Introducción

Desde la segunda mitad del siglo pasado, la preocupación por la violencia y el delito es un asunto común. Lo que ha hecho que, globalmente, ocupen un lugar central en las agendas tanto de los gobiernos como de la ciudadanía en general. Ello cobra aún más importancia en los países de América, tomando en cuenta que comparativamente es el continente más violento. De hecho, si se desagrega la información de homicidio doloso en subregiones, se observa que, particularmente, América Latina es la subregión más violenta; y, a diferencia del resto del mundo, en las últimas dos décadas la tendencia del homicidio ha sido al alza y por arriba de la media internacional (^{Díaz et al., 2019}). Con la intención de responder a la situación en materia de seguridad que ha vuelto a América Latina la subregión más violenta del mundo, se ha recurrido a tácticas punitivas, entre las que se destaca, por su resurgimiento extendido por toda la región, la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, son múltiples factores los que influyen para emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Además de los altos índices delictivos, encontramos otras posibles explicaciones como el

(…) fracaso tanto de las políticas criminales como del sistema de justicia penal, el denominado populismo punitivo, es decir, el discurso de mano dura y tolerancia cero, y el innegable atractivo que ejercen los militares en tanto institución, explican -en gran medida- la actuación generalizada de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública de los países de América Latina (^{Moloeznik, 2018}, p. 2).

No obstante, la intervención de las fuerzas armadas en el fomento de la seguridad pública es distinta para cada país, dependiendo de su experiencia histórica particular (^{Ramalho et al., 2019}). En ese sentido, varias son las caras que presenta la militarización de la seguridad pública en Latinoamérica, desde la franca invitación para que efectivos castrenses formen parte de los órganos de decisión en materia de seguridad pública, hasta el despliegue de efectivos militares.

Por otro lado, también se han ensayado aproximaciones en materia de prevención del delito para hacer frente al problema de seguridad que afecta a toda la subregión. En ese sentido, la prevención del delito requiere del diseño de políticas de seguridad integrales que fortalezcan las competencias del Estado e impulsen la participación activa de los ciudadanos, más allá de aquellas implementadas, en la búsqueda por disminuir los niveles de violencia, que se centran en los enfoques punitivos (^{PNUD, 2013}). En América Latina se ha visto un claro fracaso en las experiencias punitivas (militaristas o no), que han traído consecuencias negativas como “el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios, la violación de los derechos humanos y el abuso de autoridad” (^{PNUD, 2013}, p. 13); por el contrario, existe evidencia de resultados positivos en cuanto a la prevención del delito mediante políticas de seguridad integrales. Entre los ejemplos de políticas públicas de carácter preventivo de la violencia, que han resultado efectivas y que están documentadas como buenas prácticas, ¡encontramos experiencias como la del programa Fica Vivo!, de Brasil¹ y el Programa Vivir Tranquilo de República Dominicana.

En México, se cuenta con la experiencia positiva del programa integral Todos somos Juárez, que procuró combatir por varios frentes las particularidades sociales que facilitan el delito. Buscando ser una respuesta social integral, se orientaba a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la atención en materia económica, salud, de empleo, educación, cultura y deportes, así como de desarrollo social (^{Cano & Rojido, 2016}).

Así pues, México no es una excepción dentro de esta tendencia subregional de altos índices delictivos. En la capital del país esta situación puede rastrearse con más precisión desde la década de 1990, cuando las métricas de criminalidad incrementaron de manera notable. Sin embargo, es un fenómeno que se ha ponderado ante el aumento de la delincuencia en el ámbito nacional, lo que en apariencia ha disminuido su “contribución a la violencia delictiva en México; pero no tanto porque los crímenes disminuyeran en la capital, sino porque aumentó en otras regiones del país” (^{Alvarado, 2012}, p. 91).

Esto ha generado la necesidad de estudiar, analizar y dar respuesta a una cadena de efectos múltiples y diferenciados en los distintos dominios de la vida social. Desde diversos enfoques se han hecho intentos para contener la violencia, que pueden ir desde las acciones cotidianas², la organización ciudadana y la deliberación académica, hasta el diseño y ejecución de políticas públicas. Estas últimas han transitado desde la aplicación de grandes reformas legales -como el Nuevo Sistema de Justicia Penal de 2008 con obligatoriedad para todo el país en 2016- hasta la implementación de operativos conjuntos con presencia de efectivos militares en tareas de seguridad pública, pasando por esquemas de prevención del delito.

Por su parte, la prevención del delito se ha posicionado en el país, sobre todo durante la última década, encontrando su expresión más acabada en el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), diseñado e implementado durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuyo objetivo fue la reducción de factores de riesgo en 57 municipios de atención prioritaria mediante la intervención de distintas agencias públicas de los tres órdenes de gobierno, orientada en tres tipos de prevención: situacional, social y comunitaria. Los resultados del Pronapred no fueron los esperados, ya sea por cuestiones de diseño, errores en la asignación a los municipios de atención prioritaria, malos manejos jurídicos y administrativo o por falta de conocimiento técnico por parte de los equipos de implementación (^{Ramírez & Díaz, 2017}; ^{Díaz & Jasso, 2019}); esto llevó a que en 2017 su presupuesto asignado fuese nulo.

Más allá de los elementos cuestionables del Pronapred, la política preventiva muestra diversas inconsistencias. La bibliografía especializada ubica entre los principales puntos débiles “la grave ausencia de evidencia empírica y sustento teórico en el diseño, diagnóstico y evaluación de las políticas” (^{Ramírez & Díaz, 2017}, p. 124); la trasposición acrítica de elementos conceptuales en la literatura internacional sin problematización alguna (^{Díaz & Jasso, 2019}) y, en términos más amplios, la falta de investigación en general sobre el tema (^{Cano & Rojido, 2016}). Lo anterior tiene reflejo en iniciativas de prevención nacionales y locales.

En la Ciudad de México (CDMX) se han desarrollado distintas estrategias preventivas a lo largo de las últimas cuatro administraciones gubernamentales. En ellas se reproducen las inconsistencias detectadas en la literatura; en especial, para la prevención comunitaria, puesto que no se conoce con detalle los supuestos teóricos de estas intervenciones y, en algunos casos, se le confunde con participación ciudadana, lo cual se torna en un agravante si se toma en cuenta que al menos en el tiempo reciente la participación ciudadana en la CDMX se le ha relacionado con esquemas y carteras clientelares del Partido de la Revolución Democrática (^{Tejera, 2012}).

En consonancia con lo anterior, el objetivo del artículo es mostrar si los módulos de prevención del delito y participación ciudadana (MPDPC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la CDMX³, entendidos como un elemento de despliegue territorial de la policía basado en el enfoque de policía de proximidad, al vincular la función policial a la comunidad, y cuyo objetivo principal es inhibir la comisión de actos criminales, como se expone más adelante, tienen alguna correlación con la incidencia delictiva a nivel área. Es decir, se estudia si efectivamente la presencia de módulos policiales ha servido para dar respuesta a los altos índices delictivos presentes en la CDMX.

La argumentación del artículo se divide en varias partes. Primera, se expone de manera breve la política de seguridad de los últimos períodos de gobierno en la CDMX, con especial énfasis en los MPDPC. Posteriormente se exponen los datos y las técnicas a usar para probar el objetivo. A continuación, se discuten los resultados. Por último, se cierra con un apartado de conclusiones.

La política de seguridad y la prevención del delito en la Ciudad de México

Desde mediados de la década de 1990, la inseguridad es una de las principales preocupaciones y demandas de los habitantes de la CDMX. Y no es para menos, si se toma en cuenta el comportamiento de los indicadores delictivos. En la Figura 1 se muestra la tasa de homicidio doloso⁴ por cien mil habitantes de las dos últimas décadas; como se puede apreciar, y en comparación con la tasa nacional, el comportamiento de la tasa de la CDMX siempre es menor al indicador nacional; sin embargo, sí se puede observar un incremento sostenido de la métrica en la última década, al pasar de una tasa de 7,23 -punto más bajo de la serie- en 2016 a 12;28 en 2018, lo que hace este último año el más alto en los datos expuestos para la CDMX. En la Figura 2 se expone la tasa de robo de auto⁵ -con y sin violencia- por cien mil habitantes en el mismo rango temporal; en ella se advierte una tendencia opuesta, es decir, que mientras el indicador nacional va a la baja, el local muestra un crecimiento sostenido; de hecho, esto hace que, en los tres últimos años de la serie, la tasa de la CDMX se posicione por encima de la nacional. Los datos representados en las figuras 1 y 2 manifiestan variación temporal y hacen al 2018 el año más alto.

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Figura 1 Tasa de homicidio doloso por cien mil habitantes 

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Figura 2 Tasa de robo de vehículos por cien mil habitantes 

Lo anterior ha hecho del combate a la inseguridad un reto mayor para el Gobierno de la ciudad, ante lo cual se ha movilizado una fuerte cantidad de recursos, hecho que se refleja en las concesiones y privilegios de los que ha gozado la SSP⁶, siendo esta la dependencia con mayor gasto del Gobierno, y con mayor personal (^{Alvarado, 2012}).

Así pues, los actos promovidos por parte de los distintos jefes de Gobierno de la CDMX muestran, en cada uno de sus periodos, niveles de aceptación disímiles. Dichas acciones podrían agruparse, de forma general, en tres grandes complejos, relacionados entre sí, estos serían: implementación tecnológica, policía y participación ciudadana/prevención del delito. Como habría de esperarse, cada Gobierno ha implementado su particular modelo de seguridad y profesionalización de sus cuerpos policiacos. En las siguientes líneas se exponen de manera breve las más recientes administraciones de los últimos jefes de gobierno capitalinos y sus políticas de seguridad, con el fin de exponer las características diseñadas e implementadas por cada gestión. Se inicia con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, al ser este el primero en una alternancia política, que rompería con la hegemonía del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la administración de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-1999) destacan los intentos de reorganización de varios ejes institucionales; sin embargo, en materia de seguridad, estos no fueron posibles debido a las inercias burocráticas heredadas de las pasadas administraciones (^{Alvarado, 2012}), el alto grado de descomposición al interior de la policía, producto de la misma inercia anterior, y la brevedad de su mandato, pues Cárdenas renunció a su cargo cerca de cumplir el segundo año de gestión para competir por la Presidencia de la República.

Con Andrés Manuel López Obrador (2000-2005) se reformó la seguridad con una política ambiciosa, de atención a la pobreza, participación ciudadana y el incremento del pie de fuerza policial⁷; además, se adoptó el método CompStat, lo que implica un modelo estadístico de vigilancia georreferenciado que sirve para la asignación racional de elementos en los puntos de mayor concentración del delito (^{Davis, 2007}). Con base en lo anterior, se instauró un modelo policial basado en cuadrantes⁸, lo que implicó la territorialización del trabajo policial. Así, el objetivo de la política de seguridad fue crear un enfoque integral que se dirigía a la disminución del delito, el cual aboliría la impunidad, impulsaría el desarrollo económico y social y repararía las relaciones entre los organismos judiciales (^{Pansters & Castillo, 2007}).

Marcelo Ebrard (2006-2012) fortaleció las capacidades técnicas y operativas de la policía; además, posicionó con fuerza el policiamiento territorializado mediante la construcción de módulos de seguridad que funcionarían como medios de vinculación ciudadana (^{Alvarado, 2012}). Así mismo, implementó el Programa Ciudad Segura (PCS), esto es, el despliegue masivo de cámaras de videovigilancia, con lo cual se pretendió reducir la incidencia delictiva mediante la prevención situacional del delito, además de ser una herramienta útil para la prevención y persecución del delito mediante esquemas de operación y reacción en tiempo real. Con el uso de las plataformas tecnológicas presentes en el PCS se posicionó:

Una política orientada a la vigilancia de los flujos de población, más que a su contención, dotando de una mayor capacidad de desplazamiento a la población en ciudad, diferente a sitiarla en islas conectadas y comunicada de forma limitada. El problema de la inseguridad deja de ser un aspecto de sitio y confinación de poblaciones, se transforma en un problema de seguimiento de flujos de población en la ciudad. En segundo lugar, se establecen controles sociales mediados tecnológicamente que van desplazando poco a poco el uso de la fuerza física como mecanismo de control y seguridad (Arteaga, 2017, pp. 128-129).

Con Miguel Ángel Mancera (2012-2018) la policía no aumentó su pie de fuerza; no obstante, se crearon más estaciones policiales y se continuó y fortaleció el despliegue tecnológico de la administración previa, además de construirse estaciones de la SSP bajo puentes vehiculares de la ciudad. Adicionalmente, y no está de más señalarlo, durante su gestión ocurrieron incidentes que mostraron de manera recurrente un hecho negado: la presencia del crimen organizado en la CDMX (^{Alvarado, 2016}).

En cuanto a la participación ciudadana para la prevención del delito⁹, esta ha pasado por canales formales e informales, y forma parte de un enfoque más extenso, donde, al menos en términos ideales, se buscan formas no convencionales de relación entre gobernados y gobernantes. En el caso de las vías formales para la prevención del delito, se han canalizado por medio de los comités de participación ciudadana regidos por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (1999), los cuales tuvieron poco impacto en acciones en contra del delito y de organización comunitaria (^{Alvarado, 2015}). Por su parte, los canales informales de participación ciudadana se han manifestado en la organización (espontánea o no) vecinal, enfocada en la gestión de bienes y servicios para su comunidad; lo cual puede influir en varios beneficios para la población, como el suministro de infraestructura y servicios básicos no proporcionados por el gobierno, el fortalecimiento de las redes de cooperación interpersonal y, por supuesto, gestiones orientadas a satisfacer una de las principales demandas ciudadanas: las relativas a la seguridad. Lo anterior supone esquemas mixtos para la producción de la seguridad entre la población y las autoridades en diversos sentidos. Por un lado, la participación puede sustentar distintas acciones proclives a la prevención del delito, puesto que se parte tanto de las necesidades como de las capacidades organizativas de la población en el territorio, y con ello la creación de redes y vínculos para la acción colectiva. Por otro, convive con modalidades operativas territorializadas de la policía en las propias comunidades; ejemplo de esto podría ser la captación y atención de incidentes delictivos mediante grupos de coordinación vecinal por vías de contacto -por ejemplo, grupos de WhatsApp- con los representantes policiales, la dotación de cámaras de video vigilancia a grupos vecinales, etc.

El encuadre analítico de este tipo de acciones se da en la modalidad de prevención comunitaria del delito. Básicamente comprende:

1. Elaboración de diagnósticos participativos;

2. Mejoramiento de las condiciones de seguridad del entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias;

3. Mayores facilidades para el acceso de la comunidad a los servicios básicos; IV. Inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones; particularmente, las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños, y grupos vulnerables; V. Impulsar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión entre las comunidades frente a problemas que les aquejan; VI. Participación activa de la comunidad en la implementación de los programas y acciones, así como en su evaluación y sostenibilidad, y VII. Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (GODF, 2014, p. 4).

Al pasar por esquemas formales e informales, este tipo de prevención ha sido transversal a todos los gobiernos electos de la capital del país. Quizá un punto de contacto de ambos esquemas sean los presupuestos participativos y la aplicación de programas focalizados en prevención del delito, como fue el Pronapred en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa entre 2014 y 2017, así como el despliegue territorial y puesta en funcionamiento de los MPDPC de la SSP de la CDMX durante las administraciones de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera.

Una manera usual de clasificar los programas de prevención del delito es según el tipo de prevención que proponen y según la población hacia la cual están dirigidos los programas (^{Cano & Rojido, 2016}); es decir, la prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria¹⁰. La prevención primaria comprende estrategias dirigidas a la población en general, actuando sobre situaciones y contextos sociales particulares, mediante la creación de condiciones idóneas que eviten actos delictivos. La prevención secundaria centra su atención en la identificación de grupos vulnerables o de riesgo de potenciales victimizadores, buscando injerir para evitar la comisión de delitos. La prevención terciaria se vincula con los ofensores y, por lo tanto, depende del sistema de justicia criminal para restringir que reiteren su conducta delictiva, a través de medidas disuasivas, represivas o de rehabilitación y reinserción (^{Dammert, 2005}).

En dicha clasificación es posible encontrar tres subtipos: (i) prevención social, enfocada en evitar la comisión de delitos reduciendo los factores de riesgo social; (ii) situacional, dirigida a la población en general, ejecutada mediante la determinación de puntos críticos, así como vigilancia formal e informal y (iii) comunitaria, la cual combinas iniciativas, tanto de prevención social como situacional, así como canales formales e informales de prevención del delito. Entre las múltiples acciones de la prevención comunitaria se pueden destacar los comités de vigilancia vecinal y la conformación de policías comunitarias y de proximidad.

Una de las premisas fundamentales de la policía comunitaria es la prevención comunitaria del delito. Es decir, el aspecto central no es el castigo de las acciones criminales a partir de las denuncias vecinales, sino la colaboración de la comunidad para resolver problemáticas delictivas concretas y la prevención de las mismas. Para el caso latinoamericano se ha observado que “dado que las relaciones con la policía son conflictivas y que los ciudadanos pueden no sentirse inclinados a involucrarse en actividades que los identifican como colaboradores de la policía” (^{Frühling, Hugo, 2004}, p. 17) la implementación de esta estrategia es de alta complejidad.

La policía comunitaria, como estrategia para prevenir el crimen, ha sido de gran relevancia en ciertos países de contextos diferentes al latinoamericano (Europa occidental, Estados Unidos y Canadá) debido a la búsqueda de establecer nuevas relaciones entre la sociedad y el cuerpo policiaco. Las características de este modelo se observan en cuatro aspectos centrales: zona geográfica de acción policial reducida; establecimiento de relaciones próximas entre la comunidad y la policía; una sociedad orientada, por el cuerpo policial, hacia la prevención del delito; la inclusión de la institución policiaca en el análisis de los contextos de criminalidad (^{Frühling, 2004}). Si bien los resultados de la implementación son positivos en cuanto a la percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción de la policía (como en el caso de Chicago), aún existen diversos desafíos para fijar esta estrategia, entre los que destaca la poca participación de la comunidad (^{Frühling, 2004}). En la región latinoamericana se ha buscado incorporar la policía comunitaria, al menos desde el retorno a la democracia durante la década de 1980. Los proyectos que destacaron, debido a su duración e información recabada disponible, son Villa Nueva (Guatemala), Bogotá (Colombia), São Paulo y Belo Horizonte (Brasil). A diferencia de las experiencias europeas o norteamericanas, la región latinoamericana se vio mermada por la insuficiente infraestructura, tanto presupuestal como de recursos humanos. La poca confiabilidad de la población en los cuerpos policiales, aun si se logró una mayor comunicación con la comunidad, fue otro de los grandes obstáculos para llevar a cabo la implementación del modelo comunitario.

En general, estos proyectos enfrentan la dificultad de que no involucran a todas aquellas organizaciones públicas locales que podrían apoyarlos ni al conjunto de los funcionarios policiales. Por diversas razones, los policías de menor rango se involucran débilmente en estos proyectos (^{Frühling, 2004}, p. 3).

El caso de los MPDPC de la CDMX, como parte de una estrategia para la prevención comunitaria del delito, retoman el concepto de policía de proximidad al acercar el servicio policial a la comunidad. En términos teóricos, parten del eventual contacto entre ambos actores con la finalidad de incrementar las capacidades organizativas y de acceso a los servicios formales de seguridad, además de generar y ampliar la confianza entre la policía y la comunidad. Adicionalmente, “los programas diseñados para aumentar la integración comunitaria, a través de incremento del involucramiento de residentes con las agencias locales deben ser ‘útiles’ en el fomento del desarrollo de lazos sociales” (^{Swatt, 2009}, p. 402).

Según esta tesitura, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la SSP, en 2007 se inicia la instalación de los MPDPC, con el objetivo de que la población tenga un vínculo permanente con el Gobierno local, propiciar la cultura ciudadana y desarrollar actividades de prevención del delito y participación ciudadana. Su operación se encuentra inmersa en un:

Mecanismo integral, ya que está relacionado con el sistema de videocámaras, el Centro de Atención del Secretario y cuentan con elementos denominados policletos¹¹, cuya labor es tener el acercamiento con la ciudadanía mediante la visita domiciliaria, complementaria a la que realizan los jefes de sector, en la que piden la opinión voluntaria de las personas en torno a la presencia y labor policial, además de funcionar como centro de operación de su Cuadrante, al aprovechar sus facilidades y servicios (^{Taboada & ALDF, 2013}, p. 1).

A los tres años de su operación, se contaba con un total de 409 módulos, los cuales eran atendidos por “3 mil 681 policías de proximidad, quienes a su vez son supervisados por 128 elementos del Centro de Atención al secretario. Para su movilidad dentro de las colonias, cuentan con 136 patrullas y 2 mil 454 bicicletas” (SSP, 2010, p.10). Ya para 2013 se tenía un total de 497 módulos, atendidos por 3807 elementos, 141 patrullas y 2538 bicicletas”(^{Taboada& ALDF, 2013}). A mediados del sexenio de Miguel Ángel Mancera, los módulos dejaron de ser una estrategia útil para la prevención del delito y la participación ciudadana, de hecho, una parte no menor de las instalaciones fue abandonada y sustituida por una nueva modalidad¹², a saber: las estaciones bajo puente. Estas inician su instalación en 2016¹³ (^{Romero, 2016}) y ya para 2018 se contaba con 77 estaciones distribuidas en 9 alcaldías (SSC, 2018) bajo el supuesto de acercar la función policial a la ciudadanía, emulando, al menos en su estética, a las estaciones policiales de Nueva York, tal como lo declaró el entonces mandatario (^{Romero, 2016}). Sin ninguna funcionalidad, abandonadas y sin equipo de cómputo, además con serias deficiencias con respecto a sus capacidades de albergar personal, las estaciones inauguradas en el sexenio de Mancera fueron cerradas por la nueva gestión de la Dra. Claudia Sheinbaum (2018-2024), quién señaló la nula utilidad de las estaciones policiales y que su construcción fue un negocio para cierto grupo de constructores (^{Colín, 2019}). Las instalaciones actualmente están siendo convertidas en Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares)¹⁴.

Lo anterior, muestra distintos modelos de presencia policial, algunos vinculados con la prevención comunitaria del delito, como en el caso de los MPDPC, otros con la simple ubicación espacial como estaciones de despliegue y operación policial. Sin embargo, hasta el momento, y después de más de diez años de su puesta en marcha, no se conoce con detalle si la implementación de los MPDPC tuvo alguna correlación con la incidencia delictiva, esto por no hablar de sus posibles efectos sobre el entramado asociativo de las comunidades donde se construyeron. Así, pues, el objetivo del artículo es mostrar la correlación entre la presencia de los MPDPC en el territorio y la incidencia delictiva, bajo la hipótesis de que en aquellos espacios donde se ubican MPDPC se debería mostrar una correlación negativa con el delito, esto es, se esperan coeficientes negativos y estadísticamente significativos para la variable de los módulos. Es importante recalcar que el presente estudio, para evidenciar la correlación entre los módulos y la incidencia delictiva recurre a un conjunto de datos que muestren la presencia territorial de los módulos y variables definidas por una teoría y de uso común en estudios de delito a nivel área. En el caso de la variable dependiente se trabaja con información posterior al período de implementación de los módulos; esto con la intención de señalar si la posible correlación existe una vez finalizada la implementación y en plena operación del programa señalado. Así pues, la siguiente sección refiere a la definición de variables y tratamiento de datos, así como al ajuste de un modelo que lleve a probar o no la hipótesis de trabajo.

Metodología: definición de variables, técnicas a usar y ajuste de modelo

Una vez definido el objetivo de investigación se tiene que señalar y dar respuesta a distintos cuestionamientos para probar o no la hipótesis de trabajo; en ese sentido se ubican al menos dos: uno teórico y otro técnico. Para el primero, se necesita un conjunto de variables con sentido teórico con la intención expresa de que la correlación esperada sea significativa y acorde con la direccionalidad expresada en la hipótesis de trabajo. En el segundo caso se requiere de observables empíricos con base en fuentes disponibles, tratar los datos para maximizar los controles, y con ello disminuir las fuentes de sesgo, además de seleccionar y probar una técnica inferencial adecuada que ajuste a la estructura de datos.

El objetivo de investigación se puede probar con una regresión univariada entre la variable de MPDPC y una dependiente que denota incidencia delictiva, en este caso la variable de homicidio¹⁵ (modelo 1). Sin embargo, mediante tal procedimiento no se sabe si la correlación obtenida está sujeta a otras variables, esto es, si con variables adicionales la variable de MPDPC pierde significancia estadística o cambia su magnitud y sentido. Así, se utilizan variables de control expresadas en un modelo teórico y además de variables usuales en los estudios de distribución del delito a nivel área (modelo 2). En ese sentido, se recurre a las derivaciones contemporáneas de la teoría de la desorganización social, la cual tiene por interés explicar la distribución no aleatoria del delito al interior de las ciudades y focaliza su atención “en la relación entre la estructura de los vecindarios, control social y crimen” (^{Kubrin & Weitzer, 2003}, p. 374). Con ello se aprecian las relaciones entre “los efectos de las características de los vecindarios en la capacidad y habilidad de los residentes de la comunidad en implementar y mantener normas públicas” (^{Kubrin, 2009}, p. 227). Tomando en cuenta lo precedente, se construyen las siguientes variables de control: estatus socioeconómico (ESE), estabilidad residencial (ER), disrupción familiar (DF) y consumo de alcohol (CA). También se incluyen dos variables clásicas en los estudios de homicidio que dan cuenta de la composición sociodemográfica, a saber: razón de sexo (RS) y cohorte (C) (^{Reckdenwald & Parker, 2009}). El segundo cuestionamiento es un poco más complejo, pues implica la toma de decisiones técnicas con base en datos disponibles relacionados con el planteamiento. Para captar el componente territorial del MPDPC se requiere de unidades de agregación de baja escala que se puedan vincular ya sea con datos administrativos o censales y que, adicionalmente, den la cantidad suficiente de observaciones con la intención de superar las posibles limitaciones asociadas a la poca cantidad de observaciones. Así, se descarta tanto el uso de las alcaldías como la unidad de registro, por tener solo 16 registros como la capa de colonias¹⁶ de la ciudad, debido a que no se le puede asociar información censal. Lo anterior perfila el uso de unidades censales de baja escala: manzana y Área Geo Estadística Básica (AGEB), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2007) ¹⁷; el primero no es apropiado, ya que no permite asociar información como ESE, además de contar con una cantidad no menor de datos perdidos¹⁸; en el segundo caso se cumple con la condición de ser una unidad de baja escala, cuenta con un buen número de observaciones < 2.000, se pueden asociar registros administrativos y censales, además de poder vincular datos mediante unión por localización espacial.

La construcción de los observables empíricos se puede seccionar en cuatro grupos: variable dependiente, variable independiente, variables de control y rezago espacial. La variable dependiente es el homicidio doloso¹⁹ y se integró mediante unión por localización (véase figura 3) La independiente se pudo establecer gracias al acceso a un catálogo electrónico de ubicaciones de los MPDPC, los cuales fueron punteados manualmente (véase figura 4) y posteriormente transformados a su tasa de mil habitantes. En el caso de los controles, salvo el indicador de consumo de alcohol y ESE, son variables censales²⁰ y fueron transformadas a sus respectivas tasas; consumo de alcohol se construyó vinculando en la unidad de registro las ubicaciones de venta y consumo de bebidas alcohólicas²¹ y relativizándolas poblacionalmente, mientras que ESE se operacionalizó con el Índice de Marginación Urbana de 2010 del Consejo Nacional de Población. Adicionalmente, y para conocer si el fenómeno de interés estaba afectado por dependencia espacial, se construyó un lag espacial²² de la dependiente y se le incluyó como una variable más. En la Tabla 1 se muestran los descriptivos básicos.

Nota: Clasificación según umbrales naturales (natural breaks o Jenks), Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Homicidio doloso en la Ciudad de México, por Área Geoestadística Básica 

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Módulos de prevención del delito y participación ciudadana de la Ciudad de México por Área Geo Estadística Básica 

Tabla 1 Descriptivos 

Fuente: elaboración propia.

Para evitar que los resultados obtenidos contaran con sesgos se maximizaron los controles. Los datos de homicidio fueron depurados y agregados, esto es, que se excluyeron las ubicaciones de hospitales públicos, puesto que son lugares a donde el cadáver es trasladado, o en su defecto donde los lesionados fallecen, no el lugar de ocurrencia del incidente homicida. También se integraron en un solo año 2013 y 2014²³, esto porque, al ser un evento de baja frecuencia, y más cuando está representado en unidades de baja escala, se le agrega con la intención de estabilizarle (^{Messner et al., 1999}; ^{Escobar, 2012}). Por otro lado, se eliminan las Ageb con población > 200, esto obedece a la intención de controlar posibles sobre estimaciones, no sobre dispersar las observaciones y evitar, en la medida de lo posible, los valores atípicos (^{Rosenfeld et al., 1999}; ^{Kubrin & Weitzer, 2003}; ^{Jennings et al., 2014}), además de que una parte no menor corresponde a ubicaciones donde se encuentran hospitales, parques, etc.

Ahora bien, tomando en cuenta que la variable dependiente representa un evento de baja frecuencia²⁴, modelar con alguna técnica que asuma una distribución gaussiana puede poner en riesgo los resultados y es probable que no se cumplan los supuestos estadísticos. Ante esta situación, la literatura sugiere tratar a la variable de interés en su formato de cuentas, hecho que implicaría modelar bajo algún modelo Poisson, un modelo que explícitamente es resistente a eventos de poca ocurrencia y con alta concentración de ceros (^{Hilbe, 2014}; ^{MacDonald & Lattimore, 2010}; ^{Osgood, 2000}; ^{Osgood & Chambers, 2000}). Ante tales características, la regresión binomial negativa²⁵ se vuelve una opción viable. Tal modelo es ideal para el análisis de eventos agregados a nivel área, puesto que adicionalmente, y según un ajuste que indica exposición al riesgo²⁶, la información en cuenta se puede interpretar como tasas. La ecuación general del modelo es la (1).

Dónde:

α: Intercepto

x’: Conjunto de variables predictoras que pueden ir desde x1… xn

D2: Parámetro adicional de control por sobredispersión

Del lado izquierdo de la ecuación se muestra la distribución de la dependiente expresada en su logaritmo y con un denominador de base poblacional. Los resultados generales de investigación se encuentran en las Tablas 2 y 3. En la primera se muestra un modelo univariado, mientras que en la segunda un modelo con las variables de control definidas por la teoría. Para facilitar su interpretación, los coeficientes se presentan como riesgos relativos, mismos que se pueden interpretar similares a una razón de momios. Cabe resaltar que en ambos modelos la variable de interés evidencia significancia estadística. No obstante, el primer modelo no cumplió con el supuesto de equidispersión. Del segundo modelo se resaltan varias cosas. En primer lugar, el estadístico de dispersión es > 1,25, con lo cual no se viola el supuesto de equidispersión. En segundo lugar, todos y cada uno de los observables empíricos muestran significancia estadística con valores p > ,05; sin embargo, la direccionalidad del coeficiente de MPDPC es contraria a la formulada en la hipótesis. Por último, el número de observaciones del modelo es ligeramente menor, esto se debe a un análisis y supresión de residuales que producían modelos con ajuste subóptimo²⁷.

Tabla 2 Modelo 1 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 Modelo 2 

Fuente: elaboración propia.

La significancia y direccionalidad en las variables de control empatan con los supuestos teóricos (^{Kubrin, 2009}; ^{Reckdenwald & Parker, 2009}). Así, se encuentra que a mayor pobreza, disrupción familiar y presencia de consumo de alcohol la lectura de los coeficientes del modelo infiere un incremento en la variable dependiente. Similar a los resultados anteriores, se tiene que a mayor cantidad de jóvenes y a una mayor proporción de varones se espera un aumento en la variable de homicidio. En oposición, para aquellos lugares donde la población tiene más tiempo de residencia se espera menos homicidios. Por último, el rezago revela una concentración espacial no aleatoria de la dependiente.

Los resultados del modelo final no solo son consistentes estadísticamente, antes bien son robustos en términos teóricos. Con todo, la variable central tiene una direccionalidad opuesta, esto significa que en aquellos lugares donde se cuenta con MPDPC se infiere una mayor ocurrencia de homicidios. El resultado es opuesto a los objetivos del programa y a la hipótesis de trabajo. Para tratar de explicar el carácter contraintuitivo del hallazgo de la investigación se muestran argumentos teóricos, políticos y técnicos que se presentan en la discusión global de resultados.

Discusión de resultados

Los MPDPC de la CDMX, en su planteamiento original, se incluyen entre las acciones que buscan un enfoque de prevención comunitaria del delito, entendida como un esfuerzo colectivo para normalizar el entorno, sobre todo tomando en cuenta la realidad, compartida por otras importantes ciudades de América Latina. Entre las posibles explicaciones sobre el carácter contraintuitivo de los resultados obtenidos, se exponen los siguientes argumentos: teóricos, políticos y técnicos. Cada uno con su especificidad.

Empíricamente, la teoría que sustenta este tipo de prevención cuenta con resultados mixtos en los Estados Unidos (^{Sampson, 2006}), es decir, no necesariamente se cumple el supuesto de que a mayor organización existe una menor cantidad de delito; de hecho, diversas investigaciones encuentran resultados opuestos: a mayor nivel de organización existe una mayor concentración del delito (^{Patillo, 1998}). Lo dicho hace que uno de los principales retos sea, precisamente, la generalización de sus resultados en Estados Unidos, más allá del particular contexto norteamericano (^{Sampson, 2006}). En América Latina la investigación empírica muestra que no necesariamente se cumple tal supuesto, tal como lo muestran las investigaciones para Chile (^{Núñez, 2012}), Brasil (^{Oliveira & Rodrigues, 2013}; ^{Villareal & Silva, 2006}) y Colombia (^{Escobar, 2012}). Para el caso mexicano no existe un prueba en el sentido estricto del término; sin embargo, el resultado de la presente investigación revela que el supuesto teórico no se cumple, lo cual puede deberse a que las redes de interacción y participación no necesariamente comparten valores prosociales e hipernormativizados como el modelo supone; adicionalmente, y complejizando y contextualizando la discusión, los esquemas de participación en México han estado mediados por una historia de relaciones clientelares, mismos que interactúan y se confrontan con un conflictivo proceso de urbanización de la CDMX en la segunda mitad el siglo XX, esto debido al carácter ilegal y contra estatal de la urbanización derivada de la toma por la fuerza de predios y terrenos por parte de individuos y organizaciones, lo que implicó por un lado oposición abierta ante las autoridades, canalizadas en el Movimiento Urbano Popular (^{Moctezuma, 1999}) y, por otro, negociación para transformar lo ilegal en tenencia regulada y en dotación de servicios. A esto se agrega un elemento no menor: la desconfianza expresa de la población hacia la institución policial.

En términos políticos se tiene que señalar que las iniciativas preventivas no son inmunes a la coyuntura. Los MPDPC fueron abandonados progresivamente durante la administración de Miguel Ángel Mancera, sin tener evidencia consistente de su efectividad, puesto que nunca fueron evaluados de manera robusta y fueron sustituidos por módulos de despliegue policial cosméticos, mismos que hoy día son desmantelados y señalados por beneficiar a un grupo de constructores. De hecho, no solo los MPDPC fueron abandonados, también se hizo a un lado el esquema de proximidad policial de cuadrantes implantado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, potenciado por Marcelo Ebrard y retomado hoy día por Claudia Sheinbaum; en contraste, se benefició el despliegue tecnológico del PCS como estrategia preventiva y de reacción frente al delito. Así, el desuso y progresivo deterioro de los MPDPC pudieron influir en la disminución de la utilidad de los módulos; además, el esquema de despliegue policial basado en cuadrantes con el que interactuaban dejó de ser el modelo operativo en campo de la SSP.

En términos técnicos, el resultado del programa se puede explicar por un posible sesgo de selección, dado desde la definición inicial de ubicaciones de los módulos por parte de la SSP, debido a que el criterio de ubicación de módulos correspondió a zonas de alta concentración de incidencia delictiva, no así de un criterio asociado a las variables que teóricamente explican la distribución del delito, es decir, a los factores relacionados con la mayor concentración del delito (^{King et al., 2000}). Lo dicho hace que el diseño mismo de la asignación territorial de los módulos pueda tener un sesgo en la selección de ubicaciones. Ello implica que:

Se aumente el riesgo de introducir sesgo de selección. En efecto, en la medida que se incluyen casos cuya variable explicada se relaciona con el criterio de selección (…) se viola el supuesto de independencia condicional, ya que los valores asumen las variables explicativas son función de los valores de la variable dependiente (^{Aibar et al ., 2013}, p. 45).

Quizá una forma óptima de disponer los recursos territoriales sea mediante análisis basados en las variables que explican el fenómeno de interés, más que un simple análisis de concentración del delito. También, y tomando en cuenta lo anterior, se pueden definir distintos niveles y técnicas de análisis acorde con variables de interés, por ejemplo, la posible relación entre incidencia delictiva y los distintos niveles de pobreza, participación política, etc.

El resultado de investigación es un llamado a retomar principios teóricos y técnicos tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de la política de seguridad, con lo que se fortalecería el enfoque preventivo y lo haría, eventualmente, un poco más resistente a los vaivenes políticos. Adicionalmente, llama a la reflexión para el diseño de la política pública, haciendo un énfasis especial en un posible sesgo por variable dependiente, lo cual implicaría, a su vez, que el diseño esté a cargo de cuadros especializados en la compresión del fenómeno criminal con capacidades teóricas, metodológicas y técnicas pertinentes, tanto para discriminar argumentos como en la selección de datos y técnicas fiables. Por último, el hallazgo convoca a evaluar las iniciativas públicas y a retomar el principio de máxima publicidad de los resultados, con la finalidad expresa de tomar decisiones basadas en evidencia.

Conclusión

La prevención del delito se ha posicionado lentamente en el continente y en México como una estrategia plausible frente a la criminalidad, no obstante, ha transitado por derroteros cargados de dificultades.

Entre los principales cuestionamientos al enfoque se encuentran, acorde con la literatura especializada (^{Ramírez & Díaz, 2017}; ^{Díaz & Jasso, 2019}; ^{Cano & Rojido, 2016}), la ausencia de evidencia y argumentación teórica en el diseño de iniciativas, la trasposición acrítica de conceptos y experiencias internacionales, así como la ausencia general de investigación sobre el tema. Las deficiencias comentadas se manifiestan, también, en el diseño y definición del programa, implementado en la CDMX, de los MPDPC e interactúan con debates coyunturales y vaivenes políticos, así como con limitantes técnicas.

Analíticamente, los MPDPC se subsumen en el enfoque de prevención comunitaria del delito. Teóricamente, la prevención comunitaria supone un esfuerzo colectivo de la población por regular su entorno próximo mediante el ejercicio de control social informal, por medio de un conjunto de normas y valores hipotéticamente compartidos que en caso de ser puestos en duda son merecedores de un sistema de sanciones, ya sea desde un llamado directo de atención hasta el contacto directo con las instituciones de seguridad (^{Schneider, 2015}). En términos abstractos supone que a mayor nivel de organización habrá una menor cantidad delito.

Si bien el programa de los MPDPC tuvo particularidades contextuales y políticas, se puede señalar que posiblemente estuvo diseñado erróneamente al distribuir los módulos de una manera sesgada, no hubo un seguimiento oficial de los resultados obtenidos y careció de continuidad en tanto proyecto de política de seguridad por cuadrantes. Un modelo bien estructurado de policía de proximidad y comunitaria para la prevención del delito puede ser viable si se concibe de manera teórica y metodológica factible y considerando el contexto particular en donde se pretende implementar (no queriendo importar o replicar acríticamente experiencias de contextos diferentes). Lo anterior, apoyado en políticas púbicas integrales, podría dar resultados positivos que impactarían en los índices delictivos presentes en la CDMX.

Por último, el texto pone a la discusión dos elementos: estudios sobre el despliegue territorial de los gobiernos locales y su relación con los objetivos que fundamentan tal despliegue y la factibilidad empírica de este tipo de estudios bajo la perspectiva de los estudios orientados a variables. Así, pues, los resultados de investigación invitan a que la presencia de recursos, iniciativas, apoyos y programas diseñados por los gobiernos según una lectura territorial deben ser evaluados bajo distintas técnicas, en este caso se optó por un modelo estadístico acorde con la estructura de datos con la que se contaba; sin embargo, y en concordancia con la disponibilidad de información, se puede recurrir a modelos espaciales, evaluaciones cuasiexperimentales y distintas técnicas que sirvan para dar respuesta a los problemas planteados y a los datos disponibles. Por otro lado, y más allá de las discusiones teóricas y los objetivos de las iniciativas públicas, la investigación carece de factibilidad si no se cuentan con los datos apropiados en las escalas de desagregación oportunas, para este caso se pudo obtener información después de distintas solicitudes de información pública a diversas dependencias de gobierno, pese a ello, el resultado es un llamado a que los gobiernos retomen los principios de gobierno abierto con la intención de transparentar la información pública y fomentar la investigación y la evaluación de los programas financiados con recursos públicos.