Introducción

“Los conflictos son una situación en la que se lucha

no para destruir una civilización, sino para lograr

una paz mejor”.

Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998

El homicidio constituye una amenaza a la seguridad, en razón a que la salvaguarda del derecho a la vida asegura el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la primacía del respeto al principio universal de protección a la dignidad humana, como núcleo esencial de un estado de derecho; esto constituye, a su vez, uno de los indicadores más completos para medir la violencia y criminalidad, según lo afirmado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC (2013), que señala la importancia de analizar este ilícito.

Aunado a ello, diferentes estudios han documentado la interiorización de la agresión en escenarios expuestos a conflictos armados, en particular frente a la violencia reactiva e instrumental, contextualizada a continuación, pues se argumenta la existencia de un nexo entre conflicto armado, violencia y criminalidad (^{Londoño, Romero, & Casas, 2012}; ^{Somasundaram, 2007}; ^{Madrigal & Sánchez, 2013}; ^{Aguirre, Restrepo, & Villamarín, 2010}; Villamarín, 2011; ^{Mora, 2013}), lo cual lleva a una exacerbación de la violencia homicida, cuya tendencia es aumentar después de finalizados los procesos de paz, acorde con referentes internacionales (UNODC, 2013), como efecto secundario y posterior al conflicto no resuelto; este último constituye el común denominador que ha coadyuvado a su escalamiento.

La violencia reactiva se caracteriza por desajustes emocionales, como consecuencia de situaciones de victimización, que acarrean respuestas defensivas y motivacionales del uso de la hostilidad; por su parte, la instrumental se asocia a comportamientos planificados, relacionados con la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, que acuden a su utilización como la mejor opción para la consecución de un beneficio (^{Velasco, 2013}).

En razón a ello, estas constituirían formas de mantener ciclos de violencia dentro de un contexto social marcado por un conflicto armado (^{Chaux, 2003}); aquí cobra un matiz especial el homicidio, como manifestación de la interiorización de esa violencia, agravada en el plano criminógeno por la generalización de formas de expresión delincuencial, en el que la búsqueda de poder ha sido marcada.

Para seguir la línea planteada y traer a colación a ^{Sánchez, Díaz y Fornisano (2003}), es razonable indicar que el conflicto armado determina la dinámica de la violencia homicida que se presenta en un país y, según eso, las fases de negociación dentro del marco de procesos de paz, en razón a que esta, como mecanismo que parte del conflicto en busca de su solución y transformación, puede influir en la variación del ilícito.

En este contexto, Colombia ha estado inmerso dentro de un entorno caracterizado por un estado de violencia por más de 50 años, asociado a un escenario de conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las FARC, con consecuencias nefastas para las víctimas, lo cual llevó a la materialización de un ciclo de hechos violentos y criminales que han incidido en la génesis delictual del país, constituyendo la victimización una constante y la agresión una respuesta que algunos actores han considerado válida, lo que ha desencadenado una cultura propensa a la violencia, y con esta, la homicida.

En este entendido, el homicidio no solo abarca las muertes directamente ocasionadas dentro del marco de la confrontación armada, sino aquellas que fuera de esta se relacionan con el uso de la violencia reactiva e instrumental, y que acorde con la tipificación del Código Penal colombiano comprende, para efectos de la presente investigación, los arts. 103, 104, 104a, 105, 108 y 135, referidos al homicidio, homicidio agravado, feminicidio, homicidio preterintencional, muerte de hijo por acceso carnal violento y homicidio en persona protegida con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.

Al resaltar la duración en el tiempo y el desarrollo de un proceso de paz: el conflicto armado con las FARC, se encontró que -al revisar el registro histórico de homicidios² contenido en la base de datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO PLUS) de la Policía Nacional de Colombia (2016), el cual representa la fuente oficial más precisa de información delictual y contravencional, dada la cobertura nacional, especialidad e integridad de los datos administrativos- desde el año 1964, en el que surgieron las FARC y se reunieron 5.892 registros, hasta el año 2012, cuando se concertó el inicio de la fase de negociación, que condensó 16.032 homicidios y una tasa de 34,42, se registraron 747.475 muertes violentas ocurridas en el país (vid. Figura 1).

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 1 Histórico de tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, de 1964 al 2012 

Si bien es cierto que estas cifras no representan la totalidad de homicidios, en razón a las limitaciones inherentes a cualquier proyecto de registro de información (^{Ball & Reed, 2016})³, ayudan a dilucidar, durante el tiempo de la confrontación armada con las FARC, la magnitud de muertes violentas causadas en el contexto colombiano, identificado dentro del plano internacional como uno de los países más violentos y con mayor número de registros de homicidios a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2014).

Dado el desarrollo de una fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC como ambiente específico, en la que a través del diálogo se sentaron las bases para la transformación de una confrontación armada, caracterizada por la violencia, a una pacífica, es de suma importancia para la Policía Nacional de Colombia, teniendo en cuenta el papel determinante que desarrollará en escenarios de posconflicto, reflexionar sobre la incidencia de la etapa de negociación en la variación del homicidio.

Ello sin dejar de lado el posible posicionamiento de organizaciones delictuales que a nivel regional quieran llenar los espacios dejados por las FARC, y en la búsqueda de este propósito asociado a la consecución del poder territorial, a través del uso de la violencia instrumental como medio y legado de una violencia directa y la interiorización de una violencia cultural producto del mismo conflicto, coadyuven al establecimiento de la agresión relacionada con la criminalidad.

En este escenario dual cobró relevancia, como fundamento argumentativo para soportar la variación del delito, la teoría del conflicto social (^{Silva, 2008}) y de los conflictos de ^{Galtung (2003}, 2003a, 2007), resaltando la violencia cultural (Galtung, 1998), que en esta investigación se plantea como resultado de la violencia directa producto de la confrontación, en el entendido de que esta vista, como componente agresivo asociado al conflicto armado, ha incentivado la interiorización de la violencia como consecuencia de la apropiación de nuevos esquemas mentales (^{Myers, 2005}).

Sin desconocer la multicausalidad del conflicto, de la violencia y del homicidio, se planteó la pregunta de investigación: ¿durante la fase de negociación con las FARC y de cara a los principales acontecimientos y acuerdos pactados, disminuyó el homicidio en Colombia?, con el objetivo de analizar la variación del homicidio durante la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC: octubre 18 del 2012 y agosto 28 del 2016.

Para cumplir con el fin propuesto y dar respuesta al interrogante planteado, a continuación se expone la evidencia empírica consultada, que ayudó a entender la relación que surge entre el conflicto armado, la violencia homicida y la criminalidad, así como la interiorización de la violencia homicida y el escalamiento que puede precipitarse luego de finalizados los procesos de paz, bibliografía que ayudó a soportar los hallazgos encontrados.

Relación entre conflicto armado, violencia y criminalidad, e interiorización de la violencia en escenarios expuestos a conflicto

Dentro de los disímiles estudios que han soportado la relación entre conflicto, violencia y criminalidad, y la interiorización de la violencia, la UNODC (2013) aclaró que el crimen constituye un componente de suma importancia a la hora de intentar explicar la violencia en los países en conflicto que van haciendo tránsito hacia la paz, ya que este puede convertirse en un factor significativo que afecte la seguridad, y resulta complicado separar la violencia letal o directa que surge como efecto secundario del conflicto o como su continuación de menor intensidad, beneficiando a la criminalidad.

Por su parte, ^{Londoño et al. (2012}), como resultado de cotejar una muestra de población perteneciente a dos comunidades, en la que una se caracterizó por su exposición directa al conflicto armado, en contraposición con la otra, encontraron que existe una asociación estadísticamente significativa entre los conflictos armados y la violencia, que conlleva el aumento de conductas agresivas que pueden obstaculizar los esfuerzos para promover el desarrollo y progreso humano desde el plano individual y de una nación, con la posibilidad de perpetuar la continuidad de estos ciclos.

Ello acorde con ^{Somasundaram (2007}), sobre los efectos negativos de la exposición de niños y adultos a conflictos armados, que denota no solo la relación entre el conflicto y la violencia, sino su interiorización, en razón a que estos impactarían las dinámicas de las familias y la comunidad, repercutiendo en cambios dentro del entorno social: comunidades desconfiadas, reactivas, marcadas por un deterioro en la aplicación de la ética y confianza hacia las instituciones del Estado.

Lo anterior coadyuvaría, como explican los estudios de ^{Madrigal y Sánchez (2013}), ^{Aguirre et al. (2010}), ^{Villamarín (2011}) y ^{Mora (2013}), a precipitar el escalamiento de la violencia y la criminalidad, creando un puente entre conflicto, violencia y criminalidad, viéndose materializado con mayor vehemencia en zonas marginales de las ciudades que han recibido población victimizada a causa del conflicto.

Acorde con ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (Inmlcf) (2015) encontró que existen elevados niveles de violencia que afectan a la población, en los cuales sobresale el homicidio, asociados con la ideación de conductas violentas: el conflicto armado, en concordancia con lo expuesto por ^{Franco (2003}) y ^{Pizarro (2015}), último que sumó como ingrediente la prolongación del conflicto en el tiempo, junto con el involucramiento de actores y recursos criminales que han favorecido el ahondamiento de la dimensión criminal (^{Gutiérrez, 2015}), consonante con lo expuesto por ^{Pécaut (2015}).

En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (2014) refirió, frente a Colombia, la existencia de una correspondencia intrínseca entre la violencia como consecuencia del conflicto armado, y la relacionó con los homicidios acaecidos, precisando que si bien las cifras de homicidios han disminuido, continúa siendo uno de los países más violentos de la región⁴ y del mundo.

Al tratar de entender la interiorización de la violencia homicida asociada al conflicto armado, ^{Chaux (2003}) encontró que la violencia tiene que ver con las relaciones interpersonales y la delincuencia, y guarda una relación con el conflicto armado. El autor resalta el ciclo de la violencia generado por el aprendizaje de comportamientos agresivos, por parte de niños que se han desarrollado en contextos violentos marcados por el conflicto armado, lo que favorece la interiorización de la violencia y su reproducción, y la relaciona con la delincuencia.

Dentro de los elementos que han caracterizado el conflicto armado colombiano, que ha conllevado la generación de violencia y criminalidad, destacó la sumatoria de varios: prolongación en el tiempo (^{Giraldo, 2015}), complejidad por el número de actores involucrados, multidimensionalidad y multifactorialidad en razón a la articulación de conflictos de distinta naturaleza (^{Torrijos, 2015}), dispersión territorial y fragmentación de los grupos involucrados (^{Pécaut, 2015}), diferencias regionales, violencia y atrocidad (Giraldo, 2015), lo cual sugiere la relación entre conflicto, violencia y criminalidad.

Referentes nacionales e internacionales: variación del homicidio en escenarios expuestos a conflicto

La literatura consultada evidenció, en contextos de finalización de procesos de paz, la tendencia al aumento de la violencia y el homicidio, asociada a la delincuencia y criminalidad, pudiéndose fortalecer en periodos de transición hacia la consolidación de la paz, lo que permite identificar patrones transversales y reiterativos presentes en los países analizados, que llevaron al incremento del homicidio a nivel regional en escenarios de posconflicto, como legado de la violencia característica del conflicto armado, con mayor representación en los territorios donde antiguamente estuvieron presentes los grupos desmovilizados.

Dentro de estos resaltaron: el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones criminales, involucramiento de desmovilizados en actividades criminales, disponibilidad de armas, efectos negativos del desplazamiento e incremento del miedo en el entorno regional, en donde la debilidad de la institucionalidad del Estado y las falencias en la materialización de los acuerdos suscritos activaron la violencia. Este último se destacó en razón a la falta de seguimiento o incumplimiento de los acuerdos, que ahondaron la tendencia y el mantenimiento del incremento de la criminalidad y violencia, al compartir, como eje transversal en los países analizados, la percepción de una desigualdad social como una de las causas estructurales que coadyuvaron al fortalecimiento de la criminalidad.

Proceso de negociación y paz con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC

^{Acero (2007}) encontró que después del proceso de desmovilización de las AUC en el año 2006, que permitió que aproximadamente 32.000 combatientes se desmovilizaran y se entregaran cerca de 18.000 armas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), el homicidio presentó características locales.

Los homicidios disminuyeron de manera general al comparar el año 2006 (17.479 registros) en contraposición con el 2002 (28.837), lo cual fue más notorio en las ciudades capitales de Bogotá, Cali y Medellín, soportado en un fortalecimiento de la institucionalidad a través del liderazgo de los gobernantes en la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática; la violencia homicida se desplazó hacia Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Pasto y Neiva, donde sugirió el involucramiento de algunos actores desmovilizados en actividades delictivas, la retoma de territorios y negocios ilegales dejados por los desmovilizados, la presencia y actividad del narcotráfico y el desplazamiento masivo (^{Acero, 2007}).

En la misma línea, ^{Bello (2009}) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007) concluyeron que este proceso constituyó una posible causa que contribuyó a la disminución significativa de las tasas de homicidio nacionales durante el periodo 2003 a 2006, como lapso en que se dio el proceso de desmovilización, y de manera considerable en el 2007, después de finalizado el proceso de paz, junto con factores como la ejecución de políticas de Estado y programas y estrategias gubernamentales para hacer frente a la delincuencia y criminalidad.

A nivel regional se presentó un aumento de homicidios en zonas del país que coincidieron con la presencia de nuevos grupos armados y su posible relación con diversas formas de criminalidad, que impactaron negativamente la seguridad en los lugares donde se observó su presencia, en razón a los altos niveles de fraccionamiento interno por conflictos frente al control territorial, el narcotráfico, la realidad de la confrontación armada en las regiones y el proceso de negociación mismo, reconfigurándose poderes armados, lo que dio inicio a nuevas formas de criminalidad que explicarían la continuidad de la violencia, y dentro de esta la homicida, en busca del dominio de recursos y territorios estratégicos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 73, 79).

Acorde con ello, el homicidio como muestra de violencia se relacionaría con algunas manifestaciones y dinámicas asociadas al entorno del conflicto armado, tales como la presencia de disímiles actores, pugnas territoriales por el monopolio de polos de desarrollo o intereses económicos y desmovilizaciones colectivas, según lo planteado por ^{Torrijos (2015}), quien indicó que la violencia ha estado presente de la mano del conflicto armado desde sus inicios, a través de la interacción de diferentes actores en busca de control sobre recursos relacionados con el poder (p. 5).

En consecuencia, al comparar el año 2006 frente al 2005, aumentó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en los departamentos de Meta (de 69,22 pasó a 89,13), Córdoba (de 12,39 pasó a 18,21), Bolívar (de 19,90 pasó a 21,16), Norte de Santander (de 52,60 pasó a 53,43), Caquetá (de 87,08 pasó a 95,62), Cauca (de 38,46 pasó a 38,69), Santander (de 24,68 pasó a 25,32), Cundinamarca (de 18,11 pasó a 18,23) y Nariño (de 41,55 pasó a 43,68) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Procesos de negociación y paz en Centroamérica

Frente a los procesos de negociación que culminaron con acuerdos de paz en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la bibliografía consultada sugirió que estos dieron lugar a la materialización en Centroamérica de una de las zonas más violentas del mundo, caracterizada por la proliferación y el fortalecimiento de estructuras criminales asociadas con altos niveles de homicidio (^{Devia, Ortega & Magallanes, 2014}).

^{Devia et al. (2014}), además de explorar la forma en la cual los procesos de paz lograron la terminación de los conflictos armados en estos tres países, intentaron ahondar sobre las causas del conflicto armado y la violencia posconflicto, incluso la homicida, y encontraron un eje transversal y estructural que comparten los tres escenarios: la percepción de una desigualdad social que, en razón al poco éxito de la resolución de las causas que la originan, ha llevado al crecimiento de la pobreza al impactar negativamente en la desigualdad de ingresos y asimetrías económicas.

Al analizar los indicadores de paz y violencia en el periodo subsiguiente a la suscripción de los acuerdos de paz, los autores hallaron que en El Salvador y Guatemala aumentó la violencia posconflicto y homicida (vid. Tabla 1), y precisaron que en la agenda de paz de los países centroamericanos existen pendientes en el ámbito económico y político, los cuales dan lugar a la reaparición de nuevas formas de violencia, que se configuran en prioridades en materia de seguridad.

Este escenario dejó al descubierto vacíos frente al cumplimiento de los acuerdos suscritos, en concordancia con la ausencia del fortalecimiento de la institucionalidad, al soportar en parte el mantenimiento de un conflicto que persiste, el cual, si bien es cierto que se transformó de armado a social, ha coadyuvado al refuerzo de las estructuras criminales que han proliferado después de finalizado el proceso de paz, lo que incide negativamente en el aumento de la violencia y el homicidio, y se relaciona con la criminalidad.

Guatemala se destacó por la duración de 36 años del conflicto armado interno (1960 a 1996), y llama la atención el estudio desarrollado por ^{Aguirre (2014}), quien adicionalmente, al encontrar que el homicidio se incrementó drásticamente después de la suscripción del acuerdo de paz en el año 1996, al pasar de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a 35 por cada 100.000 en el año 2012, clasificó dos grados de violencia presentes después de la suscripción del acuerdo de paz. Estos están completa, parcial e independientemente relacionados con el conflicto en un doble sentido: débil, asociándolo con las condiciones políticas y socioeconómicas acordadas en el proceso de negociación, y fuerte, relacionándolo con un legado directo del conflicto armado interno.

Asimismo, propuso una tipología de la violencia posconflicto que destacó para identificar posibles variables que pueden presentarse al generar la continuación de probables ciclos de violencia, y que se consideran útiles para implementar a tiempo las medidas pertinentes, pero que, de igual manera, dejan ver dinámicas asociadas al conflicto que suelen marcar la tendencia en el aumento de la violencia y los homicidios: a) Política estatal ejercida por actores del Estado para consolidar la victoria u obstruir puntos del acuerdo de paz; b) Política de grupos no estatales y para los mismos fines antes descritos; c) Disputas relacionadas con la propiedad en razón a la distribución inequitativa de la tierra; d) Relación con formas extralegales de vigilancia y justicia ante la incapacidad del Estado para este cometido; e) Intensificación de las prácticas represivas por parte de fuerzas de seguridad del Estado; f) Presencia del crimen organizado cuando existen limitaciones para materializar verdaderas condiciones que garanticen el desarme, la desmovilización y la reintegración, sumado a la disponibilidad de armas y generación de cultura de la violencia, y g) Violencia interpersonal caracterizada por falencias en la integración de las poblaciones desplazadas, que causan descontrol (^{Aguirre, 2014}).

Como corolario, la evidencia cualitativa plasmada en el presente acápite sugirió que la violencia, y en particular la homicida, presentó un incremento en etapas posteriores a procesos de negociación y paz, avizorándose una relación con la criminalidad y las organizaciones delictuales emergentes en el ámbito regional, donde antiguamente estuvieron presentes los grupos desmovilizados.

Sumado a la identificación de los patrones compartidos que llevaron al incremento del homicidio en escenarios de posconflicto, individualizados al inicio del presente punto, sobresalió como eje transversal en los países analizados la percepción de una desigualdad social, como una de las causas estructurales que coadyuvaron al fortalecimiento de la criminalidad. Ello en razón a que la desigualdad económica y con esta el móvil pecuniario, es utilizada por organizaciones criminales dedicadas a la generación de ingresos y economías ilegales, lo que crea, a su vez, nuevos círculos viciosos de violencia que se asocian a disputas por el poder, el territorio y el control de recursos a nivel regional, y aumentan el homicidio.

Afín a ello, las investigaciones consultadas sugirieron que la violencia homicida comportó una interiorización como legado de los conflictos armados, materializando una pauta cultural, al colegir que el incremento de la violencia homicida asociada con la criminalidad local puede constituir una etapa dentro de los procesos de paz, que en caso de no materializar los acuerdos pactados en la negociación, en beneficio del fortalecimiento del Estado de derecho como núcleo esencial, conlleva la concreción de una amenaza dentro del escenario de la mutación de un conflicto armado a uno social, en detrimento de la seguridad de las naciones que emergen de conflictos armados, en particular tan largos.

Método

Resultados

1. Comportamiento del homicidio durante la fase de negociación

Sin desconocer la multicausalidad del conflicto, del homicidio y la negociación, se construyó una cronología con base en información cualitativa sobre los principales acontecimientos históricos ocurridos en la fase de negociación (vid. Tabla 2), con miras a observar, una vez cotejada con la información cuantitativa, una posible relación entre la disminución de la confrontación armada dentro del conflicto y como parte de la negociación, con el comportamiento del homicidio, teniendo en cuenta la evidencia empírica consultada. Para tal efecto, se resaltaron los seis acuerdos alcanzados como temáticas centrales acordadas en la agenda de negociación para la transformación del conflicto armado: a) desarrollo agrario, b) participación política, c) drogas ilícitas, d) víctimas del conflicto armado, e) fin del conflicto, que incluyó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de armas, garantías, seguridad y refrendación para el fin del conflicto, y f) implementación, verificación y refrendación.

Igualmente, se destacaron los principales acuerdos bilaterales en desescalamiento del conflicto armado y construcción de confianza: a) El Acuerdo No. 52 del 7 de marzo de 2015, referido a la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar o restos explosivos de guerra, que dio lugar a dos proyectos piloto de desminado humanitario que cobijan la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia), y en el departamento de Meta; b) El Acuerdo No. 62 del 17 de octubre del 2015, dirigido a la implementación de medidas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado; c) El acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC, conocido el 15 de mayo del 2016⁹, y d) El acuerdo dado a conocer el 10 de junio del 2016¹⁰ para poner en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Briceño¹¹, a partir del 10 de julio del 2016, incorporándolo al proceso de desminado humanitario. Finalmente, se incluyeron las principales medidas unilaterales que conllevaron una reducción de la confrontación armada, y las que marcaron su acrecimiento.

Tabla 2 Cronología de la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc: 2012-2016 

Al cotejar con el histograma de homicidios (vid. Figura 2), elaborado acorde con los datos registrados en la base de datos SIEDCO PLUS (2016), se pudo identificar una relación positiva entre los picos más representativos frente al aumento y disminución de la confrontación armada y la violencia homicida, que fluctúo según la primera, al denotar el impacto de las principales dinámicas asociadas al entorno multicausal del conflicto armado y la negociación frente a la variación del delito.

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 2. Histograma del homicidio en Colombia en la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC  

Los picos más representativos frente al aumento de homicidios se presentaron en diciembre del 2012, con 1.553 registros; marzo del 2013, con 1.371; diciembre del 2013, con 1.265, y diciembre del 2014, con 1.251 registros. Los dos primeros coincidieron con el inicio de las primeras conversaciones después de la instalación oficial de la mesa en La Habana, antecediendo el primer acuerdo de la agenda de negociación concretado en mayo del 2013, que en igual sentido estuvo precedido por el llamado del pueblo colombiano para la consecución de la paz en abril del 2012, acuerdo a partir del cual se observó una tendencia hacia la disminución. Por su parte, diciembre del 2013, que marcó otro pico a partir del cual se dio una disminución del registro administrativo, coincidió con un escenario de confrontación armada. Es importante precisar que es a mediados de ese mes cuando se da el anuncio de la entrada en vigencia de un cese unilateral al fuego por parte de las FARC, precedido por la firma del segundo acuerdo de la agenda. Diciembre del 2014 presentó otro pico alto, que corresponde con la suspensión temporal de las negociaciones desde el 17 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2014, por el secuestro y liberación del General Alzate por parte de las FARC, el 30 de noviembre de ese año.

Dentro de los picos decrecientes, fue factible identificar, al inicio de las conversaciones de paz como un hecho que antecedió la disminución que se presentó en enero del 2013, la declaración de un alto al fuego unilateral por parte de las FARC, como medida de confianza y desescalamiento del conflicto, entre el 20 de noviembre del 2012 y el 20 de enero del 2013, lo que coincide con la reducción acelerada de los registros administrativos durante ese mes (1.385) y que continuó hasta febrero del 2013 (1.201), presentando durante el periodo subsiguiente una tendencia lineal que se mantuvo, así como un leve aumento en diciembre del 2013 (1.265), cuando se vuelve a dar una propensión hacia la baja.

Este mes estuvo precedido por el segundo acuerdo de la agenda de negociación sobre participación política, y la entrada en vigencia de un cese unilateral al fuego por 30 días, anunciado por las FARC el 15 de diciembre de ese año, con motivo de la Navidad, que marcó un descenso acelerado en los registros, al pasar a 1.201 en febrero del 2014. En el 2013 llamó la atención que hacia finales de agosto (entre el 23 y el 26) se dio una pausa unilateral por parte de las FARC en los diálogos, después del anuncio del Gobierno sobre el proyecto de ley para someter el acuerdo de paz a un referendo, y se presentó también la muerte de varios militares en Arauca como resultado de una incursión armada de las FARC y el ELN el 25 de agosto. En el mes subsiguiente se dio un leve aumento en los registros, al pasar a 1.235 en septiembre, y una disminución hacia noviembre (1.127), cuando se expuso el segundo acuerdo de la agenda sobre participación política, lo que denota una relación directa entre la reducción de las confrontaciones armadas y la de homicidios, como consecuencia de la negociación.

Otra de las cúspides que mostró una disminución notoria fue el mes de febrero del 2015 (837 registros), el cual estuvo antecedido por el anuncio de las FARC, a finales de diciembre del 2014, de un alto al fuego unilateral indefinido, que marcó una tendencia lineal hacia la baja, al observar que de 1.251 registros en diciembre del 2014 se pasó a 1.113 en enero del 2015, y a 837 en febrero, coincidiendo ese mismo mes con la notificación de las FARC sobre la negativa de reclutar a menores de 17 años.

Igualmente sobresalió el último periodo de la fase de negociación: diciembre del 2015 a agosto 28 del 2016. Se denota que fue a partir de diciembre cuando se presentó una línea decreciente más marcada durante toda la etapa de negociación, que finalizó con 899 registros en agosto del 2016, lo que coincide con la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto.

Este periodo estuvo marcado por acuerdos de cese al fuego y terminación del conflicto, que comprometieron a las víctimas directas y los actores armados, e incluyeron medidas de confianza para salvaguardar a población vulnerable, como los menores de edad y el involucramiento de la ciudadanía.

Así resaltaron el cuarto acuerdo de la agenda de negociación sobre víctimas del conflicto¹² en diciembre del 2015, el anuncio sobre la verificación del cese al fuego definitivo y el desarme, por parte de las Naciones Unidas, y su respaldo al proceso de paz en enero del 2016, el acuerdo de las partes sobre el procedimiento para darle estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, y el alcanzado sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC en mayo; asimismo, el quinto acuerdo de la agenda sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de las armas en junio, y así concretar en agosto el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Llamó la atención que en este periodo se dio un leve aumento en julio (1.072 registros), lo que coincide con el anuncio sobre la disidencia del Frente 1 de las FARC con influencia en los departamentos de Guaviare y Vaupés, considerados históricamente territorios en los que confluyen economías ilegales.

Acorde con las medidas unilaterales de desescalamiento del conflicto, las decisiones bilaterales en materia de construcción de confianza tuvieron un efecto positivo frente a la disminución del homicidio. Después del anuncio del plan piloto de desminado humanitario en marzo del 2015, se presentó una reducción del registro administrativo (de 1.054 registros en marzo, se pasó a 977 en abril); el acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC, conocido en mayo del 2016, y el pacto para poner en marcha la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Briceño (Antioquia), a partir de julio del 2016, coincidieron con el último periodo que, como ya se indicó, tuvo una línea decreciente marcada.

Coetáneamente, hubo coincidencia frente al aumento de las escaladas violentas y el incremento de los homicidios, como se observó en el año 2015, en mayo (1.083 registros), junio (1.095) y julio (1.068), que denotaron un breve crecimiento que corresponde con una escalada del conflicto armado marcada por la muerte de militares en un ataque de las FARC en Buenos Aires (Cauca) y la consecuente reanudación de bombardeos aéreos a campamentos de las FARC en abril, que conllevaron la muerte de guerrilleros por el bombardeo a un campamento en Guapí (Cauca), el anuncio en mayo de las FARC sobre la suspensión del cese al fuego unilateral indefinido que había sido declarado en diciembre del año anterior, el llamado efectuado en julio por los países garantes para que las partes definieran nuevas medidas de construcción de confianza para desescalar el conflicto, que se concretó en julio y agosto con el anuncio de las partes de la suspensión de los bombardeos y el inicio de un cese al fuego, lo que indica de nuevo, a partir de julio, una disminución en el registro de homicidios.

En complemento, se tomó el registro administrativo de homicidios correspondientes a los años completos 2012, 2013, 2014 y 2015 para que existiera unidad de criterio, identificar la variación que presentó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y reflejar el impacto de la fase de negociación frente al comportamiento del punible (vid. Figura 3).

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 3. Tasas de homicidio por 100.000 habitantes, 2012-2015  

En la línea planteada, durante la fase de negociación se registró un total de 51.905 homicidios, presentándose una línea cíclica decreciente al pasar de una tasa de 34,42 por cada 100.000 habitantes -correspondiente a 16.032 registros durante el año 2012, cuando se inició la fase de negociación (de octubre a diciembre se presentaron 3.557 registros)- a una de 31,76 (14.967 registros) por cada 100.000 habitantes en el 2013, 27,19 (12.957 registros) por cada 100.000 habitantes en el año 2014 y 25,85 (12.459 registros) por cada 100.000 habitantes en el 2015. Entre enero y agosto 28 del 2016 continuó la disminución, con 7.954 registros, y se observó un impacto positivo frente a la reducción del ilícito a nivel nacional.

Conclusión y discusión

Con base en los hallazgos obtenidos, se concluyó que el homicidio y su evolución han estado ligados al entorno del conflicto armado como manifestación de violencia, lo cual puede evidenciar una relación significativa entre los picos más altos con dinámicas asociadas a la confrontación armada: cuando el conflicto escaló, en igual medida se comportó el ilícito, y cuando disminuyó, el ciclo fue repetitivo, sin desconocer la multicausalidad del homicidio, del conflicto y de la negociación, acorde con lo planteado por ^{Torrijos (2015}).

En este contexto, se encontró una relación positiva entre la variación del homicidio y la fase de negociación, que marcó una dinámica de desescalamiento del conflicto armado al sellar la disminución del homicidio a nivel nacional, que presentó una reducción equivalente a un 8,57 %, al comparar la tasa de homicidios del año 2012 con la del 2015, sentando las bases para la transformación de un conflicto caracterizado por la violencia a uno pacífico, variación que encuentra respaldo en la teoría del conflicto social de ^{Galtung (1998}, 2003, 2003a, 2007).

Ello en razón a que la negociación, como elemento preponderante para tratar y transformar el conflicto armado, llevó a un consenso entre las partes, que como unidad de grupo propendió por la promoción de un cambio a través de los acuerdos logrados, observados como los intereses prioritarios que resalta ^{Galtung (2003}) al aplicar la epistemología de la paz, y que como parte integral de la negociación acarrearon un desescalamiento del conflicto armado en la búsqueda de su evolución, y con él la disminución del injusto penal en el ámbito nacional, que impactó positivamente la fase de negociación en decremento del delito a nivel nacional.

En forma concomitante, durante la fase de negociación los picos más bajos y la reducción nacional del registro administrativo de homicidios concordaron en torno a medidas de construcción de confianza, al denotar que cuando la confrontación armada disminuyó, en igual medida se comportó el ilícito en el entorno nacional, acorde con lo expuesto por ^{Silva (2008}), quien al referirse a la teoría del conflicto social argumentó que el estado de calma que se materializa durante la fase de negociación es la respuesta a una etapa del conflicto que restablece un equilibrio relativo, producto de la interacción entre la divergencia social y el control social, que implica una correlación de equilibrio de fuerzas entre las partes y un compromiso determinado por la intención de mejorar el conflicto armado, soportando el decremento del ilícito.

El anterior panorama llevó a colegir que el conflicto armado, y dentro de este la negociación como mecanismo para tratar el primero, ha contribuido al aumento y disminución del ilícito a nivel nacional, el cual soporta la existencia de una relación entre el conflicto armado y el homicidio, que a su vez ha incentivado la interiorización de un comportamiento agresivo, legado del primero, relacionándose con la violencia premeditada propia del sicariato y la violencia impulsiva característica de la riña, lo que constituye las modalidades que puntuaron, y confirman los postulados de ^{Myers (2005}), ^{Chaux (2003}), ^{Galtung (1998}), ^{Londoño et al. (2012}), ^{Somasundaram (2007}), ^{Mora (2013}), el INMLCF (2015), la OMS (2014) y ^{Pizarro (2015}).

Congruente con la modalidad del sicariato, se resaltó en la caracterización: el uso de arma de fuego, la escogencia de vías públicas, la movilización a pie y el intervalo de hora escogido por parte del victimario, así como la prevalencia de la delincuencia y el crimen organizado como grupo sindicado, para concluir, junto con la variación regional, que el aumento del ilícito se dio en simetría con la presencia de estructuras criminales, que el vínculo entre conflicto armado, violencia y su interiorización ha conllevado una asociación con la criminalidad y la existencia de disímiles actores que se han relacionado con el conflicto armado en detrimento de la seguridad ciudadana, según lo sugerido por ^{Chaux (2003}), ^{Bello (2009}), ^{Torrijos (2015}), ^{Pécaut (2015}), ^{Gutiérrez (2015}) y ^{Pizarro (2015}).

Este planteamiento toma fuerza al observar los referentes nacionales e internacionales de procesos de paz, en los que sobresalió, como manifestación reiterativa asociada al mismo, la presencia de organizaciones delincuenciales a nivel regional, que en la lucha por el control territorial de polos de desarrollo e intereses económicos ha coadyuvado al incremento del homicidio y la criminalidad.

Sin desconocer la existencia de políticas estatales y acorde con lo que ha sido expuesto, se concluyó, en respuesta a la pregunta de investigación y el objetivo planteado, que la fase de negociación impactó la variación del homicidio en Colombia, el cual disminuyó en el ámbito nacional al identificar la prevalencia de la violencia instrumental y reactiva, que se asocia con una pauta cultural, legado del entorno del conflicto armado, y encontrar concordante con ello, a nivel regional, una convergencia entre focos de violencia homicida y la presencia de estructuras criminales.

En razón a ello, la intervención de las economías criminales, cuya consecución se asocia con la violencia instrumental propia de estas organizaciones como motor de la perpetuación de la actividad violenta y criminal, se constituye en eje estratégico desde el ámbito criminológico para superar la violencia, coherente con lo indicado por la Comisión Histórica del Conflicto (2015).

En esta línea es indispensable el fortalecimiento estratégico de la capacidad disuasiva y de control del delito, en el marco de la criminalidad organizada de manera focalizada y priorizada en las regiones identificadas, con el propósito de anticipar y neutralizar dinámicas delincuenciales cambiantes de estructuras criminales, en razón a que estas ya están presentes en el contexto colombiano, a diferencia de otros escenarios donde han emergido después de los procesos de paz, especialmente en los que confluyen:

a) Espacios vacíos, como consecuencia de la desmovilización colectiva; b) economías ilegales de estructuras criminales, que se han arraigado en algunas regiones y que pueden buscar control territorial como eje estratégico, y c) ausencia de desarrollo social y garantías fundamentales, que en conjunto caracterizan ambientes propicios para la continuación de la violencia criminal asociada al homicidio.

Es importante priorizar el seguimiento y estudio de la delincuencia y el homicidio en todas sus formas, ya que al traer a colación lo indicado por la UNODC (2013), “la violencia vinculada al crimen puede igualar, e incluso superar, a aquélla generada por el conflicto mismo, en razón a que la delincuencia organizada puede aprovechar los vacíos que surgen en la transición entre el fin del conflicto y el fortalecimiento de la institucionalidad” (p. 7).

Aunado a ello, los acuerdos, entendidos como los valores e intereses que pueden transformarse en cuanto a la necesidad de las partes como elemento trascendental de la negociación, pueden repercutir frente a la implementación y desarrollo desde el nivel regional de garantías que, como resultado de la anuencia colectiva, fortalezcan escenarios de paz, el Estado de derecho a través de la presencia institucional y la mejora de la seguridad ciudadana, para soportar aún más la necesidad del seguimiento y estudio de la delincuencia, con mayor énfasis a raíz de la firma del acuerdo final, y de manera paralela a la verificación del cumplimiento de las concesiones pactadas.

En este escenario, el fortalecimiento de la institucionalidad, la inclusión vista como garantía de derechos fundamentales y la lucha contra el crimen organizado en el plano regional, son ejes estratégicos que al integrarse forjarán una respuesta sistémica que puede minimizar esta amenaza, sobre la base del principio de corresponsabilidad.

Teniendo en cuenta que el proceso de paz y la fase de negociación abrieron una brecha de concientización en los colombianos, en la que se pregona por la necesidad de una transformación del conflicto armado hacia un escenario de paz y su interiorización, en el contexto histórico de la prórroga de la negociación dada a partir del 2 de octubre del 2016, que llevó a la firma de un segundo texto ajustado del Acuerdo Final de Paz y su refrendación por parte del Congreso de la República, se plantea el siguiente interrogante para futuras investigaciones: ¿Qué ocurrirá con el comportamiento del homicidio en Colombia tras la implementación del Acuerdo de Paz?

“Si quieres la paz, prepárate para la paz” (^{Galtung, 2003}a).