesinos terminen desistiendo de su reclamo o aceptando una transacción desventajosa (^{PAX Colombia, 2018}, párr. 7).

Finalmente, la materialización de un grado más sofisticado de revictimización en contra de esta comunidad se alcanza con los intentos de desalojo coordinados por la Policía de Agustín Codazzi en 2018 (^{CCJ, 2018a}). De este modo, en febrero, marzo y agosto de ese año, se programaron desalojos policiales sucesivos en contra de las familias de parceleros. Proferir tal sentencia significaba que los miembros de dicha comunidad quedaban sujetos a mecanismos como el desalojo forzado, pues perdían toda potestad legal sobre La Esperanza. En dicho contexto normativo, los intentos de desalojo fueron adelantados por un Juez Especializado de Valledupar, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y tropas del Ejército Nacional en diferentes momentos. No obstante, algunos intentos se suspendieron luego de que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) advirtiera las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad campesina y de que otras instituciones tomarán partido en defensa de la comunidad (^{CCJ, 2018b}). Es en este periodo de tiempo y ante la gravedad de las acciones policiales adelantadas en contra de los parceleros (aquellos que pedían ser escuchados en un proceso de restitución), que se solicitaron medidas cautelares a la CIDH (^{CCJ, 2018c}; ^{Rodríguez-González, 2018}) y se elevó una solicitud de revisión de sentencia ante la Corte Constitucional.

En 2019, la Corte Constitucional en un hecho sin precedentes, decidió detener y revertir todos los procesos ejecutivos y sentencias proferidas por el sistema de restitución de tierras, hasta que los respectivos tribunales del Caribe (con base en nuevos lineamientos del sistema de restitución) pudieran fallar a favor tanto de los Girón-Flórez como de la comunidad de Nueva Esperanza. La sentencia T008-19 de la Corte Constitucional (^{Corte Constitucional de Colombia, 2019}), de obligatorio cumplimiento, determinó que las 24 familias de Nueva Esperanza debían ser restituidas legal y materialmente, preferiblemente en el predio en disputa. De acuerdo con dicha Corte, existen elementos que permiten sustentar que la comunidad de Nueva Esperanza había habitado el territorio en disputa por tres décadas, mientras que su contraparte permaneció ausente durante el mismo periodo de tiempo, aunque por eventos forzosos.

Por ello, los primeros debían ser restituidos y los segundos compensados (Corte Constitucional de Colombia, 2019). Es entonces la intervención de instituciones como la Comisión Colombiana de Juristas, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, la que permitió que se reconocieran de manera irrevocable derechos de restitución a una comunidad de campesinos desplazados y, por poco, nuevamente expulsados. Aunque suene paradójico, el desalojo por medio del uso de la fuerza en 2018, no solo representó una materialización más sofisticada de la revictimización (ahora por medio de la intimidación policial), sino que permitió colocar en la palestra pública la situación de una comunidad cuyos derechos habían sido violados de manera sistemática. Lo anterior terminó reorientando el futuro de las sentencias alrededor de este predio y devolvió cierta “esperanza” a los miembros de esta comunidad.