LA VINCULATORIEDAD DE UN LAUDO ARBITRAL FRENTE A TERCEROS EN LA DOCTRINA DEL COLLATERAL ESTOPPEL*

COLLATERAL ESTOPPEL AND ARBITRAL AWARDS EFFECTSE

Mariana Bernal-Fandiño** Sergio Rojas-Quiñones***

* Artículo de investigación, producto del proyecto Interpretación y aplicación del derecho privado, adelantado por el grupo de investigación en Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.
** Abogada, Pontificia Universidad Javeriana. Máster en derecho comercial y máster en derecho internacional privado, Universidad de París II. Estudiante de doctorado en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. Profesora investigadora del Departamento de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana.
Contacto: bernal.mariana@javeriana.edu.co.
*** Estudiante de derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. Miembro del grupo de investigación en Derecho Civil y Comercial, Universidad Javeriana. Director de la revista Universitas Estudiantes, asistente editorial de International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, miembro del Centro de Estudios de Derecho Privado de la misma universidad. Labora en la firma Salazar, Pardo & Jaramillo Abogados.
Contacto: srojas@spjlaw.com.

Fecha de recepción: 11 de marzo de 2010 Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2010

PARA CITAR ESTE ARTÍCULO / TO CITE THIS ARTICLE

Mariana Bernal-Fandiño & Sergio Rojas-Quiñones, La vinculatoriedad de un laudo arbitral frente a terceros en la doctrina del collateral estoppel, 16 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 455- 488 (2010).

RESUMEN

Este artículo es el primero de una serie de estudios sobre debates alrededor de la figura del estoppel en materia arbitral. El estoppel por ser una figura propia del common law (derecho común), no es un tema familiar en el sistema jurídico continental. Sin embargo, consideramos que es necesario su estudio, por factores como la globalización del derecho y el uso cada vez más frecuente del arbitraje para resolver conflictos nacionales o internacionales, para dar herramientas a los operadores jurídicos que eventualmente se enfrenten en un proceso a tal figura o una vez conociéndola puedan servirse de ella. Así, esta primera investigación, que presentamos como producto del proyecto Interpretación y Aplicación del Derecho Privado, adelantado por el grupo de investigación en Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, versa sobre una modalidad del estoppel conocida como collateral estoppel, por medio de la cual y con un replanteamiento de sus requisitos, se podría aceptar la vinculatoriedad de un laudo arbitral frente a terceros.

Palabras clave autor: Collateral estoppel, cosa juzgada, laudo arbitral, efectos relativos, seguridad jurídica y economía procesal.

Palabras clave descriptor: Cosa juzgada, jurisprudencia constitucional, derecho comparado.

ABSTRACT

This article is the first of a series of studies about estoppel in arbitration. Since estoppel is a common law doctrine, we consider the continental law system is not familiar with it, but given the globalization of law and the increasing use of arbitration to solve national and international disputes, a study about it must be made, not only for its theoretical interest but also to be used for the lawyers and arbitrators than might face the doctrine in a case or once they know it, they could eventually apply it. This first research, is the product of the project Interpretation and Application of Private Law that has been carried out by the Study Group on private law in Pontificia Universidad Javeriana. The purpose of the article is to show how in some cases it is possible to allow a third party in a subsequent lawsuit to assert collateral estoppel against one of the arbitral parties, through a new interpretation of that doctrine's elements.

Key words author: Collateral estoppel, res iudicata, arbitration award, relative effects, judicial economy, legal certainty.

Key words plus: Res judicata, Constitutional Jurisprudence, Comparative Law.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN.- I. LA COSA JUZGADA Y LA VINCULACIÓN DE TERCEROS FRENTE A LAUDOS ARBITRALES ANTERIORES.- A. Los efectos de la cosa juzgada impiden vincular a terceros frente a laudos arbitrales anteriores.- B. Inconvenientes en casos particulares de los efectos inter partes de la cosa juzgada.- 1. Peligro de acciones abusivas y temerarias.- 2. Atentado a la economía procesal.- 3. Atentado contra la seguridad jurídica.- 4. Atentado contra la coherencia procesal.- II. EL COLLATERAL ESTOPPEL: UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.- A. Requisitos de procedibilidad.- B. Particularidad del collateral estoppel en la posible vinculación de terceros a un laudo arbitral.- III . LA JURISPRUDENCIA EN CONSTRUCCIÓN – CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.- CONCLUSIONES.- BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

La doctrina del estoppel, de marcado arraigo en el derecho anglosajón -en el que se ha desarrollado como una regla jurisprudencial-,¹ postula que "...dentro de un proceso, una persona está impedida para hacer una alegación -aunque sea cierta- que esté en contradicción con el sentido objetivo de la anterior declaración o de su anterior conducta...".² Así, se encuentra en la esencia misma del estoppel el que a una "...persona no puede serle permitido negar un estado de hecho que ella ha establecido como verdadero, expresamente por medio de palabras o implícitamente a través de su conducta..."³ o, puesto en otras palabras, a una persona no le es dable volver contra su conducta procesal previa, desconociendo la apariencia que con ella ha creado y contradiciendo el comportamiento pretérito asumido.⁴ Se trata entonces de asegurar la coherencia procesal y de tutelar la apariencia jurídica creada por las partes en el trámite, para lo cual se impide toda conducta contraria a ese comportamiento pretérito, aun cuando, la alegación contradictoria sea cierta o jurídicamente precisa.⁵ De ahí la expresión estoppel, la cual, etimológicamente, significa interrumpir, obstruir o detener (stop the contradictory conduct) una determinada actuación.⁶

1. Ahora bien, como regla jurisprudencial, las fronteras del estoppel han sido delineadas por las Cortes angloamericanas, las cuales no sólo han reconocido su importante repercusión en la práctica del derecho nacional e internacional -así como en el arbitraje internacional-, sino que, por lo demás, la han caracterizado con los siguientes rasgos: En primer lugar, el estoppel se ha catalogado como parte del derecho probatorio, pues en virtud del estoppel "...una persona que ha establecido de alguna manera la verdad sobre algo, está vinculada, consciente o inconscientemente a seguir en el proceso unas determinadas reglas de prueba...".⁷ Sin embargo, autores como Geoffrey Gibson afirman que si bien originalmente se consideraba parte del derecho probatorio ahora hace parte del derecho sustantivo.⁸
2. De otra parte, se trata de una institución que, como se anticipó, resguarda la confianza originada en la apariencia jurídica creada por las partes en el proceso, a la par que tutela su coherencia comportamental.⁹ Lo anterior refleja la cercanía ideológica entre el estoppel y la doctrina de los actos propios, con la cual comparte importantes pilares -a pesar de las distinciones entre una y otra-.¹⁰

3. A juicio de algunos, el estoppel es también una sanción frente a las conductas contradictorias, como quiera que, sin tener en cuenta su precisión o claridad, les niega toda acogida procesal, precisamente por resultar antiéticas frente a la conducta inicial.¹¹
4. En cuarto lugar, la eficacia de la invocación del estoppel se da en sede puramente procesal. Por ello se ha dicho, con acierto, que el estoppel es una regla para asegurar el fair play en el marco del procedimiento judicial y arbitral.¹²
5. En fin, como regla procesal, el estoppel tiene un carácter defensivo: lo pueden usar tanto el demandado, como el demandante -reciprocidad del estoppel-¹³ no como motivo o causa para la impulsión de un litigio sino como mecanismo de defensa o protección frente a dicho litigio.¹⁴ Se asemeja así a la figura de la replicatio romana y conduce a que, para su aplicación, se requiera petición de parte por lo que el juez no la puede declarar de oficio.

Una vez esbozada la figura, es necesario aclarar que si bien el estoppel es una figura del common law, en el ámbito del arbitraje internacional, árbitros y abogados de distintos ordenamientos pueden verse enfrentados a la figura. De ahí la importancia de conocerla y analizar las principales discusiones y tendencias de los tribunales. Así, hemos detectado varias problemáticas para desarrollar a futuro y escogimos una de ellas, la posibilidad de la extensión del laudo arbitral o la sentencia judicial a terceros que no han sido parte en el trámite inicial, para analizarla en el presente texto, en la medida en que es cada vez más importante diseñar alternativas procesales que permitan soslayar los inconvenientes que se pueden presentar en este escenario procesal, dada su cada vez mayor relevancia en la praxis comercial y jurídica.

Presentamos entonces a continuación, alternativas que buscan resolver esta pregunta. Así, presentamos (I) la solución tradicional que acude a los efectos de la cosa juzgada, para posteriormente (II) discutir los posibles fundamentos de una solución minoritaria que se ha dado mediante el mecanismo del collateral estoppel (una de las muchas variaciones del estoppel anglosajón).

I. LA COSA JUZGADA Y LA VINCULACIÓN DE TERCEROS FRENTE A LAUDOS ARBITRALES ANTERIORES

Tradicionalmente, partiendo del instituto de la cosa juzgada, se ha considerado que no es posible (A) extender la vinculatoriedad de un laudo arbitral previo, a favor o en contra de un tercero que no fue parte en ese laudo, (B) sin embargo, esta posición presenta inconvenientes frente a algunos casos especiales.

A. Los efectos de la cosa juzgada impiden vincular a terceros frente a laudos arbitrales anteriores

Por su esencia misma, la cosa juzgada exige identidad en el objeto del litigio -esto es, que la discusión verse sobre la misma materia que aquella que motivó la decisión inicial- e identidad en las partes litigiosas -es decir, que quienes acudan como demandantes y demandados, vuelvan a concurrir, en la misma calidad, en el nuevo proceso que se inicia-, lo que no concurre en el caso que estamos estudiando. Lo anterior conduce a dos efectos en particular: un efecto sustancial, consistente en la inmutabilidad de la providencia, y un efecto procesal, consistente en lo definitivo de la misma.¹⁵ Tales efectos cumplen también dos funciones en el ordenamiento jurídico, pues brindan certeza a las partes en torno al objeto que motivó la controversia (efecto positivo), a la par que evitan o restringen la posibilidad de discutir nuevamente, en sede judicial o arbitral, el asunto que ha sido ya resuelto con anterioridad (efecto negativo). Con ello se protege la seguridad jurídica y, como lo indica el profesor Hernando Devis-Echandía, se evita el abuso de las vías de derecho por medio de la recurrente alegación de hechos que ya han sido resueltos.¹⁶

Pero tales efectos no son efectos absolutos. Por el contrario, observan límites que procuran evitar la extralimitación de la institución procesal, a ciertas hipótesis que, en realidad, no han sido discutidas ni resueltas en sede jurisdiccional. Así, se ha dicho que "...los jueces no pueden proveer por vía general y deben limitarse a decidir el caso concreto y con valor para el mismo; la cosa juzgada está entonces sujeta a límites...",¹⁷ como el límite objetivo y el límite subjetivo. En cuanto al primero, éste se refiere a que exista una identidad objetiva entre el objeto litigioso y la causa petendi del primer proceso, y el objeto litigioso y la causa petendi del nuevo proceso que pretende iniciarse y frente al cual se propondrá, como mecanismo exceptivo, la cosa juzgada.¹⁸ En lo que concierne al límite subjetivo, éste no es más que una lógica materialización de la relatividad del pronunciamiento judicial y arbitral, pues se refiere a que se presente una identidad subjetiva entre las partes que intervienen en el proceso inicial y aquellas que lo hacen en el proceso que se pretende impulsar.¹⁹ A este respecto, el profesor Devis-Echandía explica que la fuerza vinculante de la cosa juzgada "...se limita a quienes fueron partes iniciales e intervinientes en el proceso en que se dictó y a sus causahabientes. Es el efecto relativo de la cosa juzgada, que todas las legislaciones aceptan como norma general (...) la identidad de las partes se refiere a los sujetos del proceso o partes en sentido formal: demandantes, demandados y terceros intervinientes...".²⁰

Ello resulta categórico frente al interrogante inicialmente planteado, en la medida en que el presupuesto estructural es la falta de identidad de una de las partes, circunstancia que la aplicación de la institución de la cosa juzgada; en efecto, frente a la pregunta en torno a si es posible hacer vinculante frente a un tercero -o por un tercero, según el enfoque desde el que se le mire- una decisión proferida mediante un laudo arbitral en el que no fue parte, evitando que se vuelva a discutir lo que en ese laudo arbitral fue ya dirimido, surge, desde la óptica de la cosa juzgada, una incontestable respuesta negativa. Ésta es la solución, como en su momento se acotó, que ha sido generalmente defendida por el ordenamiento nacional y extranjero, pero que, en algunos casos, presenta dificultades que, en consecuencia, justifican la búsqueda de soluciones alternativas.

B. Inconvenientes en casos particulares de los efectos inter partes de la cosa juzgada

La solución ofrecida por la institución de la cosa juzgada resulta aconsejable en la mayoría de los casos. Sin embargo, habrá ciertas hipótesis en que esa conveniencia se cuestiona, ya porque se está actuando temerariamente, o porque contraría la economía o la seguridad jurídica. Se trata entonces de evidenciar que, en ciertas situaciones, esa solución implicará, entre otros, los siguientes inconvenientes:

1. Peligro de acciones abusivas y temerarias

Al exigirse para la procedibilidad de la excepción de cosa juzgada el que exista absoluta identidad subjetiva, se abre un espacio muy amplio para que sobre un mismo hecho se intenten múltiples acciones, con el propósito de salir avante en cualquiera de ellas. Es el problema, de por sí muy criticado, que se presenta en las reclamaciones de responsabilidad civil, en las que, so pretexto de no cumplir el requisito de la identidad subjetiva, se permite que un sujeto sea demandado en múltiples ocasiones, todas ellas sobre los mismos hechos e idénticas pretensiones indemnizatorias, a pesar de haber sido el demandado absuelto anteriormente. Así, si una persona A demanda a un sujeto B por haber ocasionado un supuesto daño ambiental, a pesar de exonerarse ese sujeto B en el proceso interpuesto por A, puede suceder que lo demanden, por los mismos hechos y en forma temeraria, los sujetos C, D, E y muchos otros más.²¹

2. Atentado a la economía procesal

La comentada restrictividad puede resultar en algunos casos contraria a la economía procesal, en la medida en que permite que sujetos distintos a aquellos que intervinieron en una controversia inicial, vuelvan a discutir, en sede judicial o arbitral, el mismo objeto litigioso sobre el cual el juez ya se había pronunciado. Así las cosas, se da la oportunidad de reabrir un proceso y darle todo el trámite del caso, a pesar de que, en un principio, el asunto material o sustancial estaba ya resuelto.²² Por la diferencia en las partes procesales, la cosa juzgada no puede ser invocada, generando, desde el punto de vista del análisis económico, un costo social innecesario y perjudicial, consecuencia del nuevo trámite procesal que, en principio, versa sobre un objeto resuelto anteriormente.²³

3. Atentado contra la seguridad jurídica

La restrictividad de la cosa juzgada es también perjudicial para la seguridad jurídica, en la medida en que permite reactivar procesos que fueron ya resueltos en sede jurisdiccional. Así, puede conducir a que determinadas situaciones jurídicas resulten inconclusas o indeterminadas, en la medida en que reiterativamente se les vuelve a discutir en el marco de un proceso judicial o arbitral, con la única diferencia de que una de las partes que figura en ella puede cambiar. A la par de lo anterior, amenaza también la seguridad jurídica en la medida en que abre la posibilidad de que se produzcan decisiones contradictorias en torno a un mismo objeto litigioso o una misma causa petendi, transmitiendo entonces un mensaje de incertidumbre e inequidad frente a la administración de justicia.²⁴

4. Atentado contra la coherencia procesal

Finalmente, la restrictividad inherente a la aplicación de la cosa juzgada puede resultar rayana con la injusticia e incoherencia jurídica, pues puede transmitir el erróneo y reprochable mensaje de que, a pesar de haber llegado, en el marco de un proceso previo, a una serie de conclusiones de índole fáctica y jurídica, el juez o el árbitro deben volver a considerar los mismos hechos y las mismas normas, por el simple hecho de ser diferentes las partes, aun cuando idénticos los argumentos: en este caso, si la jurisdicción fuera absolutamente coherente -lo cual resulta, per se, utópico-, la obvia conclusión sería que en el segundo proceso se va a llegar a una solución idéntica a la del primero, razón por la cual es innecesario, amén de dispendioso, volver a surtir todo el trámite; pero como la jurisdicción no es absolutamente coherente, el peligro será fehaciente, en la medida en que permitirá, como se anticipaba en líneas precedentes, resoluciones contrarias frente a los mismos hechos y argumentos, desestabilizando por completo las bases de certeza e igualdad de la administración de justicia.

Por las anteriores razones, es necesario entonces proyectar una solución que permita conjurar la restrictividad sobre la identidad de las partes en las hipótesis en que ello sea conveniente, con la salvedad de que no se trata de proveer una alternativa procesal que desvirtúe el alcance de la cosa juzgada, sino que llene vacíos de ésta última en algunos casos particulares, en los que un proceso verse sobre los mismos hechos, con los mismos argumentos y con las mismas pretensiones, no existiendo variación alguna frente al trámite inicial, a pesar de que nominalmente una de las partes no es igual a la del proceso anterior.

Cobra de esta manera, a nuestro juicio, especial interés la teoría del collateral estoppel, la cual se presenta como una solución idónea frente a los inconvenientes analizados.

II . EL COLLATERAL ESTOPPEL: UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El collateral estoppel²⁵ es una modalidad del estoppel según la cual, "...previo un juicio donde concurren las mismas partes, pero con diferente acción, si hay un veredicto rendido, éste deberá respetarse, por lo que un asunto particular resuelto en un juicio válido previo no podrá ser litigado por las mismas partes en un proceso posterior...".²⁶ Se trata entonces de un instituto propio del derecho anglosajón, en virtud del cual se previene que situaciones que han sido ya discutidas en sede judicial o arbitral, sean nuevamente litigadas, mediante una acción diferente, reabriendo el debate procesal y desconociendo, en parte, la solución que previamente ha sido proferida, en forma válida, por un árbitro o un juez de la República. De su definición se deduce claramente su cercanía con la institución de la cosa juzgada,²⁷ aun cuando, su fundamento, más que de carácter estrictamente procesal, tiene qué ver con la protección de la confianza en las apariencias jurídicas, de una parte, y la garantía de las actuaciones coherentes de la otra, como quiera que, en realidad, el collateral estoppel obedece al interés que tiene el Estado en que dos sujetos, que ya han reconocido una actuación y decisión judicial previa, no actúen en contra de ese reconocimiento, contrariando su propio asentimiento en la decisión anterior, y desconociendo, la confianza suscitada en la aparente resolución de la disputa a la que ya se había llegado.²⁸

Ahora bien, como sucede en el caso del estoppel en general, el collateral estoppel en particular debe también ser alegado por las partes en el marco de un debate procesal en el que la figura sirva como medio defensivo del demandante, en contra de las excepciones del demandado, o de éste último, frente a la acción del demandante.²⁹ Estudiaremos a continuación (A) los requisitos de procedibilidad del collateral estoppel, (B) para luego con base en ellos explicar la reinterpretación de la figura para la vinculación de terceros a un laudo arbitral y (C) finalmente, analizar la forma como la jurisprudencia estadounidense se ha manifestado al respecto.

A. Requisitos de procedibilidad

Además de necesitar ser alegado expresamente, la procedibilidad del collateral estoppel supone tradicionalmente la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1. En primer lugar, es necesario que, en sede judicial o arbitral se traiga a colación un asunto que había sido resuelto ya por un pronunciamiento que, del mismo modo, debe ser judicial o arbitral.³⁰
2. De otra parte, se requiere que esa resolución judicial o arbitral haya sido válidamente proferida, de una parte, y se encuentre ejecutoriada, de la otra. En efecto, no sería jurídicamente viable exigir a los sujetos procesales que respetaran una decisión previa, cuando esa decisión es nula, o presumir que han reconocido el valor vinculante de la decisión, cuando ésta no se encuentra ejecutoriada.³¹
3. En tercer lugar, es preciso que las partes que participaron en la controversia inicial -ya resuelta-, vuelvan a someter a consideración judicial o arbitral el asunto por el cual inicialmente habían litigado, es decir, que se presente identidad objetiva.³²
4. Finalmente, al igual que en la cosa juzgada y sin perjuicio de las consideraciones que realizaremos posteriormente, es necesaria la identidad de partes, esto es, que las partes del litigio inicial sean idénticas a las del litigio subsiguiente; ello por cuanto se considera que son las partes las que pueden ver burlada su confianza legítima cuando se procura reabrir una discusión zanjada en trámite anterior.³³

Integrados estos requisitos, la parte demandada puede - en principio y como mecanismo defensivo- invocar el collateral estoppel, pues la conducta del demandante es contraria a la coherencia jurídica y, en consecuencia, debe ser obstruida o interrumpida -stopped- por el juez de conocimiento. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la solución o el carácter especial que, como se auguraba, ofrece el collateral estoppel frente a la cosa juzgada? ¿No viene a operar de la misma manera, dejando por fuera la vinculación de terceros, por exigir al igual que la cosa juzgada la identidad de las partes?

B. Particularidad del collateral estoppel en la posible vinculación de terceros a un laudo arbitral

El profesor Davis Resi advierte que si bien las diferencias entre el collateral estoppel y la cosa juzgada no son fácilmente distinguibles, hay discrepancias puntuales entre una y otra, pues su finalidad, su propia estructura y su naturaleza son ampliamente diversas.³⁴ Lo anterior ha permitido, en nuestra opinión, repensar los alcances del collateral estoppel así como sus requisitos.

Hemos visto que el estoppel en general y el collateral estoppel en particular procuran proteger la confianza creada por las apariencias jurídicas y evitar las actuaciones contradictorias. Sería entonces contrario a tal fin, so pretexto de no cumplir el requisito de la identidad de partes, que se permitiera que dos sujetos volvieran a discutir -con el mismo objeto, las mismas pretensiones y los mismos argumentos- un asunto que fue ya resuelto por un tribunal arbitral, desconociendo la confianza que se había creado en la aparente resolución de la disputa y contraviniendo el propio consentimiento en cuanto a que esa disputa estaba resuelta.

En segundo lugar, el origen y la evolución jurisprudencial del collateral estoppel nos lleva a la conclusión de que es posible la flexibilización del requisito mencionado, si así lo consideran conveniente los operadores jurídicos, según el caso en particular.³⁵

En tercer lugar, cabe resaltar que los requisitos doctrinales y jurisprudenciales del estoppel en general, que se analizaron anteriormente, no incluyen la identidad de las partes, por lo que excepcionalmente cabría la interpretación que planteamos.

En cuarto lugar, el efecto de la sentencia o del laudo arbitral es solucionar frente a toda la comunidad -no sólo frente a las partes- la disputa sometida a su consideración. Así, a pesar de que los efectos stricto sensu de la misma -condenas, declaraciones, entre otras- sólo atañen a las partes, la resolución de la controversia que ha dado origen al trámite procesal, se considera resuelta para toda la sociedad,³⁶ de manera que no se puede argumentar que, por tratarse de un laudo arbitral, su vinculatoriedad no puede extenderse excepcionalmente a sujetos diferentes a quienes participaron en un proceso anterior. En consecuencia, sería posible en ciertas circunstancias, impedir por medio del collateral estoppel que se reabra un pleito, con las mismas pretensiones y el mismo objeto de otro sobre el cual ya se ha hecho una declaración final. Lo anterior, sin perjuicio, claro está, de que la situación particular de las nuevas partes que pretenden iniciar la discusión procesal, permita inferir que el debate no tiene los mismos matices: en tal caso, como lo anticipábamos, debe abrirse paso a la nueva demanda judicial o a la convocatoria arbitral.

Los anteriores argumentos demuestran entonces que, a la luz de la teleología y la naturaleza misma del estoppel, se justifica su aplicación en la hipótesis objeto de estudio, haciendo una reinterpretación del requisito de la identidad de partes en el marco del collateral estoppel, de tal suerte que el requisito resulte acorde con la esencia misma de la figura.

III. LA JURISPRUDENCIA EN CONSTRUCCIÓN - CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

La reinterpretación de los requisitos del collateral estoppel ha sido acogida en algunos casos por la jurisprudencia estadounidense, como lo muestran recientes estudios sobre la materia.³⁷ En efecto, en los últimos años se ha abandonado la posición refractaria frente a la extensión de la vinculatoriedad de laudos pretéritos para terceros, en la medida en que, si bien se ha reconocido que la regla general es la de la aplicación del collateral estoppel solamente entre las partes, se ha abierto también, en ciertas hipótesis, la posibilidad de que la institución en comento sea invocada a favor o en contra de terceros.

Así, se ha dicho en las referidas providencias,³⁸ que se deben distinguir dos hipótesis:

1. Cuando es el tercero el que invoca a su favor el collateral estoppel, en contra de un sujeto que fue parte en el laudo arbitral pretérito: hipótesis en la que, en rigor, resulta aplicable el collateral estoppel siempre que, además de cumplirse los demás requisitos de la figura, el tercero que invoca el estoppel en contra del sujeto que estuvo inicialmente enrolado en el trámite arbitral, tenga, en esencia, una gran conexidad o vínculo con la parte que fue favorecida en ese trámite arbitral. Ello, sin duda, para asegurar que, en efecto, quien invoca el estoppel haya visto burlada la confianza fundada en la apariencia creada; así, a falta de vínculo o relación estrecha, no habrá lugar a la aplicación de la figura en comento.³⁹ Un ejemplo lo ilustra con mayor claridad. Supóngase que entre un sujeto A y un sujeto B se dirime, por un laudo arbitral válido, una controversia procesal en la que el segundo solicitaba que se le indemnizaran unos perjuicios supuestamente irrogados con la actuación del primero; el Tribunal de Arbitramento convocado para el efecto, considera que B no ha sufrido ninguno de los daños que alega y, en consecuencia, desestima las pretensiones; dirimida en ese sentido la controversia, esto es, proferido el laudo, sucede, sin embargo, que el sujeto B vuelve a intentar una demanda arbitral, esta vez contra el sujeto C, alegando los mismos daños, las mismas pretensiones y los mismos argumentos que ya había alegado en el proceso inicial; en esa hipótesis, C podría invocar el laudo arbitral pretérito, por la vía del collateral estoppel, con el propósito de enervar las pretensiones de B; sin embargo, ello solamente lo podría hacer si, en efecto, comparte una relación muy estrecha o cercana con A -el demandado en la primera acción-, pues, de no existir ese vínculo, a la luz de la jurisprudencia comentada, no podría entonces considerarse que su confianza en la apariencia creada se ha visto burlada. Puesto en otros términos, para que C pudiera hacer vinculante para B el laudo proferido en la ocasión anterior, debe existir entre C -demandante en el nuevo proceso- y A -demandante en el proceso pretérito- un vínculo cercano o estrecho que permita presumir que, en realidad, C ha visto burlada su confianza con ocasión en la nueva demanda.
2. Cuando es una de las partes del arbitraje previo, la que invoca el estoppel en contra de un tercero: en esta hipótesis, los Tribunales son más exigentes, en la medida en que requieren, para que ello sea procedente, que:⁴⁰
1. El proceso anterior que se invoca como fundamento del collateral estoppel, tenga las características de los procesos de adjudicación.
2. El asunto decidido en ese proceso debe ser idéntico al que se resolverá en el marco del Tribunal frente al cual se alega estoppel.
3. Debe tratarse además de un asunto litigado y decidido en sede arbitral.
4. Quien lo alegue debió ser parte en el trámite inicial o debe tener intereses muy cercanos frente a la parte inicial.
   
5. La decisión del proceso inicial debe ser una decisión ejecutoriada. ⁴¹

Para ejemplificar lo anterior, supóngase una situación igual a la descrita para la hipótesis del literal a, sólo que en este segundo caso, al demandado A se le exonera no por ausencia de daño sufrido por B, sino porque se demuestra que no ha incurrido en culpa o dolo alguno; a pesar de lo anterior, un tercero, C, vuelve a intentar una demanda contra A por los mismos hechos que la demanda inicial interpuesta por B; en tal caso, el prenotado sujeto A podría extender la vinculatoriedad del laudo pretérito frente al tercero C, si se cumplen los requisitos anteriormente enunciados; por fuera de tales requisitos, no podría entonces extenderse la vinculatoriedad, a la luz de la jurisprudencia descrita, aun cuando se constara que se ha burlado la confianza legítima de A.

CONCLUSIONES

A lo largo del texto, hemos visto que frente a la posibilidad de extender la vinculatoriedad de un laudo arbitral previo frente a terceros o contra terceros que no fueron parte en dicho laudo, y que acuden como parte en un proceso posterior en el que sí actúa uno de los sujetos que intervinieron en el trámite arbitral anterior, tradicionalmente se ha dado una respuesta negativa a la cuestión, dados los efectos inter partes de la institución de la cosa juzgada.

Se trataron igualmente las dificultades que una solución tan restrictiva y limitada traía consigo, como atentar contra la seguridad y la economía jurídica, además de permitir en ciertos casos acciones temerarias y malintencionadas que, por medio de estrategias procesales de diversa índole, podrían procurar la reapertura de un proceso sobre un objeto determinado, cuando éste ya ha sido resuelto en sede jurisdiccional o arbitral.

Encontramos finalmente frente a tales dificultades una solución adoptada recientemente por la jurisprudencia estadounidense por medio de un replanteamiento de los requisitos de la doctrina del collateral estoppel, que en nuestra opinión obedecen a la finalidad y naturaleza misma de la figura, la cual, rectamente entendida, procura justamente evitar las situaciones que en este estudio se critican. Así, más allá de que exista identidad entre las partes del proceso inicial y el proceso posterior, se debe analizar si la parte que invoca la figura a su favor, ha visto burlada la confianza fundada en la aparente resolución de la disputa anterior, siempre, claro está con una aplicación restrictiva, considerando cada caso en particular.

Es necesario aclarar que nos encontramos frente a una cuestión progresiva, en la medida en que, en rigor, las Cortes han sido tímidas y cuidadosas al ampliar el marco de acción del collateral estoppel, lo que se manifiesta en el hecho de que se sigue exigiendo que sean personas determinadas las que invoquen el instituto, manteniendo una posición que, aun cuando más abierta, sigue siendo considerablemente restrictiva.

Nosotros, por nuestra parte, consideramos que es, sin duda, un gran avance que favorece la coherencia, la confianza, la seguridad jurídica y la economía de los procesos. Por ello, es necesario hacerle un seguimiento a esta evolución que esperamos continúe hasta el punto de reconocer que, en rigor, la naturaleza misma de la figura implica que, para poderla invocar, se acredite una vulneración en la confianza generada por la apariencia de que el pleito estaba ya resuelto. Se trata, claro está, de una discusión abierta.

Pie de página

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