INTRODUCCIÓN

El presente artículo proviene del proyecto de investigación titulado Estado de realización de los derechos de las personas con discapacidad y su vinculación con la política pública en siete municipios de la provincia centro del departamento de Boyacá, cuya finalización se encuentra programada para el semestre 2020-II y está financiado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Los autores son coinvestigadores vinculados al proyecto adscrito al Grupo de Investigación Hugo Grocio de dicha institución.

Se trata de una investigación dogmática del tipo básico-jurídica, pues el objeto de estudio está constituido por la normatividad colombiana en materia de discapacidad que surge a partir de la declaratoria de emergencia en territorio nacional. Para el efecto, se utilizaron fuentes secundarias de investigación, y se analizó la ley y la doctrina aplicable al objeto de estudio.

Sobre este contexto, el artículo responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado de protección jurídica de la persona con discapacidad en época de pandemia en Colombia? Esta pregunta surge del objetivo general de determinar el estado de protección jurídica de la persona con discapacidad en época de pandemia en Colombia.

Por objetivos específicos, se postularon los siguientes: i) indagar la situación de la persona con discapacidad durante la pandemia Covid-19 en Colombia; ii) analizar las medidas de protección jurídica de la persona con discapacidad en época de pandemia; y iii) establecer recomendaciones para la protección jurídica de la persona con discapacidad en época de pandemia.

Por lo anterior, fue empleado un método deductivo de investigación, pues se hizo un análisis de conceptos y normas internacionales generales, para culminar en la normatividad colombiana en particular, con el fin de indagar sobre el estado de protección jurídica de la persona con discapacidad en territorio colombiano.

1. CONTEXTO

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (^{Organización de las Naciones Unidas, 2020, pár. 20-2}2), recordó la importancia de acentuar la protección de las personas con discapacidad a partir de la intensificación en la propagación de la Covid-19. Entre otros, se recordó las altas tasas de mortalidad en hogares de ancianos, así como el mayor riesgo de pérdida de empleo, de violencia doméstica y la necesidad de asegurar los derechos y promover la inclusión.

Este llamado a la conciencia y a la humanidad, más que ser un detonante para la protección de las personas con discapacidad, debió ser un recordatorio de algo que los Estados ya deberían estar ejecutando precisamente en búsqueda de una igualdad material que sea garante de derechos.

Es así que de manera previa al estudio de la persona con discapacidad, se hace necesario recordar que desde el 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan (provincia de Hubei en China) dio a conocer algunos casos de neumonía con etiología desconocida (^{Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020}).

Un mes después y ya habiendo casi diez mil casos confirmados en China y ciento seis confirmados en ciento nueve países, el director general de la Organización Mundial de la Salud declara que el brote representaba una emergencia de salud pública con relevancia internacional (^{OPS, 2020}).

El brote epidemiológico llega oficialmente a Colombia el 6 de marzo de 2020 cuando se reporta el primer caso en el territorio. Se trató de una mujer de diecinueve años proveniente de Milán, Italia (Instituto Nacional de Salud [INA], 2020). El virus empieza a propagarse por las ciudades más grandes del país hasta que el 17 de marzo -entonces con ciento cincuenta y siete casos positivos- el Estado colombiano promulga el ^{Decreto 417 (2020)} con el que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional.

El estado de emergencia es decretado por la Presidencia de la República en uso del artículo 215 de la ^{Constitución Política de Colombia (1991)}, por sobrevenir una situación que daña o pone en peligro en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituya grave calamidad pública, bajo el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Así, en el contexto del estado de emergencia decretado, era de esperar medidas que garantizaran la estabilidad de los derechos de toda persona en territorio colombiano, pero con más fuerza para las personas con discapacidad. En este sentido, se recuerda la pretensión material del derecho constitucional de la necesidad de que la humanidad entera pueda subsistir dentro condiciones materiales que generen posibilidades para seguir haciéndolo (^{Seco, 2015, p 1} ).

Por lo anterior, entraremos a estudiar a la persona con discapacidad en el contexto del estado de emergencia decretado en respuesta de la propagación de la Covid-19 en territorio colombiano, lo cual servirá de resorte para determinar su protección jurídica y posibles recomendaciones en época de pandemia.

2. LA SITUACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Como reconocen ^{Gómez et al. (2018)} , la discapacidad es un concepto dinámico y evolutivo que a lo largo del tiempo ha sido definido a partir de diferentes modelos, en lo que predomina el médico y el social. El primero entiende que la discapacidad responde a limitantes biológicos y promulga por su rehabilitación. Por otro lado, el segundo asume a la discapacidad como una respuesta de la interacción entre el sujeto y el ambiente en que se desarrolla con la pretensión de atenuar las desventajas de la persona en relación con la sociedad a la que pertenece.

El modelo social -con tendencia en Colombia- genera acciones positivas e incluyentes que han llevado a importantes avances, como el deber de sustraer de la persona con discapacidad visiones de caridad, de pacientes o de sujetos con déficits individuales (^{Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad, 2002}). Sin embargo, se mantuvo el manejo de otros términos peyorativos, como la expresión “discapacitado” o “persona con capacidades diferentes” -vocablos restringidos por generar una imagen distorsionada que elimina rasgos de individualidad y las percibe solo en relación con la discapacidad de la persona- que poco a poco han menguado.

Así, autoridades como la ^{Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (s.f., pár. 5)} han concluido que expresiones como “persona con discapacidad” han surgido del modelo social que ubica en primer término a la persona, y a la discapacidad como una más de sus características. De esta manera, se entiende que la discapacidad se define tras la relación del sujeto con las barreras de su entorno. Lo importante de esta terminología es que resultó adaptada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como sugerencia formulada por personas con discapacidad (^{Organización de las Naciones Unidas, 2006, p. 14}).

Fue precisamente dentro del modelo social que autores como ^{Kenneth (2005)} propusieron un concepto universal de la discapacidad, por la cual toda persona está en condición de riesgo, dado que es una condición que podrá presentarse en cualquier momento de la vida de la persona. Este criterio lo recoge el Informe mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (^{OMS, 2011}) cuando concluye que toda persona tendrá una discapacidad en algún momento de su existencia y que se verá acentuada durante la vejez.

En el mismo informe fue estimado que más de mil millones de personas vivían a la fecha con alguna clase de discapacidad -alrededor del 15 % de la población mundial- (^{OMS, 2011}). Esta cifra ha venido aumentando paulatinamente y se espera crecimiento. Este hecho ha motivado otros avances, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de las ^{Naciones Unidas (2006)} el 13 de diciembre (ratificada por Colombia en el año 2011), con el fin de permitir a los Estados parte la viabilidad de marcos normativos internos que garanticen su cumplimiento y, en general, una protección eficaz de la persona con discapacidad.

Esto también desembocó en que, en septiembre de 2015, los Estados miembros de la ONU firmaran los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030, donde concretamente los objetivos 10 y 16 -enfocados en la discapacidad- sostienen la intención de disminuir desigualdades para garantizar “que nadie se queda atrás” y la meta de promover sociedades pacíficas e inclusivas que faciliten el acceso a la justicia, con instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos (^{Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015}).

Este contexto, en materia de salud, había sido recogido por la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (^{ONU, 2006}), entendido como derecho de irrestricto cumplimiento para los Estados parte. En esta convención se exige un reconocimiento sin discriminación por motivos de discapacidad y un acceso a los servicios de salud del más alto nivel, sin tener en cuenta cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.

La Convención da lugar en Colombia a la ^{Ley Estatutaria 1618 (2013)} por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley concibe un acceso a la atención de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Además, generó normas como la Ley 1751 (2015) que establece a la persona con discapacidad como sujeto de especial protección constitucional por parte del Estado y lo obliga a que las instituciones que pertenezcan al sector de la salud definan procesos intersectoriales e interdisciplinarios que garanticen las mejores condiciones de atención.

Lo anterior recoge la tutela de la persona con discapacidad del modelo social colombiano que, atendiendo las sugerencias del secretario general de las Naciones Unidas -António Guterres- de acentuar la protección de las personas con discapacidad a partir de la intensificación en la propagación de la enfermedad coronavirus (^{Organización de las Naciones Unidas, 2020, pár. 20-22}), motivó la promulgación de los lineamientos de prevención del contagio por la Covid-19 y atención en salud para las personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del sector salud, con el objeto de orientar en la implementación de medidas diferenciales de prevención y mitigación del contagio del virus y la atención en salud (^{Ministerio de Salud y Protección Social [MSPS], 2020, p. 5}).

El contenido de los lineamientos mantiene un esquema didáctico que parte de nociones generales de discapacidad y recuerda las siete clases reconocidas en Colombia, a saber, discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial (mental) y discapacidad múltiple (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 5-9}).

En una segunda sección, se establecen orientaciones generales para la prevención del contagio en las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras. Además, se exalta la importancia en la promoción y atención de la salud mental y se delimitan las medidas para la limpieza y desinfección del entorno hogar, así como las directrices en caso de existir riesgo razonable de contagio (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 10-17}).

En este sentido, no se puede ignorar que la novedad de la Covid-19 ha sometido a la investigación científica a trabajar sobre la marcha, por lo que no existen datos sobre la situación de discapacidad en el caso de personas enfermas ni en el de las personas fallecidas. Sin embargo, existe una relación entre edad y discapacidad, por lo que es razonable pensar que algunas de las personas mayores que padecen el virus o fallecieron por esta causa tenían alguna discapacidad (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2020, p. 2}), lo cual responde a la prevención inmersa en estos lineamientos.

En el mismo sentido, el ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020, p. 18)} señala por directriz que toda información referente a las medidas de prevención y autocuidado para la prevención del contagio debe ser presentada en formatos accesibles, con un lenguaje claro, interpretación en lengua de señas, subtitulación, información en audio y canales de atención con medios alternos como chat, con lo que se garantiza una comunicación inclusiva.

En este contexto se reconoce que, además de su perfil etario, las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo ante la Covid-19 debido a sus limitadas posibilidades de protegerse del contagio o de buscar diagnóstico y tratamiento por la poca información sobre el virus en formatos accesibles y la falta de accesibilidad en los establecimientos de salud (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2020, p. 2}).

Igualmente, los lineamientos contienen medidas de prevención para los actores del sector salud con acciones en el ámbito comunitario (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 19-20}), donde se obliga a implementar medidas tendientes a la prevención del contagio y al acatamiento de las medidas de confinamiento obligatorio a partir de la generación de mecanismos no presenciales de comunicación para mitigar el contagio.

En este contexto particular, se recuerda que el confinamiento físico aplicado en países de la región para frenar la transmisión del virus constituye otro riesgo de vulneración, lo cual resulta especialmente crítico en el caso del servicio de salud, rehabilitación y cuidados en general, así como en el acceso de medicamentos, pañales, dispositivos de asistencia, alimentos especiales e insumos equivalentes debido a la dificultad en su acceso. Asimismo, se ha entendido que se trata de una medida que puede agravar ciertos tipos de discapacidad que requieren de actividad física para su tratamiento, como las personas con trastorno del espectro autista (TEA), cuyas rutinas permiten atenuar el estrés y la ansiedad (^{Cepal, 2020, p. 3}).

Por su parte, los lineamientos también señalan medidas de prevención en el entorno institucional relacionadas con la intensificación de medidas de limpieza y desinfección teniendo en cuenta usuarios que usan silla de ruedas y condiciones análogas de discapacidad (como muletas, bastones, audífonos, amplificadores, pantallas, señales braille y alto relieve, entre otros), así como el acceso de insumos como jabón o gel antibacterial al alcance de niños, personas usuarias de silla de ruedas y de las personas de talla baja (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 21}).

Asimismo, los lineamientos contienen orientaciones generales para la atención en salud de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en el marco de la emergencia sanitaria (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 21-22}), y orientaciones en atención a la discapacidad específica que presenta la persona (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 22-24}). Se hace una clasificación entre personas con discapacidad visual (individualizando casos donde se cuente con perro guía), personas que interactúan con discapacidad visual en su entorno hogar o laboral, personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad intelectual que requieren apoyos para la comprensión de mensajes.

Finalmente, se relacionan medidas para los centros dedicados al cuidado de la persona con discapacidad (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, pp. 24-27}) con directrices para residentes asintomáticos, para casos de riesgo de contagio y para contagiados con discapacidad.

Esto se debe a que las personas con discapacidad, ubicadas en instituciones y residencias comunitarias, son especialmente vulnerables a la Covid-19 a causa de las limitadas opciones de distanciamiento social y las condiciones físicas en estos establecimientos (^{Cepal, 2020, p. 2}).

En suma, se tiene que las directrices del ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020)} han comprendido el interés señalado por la Organización de las Naciones Unidas, cuyos lineamientos muestran acciones específicas de inclusión que responden a la situación actual. Se recuerda que a la fecha de redacción de este artículo ya se ha llegado a los 2.114.597 contagios y a las 54.576 muertes en el país al 2 de febrero de 2021 (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2021, pár. 2}).

De acuerdo con lo expuesto, es claro que Colombia se ha adaptado a un modelo social que entiende a la persona con discapacidad como un sujeto de especial protección al que ha envuelto de una tutela acentuada mediante los lineamientos diseñados por el ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020)}, por lo que ahora habrá posibilidad de medir si resulta equivalente a la protección jurídica en época de pandemia.

3. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Una vez contextualizados en la situación a la que ha traído la Covid-19 a la persona con discapacidad, se dará cabida a un análisis de las medidas de protección jurídica en época de pandemia. En primer lugar, se resalta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de ^{Naciones Unidas (2006)} establece en su artículo 11:

Los Estados parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

De este modo y teniendo en cuenta que, como se refirió anteriormente, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en marzo del 2020 que el brote de la Covid-19, enfermedad causada por un nuevo coronavirus, pasaba de ser una epidemia a una pandemia en vista de la velocidad y la escala de la transmisión, es claro que se está ante una situación de riesgo para toda la humanidad, frente a la cual se requiere que los Estados tomen medidas urgentes y eficaces con el fin de contrarrestar las consecuencias de la Covid-19.

Así, a julio de 2020 se reportan en el mundo aproximadamente 12.232.211 personas contagiadas y aproximadamente 549.276 fallecidos (^{BBC, 2020}). En el caso colombiano, de acuerdo con el ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020)}, la cifra asciende los 248.976 casos confirmados y las 8.525 personas fallecidas.

Con ello, cabe mencionar aquí que, de conformidad con la ^{Organización Panamericana de la Salud (2020, pp. 2-3)}, las personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor de contraer la Covid-19 debido a, entre otras cosas, factores como:

En este contexto, desde la declaratoria de emergencia en el país, el Gobierno Nacional ha tomado diferentes medidas de orden económico, jurídico y social con el fin de contrarrestar las consecuencias de la Covid-19. Dentro de estas medidas y atendiendo a que la población con discapacidad es de las más afectadas por esta pandemia, en abril de 2020 el Gobierno informó:

En el marco de la emergencia generada por el coronavirus, el Gobierno nacional, a través de la Consejería Presidencial para la participación de personas con discapacidad, coordina acciones para atender a un total de 1.461.524 hogares colombianos en donde al menos hay una persona en condición de discapacidad, de los cuales 1.026.312 están registrados en el Sisbén (^{Decreto 417, 2020}).

De la misma manera y específicamente desde el sector salud, se han tomado algunas medidas articuladas con los ministerios del Gobierno nacional en el marco de la pandemia, que han servido de fundamento jurídico para la toma de lineamientos y estrategias frente a la protección de la población con discapacidad. En este contexto, se relacionan a continuación algunas de las directrices emitidas por los ministerios de salud, interior e industria y comercio frente a la mitigación de las consecuencias de la Covid-19 (tabla 1).

Con fundamento en las directrices anteriormente mencionadas, se reitera que el ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020)} emitió el documento titulado Lineamientos de prevención del contagio por la Covid-19 y atención en salud para las personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras y actores del sector salud con el objetivo de orientarlos en la implementación de medidas diferenciales de prevención y mitigación del contagio por la Covid-19 y la atención en salud.

Dentro de las principales recomendaciones emitidas por parte del MSPS para las personas con discapacidad durante la pandemia, se encuentran:

Se resalta que, pese a que las medidas tomadas por el Gobierno nacional durante los últimos meses (desde el comienzo del aislamiento obligatorio) para la atención de la emergencia ocasionada por la Covid-19, ha sido numerosa (existen al menos 171 decretos a la fecha), son muy reducidas las relativas a la protección de las personas con discapacidad durante la época de pandemia.

En este contexto, Catalina Devandas, relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, afirmó:

Poco se ha hecho para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para protegerlas durante la actual pandemia del Covid-19, aun cuando muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo […] Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás, pues, las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse […] Este apoyo es básico para su supervivencia, y los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis. (^{Oficina del Alto Comisionado de DDHHONU, 2020, pp. 3-6}).

De este modo, se recuerda que, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados deben garantizar la integridad, protección, supervivencia y no discriminación de este grupo de personas durante épocas de crisis como la que actualmente se vive. Y es que la pandemia ha dejado a su paso graves consecuencias ligadas al ámbito sanitario (salud física y mental), laboral, escolar y económico, y ha afectado de manera especial a las personas con discapacidad. En este sentido, y para reafirmar la cita anterior, la ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020)} abordó estos aspectos de la siguiente manera desde los ámbitos laboral, educativo, de salud y económico.

Ámbito laboral: si se tiene en cuenta que las personas con discapacidad ya tenían un tenue vínculo con el mercado laboral y una participación importante en el sector de servicios y en el empleo informal, es previsible que esta población se vea especialmente afectada por el desfavorable escenario del mercado laboral durante la crisis y el período de recuperación. Aunque los datos concretos sobre esta realidad escasean, en una investigación en el Paraguay se estimó que el 40 % de las personas con discapacidad en ese país quedaron desempleadas tras el inicio de la cuarentena, con impactos significativos en los ingresos de sus hogares (^{Cepal, 2020, p. 3}).

Cabe recalcar que, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha reiterado en diferentes providencias (^{Sentencia SU-040/18, 2018}; ^{Sentencia T-286/19, 2019}; ^{Sentencia T-340/17, 2017}) que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional a los cuales se les debe garantizar, en materia laboral, los derechos a la estabilidad laboral reforzada y la permanencia o reubicación de personas que ven disminuida su capacidad laboral. Estos derechos, evidentemente, deberán tener un mayor grado de protección y garantía durante la época de pandemia.

Ámbito educativo: la interrupción de las actividades en centros educativos tendrá efectos significativos en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad y podría afectar también su estado nutricional, ya que muchos estudiantes de hogares vulnerables, incluidos niños, niñas y adolescentes con discapacidad, dependen de programas de alimentación escolar. Aunque se han hecho planes para promover el uso de dispositivos digitales en los sistemas educativos, existen brechas en el acceso a las computadoras y a internet y limitaciones en las habilidades para su uso en los hogares con personas con discapacidad (^{Cepal, 2020, p. 5}).

Ámbito de salud: el confinamiento y las restricciones de desplazamiento también pueden agravar la situación de personas con ciertos tipos de discapacidad, por ejemplo, aquellas con trastorno del espectro autista (TEA), cuyas rutinas permiten disminuir el estrés y la ansiedad. La interrupción de esas rutinas debido al confinamiento puede afectar de manera negativa el bienestar de esas personas y sus familias (^{Cepal, 2020, p. 7}).

Ámbito económico: el confinamiento físico que se ha aplicado en muchos países de la región para frenar la transmisión del virus puede interrumpir el acceso a bienes y servicios esenciales para que las personas con discapacidad puedan mantener su bienestar. Esto es especialmente crítico en el caso de servicios de salud, rehabilitación y cuidados, pero también en el de medicamentos, pañales, dispositivos de asistencia y alimentos especiales, entre otros insumos (^{Cepal, 2020, p. 3}).

La anterior situación ha sido alertada por organismos internacionales como ^{Human Rights Watch (2020)} quienes han manifestado:

Las personas con discapacidad están entre las más marginadas y estigmatizadas del mundo, incluso en circunstancias normales, por ello, Si los gobiernos no toman medidas rápidas para incluir a las personas con discapacidad en su respuesta al Covid-19, seguirán expuestas a graves riesgos de contagio y muerte a medida que la pandemia se propague. (p. 10)

En este escenario, se debe mencionar que si bien a nivel nacional las medidas de protección y contención del virus en relación con las personas con discapacidad han girado prácticamente en torno a temas de salud, a nivel local se han implementado en algunas ciudades estrategias más amplias que podrían llegar a abarcar otros ámbitos relevantes para las personas con discapacidad durante esta época de pandemia.

De este modo, por ejemplo en Bogotá, desde el Sistema Distrital de Discapacidad, el Comité Técnico Distrital de Discapacidad y la Secretaría de Gobierno (2020), se han implementado las siguientes acciones:

En suma, las anteriores medidas de protección jurídica de las personas con discapacidad vigentes en el Estado colombiano durante la pandemia por la Covid-19 permiten exponer una serie de recomendaciones que, a juicio de los autores, podrían acentuar la garantía de sus derechos.

4. RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ÉPOCA DE PANDEMIA

De conformidad con el análisis realizado en el acápite anterior se logra evidenciar, por un lado, que las personas con discapacidad se encuentran dentro de los grupos poblacionales con mayor riesgo de contagio y, a su vez, mayor afectación económica, laboral y educativa como consecuencia de la pandemia. Por otro lado, se refirieron las medidas tomadas por el Gobierno nacional con relación a esta población. Por último, se resalta la labor local que ha aunado esfuerzos en cuanto a la protección de las personas con discapacidad en Colombia durante la época de pandemia. Sin embargo, es menester recordar que, pese a que el Gobierno nacional ha emitido un sinnúmero de directrices (decretos, circulares, acuerdos) con el objetivo de mitigar las consecuencias de la Covid-19, las menciones frente a medidas concretas relacionadas con la población con discapacidad son muy reducidas y se han enfocado en temas de salud, dejando de lado aspectos como el laboral o educativo.

El anterior escenario ha sido el preferente en la mayor parte de países del mundo. Por ello, como se refirió anteriormente, la relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU ha manifestado su preocupación y, a su vez, ha planteado algunas recomendaciones para tener en cuenta por parte de los Estados miembros de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar de manera efectiva sus derechos durante la época de pandemia.

Así pues, se pasará a plasmar algunas recomendaciones que podría tener en cuenta el Gobierno colombiano con el fin de salvaguardar a las personas con discapacidad, reducir el contacto y el riesgo de contaminación. Con fundamento en las recomendaciones planteadas por la relatora especial sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU (^{Oficina del Alto Comisionado de DDHH - ONU, 2020}), el Estado colombiano asuma estas sugerencias:

Frente a este último aspecto se recomienda, por ejemplo, que desde las diferentes entidades territoriales en Colombia (sean municipios, distritos o departamentos), se permita la participación activa (a modo de órganos consultivos) del Consejo para la Inclusión de la discapacidad (creado a través del ^{Decreto 2177 de 2017}), así como de los líderes o representantes de los diferentes tipos de discapacidad en cada territorio, de modo que puedan aportar en la creación de planes, programas y estrategias que permitan amparar a este grupo poblacional durante la época de pandemia que, como se ha visto, genera un entorno de mayor vulnerabilidad para las personas en condición de discapacidad.

Por su parte, atendiendo a las sugerencias realizadas desde la ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020)}, se recomienda:

Frente a la educación en línea, en Colombia se ha planteado una problemática que afecta a NNA en todo el país: el acceso a internet. Por ello, es necesario que el Gobierno asegure que los alumnos que no tienen acceso a internet puedan contar con materiales y planes de clases accesibles.

Las anteriores son las sugerencias que consideramos, podrían garantizar el aseguramiento de los objetivos de los lineamientos del ^{Ministerio de Salud y Protección Social (2020)}, donde, por fortuna, se extrae la base jurídica suficiente que exalta la pretensión garantista y proteccionista de la persona con discapacidad en Colombia. Esta situación abre la puerta para que en futuras investigaciones -seguramente en una época de pospandemia- se permita una medición material de la efectividad de las medidas jurídicas de protección adoptadas en el país.

CONCLUSIONES

El virus SARS-CoV-2, pese a su impacto sin precedentes en el mundo, ha sido un detonante de cambios a todo nivel, con lo que se ha identificado la necesidad de un cuerpo normativo que estabilice el alto grado de riesgo que representa para las personas con discapacidad. Este contexto es motivo suficiente para la expedición de los lineamientos del ^{Ministerio de Salud (2020)}, así como del aparato normativo vigente que, pese a ser garantista y ajustado a un modelo social de la discapacidad, puede mejorar.

Lo anterior se debe a que el virus ha aumentado el riesgo de vulneración de los derechos de la persona con discapacidad, principalmente debido a las condiciones propias de su vida y el medio de una pandemia. Así, pese a que se pudo identificar la existencia de una base jurídica sólida y proteccionista en Colombia, no deja de persistir la necesidad de una prevención y aseguramiento de la prestación de servicios.

Estas conclusiones surgen a partir del análisis de las medidas de protección jurídica vistas, de donde se deduce que, en época de pandemia, el Estado colombiano ha intentado ajustarse a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas y ha intentado mantener la garantía de los derechos de manera equitativa y justa.

No obstante los avances, se debe mencionar que pese a que las medidas tomadas por el Gobierno nacional durante los últimos meses para atender la emergencia ocasionada por la Covid-19 han sido numerosas, son muy reducidas las relativas a la protección concreta de las personas con discapacidad durante la época de pandemia.

En este escenario es claro que aún existe una serie de recomendaciones elevadas por actores como la Oficina del Alto Comisionado de los ^{Derechos Humanos (ONU, 2020)}, la ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020)} u organismos internacionales como Human Rights Watch (2020) que se adaptan a los lineamientos del ^{Ministerio de Salud (2020)}. Todas estas medidas podrían lograr un punto de estabilidad en la capacidad de hacer frente efectivo a la situación por la que atraviesa el planeta, la cual afecta especialmente a los grupos vulnerables de la sociedad como lo son las personas en condición de discapacidad.

Se encuentra, entonces, que las recomendaciones parten de una prevención, control y seguimiento que pretende la garantía y estabilidad de los derechos en riesgo de la persona con discapacidad, en vigencia del modelo social al que se ha adherido Colombia, pues es claro que el esquema busca atenuar las desventajas de la persona en relación con la sociedad a la que pertenece en medio de una crisis.